La voz de alarma la puso el abogado Enrique Paredes Sotelo: “los litigantes de Morelos estamos quebrados o al borde de la quiebra porque los tribunales y la Fiscalía están cerrados”.

A través de un video, el ex presidente del Colegio de Abogados explicó que desde el 16 de marzo pasado unos 10 mil abogadas y abogados permanecen sin la posibilidad de realizar movimientos en los expedientes de sus clientes, mismos que se encuentran desesperados, pero es peor en el caso de quienes están en prisión preventiva en espera de una sentencia.

Ayer hubo respuesta a su petición. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz se reunió con representantes de diferentes organizaciones de abogados de la región oriente de Morelos para informarles sobre las acciones tecnológicas que está emprendiendo su administración, para buscar resarcir en la medida de lo posible la suspensión de  labores jurisdiccionales que dispusieron nuevamente los integrantes del Pleno durante el periodo comprendido del uno al treinta de junio debido a la contingencia sanitaria que se mantiene en nuestra entidad por la pandemia del covid-19.

“Hemos iniciado una serie de reuniones con abogados, lo vamos hacer en todo el estado, para hacerles de su conocimiento la situación actual que guarda del Tribunal Superior de Justicia respecto a la pandemia que tenemos en el estado”, resaltó el titular del Poder Judicial en Morelos. Siguiendo los protocolos de sana distancia, los representantes de los justiciables hicieron algunas peticiones y observaciones al titular del Poder Judicial en Morelos que pudieran mejorar la administración de justicia en los distritos de esta región de la entidad.

Por su parte, Jasso Díaz informó que el equipo de sistemas del TSJ ya trabaja en las pruebas finales por lo que en breve podrá implementarse un “Portal de Citas” para que los abogados puedan ingresar sus demandas, pero primero se tiene que hacer un “tutorial” muy claro y específico, a través del cual podrán hacer un uso adecuado de esta herramienta tecnológica.

“Estamos trabajando en muchas cuestiones electrónicas para que apoyemos a los abogados en este momento, para que puedan presentar sus demandas, es el primer paso, para posteriormente ver cómo podemos agilizar los procedimientos una vez que se haya levantado la pandemia o hemos iniciado parcialmente las actividades”, aseveró.

El problema es que nadie sabe con qué abogados se reunió el recién electo presidente del Tribunal, pues fue un encuentro privado y en las fotos que se difundieron los participantes se encuentran cubiertos del rostro. Según se pudo investigar, se trata de representantes de la Asociación de Abogados de Cuautla A.C. la Barra de Abogados Delegación Cuautla  y la Sociedad Única de Abogados Mutualistas.

La promesa es que en los siguientes días se estará invitando a las agrupaciones de la región sur y de la capital y su zona metropolitana.

Aunque no lo dice, Rubén Jasso tiene una doble intención con estas reuniones: que los abogados se enteren de que no está con los brazos cruzados mientras ellos ven cómo pasan los días y los tribunales siguen cerrados, pero también busca congraciarse con el gremio de los litigantes, tras su polémica elección con el voto de la mitad de los integrantes del Pleno.

Ya el presidente de la agrupación denominada “Foro Morelense de Abogados”, Pedro Martínez Bello, y el gurú de un buen número de abogados, Cipriano Sotelo Salgado, le advirtieron que no lo van a reconocer como presidente del TSJ. Ya era del dominio público que ellos estaban con Carlos Iván Arenas Ángeles o quien candidateara la fracción “disidente”.

Sin embargo, el resto de las agrupaciones no han emitido pronunciamiento alguno. En honor a la verdad, el gremio de los litigantes atraviesa por una crisis de liderazgo, y eso beneficia a los tres poderes del estado.

En la Barra de Abogados todavía es presidente Christian Iván Velasco Alcoser, pero si no se hubiera atravesado la pandemia ya se estuviera llevando a cabo el proceso de renovación de la dirigencia. La gestión de Velasco Alcoser pasará a la historia como una de las peores, ya que de lo que más se acordarán los miembros de la Barra es de las álgidas discusiones durante las sesiones mensuales y de sus arranques “dictatoriales”.

En este caso la pandemia sí le quedó “como anillo al dedo” al dirigente de los barristas, pues debía emitir la convocatoria para las asambleas de abril (instalación de la comisión de elecciones), mayo (asamblea de depuración) y junio (asamblea de elecciones).

Sin embargo, emitió una circular con fecha 29 de mayo en la que informa que el proceso de renovación se llevará a cabo a partir de que las autoridades sanitarias retiren las restricciones para la celebración de eventos con más de 50 participantes.

Dice que a partir de que el Poder Ejecutivo lo decida, el primer sábado se llevará a cabo la instalación de la comisión de elecciones, en el segundo sábado la asamblea para ver quiénes reúnen los requisitos para ser candidatos, y el tercer sábado “las elecciones y toma de protesta del nuevo comité directivo”.

En opinión de algunos barristas, al haber concluido el periodo para el que fue electo el consejo directivo 2018-2020, “la institución se encuentra acéfala en su consejo directivo así como en su comisión de honor y justicia por lo que los asociados tendrán que reunirse y nombrar un consejo directivo interino mientras dura la contingencia y una vez concluida convocar a elecciones de manera pacífica y en ambiente armónico”.

Veremos a quién dirige Rubén Jasso la invitación a acudir al TSJ para sostener una reunión como la de ayer, toda vez que, de acuerdo a algunos barristas, Christian Iván Velasco Alcoser ya no es el presidente de la agrupación de abogados con mayor representatividad en el estado, además de que su imagen pública está por los suelos tras ser denunciado por diversos delitos en Cuautla.

Se espera que en los próximos días se reúnan los expresidentes de la Barra para decidir cómo salir de este embrollo en que nos metió a todos la famosa epidemia del coronavirus.

¿Y las demás agrupaciones? Como si no existieran.  Sus dirigentes se tomaron muy en serio lo de quedarse en su casa y permanecen escondidos mientras los litigantes ya se terminaron todos sus ahorros y ya no saben qué decirle a sus clientes.

HASTA MAÑANA.

El 7 de junio de 1976 nació la Brigada Especial Antiguerrillas (BEA), mejor conocida como la “Brigada Blanca”, con el único objetivo de localizar, detener y/o aniquilar todos los movimientos armados que sobrevivían en el país. Morelos fue uno de los estados donde más actúo la agrupación porque se consideraba un centro de operaciones y resguardo de los “terroristas”. 

Eran cerca de doscientos elementos de siete corporaciones policiaco-militares, entre ellas el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad. La Brigada Blanca existió durante siete años (1976-1983), periodo en el cual sus integrantes fueron sometidos a un duro entrenamiento, consistente en el aprendizaje del pensamiento de los guerrilleros, capacitación en el manejo de armas, combate físico, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio y de torturas, entre las que se encontraban terribles golpizas, los toques eléctricos, el “pocito” y el “pollo rostizado”, según narra Carlos Fernando López de la Torre en su investigación denominada “Miguel Nazar Haro y la guerra sucia en México”.

“La Brigada no redujo sus tareas a combatir a la guerrilla, ya que había que acabar con el mal de raíz, por lo que también se encargó de vigilar a los familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos, a los movimientos sociales y a las figuras políticas de izquierda, es decir, todo elemento que fuera percibido como una amenaza al orden existente”, refiere el maestro en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

En Morelos el principal investigador de la Brigada que se dedicaba a buscar guerrilleros era Gabriel Sosa Cuevas. Así lo confirma un documento en poder de este columnista -uno de los desclasificados del Archivo General de la Nación- en el que Sosa Cuevas aparece como el autor de una tarjeta informativa dirigida al director federal de Seguridad, fechada el 11 de agosto de 1978, cuatro años después de que Florencio Medrano saliera huyendo de la colonia comunista “Rubén Jaramillo”.

En esa cuartilla escrita con máquina de escribir mecánica, el comandante informa a su jefe que mantiene una “vigilancia discreta con la ayuda de la Policía Judicial del Estado” en los lugares donde viven los familiares del líder guerrillero.

Uno de los policías judiciales que Gabriel Sosa menciona en su tarjeta informativa escrita a máquina, es Roberto Quintero Vieyra, (quien 20 años más tarde sería director de la Policía Judicial del Estado hasta que fue detenido acusado de extorsionar a un empresario).

“…se entrevistó a la sra. Filogonia, hermana de Silvia, esposa del Güero Medrano, quien dijo que su hermana María tiene un mes que se fue de este pueblo y que según le dijo iba con rumbo a Los Ángeles California, EUA, y que Mayra, persona que anduvo acompañando al Güero Medrano, ya tiene aproximadamente 45 días que no va a su casa y que según sabe, vive por la colonia Azteca, municipio de Temixco”. 

“Mayra” era el nombre de guerrilla de María de los Ángeles Vences, la autora del libro “El Caliche”, del que hablamos en la columna del 6 de abril pasado, esposa de Félix Basilio Guadarrama, lugarteniente de Florencio Medrano.

En ese libro narra cómo anduvo sirviendo al Partido Proletario Unido del Pueblo que encabezaba Florencio Medrano, hasta que éste la convenció de que se retirara del movimiento y regresara a Morelos.

Ella me platicó que cuando regresó de Oaxaca se escondió un tiempo con una cuñada, en Toluca, después en Tlaxcala con una tía hasta que finalmente decidió regresar a Temixco, donde trabajaba de sirvienta en una casa.

Y sí, tal como lo dice la tarjeta informativa del comandante Sosa, la DFS andaba rondando la colonia Rubén Jaramillo en busca de familiares o simpatizantes de Florencio Medrano. Avisada por familiares de “el Güero” que la andaban buscando, Mayra exclamó: “De una vez que me cargue la chingada, ya estoy harta de esconderme”.

La primera cita con la brigada blanca fue en Temixco. La interrogaron y le dijeron que querían hacer las cosas por las buenas. “Yo les dije que me había retirado del PPUA cuando cayó Félix y eso fue en una comunidad de Veracruz, que al güero esa fue la última vez que lo vi”, recuerda.

Pero como cayó en contradicciones con lo que habían declarado familiares del líder guerrillero, “a la siguiente cita la brigada blanca me subieron a un carro, en el asiento de atrás con un judicial a cada lado, me vendaron los ojos, me anduvieron paseando y ellos fumando marihuana, me hicieron otra vez preguntas y cuando no les contestaba lo que querían me golpeaban en el estómago, me jalaban el pelo, me pateaban y amenazaban con ir a la casa por mi hijo para aventarlo al río de la Lana y a ver si así me acordaba”.

Al no obtener datos sobre el paradero de Florencio la dejaron ir, pero la siguieron acosando durante meses. “Cuando mis patrones veían que me llegaban a buscar hombres armados pues se asustaban y me corrían del trabajo”, agrega.

En marzo de 1979 Mayra recibió la última visita del comandante Gabriel Sosa en su centro de trabajo, en Las Palmas. “Ahora sí, muerto el perro se acabó la rabia”, le dijo con una sonrisa burlona el policía.

Florencio Medrano había muerto en una emboscada en la comunidad de Yolox, cerca de Guelatao, Oaxaca.

Como se menciona al principio de la presente columna, la DFS se declaró desaparecida en 1983 para dar paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En diciembre de 2003 se giró una orden de aprehensión en contra de Miguel Nazar Haro y en febrero de 2004 fue detenido e ingresado al penal de Topo Chico, en Nuevo León.

Más tarde, fue trasladado al Distrito Federal ya que por tratarse de una persona mayor de 70 años existe el beneficio de la prisión domiciliaria. En junio de 2005 fue imputado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado como presunto responsable de la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones en noviembre de 1974. En septiembre de 2006, fue absuelto.

Falleció a la edad de 87 años el 26 de enero de 2012 por enfermedad, llevándose a la tumba los secretos de varios presidentes de la República.

HASTA MAÑANA. 

En mayo de 1992 la lectora de noticias Carmen Aristegui concedía una entrevista al periodista (morelense por adopción) Luis Herrera Contreras. La incipiente comunicadora tenía 28 años y, aunque ya conducía uno de los noticiarios de Imevisión, no tenía idea de que dos décadas después se convertiría en un ícono del periodismo mexicano.

Cuenta Luis –amigo de quien esto escribe hace 30 años- que fue relativamente fácil lograr una entrevista con la conductora de noticias que irradiaba frescura y ganaba adeptos al por mayor. “Pasadas las aduanas respectivas hasta el foro donde laboraba Carmen, en mi calidad de director general de la revista morelense “Servidores Públicos”, pedí hablar con ella y, sin mayor preámbulo, de la forma más sencilla, pidiendo sólo unos minutos para maquillarse, accedió a contestar mis preguntas”, recuerda el hoy abogado.

Originaria de lo que se conocía como Distrito Federal, nacida en la colonia Álamos, crecida dentro de una familia tradicional de clase media, según sus propias palabras, sus estudios los llevó a cabo en escuelas públicas hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló como licenciada en ciencias de la comunicación.

Hoy sabemos que es hija de Áurea Flores García y de Helios Aristegui Sebastián. Su madre es descendiente de españoles y franceses; su padre llegó a México a los 7 años junto con su abuelo, José María Aristegui Laspiur y su familia, todos refugiados vascos de la Guerra Civil Española.

Le contó a Luis Herrera que se inició como asistente de producción en un programa que se llamaba Monitor Financiero conducido por Efrén Flores. Luego de desempeñarse ahí como guionista y reportera finalmente tuvo la oportunidad de salir “a cuadro” en la edición matutina de Canal 13, dando inicio así a una exitosa carrera.

“Recuerdo que me platicó que en un principio se había decidido por estudiar la carrera de sociología, pero sintió que por ese rumbo ´se iba a morir de hambre´, por lo que pensó que tendría más posibilidades en los medios de comunicación, donde observó un panorama más específico, principalmente en el campo de la investigación, añadiendo que, para ella, su trabajo cotidiano puede influir, puede informar, puede ayudar a la comunidad a crecer y mejorar, no importando que sea un país, un estado, un municipio, colonia; que realmente la dimensión no importa, lo trascendente es que se pueda influir, determinar, ayudar a la comunidad a crecer y mejorar; realizar un trabajo que no sirva nada más para alabar a los gobernantes o que no se busque nada más el requisito de hacer una nota, sino que, lo importante, está en influir positivamente en círculos sociales”, agrega.

Además de entrevistarla sobre su vida profesional, Luis Herrera le preguntó a Carmen Aristegui su opinión sobre la situación del país, en aquel momento gobernado por el poderosísimo PRI con Carlos Salinas de Gortari al frente, y sobre la posibilidad de que alguna vez pudiera existir una verdadera democracia en México.

“La democracia es un ideal, pero como buena romántica pienso que sí, que algún día México alcanzará el calificativo de país democrático”, le contestó. Con un ligero apretón de manos y una sonrisa dieron por concluida la entrevista.

Ninguno de los dos (entrevistada y entrevistador), se imaginaban lo que ocurriría 20 años después: que Carmen se convertiría no sólo en la cronista de los hechos políticos más importantes de México, sino en protagonista de éstos.

Basada en un periodismo de investigación y de denuncia, Carmen Aristegui se convirtió en un ícono de la oposición a la llamada “mafia del poder”. Con la ayuda de otro morelense por adopción, Daniel Lizárraga, los noticiarios de Aristegui propinaron los más duros golpes al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La llegaron a considerar tan peligrosa para el gobierno priísta que negociaron su salida de la estación de radio donde transmitía, y le encargaron a otro periodista, Marco Levario Turcot, que hiciera un libro para desacreditarla. “El Periodismo de Ficción de Carmen Aristegui”, se titula el libro que existe, pero dudo que alguien lo haya comprado.

Sin proponérselo, Carmen Aristegui se convirtió en la principal vocera del eterno aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en una alianza involuntaria contra la corrupción del “prianismo”.

Los que la seguimos desde siempre nos preguntábamos: ¿Y qué va a pasar si un día López Obrador llega a la presidencia? ¿Se convertirá Carmen Aristegui en el Jacobo Zabludovski o el López Dóriga del nuevo gobierno?

Pues ese día llegó, y un día amanecimos con el mundo al revés. Sí, con el eterno crítico convertido en gobernante y los que alguna vez tuvieron el poder, hoy convertidos en la oposición más recalcitrante que no perdona ningún error.

¿Y dónde está Carmen Aristegui y sus profundas investigaciones? Preguntaban socarronamente los opositores cuando comenzaron a salir a la luz pública escándalos como las casas de Manuel Bartlett y los negocios de su hijo.

Y tenían razón. Hoy Carmen se encuentra en el mismo dilema que se están muchos periodistas y medios de comunicación en México. ¿Qué hacer cuando “los buenos” llegan al poder y “los malos” ya se fueron? ¿Qué papel debe asumir –por ejemplo- La Jornada?

Se vienen tiempos difíciles para el periodismo en México ante las nuevas circunstancias políticas. Ya lo vimos con la revista Proceso, que mientras le publicó lo que le convenía a AMLO era una extraordinaria revista, pero en cuanto lo comenzó a criticar dejó de serlo.

Y es que no solamente es la declaración del presidente, sino que sus reproches vienen acompañados de las hordas de “trolls” en redes sociales que linchan a quien se atreve a criticar a su Mesías.

A Carmen ya le tocó. Apenas comenzó a darle voz a quienes han sido atacados por la cuarta transformación, y de inmediato fue atacada por “la chairiza”, que no la baja de traidora.

Hoy mismo el presidente se encuentra en medio de un conflicto entre Carmen Aristegui y la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. Y se avecina otro pleito entre Lidia Cacho y Epigmenio Ibarra, después de que la primera dijo que el director de Argos no es periodista, sino empresario.

Esto, a unos días de que se celebre el Día de la Libertad de Expresión, que los gobiernos priístas inventaron para que los periodistas le dieran las gracias al gobernante en turno.

HASTA MAÑANA.

¿Se acuerdan que nunca se pudo determinar el número exacto de víctimas mortales por el sismo del 19 de septiembre de 1985? Pues la historia se repetirá en el caso de la epidemia del coronavirus SARS-COV-2.

Esto se debe a que existen tres diferentes vías por las que el gobierno recaba el número de personas que fallecen por covid:

• Los que fallecen en un hospital después de que se les ha realizado la prueba de laboratorio y que el resultado es positivo. En el acta de defunción que firma el médico tratante así lo deja asentado y se reporta de inmediato a las autoridades estatales y éstas al gobierno federal.
• Los que fallecen en un hospital con todos los síntomas del covid pero sin tener el resultado de los análisis de laboratorio. El acta de defunción dirá “posible Covid” pero no se reporta como tal hasta tener el resultado del laboratorio.
• Los que ya no llegan al hospital, mueren en su casa, en el taxi o en la entrada de un nosocomio. Fallece antes de que se le realice la prueba de covid, y como no se le puede realizar una necropsia, el médico legista sólo anota en su acta de defunción “posible Covid”.

Es por eso que tenemos algunos días en los que se nos reporta (a las 4 de la tarde en la conferencia de los servicios estatales de Salud y a las siete de la noche a nivel nacional), una cifra de tres o cuatro fallecidos y luego hasta 30 en un solo día en Morelos o hasta 501 a nivel nacional.

Lo anterior, según ha explicado el subsecretario Hugo López Gatell, no significa que en un solo día se hayan muerto 501 personas, sino que en ese día, aparte de los que sí fallecieron en esa fecha, llegaron los resultados de laboratorio de los que estaban pendientes de definir la causa de muerte.

Pero hay otros que fallecieron por covid, pero que por alguna razón no quedó asentado en el acta de defunción. Ahí entran los médicos que se prestaron a no poner esa causa de muerte porque así se lo solicitaron los familiares por temor al rechazo social, o bien que en el Registro Civil se lo modificaron.

Recuérdese el caso publicado por Televisa en el que empleados o gestores de una alcaldía de la ciudad de México, fueron detenidos por vender actas de defunción “a la carta”, es decir, como el cliente las quisiera.

Y no descartamos aquellos casos (pocos pero seguramente habrá) de pacientes que fallecieron por una negligencia médica, y que la salida fácil fue ponerle como causa de muerte el famoso virus, con lo que se agiliza la cremación o inhumación y se evita cualquier investigación sobre el asunto.

Eso es por cuanto a las víctimas mortales, ahora imaginemos los casos de personas contagiadas pero que no mueren. Es prácticamente imposible saberlo, sobre todo por los “asintomáticos” y los que tuvieron síntomas pero que nunca les hicieron las pruebas de laboratorio.

Con esto no queremos decir que –como lo sugirió Javier Alatorre- ya no le hagamos caso a Hugo López Gatell. Lo que debemos asumir es que no se trata de cifras exactas, sino de números aproximados que revelan el comportamiento de la pandemia pero no con la exactitud que se quisiera.

También no debemos perder de vista que las autoridades tanto federales como estatales se encuentran en un dilema: si dan las cifras aumentadas se corre el riesgo de que los tachen de ineficientes y que se cree un ambiente de pánico en la sociedad, pero si se dan declaraciones “alegres” la gente no tendrá miedo y seguirá sin respetar las indicaciones.

En Morelos resultó contraproducente difundir que “vamos un paso adelante” pues la gente se confió y no se resguardó. Incluso se criticó al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, cuando refirió que el 40 por ciento de la colonia Antonio Barona estaba infectada. Pero ni así se resguardaron.

Lo cierto es que la población está recibiendo “mensajes encontrados” cuando escucha –por ejemplo- a la doctora Brenda Valderrama decir que la situación es alarmante y puede empeorar, y luego tenemos a la doctora Elsa Veites (enviada del presidente), a decirnos que “podemos dormir tranquilos”, que la epidemia está controlada.

Es innegable que cuando faltan tres días para que concluya la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, México enfrenta el momento de mayor transmisión de la enfermedad.

Los cálculos gubernamentales sobre el desarrollo de la enfermedad fallaron. La expectativa de reactivar la economía, reiniciar clases y reanudar giras presidenciales en junio se topa con la realidad y la contundencia de los datos que el subsecretario Hugo López-Gatell da a conocer cada día a las 19:00 horas.

La cúspide de la curva no ocurrió entre el 6 y el 8 de mayo, como anunció el doctor Hugo López-Gatell el 21 de abril pasado, el día que anunció el inicio de la Fase 3, cuando aún se vislumbraba que el 18 de mayo algunos municipios regresarían a la normalidad y el 1 de junio todo el país iniciaría el regreso paulatino a las actividades.

El propio subsecretario ha bajado las expectativas, reservándose incluso la lista definitiva de los “municipios de la esperanza”, para no provocar retornos en falso a las actividades cotidianas.

En cuanto a la educación, muy lejos quedaron las palabras del secretario Esteban Moctezuma, que el mismo 21 de abril afirmó que el regreso a clases sería el 1 de junio.

Dos semanas después, el 13 de mayo, el funcionario reculó y aseguró que el regreso a las aulas se dará de manera escalonada, estado por estado y municipio por municipio, cuando las condiciones sanitarias indiquen que es seguro para los millones de alumnos.

Lo peor es que las medidas de confinamiento están causando estragos en la economía y en los planes de una administración federal con apenas año y medio en el poder. Se sabe que, en todo el mundo, esta crisis causará más desempleo y marginación, y que es falso eso de que el covid-19 es una enfermedad que afecta “a todos por igual”. Hoy, ya se puede prever que, como siempre, serán los más pobres los más afectados por la pandemia.

HASTA EL LUNES.

Ahora que el Penal de Atlacholoaya está constantemente en los medios de comunicación por las atrocidades que ocurren en su interior (decapitados, quemados, torturados, fugados, enfermos), vale la pena recordar que no siempre fue así, y que hubo una época en la que prácticamente era una cárcel de ensueño, donde las personas privadas de su libertad tenían acceso a la enseñanza superior, al deporte y a la cultura.

Ocurrió en el 2002, cuando era gobernador Sergio Estrada Cajigal, un empresario que nunca antes había tenido cargos públicos hasta que llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca y de ahí a la gubernatura, en la famosa “ola azul” de Vicente Fox. Conformó su gabinete con personas igual de inexpertas, pero en algunos casos “le atinó”.

Puso en la Subsecretaría de Readaptación Social a un abogado civilista, Bernardo Rocha Reyes, doctor en Derecho, cristiano y deportista hasta la fecha, quien se hizo cargo del recién estrenado Penal de Atlacholoaya que sustituyó a la vieja Penitenciaría de Atlacomulco.

Don Bernardo es una persona mayor de esas que le encuentran lo positivo a todo y que le rehúyen a los rencores y a la violencia. Por su formación cristiana tiene la idea de que el reo (término que se utilizó durante mucho tiempo antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal) es una persona que está purgando una condena por un delito que cometió, pero que merece una segunda oportunidad porque es un ser humano.

Gracias a don Bernardo este reportero (aunque se escuche mal) “pasó por todas las cárceles del estado de Morelos” y nos tocó escuchar infinidad de testimonios que muestran la bondad de aquel servidor público excepcional.

Sólo por citar algunos, recordamos el caso de Roberto Enciso Gutiérrez, quien lo abordó en una de sus constantes visitas al Penal de Atlacholoaya y le planteó su problema:

“Tengo un hijo de 12 años que sufre de síndrome nefrótico. Necesita un trasplante de riñón pero hay una lista de 400 personas en espera de un donante. Ayúdeme a salir, yo ya reúno todos los requisitos para un beneficio de preliberación, pero ya sabe usted cómo es esto de tardado”, le explicó.

El subsecretario agilizó todos los trámites y el 11 de julio del 2002 Roberto Enciso abandonó la cárcel y llegar justo a tiempo para que le trasplantaran a su hijo el órgano que necesitaba para seguir viviendo.

Cada vez que entraba a los centros de reclusión resolvía ahí mismo problemas que le planteaban. A un interno no lo podían operar de su brazo porque no había clavos quirúrgicos que costaban 800 pesos. Abrió su billetera y entregó cuatro billetes de a 200 pesos.

Vio que en una celda había un “viejito” al que le llevaban de comer. ¿Por qué no sale él al comedor como todos los demás? –preguntó.

-Es que fíjese licenciado que el cerrojo de esa celda se descompuso hace una semana, y es el tiempo que lleva ese hombre sin bañarse ni salir a ningún lado porque arreglarlo cuesta 600 pesos- le contestó el jefe de custodios.

Volvió a sacar su cartera y tomó otros tres billetes de a 200 pesos para que aquel interno dejara de estar encerrado.

Recuerda el abogado que desde que asumió el cargo se dio cuenta que era posible readaptar a quienes purgaban una condena por haber cometido delitos, sólo hacía falta creer en ello y trabajar todos los días para lograrlo.

Y llegó a la conclusión de que una de las mejores formas de lograr la readaptación social era el estudio, así que buscó de inmediato el convenio con la UAEM y él mismo se puso a dar clases a un grupo de 30 alumnos.

La otra forma de readaptar fue el deporte, por lo que mandó instalar una pista de atletismo con material que le donaron amigos suyos y la mano de obra de los emocionados internos. Adicionalmente, llevó obras de teatro, ópera y todo tipo de manifestaciones culturales. Elaboró una gaceta que se repartía en todos los centros penitenciarios.

El funcionario comenzó una verdadera “cruzada” a favor de la población senecta. Ordenó que se agilizaran todos los trámites necesarios para cumplir con el beneficio que la ley le concede a los mayores de 70 años. Decenas de ancianitos obtuvieron su libertad que habían estado pidiendo durante años sin que nadie los escuchara.

Pero no todos estaban conformes con que los “delincuentes” tuvieran tantas comodidades. Como siempre, hay un sector de la sociedad que considera que quienes han sido declarados culpables de un delito deben ser sometidos a trabajos forzados para que paguen su manutención. Ven a los reos como una carga innecesaria para el Estado y pugnan porque se gaste lo menos posible en ellos.

Fueron esos sectores los que se escandalizaron al saber que en el recién abierto Centro Estatal de Readaptación Social, aprovechando que sobraba espacio, se había habilitado un área para convertirla en un baño sauna donde diariamente unos 30 reos disfrutaban del vapor. En honor a la verdad, ese baño sauna lo había instalado su antecesor, el también abogado Antonio Aragón Zamora, para un programa denominado “Ave Fénix”.

Pero la gota que derramó el vaso fue una nota publicada en la sección de Sociales de El Sol de Cuernavaca, cuyo director era Arturo Bárcena, íntimo amigo de Rocha Reyes.

“Aleluya, de Mozart; Anzus de Bizet, Vals del Beso, entre muchas otras fueron las melodías interpretadas por el grupo Ad Libitum, integrado por María Teresa González (soprano), Felipe Martínez Silva (tenor) y Alfonso Rodríguez (pianista), destacados concertistas en el ámbito nacional”, decía la reseña firmada por el reportero David Alanís.

Lo anterior no habría tenido nada de extraordinario si no se hubiera mencionado que tal evento artístico no fue para el exquisito público de Cuernavaca sino para los internos del Penal de Atlacholoaya.

Y lo que son las cosas, fue otro extraordinario ser humano (que falleció posteriormente víctima de cáncer), Jesús Giles Sánchez, quien en 2004 al asumir el cargo de secretario de Gobierno le pidió la renuncia al doctor Bernardo Rocha Reyes. En aquel tiempo el área de Readaptación Social dependía de la secretaría de Gobierno, y con la salida del polémico Eduardo Becerra Pérez se fue todo su equipo, incluyendo el carismático subsecretario que se daba el lujo de entrar a las cárceles sin escoltas y ser recibido con ovaciones como si fuera un artista.

HASTA MAÑANA.

La información sobre lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios de Morelos con motivo de la pandevia por el coronavirus está fluyendo “a cuentagotas” y hasta que ya no pueden ocultar la información. Fue hasta que se publicó en diversos medios de comunicación que la Comisión Estatal de Seguridad Pública tuvo que admitir que existen internos contagiados y que una custodia falleció al parecer por covid-19.

Primero fue el director general del Sistema Penitenciario, Giberto Barba Ocampo, quien el jueves 21 de mayo acudió a la conferencia de prensa que diariamente ofrecen los servicios de salud, para dar cuenta sobre el estado que guardan los centros de reclusión en relación con la pandemia, pero no dijo prácticamente nada.

Fue hasta el otro día cuando se dio una información más completa pero no por parte del Sistema Penitenciario, sino de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en voz del “brazo derecho” del titular, el capitán Mario Vargas Santomé.

¿Y el responsable directo del sistema penitenciario en Morelos por qué no dio la cara? Varias fuentes del gobierno estatal aseguran que se reportó con síntomas de covid, por lo que se fue a guardar cuarentena a Veracruz.

El gobierno no niega ni confirma tal información. Este columnista solicitó un informe completo a través del Whatsapp oficial sobre el número de infectados tanto de PPLs, personal de custodia, administrativos y también personal directivo, pero Barba Ocampo sólo se refirió a internos, indicando que hasta ese día había 15 personas con problemas respiratorios en la cárcel de Cuautla y tres en la cárcel femenil de Atlacholoaya.

Al otro día, Vargas Santomé tuvo que reconocer la muerte de un interno y una mujer del área de seguridad y custodia, aclarando que ella murió en su casa, no en servicio, como si eso fuera una excluyente.

El funcionario de la CES habló nuevamente de 18 infectados, pero nada dijo –y tampoco hubo oportunidad de preguntárselo- sobre el rumor de que Jorge Israel Ponce de León Borquez, al igual que la directora del Penal de Atlacholoaya, Lluvia Oregón Bartolo, dieron positivo a covid 19.

Como sea, el hecho es que las dos veces que el Penal de Atlacholoaya está en crisis, el titular del área no está presente y tiene que acudir a suplirlo un subordinado o un superior. 

En esta ocasión, personal operativo y administrativo, familiares de personas privadas de libertad y los propios internos denuncian la incapacidad de la autoridad penitenciaria por aminorar el impacto del virus SARS-CoV-2 en los centros penitenciarios.

Y es entendible que esto ocurra, pues si acá afuera es difícil contrarrestar los efectos de la pandemia, mucho más en los centros de reclusión donde –como lo hemos venido denunciando- carecen hasta de Paracetamol, ya no se diga medicinas para atender enfermedades graves.

¿Cómo vas a “aislar” a los sospechosos de tener covid cuando tienes el doble de población permitida? Si estar enfermo de ese virus dicen que es terrible en condiciones normales, imagínese usted padecerlo dentro de un centro de reclusión. Es algo que no se le desea a nadie.

Los casos que han salido a la luz pública son terroríficos. En el Dormitorio 1 (de Atlacholoaya) hay gente de la tercera edad: están graves “sólo queremos medicamentos” dice una persona privada de la libertad.

“Eso no es solo ahí, en el cereso de Cuautla es lo mismo ya murió un interno ya van 4 personas que sacan al hospital y 5 custodios que están afuera por enfermedad y la visita no la han cancelado”, refiere una mujer, familiar de un interno.

Efectivamente, la visita no la han cancelado como sí lo han hecho en otras cárceles de otras entidades. Actualmente, según lo mencionaba Barba Ocampo, sólo pueden entrar dos familiares por interno, siempre y cuando no sean niños ni ancianos.

Hay gente que considera que la visita debe prohibirse al cien por ciento, pero ¿se imagina cómo se van a poner los internos sin visita?

El caso de la custodia Silvia fue dramático porque ella fue narrando todo a través de su cuenta de Facebook, hasta que ya no pudo escribir nada porque murió.

“Nada el día lunes me enferme de fiebre y tos hable al 911 y me dijeron que me mantuviera aislada y tomara paracetamol y así lo hice”, posteó la mujer custodia de 54 años de edad, con 20 años de servicio en el sistema penitenciario.

“… el día de ayer me tocó cita mensual porque soy diabética y aún sigo con tos y fiebre y no me quisieron pasar a consulta que por órdenes superiores sólo recetas”, escribió una semana antes.

El caso de Isidro “N” también pasará a la historia como un caso no solamente de salud, sino de negligencia gubernamental.

El abogado Ricardo Sánchez Bautista refirió que una semana antes, la persona privada de la libertad presentó síntomas de gripe y dificultades para respirar. En ese tiempo no recibió atención alguna en el centro penitenciario.

Debido a que no lo atendían, la familia de Isidro R. S. solicitó una audiencia de auxilio judicial para que una juez de ejecución conociera el caso y ordenara su traslado ante el riesgo por su estado de salud. La juez Yaredy Montes Rivera ordenó el traslado a un hospital privado de Isidro porque así lo pidieron sus familiares, ya que ellos sufragarían todos los gastos para que él recibiera una asistencia médica digna.

Fue hasta que la juez lo ordenó que el interno fue trasladado a un hospital, pero no al que sus familiares querían, sino al José G. Parres.

Finalmente el hombre falleció y en su acta de defunción quedó asentado que fue por covid 19. ¿Cuántos casos similares estarán ocurriendo sin que nadie sepa nada?

Por cierto, ya que hablamos del sistema penitenciario, nos confirman que hay nueva titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, es la Lic. Ania Dafne Ortíz Esparza, cuyos únicos méritos son dos: es veracruzana y se apellida Ortíz.

HASTA MAÑANA.

En estos días Morelos será nota nacional, y no por la letalidad del coronavirus o por la inacabable disputa entre grupos de la delincuencia organizada, sino por el caso de un menor al que se le ha negado uno de sus principales derechos humanos contemplados tanto en la constitución federal como en los tratados internacionales: el de la identidad.

Ésta es la historia:

Sofía y Yaneli son morelenses, contrajeron matrimonio en Cuernavaca en el año 2017 mientras que en julio de 2019 nació su hijo Luca Yoel. El embarazo de una de ellas se logró tras recurrir a los servicios de una clínica de fertilidad y a un donante de esperma.

A la fecha el menor no cuenta con acta de nacimiento debido a que en el Registro Civil de Cuernavaca se han negado a registrarlo como hijo de dos madres. La petición del matrimonio es que el nombre de su hijo lleve los apellidos de ellas, como debe ocurrir dado que se encuentran casadas o ¿por qué una mujer casada habría de hacer un registro de madre soltera?

La falta de acta ha derivado en una serie de complicaciones y falta de acceso a otros derechos del menor, como la seguridad social, por mencionar uno.

Cabe recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza la derechohabiencia sin acta de nacimiento únicamente por 30 días posteriores al nacimiento, de manera que desde agosto de 2019 el niño perdió el derecho a la atención médica y si le han sido aplicadas algunas vacunas es porque sus madres invierten tiempo en la fila de no derechohabientes, situación que ha derivado en que el bebé no cuente con su esquema de vacunación completo, pues se prioriza a quienes cuentan con seguro, ni tenga el seguimiento de niño sano, política pública impulsada por el IMSS para garantizar la salud de niños y niñas al inicio de su vida.

La falta de acta de nacimiento del menor ha traído como otra consecuencia que su madre gestante haya debido dejar de trabajar de manera formal para poder hacerse cargo todo el tiempo del niño, ante la imposibilidad de poder ser inscrito en una guardería.

La inexistencia de un acta de nacimiento para el menor ha generado que su madre no gestante, no pueda acreditar su parentezco con el niño y por lo tanto no pueda acceder a la gratuidad de la fórmula de lactancia, beneficio que la empresa otorga a las madres y padres que laboran ahí.

Pese a que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es legal en el estado de Morelos desde 2016, hace falta una armonización legislativa que no deje lugar a interpretaciones para reconocer el vínculo legal que las parejas tienen y que a su vez eventualmente buscarán establecer para con sus hijos.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia en un caso similar de una pareja de mujeres en Aguascalientes, en la cual se estableció que “(…) si el menor de edad nace de una madre con orientación lésbica, pero procreado de una relación sexual natural con un tercero, deberá bastar la manifestación de voluntad de la pareja de la madre en reconocerlo y ejercer la comaternidad; pues ante la falta de vínculos genéticos, la voluntad parental para ejercer los deberes de crianza en el seno de una familia lesbomaternal, debe ser elemento determinante para establecer la filiación de los hijos, con absoluta prescindencia del género o la orientación sexual de la pareja y de la existencia de vínculo genético, por ser ello lo más acorde al interés superior del menor”. (Tesis: 1a. LXVIII/2019 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020482 5 de 15 Primera Sala Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h Tesis Aislada Constitucional. Amparo en revisión 852/2017).

Las madres han recurrido a la justicia federal para que sea mediante orden judicial que se registre al niño y la audiencia constitucional se celebró el pasado 6 de febrero.

Desgraciadamente la pandemia del covid-19 ha obligado a las instituciones a parar sus labores. Ayer se difundió el último comunicado del Consejo de la Judicatura Federal en el que avisa que se reanudarán las actividades hasta el 15 de junio próximo, así que no hay para cuando se resuelva este amparo.

En su informe rendido ante el Juzgado de Distrito como ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mauricio Rogelio Maldonado Bautista, sostiene que en la legislación vigente “no existe la posibilidad de registrar hijos de familia homoparentales, motivo por el cual esta oficialía del Registro Civil se ve impedida para llevar a cabo el acto administrativo de que ahora las quejosas se duelen”.

“Haciendo la aclaración que las quejosas no son habitantes de Cuernavaca, como de constancias se podrá advertir, teniendo la opción de verificar si en el municipio de Jiutepec, Morelos, pueden registrar al menor de nombre Luca”, agrega el documento.

En este asunto ha tenido mucha participación la directora de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno, Violeta Fabiola Sánchez Luna, quien el 8 de abril envió un oficio a la directora del Registro Civil en el estado, Vanessa Guadalupe Cornejo de Ita, a fin de solicitar “un acuerdo que permita registrar cuanto antes a un menor de 9 meses al que el Estado ha discriminado por haber nacido en el seno de un matrimonio constituido por dos mujeres”.

Desconocemos la respuesta de la funcionaria estatal en este asunto que bien pudiera ser tomado como bandera por los grupos de defensa del sector lésbico-gay a nivel nacional pues seguramente hay muchos matrimonios igualitarios que están pasando por la misma situación o están pensando recurrir también a la maternidad “in vitro”.

Y es entonces cuando uno se pregunta para qué sirven los diputados si no pueden hacer las reformas legales necesarias para resolver éste y tantos otros problemas que la nueva realidad de nuestra sociedad está exigiendo.

Las madres de Luca Yoel deben estar orgullosas de “abrir brecha”, y que en lugar de conformarse con lo que establece la ley (registrarlo como si fuera madre soltera), exigir que la autoridad se pronuncie al respecto y siente un precedente para futuros casos similares.

HASTA MAÑANA.

Como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, los que alguna vez fueron considerados delincuentes con el paso de los años son reconocidos como héroes. Fue el caso de Rubén Jaramillo Ménez, asesinado por el Ejército un 23 de mayo de 1962 en Xochicalco, acusado de diversos delitos, y cuyo nombre quedó inscrito con letras doradas en el Congreso Local de Morelos en 2016.

“El tristemente célebre rebelde Rubén M. Jaramillo, señalado como presunto responsable de los delitos de posesión y tráfico de drogas y despojo de tierras, fue muerto ayer a balazos en las ruinas de Xochicalco, de esta entidad, cuando pretendía huir de los miembros de la Policía Judicial Militar que lo escoltaban para ponerlo a disposición de las autoridades competentes”, anunciaba la nota de El Universal en su edición del 25 de mayo de 1962.

Por instrucciones del gobierno federal, Rubén Jaramillo recibía trato de delincuente en ese periódico que era el consentido de los presidentes, y los captores eran los héroes.

Faltaría espacio para contar quién fue Rubén Jaramillo, por lo que sólo apuntaremos que en 1921 organizó el Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango que logró la dotación de tierras ofrecida por Obregón y el gobernador José G. Parrés. En 1926 constituyó la Sociedad de Crédito Agrícola de Tlaquiltenango e inició la lucha en contra de los acaparadores e industrializadores de arroz, pero los caciques lograron infiltrar a su gente y desbarataron la sociedad. En 1933, en la convención del Partido Nacional Revolucionario efectuada en Querétaro, Jaramillo apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas y le entregó un escrito en donde le proponía la instalación de un ingenio en Jojutla para liberar a los campesinos de los acaparadores de arroz y volver a sembrar caña, asimismo, le solicitó agua y electricidad para Puente de Ixtla. En 1936, Cárdenas comenzó la construcción del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec,  y en 1938 inició su operación administrado por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo Consejo de Administración Jaramillo fue el primer presidente.

Pero en 1962 ya era una “piedra en el zapato” de los gobiernos tanto federal como estatal. Así que la Policía Judicial Militar recibió la orden de detenerlo, por lo que un pelotón llegó hasta su casa en Tlaquiltenango, de donde fue sacado junto con su esposa (embarazada) y dos de sus hijos. Todos ellos fueron masacrados en las inmediaciones de las ruinas arqueológicas de Xochicalco, y la versión oficial fue que “había intentado huir y utilizó a su familia como parapeto”.

Lo que muy pocos saben es que hubo dos testigos de ese cobarde asesinato. Con la desclasificación del Archivo General de la Nación, salieron a la luz pública varias tarjetas informativas tanto de la Dirección Federal de Seguridad como del Ejército que hablan sobre lo ocurrido en Xochicalco ese 23 de mayo de 1962, es decir, hace 58 años exactamente.

“Severiano Analco, vigilante de las ruinas de Xochicalco, observó ayer como a las 18:00 horas la llegada de dos carros negros y un jeep a ese lugar y que cuando se dirigió a los visitantes para ver qué se les ofrecía, un elemento en mangas de camisa lo encañonó con una ametralladora ordenándole que se retirara del sitio (…). Severiano y su hijo Andrés no han sido localizados”, dice una tarjeta informativa de la DFS.

Un informe posterior de la DFS, éste del 25 de mayo de 1962, detalla la suerte de los dos hombres en esos días: “Severiano y Andrés Analco, testigos presenciales de la muerte de Jaramillo, se encuentran detenidos e incomunicados en las oficinas de la Policía Judicial del estado”.

En efecto, según los testimonios recabados con sobrevivientes de la familia Analco, el Ministerio Público y los policías judiciales venidos de Tetecala obligan a Severiano y a sus hijos Andrés y Rodrigo a levantar los cuerpos de Jaramillo y su familia y subirlos a una camioneta, según un reportaje de Zósimo Camacho publicado en la revista Contralínea.

Una vez concluida la tarea y, sin esperarlo, son obligados a subirse a la camioneta. El único que puede evadirse es Rodrigo, a quien dejan ir porque suplicó que le permitieran ir a atender a su mujer que estaba a punto de parir.

El vigilante de las ruinas y su hijo fueron liberados días más tarde bajo la condición de no contar jamás lo que habían visto.

En el expediente –entregado a Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– se citan las palabras del teniente coronel Héctor Hernández Tello, subjefe de la Policía Judicial Federal: “Solamente se habrían cumplido órdenes del señor presidente de la república”.

Además, según el capitán Gustavo Ortega Rojas, jefe del Servicio de Seguridad Pública de Morelos, en declaraciones recogidas en una tarjeta informativa por agentes de la DFS, señala que “los responsables fueron elementos de la Policía Militar, que realizaron el hecho acatando órdenes superiores”.

Esa información habla también de que, tras el asesinato, hubo “pánico” en los elementos de la Policía Judicial Estatal que apoyaron en ese operativo pues temían que los seguidores de Jaramillo acudieran en bola a rescatar los cadáveres.

“Félix Vázquez Peña y los elementos pertenecientes a su grupo de la Judicial del estado abandonaron Tetecala sin conocerse su paradero, ya que no se han reportado a sus jefes”, dice otro documento desclasificado.

El Ejército Mexicano nunca ha reconocido su participación en el asesinato de Rubén Jaramillo. En respuesta a la solicitud de información 0000700082108 –presentada por Contralínea ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conocer la versión oficial del llamado “Operativo Xochicalco”–, el Comité de Información de la Sedena, presidido por el general de división diplomado del Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, responde que la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena “no localizó la información” solicitada, luego de haber “realizado una exhaustiva búsqueda”.

El 8 de junio de 2016, en una sencilla ceremonia, el nombre de Rubén Jaramillo Ménez quedó inscrito con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado de Morelos junto con Emiliano Zapata Salazar, el que fuera su general cuando Rubén ingresó al ejército revolucionario. "Se ha querido negar la aportación que Rubén Jaramillo ha tenido para este estado y para el país (…) pero representa el eslabón más importante a nivel nacional entre el zapatismo histórico y el movimiento campesino contemporáneo”, dijo la diputada Hortencia Figueroa Peralta, principal impulsora de esta acción, hija de don Agustín Figueroa Ayala, ex líder de la Unión Popular Cañera en el ingenio que fundó Rubén Jaramillo.

HASTA MAÑANA.

Una nota del portal motorpasión.com.mx da cuenta de que los capitalinos ya no podrán evadir el pago de la tenencia vehicular emplacando en el estado de Morelos, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad de México pondrá en funcionamiento un sistema (obviamente con sus respectivas modificaciones legales) para que los automotores salgan de las agencias ya con sus placas de la CDMX y no haya forma de evadir ese pago.

El portal explica que las primeras pruebas del sistema ya se llevaron a cabo con algunas agencias de Ford y Nissan, en donde el proceso fue exitoso.

Esta nueva forma de emplacar los autos tendrá tres etapas para su aplicación, en primera instancia funcionará sólo para los automóviles comunes, la segunda etapa incluirá a los eléctricos e híbridos —que conservarán el beneficio de no pagar tenencia sin importar su costo—, y la tercera etapa involucrará a las motocicletas tanto a gasolina como las eléctricas.

La SEMOVI aclara que si el cliente prefiere hacer el emplacado por su cuenta lo podrá hacer, pero no podrá recoger su auto de la agencia si no presenta primero las placas correspondientes y registradas en la CDMX, si presenta placas de otro estado por disposición legal no podrá llevarse su auto.

Recordemos que durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu desapareció la tenencia como tal, aunque se conservó un pago de “derechos”. Pero el verdadero negocio estaba en la venta de placas a usuarios de la Ciudad de México.

¿Cuántos trámites se generaban al día y a cuanto ascendían las ganancias? Nunca lo sabremos, pero baste mencionar que hubo necesidad de rentar un edificio que ocupaba una agencia automotriz en la avenida Vicente Guerrero frente a conocida universidad particular.

Ahí, diariamente llegaban decenas de documentos (copias de la factura, copia de la credencial de elector, copia de la póliza del Seguro, etc.), a las que solamente se le agregaba una copia de un recibo de luz o agua con domicilio del estado de Morelos y se llevaban los paquetes a la Secretaría de Movilidad y Transportes, en ese tiempo ubicada en la Plaza Novum de Jiutepec.

Por la tarde salía un vehículo con rumbo a la ciudad de México llevando decenas de juegos de placas con el logotipo del gobierno de Graco Ramírez para ser distribuidas en todas las agencias automotrices de la ciudad capital.

Hubo un tiempo en el que ocurría un extraño fenómeno: si comprabas un vehículo nuevo en CDMX te lo daban con permiso provisional para circular de Morelos, y si lo comprabas en Morelos te daban permiso para circular de Guerrero. 

Sabemos que desde siempre han existido los gestores (despectivamente llamados “coyotes”) que se dedican a ahorrarle tiempo a los usuarios, y es un trabajo lícito Sin embargo, había un grupo de jóvenes, amigos de Rodrigo Gayosso, que agarraban flotillas de vehículos de la ciudad de México para emplacarlos en Morelos.

Esas gestiones no las manejaba la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino directamente el hoy notario público Alberto Barona Lavín, desde su oficina de la Secretaría de Administración.

Fue él quien ordenó la contratación sin licitación de las empresas Werner Pegasus S. de R.L de C.V.; Grupo Industrial DLV S.A. de C.V.; y COFORMEX S.A. de C.V. por un software que nunca funcionó correctamente.

Se pagaron 25 millones 125 mil 600 pesos a Pegasus; 89 millones 233 mil pesos a DLV y 31 millones 552 mil a Coformex en un mismo paquete, ya que estas empresas firmaron a su vez un convenio de participación conjunta y designaron como representante común a José Luis Ortega Rivera.

Posteriormente, “por virtud de las necesidades del servicio, en lo relativo al rubro de la Movilidad y el Transporte, es imperioso realizar una ampliación de hasta un 20 por ciento”, dice el documento que justifica la ampliación a favor de la empresa Werner Pegasus.

En esa ocasión, ya sin licitación le fue pagado un total de 15 millones 75 mil pesos.

Volviendo al tema del reemplacamiento, insistimos en que no es una actividad ilícita, siempre y cuando se realice sin “moches”.

De hecho, durante la administración de Jorge Messeguer Guillén se anunció la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (AMAV).

El acuerdo tenía como finalidad emplacar las unidades de los asociados, lo que permitiría una importante captación de recursos para el Gobierno del Estado. En el convenio firmado, además, se mencionaba que se les darían las facilidades a los nueve asociados de la organización para que pudieran emplacar sus unidades en el estado.

Se desconoce si dicho convenio se aplicó tras la salida de Jorge Messeguer Guillén de la Secretaría de Movilidad y Transportes tras un desacuerdo con el entonces gobernador Graco Ramírez. Más que con el mandatario, fue con su hijo Rodrigo Gayosso, quien desde entonces se apoderó de la dependencia para usarla con fines electorales a través de David Martínez y posteriormente con José Ascención Monter Sanjuan.

Fue Monter quien operó la movilización de trabajadores del volante el día de las elecciones para gobernador. La promesa era que si ganaba Rodrigo Gayosso habría concesiones de taxis para los líderes, además de que podrían seguir haciendo los tramites que quisieran en la dependencia, donde de por sí ya tenían preferencia, pero ya todos sabemos en qué terminó ese proyecto.

A cuatro años de distancia, sería importante reactivar ese convenio que firmó Messeguer con los arrendadores de vehículos que prometía atraer más de cinco mil reemplacamientos mensuales, ingresos que bien podrían servir al erario estatal.

HASTA EL LUNES.

El pasado 17 de mayo a las 12 de la noche dejó de ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia la polémica magistrada María del Carmen (Verónica) Cuevas López. Con ella se van las “leyendas urbanas” que se formaron en torno a ella y las opiniones a favor y en contra que fue recolectando a lo largo de los últimos cuatro años.

A Carmen la conocimos hace 20 años cuando acudía al Palacio de Justicia a exigir que la reinstalaran en su cargo, pues el Consejo de la Judicatura había determinado su “no ratificación” como juez civil, y a pesar de que había ganado un amparo, el máximo órgano administrativo del TSJ seguía interponiendo recursos para no cumplir la ejecutoria.

Seguramente durante ese peregrinar pidiendo su reinstalación, Carmen nunca se imaginó que 20 años más tarde estaría en el pináculo del Poder Judicial y le haría lo mismo a otros jueces (Javier Hernando Romero Ulloa, sólo por citar un caso).

Con el apoyo de varios diputados de los principales partidos representados en el Congreso, Carmen Cuevas no solamente logró su reinstalación como juez, sino que cinco años más tarde fue designada magistrada gracias al apoyo de su compañero de generación, Sergio Álvarez Mata. 

Así, Cuevas López fue “la cuña” que el PAN-Gobierno mandó al Poder Judicial para tratar de arrebatarle el poder a Ricardo Rosas Pérez (quien era apartidista, provenía de un grupo de magistrados conocidos como “Los Federales”).

A finales del 2008 comenzó a hacer su trabajo político en contra de Rosas Pérez. El magistrado presidente la quería lo más lejos posible y por eso la mandó –con el apoyo de su grupo- como magistrada visitadora.

El Salón de Plenos fue el escenario de un enfrentamiento verbal entre dos bandos: los que estaban con el presidente y los que abiertamente estaban en su contra. El tema a discutir era la situación de la magistrada Cuevas López, designada por el Congreso en lugar del magistrado Jesús Dávila Hernández pero que Rosas Pérez la mandó a ocupar una magistratura que no tiene derecho a voto.

Al final, Ricardo Rosas, Virginia Popoca González, Nadia Lara Chávez, Miguel Ángel Falcón, Rocío Bahena Ortíz y Ezequiel Honorato Valdez, votaron a favor de que Cuevas López continuara en la Visitaduría.

En contraparte, Andrés Hipólito Prieto, Valentín González García, Juan Manuel Díaz Popoca, Leticia Taboada Salgado y Ramón García Jácome, apoyaban la propuesta de que Cuevas se integrara al Pleno. Leticia Robles Santoyo prefirió abstenerse de votar.

Con lo anterior, Ricardo Rosas logró que Verónica Cuevas López (con quien mantenía un abierto conflicto) no se integrara al Pleno, pero no pudo impedir que su lugar fuera ocupado por el magistrado supernumerario Samuel Sotelo Salgado (hoy consejero jurídico del gobernador), quien también se caracterizó por criticar la administración de Ricardo Rosas.

Perseverante como siempre, Carmen Cuevas terminó ganando el amparo y logró su lugar en el Pleno, pero ahora ya figurando como líder de un grupo de magistrados.

El 16 de mayo de 2016, la mujer que en 1985 ingresó al TSJ como oficial judicial B, se convertía en la tercera presidente mujer en la historia del Poder Judicial del Estado de Morelos, aún en contra de los deseos del entonces gobernador Graco Ramírez.

Desde finales del 2015 se sabía de la intención del Poder Ejecutivo de imponer en el Poder Judicial al magistrado Jorge Gamboa Olea en una especie de “extensión del Mando Único”, pero fue en los últimos meses previos a la votación cuando se confirmó que “el candidato de Graco es Jorge Gamboa”, y que incluso ya había un acuerdo político entre PRI, PAN y PRD para que él sustituyera a la entonces presidenta Nadia Luz Lara Chávez.

Sin embargo, los magistrados conformaron un frente común de nueve integrantes para impedir la intromisión del Ejecutivo, y al final se sumaron dos magistrados más, para ganar holgadamente la presidencia en la sesión que se llevó a cabo un lunes en la tarde.

En los días previos a la votación, la magistrada Cuevas López fue acusada en redes sociales de haber dejado en libertad “a matataxistas y Guerreros Unidos”. Eso era típico en el gobierno de Graco Ramírez, utilizando información a la que sólo tenían acceso la Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

¿Qué calificación se le puede dar a la administración de María del Carmen (Verónica) Cuevas López? Como dice el refrán: “cada quien habla de la feria como le fue en ella”.

Hemos recibido testimonios de abogados litigantes que hablan de que “al fin hubo orden en los juzgados, ya que antes llegabas a las 9 y todavía encontrabas al personal con sus escritorios llenos de gorditas y hasta platos de pozole”.

También, opiniones de que se redujo la corrupción en los tribunales. Esa opinión seguramente no la comparten aquellas personas que perdieron sus juicios, pero lo que sí nos consta es que la fiscalización de los expedientes no tuvo precedentes.

Es de todos sabido que la presidenta hizo a un lado al magistrado visitador y trataba directamente con un grupo de jueces visitadoras (mujeres) que eran temidas porque llegaban a cualquier hora y en forma prepotente exigían ver hasta el último oficio en los juzgados donde les mandaba la presidenta.

De las cosas negativas que se dicen de Carmen está el hecho de que afirman que mezcló sus actividades religiosas con la administración de la institución. Aseguran que para tener un cargo en esta administración lo primero que tenían que hacer era acudir semanalmente al templo donde es pastor el esposo de la magistrada presidenta.

Y bueno, nunca sabremos por qué tiene dos cédulas de identificación. De acuerdo con los datos ampliamente difundidos, el 27 de junio de 1962 la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, emitió el acta 2109 para registrar el nacimiento de María del Carmen Cuevas López; sin embargo, el 20 de mayo de 1999, un usuario del Poder Judicial del Estado de Morelos, generó una nueva CURP ligada al acta de nacimiento 2109 del año 1963, que está a nombre de la magistrada, un año después de su nacimiento real y en el que se agregó el nombre de Verónica.

Pero como decía el ex presidente Calderón, “haiga sido como haiga sido”, María del Carmen (Verónica) Cuevas López, ya pasó a la historia del Poder Judicial de Morelos.

HASTA MAÑANA.

“Qué pinche suerte tiene Graco Ramírez”, fue lo primero que se me vino a la cabeza ese 20 de mayo del 2015 cuando leí en Twitter la noticia de que Juan Ignacio Suárez Huape había tenido un accidente en la carretera federal México-Cuernavaca y que lamentablemente había fallecido al igual que su esposa.

Mi idea se basaba en que (sin evidencias para fundamentar un posible crimen planeado) ese fatídico accidente le había quitado de en medio al único líder político que no había podido comprar el gobernador ni su hijastro.

“Desde el ascenso de Graco Ramírez a la gubernatura, fue uno de los más férreos opositores a sus corrupciones, a su política de seguridad basada en la violencia, a su nepotismo –el presidente del PRD en Morelos es su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, un hombre sospechoso de participar en los graves fraudes de la administración priista de Manuel Martínez Garrigós en el municipio de Cuernavaca– y a la política de sus megaproyectos –mineras, termoeléctricas, gasoductos, ampliaciones absurdas de tramos carreteros–, que no han dejado de traicionar los ideales fundacionales del PRD y de destruir la vida de los pueblos y del medio ambiente de Morelos. Poco antes de su muerte, acusó al gobernador de proteger al Cártel de Guerreros Unidos”, escribió en la revista Proceso el activista y poeta Javier Sicilia, a los pocos días de la muerte de Nacho.

Y agregaba:

“Ésta abierta oposición al gobierno de Graco Ramírez ha hecho sospechar a muchos –sospecha que no comparto– que su accidente carretero, pese a los peritajes, no fue obra “de lo arbitrario divino”.

Vía Messenger, Nacho y este reportero intercambiábamos información sobre la existencia de un rancho en el municipio de Tlaltizapán, propiedad de los narcotraficantes. Todavía conservo el “screenshot” (LA FOTOGRAFÍA DE LA PANTALLA DEL CELULAR) donde me pregunta si supe de un operativo de la Sedena en ese lugar.

• Ya sabes de quién es ese rancho?- le pregunté.
• No, todavía no pero en eso ando- contestó misterioso Nacho.

Por eso digo que qué suerte tuvieron los corruptos y los narcopolíticos, porque a Nacho no lo iban a poder comprar.

“Nacho, como le llamamos sus amigos, no pertenecía al espectáculo del crimen y de la pasarela de la imbecilidad política. Pertenecía al de la reserva moral del país y a esa especie casi extinta, la del político entendido como un servidor de la gente, dedicado a los asuntos de los ciudadanos”, escribió con toda razón el poeta Sicilia cuando supo de su sorpresiva muerte.

Recientemente Julián Vences publicó una anécdota muy interesante de Nacho durante el trienio del presidente Lucino Espín Herrera en el municipio que lo vio crecer (porque Suárez Huape era michoacano).

“En Jojutla, la policía de tránsito, manejada por el gobierno estatal, desatada, mordía a todas horas, especialmente de noche cazaba conductores con el mínimo aliento alcohólico. Era secreto a voces que Tránsito operaba confabulado con una clínica ubicada frente a la panadería La Espiga. Manejar de noche implicaba que te pararan y si no te mochabas, te llevaban a la mentada clínica; si habías tomado una o las tres de regla, el examen arrojaba siempre niveles altos de alcohol; para este momento, el monto de la mordida había crecido y, si te negabas, el vehículo iba al corralón y te hacías acreedor a una multa exagerada. Aquí aparecía otro cómplice: el de las grúas que cobraba caro por el arrastre, además, tenías que pagar el corralón por día, como si fuera estacionamiento.

Un domingo, después de celebrar la misa de siete de la noche en Panchimalco, el padre Nachito Martínez cenó en casa de un matrimonio y, al terminar, el señor de la casa le dio aventón al padre, que vivía en el convento de Tlaquiltenango. En la esquina de la tienda del ISSSTE, como era de esperarse, desde la patrulla de tránsito les marcaron el alto; se desató la infame cadena.

Esa misma noche corrió la voz entre integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs): a las 10 de la mañana irían a la Delegación de Tránsito, en los altos del mercado Benito Juárez.

“Aquí no vengan con sainetes, usted, padrecito, lo tengo bien identificado, es un mitotero; pagan o pagan”, respondió el grosero delegado a la docena de inconformes.

El grupo, en palacio municipal, solicitó apoyo del presidente Lino Espín; éste, atento, escribió de su puño y letra un recado, sugiriendo la entrega de llaves y vehículo.

“Yo no recibo órdenes del presidente municipal, mi jefe está en Cuernavaca y, ahora, pa’que se les quite, por andar de argüenderos, les doblo la multa, cómo la ven”, amenazó, colérico, el prepotente delegado.

“Ahorita venimos diez personas, volveremos doscientos, a ver si sigue de altanero”, retó, provocador, Nacho Suárez Huape.

-A mí no me amenaces, alborotador, te tengo identificado, sé quién eres.

-No amenazo; lo prevengo- anunció Nacho con su risa pícara.

-Pinche Nacho, ¿de dónde vamos a sacar doscientas gentes?- cuestioné.

-Sí se juntan, ya verás; hay mucha inconformidad. El domingo a medio día hagamos un mitin a la entrada del mercado- sugirió.

Llegó el domingo. Los mitoteros no éramos más de veinte, eso sí, con un buen sonido de los maestros del Consejo Central de Lucha. Mi tío Serapio Camacho, el de los tacos de cocido a la entrada del tianguis, nos dio chance de enchufar el cable. Media docena de tránsitos, desde su guarida, nos observaban con soberbia. Nacho tomó el micrófono y enumeró tres casos con nombre y apellido de personas afectadas. Para nuestra sorpresa, de repente, cien personas indignadas se congregaron alrededor del micrófono. Nacho invitó a que denunciaran las arbitrariedades. Cayó un rosario de quejas. Ya pasábamos de doscientos. Trece manos levantadas pedían el micrófono. Los agravios se fueron describiendo, surgieron rechiflas y mentadas contra los tránsitos corruptos que ya se habían ocultado. De pronto, de la muchedumbre brotó una propuesta: “Subamos a la oficina, vamos todos”. Ya éramos trecientos o más. En la oficina solo estaba un policía panzón y prieto, el que había parado al padre Nachito Martínez. Envalentonado, echó mano a la cintura e intentó impedir el ingreso de los inconformes. La turba lo empujó. “Hay que lincharlo”, gritó alguien; la muchedumbre respondió ¡siii! El policía empalideció.

“Entréguenos llaves del auto, licencia, tarjeta de circulación y hable al corralón para que nos den el coche”, exigió Nacho.

En dos por tres accedió a todo. La jubilosa muchedumbre festejó el triunfo.

“Ah –agregó Nacho--, dígale a su delegado correlón que le ponga fin al negocito. Los estaremos vigilando”.

Gritando “el pueblo unido jamás será vencido” y “si se pudo, si se pudo”, la muchedumbre marchó al corralón a recoger el coche que ya esperaba a la puerta.

En días posteriores varios infraccionados recogieron sus vehículos, sin pagar multa, ni arrastre ni corralón.

HASTA MAÑANA.

En un ejercicio cinematográfico al estilo “Titanic”, imagine usted el mismo lugar pero en diferente tiempo: las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ubicadas en la calle Juan Álvarez de la colonia Lomas de la Selva. La primera escena es el 13 de abril del 2018, y de ahí la imagen se difumina hasta quedar en la misma fecha, pero del 2020.

En la primera escena, vemos unas oficinas con mucha actividad; hombres y mujeres que vienen y van, teléfonos que no dejan de repicar, computadoras por todos lados y pantallas donde hay un seguimiento permanente a lo que acontece en el estado.

Eran tiempos de jauja. El partido tenía a un gobernador que –con altibajos- había llegado casi al fin de su sexenio y tenía el control absoluto de los otros dos poderes de la entidad. Era tanto su poder que había podido imponer a su hijo como candidato a sucederlo en el cargo de jefe del Ejecutivo estatal, y éste recorría el estado repartiendo dinero para asegurar el voto que garantizara la continuidad en el saqueo.

Ahora imagine usted la segunda escena, el 13 de abril pasado, cuando el presidente del PRD en el estado, Matías Quiroz Medina, acudió presuroso ante una llamada que le avisaba de un hecho inesperado en la sede del partido.

“…nos encontramos que habían sido forzadas las puertas de acceso de Presidencia, del área Finanzas y las puertas de varias oficinas, así como desorden en papelería de diferentes oficinas, notando faltantes en equipo de cómputo, sonido, video-grabación y distintos aparatos electrónicos, así como varios documentos”, fue la descripción que quedó asentada en un boletín de ese instituto político que daba cuenta de que habían sido víctimas de un robo.

En términos prácticos, los ladronzuelos terminaron de saquear lo que no habían podido llevarse los ocupantes de ese edificio. Y no queremos pensar mal, pero una costumbre del PRI es poner en práctica los “auto-robos” que permiten desaparecer cualquier indicio de malos manejos en las finanzas, sobre todo porque en este hurto se llevaron documentación que hace muy difícil suponer que los rateros la querían para vender el papel por kilo.

Pues así encontró el médico cirujano las instalaciones del partido. Y es una representación gráfica de la situación actual de ese instituto político que llegó a estar “en los cuernos de la luna”. Literalmente está hecho pedazos.

Tras el desastroso resultado del hijo del gobernador en las elecciones del 2018, como en los barcos que se están hundiendo todos salieron corriendo. Obviamente ese fracaso se reflejó inmediatamente en las prerrogativas (dinero) que les otorga el Gobierno para su subsistencia.

Y es que, como se recordará, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) ganó en 16 de los 33 municipios de Morelos y el resto se dividió: cuatro del Partido Verde; cuatro del PRD-PSD; tres del PAN; dos del Nueva Alianza; dos del PRI; uno al Partido Humanista y uno a un candidato Independiente.  También se disputaron 12 diputaciones locales, las cuales ganó todas la coalición Juntos Haremos Historia. 

Así las cosas, el PRD tuvo que conformarse con una posición plurinominal, misma que estaba destinada para el ex secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, pero que por cuestiones de género quedó en manos de su esposa, Rosalinda Domínguez.

Un ex miembro de ese partido me comentó que se dice que el matrimonio Quiroz-Domínguez salió muy bien beneficiado en las negociaciones para el presupuesto 2020. Se habla de un millón de pesos para cada integrante del grupo de las 7, y que quien encabezó las negociaciones no fue Tania Valentina, sino Julio Yañez, esposo de otra diputada.

Obvio, es algo que no se puede comprobar porque no hubo recibos firmados. Pero lo que sí está más que evidente, es el abandono en el que tiene el PRD a los alcaldes emanados de ese instituto político. “Ni el teléfono nos contestan”, aseguran.

En días pasados, el presidente municipal de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, presentó su renuncia al partido del Sol Azteca. Como era de esperarse, el dirigente del partido, Matías Quiroz, salió con el clásico “no se está perdiendo nada”, pero los hechos hablan por sí solos.

Tlaltizapán es el municipio que acogió al médico cirujano oriundo del Distrito Federal. Es el lugar de nacimiento de su esposa y Alfredo Domínguez Mandujano ganó con el 24 por ciento de las votaciones, de ahí que no es creíble que su salida del partido sea insignificante.

Ahora bien, ¿qué papel jugará en las próximas elecciones el ex secretario de Gobierno de Graco Ramírez?

Cualquiera pensaría que –dadas las actuales circunstancias nada favorables- el PRD se convertiría en uno más de esos partidos que se dedican a vender candidaturas y se reservan para sus dirigentes y sus familias los espacios plurinominales.

Pero al parecer no es así. Una fuente bien informada nos dice que a nivel nacional el PRD le estaría prestando su “franquicia” (en términos futbolísticos) para que quien se encargue de conformar el equipo con el que van a competir en el 2021, sea Plataforma Futuro 21.

Futuro 21 es una plataforma política conformada por el PRD y políticos con origen en otros partidos como PRI, Panal y PAN, además de organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y científicos. Una de las metas de esta organización (que tuvo su primera asamblea nacional en agosto del año pasado), es ser un contrapeso para Morena en las elecciones intermedias de 2021.

Entre los rostros más conocidos que forman parte de Futuro 21 está el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera; el ex candidato a la presidencia por el Panal, Gabriel Quadri; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el ex rector de la UNAM, José Narro Robles; los perredistas Jesús Ortega,  Jesús Zambrano y Karen Quiroga.  También forman parte de esta nueva corriente la senadora y diputada Angélica de la Peña; el ex jefe delegacional Demetrio Sodi; la ex candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteyro; la perredista Ruth Zavaleta y el político Fernando Belauzarán. 

La idea –aseguran ex perredistas inconformes con la actual dirigencia perredista- es que a nivel estatal también se conforme una plataforma que dé cabida a personajes de la sociedad civil y de otros partidos, para integrar la lista de candidatos a puestos de elección popular y plurinominales. 

Dicho de otra manera, el PRD-Morelos, o lo que queda de él, quedaría sin ningún margen de maniobra.

HASTA MAÑANA.

Gregory Berger, neoyorkino avecindado en Ocotepec recuerda como si hubiera sido ayer cuando conoció a Gilberto Dávila Rada, hace 17 años. Él y su esposa limpiaban una barranca a un lado del terreno que recién habían comprado en esa comunidad indígena cuando repentinamente se vieron rodeados de campesinos que llegaron a bordo de una camioneta.

“Soy el Comisariado de Bienes Comunales y quedan ustedes detenidos. Aquí nos regimos por usos y costumbres y el delito de despojo de tierras está muy penado”, le dijo aquel hombre moreno y de rasgos indígenas.

Pero la respuesta de aquel individuo que a leguas se notaba que era “gringo”, sorprendió al dirigente de los comuneros:

“Pues qué bueno que nos arrestaron porque eso me está confirmando que vinimos a vivir al pueblo indicado”, contestó el norteamericano con un español casi perfecto.

De esa detención, que más tarde se aclaró que había sido injustificada pues la pareja no pretendía nada más que hacer una buena obra en beneficio de la ecología, nació una amistad que perduró hasta la muerte de Gilberto, acaecida el pasado martes.

“Gil era, sobre todo, un gran organizador comunitario. Supo cómo mezclar y armonizar los talentos y capacidades de cada persona de tal forma que juntos formáramos parte de un gran equipo. Defendía con celo su pueblo de las grandes cadenas de supermercados, las gasolineras, y otras amenazas, pero le encantaba hacer amistad con ciertas personas foráneas, como yo, siempre y cuando nosotros de afuera supiéramos nuestro lugar”, recuerda el documentalista y actor.

Vigilaba los bosques para correr a los depredadores. Enfrentó en muchas ocasiones al calor y peligro de los incendios forestales, y organizaba brigadas de reforestación en la época de lluvias. En la carnicería donde practicaba su oficio, siempre sabía quién de sus clientes tenía la necesitad de recibir un “pilón” de bisteces.

De más joven fue “rondero” de Ocotepec, que es un policía comunitario o –como les dicen ahora- autodefensa. Cuentan que no se amilanó cuando un grupo de pandilleros lo amenó de muerte, y muchos de los que fueron detenidos con el tiempo se hicieron sus amigos.

Rodolfo Romero Peña, el histórico reportero de deportes de El Sol de Cuernavaca y orgulloso vecino de Ocotepec, también lo recuerda con respeto.

“El encabezó el movimiento contra la corrupción por el caso Soriana; logró que los tres niveles de gobierno siguieran acosando a los vendedores de cohetes. En su administración como ayudante municipal aunque amenazado echo fuera a los vendedores de micheladas;  fue el constructor del auditorio municipal, siempre estuvo atento y activo contra los incendios forestales en el monte, busco la unificación de autoridades y llevaba las gestiones para volver a un solo Comisariado de Bienes Comunales”, escribió.

Era de izquierda a morir.  A los representantes de cualquier pueblo ajeno que llegaban para pedir su solidaridad con una lucha o conflicto local, les respondió con ánimo y compromiso, brindando todo el apoyo que podía en la gran tradición de reciprocidad entre los pueblos.

Lo más chistoso es que cuando conoció a Gregory pensó que se enfrentaba al típico gringo abusivo y ambicioso, casi casi el mismísimo “Tío Sam” que tanto odian en los países como Venezuela y Cuba. Lo que menos se imaginaba es que estaba ante un “turista revolucionario” que se dedica a criticar a sus paisanos y a defender las causas sociales.

El gringo y Gilberto terminaron haciendo un sketch de comedia con “Joe T. Hodo” (personaje que interpreta Gregory) donde recrearon el día de su detención, pero en ese video Gil y su equipo lograron parar al gringo invasor.

Lo que más le duele a Greg es no haber estado cerca de su amigo antes de que partiera a la eternidad, pero su muerte fue muy repentina.

“Y ahora me siento triste que por cautela ante esta pandemia, no le acompañé en su última caminata hacia su lugar de descanso. Merecía una partida más majestuosa, con más gente y más fiesta, algo del tamaño de su corazón y de la obra de su vida. Pero también escuché su voz diciéndome, “Pinche gringo, así eres, cabrón. No pasa nada.”, escribió el documentalista.

Quizás su mayor problema de Gilberto fue mediar en los constantes conflictos entre oriundos de Ocotepec y gente foránea que compró terrenos o rentó locales en esa comunidad donde se rigen por usos y costumbres. Y a veces abusan.

Todavía unos días antes participó como presidente del Comisariado en un operativo para retirar “por la buena” a los comerciantes que seguían vendiendo en plena fase 3 de la Pandemia.

Ese operativo lo cubrió su amigo el periodista Pedro Tonantzin, quien lo recuerda como un buen representante de esa comunidad.

“Creo fue un buen ejemplo del correcto manejo de los usos y costumbres. Sin su liderazgo hubiese sido imposible parar la representación del Vía Crucis y el contagio sería peor... Es de los pocos representantes de las comunidades que han sido honestos con su pueblo”, comentó el periodista.

Lo repentino de su muerte provocó que se pensara que había sido a causa del coronavirus, sobre todo porque es sabido que ataca principalmente a quienes padecen alguna enfermedad degenerativa.

Pero su familia y la gente de Ocotepec aseguran que fue por un coma diabético.  Gilberto Dávila Rada sufría de ese mal desde hace años y de un día para otro, sin previo aviso, se lo llevó a la tumba.

“Humilde desde la cuna, guerrero de sangre tlahuica, incansable luchador social, líder nato, hombre de fe y buenos principios, amigo de los amigos, ese fue Gilberto Dávila Rada que ha sido llamado por el Señor para servirle allá en el cielo”, escribió a manera de despedida Rodolfo “El Rorro” Romero.

No tuvimos el gusto de conocerlo ni tratarlo, pero las buenas referencias sobre él son interminables. Descanse en paz el hijo predilecto de Ocotepec.

HASTA EL LUNES.

A raíz de que comenzó la epidemia del coronavirus en el mundo podemos encontrar en la web todo tipo de opiniones y teorías, tanto del origen de la enfermedad como de la conveniencia o no de la aplicación del confinamiento para combatirla. En Youtube podemos encontrar decenas de teorías que dicen ser científicas, y en Facebook hay miles de opiniones en el sentido de que “el Covit no ecsiste” (sic).

Con lo anterior pretendemos establecer que los que cuestionan la existencia y/o el tratamiento contra la pandemia están muy lejos geográficamente o su nivel intelectual pareciera ser ínfimo. Sin embargo, encontramos a un personaje que no está tan lejos y que su nivel académico más bien es sobresaliente.

Se trata del maestro en Derecho y Doctor en Filosofía, Alejandro Smith Vázquez, ampliamente conocido en Morelos por haber sido presidente de la Barra de Abogados, directivo de Canacintra y dirigente de una Federación de Profesionistas.

Desde que comenzó la orden de confinamiento y paralización de actividades no esenciales en Morelos, Alejandro Smith ha estado cuestionando sistemáticamente esta estrategia y pronunciándose por otra muy parecida a la que propone el magnate Ricardo Salinas Pliego.

“Resulta tan absurdo y manipulador estar contabilizando los casos de contagio, cuando al final todos vamos a terminar contagiados; no es un asunto de contagio sino de respuesta al contagio, inmunidad, cuando con los días sean millones los contagiados, ¿eso les dará más estrés?; los medio obcecados en asustar a la población con datos inútiles, deben dar información útil para resolver el problema no para agravarlo”, escribió en su muro de Facebook el 27 de marzo pasado.

“El petróleo a menos de un dólar, las fábricas paradas, los negocios y comercios cerrados, los despidos de trabajadores y el desempleo a todo lo que da, miles de internos de las cárceles a la calle en un momento de crisis económica, y la gente todavía sigue repitiendo "Quédate en Casa", De seguir la tendencia, los muertos por hambre pueden llegar a ser muchos pero muchos más que por el tal covid gripe estacional”, apuntó hace unos días.

“Lo hemos perdido”, comentan a manera de broma sus amigos y compañeros de agrupación.

Y en cuanto alguien lo cuestiona en redes sociales Smith contesta con mucha vehemencia: “El mundo y sus gobiernos desesperan en atacar una pandemia que en el peor de los casos pudiese matar al .005 % de la población mundial, endeudan naciones, detienen economías, recluyen personas”.

Enseguida arroja a su muro de Facebook infinidad de estadísticas, números y más números. Muertes en el mundo del 1 de enero al 2 de abril de 2020: por enfermedades transmisibles, 3,299,090; por Cáncer, 2,087,179; por fumar, 1,270,422; suicidios, 272,520; por Malaria, 249,275; por gripe estacional, 123,562, y lo compara con las víctimas del COVID-19 durante ese mismo periodo que fue de 53,166.

También, pone links de medios internacionales que dan cuenta de que Suecia decidió no ordenar el confinamiento ni la paralización de las actividades productivas bajo la creencia de que sólo así la población va a adquirir inmunidad al virus.

Su propuesta es la misma que Salinas Pliego: resguardar a las personas mayores de 60 años y a las que están enfermas de diabetes y otros males degenerativos, pero los demás seguir trabajando como si nada pasara. Al final, saldrá más barato pagar los gastos funerarios de los que no aguanten la enfermedad (y que pueden ser sustituidos de inmediato) que el dejar de producir totalmente durante dos o tres meses.

“La tasa de mortalidad (en Suecia) no es mayor que muchos países que siguen el confinamiento, la diferencia la podrás observar en menor pobreza, mayor bienestar, al final, el confinamiento ataca más radicalmente a las personas con menor ingreso, es una medida que "impone" la OMS, como también impone el FMI, ciertas políticas que lo que logran es una mayor debilidad de la soberanía nacional, y la muerte de más personas en el mediano y largo plazo”, sostiene Smith.

Y la verdad ya me estaba convenciendo con su teoría, hasta que hace un par de días se publicó en el periódico español El Economista, una nota titulada: “El modelo de Suecia contra el coronavirus fracasa: el número de muertes cuadriplica la de sus vecinos escandinavos”.

La nota refiere que la estrategia de Suecia fue diseñada por el epidemiólogo Anders Tegnell, quien pensó que el virus no se propagaría desde China y, más tarde, que sería suficiente para rastrear casos individuales procedentes del extranjero.

“Tegnell defendió durante semanas que no había signos de transmisión comunitaria en Suecia y, por lo tanto, no era necesario adoptar medidas de confinamiento. Las decisiones del técnico del Gobierno ha sido fuertemente criticada por expertos independientes en Suecia. Unos 22 de los profesores más destacados del país en enfermedades infecciosas y epidemiología publicaron un comentario en Dagens Nyheter pidiendo a Tegnell que dimita y pidiendo al Gobierno que tome un curso de acción diferente”, apunta El Economista.

En México, las empresas maquiladoras instaladas en la frontera, principalmente Ciudad Juárez, fueron de las que no aceptaron parar actividades y continuaron trabajando. De hecho, según autoridades de esa localidad, la industria de la maquila, principalmente automotriz, aeronáutica y militar, “simuló suspender operaciones sólo por tres o cuatro días, pero siguió activa e incluso ofreció a los trabajadores un bono de 500 a mil pesos semanales para laborar durante la cuarentena”.

Bueno, pues la semana pasada el periódico La Jornada publicó una nota en el sentido de que 104 trabajadores de empresas maquiladoras de esta localidad fronteriza han fallecido de Covid-19, de los cuales 30 laboraban en alguna de las tres plantas de la compañía estadunidense Lear Corporation.

Quizás Salinas Pliego o Alejandro Smith puedan decir que 104 muertos no son nada en relación con el número de trabajadores que siguieron trabajando y produciendo, pero es una teoría muy materialista desde nuestro particular punto de vista.

De todos modos, la gente que no entiende de teoría económicas ni de estrategias gubernamentales está aplicando –en la práctica- el plan de Suecia, al desobedecer las disposiciones de mantenerse en sus domicilios, bajo la máxima de que “si no salgo a trabajar no como”, aunque en esa desobediencia  vaya de por medio su vida.

HASTA MAÑANA.

Tuvieron que pasar 25 años y cinco meses para que la historia se repitiera en territorio morelense. El 12 de diciembre de 1994 en el municipio de Temixco celebraron a la Virgen de Guadalupe ingiriendo mezcal y 49 personas fallecieron; el domingo, en Telixtac, municipio de Axochiapan, festejaron el día de la madre bebiendo (a pesar de la contingencia por el Covid 19 y la Ley Seca) y murieron un número todavía indeterminado de personas, pero la cifra podría superar los 20.

Todo parece indicar que en ambos casos el causante es el metanol, un tipo de alcohol no apto para consumo humano que tiene como característica que primero deja ciegos a quienes lo han ingerido en pequeñas cantidades, pero que en grandes porciones puede provocar la muerte.

Apenas hace unos días los medios nacionales daban cuenta de que en los límites de Jalisco y Michoacán, 25 personas habían muerto y otras 30 estaban graves por haber consumido una bebida denominada “El Chorrito” (muy parecida al Tonayán que se expende en Morelos), en el que utilizaron el alcohol industrial en lugar del etanol que comúnmente se usa para elaborar todo tipo de vinos y licores.

El lunes por la noche comenzó a trascender lo que más tarde se confirmaría: un nuevo caso de muertes por ingerir bebidas adulteradas, ésta vez en una pequeña comunidad del municipio de Axochiapan que se llama Telixtac, con una población de cinco mil habitantes, aproximadamente.

Según la crónica del reportero Pedro Tonantzin, fue el lunes por la mañana cuando Jacinto Linares, despertó sobresaltado y pidiendo a gritos que le ayudaran. Me dijo: “jefe, llévame al doctor, no puedo ver y me duele el pecho y el estómago”, narró su padre, Marcos Esteban.

Lo que no sabía era que eso mismo les había pasado a otros que habían estado ingiriendo “mezcal a granel” que adquirieron en una de las tiendas ubicadas en el zócalo de la comunidad. Cuando llegó a la Clínica del Dr. Cedeño “no me lo recibieron porque estaba lleno (de pacientes) por lo mismo que tenía mi hijo”.

Fue atendido en el hospital de Axochiapan pero a la media hora de haber ingresado “se puso duro y llamé a la enfermera, y ya me dijeron que ya no había nada qué hacer”, agregó don Marcos.

Cuando regresó al pueblo se enteró de que algunos habían quedado en la calle desde el domingo, otros en sus casas y otros más en las clínicas y hospitales.

Aunque ya son pocos los habitantes de Telixtac que son indígenas, el pueblo se rige por usos y costumbres, de ahí que las autoridades, tanto de la Fiscalía General del Estado como de Protección Civil, no hayan podido entrar desde el domingo sino hasta que sus pobladores se organizaron y sostuvieron reuniones con ambas instituciones, pero bajo sus condiciones.

El director de Protección Civil en el estado, Enrique Clement Gallardo, informó que se realizó un monitoreo en otros municipios aledaños, teniendo como resultado que en Jonacatepec otras personas habían perdido la vida con los mismos síntomas, dando un total de 14 personas fallecidas hasta ese momento.

Lo cierto es que no se sabe con exactitud cuántas personas han resultado afectadas, ya sea fallecidas o con problemas de ceguera. Algunas familias prefirieron enterrar a sus muertos sin dar aviso a las autoridades.

Desgraciadamente los habitantes de Telixtac, “en el pecado llevaron la penitencia”. Desobedecieron la disposición federal de permanecer en sus casas por la pandemia del Covid 19, y también hicieron caso omiso a la orden municipal de no expender bebidas alcohólicas.

Y no fue porque se celebrara el 10 de mayo, como pudiera pensarse. La realidad es que en Telixtac, como ocurre en muchas comunidades indígenas, los domingos se bebe por ser domingo. Los jóvenes no tienen otra distracción que beber cerveza, y si no hay –como ocurrió en esta ocasión- toman lo que sea.

Todo parece indicar que a falta de las bebidas convencionales, alguien descubrió que en un domicilio tenían mezcal “a granel”, y comenzaron a llevar sus botellas vacías para llenarlas y acabárselas.

Ahora bien, independientemente de que los bebedores ya pagaron con su vida el haber desobedecido a la autoridad ¿habrá sanciones para los responsables?

El caso más parecido es el de Temixco, en 1994, que como ya sabemos, los responsables del “Metanolazo” fueron, además del presidente municipal, el subsecretario de Salud, Javier Martínez León; Fernando Velásquez Rivera, director de regularización y fomento sanitario y José Maldonado Obregón, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno.

Eso fue por cuanto al rubro administrativo, pero en cuanto a lo penal la entonces Procuraduría de Justicia inició una averiguación previa por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como adulteración de bebidas alcohólicas, misma que remitió posteriormente a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República.

Hace apenas unos días que recordábamos en esta misma columna que en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca, bajo la causa penal 162/94, quedó registrada la orden de aprehensión en contra de Guillermo y Luis Federico, ambos de apellidos Díaz Rubio, por ser los propietarios de la destilería ubicada en la calle Virginia Fábregas de la colonia Presidentes del municipio de Temixco, así como un hijo de cada uno de ellos. Guillermo obtuvo su libertad bajo fianza el 13 de julio de 1995, pero ya no regresó a firmar como estaba obligado, y el 17 de mayo de 1999 el Juez lo sentenció a ocho años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como adulteración de bebidas alcohólicas.

Aunque en la investigación que hizo la Contraloría del estado se decía que fueron 49 los muertos y otros 70 que quedaron con problemas de visión, en el expediente sólo aparecen ocho como las víctimas del llamado “Metanolazo”.

El caso Telixtac es diferente porque –hasta donde se sabe- es un expendio clandestino de donde salió el mezcal adulterado, así que la autoridad municipal no podría tener un control sobre el producto que expenden.

Pero penalmente sí debe haber consecuencias. A estas horas ya debería estar identificado y hasta detenido a el o los responsables de haber adulterado una bebida que provocó –aunque sea sin intención- la muerte de estas personas que, lo recalcamos, en el pecado llevaron la penitencia.

HASTA MAÑANA

Algunos le dicen “comisionada”, otros “enlace” y otros “enviada”, pues nadie sabe cómo ponerle a una persona que fue designada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que jurídicamente no tiene facultad alguna para intervenir en la entidad ni en el asunto de la epidemia ni en ningún otro.

Se trata de Elsa Julita Veites Arévalo, directora a nivel nacional del INAPAM y a quien el presidente mandó a Morelos a “apoyar” en la lucha contra la epidemia del COVID 19, igual que a otros estados con alto índice de contagio y de mortalidad.

Del análisis de su currículum se desprende –por principio de cuentas- que ya está en la edad considerada por la Organización Mundial de la Salud como “de alto riesgo”, por lo que debería estar resguardada en su casa. Es esperanzador saber que estudió Medicina en el Instituto Politécnico Nacional y que es muy cercana a López Obrador.

Ayer sostuvo reuniones con autoridades tanto a nivel estatal como municipal de Cuernavaca  a fin de conocer qué es lo que están haciendo en Morelos para reducir los efectos de la pandemia.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dio la bienvenida a Elsa Julita Veites Arévalo en el Centro Estatal de Contingencias COVID-19 Morelos, como enlace con el gobierno federal para temas relacionados con esta pandemia.

Y qué bueno que desde ayer quedó claro cuál va a ser su papel específico en todo esto: mantener una vinculación permanente para poder gestionar el equipo y de ser necesario el personal médico que requiera el estado en la atención de la contingencia.

Al menos eso fue lo que se dijo en esa reunión y lo remarcó por la tarde el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas en la ya tradicional conferencia de prensa.

Uno a uno, los responsables de las instituciones del Sector Salud explicaron a Elsa Veites la situación actual del panorama epidemiológico, la capacidad instalada con que se enfrenta el virus y las necesidades para tener mayor capacidad de respuesta.

Ahora, la enviada del presidente ya sabe que en Morelos nuestro principal problema es que la gente no entiende que debe permanecer en sus casas y que se muere un 13 por ciento de los infectados. Asimismo, que si seguimos al mismo ritmo de contagio en unos cuantos días no habrá camas suficientes para atender a la población afectada.

Si en los siguientes días se observa la llegada de más elementos de la Guardia Nacional para garantizar la inamovilidad de la gente y el equipamiento para médicos y enfermeras, asumiremos que sí sirvió de algo tener un enlace con la presidencia de la República.

Pero si observamos que todo sigue igual como hasta ahora, entonces nos preguntaremos para qué la mandaron si la estructura ya está y sólo se requiere que funcione eficientemente.

¿O vendrá a “palomear” las listas de proveedores?

Desde antes de que la doctora Veites hiciera su presentación oficial, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Jonathan Márquez, lanzaba las siguientes interrogantes:

1. ¿Dónde queda la responsabilidad del gobernador y de la secretaría de salud local? ¿Las decisiones de esta funcionaria federal estarán por encima del gobernador?
2. ¿Dónde queda la representación del súper delegado Hugo Flores? ¿Cómo distribuirán sus funciones entre ellos?
3. En relación con los ayuntamientos, ¿Veites, será su jefa? ¿Cómo se coordinará con ellos?
4. ¿Qué atribuciones presupuestales tendrá la delegada? ¿Con qué presupuesto contará su oficina?

“La falta de claridad sobre los objetivos de este nombramiento, sus alcances, su presupuesto puede solo complicar aún más la gobernabilidad en el estado. Es urgente se transparenten las funciones y atribuciones de esta nueva delegada así como el diagnóstico sobre el cual se decidió que era necesaria”, declaraba ayer por la mañana el joven dirigente del PRI.

Coincidentemente, fue cuando gobernaba el país ese partido cuando se puso en práctica la figura del “comisionado” o “virrey” como le decían en los círculos de la política. El 15 de enero del 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual creaba la figura del “comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de esa entidad” para su amigo Alfredo Castillo Cervantes.

La designación provocó polémica en las tierras michoacanas, pues en la práctica era una forma de decirle al gobernador constitucional Fausto Vallejo que estaba muy viejo para hacerse cargo del estado.

El joven abogado (íntimo amigo de Peña Nieto desde que era gobernador del estado de México) se dio el lujo de hacer designaciones como la del morelense Pedro Luis Benítez Vélez en la delegación de Sagarpa. Cuentan que casi todos los días llegaban a comer al restaurante “San Miguelito” de Morelia, acompañados de unas ocho o diez personas donde pagaban cuentas de varios miles de pesos.

El 22 de enero del 2015 dejó el cargo en medio de señalamientos de haber pactado con los grupos de la delincuencia organizada que operaban en Michoacán, de no haber bajado el índice delictivo y mucho menos el de pobreza. Pero seguía siendo el consentido de Peña Nieto, quien lo mandó de vacaciones a la Conade. Y allá también se llevó al morelense Benítez Vélez.

Una de las incógnitas con Alfredo Castillo fue ¿de qué partida sale su sueldo y qué rango tiene? Es la misma pregunta que nos hacemos con doña Elsa, porque si su labor va a ser mucho más allá de “echarle un ojo” a lo que hacemos los morelenses con respecto al COVID 19, justo es que tenga una remuneración.

Además, con Alfredo Castillo hubo un nombramiento por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que le dio formalidad, en tanto que –como ya es una costumbre de nuestro presidente- la designación de la doctora Elsa fue “de palabra”.

HASTA MAÑANA.

La justicia en Morelos no podía estar en peores circunstancias, pues por una parte los tribunales se encuentran cerrados por una pandemia que no se sabe para cuándo acabe, y los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia –máximo órgano del Poder Judicial- se están enfrascando en una guerra cibernética en torno a la designación el pasado cinco de mayo del magistrado Rubén Jasso Díaz como presidente a partir del primer minuto del 18 de mayo.

A raíz de esa sesión (sin público pero con transmisión en Facebook) los magistrados que no convalidaron dicho nombramiento enviaron un documento al Poder Ejecutivo y otro al Poder Legislativo, en el que solicitan su intervención para impedir que se consuma lo que ellos consideran una ilegalidad.

En respuesta, la magistrada presidenta Carmen Cuevas emitió un comunicado en el que expresa que dicha queja “plasmada de animadversiones, atienden más a un sentido estrictamente “POLÍTICO” (se respetan mayúsculas y comillas del texto original), ya que CARECE DE TODA VALIDEZ LEGAL, pues será ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL ÁMBITO JURISDICCIONAL COMPETENTE, quien pueda cambiar el carácter de validez y legalidad que tiene hasta el momento el resultado de dicho ejercicio colegiado y democrático”.

Y los disidentes le contestan en otra misiva (casi estoy seguro que el redactor es Juan Emilio Elizalde, quien fue periodista antes de ser abogado):

“No es desconocido que los tres poderes del Estado gozan de autonomía, lo cual no significa que cada uno puede hacer por sí lo que le venga en gana y menos en tratándose de buscar, como al caso, aviesos fines, violando burdamente lo que le da vertebración a la vida pública; el estado de derecho. En dicha misiva, no solo se le pone en conocimiento al Jefe del Poder Ejecutivo y a la Soberanía del Estado de la mascarada “colegiada” y “democrática” que fraguaron y ejecutaron nueve magistrados encabezados por la señora Cuevas, sino, lo más importante, para hacerlos corresponsables de que ejercitadas las acciones que la conducta amerita en las instancias correspondientes actúen en consecuencia en oportunidad y con toda firmeza dentro del ámbito de su competencia y responsabilidad constitucional”.  

Sostiene la actual presidenta del TSJ que la autonomía e independencia del Poder Judicial está garantizada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. La división de Poderes en la entidad la tutelan los artículos 20 y 21, estableciendo el 86 en quien se deposita el poder judicial, así como el 91 donde “exclusivamente  los magistrados integran el Pleno a quien en términos del 94 corresponde elegir a su presidente SIN INTERVENCIÓN DE NINGÚN OTRO PODER, o que para la validez de dicha elección se requiera la aprobación de los otros dos Poderes”.

Contestan los disidentes:

“…la elección del representante del Tribunal Superior de Justicia corresponde cierto a los ahora 18 magistrados pero en un pleno legalmente constituido, y para que esto suceda, dice su Ley Orgánica en su numeral 30, debe suceder en una sesión de pleno extraordinaria, a la cual asistan dos terceras partes de sus integrantes, esto es, al menos doce magistrados para ser calificada de legal. Luego entonces, se sobreentiende que la “elección” de Rubén Jasso Díaz esta fuera de toda legalidad y de ahí que como bien ya se dice, es un pretendido presidente espurio”.

Insiste Carmen Cuevas en que los 18 magistrados que integran el Pleno del TSJ FUERON DEBIDA Y LEGALMENTE CONVOCADOS por la Oficial Mayor del TSJ, Carmen Paulina Toscano Vera, en términos del acuerdo aprobado con 17 votos a favor y uno en contra, en sesión ordinaria de Pleno el 16 de abril de 2020, relativo a la notificación por vía electrónica en sus aparatos telefónicos y correos electrónicos institucionales proporcionados y subsidiados a cada uno de ellos por el TSJ.

Y le contestan:

“De que los 18 magistrados fuimos debida y legalmente convocados, es de hacer saber que el acuerdo  previo tomado por unanimidad  para aceptar ser notificados por vía digital, dimano debido a la contingencia de sanidad, tratando de evitar que al concurrir de manera física al Salón de Plenos para darle continuidad a las prórrogas de suspensión de actividades -siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud- se salvaguardara la salud del personal que por obviedad debe movilizarse para celebrar un pleno presencial y de los magistrados, dentro de los cuales hay algunos en edad clasificada de alto riesgo”.

Arremete Carmen Cuevas:

Dicha inconformidad fue generada por ellos mismos, por su propia y única irresponsabilidad, falta de compromiso social y profesionalismo al haber decidido NO ASISTIR a la convocatoria de la sesión para cumplir con su obligación legal y constitucional. Lo que ha sido una práctica reiterada en el casi último año, con el argumento de no estar  supeditando   el   interés   público   al   interés   particular y caprichoso  de   los Magistrados inasistentes.

La respuesta:

“Imputar y calificar de irresponsables y falta de compromiso social a quienes no nos prestamos a su farsa de elegir presidente en un Pleno Solemne, denota solo la expresión viva del cinismo, ya que si bien los nueve magistrados que defendemos a ultranza la legalidad no asistimos a su dichoso e innecesario pleno solemne, convocado a las nueve horas, si participamos en un extraordinario fijado para las diez horas de ese mismo día cinco de mayo del año en curso, en el cual con catorce votos a favor se aprobó para efectos administrativos y procesales -ya que había en este pleno quorum legal- extender la prorroga hasta el 31 del mes que transcurre”. 

Señala la presidenta que entre los nombres de los magistrados del TSJ, se encuentra el de Guillermina Jiménez Serafín, quien NO ES MAGISTRADA DEL TSJ, ya que se encuentra suspendida de su nombramiento y funciones establecido en la controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  354/19, por lo que al ostentarse como tal comete un delito pues la referida suspensión se confirmó en Sesión de la primera sala de la SCJN  al declarar infundado el incidente de reclamación 198/2019.

Y le contestan:

“Esa es otra de sus burdas y acostumbradas falacias de la señora Cuevas, ya que es Magistrada, como puede validarlo el único Poder Público facultado para ello, que es el Congreso del Estado, y si, efectivamente, el hecho de que no esté en funciones, no importándole que una Sala, como lo es la Auxiliar, no esté debidamente integrada, en gracias a que en su reprobable y no menos condenable mezquindad, egoísmo y falta de solidaridad con una compañera de Pleno y género, interpuso una controversia. 

Y rematan los “disidentes”:

Finalmente, el exhorto a la unidad y “dejar atrás las descalificaciones y denostaciones que en nada abonan a la UNIDAD que requiere y merece el Máximo Órgano de justicia Estatal”, es la expresión viva de la desfachatez, más aún cuando alegan que “Es tiempo de dignificar el honorable cargo que ostentan”, cuando es este grupo de magistrados, irrumpen la legalidad y con su vergonzante conducta afrentan y denigran una responsabilidad que le fue conferida y la que hipócritamente desdeñan. La lucha al interior del Tribunal Superior de Justicia que damos los firmantes no es de poder como falsamente pregonan quienes no encuentran eco en nosotros sus mezquindades, sino de legalidad, basados en que cuanto tuvimos el alto honor de ser honrosamente designados por el Congreso del Estado magistrados del Tribunal Superior de Justicia, protestamos ante esta soberanía, donde reposa la voluntad del pueblo de Morelos, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan y no lo contrario como por quienes tarde que temprano, tal como condena dicha ordenanza, la nación y el pueblo se los habrá de demandar.  

Atentamente y comprometidos con la legalidad: Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez y Juan Emilio Elizalde Figueroa.

HASTA MAÑANA.

Hasta ayer, las cifras oficiales (que por lo regular no suelen ser las reales) marcaban 668 personas contagiadas por el coronavirus y 87 fallecimientos en territorio morelense, pero lo más preocupante es que dentro de esa cifra tenemos a 98 médicos y enfermeras que dieron positivo al covid 19 y lamentablemente ya se tuvo el primer deceso en las filas del personal médico.

Los médicos, enfermeras y en general la gente que trabaja en los hospitales se han convertido en la parte heroica de esta pandemia, pues prácticamente están dejando su vida en la línea de batalla de esta “guerra”.

Provoca una mezcla de tristeza e impotencia leer los últimos mensajes del joven médico Mauricio Toledo escritos en sus redes sociales y que dirige a su hija.

“Elegí ser del lado de los que sacrifican los momentos y las personas que aman por el bienestar de la sociedad. Y aunque esos dos metros de distancia no me impedirán verte, duele tanto tener al ser humano que más amas en la tierra y no poder abrazarlo”, dice el mensaje publicado por sus amigos.

“Una vez más por el amor a la vida, porque si no haz de curar alivia el sufrimiento. Porque sé que mi angelito me espera todos los días después del trabajo, por mi esposa y por mi familia (y mi segunda familia que es la del hospital) acá vamos de nuevo”, escribió el 22 de abril antes de iniciar su turno.

Mauricio Toledo es el primer médico morelense (y esperamos sinceramente que no haya más) que murió víctima del coronavirus.  Consterna el saber que el único consuelo que le darán a su esposa y a su hija es decirle que murió como un héroe luchando en la línea de batalla.

Todos hubiéramos querido saber más detalles sobre cómo ocurrió su muerte, pero a la pregunta hecha por la reportera Verónica Bacaz en la conferencia diaria que ofrece la Secretaría de Salud, la respuesta fue muy general y no aportó nada nuevo.

“Al doctor Toledo no sólo lo mató el coronavirus; él es una víctima más de la indolencia, irresponsabilidad, indiferencia e incapacidad de las autoridades y la sociedad morelenses”, dijo en un video publicado en redes sociales el médico Abimelec Morales Quiroz, médico legal y ex director de Servicios Periciales en la Fiscalía General del Estado.

Y en este triste escenario –apunta el doctor Abimelec-  el negocio de la muerte se hace presente dentro y fuera de las unidades hospitalarias y el sistema de salud; ante la inoperancia y posible corrupción de todos los niveles de gobierno en torno a la compra de insumos y equipo para el personal médico, en cuestión de semanas ha surgido una cantidad impresionante de “proveedores y vendedores” de equipo supuestamente especializado.

No dudamos que en algunos casos haya buenas intenciones, pero en ambos casos priva la falta de conocimientos técnicos sobre los requerimientos que deben tener dichos insumos y aquí es donde comienza el problema real.

“En su desesperación, médicos, enfermeras, y la mayor parte del personal de salud está buscando hacerse por sus propios medios de este equipo, mucho del cual es de dudosa procedencia, lo que genera un riesgo mayor de contagio sin que las autoridades de salud tomen las riendas del tema, asuman su responsabilidad y les den en tiempo y forma lo necesario para enfrentar esta batalla”, afirma.

Cubrebocas, trajes de seguridad, gogles, “kits” completos que pueden ir desde los mil hasta los dos mil pesos y que tienen que ser pagados por el personal de salud aterrorizado que día con día arriesga su vida sin que exista un reconocimiento ni cuidado institucional hacia ellos.

Y es que explica el experto que los trajes de bioseguridad no son “fundas corporales” que se puedan hacer con cualquier material, deben tener características especiales, que si no se cumplen se corre un doble riesgo para quien lo porte. Se están ofreciendo trajes de seguridad manufacturados por costureras, sin las condiciones ni materiales adecuados; lo mismo ocurre con mascarillas, caretas, y demás equipo.

Y ante todo esto tenemos declaraciones ante los medios de comunicación de los directivos de los hospitales diciendo que no hay desabasto, que el personal está cubierto, como lo hizo Eduardo Deloera Ruíz, el administrador del Hospital José G. Parres.

“Si esto fuera cierto, este mercado negro no existiría, no nos engañemos, porque este engaño puede causar la muerte de mucho del personal de salud en la entidad y eso no sería culpa del COVID sino de quienes están reteniendo el material y el equipo que tiene que estar en las áreas de atención”, reprochó Abimelec.

Pero los problemas no solamente son para los médicos y enfermeras que trabajan en hospitales. Hemos sabido que también en los asilos de ancianos hay enfermeras a las que prácticamente tienen “secuestradas” en ¡turnos de 30 días! sin que les provean del equipo necesario para estar a salvo del mortal virus. Tienen que aceptar las condiciones de sus patrones porque si renuncian ahora y después se enteran que están contagiadas (o contagiados porque también hay personal masculino) no habrá quién se haga cargo de los gastos que genere su atención médica.

En todo esto los ciudadanos también tenemos mucho de culpa. No podemos dejarle toda la responsabilidad a las autoridades si nosotros los ciudadanos fuimos los que no acatamos las medidas que nos han venido recomendando desde hace un par de meses.

Este fin de semana será crucial para el desenlace de la pandemia, pues se juntan varios factores como es la celebración del día de las madres, el pronóstico de que se dará “el pico de la curva”, pero también la desesperación de la gente que ya lleva desde el 18 de marzo recluido en sus casas.

Lamentablemente –dicen los expertos- de muy poco servirá que ahora sí (cuando ya están viendo los muertos) los que no guardaron la cuarentena se recluyan en sus casas. Sólo llevarán el virus a sus hogares y quizás ellos no mueran, pero sí sus familiares de mayor edad o enfermos.

Reiteramos: desde aquí nuestro reconocimiento a esos hombres y mujeres que trabajan en el sector salud y que arriesgan su vida por personas que quizás ellas mismas propiciaron su enfermedad al no respetar las indicaciones sanitarias.

HASTA EL LUNES. 

Todavía no asume la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y el magistrado Rubén Jasso Díaz ya ha sido tachado de todo. Lo menos que le han dicho es que es “graquista”, que llega a “cuidarle las espaldas” a la actual presidenta Carmen Cuevas, y que quien mandará en el TSJ será su papá.

Como ya es de todos sabido, el pasado martes 5 de mayo se llevó al cabo la Primera Sesión Extraordinaria de Pleno Público Solemne, (transmitida en vivo por la cuenta oficial de Facebook “TSJMorelosOficial” ante la vista de 13,678 personas) se eligió por unanimidad de los magistrados presentes a su homólogo, magistrado Rubén Jasso Díaz como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el periodo comprendido del 18 de mayo de 2020, al 17 de mayo de 2022.

Tras el pase de lista, los nueve magistrados presentes decidieron por unanimidad de votos continuar con la Sesión de Pleno “en virtud de la inasistencia injustificada de nueve de sus compañeros a las sesiones del pleno por no existir impedimento legal alguno para continuarla, lo que ha sido una práctica reiterada en el casi último año, con el argumento de no  estar  supeditando   el   interés   público   al   interés   particular y caprichoso  de   los Magistrados inasistentes”, mencionó el comunicado oficial que emitió la todavía magistrada presidenta.

Y ya lo referíamos ayer que esa foto donde Rubén está rindiendo protesta será histórica, pues lo hace con el rostro cubierto con un cubrebocas y con guantes por recomendación de las autoridades sanitarias derivado de la epidemia conocida como covid 19.

La foto oficial, en lugar de ser con los magistrados formados hombro con hombro dando una imagen de unidad, ahora fue con metro y medio de separación entre uno y otro.

Mencionábamos en nuestras redes sociales que la designación del titular con nueve votos no tenía precedentes en la historia, pero inmediatamente el magistrado Manuel Díaz Carvajal atajó en Facebook: “No, en mayo de 2014 la elección también se decidió con el voto de nueve magistrados”. Y tiene razón.

Bueno, de hecho la sesión de aquel 14 de mayo del 2014 comenzó con ocho magistrados (siete numerarios y la presidenta, Nadia Luz Lara Chávez). Cuando la oficial mayor iba a dar lectura a la orden del día, la magistrada presidenta la interrumpió para manifestar que, en virtud de que los magistrados ausentes fueron debidamente notificados y no acudieron “se procede en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley Orgánica del Poder Judicial a cubrir en el orden que el Pleno determine la ausencia temporal del magistrado que por número le corresponda, y asimismo sustituirlo por un magistrado supernumerario a efecto de que se lleve a cabo esta sesión de Pleno”.

En cuestión de minutos Guillermina Jiménez Serafín fue declarada magistrada numeraria en sustitución de Carmen Cuevas y enseguida se procedió a iniciar la sesión que tenía como único punto la elección del magistrado presidente para el periodo 2014 al 2016, reeligiéndose así Nadia Lara.

Sí, la misma que el martes aprovechó la conferencia de prensa que ofreció Carmen Cuevas y esperó a los reporteros en las escaleras para declarar que la sesión en la que designaron presidente a Rubén Jasso fue ilegal pues sólo acudieron nueve de los 18 magistrados, y el resto no fue debidamente notificado.

Sin embargo, en el referido comunicado de prensa que emitió la oficina de Comunicación Social (muy sui géneris por cierto), se advierte que en la sesión programada para las 10 de la mañana, con la intención de alargar el periodo de inactividad derivado de la epidemia, acudieron además de los nueve magistrados presentes en la sesión de las nueve horas ya citados, los magistrados Nadia Luz María Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Rocío Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Ángel Garduño González, “lo que evidencia que dichos magistrados, sin razón ni motivo legal alguno, decidieron de manera caprichosa asistir a un pleno y al otro no, pues fueron convocados de la misma manera y a la misma hora a ambos” .

Y remata el boletín (que escribió el jefe de prensa pero que parece que estuviéramos escuchando a Carmen Cuevas):

“Existiendo otros como Carlos Iván Arenas Ángeles quien asistió a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia desde muy temprano pero no asistió a ninguna de las sesiones del Pleno llevadas a cabo el día de hoy por razones desconocidas, Norberto Calderón Ocampo y Jorge Gamboa Olea ése último quien prefirió asistir al programa de radio el Txoro Matutino que al Pleno a cumplir con su obligación legal y constitucional”.

Fue en ese programa precisamente (como derecho de réplica después de que Jorge Gamboa “se descoció” en contra de sus nueve compañeros) que Rubén Jasso aclaró ayer que ni es graquista, ni panista, ni mucho menos representa los intereses del partido en el poder.

Y nos consta que es así.

Rubén Jasso fue designado magistrado numerario en 2009 durante el gobierno del panista Marco Adame Castillo. En ese “paquete” iban también María Idalia Franco Zavaleta, Ángel Garduño González y Carlos Iván Arenas Ángeles, así como Norberto Calderón Ocampo.

Rubén entró como propuesta del PRI (partido en el que militó su padre, Felipe Jasso Escobar), pero más bien como un reconocimiento a la carrera judicial de quien comenzó a trabajar como secretario de acuerdos apenas terminando la carrera de Derecho en la UAEM.

En aquel tiempo (antes de que entrara en vigor “el regalo de Graco”) los magistrados tenían que ser evaluados y ratificados a los seis años.

El 17 de julio del 2015 concluyeron su periodo de seis años los magistrados antes mencionados. Dos meses antes, mediante un acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, se determinó que sólo se someterían a votación del pleno cuatro dictámenes de los cinco magistrados que se encontraban en evaluación, dejando fuera a Norberto.

Luego, determinó dictaminar en contra de la permanencia de Carlos Iván Arenas, Ángel Garduño y María Idalia Franco, ratificando solamente a Rubén Jasso. Al final todos se quedaron mediante amparos.

En esa ocasión, quien le hizo creer que le debía su ratificación en el Congreso fue el entonces consejero de la Judicatura, Julio Ernesto Pérez Soria, quien le cobraría con creces el favor. Pero  -como decía aquel anuncio de televisión- esa es otra historia.

HASTA MAÑANA.

Todavía el lunes por la tarde-noche magistrados del Tribunal Superior de Justicia cabildeaban la posibilidad de lograr una elección que pudiera dar muestras de unidad y terminar con el empate de nueve contra nueve que había venido prevaleciendo al interior del Pleno, pero después de las nueve de la noche, la presidenta Carmen Cuevas dio la orden: “vamos con Rubén, con los votos que tenemos”, y lanzó la convocatoria para el día siguiente a las nueve de la mañana.

Así, a las 9:40 del martes cinco de mayo se cumplía el protocolo de la votación y el magistrado Rubén Jasso Díaz protestaba formalmente como presidente del TSJ de Morelos, en una inusual ceremonia ante un auditorio vacío y con el rostro cubierto con un cubrebocas.

“Nos dieron madruguete, pero no vamos a convalidar esa elección que es la continuidad de Carmen Cuevas”, me confió un magistrado del grupo “disidente” el lunes por la noche. Y efectivamente, no se presentaron a la sesión que tenía como único punto la elección del presidente para el periodo 2020-2022.

Y es que el grupo de los disidentes se fracturó. No fue bien visto que uno de sus miembros, Carlos Iván Arenas Ángeles, comenzara una campaña que incluyó reuniones con grupos sociales y conferencias de prensa, haciendo declaraciones “como si ya fuera el presidente”. El jueves 30 Carlos Iván anunció que retiraba su candidatura.

Surgió entonces la posibilidad de que quien encabezara a los disidentes fuera la magistrada Rocío Bahena Ortíz, con una larga trayectoria dentro del Poder Judicial. Pero no logró convencer a ninguno de los magistrados leales a la todavía presidenta.

En ese grupo, Carmen Cuevas alentó las aspiraciones de sus compañeros de grupo Manuel Díaz Carvajal, Elda Flores León y Rubén Jasso Díaz, pero ninguno de ellos logró la simpatía de la disidencia. Un solo voto hubiera sido suficiente para romper el empate.

Así llegaron a la hora fijada para elegir a quien sustituiría a la polémica presidenta Carmen Cuevas. Puntuales: Elda Flores León, José Valentín González García, María Idalia Franco Zavaleta, María del Carmen Aquino Celis,  Manuel Díaz Carbajal,  Miguel Ángel Falcón Vega, Rubén Jasso Díaz, María Leticia Taboada Salgado y  María del Carmen Verónica Cuevas López.

Tras verificar que había nueve de los 18 magistrados que conforman el Pleno, la magistrada Cuevas hizo notar que “de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que si bien es cierto que el ordenamiento prevé que para ello se requiere las dos terceras partes, también lo es que el único impedimento que establece para la continuación de esta audiencia, es que alguno de los magistrados no estuviera debidamente notificado y que en el caso no es así ya que se notificaron oportunamente, en tal virtud no existe impedimento para la celebración de esta sesión”.

Rubén Jasso secundó a la magistrada presidenta, recordando que en la sesión del 14 de mayo del 2014, también había solamente 9 magistrados, mismos que votaron a favor de llevar a cabo la sesión en la que fue reelecta la presidenta Nadia Luz María Lara Chávez. “También estuvieron los magistrados Rocío Bahena Ortiz, Ángel Garduño González y Jorge Luis Gamboa, y bajo ese criterio que ellos adoptaron en esa ocasión, creo que estaríamos en condiciones de continuar con esta sesión”, acotó.

- Considero presidenta que con los antecedentes a los que usted ha dado lectura nos encontramos en condiciones perfectas para poder continuar con esta diligencia- secundó.

-Yo estuve en esa sesión de pleno solemne del 2014 y voté a favor de continuar con 9 asistentes, así que hoy por congruencia voto en el mismo sentido-, ofreció Valentín González.

-El personal del magistrado Carlos Iván Arenas y del magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa trajo sus togas a los lugares de cada uno de ellos, lo que implica que tenían conocimiento y que iban a venir a la sesión de pleno porque sus togas están aquí en este momento- apuntó la magistrada Elda Flores León.

-Considero que ya es momento de sentar un precedente para imponer sanciones a los magistrados por no venir a las sesiones- sugirió la magistrada Leticia Taboada.

El magistrado Miguel Ángel Falcón Vega permaneció callado toda la sesión. Quizás recordando aquellas imágenes cuando enfurecido se levantó de su asiento, sentó de un empujón al magistrado Valentín González y caminó hasta el lugar donde estaba sentado el magistrado Jasso y le propinó un derechazo que afortunadamente no atinó.

Manuel Díaz Carvajal tampoco habló. Durante mucho tiempo circuló la versión de que él era el idóneo para sustituir a Carmen Cuevas pues había sustentado legalmente muchos de los documentos que la presidenta presentó como suyos. Pero al final tuvo que disciplinarse.

Tanto Falcón Vega como Díaz Carvajal votaron por Rubén Jasso para que pudiera asentarse que fue electo “por unanimidad de los magistrados presentes”. Sin embargo, en los hechos tiene a la mitad de los magistrados en contra.

Rubén Jasso Díaz tendrá que ser muy hábil para sortear las vicisitudes que implican ocupar la titularidad del Poder Judicial. Afortunadamente la relación personal con los magistrados disidentes es cordial y poco a poco puede ir logrando su apoyo para que el TSJ no se vea como un poder dividido y conflictuado.

Lo más difícil será quitarse el estigma de que fue “el candidato de la presidenta”, y que por lo tanto le debe sumisión. Algunos medios de comunicación le pusieron el mote de “graquista” pero eso es porque no le encontraron algo negativo y con eso tratan de desacreditarlo.

Rubén es miembro de una familia de abogados. Su padre, Felipe Jasso Escobar, fue presidente de la Barra de Abogados, en tanto que su hermano Martín es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

Es egresado de la Facultad de Derecho de la UAEM, generación 1990-1995; maestro en Procuración y Administración de Justicia por esa misma casa de estudios y doctor en Derecho por el extinto CIDHEM. 

Conoce perfectamente el Tribunal Superior de Justicia, no solamente porque fue juez menor y de primera instancia antes de ser magistrado, sino porque representó a los magistrados en el extinto Consejo de la Judicatura, órgano que se encargaba de todas las cuestiones administrativas.

Como verán, la preparación académica y la trayectoria la tiene, solamente falta ver qué tan hábil es en el manejo político.

HASTA MAÑANA.

En los límites de Jalisco y Michoacán, 25 personas han muerto y otras 30 están graves por haber consumido una bebida denominada “El Chorrito” (muy parecida al Tonayán que se expende en Morelos) en el que utilizaron el alcohol industrial denominado metanol en lugar del etanol que comúnmente se usa para elaborar todo tipo de vinos y licores.

Las edades de los fallecidos van de los 31 a los 83 años; en tanto que los hospitalizados, son desde 22 hasta 83 años. Pertenecen a las poblaciones de El Terrero, Soyatlán de Abajo, La Garita, El Aguacate, La Estancia, Arroyo Hondo, Contla, así como de la cabecera municipal de Mazamitla y Tamazula. La mayoría de ellos pertenece al “escuadrón de la muerte”, como se les dice a los “teporochos” que toman alcohol casi puro.

En diciembre de 1994 el municipio de Temixco fue escenario de lo que algunos todavía recuerdan como “El Metanolazo”, que tuvo consecuencias legales, sociales y políticas. Después del 12 de diciembre la Procuraduría de Justicia detectó algo singular: todos los levantamientos de cadáveres tenían como factor común la ingesta del mezcal “Chichihualco”. Los que no se habían muerto, habían quedado ciegos.

Un documento de la Contraloría del Estado (citado por Oscar Sergio Hernández Benítez en su libro “La construcción de la democracia en Morelos”, asegura que fueron 119 afectados, de los cuales 49 fallecieron y otros quedaron con ceguera definitiva.

La investigación a cargo del contralor Javier Rueda Velázquez concluyó que el alcalde había sido omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de licencias y supervisión sanitaria a establecimientos comerciales.

Según la Contraloría, los responsables del “Metanolazo” fueron, además del presidente municipal, el subsecretario de Salud, Javier Martínez León; Fernando Velásquez Rivera, director de regularización y fomento sanitario y José Maldonado Obregón, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno.

La Procuraduría de Justicia declinó competencia al Ministerio Público federal y fue la PGR la que continuó las investigaciones. Se descubrió que las bebidas mortales provenían de una destiladora clandestina que operaba en la calle Virginia Fábregas, en la colonia Presidentes.

Los primos Sergio y Alejandro eran quienes estaban directamente encargados de la destiladora. Ellos le compraron los dos tambos de metanol a una persona de Lomas del Carril a la que sólo conocían como “Don Chano”, quien a su vez la consiguió de una petroquímica del estado de México donde sus dos hijos, ambos militares, estaban encargados de la vigilancia.

Los muchachos le echaron alcohol industrial en lugar de etanol a las bebidas que preparaban clandestinamente y que distribuían en las tienditas de las colonias de esa zona. Cuando supieron que la gente se estaba quedando ciega trataron de recuperar el producto pero ya no pudieron.

En el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca, bajo la causa penal 162/94, quedó registrada la orden de aprehensión en contra de Guillermo y Luis Federico, ambos de apellidos Díaz Rubio, por ser los propietarios de la destilería ubicada en la calle Virginia Fábregas de la colonia Presidentes del municipio de Temixco, así como un hijo de cada uno de ellos. Guillermo obtuvo su libertad bajo fianza el 13 de julio de 1995, pero ya no regresó a firmar como estaba obligado, y el 17 de mayo de 1999 el juez lo sentenció a ocho años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como adulteración de bebidas alcohólicas.

Aunque en el documento arriba mencionado se decía que fueron 49 los muertos, en el expediente sólo aparecen ocho como las víctimas del fatal descuido de los dos muchachos que así pretendieron ahorrarse unos pesos en la materia prima.

En el aspecto político, el Congreso del estado determinó que el único responsable de las muertes por metanol fue el alcalde César Aquiles Cruz Ortíz.

Por primera vez en la historia de Morelos se puso en práctica una figura que ya existía pero que nunca antes se había aplicado.  El juicio político fue desahogado en el Congreso por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. El 24 de enero, la Gran Comisión dio entrada e inició el juicio político en contra del presidente municipal priísta. El 11 de abril los diputados aprobaron por mayoría de votos el dictamen en contra de Cruz Ortíz y el 21 de junio el Tribunal Superior de Justicia (encabezado por el magistrado Jesús Bello Espíritu) declaró la sentencia ya mencionada.

En el decreto número 217 de fecha 11 de abril de 1995 publicado en el Periódico Oficial se indica que César Aquiles Cruz Ortiz fue inhabilitado del cargo de presidente municipal por violación a varios cargos tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

Precisa que una vez que el Congreso local lo encontró culpable de los cargos mencionados, el caso fue turnado al Tribunal Superior de Justicia de la entidad, en donde los magistrados nombraron una comisión integrada por los magistrados Ricardo Rosas Pérez, José Pérez Gil y Salazar, así como el propio presidente Bello Espíritu. Decidieron inhabilitar al ex alcalde por ocho años, sin embargo, posteriormente mediante un amparo logró reducir la sentencia a seis años sin poder ejercer en la entidad morelense.

Cobijado por su partido, el Revolucionario Institucional, César Cruz Ortíz no se quedó sin chamba. Le dieron un cargo en Caminos y Puentes Federales y en 1998 entró a trabajar a la Procuraduría de Justicia con su amigo José Castillo Pombo. Por estar inhabilitado, César no aparecía en nómina, pero tenía una oficina y disponía de vehículos y personal como cualquier funcionario.

En 2009 fue el primer oficial mayor en el gobierno municipal de Manuel Martínez Garrigós, ya que para ese momento la inhabilitación había sido superada.

Hasta la fecha nadie sabe qué fue lo que le hizo César Cruz al entonces gobernador del estado, pues muchos de los protagonistas de ese episodio de la política morelense consideran que si hubiese querido, Carrillo Olea pudo haber ayudado a su compañero de partido.

Pero fue al contrario. La línea lanzada desde Palacio de Gobierno, tanto a diputados locales como magistrados, fue que el proceso de juicio político se fuera hasta sus últimas consecuencias, sin imaginarse que tres años más tarde, sería el general Carrillo Olea quien estaría como acusado en su respectivo juicio político. Como ya es sabido, el general pidió licencia para separarse del cargo el 15 de mayo de 1998.

Fue hasta el 27 de abril del año 2000 cuando concluyó el Juicio Político contra Jorge Carrillo Olea. Ese día, el pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó por unanimidad la sentencia: destitución del cargo; inhabilitación por 12 años y dar vista al Ministerio Público para que determinara si se configuraba algún delito.

“Enfermarse de covid 19 será como una gripa. Te quedas unos días en tu casa y después regresas a tu vida normal”, era lo que pensaba el ciudadano común. Las noticias de cientos de muertos e imágenes de cadáveres en las calles venían de lugares tan lejanos que parecían más que imposibles.

Quizás los gobiernos equivocaron el mensaje al mostrar decenas de camas ya listas para recibir a los enfermos que no se veían por ninguna parte y sólo aparecían en las gráficas de Hugo López Gatell y su frase “Quédate en casa” que de tanto repetir se volvió inverosímil porque los hospitales seguían vacíos.

“Si me comienzo a sentir mal, tomaré el teléfono y llamaré al 911 y diré: ʹcreo que tengo coronavirusʹ, e inmediatamente llegará una ambulancia con unos hombres cubiertos todos de blanco y me subirán a una camilla especial como de astronauta y me llevarán a un hospital, me asignarán una cama y me pondrán un aparato que me ayudará a respirar mientras mi organismo saca al bicho”. Al fin y al cabo, los respiradores serán asignados a las personas más jóvenes.

“Pobres viejitos, se van a morir pero… pues es una depuración natural que ocurre cada cien años”, pensaban.

Y la entrevista a una vendedora ambulante en el estado de Guanajuato que se hizo viral en las redes sociales: “Sí estamos asustados pero ¿quién chingados te va a mantener?”. Unos por necesidad y otros por “dejadez” pero seguían en las calles.

Fue a finales de abril cuando la realidad nos sorprendió. Ahora las personas fallecidas ya no eran desconocidas. “Falleció el maestro Camilo”, trascendió en las redes sociales del sector magisterial de Morelos.

“Hoy estoy muy triste, lamentablemente falleció mi gran amigo Cayo Lezama, líder luchador de izquierda. Hombre honesto y trabajador víctima del Covid 19. Hoy más que nunca quédate en tu casa, no arriesgues a tus seres queridos, si no tienes actividades esenciales, no salgas”, escribió la senadora Lucía Meza Guzmán en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Y las imágenes que nos habían estado llegando desde otros países, ahora las podíamos ver pero con escenarios de Morelos. Hombres vestidos con trajes especiales rociaban el cuerpo de una persona antes de bajarla de un taxi frente a los bomberos de Civac.

¿Eran elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) los que se llevaron el cuerpo? No, increíblemente eran empleados de una empresa funeraria. Al haber quedado en la vía pública, forzosamente se tenía que haber dado aviso al Ministerio Público, pero no fue así. Hubo polémica en las redes sociales porque los empleados de la funeraria utilizaron el protocolo para covid, pero los taxistas decían que no había muerto de eso, sino de un infarto.

Nunca sabremos la verdad, pues la Fiscalía no registró ese fallecimiento y mucho menos hizo necropsia, en tanto que Seguro Social tampoco lo contabilizó. Si el cuerpo fue cremado, no puede determinarse la causa de muerte.

Una prima que trabaja en una funeraria de la ciudad de México, me escribió lo siguiente:

“Ahorita voy saliendo a un día más de trabajo, de angustia porque los casos han aumentado este mes. Comenzamos con una llamada cada tercer día, y hoy hemos llegado a recibir hasta 8 llamadas en un turno de 24 horas por fallecimiento por Covid 19.

“Lo más difícil es cuando llega el momento de decirle a la familia que no lo puede velar, que por protocolo es directo del hospital al crematorio (25 mil pesos en CDMX; 15 mil en Morelos).

“Nosotros dentro de la oficina prepararnos para recibir a solamente una persona familiar que seguramente tuvo contacto con la persona que falleció. Vives con angustia y te preparas con cubreboca,  guantes bata, quirúrgica y esperar a que entiendan que no puede pasar más de una persona a un espacio de dos por dos para arreglar todos los detalles de esa cremación de su ser querido.

“¿Cómo decirle que no va a poder despedirse de él,  ves ese dolor, esa angustia y tienes que lidiar con ello.  La angustia también de que estás en contacto con personas que estuvieron cerca con gente que murió por esta enfermedad y que tú tienes el riesgo de contraerlo y contagiar también a tus hijos”. 

Pero el caso más cercano fue el de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel García Tapia, hijo de don Alfonso García Bueno, hermano de José Luis y primo de Alfredo Salazar, todos ellos reconocidos periodistas.

Ahí es cuando te topas repentinamente con la realidad y te das cuenta que lo que dicen en las conferencias de prensa son más bien los deseos de los funcionarios y no lo que está ocurriendo realmente. Para saberlo habría que ir a las áreas de urgencias de los hospitales del IMSS, de la Secretaría de Salud y del ISSSTE.

“Regrese si se siente peor”, le dijeron a Mike cuando acudió por primera vez al hospital Parres como un ciudadano más. Y es que en esos hospitales no están aceptando gente que llegue por su propio pie, tiene que llegar en ambulancia o ya mostrando una crisis respiratoria.

El viernes los nosocomios estaban llenos al 80 y 90 por ciento. Hoy lunes seguramente ya están hasta el tope.

Y es que por lógica: si antes de la epidemia nuestro sistema de salud era insuficiente, y lo podíamos ver con la gente hacinada en camillas y sillas, ahora imagínese con cientos de pacientes que para ser atendidos se requiere usar equipo especial.

También es entendible la posición de muchos médicos y enfermeras que han preferido renunciar que enfrentarse a la pandemia del covid 19.

Muy caro pagaremos como sociedad el no haber hecho caso a las recomendaciones. Esperemos que los videos de la irrupción violenta de familiares en un hospital de Ecatepec para encontrarse con una pila de cadáveres hacinados, sirva para concientizar a tanta gente que sigue viviendo (y celebrando) como si nada pasara.

¿Querían ver muertos? Pues ahí los tienen.

HASTA MAÑANA.

El Poder Judicial de la Federación declaró suspendidas las actividades hasta el cinco de mayo y ayer amplió el plazo hasta el último día del referido mes. Los tribunales de la Ciudad de México, Puebla y Guerrero hicieron lo propio también, por lo que sólo es cuestión de días para que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos sesionen y emitan una circular en el mismo sentido.

Si de por sí la impartición de justicia en este país es lenta, imagínese usted qué va a pasar con los miles de expedientes que –ahora sí literalmente- “duermen el sueño de los justos” mientras los empleados de los juzgados permanecen encerrados en sus casas cobrando sin trabajar. No es su culpa, eso es cierto, y tampoco están de vacaciones.

Y ya ni hablamos de los que están privados de su libertad en alguno de los centros de reclusión que tiene el sistema penitenciario, esperando que caminen sus juicios para alcanzar algún día su libertad.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –autoridad encargada de la administración del Poder Judicial de la Federación– emitió el Acuerdo 4/2020, en el cual indicaba que debido a la pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19) únicamente se admitirían demandas de amparo en casos relacionados a peligros de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa a las fuerzas armadas, entre algunos otros.

Casi un mes después, el 13 de abril, el CJF emitió un nuevo acuerdo –el 6/2020– aclarando que la lista señalada en el Acuerdo 4/2020 no era limitativa y debía analizarse cada caso en lo particular para definir si debe ser considerado urgente –y por lo tanto, ser atendido a pesar de la pandemia–. Para esto, el personal que realiza la guardia en cada juzgado debe considerar “los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera a la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso”.

De ambos acuerdos se desprende que estas limitaciones señaladas por el CJF son únicamente para decidir si se admite o no una demanda. Ninguno de los acuerdos señala que sea opcional recibir o no la demanda. Aunque parezca una minucia ociosa, es importante recalcarlo: recibir una demanda y admitirla no es lo mismo. Es decir: si una persona va hoy a los juzgados federales de su entidad con una demanda de amparo, el personal de guardia debe recibirla, darle a la persona un acuse de recibido y, posteriormente, debe emitir un acuerdo por escrito en el que defina si la da por admitida o no, atendiendo a si cumple o no el carácter de urgente.

No obstante, en la práctica se ha reportado que el personal de guardia en los juzgados en distintos estados se niega a recibir las demandas limitándose a decir que “no es urgente”, muchas veces sin siquiera haberla leído y sin siquiera sellarla de recibido. Es decir, se inadmiten demandas de manera oral y sin dar explicaciones. Asimismo, en los casos en los que se logra que la demanda sea recibida, se están emitiendo acuerdos que no fundan y motivan la decisión de no considerar urgente la demanda, incluso en casos de desalojos o de inicio de trabajos de construcción de megaproyectos en ciertas comunidades.

A través de mensajes en las redes sociales los abogados litigantes nos preguntan con insistencia si ya van a reabrir los juzgados porque tienen demandas listas para interponer o recursos legales para continuar sus juicios. Obviamente su urgencia es porque no tienen dinero y no le pueden cobrar a sus clientes si no hay resultados o pruebas de su trabajo.

La respuesta es que, si bien el TSJ de Morelos determinó que el seis de mayo es el regreso a las actividades, las circunstancias actuales que vemos en los diversos noticiarios nacionales y locales nos permiten llegar a la conclusión de que –si bien nos va- estaremos regresando a la normalidad en los primeros días de junio.

Y los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos regresarán con un nuevo titular. Sí, recuérdese que el próximo 17 de mayo termina el periodo de dos años por el que fue electa la actual magistrada presidenta, Carmen Verónica Cuevas López.

El artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos establece que “el Presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo en votación secreta de los Magistrados del primer Pleno solemne que se celebre durante el mes de mayo de cada año; durará en su cargo dos años pudiendo ser reelecto. No dice más.

Es decir, que legalmente existe la posibilidad de que Carmen Cuevas sea reelecta por un tercer periodo como alguna vez lo hizo su antecesor (y acérrimo rival político) Ricardo Rosas Pérez.

Sin embargo, al parecer las condiciones al interior del Tribunal Superior de Justicia para la presidenta no son las idóneas y al exterior mucho menos. Si bien es cierto que ha logrado cohesionar a un grupo de magistrados, hasta este momento no ha podido convencer a ninguno de los miembros del llamado grupo disidente.

Recordemos que la elección del titular del Poder Judicial no es un acto político y tampoco es un cargo de elección popular, sino un proceso electoral que involucra exclusivamente a los miembros del Pleno del TSJ.

Las campañas mediáticas que pudieran hacer los aspirantes son útiles, pero no determinantes. De muy poco sirve que organizaciones de profesionistas y organismos no gubernamentales se pronuncien por tal o cual candidato, si no hay un trabajo al interior de la institución.

Carlos Iván Arenas Ángeles es “el que más suena” pero no necesariamente el que tiene el mayor número de votos al interior del pleno. De hecho, le pudiera resultar contraproducente si sus compañeros advierten un cambio en su comportamiento. El “ya se siente presidente”, sería letal para sus aspiraciones.

Arenas Ángeles es un buen prospecto, pero no el único. En las sombras se mueven varias personas más que tienen la legítima aspiración de ocupar el cargo que deja Carmen Cuevas. Y para lograrlo no necesitan la aceptación social, sino solamente el voto de 10 magistrados, no importa a cambio de qué.

Lo bueno es que ya falta muy poco para saber el desenlace.

HASTA EL LUNES.

Tuvieron que pasar 70 años para que nos diéramos cuenta que las empresas productoras de alimentos y bebidas nos estaban llevando a una muerte lenta y silenciosa, pero además con una sensación de felicidad.

El 8 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas que establece un sistema frontal de advertencia, y el pasado 27 de marzo apareció en ese mismo órgano informativo oficial, la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, que llevaba 10 años en la congeladora.

La nueva normativa advierte que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes, no deben: a) incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos visual – espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promueven o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes, y b) hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al mismo con las mismas finalidades del párrafo anterior.

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado del producto preenvasado destinado al consumidor final, de fabricación nacional o extranjera, comercializado en territorio nacional, así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para su salud en un consumo excesivo.

Los que nacimos en el último cuarto del siglo pasado, ¿compramos los productos alimenticios por lo que eran o por la caricatura que venía en el empaque o las estampitas con las que podías completar tu álbum?

Las marcas han recurrido a personajes y mascotas para comunicarse con el consumidor por décadas, hecho que ha desatado elementos clave en diseño, para lograr comunicar en momentos donde la oferta en punto de venta, se ha convertido en una fuerte competencia por llamar la atención del consumidor.

La NOM-051 se ha actualizado y ahora, por ley, las marcas no podrán usar personajes en su etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, por lo que empresas como Bimbo o Sabritas se tendrán que despedir de sus personajes como el Osito Bimbo o Chester Cheetos.

Pero no sólo eso, sino que (de la misma manera que los cigarros advierten que su consumo es nocivo para la salud), los productos deberán mostrar uno o dos sellos de advertencia por el contenido de grasas saturadas, altos niveles de azúcares y la presencia de edulcolorantes.

La comunicación a través del packaging (la envoltura) se ha vuelto cada vez más relevante, pues nos recuerda lo importante que es la codificación gráfica, materia que explica cómo los elementos visuales deben de tener la capacidad de comunicar los valores de la marca y lograr con ello una mayor identificación con el consumidor.

Esto nos lleva a revisar la teoría que argumenta la importancia de los envases, pues a través de ellos las marcas toman decisiones de compra y las compañías terminan por identificarse con el consumidor, estableciendo pautas de gran valor, sobre todo por lo importante que son hoy en día las tendencias de diseño que logren comunicar, en medio de restricciones como la prohibición en la carga de elementos visuales.

Esto tiene que llevarnos a pensar en el necesario diseño de estrategias, mediante las cuales un elemento visual sea no solo valioso, sino simple.

A partir de estos aspectos de simpleza, es que se han establecido referentes cada vez más importantes para comprender el consumo, actividad que nos ayuda a comprender el valor del mercado en momentos en que la comunicación puede valerse de la omnicanalidad.

El producto ahora será comprado por su composición y no por su imagen. Así que las marcas deben empezar a construir vínculos emocionales con base en algún otro elemento o símbolo, introduciéndose desde cero.

Ahora que estamos en cuarentena, hemos visto una serie en Netflix que se llama “Madmen (hombres de la calle Madison), que trata de las más importantes agencias de publicidad de Nueva York pero en los años cincuentas y principios de los sesentas.

En esa serie televisiva podemos ver cómo se les ocurriieron los “slogans” y recursos visuales de los productos que años más tarde serían los líderes del mercado a nivel mundial. Uno de los episodios más interesantes es cuando las autoridades sanitarias obligan a las empresas tabacaleras a modificar sus campañas publicitarias pues comienzan a darse cuenta que fumar es causa de cáncer.

Es entonces cuando las agencias más importantes de Estados Unidos buscan afanosamente la forma de que la gente siga fumando aun sabiendo que el cigarro es dañino.  Y lo mismo ocurre con muchos productos, en los que la mercadotecnia es más importante que el producto mismo, y que una cosa que no sirve para nada puede dar mucho dinero si es que se sabe vender.

Después de ver esa serie nos damos cuenta por qué consumimos lo que consumimos (valga la redundancia). Comprendemos por qué un refresco de cola lo asociamos con la felicidad (la chispa de la vida), y por qué la palabra “recuérdame” quedó en la mente de millones de mexicanos que compramos ese pastelillo desde niños.

Ahora, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley (en abril del próximo año), las nuevas generaciones de consumidores compraran los productos por las sustancias nutricionales que contienen, pero no porque sus hijos pequeños quieren el juguete que trae equis marca de cereal. 

Con esto se espera que nuestros nietos (porque seguramente a los hijos los llenamos de “cajitas felices” cuando eran niños) tengan una alimentación más sana y no sean una generación de obesos y diabéticos.

HASTA MAÑANA.

“Ven mijo, te voy a presentar al próximo gobernador de Morelos”, le dijo don Miguel Ángel a su pequeño de seis años cuando vio venir a aquel hombre de baja estatura y rostro adusto, al que ya esperaba una multitud de hombres y mujeres yautepequenses.

La voz de alerta la dio el fotoperiodista Noe Knapp alrededor de las cuatro de la tarde de aquel domingo:

“Compartan por favor. Quien conozca a los dueños de la casa de la calle Laurel en la Colonia Club de Golf en Cuernavaca. Avisar que su perro se cayó a la alberca y está luchando por salir de ella. Lleva más de 30 minutos luchando por su vida; es muy triste ver cómo este perro puede morir ahogado”, decía su mensaje en su cuenta de Facebook al que agregaba un video donde se observaba a un perro nadando en una alberca.

¿Cómo avisar? Los que puedan estar cerca que toquen y a los vecinos- contestó de inmediato Guillermo Arnal Palomera.

-No están. Al parecer es casa de fin de semana y no los conocemos, ya dimos aviso al 911 pero refieren no poder hacer nada porque podrían los oficiales incurrir en el delito de allanamiento de morada- aclaró Noé.

Linus Cp V se sumó a la conversación y pidió una foto de más lejos para ubicar. Noé le aclaró que había posteado el video, foto y una foto aérea de Google Maps con la ubicación exacta.

Rubén Juárez sugirió llamar a la asociación protectora de animales, y que se grabara el rescate para que los dueños de la casa vieran que el allanamiento fue sólo para salvar al perro.

-Que intervenga Graco con su Policía Morelos Cerca de Ti como lo hizo en Tepoz. A él le preocupan mucho los perros- comentó con ironía la también reportera Guadalupe Flores.

-Estoy cerca, voy para allá a ver si alguien me abre la puerta- ofreció Linus Cp V.

-Yo estoy en Jiutepec pero salgo para allá a ver qué podemos hacer- se sumó Víctor Hugo Cárdenas Herrera.

Ale Stevez también se ofreció a ayudar. “Estoy un poco lejos, pero voy para allá. Igual y si alguien nos presta una escalera y grabamos todo, los dueños no podrían denunciar el supuesto delito, no?”.

Noé envió un segundo video. “Sigue en la alberca y vivo”, apuntó.

Danie Juárez posteó una foto de más lejos. “Háblenle a los bomberos… ellos con sus escaleras lo podrán rescatar rápido”, sugirió Rubén Juárez.

-¿Danie, si voy me prestarías una escalera para saltarme a la casa?- cuestionó Nosbec Olmedo desde su cuenta de Facebook.

“Daie, rescátalo!”, suplicó Jacob Janani Pantoja con cierto dramatismo.

Y la periodista Silvia Lozano arremetía contra el entonces gobernador: “Así como se metieron a la casa de la señora Dora, sin importarles allanar la propiedad, que lo rescaten”.

Hasta el Comunity Manager Edgar Vargas Santiago intervino.

Etiquetó a Winny Villanueva:

-Querida, conocerás a tus ex vecinos? Se ahoga su perro!!!- le dijo.

- No los conozco chaparrito, pero creo que casi nunca hay nadie. ¿No podrán ir los de Protección Civil?- contestó.

- Uta!!- se lamentó Edgar.

Ya para ese momento habían llegado varios facebookeros a tocar la puerta de la casa, pero nadie contestaba ahí ni en los domicilios vecinos.

“Háblenle a los del gas, ellos tienen escaleras enormes, pero ya, ya, ya!!!!” exclamaba desesperado David Percival.

Los emoticones con la cara de angustia se multiplicaban, pero no había solución.

David Percibal mandó fotografías de pantalla para demostrar que estaba hablando a los del gas y a los bomberos, pero nadie respondía.

“Vamos a tirar la puerta!!!!!”, sugería desesperada Kassandra Hernández.

“Alguien que esté cerca que se salte!. Dudo que los dueños se enojen si es para salvar a su perro”, apuntó Karen Múzquiz Flores.

“Métanse a salvarle la vida”, animó Andrea Valdez desde su cuenta de Face.

-Que ya van a mandar una unidad- reportó Danie Juárez que había seguido insistiendo a las instituciones de rescate.

Ya para ese momento eran muchas personas las que estaban atentas al desenlace y listas para intervenir.

“Por fa infórmennos, yo me apunto para salvarlo, sólo necesito apoyo de más personas, testigos y grabaciones”, ofrecía Sashani Tapia.

Pasaron unos minutos sin que nadie escribiera nada. Los usuarios de Facebook estaban atentos al desenlace de la historia. Pero nadie posteaba nada.

-¿Cómo sigue la situación- preguntaban desde la cuenta “Seres Creativos”.

Por fin Danie Juárez escribió la palabra que todos esperaban.

“Ya”, decía el escueto mensaje.

Y un minuto más tarde: “Ahora el perro les está dando las gracias”.

Ahora los mensajes eran de aplausos, felicitaciones y una petición de Arturo Córdova: “Una foto del perrito…!”. “Podrían mandar foto por favor”, secundó Ale Sánchez.

Y a petición del público, subieron una foto donde se observa la cabeza de un perro visiblemente mojado que se asoma por la barda.

“Héroes!! Qué bonita acción… felicidades!!!”, escribió Tlen Ki ljtoa Mo Yolotl

“Yo sí quiero saber quién fue el héroe sin capa!!”, dijo Mara Rameli.

“Yo también”, se agregó Fabiola Anzures Sanroman.

Entre todos los que intervinieron hicieron un pacto: no divulgar la identidad de la persona que se introdujo a la vivienda, pues aunque sólo lo hizo con el fin de salvarle la vida a un perro, legalmente sí hubo un allanamiento y podría haber consecuencias.

Esto ocurrió hace tres años y en su momento se publicó en nuestra cuenta de Facebook, pero consideramos importante volverlo a publicar en esta época de encierro como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay solidaridad y hacemos un buen uso de las redes sociales.

HASTA MAÑANA.

Los detractores de actual gobierno federal “pusieron el grito en el cielo”: “La 4T va a dejar salir a los delincuentes de las cárceles!”. La simple idea de que violadores y homicidas salieran en tropel de las cárceles para ir a buscar a sus acusadores provocaba la indignación de cuanta persona escuchaba la especie.

Pero no es así. El decreto de Amnistía (del griego amnestia, que significa perdón y olvido) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles y no aplica para todos los delitos.

“Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

1. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando:
2. a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;
3. b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido;
4. c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo;
5. Por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción I de este artículo;

III.    Por los delitos contra la salud a que se refieren los artículos 194, fracciones I y II, 195, 195 Bis y 198 del Código Penal Federal, siempre que sean de competencia federal, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando:

1. a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito;
2. b) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior;
3. c) Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta;
4. Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura;
5. Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, y
6. Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Como podrá observarse, es un mecanismo para dar justicia a muchas personas que están privadas de su libertad injustamente. Todos sabemos que en la cárcel no están los que cometen delitos, sino los que no tienen para pagar un buen abogado que los defienda.

Los delincuentes “de cuello blanco”, andan disfrutando de lo que se robaron mientras sus abogados tramitan amparos para garantizarles la impunidad. Una muestra de ello es Javier Duarte, a quien seguramente en algunos meses veremos en libertad y hasta devolviéndole algunas de sus propiedades.

Entrevistado respecto a la aprobación de la Ley de Amnistía, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas dijo que falta tiempo para que sea decretada y entre en vigor la norma, pero ya trabajan en el análisis sobre los alcances de la nueva legislación.

“Además, ya iniciaron la revisión de los expedientes de presos en Morelos, para determinar quiénes podrían ser beneficiados con dicho marco jurídico”, dice la nota de la compañera Tlaulli Preciado.

Una vez más se equivoca el funcionario. La ley se publicó el miércoles y entró en vigor ayer. Y no, no tendrá intervención alguna el gobierno estatal.

El Ejecutivo federal integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, en los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los ya mencionados líneas arriba.

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los procedimientos que determine la comisión.

La solicitud de amnistía será resuelta por la comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma.

Quizás Pablo Ojeda pensaba que a través de los defensores de oficio (que dependen de la Secretaría de Gobierno) podría “palomear” la lista de aspirantes a beneficiarse con la amnistía. Y qué bueno que no sea así, pues entre los defensores públicos hay inconformidad porque dicen que cuando hacen bien su trabajo los corren.

HASTA EL LUNES.

Cuando se dio a conocer cómo funcionaría el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) levantó muchas expectativas, tanto en la forma como se integrarían los diferentes organismos, cómo en el proceso de designación de sus representantes. Pero hoy, a dos años de distancia, es una verdadera decepción ver cómo se están peleando por el presupuesto y cómo enfrentan supuestas ilegalidades con más ilegalidades.

Por eso mucha gente piensa que en este país no son las leyes ni las instituciones las que fallan, sino los seres humanos. En este caso no había falla: un comité de selección conformado por nueve ciudadanos designaría a cinco personas que conformarían el Comité de Participación Ciudadana, con una duración escalonada para evitar que hicieran “bloques” entre ellos.  Con eso se terminaría la tradicional repartición de cotos de poder entre partidos políticos a través del Congreso.

La conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) también era ideal: un contador público y abogado; otro contador público y un tercer hombre de profesión licenciado en Derecho. Dos mujeres, una abogada y otra contadora pública. Pura gente preparada, ¡no había pierde!

Pero para garantizar total transparencia y equidad, éste órgano no se mandaba solo, sino que requería de la intervención de un Comité Coordinador conformado por los titulares de ocho dependencias de gobierno relacionadas con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¡Está perfecto!

El problema comenzó cuando les dijeron que tenían que ponerse de acuerdo para nombrar a un secretario ejecutivo que se encargaría de tramitar los recursos financieros. Desde ahí las cosas han estado mal.

Y han estado mal porque hubo divisionismo desde el principio, tanto en el CPC como en el Comité Coordinador. Damiana Herrera y Penélope Picazo hicieron un frente común; Roberto Coranguez y Edgar López Betanzos hicieron el suyo, en tanto que Alejandro Enríquez Hermida salió más abusado y primero estuvo con ellas, luego con ellos, y luego otra vez con ellas.

Mientras tanto, en el Comité Coordinador hicieron alianza el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, el magistrado de Justicia Administrativa, Manuel García Quintanar, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, y la entonces presidenta del IMIPE, Mireya Arteaga Dirzo.

Los antes mencionados no aceptaron a ninguno de los tres que proponía Coranguez para ocupar la Secretaría Ejecutiva, por lo que les pusieron los requisitos más absurdos que se puedan imaginar. Entonces Roberto, Betanzos, Hermida y Penélope (quien después se dijo engañada), decidieron nombrar un “secretario Ejecutivo interino”, que si bien no existe en la ley, tampoco está prohibido.

Ese nombramiento recayó en el contador público Alejandro González Chevez, quien sin deberla ni temerla estuvo a punto de caer en la cárcel pues Juan Salazar Núñez le armó una carpeta de investigación “hecha con los pies” pero no importaba, pues ya había el acuerdo político para que se judicializara.

El seis de marzo pasado Penélope Picazo (esposa del ex diputado priísta y líder sindical Víctor Hugo Manzo Godínez) decidió no esperarse al dos de mayo, fecha en que concluye el periodo de Coranguez, y le dio “golpe de Estado”.

Con el apoyo de Damiana Herrera y Alejandro Enríquez, se aventaron la puntada de aprobar una sesión del CPC en la que se asentó que “con base en los antecedentes remitidos a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana referentes a la falta reiterada de actividad sustantiva del C.P. Roberto Corángez Esquivel, así como la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones que le marca la Ley,  dicho Comité, en su Primera Sesión Extraordinaria del año en curso, celebrada el pasado viernes 6 de Marzo, con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”.

De esta manera, la consejera Penélope Picazo Hernández fue designada como “Presidenta Sustituta” para cubrir el periodo de Roberto Coránguez Esquivel hasta el día 30 de abril del presente año por ser la integrante a la cual le correspondería el periodo anual siguiente, y continuara en la Presidencia durante el periodo para el que fue designada hasta el día 30 de Abril del 2021.

“Abusadilla desde chiquilla” (desde que era jefa de prensa del diputado que después sería su marido), Penélope no solamente se adjudicó un cargo que tampoco existe, sino que el pasado lunes también se aventó la puntada de nombrar a un secretario ejecutivo para que pueda tramitar la liberación de los doce millones de pesos que le asignó el Congreso, previo desconocimiento de la terna que ya existía.

Así, de la manga se sacó una terna integrada por Fernando Blúmenkron Escobar, Esmirna Salinas Muñoz y Miguel Ángel Flores Mendoza y eligió al primero.

¿Cómo justificó esta designación en plena Pandemia por el coronavirus que prohíbe cualquier reunión de personas?

Escribió (Penélope o quien esté atrás de ella) un texto que ya no se sabe si es boletín, artículo u oficio, titulado “Gobernanza Anticorrupción en tiempos del Covid-19 Una propuesta de política pública”.

En dicho documento (sui géneris porque no tiene firma, sólo un logotipo del CPC), se menciona que la aparición del covid 19 en nuestro país obligará a los gobiernos federal y estatales a reasignar recursos presupuestales y a crear fondos especiales para atender las emergencias sanitaria y económica.

“En este contexto, el principal problema público que debe atenderse es la opacidad y/o discrecionalidad en la que pudieran incurrir los gobiernos a la hora de realizar compras gubernamentales o asignar recursos presupuestales para atender los estragos sanitarios y económicos derivados de la pandemia”.

¿Y la convocatoria que establece la Ley? Pues también se la brincó.

“Dado que era necesario proponer una terna al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el CPC IDENTIFICÓ a los tres candidatos que a su juicio por mayoría consideró los idóneos para enfrentar los múltiples retos que el nuevo organismo plantea, pues demostraron contar con los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar el cargo de Secretario Técnico”, dice el acta de la sesión DEL 21 DE ABRIL DEL 2020, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” DEL 21 DE ABRIL DEL 2020.

En ninguna parte dice cuál fue el mecanismo que el CPC utilizó para conformar la terna, y tampoco menciona quienes votaron a favor de esa terna, de la que salió ganador Fernando Blúmenkron con el voto unánime de los cinco integrantes del Comité Coordinador.

Obviamente habrá amparos y denuncias penales contra esta ilegalidad y el proceso se seguirá judicializando indefinidamente. Cuántas ilegalidades se están haciendo a nombre de la supuesta lucha anticorrupción.

HASTA MAÑANA.

El primero de abril abordamos en este espacio el tema de la pandemia por el covid 19 y el Centro Comercial Adolfo López Mateos, y advertíamos que mientras en el resto de la ciudad se estaban tomando todo tipo de medidas de prevención, al interior del vetusto mercado parecía que la vida transcurría normalmente.

Hicimos una especie de cronología de cuántas veces se ha querido cerrar el centro de abastos para obras de remodelación o de construcción de una nueva estructura, mismas veces que las autoridades se han encontrado con un rotundo no de los locatarios.

“El día que cierre el ALM no sabemos qué vamos a comer los que estamos tratando de guardar la cuarentena en nuestras casas. El trabajo de comerciantes y cargadores es tan esencial como el de los trabajadores de la salud, pero de que están violando las disposiciones sanitarias, eso que ni qué, y tarde o temprano la autoridad algo tendrá que hacer”, fue el párrafo con el que terminamos nuestra columna de ese día.

Pues bien, ayer se llegó ese día. La gota que derramó el vaso fue la confirmación por parte de las autoridades de que tres trabajadores del mercado ALM están entre la lista de los 101 casos confirmados del coronavirus en Morelos, por lo que Protección Civil Estatal lo considera un foco de infección.

César Miguel Eroza Osorio, encargado de despacho de la subdirección de Salud Pública, anunció acciones conjuntas con el municipio de Cuernavaca en el mercado tras la confirmación de tres casos de coronavirus covid-19 en personas que ahí laboran.

El gobierno del estado informó que se decidió establecer filtros en los accesos, restringir el acceso de niños, adultos mayores y embarazadas, solo podrá ingresar una persona por familia; vigilar que se respete a cabalidad la sana distancia, metro y medio entre personas; uso de cubrebocas para locatarios, proveedores y clientes; suspensión temporal de actividades no esenciales.

Tendrán que garantizar que los establecimientos no presenten aglomeraciones, conserven limpios tinacos y cisternas, mantengan clorada el agua para consumo humano; las áreas de preparación de alimentos y sanitarios deben contar con la señaléctica alusiva al lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol gel al 70 por ciento.

Se anunció también que se realizarán las pruebas correspondientes a familiares y colaboradores de los locatarios confirmados de Covid-19 para que cumplan con la definición operacional y darán el seguimiento epidemiológico.

La llegada de los elementos de la Guardia Nacional a los andenes del Adolfo López Mateos alertó a los comerciantes, que –como ya es su costumbre- en cuanto ven en riesgo su negocio se arremolinan decididos a todo.

Ahí fue cuando el presidente municipal de Cuernavaca decidió “tomar el toro por los cuernos” y acudió a los andenes del mercado para hablar con los locatarios, comerciantes y trabajadores. 

Les explicó lo que ya todos sabíamos: que la aglomeración de gente es propicia para el contagio del coronavirus, y que si llega a infectarse uno (como nos aseguran que ya sucedió), la epidemia ya no se va a poder parar, y serán cientos de enfermos.

Y el problema mayor (como ya lo había anticipado Angélica Jaramillo Frikas), es que al mercado ALM vienen a surtirse de todos los rincones de la entidad, de ahí que puede ser una fuente de contagio extraordinaria.

Por otra parte, Morelos es vecino de la Ciudad de México y de Puebla, donde el número de afectados es mayor, cuando ya no haya espacio en sus hospitales vendrán irremediablemente a Morelos, lo que terminaría en un caos.

Toño Villalobos conoce perfectamente el mercado Adolfo López Mateos. Durante décadas su familia manejó el sistema de circuito cerrado (sonido local) que era como una estación de radio pero que sólo se escuchaba en los andenes y estacionamientos.

Él conoce a los comerciantes y los comerciantes lo conocen a él. Lo importante es encontrar soluciones que minimicen los efectos de la pandemia, pero sin cerrarlo, porque eso no lo van a permitir.

Primero se tiene que hacer una limpieza a fondo del mercado. Lavar la cisterna de donde dicen que salen gusanos. Luego, regular la entrada de los compradores para que no se hagan aglomeraciones, y que quienes acudan a comprar lleven sus cubrebocas y respeten la sana distancia.

Para ello se requiere que haya una sola entrada y una sola salida, no las 12 que actualmente están en funcionamiento.

Una idea que parece buena es la de implementar la venta a domicilio, sin embargo, los ingresos no serán igual a como están acostumbrados los comerciantes.

En suma: los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos tendrán que aceptar la regulación, so pena de que al rato (como dijera el gobernador de Baja California) comiencen a “caer como moscas”. Y eso es real.

Si no hay otra salida, tendremos que llegar a lo que están haciendo en otros países: la detención corporal de las personas que no respeten las medidas de prevención ordenadas por las autoridades federales.

Sabemos que son violatorias de los derechos humanos, pero el bien común está por encima de las garantías individuales.

HASTA MAÑANA.

El encierro ya está teniendo consecuencias en el comportamiento de la gente y eso es algo preocupante. Ayer pudimos constatarlo personalmente en un par de tiendas de autoservicio, donde pudimos notar que las personas sólo están esperando un momento para explotar y desquitarse con el primero que se les ponga enfrente.

En los últimos días, con motivo de la contingencia generada por la epidemia del virus conocido como covid 19, vemos videos y fotografías de gente repartiendo despensas a personas de escasos recursos. Algunos con miras a las elecciones del próximo año, pero la mayoría con una verdadera intención de ayudar a quienes menos tienen.

En este contexto, resalta una publicación en Facebook de Rodrigo Morales Vázquez (no es bot, lo puede usted encontrar con ese nombre), quien a su vez reproduce el mensaje de una amiga suya:

“Oye, respecto de las despensas que está repartiendo el gobernador, sólo quería decirte que las mandó a hacer con varios comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos, entre ellos a mi esposo. Hicimos 800 bolsas de despensa las entregamos ayer, yo no apoyo la forma de gobierno de este señor, pero esta vez reconozco que prefirió dar prioridad al consumo local”.

Efectivamente, en un momento tan difícil para la economía de la entidad, es bueno saber que lo que se está gastando queda entre los morelenses. De esta manera, no sólo se apoya a las personas que comerán los alimentos que lleva la despensa, sino que aporta dinero que seguramente los proveedores ocuparán para pagar a médicos, contadores, y todo tipo de profesionistas que tienen todo el tiempo del mundo y que no necesitan salir de sus hogares, pero que no hay quien les pague por su trabajo.

No es sólo repartir las despensas, sino que los productos hayan sido adquiridos en los comercios del estado o del municipio, sólo así podremos hacer una cadena productiva que nos beneficie a todos.

Recordemos que durante los últimos sexenios se ha dado preferencia a los proveedores de la ciudad de México, el estado de Puebla y otros, muchos de los cuales terminan subcontratando a empresas pequeñas de nuestra entidad.

En el caso específico del DIF, no se nos olvida que durante el sexenio de Marco Adame Castillo su proveedor preferido fue “La Cosmopolitana”, una empresa propiedad de Pejsach Landsmanas que les redituó millones de pesos en “moches”, al grado que cuando este reportero pidió copia de las facturas pagadas por el DIF a esa empresa, el entonces director de la institución promovió un amparo para que no fueran proporcionadas.

En ésta ocasión, sí nos resultó extraño ver una camioneta Van con logotipos del DIF, cargando bolsas con víveres en una tienda de la colonia Alta Vista. Y eso nadie nos lo contó.

No sabemos dónde compraron sus víveres los demás funcionarios de la actual administración, pero ojalá hayan aplicado eso de “consume local”, porque además nos consta que los empresarios, pero sobre todo los microempresarios (los famosos pymes), se las están viendo negras.

Ya estuvimos analizando los créditos que está ofreciendo la Secretaría de Economía a través del Fondo Morelos, y también platicamos con algunos de los que están juntando sus documentos para ver si logran un crédito por 100 mil pesos de los que están ofreciendo el gobierno estatal exclusivamente para enfrentar los daños de la pandemia.

La verdad es que sí son muy buenos, pero para acceder a ellos hay que estar totalmente en regla y desgraciadamente en México somos “expertos en el deporte de darle la vuelta a la ley”.

Por si algún microempresario o comerciante nos está leyendo, solamente les pasamos el tip de que para acceder a este préstamo (100 mil pesos a pagar en 28 meses), tiene que presentar su “reporte de opinión de Cumplimiento Positivo” tanto del SAT como del IMSS, y “presentar el último pago del impuesto del 2% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, en caso de solicitar para el concepto de sueldos y salarios”. Ah, y el reporte positivo del Buró de Crédito.

¿Quién en este país está al corriente en sus pagos de impuestos, IMSS y tarjetas de crédito?

En el caso de los créditos a la palabra por 25 mil pesos que está anunciando el gobierno federal, ahí el asunto está más complicado todavía porque resulta que el único requisito es estar registrado en el censo aquel donde hicieron la base de datos de las personas de la tercera edad y los discapacitados. 

Pero volviendo al tema de los apoyos para enfrentar el coronavirus, hay que resaltar también acciones como las que está haciendo nuestro amigo Ricardo Ortega, ex camarógrafo de TV Azteca y ex funcionario del Ayuntamiento de Temixco, que regala comida para llevar en su colonia que es Alta Palmira.

También, vimos en Facebook a Maru Saavedra repartir 10 toneladas de pepino que mandó un ex diputado. Ojalá el pepino haya sido comprado en Morelos.

Lo mismo, el diputado Andrés Duque que anda repartiendo bolsas con víveres en el municipio de Temixco, en tanto que las legisladoras, Keyla Figueroa y Ariadna Barrera, quienes optaron por no regalar, sino vender, productos de la canasta básica “a bajo costo”.

Afortunadamente, en ninguno de los casos que hemos visto de entrega de despensas, se ha notado que estén utilizando logotipos o colores partidistas. Todo es en bolsas transparentes.

En eso de las bolsas se apuntó un diez el ex diputado que está entregando equipos de protección a médicos, enfermeras, paramédicos, guardias de seguridad, además de ayudantes municipales y personas que por necesidad continúan haciendo su trabajo en las calles de Cuernavaca pero utilizando bolsas biodegradables.

Y es que con esto de la pandemia a todos ya se nos olvidó que las bolsas de plástico están prohibidas (legalmente sólo en la ciudad de México y próximamente en todo el país).  Lo mismo que con el unicel, pero de otro modo, ¿cómo podrían mandar los alimentos aquellos establecimientos de comida que sobreviven vendiendo comida para llevar?

Hay que ser pacientes porque todo parece indicar que falta todavía lo peor y las restricciones van a ser mayores, pero todo sea por conservar la salud de cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Mientras haya vida hay esperanza.

HASTA MAÑANA.

Ayer por la mañana el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que el periodo de inactividad con motivo de la contingencia por la epidemia Covid 19 se extiende hasta el 30 de mayo. Así que a seguir encerrados en nuestras casas, ya no tanto por gusto sino porque ahora sí ya no hay a donde ir.

Esta cuarentena nos está obligando a refugiarnos en el internet, donde encontramos todo tipo de información, desde mensajes valiosos, hasta la peor basura. En lo personal estoy harto del debate diario, estéril, entre “chairos” y “fifís” sobre lo que hace o deja de hacer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los segundos empecinados en señalar sus errores, y los primeros defendiéndolo a toda costa, justificando lo injustificable.

Tradicionalmente hay textos que se convierten en videos, pero en esta ocasión en esta columna vamos a hacerle al revés. Quiero poner a su consideración la transcripción de un video con el que coincidimos totalmente en su contenido:

Aquí vamos otra vez: un dia mas de la cuartenena, y la alarma suena. Ya te levantaste, ya te bañaste, ya te desayunaste y probablemente ya te desocupaste. Intentas trabajar desde tu casa pero con tanto ruido y con la familia a tu lado no estás igual de concentrado.

Te ves forzado a convivir con la poca gente que está a tu lado, pero estás frustrado. Tantos planes que tenías…cancelados. Tanta prisa con la que vivías para llegar a todos lados, pero todos esos sitios a los que ibas, hoy están cerrados.

¿Quién podría querer hacernos tanto daño?

Y aquí vamos otra vez. A vivir el mismo día que ayer. Y mientras vemos imágenes de todo el mundo por nuestras pantallas, cada día se vuelven más claras nuestras fallas. Nos preparamos para todo, menos para esto. El mundo invirtió en armas, en tecnología, en ciencia, y cuando nos llegó esto nos dijeron que lo  único que podía salvarnos era nuestra conciencia. Triste realidad saber que nunca invertimos en ella.

Nos preparamos para la pandemia de la misma forma que vivimos antes de ella: de forma predatoria. Atascamos nuestros baños de papel higiénico, agotamos nuestros medicamentos destinados para otros padecimientos. Nos dijeron que estábamos dejando desprotegidos a nuestros abuelitos pero aun así lo seguimos haciendo, dejando los estantes vacíos.

Infectamos de datos falsos las redes sociales, pero estábamos tan paranoicos que se escuchaban reales. Un montón de gente “civilizada”, comportándose como animales, disputándose un producto en los supermercados.

Pero también, ¿vieron los videos de cómo se recuperan nuestros recursos naturales? ¿Vieron a las ballenas llegando a las bahías después de décadas de no hacerlo? Dan ganas de llorar.

Y hablando de llorar, ¿vieron los videos de los médicos en España, en Italia y ahora en México que dejaron todo para irse a los hospitales a ayudar? Haciendo una oración para que Dios les de fuerzas para continuar.

Muchos de esos médicos tienen hijos (y padres) y al llegar a su casa no los pueden abrazar por miedo a que se puedan contagiar. ¿Has visto los videos? Dan ganas de llorar.

Pero esos médicos cada mañana dicen: “Aquí vamos otra vez”.

Dicen que Dios destruye nuestros planes cuando es al contrario: nuestros planes están a punto de destruirnos a nosotros mismos. Yo no creo en las coincidencias. No creo que sea coincidencia que este virus ataque tu sistema pulmonar, pero guardándote en tu casa le das una oportunidad al mundo para respirar.

No creo que sea coincidencia que la única forma de detenerlo sea tomar conciencia y no salir de tu casa. No creo que haya sido casualidad que sea un virus microscópico lo que nos puso de rodillas.  Cuando nos sentíamos seres gigantes e invencibles, nos escondimos como hormigas. Vaya lección de humildad que nos dieron…otra vez.

Sí, porque ésta no es la primera vez, recordemos la peste negra, el cólera, la peste española, etc. La vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te obliga a repetirla. Y aquí vamos otra vez, y si hay que empezar de cero por algún lado empezamos.

Hay que empezar a reconstruir la sociedad, a reconstruir la economía, a reconstruir la vida. A cuidar los mares y los cielos, y recordar los días en que nos prohibieron verlos. A enseñarles humildad a nuestros hijos, para que puedan enseñársela a nuestros nietos. A disfrutar cada minuto porque se pasa demasiado rápido.

Muy pronto todo esto pasará y muchas cosas volverán a comenzar y estaremos en el marco de la puerta más fuertes, más unidos, con una sonrisa en la boca y una inquietud en los pies diciendo: “Aquí vamos otra vez”.

El video es autoría de Jorge Lozano H. y lo puede encontrar en el muro de Marcos Manuel Suárez Gerard.

Y suponemos que ustedes también se hacen la misma pregunta ¿y qué haremos después de la cuarentena que puede convertirse en “ochentena”?

Al respecto, coincido con lo que escribe el profesor Ignacio Cortes Morales, quien ayer escribió:

“Lo deseable es que surja el humanismo que se ha ido adormeciendo por el trajín propio de la vida, la vorágine, las tantas cosas qué hacer, el estar a la vanguardia de la sociedad de consumo para adquirir lo que no es necesario porque no se utilizará o se tiene, pero es de color rojo y el que ofrecen es azul, o tiene los botones al frente, o es el reciente, o ya lo adquirió el vecino, o está de moda, aunque el que se posee brinda igual o hasta mejor servicio, pero habrá que adquirir lo nuevo para no verse mal ante los otros; es decir, la vida propia sólo tendrá sentido, en este consumismo, cuando es en relación a los demás, perdiéndose la identidad propia para ser un colectivismo, pero egoísta, en la contradicción, porque es una soledad comunitaria, y al vivir cada quien en su espacio, el del otro carece de importancia o tiene sentido en relación al servicio que presta, pero en el utilitarismo, en lo material, en el tener, en la acumulación sin sentido social alguno”.

HASTA EL LUNES.

Ayer, inspectores del Ayuntamiento de Temixco llegaron a la frutería de doña Fernanda Ávila en la colonia Azteca y le recogieron su mercancía porque “no cumple con las medidas de contingencia ordenadas por el Ayuntamiento”.

Hasta la fecha se conserva el inmueble de lo que era el Banamex Sucursal La Selva, ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, a un lado de Radio Taxi Miraval. El 25 de julio de 1975 fue asaltado por un grupo armado que decía formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que fundó Lucio Cabañas.

Unos minutos después de las nueve de la mañana de aquel día, dos taxis se pararon en la puerta trasera del banco que da al empedrado del Parque Melchor Ocampo, de los que se bajaron unos ocho individuos con armas largas y se introdujeron a la institución bancaria.

Casi inmediatamente se escuchó un disparo. Una persona corría gritando: “¡Están robando el banco!”. Unos minutos más tarde se escuchaba otro disparo. Pasaron unos diez minutos desde que entraron los asaltantes hasta que salieron cargando unas bolsas de manta, se metieron a los dos coches y arrancaron a toda velocidad.

Tres minutos tenía que se habían ido los asaltantes cuando arribó  a toda velocidad un vehículo de la Policía Judicial del Estado. Así como entraron corriendo al banco, así salieron para abordar nuevamente el vehículo y enfilar “quemando llanta” hacia la avenida Plan de Ayala.

Tanto los taxis de los asaltantes como la patrulla pasaron frente a un grupo de trabajadores de la construcción que “colaban” un piso en la parte trasera de la escuela Primaria “Felipe Neri”. Nadie se imaginaba que uno de los albañiles, -el “maistro” para ser más exactos- era parte de la banda y que años más tarde se haría periodista y escritor, y que narraría el asalto del Banamex en un libro.

Su nombre, Simón Hipólito Castro (falleció el 28 de junio del año pasado en Estados Unidos, donde consiguió asilo después de haber estado en la cárcel de Atlacomulco como “preso político”). El libro se llama “Carmelo Cortés Castro: su lucha, sus FAR, la traición, su muerte” y fue impreso en 2011.

En él narra cómo fue contactado por Carmelo Cortés Castro, “comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias” (una ramificación de la “Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres” que nació en la Sierra de Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero), y lo convenció de “continuar la lucha que encaminó Lucio Cabañas Barrientos” quien había muerto recientemente en un enfrentamiento con el Ejército.

Según su ideología, el secuestro y el robo a mano armada no eran delitos, sino mecanismos para allegarse de recursos y así financiar su lucha por un país mejor. Sin embargo, fue precisamente su falta de experiencia en materia delictiva lo que hizo que –los que no fueron asesinados por la Policía o el Ejército- cayeran en la cárcel, de donde salieron gracias a una amnistía que promulgó el presidente López Portillo.

En ese “comando armado” que asaltó el banco de La Selva, iban estudiantes de la Universidad de Guerrero, campesinos provenientes de Atoyac y albañiles de la colonia Antonio Barona, todos liderados por Carmelo Cortés.

Cuenta Hipólito Castro que, tras el golpe al Banamex de la Selva, los asaltantes se dispersaron para no ser detenidos, dejando abandonados los dos taxis que previamente habían robado. Sin embargo, en uno de los vehículos se les olvidó un saco.

Ingenuamente, uno de los aprendices de guerrillero de nombre Valentín Ontiveros, el día del asalto se le hizo fácil tomar un saco de la casa que cuidaba en la colonia Volcanes de Cuernavaca. La prenda llevaba el nombre del dueño, un empresario de la Ciudad de México que no dudó en dar los datos de su empleado cuando elementos de la DFS intentaron detenerlo. Casualmente, Valentín y su hermana habían renunciado al empleo al otro día de que se registró el asalto.

Ya para ese momento Valentín disfrutaba de una nueva vida en el estado de México, pero cometió otro error: mandó a su entenado –un adolescente de 13 años- a que recogiera unas maderas de cedro que había dejado en su antiguo empleo, sin saber que ya la Policía lo tenía identificado y lo estaban buscando.

Tal como se acostumbraba en aquel tiempo, Valentín Ontiveros fue sometido a todo tipo de torturas y terminó delatando a todos sus compañeros, incluyendo al albañil Simón Hipólito, quien fue detenido junto con uno de sus trabajadores y llevado a una casa donde tenían a Valentín y a otro integrante del grupo llamado Pedro Helguera.

“El jefe judicial, que después supe se llamaba Miguel Vargas, ordenó trajeran a Pedro Helguera Jiménez. Al momento tuvo en mi presencia a un sujeto de rostro amoratado, con el labio superior reventado que me señalaba que yo sabía dónde tenía oculto a Carmelo en el cerro Las Tetillas y que también sabía dónde se hospedaba la familia del jefe de las FAR. Lo negué. Me echaron una cubeta de agua en la cabeza y enseguida toques eléctricos. Al fin les confesé que Carmelo había estado oculto en Las Tetillas, pero que esa mañana había huido al estado de Guerrero por el lado de Puebla”, cuenta Simón en su libro.

Su confesión era mitad verdad y mitad mentira. Desde el día del asalto estuvo escondiendo a Carmelo, su esposa y su hijo de brazos, en varios domicilios. Le llevó los periódicos que daban cuenta del fatídico robo donde resultaron muertos los dos policías uniformados que cuidaban el banco y un policía judicial herido durante la persecución.

“Las noticias decían que el monto del asalto se acercaba a los cuatro millones de (viejos) pesos”, escribió.

A finales de julio el jefe guerrillero le pidió que lo cambiara de domicilio una vez más. Los llevó a una casa que había construido en el cerro de Las Tetillas, en aquel tiempo despoblado. Todos los días Simón le llevaba los periódicos nacionales, los locales y la comida para él, su esposa y Pedro Helguera, el único guerrillero que se mantuvo a su lado hasta que fue detenido por culpa de Valentín Ontiveros.

A principios de agosto, cuando Simón subía al cerro, se encontró con Carmelo, visiblemente asustado. “Filogonio (nombre “guerrillero” que le puso a Pedro Helguera) ya no llegó anoche a dormir y creo que ya lo detuvieron”, le dijo.

El jefe de las FAR llevaba dos mochilas de piel. En una llevaba sus armas y en la otra varios fajos de billetes. Convinieron en que ya no regresara a la casa, que se mantuviera en el cerro y Simón pasaría por él más tarde para llevarlo a un lugar seguro, pues primero debía ir a checar la obra en construcción que tenía pendiente.

Pero cuando llegó a la obra ya lo estaban esperando los policías, así que no volvió a ver a su amigo Carmelo, y la versión de que había logrado huir era más bien un deseo.

“Semanas después la prensa informaba que Carmelo fue muerto en la periferia del Distrito Federal cuando intentaba asaltar una negociación. Mentira. El comandante de las FAR fue muerto en Las Tetillas. Lo fueron a tirar allá para quedarse con el dinero del asalto que cargaba en su mochila de piel, color café”, asegura Simón en su libro.

Considera que Carmelo era un idealista auténtico, pero que no tuvo quién lo secundara en su movimiento. Del comando armado que asaltó el Banamex de La Selva, sólo Pedro Helguera le fue fiel. Los demás, incluyendo un hermano de Carmelo, huyeron con el dinero que supuestamente serviría para financiar la guerrilla en Morelos.

HASTA MAÑANA.

Todo estaba dispuesto para que ocurriera el crimen perfecto y éste quedara impune, pero la intervención de un misterioso motociclista lo impidió.

La pandemia del coronavirus nos agarró a todos desprevenidos. Hoy vemos que tanto a nivel nacional como en la entidad las diferentes dependencias tratan de hacer lo mejor posible su trabajo, y aun así se ven rebasados por la contingencia que –dicen los expertos- apenas comienza.

Los que nacimos en los setentas crecimos con la imagen de un PRI-Gobierno autoritario y represor, transas como ellos solos y antidemocráticos a más no poder, de ahí que tengamos pocos conocidos en ese partido y prácticamente nada de amigos. 

De hecho, los únicos priístas con quienes nos une una amistad son dos jóvenes, Miguel Ángel Alarcón Urban y Jonathan Márquez Godínez, el primero de Yautepec y el segundo de Temixco, a quienes conocí a través de redes sociales.

Miguel Ángel presume cada vez que puede su foto con el entonces candidato a gobernador Jorge Carrillo Olea. Era un niño al que no le terminaban de crecer los dientes, y siempre me platica de su árbol genealógico:

“Mi padre, Miguel Ángel Alarcón Rojas, fue Presidente Municipal de Yautepec en el trienio 1994-1997. Mi tío Roberto Guerrero Guerrero, casado con una hermana de mi papá Blanca Nieves Alarcón Rojas, fue dos veces Presidente Municipal de Yautepec, 1976-1979 y 1992-1994 por consejo municipal. Mi abuelo José Urbán Aguirre, fue gobernador interino de Morelos en el año de 1932. Y mi mamá fue oficial del Registro Civil”, dice.

Es un buen muchacho al que le tocó nacer, desgraciadamente para él, en la etapa final del otrora “partido aplanadora”. De hecho, en 1994, cuando el candidato del PRI a la gubernatura visitó su casa en Yautepec, fue el último “carro completo” del tricolor, pues en el 97 el PAN ganó la capital del estado y de ahí se desgranó la debacle.

A Jonathan Márquez lo conocí en persona cuando era secretario particular del delegado de Infonavit, Eliasib Polanco Saldívar. Lo volví a ver cuando era candidato a diputado por su natal Temixco y luego, sorpresivamente, apareció a la derecha del máximo dirigente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”.

Al igual que Miguel Ángel, Jonathan no conoce al PRI triunfador, al menos no al PRI-Morelos.  Si hubiera ocupado ese cargo en otros tiempos, su poder sería inmenso pues habría podido influir en las elecciones de varios estados.

No sabemos si para bien o para mal, pero “Alito” decidió regresar a Jonathan a su lugar de origen, y el pasado 17 de marzo lo designó dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Márquez Godínez, ex secretario de Organización del CDE, asumió el cargo de presidente por medio del mecanismo de prelación que establecen los estatutos en caso de ausencia simultánea del presidente y la secretaria general del partido, situación que se cumplió, ante la renuncia de Alberto Martínez González y la solicitud de licencia temporal de Maricela Velázquez Sánchez.

Aunque se trata del máximo cargo dentro del instituto político, el joven priísta recibe “el cascajo” de lo que alguna vez fue una organización fuerte. Hoy solamente hay que ver el edificio de la calle Amacuzac, en la colonia Vista Hermosa, para darse una idea de cómo está el PRI en Morelos.

Sin muebles, descarapelado, sucio y deprimente. Pues así está el partido que le encargó la dirigencia nacional a Jonathan.

A pesar de su corta edad, Márquez Godínez tiene amplia experiencia partidaria. Empezó como secretario de Organización del CEN de la Red Jóvenes por México, presidente del entonces Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en Temixco y coordinador regional del CEN del FJR en Puebla, Morelos y Ciudad de México; en su entidad natal, Morelos, ha sido asesor en el Poder Legislativo, y en la administración pública federal y municipal.

El nuevo dirigente del tricolor en Morelos se ha desempeñado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como secretario adjunto a la Presidencia, coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario, y coordinador de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe; en 2018 recibió el Galardón al Mérito Militante.

Para su mala fortuna, le toca ser oposición tanto a nivel nacional como en la entidad y hasta en el municipio, de ahí que en lugar de hacer lo que hicieron sus antepasados (aplaudir al gobernante en turno), le toca criticar y exigir trabajo a la administración gubernamental.

Y ya empezó. Ayer dirigió una carta al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo (¿habrá sido su ídolo como futbolista?) en el que hace cuestionamientos con respecto a la estrategia asumida por el gobierno de Morelos con respecto a la Pandemia por el Covid 19.

Tras advertir que la misiva no tiene “ninguna otra intención, tan solo para abonar a la tranquilidad de los militantes del PRI y de los ciudadanos de Morelos, le agradecería, Gobernador, me respondiera las siguientes preguntas: 1. ¿Tenemos el número de pruebas necesarias para detectar y prevenir brotes de COVID-19? 2. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno del Estado para lograr que los ciudadanos cumplan con el aislamiento voluntario, decretado por el Gobierno Federal, y así evitar el riesgo de un contagio masivo?”.

El joven priísta está en lo suyo, pues está asumiendo su papel de oposición. Lo que no se entiende es ¿qué papel está desempeñando en este asunto la senadora Lucía Meza Guzmán?

Y es que la ex perredista soltó un tuit la noche del domingo en el que critica la actuación del gobierno de Morelos con respecto al coronavirus. “En esta emergencia sanitaria, no se valen las simulaciones, las diatribas ni el desvío de recursos para saciar objetivos de imagen política. Es un crimen hacer uso de recursos destinados para la parte más crítica de esta emergencia sanitaria, dirigida a combatir el Covid 19”.

¿Y ahora para donde tira la senadora? ¿Obedece a intereses de Graco Ramírez (quien la hizo diputada local y federal y le dio chamba a su marido), al Partido Morena o ya está trabajando para su nuevo partido?

Porque si de simulaciones y “objetivos de imagen política” hablamos, Lucía Meza Guzmán es el más claro ejemplo de ello.

HASTA MAÑANA.

El pasado 2 de abril, con motivo del 47 aniversario de la fundación de la colonia “Rubén Jaramillo” del municipio de Temixco, abordamos en este espacio el tema del líder guerrillero (con instrucción maoísta) Florencio El Güero Medrano, protagonista principal de lo que intentó ser la primera colonia comunista en México.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) es el órgano que constitucionalmente tiene que garantizar el derecho de acceso a la información pública (derecho a saber). Está conformado por tres miembros, pero desde hace casi un año está incompleto porque el Congreso del estado no se ha puesto de acuerdo sobre la persona que habrá de sustituir al comisionado Víctor Díaz Vázquez. Por si eso no fuera suficiente, antier presentó su renuncia la comisionada Mireya Arteaga Dirzo, quien además era la presidenta.

El martes cumplió 47 años la colonia proletaria “Rubén Jaramillo” de Temixco y unos días antes fue el aniversario luctuoso de su fundador, Florencio “El Güero” Medrano Mederos. Muy pocos conocen la historia de ese asentamiento humano y la trascendencia que tuvo en el escenario político nacional e incluso allende nuestras fronteras.

En 1993, siendo quien esto escribe reportero de El Universal Morelos, fortuitamente cayó en mis manos el libro “Fuerte es el Silencio” de Elena Poniatowska. Cubría la zona conurbada para ese importante rotativo, así que me interesó muchísimo la crónica de la escritora francesa nacionalizada mexicana.

Se cumplían 20 años de la fundación de la colonia y era “mi fuente”, por lo que hice un reportaje sobre la situación actual de esa comunidad en la que pretendieron fundar una colonia de corte comunista al estilo de Mao Tse Tung, donde “no había pobres ni ricos” y comían de lo que producían en sus parcelas.

En aquella ocasión sólo pude entrevistar a una hermana de Florencio Medrano, quien me dijo que cuando llegó el Ejército aquella madrugada lluviosa del 28 de septiembre de 1973, todos los líderes salieron huyendo y nunca más supieron de ellos, aunque había rumores de que Florencio había sido asesinado en 1979 en la Sierra de Oaxaca.

El reportaje comenzaba diciendo que los habitantes de esa colonia, “hoy reconocida por las autoridades y beneficiada ampliamente por el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, no saben todo lo que tuvo que pasar para que hoy puedan disfrutar de lo que tienen”.

A partir de ahí me surgió una inmensa curiosidad por saber todo lo que tuviera que ver con Florencio Medrano y la colonia Rubén Jaramillo. 

Y antier por la noche, preparando la presente columna, me encontré con una extraordinaria investigación sobre este tema. En la página de internet del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), localicé una tesis titulada “El movimiento social impulsado por Florencio Medrano Mederos “el Güero”, la lucha armada y el PPUA en el Estado de Morelos. 1973-1979”, escrita por Uriel Velázquez Vidal para obtener su título de licenciado en Historia.

Me devoré el libro digital de 126 páginas con inusual rapidez, sobre todo porque ahí quedaron contestadas muchas de las interrogantes que me surgieron cuando leí el libro de Poniatowska. Una de éstas era: ¿cómo es que Florencio Medrano viajó a China de donde absorbió toda la ideología comunista?

Dice Uriel Velázquez (basado en entrevistas con familiares de Florencio y tarjetas informativas del Archivo General de la Nación), que a la edad de 18 años, obligado por la necesidad de conseguir una mejor fuente de ingresos, Florencio Medrano se da de alta en el ejército federal. Será en el ejército donde Florencio aprenda a leer y escribir. Pedro Medrano (su hermano) recuerda: “[...] aquí en Morelos se metió al  ejército a guardias  presidenciales con Adolfo López  Mateos, cuando era el presidente de la República. Ahí en el rancho nunca fue a la Escuela. Entonces estando en el ejército, ahí fue donde aprendió leer y escribir.”

Tras darse de baja en el Ejército, El Güero trabajó de albañil y vivía en la recién fundada colonia Antonio Barona, donde por las tardes acudía a los “círculos de estudio” sobre el maoísmo que se impartían en el taller de bicicletas del ingeniero Javier Fuentes, un ex miembro del Partido Comunista Mexicano.

“Entre los asistentes a estas reuniones de adoctrinamiento se encuentran: Antonio e Israel González, Rafael Equihua, los hermanos Medrano y su primo Aquileo, dos ex jaramillistas Abundio y el Tlacuache, Justo, un indio Xoxocotla y Carmelo Córtes, el que fuera en ese entonces el lugarteniente de Lucio Cabañas en dicho estado. El objetivo principal de estas reuniones era convencer a los asistentes de que la teoría maoísta era la guía científica para emprender una necesaria lucha revolucionaria, por lo que era oportuno comenzar a incrementar la organización para iniciar la lucha armada y derrocar al gobierno e instaurar uno de tipo socialista. En estas reuniones tiene su germen el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano (PRPM)”, dice Uriel Velázquez en su investigación.

Es este idealista el que los lleva a la República Popular China en mayo de 1969, de donde se traen toda la doctrina maoísta, y de ahí nace la idea de fundar “un país comunista” dentro de una nación capitalista.

Este proyecto inicia la noche del sábado del 31 de marzo de 1973, cuando Florencio Medrano dirigió a campesinos, migrantes, jornaleros, obreros y desempleados de Acatlipa, Temixco, Jojutla y también gente del estado de Guerrero, fundamentalmente de Iguala y Tierra Caliente para invadir las 68 hectáreas de terreno que estaban destinadas al fraccionamiento Villa de las Flores ubicado en el municipio de Temixco, Morelos.

En esta tesis de licenciatura (que ojalá alguien se interesara en hacer libro), Felix Basilio Guadarrama narra como él, Florencio y otros hombres se internaron en la barranca para escapar de los soldados que estaban entrando a la colonia aquel 28 de septiembre, y cómo caminaron tanto que fueron a salir a Lomas de Atzingo, pero ya nada más ellos dos, para después dirigirse a la colonia Antonio Barona.

Un “ex subdelegado de Tránsito de la colonia Antonio Barona” (nunca dice su nombre) fue quien sacó a Florencio y Félix del estado de Morelos en una camioneta. Se fueron a Tenancingo, estado de México, donde el segundo tenía familiares. Allá estuvieron escondidos por un tiempo, pero después volvieron a lo que les gustaba: la guerrilla. 

¿Cuándo murió Florencio Medrano Mederos? El hoy licenciado en historia llega a la conclusión de que fue asesinado en la comunidad de Yolox, entre Guelatao y Valle Nacional, estado de Oaxaca.

Según sus investigaciones, el error del güero fue haber concedido una entrevista al periodista Francisco Salinas, del semanario Revista de Revistas, donde se infería que se escondía en Oaxaca, encabezando a un grupo de guerrilleros bajo las siglas del Partido Proletario Unido de América (PPUA).

 De ahí en adelante se soltó una embestida militar en la entidad oaxaqueña para exterminar la guerrilla, hasta que lo lograron.

“Será en una reunión entre ejidatarios e integrantes del PPUA, donde el Güero Medrano sea emboscado por las guardias blancas de los terratenientes. Así, Florencio Medrano Mederos fue asesinado el 26 de marzo de 1979”, concluye Uriel Velazquez.

HASTA MAÑANA.

Cuenta doña Angélica Jaramillo Frikas que en una de sus últimas visitas al Centro Comercial Adolfo López Mateos el entonces presidente municipal, Alfonso Sandoval Camuñas se cansó de la cerrazón de los comerciantes  y les espetó: “Ahí está su mercado, acábenselo, al fin y al cabo es de ustedes” y se fue muy encabronado (así dice ella).

“¿Tú conoces a alguien que esté infectado por el coronavirus? Yo no y mis amigos tampoco”, esa era la frase que alimentaba la versión de que la epidemia fuera una invención del gobierno. Y en cierta forma tenían razón, pues todas las noticias que nos llegaban sobre muertes provenían del continente europeo.

En el marco de la pandemia que azota al planeta Tierra, mientras que en China y Cuba los ciudadanos sólo reciben la información que sus respectivos gobiernos quieren, en México tenemos demasiada información. Desde la que avizora una catástrofe, hasta la que apuesta a que se trata de una mentira para obligarnos a vacunarnos e implantarnos un microchip en la piel.

“Tenemos que darle un escarmiento ejemplar para que todos entiendan que aquí el que manda soy yo”, dijo encolerizado Arturo Beltrán Leyva. Y enseguida ordenó: “van por ellos y los tiran desde el puente más alto que encuentren”.

Funciona como cualquier motel: según el servicio es el pago. Puede ser por tres horas en el horario matutino; cuatro horas en turno vespertino o de siete de la noche a siete de la mañana. Hay la opción de hacerlo con su esposa o concubina, con una interna de la cárcel de mujeres o con una prostituta (o travesti) del exterior. Por eso los servicios van desde 250 hasta dos mil 500 las 24 horas del día en 42 habitaciones.

Pudiera ser una casualidad, el hecho es que con apenas un año de diferencia han sido asesinados dos activistas que se oponían a proyectos que implicaban daños al medio ambiente, y ninguno se encuentra esclarecido.

En el estado de Guerrero, de pronto suena el teléfono celular y se escucha una voz que dice: “Hola, soy Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, y te voy a dar algunas recomendaciones para prevenir el contagio del virus Covi 19…”. Con ese contenido se han hecho más de un millón de llamadas, lo cual es loable, pero no tendría que ser con la voz del mandatario.

A partir de que se registraron las riñas y los homicidios de principios de noviembre del año pasado, la fuga masiva era sólo cuestión de tiempo. Los mismos custodios lo decían: “No se van porque no quieren, tienen el control de todo”.

El contador público y abogado Roberto Coranguez Esquivel libra una batalla jurídica muy desigual, ya que tiene en su contra al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Nuñez y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,  María del Carmen (Verónica) Cuevas López; y una animadversión personal del magistrado Manuel García Quintanar por haberle dicho que era un ignorante del Derecho.

Se llama pomposamente “Instituto de Investigaciones Legislativas” y depende del H. Congreso Local del Estado de Morelos, pero en realidad es un auténtico “elefante blanco” donde los diferentes partidos políticos han encontrado el lugar perfecto para colocar a la gente que no tiene cabida en otras dependencias pero hay que emplearlos por compromisos políticos.

Si el coronavirus no dice otra cosa, el próximo tres de abril se estaría llevando a cabo el Segundo Congreso del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales, Autónomos (Fiscalía General del Estado de Morelos) del Estado de Morelos, el cual tiene como punto central la reforma de sus estatutos.

Con miras a esas reformas se estarían llevando a cabo mesas de trabajo para que los miembros de esa organización sindical emitan sus opiniones para ser tomadas en cuenta a la hora de redactar los mencionados estatutos. Sin embargo, la lideresa de ese sindicato que aglutina a unos mil 600 trabajadores activos, Denia Torres Rivera, ya tiene un proyecto en el que viene contemplada la figura de la reelección.

El anteproyecto, cuya copia obra en poder de este columnista, contempla en su artículo 13 que “los integrantes del Comité Ejecutivo podrán participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa, para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo entrante”, y en el artículo 14 lo recalca al señalar que “el secretario general que haya desempeñado, cumplido o concluido el cargo encomendado, podrá participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo”.

Los nuevos estatutos que serán discutidos y votados contemplan “facultades especiales” para el secretario general, como es la posibilidad de “desistirse de todo tipo de querellas” a nombre del sindicato, lo cual a todas luces abre la posibilidad de que se le perdonen los malos manejos a administraciones anteriores.

Y es que pareciera que el desvío de recursos es el deporte preferido en ese sindicato, y que hay un “pacto de impunidad” entre sus dirigentes. La opacidad es su segunda característica, pues es el único sujeto obligado que en alrededor de 30 ocasiones ha contestado al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) con una declaratoria de inexistencia de información.

¿Puede usted creer que el último padrón de miembros data de 2010? pues aunque usted no lo crea así es.

Antes de tener este nombre tan largo, el sindicato de burócratas era dirigido por Irma Hernández Solis (de quien ya hablamos ayer en esta misma columna). Ella fue electa en 2010 y terminó en 2012, cuando trató de reelegirse “por aclamación” pero le faltaron votos.

En su lugar quedó Fermín Octavio Sánchez Ocampo, quien termina su periodo el 31 de enero del 2015. Su sucesor sería el tristemente célebre Daniel Hernán López Rodríguez, quien gozó de la protección del gobierno de Graco Ramírez para robar a manos llenas.

Existe un documento firmado por el entonces dirigente sindical dirigido al entonces tesorero Armando Sanders, en el que le indica que ya no le realice transferencias a su cuenta personal sino a la del sindicato, admitiendo así que recibió recursos en una cuenta personal, lo que está tipificado como peculado.

En busca de ese documento, un ciudadano hizo la siguiente solicitud de información pública a la Secretaría de Hacienda:

 “De acuerdo a la contestación de la solicitud de información 00455018 en la cual se aprecian depósitos a la cuenta 9007-2722379 con clave interbancaria 002250900727223799 (a nombre de Daniel Hernán López Rodríguez) le solicito copia de toda la documentación relativa a los depósitos, tales como: solicitudes del titular de cuenta, copia de cada póliza, oficios de autorización, acuerdo para realizar los depósitos, etc.”

Durante el procedimiento administrativo de acceso a la información, el Sujeto Obligado manifestó que la información referente a las pólizas contables “fue clasificada como información reservada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda”.

El ciudadano se inconformó y apenas el pasado 28 de febrero, el Pleno del IMIPE resolvió el recurso de revisión 1528/2019-II en el que le ordena a la Secretaría de Hacienda que revoque el acta de clasificación y entregue toda la documentación de esas transferencias.

Las transas de don Daniel Hernán López Rodríguez están siendo documentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta de investigación FECC/031/2019-3, aunque parece que tienen mucho trabajo o ya recibieron línea para darle carpetazo. 

Pero el ex dirigente sindical y también músico ni suda ni se acongoja, pues goza de una jugosa jubilación que le concedió la anterior legislatura gracias a una “ayudadita” que le dieron desde la secretaría de Administración que encabezaba el hoy notario público Alberto Barona Lavín, aumentándole su sueldo de manera considerable para efectos de cotización con fines jubilatorios.

A pesar de todo lo anterior, logró incrustarse en el equipo del regidor panista Jesús Martínez Dorantes, en el municipio de Cuernavaca. Así la impunidad en nuestro estado.

Está demostrado que el sindicato de burócratas es fábrica de nuevos ricos, y quizás por esa impunidad es que la actual lideresa, Denia Torres Rivera, pretende continuar en el cargo para lo cual está tratando de manipular el proceso de elaboración de estatutos.

No olvidemos que ella llegó al cargo todavía con la bendición del anterior secretario de Administración, Alberto Barona Lavín, quien metió varias planillas de empleados de esa dependencia para garantizar que entrara alguien que no le provocara problemas en la recta final del sexenio de Graco Ramírez.

Así llegó Denia Torres Rivera el 1 de febrero del 2018 con apenas 395 votos contra los 274 de su más cercano perseguidor, Santiago Muñoz, alfil del secretario de Hacienda.

También será interesante ver si el gobierno actual se resiste a la tentación de entrometerse en la vida sindical de sus trabajadores, lo cual ha sido una constante en todos los gobiernos, pues a cualquier patrón le interesa tener una relación tersa con el sindicato de sus trabajadores que le garantice estabilidad.

Con reelección o sin reelección, el proceso de renovación del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales, Autónomos (Fiscalía General del Estado de Morelos) del Estado de Morelos, deberá llevarse a cabo el 31 de enero del 2021.

Veremos si la actual secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, también impulsa una o varias planillas como lo hizo su antecesor.

HASTA MAÑANA.

No se puede abordar el tema del acoso, ya sea sexual, laboral, o simplemente sobre feminismo  y machismo sin el riesgo de que se considere un artículo en defensa del género y en contra de las mujeres, pero asumiremos el riesgo.

Admitimos que durante décadas las mujeres sufrieron las consecuencias de vivir en un régimen patriarcal y machista. No hace mucho todavía se consideraba inútil darle estudios a las hijas si se dedicarían al hogar, y era mal visto que una mujer ganara más que un varón. El ascenso de una fémina inmediatamente generaba la curiosidad de preguntar qué varón la estaba impulsando y en automático se relacionaba con una cuestión sexual.

Los tiempos han cambiado y qué bueno. Hoy hay una verdadera revolución en ese tema y las mujeres se están ganando su derecho a ser respetadas literalmente a golpes. Cada quien tendrá su propio punto de vista sobre las formas, pero en el fondo todos estamos de acuerdo en que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un hecho y no sólo palabras escritas. De la violencia ya ni hablamos, es totalmente inaceptable.

Envalentonadas por la corriente anti-machista generada por los últimos acontecimientos, se han cometido injusticias. Hoy ventilaremos aquí un caso en el que consideramos que están pagando “justos por pecadores”.

El pasado 12 de marzo, en el marco de la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, se dio un incidente que involucró al director administrativo de esa dependencia, Hipólito Reyes Guzmán.

Los que presenciaron la escena vieron a una MUJER acompañada de un adolescente en silla de ruedas “increpando” a un HOMBRE -funcionario de gobierno-, quien prácticamente se quedó callado (y el que calla otorga). La imagen dice más que mil palabras.

Sin embargo, lo peor que puede uno hacer es dejarse llevar por una imagen sin conocer lo que hay detrás de ella.

Por principio de cuentas, la señora que se ve en el video afirma que gana mil 500 pesos. Y tiene razón, pero lo que no dice es que gana eso porque le descuentan dos créditos que está pagando al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, beneficios que quizás no hubiera obtenido de no ser porque cuando los tramitó era dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, organismo que por cierto la expulsó.

Tras varios años de juicio el gobierno del estado la reinstaló, y el único lugar que le encontró fue en la Sedagro. Ahí la conoció Hipólito Reyes, quien la apoyó para que a partir del 28 de octubre de 2019 estuviera comisionada con Jesús Chávez Ramírez, presidente del Comisariado Ejidal de Cuautla, con el propósito de que atendiera a los productores derivado de la instrumentación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, el cual cerró el 31 de diciembre de 2019 y la fecha límite para la entrega de la documentación soporte de los trámites de los beneficiarios fue el 31 de enero de 2020.

“Durante el tiempo que la señora Irma Hernández estuvo trabajando en Cuautla traté de apoyarla con sus demás peticiones, el 28 de octubre de 2019, me reuní con la Lic. Denia Torres Rivera, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales y del Estado de Morelos para solicitarle su apoyo, a efecto de que le diera a la señora Irma una plaza sindicalizada con un ingreso mayor, quien me informó que no era procedente mi solicitud dado que la señora Irma Hernández Solís no es sindicalizada, en virtud de que fue expulsada del sindicato citado”, contestó Hipólito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos después de que Irma lo denunció.

Explica que derivado de que concluyó el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, para el cual fue comisionada la señora Irma Hernández Solís, el 24 de enero de 2020 se le informó mediante oficio número SDA/DGA/069/2020 que quedaba concluida su comisión que venía desempeñando y que tenía que presentarse a la Unidad de enlace financiero Administrativo de la SEDAGRO a partir del 27 de enero de este año, en horario laboral.

“El 27 de enero de 2020, a las 10 horas, la señora Irma me solicitó que nuevamente la comisionara a Cuautla, expresando que tiene a su hijo con discapacidad, a lo cual le comenté que el motivo de la comisión anterior se extinguió, a lo que ella me contestó que si no la comisionaba presentaría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante todos los medios de comunicación por discriminación y acoso laboral”.

Y lo cumplió.

No meteríamos las manos al fuego por Hipólito Reyes, a quien conocemos desde hace algunos años, pero sí podemos dar referencias de su trabajo y de lo que ha hecho por la comunidad Down, ya que tiene un hijo con ese síndrome al que ha logrado sacar adelante.

También tenemos buenas referencias de lo combativa que fue Irma en su papel como dirigente sindical, y de su esfuerzo por sacar adelante a su hijo al igual que muchas mujeres en ésta entidad. Pero consideramos que en ésta ocasión equivocó la forma, pues nos consta que Reyes Guzmán trató de ayudarla hablando con la directora del ICTSEM, Fabiola Urióstegui, para que los descuentos fueran más asequibles.

Por otro lado, y tal como lo mencionamos en la columna del 13 de marzo, hubo “mano negra” de algunos diputados para echarle a perder la comparecencia a Margarita Galeana, y dentro de ese “complot” se incluyó  el permiso para que la señora Irma pudiera ingresar al recinto legislativo y hacerle “el show” a Hipólito, con la presencia de un buen número de reporteros.

En este tipo de casos, en el que el género masculino actualmente “por defaul” queda como victimario, sólo queda la reputación que cada persona haya construido a lo largo de toda una vida, y es el caso de Hipólito.

El video de #LadyManoseada (donde una señora enojada porque un hombre la grabó por haber dejado a sus hijos en un Oxxo, lo persigue con frases amenazantes y comienza a gritar que él la “manoseó”) nos deja en claro que también hay mujeres que pueden utilizar la corriente pro-feminista que actualmente permea en la sociedad mexicana, para obtener beneficios laborales o para venganzas personales.

HASTA MAÑANA.

Después de que los diputados mostraron total desinterés en las comparecencias de los secretarios de Gabinete (algunas se llevaron a cabo con la presencia de una diputada), y lo “relax” que se comportaron con la mayoría, resulta muy sospechoso el interés que despertó la presencia de la titular de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres.

Ayer, llamó la atención el tono enjuiciador que usó el diputado Andrés Duque Tinoco -ese mismo que hasta ahora ocupaba el primer lugar en inactividad con cero intervenciones en tribuna- para acusar a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de haberse ido a una Expo Ornamental a Alemania y gastarse dos millones de pesos.

Por principio de cuentas no es la primera vez que un Secretario acude a este tipo de viajes, y segundo es poco creíble y menos sin pruebas, que Galeana Se haya gastado dos millones de pesos como lo aseguró Duque.

Al parecer, el tema de fondo aquí es que el diputado Duque usó la comparecencia para "cobrarse" un tema personal con Margarita Galeana, quien resulta que tuvo que darle las gracias a la sobrina del legislador quien laboraba en la Dirección de Ganadería y era la encargada de operar el Programa de Acémilas (se trata de mulas, sin ofender a nadie), y pues bien la señora designó al proveedor, quien recibió el pago pero nunca entregó las mulitas a los ganaderos inscritos en el Programa.

Lamentable que el legislador de Temixco nunca participe, y cuando lo hace es para asuntos familiares o personales.

Por otra parte, los cuestionamientos del diputado Pepe Casas giraron en torno a falta de apoyo a productores, cuando al diputado nunca se le ha visto en una gira de campo y ha quedado más que evidenciado que el responde a la línea que le dicten. Un día está a favor del gobernador y al otro día en contra, es “pago por evento” pues.

La postura que llamó la atención fue la del diputado Alfonso de Jesús, quién como saben es el Presidente de la Mesa Directiva, pero ayer actuó más como vocero del gobernador, al acusar a la secretaria de no tenerle lealtad al mandatario.  Otro que después de casi dos años de ejercer el cargo, no sabe de qué se trata la división de poderes.

No dudamos que haya fallas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sin embargo los diputados han usado estos ejercicios para cobrarse agravios personales más que para exigir realmente cuentas de lo que sucede en una secretaría.

Por cierto, ahí como la ven de tranquilita, resulta que la diputada panista Dalila Morales amenazó con armar un escándalo junto con su partido, en caso de que una de sus amigas con las que toma el café no fuera incluida en la nómina de la Sedagro.

Y así por el estilo. Por eso es que hace algunos días comentábamos en este mismo espacio que salvo escasas excepciones, las comparecencias sólo sirven para definir la relación del servidor público con los representantes populares. Generalmente las primeras se caracterizan por la rudeza de los legisladores a la hora de preguntar. Luego viene la petición de favores y las siguientes comparecencias son tersas y hasta con preguntas a modo.

Aparte de favorecer el lucimiento personal de algunos diputados (Pepe Casas, por ejemplo, quien aprovechó al máximo los reflectores), ¿sirvieron de algo las comparecencias de los secretarios de gabinete?

Habrá que estar atentos a lo que viene después, cuando veamos si –tras la comparecencia del almirante Ortiz Guarneros- ya hay más diputados con guaruras pagados con el erario, o los que ya traen ven incrementado el número de elementos.

Así también, habrá que checar qué personas son dadas de alta en las diferentes dependencias y si no llevan los apellidos de los diputados, o bien, que sea del dominio público que se trata de “amiguitas” de los legisladores o amigos de las diputadas (aunque la mayoría de ellas ya los colocó en direcciones importantes).

Ayer se vio claramente que “había línea” para vapulear a la secretaria de Desarrollo Agropecuario. Y es que nos comentan que –aunque usted no lo crea- ese puesto es de los más asediados del gabinete. Varios de los subalternos de Margarita Galeana le andan haciendo grilla con la esperanza de ser ascendidos, y por lo menos de dos diputados se sabe que le han insinuado al gobernador que ellos están dispuestos a “sacrificarse” y cambiar su curul por la oficina de la avenida Atlacomulco.

Afortunadamente la comparecencia no sólo sirvió para que los diputados mostraran sus cualidades histriónicas, sino que hubo oportunidad de que se hablara de las cosas positivas que hay en el sector agropecuario.

Por ejemplo, que Morelos sigue ocupando el liderazgo nacional en producción de nopal, higo, ejote, flor de nochebuena y esquejes (ni idea de qué sea eso, pero así lo informaron). También está en los primeros lugares en la producción de rosa, miel, aguacate, pitahaya, sorgo grano, amaranto, arroz palay, pepino, zarzamora, flor de cempasúchil, chía, caña de azúcar, calabacita, cebolla, jitomate, tomate y agave.

En 2019, fueron apoyados 10 mil productores de granos básicos, caña de azúcar y frutales, con 17 millones 150 mil pesos para la adquisición de fertilizante químico y orgánico, precisó Margarita Galeana, al dar cuenta de que el apoyo fue entregado de manera directa al productor, quien pudo elegir libremente qué producto comprar y el proveedor de su preferencia.

Y derivado de las necesidades de otras ramas productivas, por primera vez se incluyeron en el programa a 900 productores de frutales y 100 productores apícolas, éstos últimos históricamente no habían sido considerados en ningún programa,

La titular de la Sedagro explicó que en el año pasado se invirtieron también 5 millones 590 mil pesos en diversos programas como avicultura de traspatio, módulos de acuaponia, repoblamiento de vasos lacustres, impulso al maíz criollo, fertilidad de suelos y técnicas alternativas de alimentación para apicultores, así como acondicionamiento con infraestructura y equipo a unidades de producción acuícolas e invernaderos.

La titular de la Sedagro dio cuenta de la conformación del Consejo Consultivo de Agroexportadores del estado, para resolver problemas comunes e inherentes a la actividad, ante la importante derrama económica que genera este sector y número de empleos para el estado de Morelos, y es que de acuerdo con cifras del Inegi, las exportaciones agropecuarias de la entidad representan 2.2 millones de dólares trimestrales.

HASTA MAÑANA.

Ayer dábamos a conocer en este espacio que el comisionado estatal de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, le pidió al fiscal Uriel Carmona Guarneros que ya no pida “indiscriminadamente” personal de custodia para víctimas del delito.

El documento fue publicado por el abogado penalista y ex presidente del Consejo de Juristas, Gibran Haro Álvarez (con eso de que luego quieren correr gente acusándola de filtrarnos documentos), y está fechado el 13 de febrero de 2020. (Lo expresado entre paréntesis es del columnista).

“…le comunico que dentro de esta dependencia a partir del día de la fecha no podrá implementarse ninguna medida de protección si no se acompaña al oficio de solicitud respectiva la siguiente información:

1. a) Documento que acredite la vulnerabilidad y la situación de riesgo o peligro de la víctima y que ese riesgo sea inminente como lo señala el artículo 131 fracción XV del Código Nacional de Procedimientos Penales.
2. b) Documento donde se haga constar que la víctima tiene conocimiento de las obligaciones a las cuales debe sujetarse para adaptarse a las condiciones que le imponga la corporación policiaca que desempeñará el servicio y en donde se dé por enterada de que en caso de incumplir con alguna de ellas la medida de protección será retirada.
3. c) Se especifique de manera concreta qué medida de protección se requiere y la forma en la cual solicita sea brindada.
4. d) Se señale la temporalidad por la cual se solicita, la cual en ningún caso podrá exceder lo preceptuado en el artículo 139 del CNPP (sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días).
5. e) Se señale que en caso de que la vigilancia que soliciten sea móvil con la víctima quién va a cubrir los gastos que se eroguen por el traslado del elemento policiaco.

“Lo anterior en virtud de que ésta dependencia ya no se encuentra (¿o sea que antes si?) en condiciones de cubrir todas las medidas de protección que son giradas de manera indiscriminada por los agentes del Ministerio Público a su cargo, puesto que esta institución ya no cumple (¡fuertes declaraciones!) con la labor principal de prevención del delito en virtud de que en el año 2019 se recibieron 9223 medidas de protección y actualmente en lo que va del año se han recibido 101 medidas de protección de manera fija y 703 medidas que se brindan de recorridos, lo que hace que se merme el estado de fuerza de esta institución de manera considerable si tomamos en cuenta que son destinados dos elementos policiacos por turno para cubrir las fijas, lo que hace que se disponga de 404 policías de manera fija y mil 406 elementos policiacos en realizar recorridos varias veces al día”.

Pero eso no es todo. Los policías preventivos también tienen que cuidar inmuebles; custodiar detenidos que están en hospitales; acompañar a víctimas a declarar; “se hacen funciones de notificador para entregar cédulas de notificación a imputados de la imposición de medidas de protección; se capacita (o se alecciona) a elementos policiacos para su comparecencia como testigos en audiencias de vinculación a proceso y juicio oral”, y todavía tiene que acompañar a secretarios de acuerdos (creo que se refieren a actuarios) para embargos, etc.

Menciona en su misiva que hay una Ley de Sujetos Protegidos del Estado de Morelos desde 2014, pero en sus artículos transitorios quedó estipulado que entrará en vigor una vez que los diputados aprueben el presupuesto correspondiente (o sea, nunca).

Por otra parte, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas dio a conocer que el 40 por ciento de los elementos policiacos estatales y de los municipios están asignados a cumplir medidas de protección, por lo que son separados de otras áreas importantes. Refirió que al menos cinco alcaldes han expresado en la mesa de coordinación para la seguridad que han sido amenazados por grupos delictivos.

Ojeda Cárdenas acudió este martes a la sesión ordinaria de Consejo Estatal de Protección Civil y antes del acto oficial, fue entrevistado sobre el llamado del alcalde de Amacuzac, Ramiro Iturbide Parra, quien pidió protección, pues solo cuenta con un elemento para su vigilancia, a lo que el funcionario dijo que no hay condiciones para cumplir la demanda del edil.

En respuesta a una solicitud de información pública se nos proporcionó la lista de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que están formalmente asignados a servidores públicos, y es la siguiente:

En el Poder Legislativo Diputado Marco Zapotitla Becerro, dos elementos; diputado José Galindo Cortéz, dos elementos; Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dos elementos.

Para los alcaldes: Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán 2; Yautepec, Agustín Alonso, uno; Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, tres elementos; Yecapixtla, Francisco Sánchez Zavala, uno; Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, uno.

En el Poder Judicial: Magistrado Jorge Gamboa Olea, tres elementos; Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles (por órdenes de un Ministerio Público Federal), cuatro elementos, así como una Juez Penal con cuatro elementos también.

En el Poder Ejecutivo, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, dos elementos; secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, dos; asesor anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez, cuatro; Oficina de la Gubernatura, seis.

El coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Francisco Molina Villalobos, tiene tres elementos, en tanto que la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda, tiene cuatro elementos.

Y para el final dejamos al que afirma que “no hay condiciones para incrementarles el número de escoltas a los presidentes municipales”.

Sí, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, tiene a doce elementos para su seguridad personal.

HASTA MAÑANA.

Se imagina usted la cara de los empleados del Ayuntamiento que creían que habían hecho el negocio de su vida y al momento de recibir el dinero los supuestos clientes les dicen: “somos de la Fiscalía Anticorrupción y están ustedes detenidos”.

Esa escena que es típica de las películas norteamericanas ya se dio en la vida real en Morelos. Lástima que fue en un pequeño municipio para muchos desconocido: Atlatlahucan y fue por 50 mil pesos, cuando sabemos que en los municipios con mayor densidad poblacional las transas se dan con más frecuencia y con más ceros en las cifras.

En este caso que dio cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dos servidores públicos adscritos a la Coordinación de Rentas del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc del Ayuntamiento de Atlatlahucan fueron detenidos por el delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público y quedaron vinculados a proceso.

Además, Cristofer “N” también fue vinculado por el delito de Falsificación de Documentos y José Alberto "N" por Cohecho.

Los funcionarios fueron detenidos el pasado 19 de febrero de 2020, derivado de las operaciones encubiertas que realizaron elementos de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía.

Lo que hicieron los agentes fue hacerse pasar por usuarios que querían “pagar menos” en sus adeudos de Catastro por los inmuebles que tienen en Lomas de Cocoyoc. Los servidores públicos cayeron en la trampa y les sugirieron que podían borrar los adeudos correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018, de una cuenta catastral.

• ¿Y cómo cuanto necesitaríamos para eso? Preguntaron los policías con cara de ingenuidad.
• Pues mire jefe, normalmente se cobra más, pero por tratarse de ustedes se lo podemos dejar en 50 mil- dijo el incauto empleado.

Y así fue como acordaron verse en un lugar para hacer la transacción: los supuestos usuarios llevarían los 50 mil pesos y los desleales servidores públicos le entregarían un documento en el que daban constancia de que el predio en mención estaba al corriente de todos sus pagos. Obviamente dicho documente era apócrifo, impreso por ellos mismos en una computadora, con firmas falsificadas y sellos que también mandaron hacer exprofeso.

¿Cuántas transas iguales hicieron estos sujetos? No lo sabremos y tampoco van a ser juzgados por delitos anteriores, pero lo que sí es indiscutible es que están bien presos en la cárcel Distrital de Cuautla.

Días después de la detención sus abogados solicitaron la suspensión condicional del proceso con el fin de obtener la libertad de los imputados, pero ante la oposición de la representación social y los sólidos argumentos que presentó, el Juez negó la petición y ambos servidores públicos continuarán en prisión preventiva.

La Fiscalía Anticorrupción manifestó su oposición a esa solicitud por su improcedencia jurídica, en razón de que además del delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público, a Cristofer “N” se le imputa Falsificación de Documentos  y a José Alberto “N” Cohecho, con lo cual, superan la media aritmética de cinco años de prisión, por ello, era improcedente la suspensión.

El Juez, además de coincidir con la argumentación del Ministerio Público, estableció que los imputados fueron vinculados a proceso por la suma de dos delitos cada uno, conforme el auto de vinculación a proceso, por lo que no alcanzan ningún beneficio de libertad.

Además, dijo que los delitos que se atribuyen a los servidores públicos, no pueden separarse uno de otro, porque la legislación penal no hace esa distinción.

A diferencia de lo que ocurre en la Fiscalía General (quizás porque la carga de trabajo es mayor), en la Fiscalía Anticorrupción se notan los resultados. Diariamente están generando tarjetas informativas de las carpetas de investigación que judicializan, algunas “pegan” y otras se las regresan, pero no dejan de insistir.

Es digno de reconocer que en la Fiscalía Anticorrupción no sólo se avocan a los asuntos de renombre (todos relacionados con el gobierno de Graco, hasta ahora), sino también en casos de poca relevancia mediática pero socialmente necesarios.

Tal es el caso de la joven “bombera” de Cuernavaca,  a quien presuntamente uno de los directivos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de Morelos, la acosaba sexualmente y le pedía la mitad de su sueldo.

Aun cuando la investigación se encuentra en una etapa inicial, la agente del Ministerio Público consideró pertinente privilegiar la integridad física, sicológica y patrimonial de la víctima, por lo que, en audiencia, solicitó a un juez del Control, la ratificación de las medidas de Protección por 60 días, para que el hombre denunciado no se acerque a su trabajo, ni a su casa.

En otro caso, la Fiscalía Anticorrupción logró ratificar las medidas de protección a favor de un niño de 12 años y su madre, ya que el menor presuntamente fue agredido y amenazado por su tío, quien es policía de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El pasado 6 de diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción recibió la denuncia de una mujer y su menor hijo, quienes declararon que ese día, Juan “N” tío del agraviado, estando vestido de policía, lo empujó y amenazó con “levantarlo”, diciéndole que su mamá no lo iba a encontrar.

Ante tal situación, la Fiscalía Anticorrupción dictó medidas de protección apegándose al artículo 137 fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que mientras se realizan las investigaciones y se está en condiciones de judicializar la carpeta, el imputado no puede acercarse al menor, ni a su madre, quienes deberán contar con protección policiaca.

Lo anterior, a pesar de que recientemente el abogado Gibran Haro Álvarez hizo público a través de su cuenta de Twitter un documento en el que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, le advierte al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, que ya no le va a mandar elementos cada vez que un agente del MP lo requiera, sino solamente en aquellos casos realmente justificados.

“…le comunicó que a partir de la fecha no podrá implementarse ninguna medida de protección si no se acompaña al oficio de solicitud la siguiente información”, dice el documento fechado el 13 de febrero, y enseguida viene una lista de cinco condiciones para autorizar los elementos.

Luego dice que las medidas de protección “son giradas de manera indiscriminada” por los agentes del MP y le pide al fiscal general que “exhorte a los MPs a que solamente soliciten el auxilio de esta dependencia cuando esté acreditado el riesgo inminente que tenga la persona a la cual se le brindará la medida de protección”.

¿Será también justificado que elementos de la CES sirvan de escoltas de servidores públicos de los tres poderes del Estado?

HASTA MAÑANA.

Independientemente de que hay ingredientes políticos y radicalismos que de ninguna manera pueden ser aceptados, el paro nacional de ayer surtió el efecto deseado por la mayor parte de la población: que las mujeres no son objetos, sino complemento de una sociedad.

Y sí, nos hicieron mucha falta en las actividades diarias de las ciudades, así que podríamos decir que aprendimos la lección y estamos muy contentos de que hoy todo regrese a la normalidad.

Se notó su ausencia en el transporte, en la atención de las oficinas, y sobre todo en las escuelas, aunque hubiese sido mejor que no suspendieran clases para ver qué hacían los maestros varones con todos los niños.

En lo personal, mi agente de seguros me envió mi póliza el domingo en la noche con la advertencia: “Mañana estaré desconectada todo el día,  pero cualquier cosa déjeme mensaje”. Y lo cumplió. El desayuno en el restaurante se tardó más que otros días y no había suficientes cajeras en los bancos.

Afortunadamente sólo fue un día.

Qué lástima que para muchos padres, muchos hijos, muchos hermanos y hermanas, el 9 de marzo sea permanente. No volverán nunca porque fueron víctimas de feminicidios o porque están desaparecidas.

Y ese precisamente era el fin de este movimiento: que por un día nos pusiéramos en el lugar de esas personas que han perdido a un ser querido que es mujer, y de esa manera valoremos a las que todavía están vivas.

También ese era el propósito de la marcha del domingo, la cual desafortunadamente se vio empañada por esas mujeres radicales que ya vimos que también existen en Morelos  y que causaron destrozos en la fachada del Palacio de Gobierno.

Ciertamente esas féminas están enojadas por muchas cosas y su indignación es totalmente comprensible, pero hay alguien que las está organizando. Es decir, hay alguien que mandó hacer esa tela morada muy larga que les sirvió para evitar que los fotógrafos y camarógrafos registraran sus actos vandálicos; hay alguien que les proporcionó la pintura en aerosol y lo que utilizaron para tratar de prenderle fuego.

También debe haber alguien que las está enseñando cómo hacer y cómo lanzar (muy mal por cierto) bombas “Molotov”. Son precisamente esos grupos los que se están aprovechando de un reclamo legítimo del sector femenino contra años de opresión, y que buscan obtener un beneficio político.

Pero en el fondo todas tienen razón. Debe haber un cambio de paradigma en la sociedad de tal manera que lo que antes era “socialmente aceptado y tolerado”, quede desterrado. Necesitamos “cambiar de chip”, pero no es fácil en una sociedad donde no hace muchos años los hombres se robaban a las mujeres y después iban los padres del varón a ver a los padres de la adolescente o joven a lo que se llamaba “el perdón” y todo se solucionaba con el matrimonio. Así pasó con nuestras abuelas, con algunas señoras septuagenarias y quizás hasta se siga dando esta situación en estos tiempos en algún lugar de la República Mexicana.

Recientemente platicábamos con unas compañeras reporteras en el cumpleaños de la hija de una de ellas, en una fiesta que fue “amenizada” por un payaso. El hombre con maquillaje y nariz roja basó su show en la ridiculización de las mujeres (gordas, feas, regañonas, etc.) y en los concursos ayudándole a los niños.

Tradicionalmente eso hacía reír mucho a la gente (prueba de ello es el éxito que tienen los payasos que se presentan los sábados y domingos en las escaleras del zócalo), pero de un tiempo a la fecha hay gente a la que ya no le causa gracia ese tipo de chistes. Al menos en el caso de nuestra amiga, difícilmente vuelve a ser contratado.

Los tiempos cambian y los hombres debemos entender que el papel de “Don Juan Tenorio” ya no causa gracia, ni en la oficina con las secretarias ni en la escuela con las alumnas. Antes le celebraban al profe un chiste “colorado”, hoy lo graban y lo denuncian.

En Morelos cuantitativamente estamos bien en cuestión de equidad de género. En el Congreso Local ya hasta se pasaron en el número de mujeres diputadas y  en el Poder Judicial hay una gran cantidad de magistradas (comenzando por la presidenta) y muchísimas juezas.

En el Poder Ejecutivo tenemos a cuatro secretarias de gabinete. Hay gente que quisiera una paridad “a rajatabla”, pero nosotros consideramos que se deben poner a los mejores en el gobierno del estado, independientemente del género al que pertenezcan, y con esto nos referimos también al sector homosexual.

¿Qué sigue después de este primer paro nacional de mujeres? Esperemos que los jefes de oficina lo piensen dos o tres veces antes de ofrecerle a una mujer un ascenso a cambio de favores sexuales; que los taxistas y albañiles estén conscientes de que pueden ir a la cárcel por andar “piropeando” a las mujeres. Y así en todos los sectores.

Pero por otro lado también deseamos que lo que hoy parece ser una conquista del género femenino, degenere en un movimiento político que tenga a la violencia como factor permanente. Que no permitan que grupos políticos se aprovechen de la situación para “llevar agua a su molino”, o que utilicen a las víctimas para atacar al sistema.

Ya vimos que no siempre es un hombre el que viola o asesina a una mujer, y el caso de la niña Fátima es el más claro ejemplo: fue una mujer la que la raptó y la entregó a su victimario.

Pero también no estaría de más un poquito de autoprotección. Es cierto que la responsabilidad de garantizar seguridad es de las autoridades, pero ya en términos prácticos, mucho ayuda el que las mujeres no anden solas en altas horas de la madrugada, y que dejen a esas parejas que muestran alteraciones en su conducta o consumo de drogas o alcohol.

Las estadísticas no mienten: los responsables de los feminicidios son en su mayoría las parejas sentimentales de las víctimas. Y en el caso de las violaciones de menores, casi siempre son familiares o las parejas de la madre.

HASTA MAÑANA.

“Cuernavaca, Morelos, a cinco de marzo de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio 389/2020 signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa 1237/2019 y su acumulado 1640/2019, que contiene la resolución de fecha veintiocho de febrero del año en curso”.

Así dice el acuerdo firmado por el Juez Tercero de Distrito, Oscar Alejandro López Cruz, mediante el cual da por recibido el amparo promovido por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, específicamente, los realizados por nueve magistrados que autorizaron la desaparición de distritos judiciales en materia penal; la creación de un juzgado en materia mercantil; y la creación del Circuito judicial único en materia penal oral.

Recordemos que Juan Emilio Elizalde sostuvo en su petición de amparo que dicha acción contraviene el derecho fundamental de los justiciables a ser oídos y vencidos en juicio  en el que se hubieren observado las formalidades esenciales del procedimiento y se emita resolución por autoridad competente, toda vez que el tema de competencia de una autoridad para emitir cualquier resolución, constituye un presupuesto procesal de orden público y de interés social, en el que todos los gobernados están interesados en que la autoridad que corresponda conocer, substanciar y dirimir un conflicto, tenga facultades competenciales para ello, aspecto competencial que por su carácter de presupuesto procesal es de orden público y de interés social que obliga incluso a observarse de oficio por la autoridad respectiva.

“Esto es así, porque de la sesión de seis de septiembre del año en curso, ante la falta de condiciones para aprobar los puntos del orden del día presentado por la Magistrada Presidente, dado que no entregó las constancias correspondientes conforme a las que se pretendía sesionásemos, nueve magistrados no contábamos con la información básica para debatir y menos aún para dirimir o resolver cualquier planteamiento de los referidos en la convocatoria respectiva por lo que al parecer sólo estuvieron presentes nueve magistrados, con lo que en términos de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su arábigo 27, no existía quorum para sesionar ni deliberar y menos aún para emitir válidamente alguna resolución ya que para ello se requiere por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados que conformamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, es decir, que si somos dieciséis Magistrados con derecho a voz y a voto y las dos terceras partes de dieciséis son diez punto seis Magistrados, como sólo al parecer estuvieron en sesión ocho Magistrados con derecho a voz y voto, basta una simple operación aritmética para colegir que no se encontraban las dos terceras partes para sesionar, para deliberar, ni para emitir resolución alguna”.

Por tales motivos se estima que la sesión extraordinaria de seis de septiembre del año en curso, así como las deliberaciones, los acuerdos y las resoluciones emitidas por nueve magistrados y no por el pleno carecen de valor jurídico por haber sido emitida por autoridades incompetentes, ya que el único competente para ello lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, el cual se integra con las dos terceras partes de los Magistrados, requisito que no fue cumplimentado, sostenía el magistrado que promovió el recurso.

Pues bien, en su resolución, el juez Jorge Alfonso Castillo Espinoza señala que “en este contexto, se tiene que existe base legal para aseverar que el acuerdo dictado en sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, de seis de septiembre de 2019 (…) no reunió los requisitos que para su integración y poder de decisión establecen los numerales 86, 93 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 27 párrafo segundo, 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 17 de su reglamento.

“En efecto, tales disposiciones legales establecen que el Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, se constituye por su Presidente y magistrados (18); que las sesiones y deliberaciones que se efectúen serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados (12); empero, ello implica no sólo que al inicio de la sesión se haya declarado el quorum sino también que al momento de la votación del acuerdo exista cuando menos las dos terceras partes de los magistrados emitiendo su voto ya sea a favor, en contra o absteniéndose, lo que no se puede comprender de otra forma, ya que aceptar la forma de como la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aprobó el acuerdo combatido de seis de septiembre de 2019, con tan sólo nueve magistrados, pretendiendo que la decisión fue del Pleno del Tribunal, caería en el extremo de que las decisiones de éste, a decisión unilateral de su presidente, se puedan tomar con un quorum no establecido por la ley”.

De esta manera, determina que “al no haberse respetado las formalidades establecidas por la ley (…) procede conceder el amparo y protección solicitados”. Con fundamento en los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se fijan los efectos de la concesión del amparo, para que las autoridades responsables “dejen insubsistentes las actas de sesiones extraordinarias de Pleno celebradas el 6 de septiembre y seis de noviembre del 2019, únicamente en la parte donde determinaron los acuerdos que modifica la actual distritaciónde los Juzgados Penales en Materia de Justicia Oral y se crea un Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, así como un circuito judicial de la misma materia; y, por el que se complementa la circunscripción primera del artículo 2° de dicho acuerdo; y, en su lugar emitan otra en la cual deberán observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución  Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberán no sólo requerir a la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia del quorum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación”.

Hasta aquí la resolución del juez de Mazatlán que es bastante clara y contundente aunque la ley contempla la posibilidad de que ésta sea recurrida ante un tribunal colegiado y la confirmación o revocación estaría dándose más o menos en el mismo tiempo que la actual presidenta termina su periodo.

En caso de que el tribunal de alzada confirmara la sentencia aquí referida, ¿cuáles serían los efectos que tendría éste amparo sobre los actos que se hayan realizado atendiendo a una disposición que ha quedado invalidada por órdenes de la justicia federal?

Consideramos que es momento de que los 17 magistrados piensen en el problema que están metiendo a los justiciables y tomen una determinación más allá de si están con la presidenta o en contra de la presidenta, pues ella se va en dos meses pero los problemas se quedan.

En esta ocasión la presente columna está dirigida a quienes se dedican a la noble profesión del periodismo, ya que este viernes por la tarde está programada una importante reunión convocada por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para que los comunicadores intenten ponerse de acuerdo sobre quién nos habrá de representar en el Mecanismo de Protección para Periodistas (y defensores de derechos humanos) del estado de Morelos.

Primeramente trataremos de explicar qué es el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (ese es el nombre oficial): es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

Y es que el principal problema que tenemos es el desconocimiento de los colegas sobre la función específica de este órgano, pues algunos siguen pensando que es una instancia de apoyo al periodista, y que se debe encargar –por ejemplo- de recabar fondos cuando un compañero está enfermo o ha fallecido. No es así.

A nivel nacional el Mecanismo existe desde el 2012 en que fue publicada la Ley y está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una coordinación Ejecutiva Nacional. Cuenta con un Fondo, que según la Ley de la materia, se destina exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes.

A nivel local el gobierno de Marco Adame Castillo creo el Mecanismo de Protección a Periodistas (no incluyó a defensores de derechos humanos) mediante la publicación de un convenio, es decir, no estaba soportado en una Ley ni tampoco en un decreto. Aun así, el gobierno de Graco Ramírez lo sostuvo y sus acciones se sustentaron más bien en la voluntad de las autoridades y no en una obligatoriedad. Como no había ley, tampoco hubo fondo para medidas de protección.

El 20 de agosto del 2018 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del estado de Morelos (nótese que puso en primer lugar a los comunicadores) y estableció como objetos los siguientes:

a) Establecer el Mecanismo de Protección para Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. b) Reconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. c) Generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. d) Implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola y salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos. e) Establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Aquí se contempla la implementación de un Comité Consultivo, y el Subcomité Técnico de Evaluación. El primero integrado por dos representantes de la Secretaría de Gobierno y uno de la CES, FGE, IMIPE, SS, CEDH, TSJ, tres organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y tres periodistas.

El Subcomité estará integrado por funcionarios de las dependencias ya mencionadas y dos representantes de los defensores de derechos humanos así como “dos personas pertenecientes al foro de periodistas”.

Pues bien, del 20 de agosto del 2018 a la fecha, no nos hemos podido poner de acuerdo en quienes serán los representantes de los periodistas y mucho menos elaborar un reglamento.

Y es que el principal problema es el divisionismo que prevalece en el gremio periodístico. Somos lo más parecido a una cubeta con cangrejos, pues cada vez que alguien hace algo para avanzar, es jalado por los otros que cuestionan “¿Y por qué tu?”

Para empezar, no hemos podido resolver el dilema de quién debe convocar a la asamblea en la que se elegirá a nuestros representantes.  Sabemos que hubo una asamblea celebrada por un número importante de compañeros en la sede del SME, pero no hubo un notario público que diera fe de lo que ahí se acordó.

Cualquier intento por llegar a acuerdos de algunos compañeros se vio frustrado por “tuitazos” de que “ellos no me representan”, así que al gobierno no le quedó otra que publicar una convocatoria como lo establece la ley: a través de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y en cuatro periódicos de mayor circulación.

Aun así, no faltó quien tomara esa convocatoria como una “intromisión” y un intento por controlar al gremio.

Ojalá que acuda el mayor número posible de comunicadores, primero para que sepan de qué se trata y en segundo lugar para que opinen y decidan el mecanismo para elegir a nuestros representantes.

Todos sabemos que nadie está exento de sufrir una agresión, ya no solamente por desempeñar una actividad peligrosa de por sí, sino por la inseguridad que afecta a toda la población. Y ciertamente cuando alguien te quiere hacer algo de muy poco sirven los escoltas o los vehículos blindados, pero si ya está contemplado en la ley pues hay que conocerlo para saber qué hacer en caso de que ocurra.

Pero sin protagonismos.

HASTA EL LUNES.

Después de haber visto pasar unas 10 legislaturas locales, y no menos de una veintena de comparecencias de servidores públicos, ayer refrendamos nuestra opinión de que no hay nada más intrascendente que el hecho de “mandar traer” a un funcionario del gabinete para que conteste las interrogantes de los diputados, generalmente ignorantes del tema y que sólo suben a la tribuna a leer lo que sus asesores les han anotado.

Salvo escasas excepciones, las comparecencias sólo sirven para definir la relación del servidor público con los representantes populares. Generalmente las primeras se caracterizan por la rudeza de los legisladores a la hora de preguntar. Luego viene la petición de favores y las siguientes comparecencias son tersas y hasta con preguntas a modo.

Recordemos que los procuradores son designados por el Congreso a propuesta del gobernador a partir de 1998. El último procurador designado directamente por el mandatario estatal fue Arturo Estrada Carrillo aunque fue sólo por unos meses. Con la caída de Jorge Carrillo Olea (cuyo procurador fue encarcelado por encubrir el homicidio de Jorge Nava Avilés alias “El Moles”) el Congreso reformó la Constitución para que el titular de la Procuraduría fuera electo por mayoría de votos de una terna enviada por el gobernador.

El primero que llegó a través de ese mecanismo fue José Castillo Pombo, priísta que tuvo que negociar con perredistas y panistas para que lo dejaran dos años en la Procuraduría. En ese tiempo, una gran cantidad de vehículos “chocolates” en poder de la Procuraduría terminaron en los sótanos de los diputados, no para ellos, sino para sus ayudantes, de los cuales varios fueron dados de alta como policías judiciales y “comisionados” como escoltas de los legisladores.

Desde entonces los procuradores (hoy llamados fiscales) se han convertido en empleados de los diputados. Se dan el lujo de enviar sus listas de averiguaciones previas (hoy carpetas de investigación) en las que quieren que se le dé celeridad o más bien que se les aplique “carpetazo”.

En algún tiempo los diputados traían un documento firmado por el jefe de la Policía Ministerial (Agustín Montiel) que los autorizaba a portar arma al amparo de la licencia colectiva de esa corporación. A ese grado ha llegado la relación entre la Cámara de Diputados.

A ese nivel ha llegado la relación de complicidad entre procuradores y diputados. Pero al parecer las cosas han ido cambiando.

Se ha dicho muchas cosas del actual fiscal Uriel Carmona Gándara y su relación con los diputados y diputadas. Recuérdese que Uriel fue designado todavía por el Congreso anterior, cuando el jefe de todos ellos era Rodrigo Gayosso, por lo que el nuevo gobierno pretendía quitarlo. Pero el hijo de Uriel y Marinela no es nada tonto, y comenzó a tejer sus redes tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, de tal manera que los días en el cargo que le pronosticaban se convirtieron en meses y ahora ya rebasó el primer año.

En términos generales se puede decir que el notario con licencia salió avante de su comparecencia. Hubo legisladores (hombres y mujeres) que le pusieron preguntas para que se luciera, pero otros y otras se le fueron a la yugular.

La táctica que advertimos fue que Uriel “les dio el avión”. No se confrontó con nadie. Aceptó todos los regaños, dejó que se desahogaran y prometió mejorar.

“Solamente el que no trabaja no se equivoca", contestó cuando le preguntaron sobre el bochornoso tema del cadáver entregado a la familia equivocada. “Pero tiene usted toda la razón, esas cosas no deben de pasar nunca”, dijo con voz lastimera.

En su informe dijo que en el estado se iniciaron más de 20 mil carpetas de investigación. Mil 89 carpetas fueron judicializadas; 511 imputados quedaron sujetos a proceso; y se obtuvieron 87 condenas. En la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, se registraron 38 carpetas de investigación: 26 por feminicidio y12 por homicidio calificado. Se judicializaron 17 carpetas de investigación, con 11 imputados procesados.

En otro rubro, el Fiscal informó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión cuenta con 108 carpetas de investigación iniciadas, 16 carpetas judicializadas, la vinculación a proceso en 38 carpetas de investigación con un registro de 58 detenidos, y 28 fallos condenatorios con un total de 57 sentenciados.

Con ese esfuerzo, la Fiscalía Antisecuestro ejecutó 17 órdenes de aprehensión y consiguió la liberación de 75 personas secuestradas, de los cuales el 75 por ciento fue mediante negociación y el 25 por ciento restante por operativo.

La tarea constante de la PIC permitió el cumplimiento de 260 mandatos judiciales; la detención de 242 posibles imputados por flagrancia y 331 por investigación; 54 operativos, con 41 armas de fuego, mil 335 paquetes de droga decomisados; y la recuperación de 11 vehículos automotores robados.

No obstante, hubo legisladores que subieron a la tribuna “con la espada desenvainada”.

“El informe que usted rinde a esta soberanía es absolutamente oscuro”, fue la frase de bienvenida que le profesó la diputada priísta Rosalina Mazari Espín al fiscal general de Justicia. Y después de considerar insuficientes y engañosos los datos ofrecidos, terminó con un “si no puede con la encomienda es mejor que se vaya”.

 “No estamos aquí para atacar a nadie, estamos aquí para fortalecer a la Fiscalía y a sus trabajadores, porque queremos resultados, porque la gente tiene miedo, y creo que una forma de ayudar al Gobernador del estado es que respetemos a todas las instituciones”, dijo la diputada Tania Valentina Rodríguez.

Señaló que el estado de Morelos está siempre en primeras planas con asesinatos, feminicidios, escándalos de corrupción, por lo que enfatizó que es necesaria la unión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y fortalecer “una Fiscalía que nos necesita”.

Y al parecer quien no tenía qué preguntar y se fue por el comentario fácil fue la diputada panista (plurinominal), Dalila Morales, quien criticó que el secuestro del periodista Adrián Fernández se haya resuelto en cuestión de horas y otros no. Como ya lo hemos comentado en este espacio, la diferencia estuvo en la participación de la ciudadanía al denunciar en forma anónima los posibles hechos delictivos. De pena ajena.

HASTA MAÑANA.

La información llegó a los medios de comunicación locales y nacionales en forma sistemática, como si se tratara de algo muy bien planeado. Algunos lo publicaron casi textual, sin mencionar fuentes, otros –como El Universal- lo atribuyeron a una “investigación surgida desde el seno del Poder Judicial”.

Lo cierto es que la existencia de documentación falsa relativa a la identidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, María del Carmen Cuevas López, cimbró el edificio de Leyva y se convirtió en el tema más recurrente en los pasillos.

“La magistrada falsificó su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, así como modificó su nombre de forma unilateral, lo cual se puede confirmar con el  acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos con fecha 27 de junio de 1962, en la que se inscribió el registro de nacimiento de la C. María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

“Lo anterior, toda vez que el día 20 de mayo de 1999, un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma eCURP la Clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1963, es decir, modificó el año de nacimiento de 1962 a 1963 y se agregó el nombre de Verónica”, dice la información que a leguas se nota que la hizo un profesional de las leyes.

Esta CURP tuvo que haber sido generada de manera indebida, manipulando el sistema, o con un acta apócrifa expedida en favor de la misma, pues en el Registro Civil solo existe una única acta y no constan inscripciones marginales que hayan permitido las modificaciones referidas.

Todo esto surge justo antes de que fuera nombrada juez de primera instancia del noveno distrito judicial con sede en Jiutepec, Morelos, cargo que ocuparía hasta octubre de 2003. “Sospechoso es, que la nueva CURP, haya sido creada por un usuario del mismo lugar donde ella laboraba”, dice el texto anónimo pero contundente, en el que se reconoce que no se sabe con qué objeto se disminuyó un año de edad y se aumentó un nombre.

Ya sólo faltó que le pusieran el “haiga sido como haiga sido”, el hecho es que María del Carmen Cuevas López se ha conducido desde 1999 con un documento que no corresponde a su fecha real de nacimiento y que ha utilizado este documento en al menos 5 instituciones, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Relaciones Exteriores, Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otras.

“Queda de manifiesto que la actual magistrada se conduce con documentos apócrifos o falsos”, concluye la “investigación” que es evidente proviene del grupo de nueve magistrados y magistradas que buscan su salida desde hace mucho tiempo, algunos y algunas de las cuales fueron sus confidentes cuando se aliaron para tratar de derrocar al entonces presidente Ricardo Rosas Pérez.

En este espacio pronosticamos que a la presidenta del TSJ se le avecinaban tiempos difíciles en la recta final de su mandato. Aunque ha tratado de amarrar acuerdos tanto en el poder ejecutivo como en el Legislativo, no le han sido suficientes para soportar las andanadas.

Por si esto fuera poco, acaba de resolverse el amparo promovido por Javier Hernando Romero Ulloa, recientemente destituido como juez penal.

En esa resolución firmada por el Juez Tercero de Distrito, considera que en la sesión extraordinaria de ocho de enero de dos mil veinte, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, emite una serie de consideraciones y, tabla de evaluación, “empero, no se desprende una debida valoración como se determinó en la ejecutoria de amparo, tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo”.

Además, dice que sigue existiendo defecto en su cumplimiento en atención que, por lo que hace al diverso quejoso Miguel Ángel Bahena Santana, en razón a que sí bien refiere y alude hacer un estudio de sus exámenes donde asienta además una tabla de calificaciones de dicho quejoso, cierto también lo es, que hace mención y valuación de cuestiones que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende que no hizo un debido estudio y valoración de lo solicitado en la ejecutoria de amparo, y la forma de resolver en lo que hace a dicho quejoso; dejando de observar la ejecutoria de amparo.

 “Siendo así y de la lectura de su determinación y conclusiones a criterio de quien resuelve, existe un exceso y defecto, es decir está valorando exámenes respecto a personas que no recurrieron al amparo y lo cual excede en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, procede a realizar una tabla de calificaciones, y, a hacer una narrativa de sus calificaciones eliminando a los terceros perjudicados, cuando de la ejecutoria de amparo se señalan los lineamientos a seguir.

“En ese sentido, y con base en las constancias que remitió la responsable, este Juzgador determina que el fallo protector no ha sido cabalmente cumplido. Por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este proveído, deje sin efectos la determinación que emitió para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y proceda a dar cumplimiento total a la ejecutoria en los términos ahí señalados de los cuales no desconoce”.

Con esta resolución, el juez ha estado promocionando un video en las redes sociales en el que critica la actuación de Carmen Cuevas, igual que por su lado lo está haciendo el jurista Héctor Manuel Buenrostro Grimaldi.

Y el pasado lunes los barristas hicieron lo propio. Lo advertimos: “le van a echar montón”.

Ayer se esperaba una reacción de la magistrada presidenta sobre el tema de su acta de nacimiento, pero hasta el momento de redactar la presente columna no llegó.

HASTA MAÑANA.

Ayer, un grupo de integrantes de la Barra de Abogados convocó a una conferencia de prensa en la que “agarraron parejo” a todas las instituciones de gobierno y dejaron en claro que “las cosas no están bien”. Llamó la atención que entre los declarantes no estaba su presidente, Cristian Iván Velazco Alcoser, por lo que fue cuestionado por los reporteros.

“No invitamos a nuestro presidente porqué él no está interesado en levantar la voz a nombre de sus representados”, contestó lacónico José Luis Urióstegui Salgado, cabeza visible de esta “rebelión” al interior de la agrupación de abogados más grande en el estado de Morelos.

A su lado, otro ex presidente de la Barra, Alejandro Smith Vázquez; la representante de la agrupación en la zona oriente, Aricela Camacho; el jurista Arnulfo Romero; del otro lado Enrique Arizmendi Sanpedro, Miriam Martínez Bolaños y Reyna Rosales, todos “barristas de la vieja guardia”.

En contraste, el actual presidente Iván Velasco Alcoser, feliz en su muro de Facebook tomándose “selfies” con cuanto funcionario de gobierno encuentra. Eso es lo que le reclaman.

Primero habló Aricela Camacho, quien reprochó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, el estar más preocupada por su problemática interna que por los justiciables. Pidió que los nombramientos de jueces sean por méritos y no por amiguismo o compadrazgo.

Luego hizo uso de la palabra Arnulfo Romero, quien participó en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal allá por el 2006.

Él dijo que Morelos atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema impuesto e inacabado, de procuración e impartición de justicia penal, que lo han hecho débil y corrupto. “Además, confronta a las autoridades responsables de estos grandes rubros, en una dilapidación absurda de lamentos desafortunados, respecto a quién es responsable de tanta liberación a delincuentes, ante la puerta giratoria qué distingue al indómito Sistema Penal Contradictorio Adversarial, implementado con motivo de la Reforma Constitucional del 2008”, agrego.

 Recordó que dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno qué cumpliera con los principios de un régimen democrático y de derecho con presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, control horizontal, privilegiar los derechos de las víctimas, entre otras tantas bondades ofrecidas. “En la actualidad, el funcionamiento de la Justicia penal en México, han sido una Justicia derrotada y simulada y qué nunca será suficiente, por estar descontextualizada con la realidad histórica de nuestro país y siempre será contraria a la necesidad real y posible de nuestro antiguo sistema político, además, contraria a la viabilidad presupuestal y de validación de resultados”.

Enrique Arizmendi Sanpedro, quien alguna vez ocupó el cargo de director de capacitación de la Policía Ministerial y por un tiempo estuvo al frente de la cuestionada corporación, consideró que no obstante los logros y las aportaciones que los diferentes procuradores han realizado, “estimamos que en la cuestión programática existe un rezago, ya que hasta la fecha no conocemos el plan integral de seguridad pública del estado, que debiera presentar el titular de la Secretaría del ramo, que vinculado a los planes estatal y  nacional de desarrollo, nos señale el camino que deben de establecer las áreas de planeación para ir resolviendo los distintos problemas que tiene que enfrentar esta función”.

Tocó el turno a Alejandro Smith Vázquez, quien se refirió al desempeño de los jueces de Distrito, e hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise si todos están cumpliendo con lo establecido en la reforma federal del 2011.

“Nuestra exigencia es a que se califique la calidad  de los criterios del Poder Judicial Federal en cuanto a la garantía que deben de otorgar y a la calidad de las sentencias interlocutorias o definitivas para los justiciables, si el juez de Distrito no está capacitado para entender que ha habido una reforma que transformó al país en 2011 no podemos seguir así”, acotó.

Cerró el ex presidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado, quien expuso el grave problema de la extorsión conocido coloquialmente como “cobro de piso” y que afecta a una gran parte de comerciantes y empresarios.

Ese es un gravísimo problema que afecta al sector productivo, pero sin olvidar delitos como el robo de vehículo, robo a comercio, y últimamente los casos de personas que son asaltadas después de retirar dinero de los bancos, y todo parece indicar que es con el contubernio de los empleados bancarios.

“Levantamos la voz nosotros como barristas y exigimos a las autoridades que hagan la parte que les corresponda a cada una de ellas”, dijo para finalizar.

Todavía no acababa la conferencia de prensa y ya desde su cuentas de redes sociales el aún presidente reclamaba no haber sido invitado y que es falso que no haya alzado la voz para reclamar a las autoridades. Lo cierto es que su muro de Facebook lo delata, pues muestra “selfies” con el gobernador, con la presidenta del Tribunal, con la Fiscal Antisecuestros y, sobre todo, con el fiscal general Uriel Carmona, a quien apoyó para que la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), le entregara este fin de semana la Presea OPEMDE Justice Internacional 2020.

La FIA entregó la presea, “en reconocimiento a su trayectoria profesional estatal y defensor de los derechos humanos y de administración de justicia en el Estado de Morelos, a través de las acciones implementadas para la transformación de la Institución a su cargo, al tiempo de establecer un trabajo que eficientice y priorice el trabajo a favor de las víctimas”.

La evidente escisión en la Barra de Abogados pronostica una candente asamblea mensual programada para el próximo sábado siete en “Los Vikingos”, después de que la última casi termina a golpes entre dos abogadas.

HASTA MAÑANA.

El doctor Eduardo Olvera y Sánchez es un ciudadano común que un buen día, mientras esperaba en su auto a que avanzara la fila sobre la calle empedrada de Santa Clara, colonia Acapantzingo, se hizo una pregunta ¿por qué la avenida Ruiz Cortínez no se conecta con la avenida Alta Tensión?

Seguramente muchos de nuestros lectores se han hecho la misma pregunta al circular en sus vehículos sobre la avenida Teopanzolco que después del cruce con Díaz Ordaz se llama Alta Tensión, y que repentinamente se acaba. Sí, ahí si aplica la frase de “topar con pared” pues literalmente hay una barda que impide continuar hacia abajo a pesar de que las líneas de alta tensión sí cruzan por arriba y más abajo vuelven a estar sobre otra avenida que se llama Ruiz Cortinez.

Al hacer una revisión satelital (Google Maps), el doctor Olvera se dio cuenta que hay poco más de 300 metros de una propiedad privada que impiden que estas dos importantes vías de comunicación entronquen y sea la salida perfecta hacia la autopista.

No se advierte que exista un arroyo ni barranca que pudiera ser un límite natural que obligue a las avenidas mencionadas a desviarse. Aquí si aplica al cien por ciento lo que menciona la ley sobre “expropiar por causas de utilidad pública”.

Desde entonces el doctor Eduardo Olvera ha comenzado un peregrinar por dependencias gubernamentales y tribunales federales para que alguien le conteste esa pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué no expropian 300 metros de terreno para que la avenida Teopanzolco desemboque hasta la autopista?

Máxime cuando por arriba cruzan las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y se supone que nadie debe construir bajo esos enormes cables.

“La norma NRF-014-CFE establece un derecho de vía de 16.7 metros en línea de transmisión de 230 kv de dos circuitos en zona urbana con estructura 2410 smp o bien 21.8 metros cuadrados si la línea de transmisión es de 400/230 kv 2/2 circuitos”, explica a este columnista.

Pero no se trata solamente del caos vial que todos los días se presenta, sino por la afectación a la salud de los habitantes de esta zona de la ciudad por la contaminación generada por los vehículos que avanzan a vuelta de rueda y el consabido ruido de los cláxones.

A la primera institución gubernamental a la que le hizo la pregunta fue a la CFE, en el 2016. Ante la falta de respuesta el ciudadano interpuso un amparo (el 668/17 del Juzgado Tercero de Distrito). “La construcción de vialidades no es facultad de esta Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una problemática derivada de la construcción y/o continuación de vialidades de la que no tenemos competencia material ni jurídica para resolver sus pretensiones”.

“No se le estaba solicitando a la CFE en ningún momento construir una vialidad o continuarla, sino el desalojo del área a fin de poder continuar la avenida Teopanzolco. En otras palabras, es como si hipotéticamente le solicitáramos desalojar una superficie de terreno con el objeto de plantar árboles para mejorar el medio ambiente y nos contestara: la producción de árboles para la reforestación no es de su facultad”, comentó el quejoso.

Al gobierno municipal también se le hizo la misma petición, pero también contestó que quedaba fuera de sus facultades. “Esta secretaría no tiene competencia, toda vez que lo solicitado representa la afectación patrimonial de particulares que se encuentran en legítima propiedad de los inmuebles, mismos que al momento de ser constituidos no contaban con el panorama de la carga vehicular que se ha generado a la presente fecha”, le contestó el entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Eduardo Molina Avilés.

La Ley federal de Expropiación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936 y señala en su artículo uno que se consideran causas de utilidad pública:

I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.

No se requiere ser un experto en urbanismo para darse cuenta que estaría totalmente justificada la expropiación de un terreno que se interpone entre una avenida de diez kilómetros y otra de unos tres kilómetros, y que lo único que las separa son 300 metros, además de que hay una franja de propiedad federal que nunca debió ocuparse.

Seguramente algunos lectores tendrán más datos sobre quién es el propietario de ese predio y el por qué la CFE no delimitó el paso de sus líneas de alta tensión. O bien, por qué el Ayuntamiento no ha promovido la expropiación de esa fracción de tierra que al parecer pertenece al Fraccionamiento “Las Quintas”.

El problema del doctor Eduardo Olvera y Sánchez es que está luchando solo contra la burocracia, con el guajiro sueño de que le harán caso, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Todos “lo batean”.

Su demanda es totalmente válida y refleja el sentir de todos los ciudadanos, tanto residentes como todos aquellos que hacen uso de esa vialidad, pero no se ha acercado a alguna agrupación civil que esté dispuesta a hacerla suya.

Difícilmente alguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, motu propio tomará la idea del doctor Olvera. El consejo que le damos es que se acerque a alguno de los personajes que ya andan moviéndose con la intención de buscar la candidatura a presidente municipal de Cuernavaca. Con suerte a alguno le interesa, aunque sólo sea para quedar bien con los futuros votantes.

Y quizás, algún día, cuando la avenida Teopanzolco desemboque en la autopista del Sol sin tener que rodear por la calle Díaz Ordaz, y que la circulación vehicular sea más fluida, alguien se acuerde que hubo un ciudadano “loco” que comenzó a preguntarle a las autoridades por qué no expropian 300 metros siguiendo la línea de alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

HASTA MAÑANA.

El pasado miércoles, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla separó del cargo al juez Alejandro León Flores del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, después de haber ejercido 30 años sin un título profesional y haber falsificado su documentación para instalarse en el cargo; también se le dio parte a la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de delitos.

Lo interesante del caso es que dicha destitución fue como consecuencia de una investigación periodística que realizó el medio de comunicación denominado Lado B, con recursos de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.

Alejandro León Flores fue nombrado juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses en julio de 1989 por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y desde ese momento no dejó el cargo conferido, pese a no contar con el título de abogado y la cédula profesional, documentos que son obligatorios para el cargo según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.

Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.

El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.

Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despachaba como juez penal de Cholula hasta el pasado miércoles.

En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.

En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.

Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.

Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.

De acuerdo con un trabajador del TSJ —con el que se habló con la condición de reservar su nombre para evitar represalias— tras la petición de información de LADO B se percataron que la cédula era falsa, por ello el entonces presidente del Poder Judicial en el sexenio de Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, ordenó ocultar el documento y responder diciendo que “no existía”.

Su sucesor en la presidencia del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, decidió impulsar una investigación por parte del Consejo de la Judicatura, misma que concluyó que, tal como lo había denunciado el medio de comunicación poblano, el juez incurrió en graves irregularidades administrativas que ameritan su destitución, y remitir el expediente a la Fiscalía para ver si se acreditan delitos.

En Morelos ocurrió algo similar en 1994, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia era Jesús Bello Espíritu. El abogado Luis Barrera Urióstegui interpuso una denuncia en contra de Pedro Mancera Pérez, juez mixto de Xochitepec, quien había presentado documentación falsa para acceder al cargo.

El maestro Bello Espíritu mandó traer al juez, y le preguntó si eran ciertas las acusaciones de Barrera Urióstegui. Pedro Mancera Pérez aceptó que había mentido, pues carecía de título profesional y cédula.

“Señorita, tráigase papel y pluma que el señor va a redactar ahorita mismo una carta de renuncia”, dijo por el interfon el respetado jurista.

Y así –sin procedimiento alguno- dejó de ser juez el abogado sin título, después de haber firmado cientos de sentencias durante años.

A raíz de ese caso el Tribunal Superior de Justicia envió una circular a todos los jueces y secretarios de acuerdos para que presentaran sus títulos y cédulas. Y Barrera Urióstegui adquirió el mote de “El caza-coyotes”.

Tradicionalmente la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) ha sido una especie de “caja chica” de los gobiernos en turno, ya que las obras tendientes a proporcionar el vital líquido, o bien el tratamiento de aguas residuales, son la justificación perfecta para realizar obras que proporcionan millones de pesos en “moches”.

Lo anterior es del dominio público, pero casi nunca se puede comprobar. Y lo que es peor, que a veces, para tapar o distraer la atención mientras se realizan los grandes robos, los propios funcionarios inventan denuncias contra los servidores públicos de los niveles más inferiores, haciendo realidad aquella máxima de que “el hilo siempre se rompe por lo más delgado”.

Hoy queremos presentarle el caso del ingeniero José Luis Gallardo Villagómez, supervisor de obra adscrito a la CEAGUA, quien acaba de obtener una sentencia absolutoria en un procedimiento administrativo que le mandó fincar el entonces titular de la dependencia, Juan Carlos Valencia Vargas, pero aplicando el criterio de “primero te corro y después veo si eres culpable”.

Todo comenzó el 28 de agosto del 2017, cuando la Secretaría de la Contraloría dio cuenta con el oficio número CEAGUA/CO/DENUNCIA/006/2017 signado por el contador público Jesús Urióstegui Beltrán, Comisario Público de la Comisión Estatal del Agua, mediante el cual presentó formal denuncia en contra de los ciudadanos Arturo Barrientos Orozco, en su carácter de supervisor de Obra; Juan Carlos Chevez Labastida, en su carácter de ex subdirector de operación y mantenimiento; Daniel Rodríguez Flores Samayoa, en su carácter de supervisor de obra al igual que José Luis Gallardo Villagómez.

A todos ellos se les imputaron hechos sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la obra denominada “Proyecto, Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tequesquitengo”, a ejecutarse en la localidad del mismo nombre, municipio de Jojutla.

En el caso particular de José Luis Gallardo Villagomez, se le acusaba de que “al revisar la bitácora electrónica de obra pública (BEOP) correspondiente a la citada obra, “se advirtió que el ingeniero José Luis Gallardo Villagómez, en su carácter de residente de la obra –cargo que desempeñó a partir del 9 de febrero del 2015, no registró en la mencionada bitácora la autorización de la estimación dos y tres, misma que se encuentra expresa en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Agrega la denuncia que “el incumplimiento del registro de las estimaciones tuvo como consecuencia una deficiencia en el control y registro en la autorización de pagos de la obra, así como en la transparencia de los mismos”.

Sin embargo, al contestar la denuncia en su contra, el ingeniero Gallardo Villagómez admitió que efectivamente no registró en la bitácora electrónica la autorización correspondiente de las estimaciones número dos  y tres relativas a la obra con número de contrato MOR-CEAPDS-2014-OP- PROTAR/FAFEF-152, en las fechas 09 de abril y 29 de mayo del 2015, pero aseguró que dicha circunstancia “no me es imputable a mi persona”.

Explicó que a partir de la fecha en que fue asignado en el cargo de residente de obra, “me aboqué a realizar el trabajo encomendado, siendo el caso que en la fecha de la asignación de la residencia de la obra y al revisar la bitácora electrónica pude percatarme que la misma con fecha nueve de febrero del 2015  -fecha de mi asignación- había sido cerrada por parte del ingeniero de nombre Daniel Rodríguez Flores Samayoa, quien fungió como residente de supervisión de obra que me antecedió, ignorando el suscrito el motivo por el cual haya determinado el cierre de la misma, pues al revisar el expediente relativo al proyecto pude percatarme que existían trabajos pendientes por practicar, lo cual me impidió actuar o realizar los registros correspondientes a dichos trabajos, pues el acceso era imposible, ya que el programa creado para dicho efecto me lo impide”, afirmó en su contestación.

“Se hace la aclaración técnica, en relación al periodo de ejecución del 01 de diciembre del año 2014 al 08 de abril del 2015, correspondiente a la estimación número dos (…) se da trámite a ésta, por lo que la empresa denominada DAEN S.A. de C.V. por conducto de su apoderado legal, como responsable de la ejecución del proyecto, hace entrega de la estimación mencionada con fecha nueve de abril del 2015 al ing. Daniel Alberto Arámbula, director general de saneamiento y operación para su revisión y autorización respectiva, quien al dar respuesta por escrito a lo solicitado en el oficio número DGSyO/175/2015 de fecha nueve de abril del 2015, le informa que es aprobada y autorizada la estimación correspondiente, tal y como se advierte de los oficios que en copia simple exhibo”.

Con base en lo anterior, el director general de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, emitió una resolución que a la letra dice:

“En tal tesitura, de las consideraciones vertidas a lo largo del presente considerando y el que antecede, permiten a esta autoridad concluir que NO es procedente el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del ciudadano José Luis Gallardo Villagómez. Asimismo, permiten concluir a esta autoridad que es procedente el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de los ciudadanos Daniel Rodrigo Flores Samayoa, Arturo Barrientos Orozco y Juan Carlos Chevez Labastida”.

No omitimos mencionar que la sanción impuesta a los tres funcionarios antes mencionados es de risa: suspensión de su cargo por dos meses.

Sin embargo, el problema es que al ingeniero Gallardo Villagómez lo despidieron desde el momento mismo que se inició el procedimiento administrativo, violando flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia.

Hoy, con toda razón,  el ingeniero Gallardo Villagómez está exigiendo su reinstalación en el cargo que ya no encabeza Juan Carlos Valencia, sino Moisés Agosto Ulloa.

¿Qué sucedió realmente en ese caso en el que pretendieron involucrar al ingeniero Gallardo Villagómez? ¿Cuántos actos de corrupción se habrán hecho al amparo de este tipo de distractores? 

Eso quizás nunca lo sepamos.

HASTA MAÑANA.

Antipatía: “sentimiento, generalmente instintivo, de repulsa o rechazo hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento, que provoca encontrar desagradable su presencia, no desear que las cosas le salgan bien” (Deconceptos.com).

Hugo Eric Flores es el más claro ejemplo de lo que es un hombre antipático. Y esa característica no sería mayor problema si fuera un acaudalado empresario o un astronauta, pero es un político, o más bien, un anti-político.

En tres ocasiones lo hemos visto en actos públicos y su comportamiento ha sido el mismo. Llega tarde, no saluda a nadie y se sienta en un rincón poniendo una cara de “a ver a qué horas te das cuenta de mi presencia y me pides que suba al presídium”.

El primer evento en el que advertimos de su presencia fue el 12 de diciembre del 2018, cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco acudió a la misa que los trabajadores del Palacio de Gobierno organizaron en la planta baja del edificio.

Nos dio curiosidad saber qué actitud tomaría el ministro de culto de una organización religiosa (evangélica) al ver al mandatario estatal y casi todo su gabinete en una misa a la virgen de Guadalupe. Subió las escaleras lentamente mirando bajo el hombro a la muchedumbre que cantaba alabanzas a la guadalupana.

La otra ocasión fue en una conferencia de prensa en el C5 a raíz del conflicto entre policías estatales y la municipal de Cuautla. Fue incluido en el presídium porque después de la conferencia tendrían una reunión sobre seguridad (que nunca he entendido por qué asiste un delegado de programas sociales a una reunión en la que nada tiene que ver).

Y la última fue el pasado 29 de enero, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno reinauguraron las instalaciones del Ministerio Público en el Municipio de Yautepec (la primera vez fue con el procurador Francisco Coronato Rodríguez).  Para variar llegó tarde, y metió en un predicamento a los organizadores porque tuvieron que hacerle un espacio a un lado del fiscal Uriel Carmona.

Ayer volvió a ser noticia. La primera vez fue cuando se aventó la declaración de que “Morelos es violento pero no inseguro”. Luego apareció a nivel nacional cuando en una reunión en la que pensaba que nadie estaba grabando, aseguró que el presidente López Obrador le confió que no está contento con su partido y que si siguen igual se va a salir de Morena y les va a exigir que le quiten el nombre.

En su edición de ayer, el periódico Excélsior publicó que “alegando respeto a sus derechos propagandísticos, superdelegados de programas federales en los estados buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales”.

Explica el rotativo que mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los “superdelegados” y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán, “quienes suenan como posibles aspirantes a las gubernaturas de sus estados” (que no es el caso de Hugo Eric Flores).

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales sancionados por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

Ahora, los superdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.

Y en la búsqueda de información sobre Eric Flores en la red de redes nos encontramos una verdadera joya:

Es una declaración del presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD-CDMX), Raúl Flores, en el 2017, cuando la alianza Morena-PES era solamente una broma de mal gusto.

“Lo que tenemos con este nuevo acuerdo político de Morena con el partido de Hugo Eric Flores Cervantes es la unión de un partido cuasi religioso con uno confesional como Encuentro Social, que al igual que el partido de López Obrador fue impugnador de la Constitución de la CDMX por ser el pacto social progresista y de más avanzada de todo el país. Ambos crean un frente oscuro y de secta muy riesgoso, pues tiene como objetivo meter reversa y someter a consulta los derechos humanos y las libertades civiles que hoy, después de años de lucha, son plenamente reconocidos y protegidos en nuestra ciudad”.

Y luego viene la anécdota:

“…durante su paso como asambleísta constituyente, Hugo Eric Flores propuso regresar a la denominación de Distrito Federal para nombrar a la capital del país y no Ciudad de México, asegurando que las siglas CDMX eran “de Satanás”, pues según él y sus supuestas cuentas matemáticas hechas con dicha abreviatura, las letras CDMX están estrechamente vinculadas con el número 666, supuestamente satánico o del Diablo”.

HASTA MAÑANA.

“Que en términos de lo expuesto en el cuerpo de esta determinación se imponen a José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero las penas de treinta y ocho años de prisión, doscientos días de multa, destitución e inhabilitación por cuatro años para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión públicos”, escucharon estupefactos los dos oficiales del Ejército Mexicano. Era el 13 de febrero del 2020, casi 9 años después de que ocurrieron los hechos.

Fue la resolución final del magistrado federal Mario Roberto Cantú Barajas al resolver la apelación que presentó el abogado Cipriano Sotelo Salgado contra la sentencia del Juez Quinto de Distrito que los había condenado únicamente a 13 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado, Tortura y Desaparición Forzada de Persona, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Jethro Ramsses Sánchez Santana.

La noche del primero de mayo de 2011, elementos de la Policía Federal Preventiva se comunicaron al 21° Batallón de infantería, para informar que  habían detenido a un civil de nombre Jethro Ramsses Sánchez Santana, quien manifestaba pertenecer a una organización delictiva, motivo por el cual salió el teniente de infantería Guerra, con la fuerza de reacción del batallón; acompañado por el teniente de infantería Albañil y el subteniente sub-ayudante de la unidad Aguilar, cada uno de ellos llevaba una camioneta oficial.

Minutos después regresó el personal militar a la unidad, pero en esta ocasión traían al civil, al que trasladaron a la carpintería de la unidad, lugar que con frecuencia utilizan para interrogar a las personas detenidas e involucradas con la delincuencia organizada.

En el interrogatorio participaron  las tres personas que acudieron al llamado y trasladaron al civil al 21° Batallón, así como un tercer teniente de apellido Legorreta,  quienes le propinaron golpes severos que le ocasionaron su muerte  instantánea, aún y cuando un soldado de sanidad le brindó los primeros auxilios nada se pudo hacer al respecto.

En razón de lo anterior, los implicados decidieron trasladar el cuerpo sin vida del civil a bordo de una unidad oficial a un predio externo, donde al final lo inhumaron clandestinamente.

Edwin Raziel Aguilar, con grado de subteniente, narró así lo sucedido:

“El primero de mayo del año en curso yo estaba en servicio en la fuerza de reacción del Vigésimo primer Batallón de infantería con el teniente Albañil, cuando fuimos enterados que debíamos acompañar al teniente Guerra a las instalaciones de la  feria de Cuernavaca, porque había recibido una llamada de la Policía Federal de que al parecer había sido detenidas dos personas ligadas a la delincuencia, por ello solicitaban nuestro apoyo para prevenir alguna eventualidad mayor, así que nos fuimos.

“Al llegar vimos a personal de la Policía Federal que tenía a dos personas que estaban  arrodilladas entre  camionetas de la Policía federal y una malla ciclónica, entonces el teniente Guerra me pide que forme un dispositivo de seguridad  y fue así como los policías federales le entregaron al teniente  Guerra a los civiles detenidos, los subieron a las camionetas que llevábamos, uno de ellos a una y otro a otra unidad.

“Nos tardamos como cuarenta minutos en llegar al Veintiún Batallón de infantería. Al llegar trasladamos a uno de ellos al taller de herrería que se ubica junto al taller de carpintería, el otro joven se quedó afuera en la otra camioneta. Yo no ingresé al taller de herrería  me quedé también afuera.

“Al poco rato  llegó el teniente Albañil con ese civil del taller de herrería  y de pronto se comenzó a desvanecer, entonces le hablaron a un cabo de sanidad para reanimarlo, pero no pudieron. El teniente Guerra le pidió a todos que se fueran  solo nos quedamos el teniente Guerra, Albañil y yo. 

En su declaración ministerial el teniente Guerra narró lo mismo que su subordinado, pero agregó que al darse cuenta que el detenido estaba muerto “fui a buscar a mi Coronel Arias para darle parte de lo sucedido por lo cual movió su cabeza en sentido negativo y se fue caminando rumbo a la comandancia, diciéndome ´tíralo´”.

Según el subteniente Aguilar, “se llamó a tres oficiales y subimos el cuerpo de ese civil a la camioneta y Albañil se subió al volante y salió del batallón con rumbo hacia el norte, manejó  más de una hora y se salió a un terreno boscoso, paró la unidad  y el teniente Guerra nos indicó un lugar  y los oficiales y yo comenzamos a cavar un hoyo como a un metro o metro y medio de hondo y como un metro con setenta centímetros de largo,  con un pico y una pala entre los tres oficiales, e intercambiábamos las herramientas y nos alumbrábamos con una pala, ahí depositamos el cuerpo de ese civil”.

De todo ello tuvo conocimiento el coronel José Guadalupe Arias Agredano, jefe del batallón, y también el general Leopoldo Díaz López, jefe de la Zona Militar número 24, pero ambos dijeron no saber nada del muchacho, mintiéndoles a los jueces de Distrito que pidieron informes vía amparo, y a toda la gente que se manifestó exigiendo que apareciera el joven Jetrho.

Después de meses de tocar puertas, Cipriano Sotelo y el padre de Jetrho lograron que desde la presidencia de la República les quitaran el velo de impunidad que los cubría durante el sexenio de Felipe Calderón y los militares comenzaron a caer uno por uno.

Primero fueron el teniente Guerra y el subteniente Aguilar, luego el coronel Arias, el teniente Legorreta y finalmente, el general Díaz Pérez, quien después de ser casi omnipotente en Morelos, fue despedido y se deslizaba entre las sombras para no ser visto cuando acudía a firmar cada mes al Juzgado Primero de Distrito donde finalmente fue exonerado del delito de encubrimiento.

Al final se volvió a confirmar que “el hilo se rompe por lo más delgado”, pues en este caso fueron los de menor rango los que alcanzaron la pena mayor: 38 años de prisión. En tanto que el coronel Arias permanecerá 13 años y 9 meses en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México.

Sigue pendiente la reparación del daño por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que no debe ser menor a los 20 millones de pesos.

Con ello no se repara en nada el dolor de haber perdido a un hijo, pero sirve como ejemplo de que la impunidad no es para siempre, y que la justicia tarda, pero un día llega.  

HASTA MAÑANA.

De no haber estado tan cerca de los acontecimientos, también habríamos creído –como algunos, incluyendo gente del gremio- que la privación ilegal de la libertad e inmediato rescate del periodista Adrián Fernández fue un “montaje” orquestado por el gobierno para contrarrestar el malestar ciudadano por la inseguridad pública.

Pero después de haber hablado con varios de los protagonistas de este caso, arribamos a la conclusión de que se juntaron diversas circunstancias que hicieron posible su rescate con vida, lo que ocurre en un bajísimo porcentaje de los secuestros perpetrados en esta entidad.

Ya el propio Adrián Fernández Guerra (empresario y editor de la Revista Perfil desde hace alrededor de 20 años) narró a algunos medios cómo fue su “levantón”. Fue el miércoles 19 de febrero cuando celebraba su cumpleaños en el restaurante bar “México Lindo”, que llegó un comando armado a bordo de dos camionetas.

Lamentablemente, el primero que se interpuso en su camino fue el valet parking, un joven de 25 años al que le dispararon a quemarropa. El sonido de los disparos hace que todos se tiren al piso, incluso se meten bajo las mesas.

“Lo matan, todos nos metemos abajo de la mesa y llegan preguntando quién es Adrián, quién es Adrián y ellos mismos dicen es él, jálalo, me jalan, me llevan a rastras, jalando todo de las piernas, hasta las escaleras, me meten en los vehículos”, narró la víctima.

Inexplicablemente, comenzó a circular en redes la versión de que su cuerpo había sido tirado en el puente del pollo, luego en Lomas de Ahuatlán. No había tal. Quizás esos mensajes hayan sido lanzados por los propios secuestradores para limpiar su huida hacia (hoy lo sabemos) Jiutepec.

La verdad es que, en un estado donde hay seis o siete ejecuciones diarias y todos los levantones terminan en homicidio, ya no contábamos al amigo Adrián. Algunas personas hasta esquela le publicaron en sus muros de Facebook.

En el gremio había diversidad de reacciones. Algunos pensábamos que debíamos aplicar la regla de no publicar nada de un secuestro para no poner en riesgo la vida de la víctima, pero otros consideraban que si no comenzábamos a hacer ruido, las autoridades no actuarían.

Al otro día muy temprano recibí la llamada de un veterano comandante de la Policía, amigo de Adrián. Me confirmó que no habían hablado para pedir rescate “ni creo que hablen, esto no es un secuestro normal, pero si no hacemos ruido la autoridad no va a actuar”.

Le comenté que necesitábamos la autorización de la familia. Minutos después me habló Yesenia, la esposa de Adrián, desesperada porque no había noticias. “Sube un mensaje en tus redes solicitando ayuda del gremio y yo lo replico”, le ofrecí.

El gremio periodístico respondió solidario como siempre. Aunque no haya un Mecanismo de Protección para Periodistas legalmente constituido, y que el liderazgo de los comunicadores se lo disputen varios grupos, cuando hay una emergencia sí somos unidos.

Corresponsales de medios nacionales entrevistaron a la esposa después de salir de su encuentro con el fiscal Uriel Carmona. Esther Martínez leyó un manifiesto en el Zócalo que luego entregó en la oficina del gobernador. Otra asociación hizo su propio comunicado condenando el hecho, y la sociedad en general comenzó a replicar en redes sociales la petición de ayuda.

La noticia de que habían encontrado un cadáver destazado en la colonia Montessori hacía más dramática la espera. “Ya llegó el doctor Nava, director de Servicios Periciales, esto es mala señal”, reportaba un compañero de nota roja desde el lugar de los hechos. “No es”, aclaraba más tarde para alivio de todos.

Tuvimos que volver a nuestras labores diarias. Fue hasta las 17 horas que comenzó el intercambio de mensajes. Varios tuiteros daban a conocer que Adrián había sido rescatado, pero no había pruebas de ello. Fue hasta las 6 de la tarde que comenzaron a llegar las primeras fotos y luego el video del feliz reencuentro de Adrián con su familia.

Y hasta los que primero estaban usando la “muerte” de Adrián para reclamar al gobierno, ahora estaban indignados por “el montaje” de su rescate. Si hubiese sido un montaje, no serían tan reales las heridas que la víctima trae en la cabeza.

Información obtenida por este columnista refiere que fue una llamada anónima (seguramente proveniente de un grupo antagónico al que lo secuestró) la que alertó a la Policía sobre el lugar donde mantenían privado de su libertad al periodista.

Para corroborar, un grupo de agentes antisecuestros acudieron al domicilio vestidos de civil. “Es un fraccionamiento con una caseta de vigilancia en la entrada y la primera casa es donde lo tenían. Uno de los secuestradores estaba platicando con el guardia de seguridad, y por su comportamiento se delató solito cuando nos vio. Luego salió otro al que reconocimos porque ya lo teníamos investigado por otros asuntos. También nos percatamos de que ahí estaba la camioneta blanca donde se habían llevado a la víctima, así que informamos a los superiores y mandaron el apoyo”, narró un agente.

Una camioneta blindada se encargó de tirar la puerta y abrir paso a los agentes de la UECS. La mayoría de los sicarios estaban descansando en colchonetas en la planta baja de la casa, pero algunos de ellos sí estaban armados y dispararon, aunque finalmente cedieron al verse superados.

Uno de los sujetos alcanzó a saltar una barda y se escabulló entre las azoteas. Pero para esos momentos efectivos de la Guardia Nacional ya habían montado un perímetro de seguridad y fue hallado sentado en la banqueta de un fraccionamiento contiguo.

Así que les podemos asegurar que no fue montaje, aunque faltan muchas preguntas por responder y que se aclararán a medida que avancen las investigaciones.

Lo importante es que un ser humano está de nuevo con sus seres queridos. Volvió a nacer y ahora tendrá que valorar más a su familia.

Lo malo es que sí hay una víctima mortal en este asunto. Se llamaba Jorge Eduardo Diego Durán, de apenas 25 años, habitante de Huitzilac. Deja desamparados a su esposa y a una hija de cinco meses.

Se supone que entre los 10 detenidos por el secuestro de Adrián debe estar el que le disparó al acomodador de autos, así que si la Fiscalía hace bien su trabajo, seguramente tendrá la justicia que hoy mucha gente reclama para que no se diga que hay ciudadanos de primera y segunda.

Legalmente no hay responsabilidad del restaurant ya que el homicidio ocurrió afuera y él estaba contratado por una empresa externa de valet parking. Conste que dije “legalmente”, porque moralmente Emilio Franco y Adrián Fernández considero que deberían apoyar a la familia del joven.

HASTA MAÑANA.

En México, el horror se ha vuelto una categoría de análisis. Esa es la conclusión a la que llega Rossana Reguillo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, en su trabajo de análisis denominado Caligrafía y Gramática del Terror.

Explica que entre septiembre y octubre de 2011 al terror de las llamadas “narcofosas”, al espanto de los cuerpos arrojados a la vía pública en Veracruz, se sumó el horror de los cuerpos de dos jóvenes torturados y luego colgados en un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas —ella como si fuera ganado, él sostenido de sus brazos—, y dos semanas después la “aparición” del cuerpo desmembrado de una periodista y su cabeza colocada en una maceta en performance macabro, acompañada de un teclado, un mouse, audífonos y altavoces. Estos dos últimos “casos” implicaron la advertencia explícita de que eso “les pasa” a quienes usan las redes sociales e internet para divulgar noticias o información que compromete las actividades del crimen organizado.

“Frente a estas violencias, el lenguaje naufraga, se agota en el mismo acto de intentar producir una explicación, una razón. Las violencias en el país hacen colapsar nuestros sistemas interpretativos, pero al mismo tiempo estos cuerpos rotos, vulnerados, violentados, destrozados con saña, se convierten en un mensaje claro: acallar y someter”, agrega.

Señala que las violencias contemporáneas, las masacres, los desmembramientos, las decapitaciones, la destrucción de los cuerpos, comparten una cuestión de fondo: la desfiguración del cadáver va más allá del acto de quitar una vida, es una violencia que no se contenta con matar “porque sería demasiado poco” y al destruir de ese modo el cuerpo singular, constituye el acto total del fin no de la vida, sino de la condición humana.

“Ésa, me parece, es la gramática de las violencias en México: que pone al centro una relación ontológica entre la muerte violenta —lo universal— y el cuerpo desmembrado y roto —lo particular—. Sobre esa clave interpretativa, antes de leer a Cavarero, me pareció que debía descifrarse la sucesión de cuerpos, cabezas, tórax, lenguas y genitales que las violencias vinculadas al narcotráfico esparcían por la geografía nacional. Llamé a mis primeras aproximaciones al tema “Cuando morir no es suficiente”, una formulación a la que arribé por medio de dos vías distintas pero complementarias”, explica la experta.

La primera se vincula a la ejecución —no puede llamarse de otra manera— de Arturo Beltrán Leyva en la ciudad de Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009. En medio de un fuerte dispositivo militar comandado por un cuerpo de elite de la Marina de México, es asesinado el líder del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que se hacía llamar a sí mismo “Jefe de Jefes”. Su cuerpo, acribillado, con un hombro y una muñeca desprendidos, fue exhibido en fotografías impactantes, brutales, atroces, de amplia circulación: a su cuerpo semidesnudo y ensangrentado se le colocaron billetes —pesos y dólares—, rosarios, un santo y otros elementos religiosos.

La Marina niega que sus elementos hayan preparado este macabro performance para mostrar el cuerpo. Pero más allá de las discusiones sobre cómo en un operativo de altísima seguridad algún fotógrafo “espontáneo” pudo preparar el cuerpo para exhibirlo de esta manera, resulta relevante la pregunta en torno a la “representación” de esta muerte en singular y el reconocimiento que la imagen produce.

“En este caso, no basta abatir al delincuente, es necesario exhibirlo despojado de su condición humana. Lo grave de este performance es la indicación de que el Estado, en su llamada “guerra” contra el narco, adopta la misma caligrafía del adversario: inscribir las huellas de su poder total sobre los cuerpos ya muertos, infligir al cadáver la violencia de su poderío y exaltar la vulnerabilidad”, considera.

Sin embargo, cabe recordar que, de acuerdo a la versión de la entonces Procuraduría, el poner los objetos que le encontraron en sus bolsillos sobre el cuerpo, es una “costumbre” entre los peritos morelenses (varios de los cuales tuvieron que ausentarse por meses por temer a represalias).

Continuando con el trabajo de Rosanna Reguillo, ella dice que la destrucción y desmembramiento del cuerpo del adversario introduce en estos códigos guerreros el excedente de sentido: el terror, el horror que penetra la escena de la muerte. Es lo que Cavarero llama “la vulnerabilidad del inerme”.

“Durante mi investigación en torno a las violencias vinculadas al narcotráfico y de manera especial respecto de su relación con los universos juveniles en el país, tanto a partir de los pocos datos duros que circulan de manera oficial como por medio de mi trabajo etnográfico, he podido constatar la participación de jóvenes —cada vez más jóvenes— en la espiral de violencias en la que cada acto parece ser el definitivo, el más brutal”.

La investigadora cita como ejemplo la masacre de 16 jovencitos en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010, cuando ella creyó que el horror había alcanzado un límite intolerable, no podía haber nada peor. Pero poco después, el 22 de octubre del mismo año, la sangre volvió a inundar un barrio popular en Ciudad Juárez con la ejecución de 14 personas, jóvenes la mayoría, y 19 heridos de gravedad. Dos días más tarde, el 24 de octubre, 13 jóvenes fueron masacrados en un centro de rehabilitación para adictos en Tijuana, Baja California; el 28 de octubre, 16 jóvenes fueron asesinados en un autolavado en Tepic, Nayarit, y al día siguiente, el 29 de octubre, siete jóvenes murieron a manos de un comando armado en Tepito, en la ciudad de México.

A la ejecución sistemática y brutal de jóvenes se sumó el “espasmo doloroso” por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la sucesión de noticias terribles sobre las “narcofosas” que acabó de configurar la escena siniestra del México contemporáneo.

La investigadora termina con una cita atribuida al escritor Michael Lowry:

“El dispositivo no existe ahí para ejecutar al hombre, sino que éste está precisamente ahí por el dispositivo, para proveer un cuerpo sobre el cual pueda escribir su obra maestra estética, su registro ilustrado sangriento lleno de florilegios y adornos. El propio oficial no es más que un criado de la Máquina”.

HASTA EL LUNES.

Para no generar suspicacias, al personaje de la presente columna vamos a ponerle Juan Hernández Hernández (según el Inegi, el nombre más repetido en las actas de nacimiento de México). Juan es presidente municipal de San Miguel (el nombre de municipio más repetido en el país).

Llegar a ese puesto no fue tan difícil. Un tío abuelo y su papá ya ocuparon la alcaldía de San Miguel en algún momento de la historia, así que Juan sabía que tarde o temprano se sentaría en esa misma silla, aunque no por el mismo partido.

El tío abuelo era descendiente de revolucionarios, así que forzosamente tenía que ser del PRI. Su padre siempre fue cardenista (votó por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cuando “se cayó el sistema”) pero se dio cuenta que en el perredismo no había futuro, así que se cambió al Partido Acción Nacional justo antes de la “ola azul”. Juan era un muchacho cuando don Vicente Fox visitó el pueblo pidiendo el voto sobre las ancas de un caballo que su padre le proporcionó.

Era fácil ser panista. Era casi lo mismo que ser machista como tradicionalmente había sido la familia Hernández. Las mujeres debían vestirse con falda debajo de la rodilla so pena de ser mal vistas. Ya cuando se casaban tenían que cuidar a los hijos (todos los que Dios les diera) y sólo salían los domingos a misa en la Iglesia del pueblo.

Juan, como todo buen “mancebo”, vestía camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y su sombrero tipo “Tejana”, y acompañaba a su papá a los eventos del partido.

Aunque la familia siempre había sido de dinero (caciques, les llaman), don Juan vio la conveniencia de que su hijo Juan estudiara una carrera profesional, con la idea de que cuando ocupara el cargo de presidente municipal de San Miguel pudiera firmar como “Lic.”, y no como “Ciudadano”, así que lo mandó a la capital del estado a estudiar la prepa y luego la carrera de Derecho.

Años después Juan regresó a su pueblo y se encontró con que su padre ya no era panista, ni perredista, ni priísta como el tío abuelo. Don Juan tenía una habilidad para olfatear “por donde viene la jugada” en la política, así que le recomendó que ahora buscaran la presidencia municipal por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

“Pero si son igual de corruptos”, protestó Juan junior. “La corrupción nunca se va a acabar mijo, lo importante es mantenerse en la jugada. Anda, ve a ver a René Bejarano, dile que vas de mi parte”-contestó el hombre mayor.

¿Bejarano al que grabaron en video recogiendo pacas de billetes?, cuestionó el aspirante a político.

“Sí, le tendieron una trampa pero ya pagó su error y ahora es de las gentes más cercanas al próximo presidente de la República. Ve a verlo”, insistió don Juan.

Meses después Juan Hernández ya era presidente municipal con el voto que antes había hecho alcalde a su papá y mucho más atrás su tío abuelo. Sólo que tuvieron que convencer a los que trabajaron con uno y con otro de que no importaba el color, sino conservar el poder. Además, el joven político consiguió un buen bonche de gente de su generación, compañeros de la secundaria y amigos de la infancia, para que votaran por Morena.

Realmente no era su sueño dorado ser alcalde de un pueblo como San Miguel, donde hay tanta pobreza, pero ya estaba ahí y tenía que gobernar.

El primer día de trabajo llegó muy orondo a tomar posesión de su oficina. Esperaba encontrarla vacía pues era una nueva administración y los del otro partido ya tenían que haberse ido, pero no fue así, ahí estaban en su escritorio con cara de “quítame si puedes”.

Mandó llamar a su consejero jurídico, que era un compañero de la universidad (fuereño). “Necesito espacios para la gente que me ayudó en campaña licenciado Omar”, le ordenó. “Pues va a estar difícil, tenemos juicios laborales desde que tu papá era alcalde y se deben 80 millones en laudos. Si los quieres correr tienes que liquidarlos”, dijo el abogado que siguió usando su traje y corbata a pesar del calorón que hacía en San Miguel.

Tuvo que pedirle a su gente que tuvieran paciencia, que en los primeros espacios que se generaran los metería a la nómina. “Pues ya qué”, le dijo su amigo Roberto, uno de los que más se fletaron en la campaña.

Al segundo día cuando llegó la presidencia ésta ya se encontraba tomada por un grupo de comerciantes ambulantes. “Que pase su líder, voy a hablar con él”, le dijo a su secretario privado. Minutos después vio llegar a un hombre joven y algo pasado de peso. Era Marco Tulio, a quien conoció en la primaria, hijo de don Fernando, el eterno líder del Grupo Sindical San Miguel.

-¿Qué pasó Marco Tulio? Que te trae por aquí?- cuestionó el alcalde.

-Me dicen mis comerciantes que hoy los inspectores no los dejaron ponerse en la plaza como lo han venido haciendo hace 30 años.

-Pues sí amigo, es que las calles son públicas, no se pueden concesionar. Además, ¿qué viene a hacer aquí el dirigente de un sindicato si se supone que los comerciantes no se pueden sindicalizar? Al rato van a querer sindicalizar a los indigentes.

- Pues a mi me vale madre. Yo quiero mis espacios si no te voy a hacer ingobernable este pueblo- advirtió Marco Tulio extendiendo su mano derecha donde se podía ver un reloj Rolex y un anillo de oro, producto de las cuotas de sus agremiados.

Juan tuvo que ceder en aras de la gobernabilidad, y los comerciantes ambulantes volvieron a instalarse a pesar de que una de sus promesas de campaña era limpiar el centro histórico.

-Lo busca el ingeniero Martínez, dice que usted lo conoce, le dijo en voz baja su secretario particular.

Juan se acordaba del ingeniero Martínez, un empresario que en la campaña siempre andaba de pants y que se ofreció a regalarle 10 mil cubetas “sin ningún compromiso”.

Pero ahora venía vestido con un pantalón Wrangler y botas de piel de cocodrilo, y una camisa de seda como las que usaba El Chapo.

-Amigo, pues ya llegamos a la presidencia municipal y vengo a ver qué me vas a concesionar, dijo muy quitado de la pena.

- Pero tú dijiste que tu apoyo era de amigos, que no ibas a pedir nada- contestó Juan.

- Jajajajaja. Ah que Juanito tan inocente. Todavía cree en los Santos Reyes. Escúchame bien: voy a mandar cada mes a una gente de mis confianzas por 25 mil pesos, yo no sé cómo le hagas para conseguirlo. Y de una vez te digo que quiero las plazas de seguridad pública, tránsito y la concesión del corralón. Allá tú si no obedeces.

Juan se quedó un rato cavilando sobre lo que acababa de escuchar. Luego tocó el timbre de su secretario particular.

-Bueno, ya se fue el que vino a cobrarme piso, ¿quién falta por pasar?

- Sólo está el dueño de la radiodifusora del pueblo. Dice que trae facturas desde que su padre era presidente municipal y que van a ser dos millones de pesos de convenio sino ya sabe cómo le va- dijo tímidamente el secretario particular.

¡Maldita sea la hora en que acepté ser presidente municipal!, gritó mientras golpeaba fuertemente el escritorio con la palma de su mano.

HASTA MAÑANA.

Faltan exactamente tres meses para que la magistrada Carmen Verónica Cuevas López deje el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pero parece que serán los 90 días más difíciles de su vida, pues –como se dice coloquialmente- le están “echando montón” al verla vulnerable.

El último comunicado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción denota que el titular de la dependencia, Juan Salazar Núñez, está desesperado porque las cosas no le salen como él había ofrecido a quienes le pusieron un ultimátum para continuar en el cargo, es decir, los diputados.

La muerte de Ingrid Escamilla será un parteaguas en la difusión de imágenes de cadáveres en medios de comunicación. En la Ciudad de México, la Fiscalía General entregó al Congreso capitalino una iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona hasta con 16 años de cárcel a funcionarios de corporaciones policiacas que graben o fotografíen y transmitan o comercialicen imágenes de un crimen que contengan cuerpos de mujeres, niñas o adolescentes.

Ayer hablábamos en este espacio sobre las empresas que aprovechan el morbo de la gente para vender periódicos, y que a últimas fechas parecieran voceros de los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza, pues publican lo que se mandan decir a través de cartulinas que dejan en el piso y para que el aire no las vuele le ponen una cabeza humana encima.

No nos espantamos. Los que llevamos más de 20 años en el periodismo alguna vez tuvimos que cubrir nota roja y era de lo más normal publicar fotos de personas muertas y que la Policía Judicial nos sacara a los detenidos para “darles cine”. Qué derecho a la presunción de inocencia ni qué ocho cuartos.

Pero eran otros tiempos. A partir del 2011 México reconoce los tratados internacionales y cambia garantías individuales por derechos humanos; en 2008 entra en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en Morelos y años después en todo el país.

A partir de la iniciación de los llamados “juicios orales” se terminaron las presentaciones de detenidos por parte de las corporaciones policiacas. Para no quedar mal con la prensa, las hoy llamadas Fiscalías recurren a un truco: que les saquen foto en el trayecto, ya sea antes de entrar al Reclusorio o bien, como le hicieron al Chapo Guzmán, al que un agente federal lo jala para que levante la cara y los fotógrafos puedan hacer su trabajo.

Debido a ese nuevo paradigma jurídico, ahora las autoridades han determinado que los detenidos sí pueden ser exhibidos, pero con los ojos tapados. Se ha caído en el absurdo de publicar a ex servidores públicos -que alguna vez incluso pagaron por aparecer en los periódicos-, sus mismas fotos pero ahora con una rayita que apenas le cubre los ojos y quitándole los apellidos. Así, es muy común que veamos boletines de la Fiscalía diciendo que fueron vinculados a proceso Topiltzin N, Hortencia N, o a nivel nacional Rosario N. En el caso más reciente, ya no es Emilio Lozoya, sino Emilio N.

Así, según las autoridades, se garantiza el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, al mismo tiempo.

En los últimos años (o quizás ahora con mayor fuerza por la multiplicación de los medios de comunicación y los avances tecnológicos), se ha dado lo que se llaman “los juicios paralelos”, en los que uno o varios reporteros cuentan una historia en la que muestran lo que ellos consideran pruebas en contra de una o varias personas, para que sea el público televidente el que dé la sentencia, casi siempre, condenatoria.

Televisa, TV Azteca y ahora Grupo Imagen, pareciera que están en una competencia para ver quién se mete más en los acontecimientos criminales y exhibir a los delincuentes. 

A contrapelo, el profesor y periodista Marco Lara Klahr predica solitariamente lo que él llama el Nuevo Periodismo Judicial.

Como parte de la política criminal, al sistema de justicia penal históricamente se le han atribuido funciones primordialmente represivas, para las cuales ha contado con un “sistema de medios-apéndice”. No es temerario sostener, al menos en forma empírica, que lo que el sistema penal no resuelve en el ámbito procesal, lo “desahoga” en el mediático, incluyendo la imputación, la aportación de “pruebas”, la “sentencia” y la “condena”, pasando por la criminalización de víctimas. Todo esto como parte del proceso de informalización o desinstitucionalización de la justicia, a través de montajes escenográficos con poderosa carga emocional, luego apropiados, “expandidos”17 y lanzados al mercado por los medios noticiosos industriales corporativos, hasta “viralizarse” por el insondable espacio público digital.

Lo anterior es parte de lo que Marco Lara afirma en el texto denominado “Juicios Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas”, realizado conjuntamente con la organización Article 19.

En este Manual, Lara Klahr propone unas sencillas pautas útiles para que los medios noticiosos avancen hacia “la implementación de normas deontológicas con perspectiva de derechos humanos, pudiendo así servir mejor a su público, asegurándose, a la vez, de respetar plenamente la dignidad e integridad de quienes afrontan conflictos penales”.

Argumenta, por ejemplo que el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, así como la denuncia sistemática de su violación ―de forma especial frente a casos de abuso de autoridad, detención arbitraria, negación de la justicia, tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes, desaparición forzada y ejecución extrajudicial― es inherente a la responsabilidad social de los medios noticiosos. En esto reside su función de supervisión ciudadana del ejercicio

Sostiene que la oportunidad, veracidad y contextualización de la información, al tiempo que su verificación y el contraste de fuentes ―donde las relacionadas con el conflicto penal resultan obligadas frente a la “versión oficial”― son aspectos ineludibles de la calidad noticiosa.

“Pero la ética profesional y empresarial de un medio no se reduce a su independencia respecto de las fuentes y los anunciantes ―incluidos, por supuesto, las del sistema de justicia penal―, ni a la veracidad de la información, sino que se extiende al grado de respeto por la dignidad e integridad de las personas, en especial cuando se hallan vulnerables al protagonizar un conflicto penal”, afirma.

Considera que el medio debe abstenerse y desautorizar a sus periodistas de participar en la exhibición mediática de personas víctimas, detenidas o imputadas de delito, así como en la legitimación de posibles violadores de derechos humanos, no sólo por el impacto que esta práctica tiene en los derechos del público y de tales personas, sino por su efecto corruptor del proceso penal y la justicia toda.

Recalca que las personas víctimas de la violencia y el delito, además de sus derechos a la protección de la justicia y la restauración, gozan de garantías específicas si son niñas, niños y mujeres, o indígenas, migrantes, con discapacidad o pertenecientes a la comunidad lgbtiq. Más aún si están expuestas en el espacio público. El/la periodista ha de proteger sus derechos y denunciar su violación, considerando que la condición de víctimas no la tienen solamente las y los afectados directamente por el delito, sino quienes integran su entorno más personal.

Se ve muy lejano el día que el periodismo se rija por estas pautas de ética, sobre todo cuando los intereses económicos están por encima de cualquier otra cosa.

Sin embargo, algún día la sociedad “cambiará de chip” y entonces se reconocerá el esfuerzo de Marco Lara.

HASTA EL LUNES.

La foto del periódico “¡Pásala!” fue la gota que derramó el vaso. El cuerpo descarnado de la joven Ingrid Escamilla ocupaba una gran parte de la portada de ese diario, y la adornaba con una frase burlona: “La culpa la tuvo cupido”.

Y como dicen ahora, “las redes se incendiaron” y las mujeres –principalmente- comenzaron a pedir a las autoridades que multaran a ese periódico no sólo por publicar la dantesca imagen, sino por burlarse de la canción que se está convirtiendo en el himno de las feministas denominada.

“Que poca madre, ojalá cuando se muera un familiar del director de este periódico, lo pongan igual en primera plana para ver cómo quedó”, escribió un tuitero.

Algunos quisieron justificarlo argumentando la libertad de expresión. “Está documentando un hecho, en la nota roja no hay distinción de género o posición social. Es como si en un libro o ilustración de las torturas medievales se acusara de todo lo que investigaste. Los horrores de los campos de exterminio también fueron documentados”, escribió otro usuario de Twitter, donde el hashtag #IngridEscamilla” se hizo Trending Topic.

El periódico en mención, “hermano” de la polémica Revista “TV Notas”, quiso justificarse al otro día publicando en su portada la frase “…Ni una más”, y una inusual leyenda en la parte de arriba que dice: “Como a todos en este país, nos indigna y horroriza el brutal asesinato de Ingrid y de las miles de mujeres víctimas de la violencia de género. Tres feminicidios podrían ocurrir hoy, por lo que no debemos dejar de denunciarlos para evitar que sigan pasando”.

En páginas interiores viene una especie de editorial (impensable en ese medio de comunicación) en el que “¡Pásala!” sostiene que “desde su nacimiento el oficio del periodismo ha servido para documentar la realidad (…) la intención siempre ha sido contar a nuestros lectores la historia de un México que debería ser distinto”.

“Nos toca a nosotros escribir esa tragedia con la única finalidad de informar, desde el ejercicio del periodismo, con la crudeza que los mismos hechos tienen, para que esa lamentable realidad se retrate lo más fielmente posible”, se justifica el medio impreso.

El hecho abrió nuevamente el debate sobre la existencia de este tipo de medios de comunicación donde no solamente se exhiben personas muertas, sino también se hace alarde de misoginia, deformación del lenguaje y todo lo que el morbo de la gente pueda comprar. 

Casualmente, antier mismo era presentado en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca el “Protocolo para el tratamiento digno de restos humanos e Información de Personas Fallecidas”, un excelente trabajo del IMIPE y la Comisión de Derechos Humanos con el apoyo del INAI, pero que no aborda nada sobre los derechos que tiene un cadáver para no ser exhibido en medios de comunicación.

Recordemos que hace algunos años, un periódico de esta entidad tenía la “exclusividad” para poder entrar al Servicio Médico Forense y tomarle fotos a los muertos sobre las “planchas” para publicar sus rostros al otro día. El procurador era Pedro Luis Benítez Vélez, y afortunadamente ese pacto no duró mucho tiempo.

Es ese mismo rotativo el que diariamente muestra no sólo el rostro de las mujeres asesinadas, sino que le agrega encabezados como “La mataron por infiel” y es el único que sigue ofreciendo servicios de prostitución en su aviso clasificado.

En contraparte, el pasado 13 de enero otro medio de comunicación publicó una sorpresiva editorial en la que anuncia que ya no publicará Nota Roja.

“La construcción de la paz es un compromiso que no admite regateos, quienes hacemos El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, junto a otros periódicos miembros de la Organización Editorial Mexicana, participamos en nuestra convención nacional con la propuesta de desaparecer de nuestras páginas la nota roja, como un aporte a la recuperación de los valores y virtudes de los ciudadanos, al periodismo de paz y de soluciones que hemos convertido en nuestra guía de actuación”, dice Daniel Martínez Castellanos, director de los soles en Morelos.

Aplaudimos la decisión del colega, pero veremos si financieramente es soportable esa determinación que más bien pareciera provenir de las nuevas circunstancias de la relación gobierno-prensa en la llamada Cuarta Transformación.

Es decir, al gobierno federal (y también a los estatales) les conviene muchísimo que se deje de publicar nota roja en todos los medios de comunicación. Imagínese usted, dirigirse a su trabajo sin escuchar en la radio de las ejecuciones de este día, y no ver en los cruceros periódicos con cuerpos descuartizados y mensajes que se envían entre grupos de la delincuencia organizada. Entonces sí sería –como dice el presidente López Obrador- una sociedad feliz, feliz.

El presidente Peña Nieto declaró en alguna ocasión que la inseguridad pública era un problema de percepción, no se seguridad pública. Y tenía razón.

En Morelos, durante el gobierno de Graco Ramírez trajeron a un experto en comunicación política graduado en una Universidad de Inglaterra. Era el doctor Salvador Guerrero Chipres, a quien nombraron subsecretario de Comunicación. Le pidieron que hiciera un estudio sobre la inseguridad en Morelos y su relación con los medios de comunicación. El resultado del estudio fue contundente: “si no existiera El Extra mejoraría en mucho la percepción de seguridad de la ciudadanía”.

El problema era que el fundador de El Extra era precisamente quien ocupaba la titularidad en ese momento de la Secretaría de Información y Comunicación.

La entonces primera dama, Elena Cepeda, lo tuiteó varias veces: “la inseguridad no está al tope, pero medios como esos hacen que se perciba de otra manera” escribió el 26 de mayo del 2013.

Se fue Guerrero Chipres, se fue doña Elena, se fue Graco, y El Extra sigue tan campante, ahora también con un nuevo competidor que es El Gráfico. Ambos medios publicaron ayer, como si se tratara de un boletín, el mensaje que envió un grupo de la delincuencia organizada para acusar a otro de los últimos acontecimientos, así como el contenido de una cartulina que dejaron en Amacuzac con su respectivo cuerpo en pedazos.

Es decir, se han convertido en los órganos informativos “oficiales” de la delincuencia organizada en Morelos.

HASTA MAÑANA.

La fotografía del cadáver de Ingrid Escamilla, tirada en el piso boca arriba, sin órganos y desollado todo su cuerpo, provocó la indignación no solamente del sector femenino, sino de la sociedad en general. La divulgación de las fotografías será motivo de un análisis a mayor profundidad en este espacio en días próximos.

Hoy queremos referirnos a un caso también espeluznante, pero que ocurrió en la ciudad de Cuernavaca, específicamente en la Unidad Habitacional Teopanzolco, entre los años 2006 y 2008. Un joven mató a su madre, la destazó y la puso en una olla para tamales con suficiente cal para que se fuera deshaciendo poco a poco.

Un correo electrónico anónimo recibido el 3 de noviembre del 2008 alertó a la Policía de lo que había pasado en el departamento 402 del edificio 12 de la Unidad Teopanzolco, dos años antes, pero una juez negó la orden de cateo que le había solicitado el Ministerio Público.

La negativa de la juez para conceder la orden de cateo tenía a los investigadores de mal humor, pero no se dieron por vencidos. En los siguientes días montaron una guardia cerca del edificio donde –según un correo electrónico- estaba el cuerpo destazado de una mujer.

De pronto, algo llamó la atención de los agentes ministeriales: un hombre estaba tocando en la puerta del departamento 402 que vigilaban. Fueron tras el sujeto que ya emprendía la retirada y lo cuestionaron sobre su presencia en ese lugar.

El hombre dijo ser cobrador de una empresa de libros y que estaba ahí buscando a Luis Alberto N. ¿Pero el dueño de este departamento se llama Joel? Cuestionaron los agentes. “Pues yo no sé, éste es el nombre y la dirección que me dieron para venir a cobrarle, pero de todos modos ni está, ya van varias veces que vengo y no lo encuentro”, dijo el abonero.

El entrevistado explicó que la empresa para la que trabaja hace promociones en diversas instituciones públicas y privadas para vender sus productos. “¿Y en donde trabajaba este joven cuando compró sus libros?”, cuestionó uno de los policías.

“Déjeme ver…. Ah si… en Mega Comercial Mexicana de la Selva”.

Ya con el nombre y apellido de quien compartió por varios meses el departamento con el supuesto homicida, los agentes investigadores acudieron al súper mercado Mega La Selva. Ahí supieron que, efectivamente, hasta junio de este año Luis Alberto N había laborado en el departamento de Farmacia. Incluso, les comentaron que también durante un mes estuvo trabajando un joven de nombre Joel Arturo.

Los directivos de este centro de trabajo proporcionaron los datos de Luis Alberto, quien fue localizado unos días después.

El joven de 20 años presentó su declaración ante el Ministerio Público el 21 de noviembre del 2008. Ahí, dijo que es homosexual, y que conoció a Joel Arturo desde hace cinco años a través “del Chat”.

Explicó que casi de inmediato inició una relación sentimental con Joel Arturo, y que incluso estuvieron viviendo juntos durante algunos meses, pero después comenzaron a tener problemas porque, según el declarante, Joel era muy infiel. Eso ocasionaba constantes discusiones, rompimientos y reconciliaciones.

Según Luis Alberto, la madre de Joel estaba de acuerdo en su relación, por lo que nunca tuvieron problemas en ese aspecto, e incluso él estuvo viviendo en ese departamento de Teopanzolco después de que ella se fue a Estados Unidos, hace aproximadamente dos años.

Sin embargo, desde hacía meses que sólo se comunicaba con Joel por teléfono y por correo electrónico, siendo 25 días antes la última vez que habló con él, pero ya cambió de número.

La entrevista con este joven no aportó mucho en la búsqueda de la mujer supuestamente desaparecida, pero sí permitió saber algunos detalles de la vida de Joel y su madre.

Supieron que ella estuvo casada con el señor Joel durante diez años, pero después se divorciaron. Él se fue a vivir a Civac, y ella se quedó en el departamento de ambos con su hijo Joel, hasta que “se fue a Miami”.

Padre e hijo mantenían comunicación en forma regular, así que la investigación se enfocó a localizar a cualquiera de los dos, pues ambos tenían llaves del departamento donde –según la denuncia anónima- estaba el cadáver de la mujer ”en una olla de tamales”. 

La localización del propietario del departamento no fue nada fácil. Los agentes policiacos tuvieron que ir hasta el poblado de Coahuixtla, municipio de Amacuzac, de donde son originarios Joel y Gumercinda.

Ahí les confirmaron que ambos salieron del pueblo después de contraer nupcias, que tuvieron un hijo pero que se divorciaron tras diez años de matrimonio, quedando el menor bajo la custodia de la madre en un departamento de la Unidad Habitacional Teopanzolco, propiedad de don Joel.

Sin embargo, hacía dos años que no sabían de la señora Gumercinda, pero su hijo Joel aseguraba que estaba en Miami, Estados Unidos. El esposo iba periódicamente a visitar a sus familiares a Coahuixtla.

El 23 de noviembre del 2008 el hombre fue a Coahuixtla y se enteró de que habían ido a buscarlo agentes de la Policía Ministerial que investigaban el paradero de su ex esposa. “Mejor preséntate en la Procuraduría, no te vayan a involucrar en un delito”, le sugirió su madre.

Y así lo hizo, el lunes 24 se apersonó en la Fiscalía Especial de Homicidios contra Mujeres. Ahí le informaron que estaban investigando la desaparición de Gumercinda. Él les comentó que tenía muchos años de no verla, pero que esto era normal porque habían roto cualquier vínculo entre ellos.

Tras su declaración, la agente del Ministerio Público le preguntó: “¿Estaría usted dispuesto a abrirnos su departamento para hacer una inspección?”, y el hombre contestó afirmativamente.

Agentes del Ministerio Público y policías, así como personal de servicios periciales, se trasladaron hasta el departamento marcado con el número 402 del edificio 12 en la Unidad Habitacional Teopanzolco. Ahí encontraron, en el patio de servicio, una enorme olla metálica de las que se usan para coser tamales, y en su interior,  abundante carne en estado de descomposición. Sin embargo, pudieron notar que el proceso de putrefacción y el mal olor habían sido aminorados por la presencia de cal en grandes cantidades.

Don Joel buscó a su hijo y lo convenció de que se entregara a las autoridades. Ya en la Procuraduría, el muchacho narró que  “unos días antes del día de muertos” del 2006, él tuvo una discusión muy fuerte con su madre, a tal grado que ella lo corrió del departamento. Él le pidió tiempo para buscar a dónde irse, pero al otro día su madre llegó con su novio Salvador y, según su dicho, ambos lo reprendieron.

Fue por ello que, una mañana, él ya no aguantó más y tomó un cuchillo con la intención de cortarse las venas para suicidarse, encerrándose en su cuarto. Ella se dio cuenta y estuvo golpeando la puerta hasta que él abrió. En cuanto quitó la cerradura, ella se abalanzó sobre él a golpes e insultos.

“Se puso como loca. Decía que si ella me había dado la vida sólo ella tenía derecho a quitármela. Entonces tomó el cuchillo que yo había llevado al cuarto y me quería cortar, yo sólo me cubría con las manos. Luego sujeté el cuchillo y traté de quitárselo, forcejeamos un rato, ella jalando hacia su lado y yo hacia el mío, hasta que ya no tuve fuerzas y lo solté. Entonces ella con la fuerza que lo jaló se lo encajó en el estómago. Me dijo gritando: “ya ves lo que hiciste”, y me siguió golpeando hasta que fue perdiendo fuerza y cayó al piso. Yo le saqué el cuchillo de la panza pero le salió más sangre. Yo no quería hacerlo. Fue un accidente”, declaró ante el Ministerio Público el joven que hasta hoy purga una condena en el Penal de Atlacholoaya.

El Juez Séptimo de Distrito con sede en Cuernavaca, José Leovigildo Martínez Hidalgo, es uno de los más respetados jueces federales en el estado de Morelos, no sólo por ser egresado de la máxima casa de estudios de Morelos (generación 1987-1993), sino porque ha pasado prácticamente toda su vida en el Poder Judicial Federal, iniciándose desde el nivel más bajo, que es el de oficial judicial, hasta llegar a ser titular de un Juzgado, sin perder nunca su sencillez y trato amable.

Toda esa experiencia le ha servido para que cada una de sus sentencias sean unos verdaderos “tratados de derecho constitucional” por la pulcritud con que son redactadas y la contundencia de sus afirmaciones, a prueba de cualquier recurso de revisión.

Recientemente llegó a nuestras manos un expediente de amparo en el que por la simple redacción advertimos que el autor no podía ser otro que el implacable Juez Leovigildo Martínez. Se trata del amparo 837/2019 contra actos de la presidenta del TSJ al nombrar a la magistrada Elda Flores León para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, acto que fue reclamado por el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa.

En su sentencia, el juez federal consideró que dicha sesión donde se llevó a cabo el nombramiento no reunió los requisitos que para su integración y poder de decisión establecen los numerales 86, 93 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 27 párrafo segundo, 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 17 de su Reglamento.

En su argumento, el juez federal sostiene que "el Pleno del tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado" el cual "se constituye por su presidente y 18 magistrados" y que las sesiones y deliberaciones que se efectúen "serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados", es decir 12 magistrados.

Precisó que de acuerdo con la Ley Orgánica invocada,  los integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial serán designados por el Pleno del Tribunal y que de ser el caso, prevé un mínimo de integrantes para poder dotar de validez a las sesiones y deliberaciones que efectúa dicho órgano colegiado.

“En efecto, tales disposiciones legales establecen que el Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, se constituye por su Presidente y Magistrados (dieciocho Magistrados), que las sesiones y deliberaciones que se efectúen serán tomadas por mayoría de votos y tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados, (doce magistrados) empero, ello, implica no solo que al inicio de la sesión se haya declarado el quórum sino también que al momento de la votación del acuerdo exista cuando menos las dos terceras partes de los magistrados emitiendo su voto ya sea a favor, en contra o absteniéndose, lo que no se puede comprender de otra forma, ya que aceptar la forma de como la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aprobó el acuerdo de designación de un Magistrado y un Juez de Primera Instancia para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, con tan solo nueve magistrados, pretendiendo que la decisión la tomó el Pleno del Tribunal, caería en el extremo, de que las decisiones del Pleno del Tribunal, a decisión unilateral de su presidente, incluso se puedan tomar con un quórum no establecido por la ley”, advierte el juez federal.

En el considerando séptimo, el juez expresamente resuelve la concesión del amparo por haber quedado demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos. Cabe mencionar que es el cuarto amparo de la justicia federal que confirma la ilegalidad en la que fueron designados los hoy integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

El juez fue tan analítico que al principio de la sentencia establece que por lo que respecta al acto reclamado a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II y 108, fracción III, a contrario sensu; todos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha secretaria únicamente funge como fedataria de las actuaciones que realiza el Pleno del citado Tribunal, mas no como autoridad que por su sola actuación se le pueda reclamar algún acto de molestia.

Luego, rebatió el argumento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,  quien al rendir su informe justificado, adujo que el presente juicio deviene improcedente, al sostener que las autoridades señaladas como responsables, no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo.

“No le asiste la razón a la responsable en mención, al aducir que la resolución mediante la cual, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lleva a cabo el nombramiento del Magistrado y Juez integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial, constituye un procedimiento interno que deriva de las características de autogobierno, autonomía e independencia de la que gozan todos los órganos estatales”.

“Es decir, tal determinación por el interés público que reviste, a fin de que dicha designación recaiga en personas honorables, capaces y eficientes, por ello, el promovente, al haber acreditado ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y por ende, con derecho a integrar el Pleno para efectos de la designación de los integrantes de la aludida Junta, o incluso contender para su designación, es que cuenta con interés para acudir al juicio de amparo, y en su caso, reclamar que el procedimiento de designación no se llevó de acuerdo a la normatividad aplicable.

“Esto es, la determinación emitida en la sesión reclamada, sí está creando una situación jurídica que vulnera los derechos fundamentales del quejoso, quien puede involucrarse en las decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, pues de lo contrario, no existiría medio de defensa que permitiera combatir las determinaciones ahí tomadas”, agrega.

Y remata:

“En esta tesitura, al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Presidente e integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejen insubsistente el acta de sesión ordinara de Pleno celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberá no sólo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación”.

Más claro, ni el agua.

HASTA MAÑANA.

Morelos es el más vivo ejemplo de que los juicios políticos sirven para todo, menos para sancionar a los responsables de acciones u omisiones en perjuicio de la ciudadanía. Fuimos testigos de los procedimientos en contra de Jorge Carrillo Olea y Sergio Estrada Cajigal Ramírez y podemos asegurar que, al final, los argumentos en su contra se diluyeron, lo mismo que pasará con el pretendido juicio político que le incoarán a Graco Ramírez.

Y es que debemos entender que este instrumento más que jurídico es político, es decir, no importa tanto los argumentos objetivos, sino la carga política-partidista en contra de determinado funcionario.

Por eso el jurista Elizur Arteaga lo considera un procedimiento de excepción, porque se sigue a funcionarios que están al margen del sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos y porque el Congreso sólo en forma aislada y ocasional abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y ratificar y se aboca a la tarea de juzgar. Es un juicio entre pares; la misma clase de gobernantes juzga a uno de sus miembros.

“Dada su naturaleza política en su sustanciación y sanción no se cuenta con la certeza que brindan los tipos penales. La sanción de ciertas conductas depende de los criterios imperantes entre los miembros de las Cámaras respectivas; a diferencia de la precisión y objetividad de los tipos que imperan en materia penal”, señala.

Más claro: no importa que el acusado sea un delincuente o el peor de los servidores públicos; si tiene a los diputados de su lado (como en su momento los tuvo Graco Ramírez) el juicio político le hará “lo que el viento a Juárez”. En el otro extremo (como ocurrió con Carrillo Olea y Sergio Estrada) si existe línea para perjudicarlos, el procedimiento seguirá aunque al final termine con sanciones de risa.

Mucha gente se quedó con la idea de que a Jorge Carrillo Olea le incoaron juicio político por haber permitido los secuestros en Morelos, pero en el expediente no hay tal. Una de las causales era haber designado a Fernando Blumenkron como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia sin haber cumplido la edad requerida.

Hace unos días reproducimos la crónica de aquella sesión del Tribunal Superior de Justicia  cuando los magistrados exoneraron a Sergio Estrada Cajigal, y no porque los miembros del Poder Judicial hayan sido comprados por el entonces gobernador, sino que jurídicamente no existían los elementos para sancionarlo.

Ese juicio político debió haber sido detenido desde el Congreso, pero como había línea para perjudicarlo los diputados votaron a favor de que se iniciara el procedimiento.

Esto viene a colación porque los diputados del Congreso de Morelos anunciaron el lunes pasado el inicio del proceso de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez y dos de sus exsecretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

Quizás los lectores piensen que Graco será juzgado por todos los millones que se robó, pero ¿Qué creen? Lo único que le están imputando es no haber entregado (en los plazos en que lo tenía que hacer)  los recursos a la Fiscalía General del estado, al Tribunal Electoral y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

Y como decíamos al principio, un juicio político sirve para todo menos para sancionar a los servidores públicos. Por ejemplo, servirá para que aparezcan mucho en medios de comunicación algunos diputados como Pepe Casas o Alejandra Flores Espinoza.

Esta última, se aventó el siguiente discurso:

“Para el grupo parlamentario de Morena resulta de primordial interés cumplir con uno de los principales compromisos que hicimos con la ciudadanía, de no dar tregua en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Por eso en esta legislatura daremos especial seguimiento en la solicitud de juicio político en contra de exfuncionarios de la anterior administración estatal, y que están relacionados al posible desvío de recursos”.

En realidad, la denuncia que presentó la consejería jurídica del Gobierno del Estado, a cargo de Samuel Sotelo Salgado, el 27 de septiembre pasado, es porque se retuvieron (nunca dice que se lo hayan robado) alrededor de 200 millones de pesos correspondientes al ejercicio presupuestal 2018 a la FGE y, los cuales, obtuvo supuestamente de la desaparición de dos fideicomisos, como el de Turismo (FITUR) y el Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Durante la rueda de prensa que brindaron 13 legisladores morelenses, se expuso que estas acciones del gobierno de Graco Ramírez pudieron derivar en consecuencias graves para la población del estado y “tuvo una clara intención de causar crisis para la democracia al debilitar, en pleno año electoral, al Impepac quien vigilaría las elecciones”.

¿Declararán procedente este juicio político? Lo más seguro es que sí, pues al parecer fue parte de las negociaciones con el Poder Ejecutivo para la repartición del presupuesto, y a los diputados no les cuesta nada levantar la mano para que el procedimiento siga su cauce legal. Si al llegar al Tribunal Superior de Justicia (Jurado de Sentencia) se desvanecen los argumentos jurídicos ya no será culpa de ellos.

Y seguramente algunos mal pensados dirán que por eso Graco les regaló a los magistrados 20 años de permanencia en el cargo. Lo dudamos mucho. Si los magistrados se la perdonan a Graco no será por ese regalo sino por las inconsistencias en la demanda.

De todos modos, a estas alturas una inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos le causará a Graco sólo una estridente carcajada, pues de todas las transas que hizo (y que supuestamente están contenidas en 60 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción), jurídicamente sólo le podrán cuadrar el haber sacado una camioneta con dinero del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado sin tener los requisitos legales para hacerlo.

Así las cosas, preparémonos para el show mediático que se avecina con “el juicio político a Graco”, para que los periodistas tengamos de qué escribir y los ciudadanos de Morelos tengan de qué hablar en las cafeterías, cuando hay temas mucho más importantes y sobre todo, preocupantes, como es el asesinato sistemático de empresarios y comerciantes por no pagar el “derecho de piso”.

HASTA MAÑANA.

A finales de los noventas un grupo de profesores lograron cristalizar una idea que habían venido maquinando desde tiempo atrás: contar con una caja que les permitiera ir haciendo un ahorro y de ahí mismo financiarse préstamos con intereses muy bajos. Así nació la “Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Magisterio de la Sección 19 del SNTE”, protocolizada ante notario público el 3 de septiembre de 1997.

Durante los primeros años todo fue “miel sobre hojuelas”, pues al ser reconocida por la parte patronal, es decir, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos ((IEBEM) la dependencia se encargaba de hacer los descuentos a los trabajadores y pagarle a la cooperativa.

Parte de ese éxito se debía al liderazgo de uno de los fundadores, el profesor Pedro Pino Flores, quien hizo tan buena administración que los profesores nunca permitieron que dejara la presidencia del Consejo de Administración.

Pero como nada es eterno, el profesor Pino Flores dejó de existir en octubre del 2018, y ahí comenzaron los problemas. Nos referimos a los problemas políticos, porque los conflictos legales habían comenzado desde antes, cuando el IEBEM ya no quiso hacer los descuentos a los trabajadores.

Contra esa negativa, la cooperativa interpuso una demanda exigiendo el cumplimiento de un convenio firmado por el IEBEM el 14 de junio de 2013, misma que quedó radicada en el Juzgado Octavo del Primer Distrito Judicial.

Este procedimiento actualmente se encuentra con sentencia definitiva de segunda instancia, conducto por la que condena nuevamente al IEBEM al cumplimiento del convenio celebrado con la cooperativa, sentencia que fue recurrida por el IEBEM mediante juicio de amparo, toda vez que lo condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la no aplicación de los descuentos a la nómina de sus trabajadores, sentencia que se encuentra pendiente por resolver por parte del Tribunal Colegiado.

Pero también se inició otra demanda en el Juzgado Cuarto Civil, exigiendo medidas precautorias contra el incumplimiento del mismo convenio, y aquí se logró que el juez ordenara al IEBEM recibir los movimientos por parte de la cooperativa respecto a sus trabajadores, socios de dicha cooperativa, y que aplique a la nómina de los mismos los conceptos “CH” y “CA”, y que una vez hecho lo anterior se proceda a depositar en la cuenta de la cooperativa las cantidades retenidas o descontadas.

Sin embargo no se ha logrado ejecutar la misma a pesar de las múltiples ocasiones en que la autoridad ha requerido al Instituto su cumplimiento, con diversos apercibimientos entre las que se encuentra el proceder con la ejecución forzosa en contra del director general de dicho Instituto, apercibimiento que incluye una multa de 700 veces la unidad de medida y actualización, así como dos órdenes de arrestos, decretadas en contra del director del IEBEM, ordenes que se encuentran impugnadas mediante sendos amparos.

Por si fuera poco, la autorización solicitada por la cooperativa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le fue negada y actualmente se encuentra pendiente de resolver, ya que existe una impugnación ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regularización, en la Ciudad de México.

Ante el fallecimiento del presidente del Consejo de Administración, profesor Pedro Pino Flores, en octubre del 2018, la cooperativa se vio en la necesidad de elegir a un nuevo presidente, pero aquí vino la escisión al interior de la misma.

Por un lado, el Consejo de Administración elige a la maestra María Nieves Maldonado Rendón mediante un proceso apegado a los estatutos que rigen a la cooperativa. Cuando se hace del conocimiento a los profesores Pedro Herrera Trinidad y Mercedes Ortega Ruiz que el procedimiento se llevaría a cabo en los términos que marca la Ley General de Sociedades Cooperativas, es entonces que en conjunto con un grupo de profesores construyeron de manera ilegal una asamblea supuestamente de delegados socios, plagada de irregularidades.

El consejo de administración presidido por la maestra Maldonado Rendón toma la decisión de entablar un Juicio de Nulidad ante la autoridad competente, por el cual  la autoridad en base a las irregularidades que presenta el documento que se generó de la asamblea lo declare nulo, un procedimiento que actualmente se encuentra en su curso legal.

También, en el juicio que se menciona se ha otorgado a favor de la cooperativa y en contra del señor Pedro Herrera Trinidad la admisión de una medida precautoria por la cual se ordena que se abstenga de ostentarse como presidente del consejo de administración.

Sin embargo, Pedro Herrera Trinidad, haciendo mal uso del documento antes mencionado, se presentó ante la Sala Especializada en donde se analiza la autorización de esta cooperativa para continuar realizando actividades de ahorro y préstamo y pretendió sorprender a la autoridad intentando desistirse del procedimiento. Sin embargo, la autoridad no lo permitió y tomó la decisión de pedir informes a la autoridad que hoy conoce de la nulidad de la asamblea donde supuestamente fue electo, informe que se encuentra en curso.

El pasado sábado, un grupo de personas encabezadas por el profesor Pedro Herrera Trinidad irrumpieron en las instalaciones de la cooperativa ubicadas en la calle Leyva del Centro de Cuernavaca y tomaron por la fuerza la sala de espera, donde están pernoctando desde entonces. El Consejo de Administración que encabeza la profesora María Nieves mantiene el control del resto de las instalaciones.

Ayer se dio una inusual conferencia de prensa: primero Pedro Herrera acusó a la maestra Nieves de estar usurpando la presidencia y de hacer mal uso de los recursos financieros y se dijo hostigado por la policía municipal y ministerial, además de amenazado.

En la planta alta, Nieves Maldonado Rendón ofreció su propia conferencia de prensa, donde dijo que el profesor Pedro Herrera Trinidad ostento por 22 años el cargo de consejero de la Cooperativa, y se vio beneficiado por la misma, y es hasta ahora que ya no está el profesor Pino Flores para defenderse, cuando asegura que hay corrupción.

Recalcó que Pedro Herrera no ha podido conseguir la presidencia de la cooperativa por la vía jurídica, y es por eso que recurre a métodos violentos, como la toma de las instalaciones, pero que no van a caer en provocaciones y esperan muy pronto normalizar sus actividades al público.

HASTA EL LUNES.

La secretaria de Acuerdos Melva Ocampo dijo las esperadas palabras “se absuelve al ciudadano Sergio Estrada Cajigal Ramírez”. Era el fin de una exoneración anunciadísima. Los magistrados se retiraron apresuradamente aprovechando que los reporteros se arremolinaban en torno a Luis Edgardo Gómez Pineda, quien ya había recibido el primero de muchos abrazos, y ese fue de Javier López. 

El reportero del Regional y la compañera Tlaulli Preciado avizoramos al fondo del recinto al presidente Ricardo Rosas Pérez, quien contenía el impulso de salir huyendo consiente de que sería alcanzado por la turba.

“El Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia de la Comisión Instructora del Juicio Político”, nos contestó.

-¿Esto que significa? - cuestionamos.

-Que el Tribunal Superior de Justicia absuelve al gobernador del estado de los cargos imputados por el Congreso Local- repuso.

- ¿Por qué?- fue la otra pregunta inmediata.

- Porque hubo deficiencias en el planteamiento original, porque las pruebas que se aportaron fueron insuficientes y porque no se adecuaron los hechos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- respondió.

No había más qué decir ni qué preguntar. Luis Edgardo Gómez Pineda salía sonriente, acompañado de un grupo de jóvenes, todos impecablemente vestidos como buenos abogados. No lo subieron en hombros porque no habría cabido en el elevador, pero la euforia era incontenible.

Los diputados de oposición ya se habían ido rumiando sus inconformidades, los abogados escucharon el veredicto desde la entrada del salón de plenos y fueron los primeros en salir del recinto. Eran las siete y media de la noche.

Todo había comenzado a las 11 de la mañana en punto de ese miércoles 29 de marzo de 2006, cuando los 13 magistrados numerarios y tres supernumerarios se instalaron en sus asientos y se dispusieron a escuchar la lectura de unas mil fojas que conforman tan sólo la sentencia.

El recinto casi se llenó con abogados, diputados, algunos reporteros nacionales y todos los del estado. Muchos tripies fueron instalados a los lados y micrófonos colgados en las bocinas.

Y Melva Ocampo comenzó a leer. Pasó una hora y seguía leyendo, pasaron tres y seguía dando lectura al expediente. Los asistentes salieron a estirar las piernas con la esperanza de que al volver el asunto estuviera terminando, pero no fue así. Eran las cuatro de la tarde y seguía leyendo, pero el contenido de su lectura ya había provocado reacciones.

“¡No puede ser! ¡Montiel era un santo! ¡Hay que hacerle un monumento!”, decía Carlos de la Rosa Segura. “Están suplantando a la defensa de Montiel”, decía otro abogado.

“Pinches magistrados, lo que hacen por conseguir su perpetuidad”, se escuchaba afuera.

Melva (a quien ya consideran firme candidata a magistrada por su estoicismo al leer durante seis horas seguidas) terminó la lectura y el magistrado presidente dio la palabra a los diputados. Guillermo López Ruvalcaba y Cecilio Xoxocotla improvisaron sendas piezas de oratoria en las que hablaron de la fabricación de delincuentes por parte de Montiel (haciendo mención que apenas un día antes uno de sus escoltas –Freyre- fue consignado por secuestro,  y la omisión del gobernador). Ellos sabían que sus discursos no serían tomados en cuenta porque la etapa de pruebas había concluido, pero no quisieron irse sin pedir a los magistrados que antes de emitir su veredicto pensaran en sus hijos y sus nietos.

Luis Edgardo Gómez Pineda dio lectura a un discurso que traía previamente preparado. Habló de la inocencia de su jefe y los intereses políticos que movieron a los promoventes del juicio. La procuradora Claudia Aponte habló pero no dijo nada, sólo fue a lucir su traje sastre.

Después vino el desalojo. Respetuosamente, personal del Tribunal pidió a los presentes abandonar el recinto. Los reporteros de televisión aprovecharon para hacer sus entrevistas afuera, pero un empleado amenazó: “vengan por sus tripies o se los tendremos que sacar nosotros”.

Como los camarógrafos estaban tomando entrevistas no le hicieron caso, y los empleados cumplieron la amenaza. “Es que los magistrados creen que puede haber grabadoras escondidas en los tripies”, confió uno de los elementos de seguridad.

Y de ahí vino la espera. Los minutos pasaban y la puerta del Salón de Plenos seguía cerrada. Los reporteros ocupaban escaleras y escritorios secretariales para descansar.

“Ya vienen los bocadillos”, anunció el diligente secretario particular del presidente. Minutos después llegó Herminio (el chofer del presidente) con un bonche de refrescos. Ya cuando la impaciencia apremiaba aparecieron empleados con charolas de bocadillos que supuestamente eran para la prensa, pero abogados y empleados de la Consejería dieron cuenta de los canapés con singular rapidez.

El ex consejero jurídico (y aspirante a notario, dicen), se enfrascaba en una discusión con el abogado Juan Juárez Rivas. “Les agradezco que hayan hecho esto, porque no saben cómo me sirvió como experiencia”, decía Luis Edgardo.

Y así dieron las siete y media de la noche. La puerta se abrió y la turba entró al salón de plenos, y la secretaria de acuerdos comenzó a leer el veredicto sin dar tiempo a instalar tripies.

Después de la lectura de la sentencia absolutoria abandonamos todos el recinto. Quien esto escribe buscó a un magistrado que nos dijera qué había pasado durante esas tres horas que permanecieron a puerta cerrada.

“No se fue igual la sentencia, le hicimos cambios. Varios compañeros coincidimos en que el proyecto estaba muy cargado a favor de Montiel, al grado de que, en caso de que se aprobara como estaba, la sentencia podría ser utilizada por la defensa de Montiel en su proceso penal”.

Entonces supimos que en ese lapso habían cambiado parte del proyecto, básicamente donde los magistrados de la Comisión Instructora desglosaban las pruebas en contra de Montiel y echaban abajo una a una, además de destacar los motivos por los que fue designado jefe de la Policía Ministerial.

-Se extralimitaron en su defensa a Montiel- cuestionamos.

- Sí, se extralimitaron- contestó el funcionario que pidió el anonimato.

Camino al periódico reflexionábamos sobre todo lo que gastó el gobierno del estado, tanto el gobernador como el Congreso y también el Poder Judicial, en llevar a cabo un juicio político que al final no llevó a nadie a ninguna parte, y que el que salió perdiendo fue todo el estado de Morelos.

HASTA MAÑANA.

“Lo toma o lo deja”, fue la frase que escuchó Amalia Hernández, en voz del doctor Lozano, cuando en 2013 le dijeron que aquel cadáver era el de su sobrino Oliver, y al parecer fue la misma frase que recientemente escucharon los familiares del joven Jonathan por parte de los servidores públicos de la misma Fiscalía, la Regional Oriente, cuando les mostraron un cuerpo que se parecía a su familiar.

En el primer caso los familiares de Oliver no se lo quisieron llevar y exigieron una prueba de ADN; en el segundo caso, ocurrido apenas el pasado 14 de enero, los parientes decidieron recogerlo para darle cristiana sepultura, sin saber que en realidad ese cadáver no era el de Jonathan, quien había desaparecido días antes.

La familia de Jonathan actuó como la mayoría de las que sufren la pérdida de un ser querido: no quieren saber cómo murió, sólo quieren enterrarlo y pedir por su eterno descanso. “Por lo menos ya sé a dónde venir a rezarle”, suelen decir.

Oliver fue la excepción a la regla. Su madre y su tía no repararon en el tiempo y dinero necesarios para tener la seguridad de que ese cuerpo era de Oliver.

“Me pusieron mil peros. Primero me dijeron que no había de dónde obtener el ADN, y yo les dije que había visto un documental en el que sacaban el ADN de un hueso; entonces me dijeron que no había reactivos, que no había genetista, y así sucesivamente”, recordaba Amalia Hernández en breve plática con este columnista.

Ellas tuvieron que hacer los oficios de colaboración necesarios y correr con los gastos que fueron surgiendo, hasta que se logró identificar plenamente que los restos eran de Oliver.

Pero la Fiscal de la Región Oriente, Liliana Guevara Monroy, les pidió dejar un tiempo más el cadáver para realizar nuevas pruebas científicas “porque ya tenemos identificados a los responsables y tenemos que evitar que salgan libres, una vez que sean detenidos”, argumentó.

La familia decidió colaborar con la autoridad ministerial para que el crimen de Oliver no quedara impune, por eso accedieron a dejar un tiempo más el cuerpo de Oliver en la cámara frigorífica del Semefo de Cuautla.

“Posteriormente, la carpeta se la llevan a Cuernavaca, la tenía el licenciado Rodrigo Dorantes en ese entonces el fiscal, se la turnan a la licenciada Adriana Pineda junto con el licenciado Christian Vizuet. Dos o tres veces por semana yo iba a que se me diera información sobre las investigaciones que se iban realizando, a su vez yo preguntaba que pasaba con (el cadáver de) mi hijo Oliver, a lo que ellos siempre me contestaban que estaba aquí en el Semefo de Cuautla”, narró en aquel entonces la madre del occiso.

Pero en diciembre de 2014, un familiar acude al anfiteatro a cumplir una tarea como estudiante de Derecho y se entera fortuitamente que el cadáver de Oliver ya no está.

Más tarde le confirmarían que todo ese tiempo la estuvieron engañando, pues el cadáver de su hijo fue inhumado, junto con decenas de desconocidos, desde el 28 de marzo del 2014.

A partir de ese momento, la indignación de una madre y el deseo de darle cristiana sepultura a su hijo se convertirían en el motor de un incansable peregrinar con un desenlace que ningún servidor público pudo siquiera imaginar.

Y es que, después de obtener los restos de Oliver, las dos mujeres siguieron luchando para que se les diera una sepultura digna a los otros cadáveres con los que estuvo en la fosa irregular.

Así fue como se dio el escándalo de las fosas de Tetelcingo, un acontecimiento que llegó no sólo a medios nacionales, sino internacionales.

Tenemos bien presente cuando en transmisión en vivo desde Paris, Francia, donde acababan de ocurrir atentados terroristas, el famosísimo conductor Jorge Ramos presentó la información de esta manera:

“En los actos terroristas de los últimos días aquí en Francia murieron alrededor de 120 personas, pero en sólo una fosa clandestina en México se encontraron más de 150 cadáveres”.

Y a partir de antier el estado de Morelos volvió a ser noticia y otra vez por las deficiencias en el trato a los cadáveres en el Servicio Médico Forense.

La versión oficial de la Fiscalía General fue que la noche del 14 de enero, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre en calidad de desconocido, localizado en la Calle No Reelección de la Colonia Centro del Municipio de Yautepec.

“De acuerdo al resultado de la necropsia de ley, se establece la causa de la muerte por infarto agudo al miocardio, no obstante lo anterior y ante la falta de familiares o conocidos que pudieran localizarse, los restos mortales fueron depositados para su resguardo en las instalaciones del Servicio Médico Forense para su preservación, en tanto se realizaba la identificación y se localizaban familiares”, dijo la dependencia a través de un boletín.

Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar”, agrega el boletín, echándole toda la culpa a los familiares.

Y recalca: 

“Es importante señalar, que las condiciones del cuerpo permitían realizar la identificación plena del mismo y que fueron dos familiares directos quienes realizaron el procedimiento y presentaron la documentación del finado, formalizando con ello la solicitud para poder disponer de manera libre de los restos mortales, toda vez que las causas de la muerte fueron del orden natural”.

Familiares de Jonathan refieren (sin que nos conste) que el personal del Semefo hizo caso omiso a sus comentarios acerca de determinadas características que su pariente tenía y éste cuerpo no las presentaba.

Cuerpos que están identificados y son inhumados como desconocidos, cadáveres que son entregados equivocadamente; y muchos más que permanecen sin ser reclamados. A eso nos ha orillado el incremento alarmante de personas fallecidas en los últimos años. Todos los días hay cinco o seis ejecutados, muchos de los cuales no son reclamados por familiares por temor a sufrir represalias o porque provienen de otras entidades.

Es entendible que no se dé abasto la Fiscalía para darle trámite a tantos cadáveres, y que la disposición final de éstos se esté convirtiendo en un verdadero problema sanitario.

Se requiere, por principio de cuentas, crear un Instituto de Ciencias Forenses como el que existe en Jalisco, con recursos financieros suficientes para crear la infraestructura necesaria y contratar los profesionistas que se requieran para dar respuesta a la creciente demanda de personas muertas en hechos violentos.

Pero mientras ello sucede, el fiscal general Uriel Carmona tiene que leerles la cartilla a sus subordinados para que no se vuelva a repetir este tipo de errores que hacen quedar mal a todo el gobierno de Morelos.

HASTA MAÑANA.

Como si no fuera suficiente el conflicto al interior del Poder Judicial y al interior del Poder Legislativo, ahora los diputados de la LIV Legislatura se están enfrascando en un pleito contra la mayoría de los presidentes municipales, con acusaciones mutuas de corrupción y amenazas de hacer auditorías. En este pleito nadie sale limpio y el único que pierde es el pueblo.

Recapitulemos:

El lunes 27 de enero el Congreso local, con 43 días de retraso, aprobó el paquete económico para el gobierno del estado correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por un monto total de 26 mil 801 millón de pesos. Con 20 votos a favor, los diputados aprobaron el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal del gobierno estatal.

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, destacó la reasignación de un monto mayor a los 500 millones de pesos de la propuesta del presupuesto de egresos que presentó el Poder Ejecutivo para priorizar en rubros como salud, educación, campo, seguridad y apoyo a municipios.

Mazari Espín señaló un aumento de 10 millones para el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense (HNAM), que para este año contará con una partida de 240 millones 102 mil pesos.

Asimismo, se etiquetó un monto similar de 10 millones de pesos para el "Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal", que en total recibirá una partida de 35 millones 440 mil pesos; en tanto, para el "Programa de Atención al Dengue, Zika y Chikungunya" se destinaron 15 millones de pesos.

Atrás quedaron los dimes y diretes entre los diputados y diputadas, y de estos contra los funcionarios del Poder Ejecutivo. Como por arte de magia, los 20 legisladores dieron su aprobación.

Sin embargo, parece que algunos no quedaron tan conformes, pero decidieron no exhibirse como detractores del gobierno estatal, sino exclusivamente contra el que firma los cheques, es decir, Alejandro Villarreal Gasca. Primero, Marco Zapotitla quiso “amarrar navajas” diciendo que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, había acusado al secretario de Hacienda de no pagar el servicio de telefonía con el que funcionan las cámaras de videovigilancia.

José Casas González fue más allá, y le inició una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por haberle otorgado cuatro millones de pesos de más a la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría, lo que según Pepe sería “un moche disfrazado”.

“Sin cuidado me tienen esas declaraciones... ellos sí saben de moches", le contestó Villarreal con una sonrisa que denota que algo sabe de los diputados pero no lo quiere decir. Por lo menos no en estos momentos.

Así las cosas, pareciera que salvo esos detalles, el legislativo quedó conforme con las negociaciones con el Ejecutivo, no así con los 36 municipios de la entidad.

“Se dice”, y solamente es un rumor, que en otros tiempos y en otros estados los diputados piden dinero en efectivo o plazas para su gente a los presidentes municipales a cambio de aprobarles sus presupuestos.

Nos consta que diputados de otras legislaturas han pedido plazas para sus allegados a cambio de ratificar magistraturas o aprobar presupuestos de Tribunales (el caso del abogado Abraham Romo es el más claro ejemplo).

En esta ocasión algo pasó y los alcaldes no se acercaron a ofrecer nada a los diputados, o a los legisladores que se atrevieron a pedir algo los alcaldes “los mandaron por un tubo”. El hecho es que no aprobaron su presupuesto para el 2020.

La justificación de los diputados es que los Ayuntamientos pretendían crear nuevos impuestos, lo que fue rechazado inmediatamente por los ediles quienes amenazaron con hacer movilizaciones y “paralizar el estado” (aunque después lo hayan negado y echado la culpa a los medios de comunicación, como siempre).

Ante ello, aquel diminuto hombre oriundo de la comunidad indígena de Tetelcingo, que a veces tenía que pedir prestado, hoy convertido en el mismo diminuto hombre pero con una cadena de oro bastante gruesa, reloj carísimo, lentes de oro, zapatos finos y que se traslada en una camioneta Tahoe, hizo la siguiente declaración:

“…porque el poder se ejerce, tendremos que llegar a la revisión minuciosa y pormenorizada de cómo están ejerciendo los recursos públicos los ayuntamientos de este estado, porque llama la atención ese silencio cómplice, porque no hay una sola solicitud de auditoría especial a ninguna administración anterior. Se duelen, se quejan de que no hubo recursos o de que los ayuntamientos salientes los dejaron con laudos y con varios adeudos pero casualmente no hay un solo presidente que nos haya solicitado practicarle una auditoría a la administración saliente (…) y a través del chantaje, la amenaza, la extorsión, la presión, no se va a obtener nada”.

Luego, en su discurso en la ceremonia oficial del inicio del periodo ordinario de sesiones, reiteró: “porque es tiempo de que sean las autoridades las que se ajusten el cinturón y no las familias morelenses”.

No tardó mucho tiempo para que el alcalde Agustín Alonso, en redes sociales, le contestara:

“Este diputado chismoso, altanero, simulador, hipócrita y de doble discurso nos cuesta más de 35 millones al año o sea 105 millones en 3 años. Casi lo que cuestan 9 municipios de los más pequeños en Morelos. Me gustaría que aceptaras diputado Zapotitla a debatir y veamos qué aprobaste del presupuesto y sin que te temblara la mano, sin pensar en el pueblo. Tengo todo los datos reales de tus votos en sentido afirmativo, conceptos que dan pena y te contradicen a tu discurso”. 

La manifestación de alcaldes se hizo, llevando a sus empleados como acarreados con recursos del erario, pero sin afectar a la población.

Del otro lado, los diputados siguen “montados en su macho”, sin ceder a las pretensiones de los alcaldes y amenazando con hacerles auditorías.

Algo se saben entre ellos, y seguramente se arreglarán tarde o temprano pero “en lo oscurito”, sin que los morelenses que votamos por ellos (aunque varios llegaron sin el voto de nadie) nos enteremos de los términos específicos en que resolverán sus diferencias.

HASTA MAÑANA.

Durante muchos años a los periodistas nos mantuvieron “a raya” con denuncias ante la Procuraduría por difamación y calumnias, hasta que quitaron ese delito del Código Penal, pero conservaron la posibilidad de la demanda civil por daño moral, en la que los servidores públicos que se sientan agraviados por una publicación pueden exigir el pago de una indemnización.

Tal es el caso –a nivel nacional- de Humberto Padgett y Sergio Aguayo, éste último ampliamente difundido en los medios después de que la polémica Denisse Dresser fue a “La Mañanera” a pedir la intercesión del presidente de la República a favor del periodista, y de paso aprovechó para exigirle al mandatario que no permita el regreso de los tipos penales conocidos como difamación y calumnia.

En ambos casos los comunicadores fueron objeto de millonarias demandas tras publicar críticas a gente muy poderosa como Eruviel Ávila y Humberto Moreira, pero afortunadamente no han logrado consumar su venganza.

En octubre de 2018, el juez tercero de lo civil de primera instancia de Ecatepec, José Epitacio García, encontró culpables a Padgett y a una de sus fuentes informativas, pero sin precisar la cantidad económica a pagar, aunque el exmandatario solicitaba 10 millones de pesos como reparación.

Posteriormente en enero de 2019, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en Ecatepec, ratificó la sentencia condenatoria.

La demanda derivó de la publicación que Padgett hizo en el libro “Los Suspirantes 2018”, editado en 2017 y donde escribió el capítulo denominado “Eruviel Ávila Villegas, Río de Luz”. Ahí refiere supuestos actos de pederastia en los cuales habrían estado involucrados el exgobernador y Onésimo Cepeda, exobispo de Ecatepec.

Fue mediante una demanda de amparo directo que recayó en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de lo Civil en el Segundo Circuito, donde se declaró infundada la sentencia.

Por otra parte, el 20 de enero de 2016 se publicó en el diario Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila. Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho —un mes después, fue puesto en libertad—.

En junio de 2016, Moreira demandó al académico, argumentando que había dañado su honor, por lo que desde entonces le exigía el pago de 10 millones de pesos para restañar sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.

En marzo del año pasado un juez falló a favor de Aguayo y concluyó que el profesor Moreira “no acreditó su acción” del presunto daño moral, ante lo cual Moreira presentó un recurso de apelación, que resolvió a su favor la sexta sala civil.

Tras el pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no se va a criminalizar a periodistas por ejercer su libertad de expresión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que atraerá el amparo promovido por Aguayo.

“El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, asumió la atracción del amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación de daño moral al exgobernador Humberto Moreira es violatoria de la libertad de expresión”, publicó la SCJN en su cuenta de Twitter.

Pero en Morelos también hay casos similares.

A finales de junio del año antepasado, fui notificado de que hay una demanda en mi contra por daño moral interpuesta por un ex policía del Mando Único, quien exige el pago de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño moral y psicológico que dice haberle causado una nota que escribí y que se publicó en la página de internet del periódico El Financiero el 28 de abril del 2016.

La nota refiere que “elementos de la Unidad Especializada contra el Secuestro (UECS) detuvieron a dos miembros en activo de la Policía del Mando Único por su presunta relación con el crimen organizado, y que habrían confesado su participación en el homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo”.

Quizás algunos compañeros recuerden que esa noticia fue publicada por todos los medios de comunicación, ya que fue dada a conocer por el entonces secretario de gobierno, Matíaz Quiroz Medina, e incluso hubo una conferencia de prensa que dieron el entonces comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y la titular de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) Adriana Pineda Fernández.

Por razones que desconocemos, la Fiscalía General de Justicia retiró los cargos a uno de los policías, por lo que obtuvo su libertad semanas después de su detención.

Con esa resolución, el elemento policiaco presentó la demanda en mi contra, no así en contra del periódico que la publicó.

El 4 de julio del 2018 presenté mi contestación de demanda dentro del expediente 221/2018 que quedó radicado en el Juzgado Décimo Civil de Cuernavaca, incluso solicité que se citara como testigos a reporteros que también manejaron esa información.

Hubo necesidad de gastar en abogados y peritajes psicológicos para demostrar que, si bien la nota en mención le afectó en su ámbito laboral, nunca hubo dolo por parte del reportero, quien sólo cumplía con su trabajo.

Quizás la culpa no sea del ex elemento policiaco, sino de su abogado, un ex policía judicial que incluso estuvo detenido como sospechoso de haber matado a su pareja, y que lo ilusionó  con la idea de obtener tres millones de pesos, como si los reporteros tuviéramos sueldos que nos permitan reunir esa cantidad.

Legalmente la Juez debió haber declarado improcedente la demanda, pero “se sacó de la manga” una resolución absurda en la que ordena la reposición del procedimiento, y que además de quien escribió la nota, también se llame a juicio al medio de comunicación que lo publicó.

Pero hasta ahora el abogado no ha podido emplazar al periódico El Financiero para empezar todo de nuevo.

HASTA EL LUNES.

Nunca hubo buena relación entre el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado y el comisionado de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, pero el asunto se convirtió en conflicto a partir del 25 de marzo del 2015, cuando escoltas del hoy titular de la SSP en Quintana Roo golpearon y robaron a un grupo de jóvenes que salían de una fiesta celebrada en una casa aledaña a la residencia del funcionario.

Cuando Capella quiso resolver el asunto “en corto”, ya los nombres de los policías agresores y detalles de los hechos estaban en manos de la prensa. Capella responsabilizó de ello a Rodrigo, ya que los únicos que sabían de la denuncia eran los agentes del MP que la iniciaron y los policías ministeriales que realizaron la investigación. “Esto no se va a quedar así”, le advirtió el tijuanense al fiscal general.

“Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”, tituló la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno estatal un boletín enviado a los medios el 2 de junio de ese año, derivado de una reunión en la oficina del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la que asistieron el fiscal Rodrigo Dorantes y el comisionado Alberto Capella, cada uno acompañado por la persona responsable del manejo de estadísticas en su respectiva dependencia. También estuvo presente el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rafael Gómez Olivares, quien manejaba una especie de “Cisen en chiquito”.

Pero el boletín y las fotografías que se difundieron de la “amigable reunión” estaban muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió. Testigos del encuentro lo definen como “un agarrón” entre las dos instituciones en el que sus respectivos titulares salieron visiblemente molestos.

La causa del altercado fue que Alberto Capella no aceptaba las cifras que la Fiscalía General estaba presentando como incidencia delictiva, pues estas diferían notablemente de las que ellos tenían, por lo que exigía que se tomaran como oficiales las suyas y no las de la Fiscalía.

“Pues estas son las cifras reales que surgen de las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público”, sostuvo la responsable de la Dirección de Información Criminógena.

El tijuanense montó en cólera. “Quién se cree que es usted para poner en riesgo toda una estrategia de seguridad”, le espetó a la servidora pública.

“Esos son los datos reales y no los vamos a cambiar”, intervino Rodrigo Dorantes.

Pero el pleito Dorantes-Capella ya se había iniciado y no cabían los dos en el gabinete.  “La gota que derramó el vaso” fue el caso de un elemento de la Policía del Mando Único detenido por agentes de tránsito acusado de participar en el asalto a una casa de la colonia Gualupita de Cuernavaca.

Esa noche, 25 de julio del 2015, sujetos armados entraron a una casa donde se desarrollaba una fiesta y asaltaron a los invitados, y luego escaparon a bordo de un Chevy blanco. Las víctimas pidieron ayuda a la Policía y unos agentes de tránsito encontraron un vehículo con esas características, en el que viajaban dos hombres, uno de ellos armado.

Muy pronto, la versión de que policías del Mando Único habían participado en el asalto a una fiesta corría “como reguero de pólvora” ante la satisfacción del fiscal Rodrigo Dorantes. Pero resultó que las víctimas no reconocieron a los detenidos y ante la falta de elementos la juez oral tuvo que dejarlos en libertad el 28 de julio.

Al otro día Rodrigo Dorantes presentó su renuncia, no sin antes entregar al Congreso local y al gobernador un oficio en el que denunciaba que temía por su vida, y señalaba como responsables de lo que pudiera pasarle al comisionado Capella y a su ex subordinada, Adriana Pineda.

En cuanto se conoció de la renuncia de Rodrigo Dorantes, la Policía del Mando Único prácticamente tomó por asalto las instalaciones de la FGJE de la avenida Emiliano Zapata.

Como de película, elementos de la Policía Preventiva Estatal (Mando Único), arribaron al edificio principal de la Fiscalía General del Estado. Al frente iba el todavía director de la Policía Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Miguel Ángel Marín, quien asumió “de facto”, la coordinación de la Policía de Investigación Criminal.

Los preventivos estatales se hicieron cargo de las entradas y salidas del inmueble, anotando la hora en que entraban los servidores públicos y la hora en que se retiraban. Había micrófonos y cámaras de video por todos lados.

Para los policías ministeriales era peor. Los preventivos les exigían portar todo el tiempo su gafete de identificación, y les revisaban las armas y los vehículos, iniciándoles procedimientos administrativos a los que se oponían. Los “ajustes de cuentas” estaban a la orden del día.

Como encargado de la oficina del fiscal quedó Javier Pérez Durón, un agente del Ministerio Público que “subió como la espuma” en el directorio de la Fiscalía después de que Graco Ramírez asumió el cargo de gobernador. Y es que –él nunca lo negó- es sobrino de Olga Durón, primera esposa del entonces mandatario estatal.

Pero la que llevaba realmente los asuntos importantes era Adriana Pineda Fernández. Y para no fallarle, Graco Ramírez envió al Congreso Local una terna integrada por su sobrino Pérez Durón, Adriana Pineda y Norma Toledo, ésta última también funcionaria de la Fiscalía. Y los diputados se decidieron por el sobrino del gobernador.

No se sabe si esa fue la condición para dejarlo en el cargo o Pérez Durón se sometió de mutuo propio, el hecho es que la Fiscalía pasó a ser –en los hechos- una oficina que dependía de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

El colmo fue que hasta la oficina de prensa de la Fiscalía estaba subordinada a su similar de la CES: Un boletín emitido el sábado 29 de agosto de 2015,  refería que “la Comisión Estatal de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, informan que la mañana de este sábado se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres en el municipio de Puente de Ixtla”.

Agregaba que a las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 066 que en la calle Luis G. Urbina, casi esquina con calle Sor Juana Inés de la Cruz, de la Colonia Jardines de la Herradura, municipio de Puente de Ixtla, se encontraban dos hombres sin vida.

Derivado de lo anterior, “elementos del Mando Único y de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar” (siempre juntos) donde encontraron a los masculinos fallecidos por disparos de arma de fuego. 

Y para finalizar, el boletín oficial advertía que ambas corporaciones “realizaron el levantamiento de cadáver”, y que “la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizarán las investigaciones correspondientes para la identificación de estas personas y para la detención del o los presuntos responsables de la comisión de este delito”.

De ese tamaño era el poder que le dio Graco Ramírez a Jesús Alberto Capella.

HASTA MAÑANA.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó ayer el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), que es el instrumento de evaluación anual que permite conocer la situación y las condiciones que imperan dentro de los centros de reclusión en el Estado. En cualquier otro gobierno, bastaría con este documento para correr a todos los funcionarios que tienen que ver con el tema de la reinserción social.

Si bien es cierto que la calificación obtenida por los centros de reclusión en general van de regular a deficiente, el diagnóstico sobre el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya es simplemente demoledor, no sólo por la calificación a todas luces reprobatoria de 4.87, sino porque el gobierno está en manos de los grupos de poder al interior del penal y no de las autoridades.

No se requiere ser un experto en sistemas penitenciarios para saber que el Penal está fuera de control, basta con observar el número de cadáveres regados en el piso, quemados, sin cabeza, a raíz de los hechos ocurridos en noviembre del año pasado.

También, el hecho de que en redes sociales proliferen fotos y videos donde las personas privadas de su libertad (PPL) hasta mandan saludos a sus familiares y amigos, demuestra que diariamente entran teléfonos celulares de todos los tamaños y marcas a través del personal de custodia, que ve en esa actividad ilícita la forma de completar sus ingresos.

Según se dijo ayer, dicho diagnostico tiene como principal objetivo hacer del conocimiento de la población y la autoridad competente en la materia la situación puntual del Sistema Penitenciario y de los Centros de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, “a efecto de que sea un instrumento efectivo que contribuya a la construcción de políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad”.

El DESP se desarrolla bajo las bases y la metodología establecida en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP), instrumento creado por la CNDH en coordinación con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de la cual forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo anterior, ante la conveniencia de contar con una metodología uniforme para realizar las evaluaciones penitenciarias en todo el país.

Dicho diagnostico se efectúa mediante visitas y recorridos en cada uno de los Centros de Reinserción Social con los que cuenta el Estado, así como en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), donde se aplican diversos instrumentos diseñados específicamente con el objetivo de recabar información específica para posteriormente llevar a cabo el procesamiento de dicha información y el análisis de los resultados.

El Diagnostico Local consta de la aplicación de tres instrumentos, enfocados en los siguientes rubros: 1.- Entrevista con la autoridad responsable del Centro de Reinserción Social; 2.- Aplicación de cuestionarios a una muestra mínima del 10% o más de la población recluida; y 3.- Un Recorrido por las áreas que realiza el personal de la CDHM. Ahora bien, por cuanto a la obtención de resultados el ejercicio consiste en calificar en escala del 0 a 10 una gama de indicadores y sub-indicadores que representa las condiciones mínimas que deben existir en un Centro de Reinserción Social, esto de acuerdo al marco normativo nacional e internacional aplicado a la materia.

De los Centros de Reinserción Social visitados, tres presentaron una alarmante sobrepoblación, uno se encuentra a punto de llegar a su capacidad máxima de instalación, y solamente uno cuenta con una población acorde a los parámetros establecidos. Situación que de manera directa repercute en todas las demás áreas evaluadas, trayendo consigo insuficiencia en las actividades laborales, las de capacitación, los talleres, las actividades deportivas, educativas, el servicio médico e incluso la alimentación.

“En dicho sentido, el hecho de que existan áreas que rebasan de manera considerable su capacidad, trae consigo condiciones de hacinamiento, imposibilitando contar con aquellos entornos o aspectos que garantizan una estancia digna. Quedando exento de la presente observación únicamente el Centro de Reinserción Social de Jonacatepec, mismo que se encuentra acorde a su capacidad de instalación”, dice el documento.

Por otra parte, de acuerdo al Inegi, en promedio, los centros penitenciarios estatales del país han tenido de 2010 a 2016 una persona encargada de vigilar a 8.6 personas privadas de la libertad. En Morelos hay 27 internos por cada custodio, y aquí agregaríamos, que es un custodio mal pagado, sin capacitación y proclive a la corrupción.

Al hablar del autogobierno, que no es otra cosa que la aplicación de lo que conocemos como “la ley del más fuerte”, la CDH es bastante sutil para mencionarlo:

“En ese orden de ideas, es evidente que sin importar el autor o el estudio, se coincide en que la falta de personal de seguridad y custodia trae consigo escaso control por parte de las autoridades del centro, respecto a la seguridad y de las diversas actividades que se realizan al interior (laborales, deportivas, culturales, etc.), así como de los posibles servicios con los que podrían contar las PPLs (luz, agua, alimentación, entre otros); situación que propicia que algunos grupos de Personas Privadas de la Libertad ejerzan determinado control en diferentes áreas, lo que genera que en los centros prevalezcan condiciones de autogobierno y/o cogobierno”.

Lo que no menciona es que esos grupos de autogobierno están financiados por grupos externos de la delincuencia organizada, es decir, que al igual que en el exterior, cárteles como Los Rojos, Los Guerreros Unidos, y ahora los del Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan la distribución de droga al interior del Penal de Atlacholoaya, y si pueden controlar eso, pueden controlar absolutamente todo.

“Durante el 2019, se han iniciado en esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 28 expedientes de Queja, los cuales se relacionan por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social del Estado de Morelos; de los cuales 8 han sido archivados conforme a algunas de las hipótesis jurídicas que establece el artículo 70 del Reglamento Interno de este Organismo; se ha emitido 1 Recomendación; actualmente se encuentra en Integración 15 expedientes, y 4 se encuentran en Proyecto de Recomendación”, dice el informe.

Después de conocer lo anterior, no nos sorprende que se den las siguientes estadísticas (aunque se advierte que le dieron una ayudadita): 2 riñas; 42 lesiones dolosas; 1 fuga; 2 suicidios; 9 homicidios; 21 decesos por enfermedad y un motín, todo ello tan sólo en el 2019.

 ¿No es suficiente lo anterior para hacer cambios en la coordinación de Reinserción Social? Todos creemos que sí, menos el comisionado de Seguridad Pública y el secretario de Gobierno.

HASTA MAÑANA.

El pasado 6 de enero en este mismo espacio publicamos el caso de un video que circula en Youtube donde un joven acusa a una funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de utilizar a personas que están privadas de su libertad como testigos falsos para “cuadrar” sus investigaciones. “Que presente su denuncia”, dijo el titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara.

¡Qué pesado se llevan esos priístas! Bien dicen que cuando las comadres se pelean salen a relucir sus verdades, pero hay priístas que hoy, justo cuando su partido está peor que nunca, deciden ventilar raterías de hace muchos años, y aunque jurídicamente no hay nada qué hacer, esas indiscreciones sólo confirman el desprestigio del otrora partido “aplanadora”.

Por un momento parecía que el imperio de Ricardo Rosas Pérez había llegado a su fin. Veinticuatro horas antes de la votación para elegir presidente del Tribunal Superior de Justicia, ocho magistrados numerarios y tres supernumerarios se reunían en la oficina del magistrado Samuel Sotelo Salgado para analizar la posibilidad de lanzar a un candidato que compitiera por la titularidad del Poder Judicial con Ricardo Rosas, quien buscaba por tercera ocasión encabezar la institución para así completar el sexenio.

En la primera hora del miércoles 18 de diciembre del 2019 fue detenido Juan Manuel Peña Barrios, apodado “El Barrios”. Según la versión oficial, una patrulla del Mando Coordinado realizaba patrullajes de rutina en el primer cuadro de Cuernavaca cuando detectaron una camioneta Acura que circulaba a exceso de velocidad.

El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la entrega de nombramientos por parte de diputados del Congreso del estado y la toma de protesta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. A casi nueve meses de distancia, no ha podido comenzar a funcionar.

Y es que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) así como los miembros del Comité Coordinador, no han podido ponerse de acuerdo absolutamente en nada, así que el gobierno del estado no ha liberado un solo peso para su funcionamiento.

Recordemos que los comisionados (que a su vez fueron electos por un grupo de nueve ciudadanos, no por el congreso ni por los partidos) resultaron ser Roberto Coranguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida, cuya presidencia es rotativa, en ese orden.

En tanto que el Comité Coordinador está integrado por el presidente del CPC (Roberto Coranguez); el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (con una encargada de despacho);  el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez; el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, César Santana Nava; la representante del Consejo de la Judicatura estatal (o su equivalente) María del Carmen Verónica Cuevas López; la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Manuel García Quintanar, y la representante común de los Contralores Municipales del Estado, América Berenice Jiménez Molina.

Todos ellos se han comportado como niños, con peticiones absurdas y berrinches de un lado y de otro, demostrando que lo que menos les importa es el estado de Morelos. La Fiscalía General del Estado está llena de denuncias y los jueces de Distrito ventilan amparos de uno y otro lado. Ninguno quiere ceder.

La manzana de la discordia es el nombramiento del secretario técnico. La terna propuesta por el CPC (siempre con la oposición de Damiana Herrera) fue rechazada por algunos miembros del Comité Coordinador, cuyas solicitudes caían en lo absurdo. No quisieron al secretario técnico interino, que si bien no está contemplado en la ley, tampoco está prohibido.

Ahora sí que, como dice el dicho, “ni pichan, ni cachan ni dejan batear”.

Cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción el 27 de mayo de 2015, se activaron una serie de plazos para que en el ámbito nacional y en los estados: 1) se armonizaran las constituciones locales y se publicaran las leyes secundarias que planteasen el diseño de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), 2) se nombraran a las autoridades de esos sistemas, 3) se instalaran sus órganos de decisión y operativos, 4) se asignara presupuesto público a dichas instancias, 5) se activara la coordinación entre sus autoridades, 6) se definieran políticas y acciones de combate a la corrupción a las que se daría seguimiento, y 7) se instrumentaran distintos sistemas electrónicos que apoyasen a controlar este flagelo que lastima al Estado mexicano.

Isaak Pacheco Izquierdo, investigador de temas anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, publicó recientemente un análisis muy completo en el que explica que, “como sociedad, nos dispusimos a recorrer todo ese camino con el propósito de enfrentar el problema de la corrupción, a través de una estrategia consensuada y teóricamente sólida en cuanto a su diseño, que ejecutada correctamente nos permitiera plantear una solución real, de mediano y largo plazos, a la captura del Estado por las redes de corrupción”.

Al 11 de enero de 2019, fecha en que se actualizaron por última vez los datos que recopila y difunde en su portal de internet la Secretaría Ejecutiva del SNA, los sistemas anticorrupción de los 32 estados del país presentaban un avance en la adecuación de su marco normativo en la materia del 97%, pues de los 288 instrumentos jurídicos que debían armonizarse con respecto al modelo nacional en todo el país, sólo 8 quedan pendientes de emitirse. Sobre este asunto, cabe mencionar que ningún estado tiene pendiente realizar las adecuaciones a su constitución local o publicar la ley que establece el diseño de su sistema local anticorrupción.

Respecto a la conformación de la estructura rectora de los sistemas anticorrupción, los estados del país presentan un avance del 87% en la designación de las autoridades que encabezan las instancias unitarias de los sistemas y en la instalación de sus órganos colegiados de toma de decisión 2. Y es que a la fecha de corte, sólo quedaban 13 autoridades de instancias unitarias por designarse, así como 12 órganos colegiados por instalarse formalmente en todo el país.

En cuanto al aspecto presupuestario, destaca que para el 18 de enero de 2019, el 75% de los estados contaba ya con un presupuesto asignado para las Secretarías Ejecutivas de sus sistemas anticorrupción, quedando pendientes de recursos para este rubro de gasto sólo ocho estados, entre ellos Morelos.

El tema del presupuesto asignado a las Secretarías Ejecutivas de los SEA, y que repercute en el pago de los sueldos de los miembros de los CPC locales, es otro asunto que también debe analizarse más allá de las cifras generales. A saber, del año 2018 al 2019 se tuvo un incremento de 25 puntos porcentuales en el número de estados a los que se les ha asignado presupuesto para financiar esa instancia (pues se pasó de 16 a 24 estados con recursos destinados a ese rubro de gasto) 7.

“Y si bien esto representa un avance, Ethos tuvo conocimiento de que en la práctica, durante 2018, varios integrantes de CPC no percibieron durante casi todo ese año su sueldo, debido a que no se lograba el consenso entre los miembros de los Comités Coordinadores de los SEA para designar a sus Secretarios Técnicos, y por consiguiente, no podía operar la instancia encargada de pagarles sus salarios, es decir, las Secretarías Ejecutivas de los sistemas locales. Así también, Ethos se enteró de la ineficacia en el trabajo de varios secretarios técnicos ya nombrados, los cuales, según lo comentado por aliados, no realizaron las gestiones legales y presupuestarias necesarias para comenzar a operar, constituir su equipo técnico, establecer una oficina de trabajo y cubrir el sueldo de los miembros de su CPC; y por esta falta de resultados, llegó a pensarse incluso que tenían algún tipo de interés político en evitar que avanzaran los trabajos de sus SEA”, dice el investigador.

Y lanza una conclusión muy preocupante:

“…pareciera que ese contexto adverso que se refleja en la alta tasa de incidencia de actos de corrupción y en el elevado índice de impunidad del país, afecta a todas las esferas de lo público, incluso a aquella que recae en la estrategia que nos hemos planteado para enfrentar la corrupción, reflejado esto en instrumentos normativos desvirtuados en aras de debilitar a los sistemas desde su diseño, en autoridades anticorrupción cooptadas por redes de intereses políticos, en la nula o reducida asignación de presupuesto a las instancias en la materia por parte de los congresos locales, o en la impericia, intencionada o no, de algunas Secretarías Ejecutivas para ejercerlo”.

La gran interrogante es: ¿quién es el más beneficiado con que el Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos siga empantanado?

HASTA MAÑANA.

Seguramente muchos de nuestros lectores compartirán el mismo sentimiento que invadió a quien esto escribe cuando vio el video del asalto a una tienda que culminó con el asesinato del policía vial Soar Eduardo Nova López. La impotencia de ver cómo el elemento forcejea contra los tres delincuentes, uno de los cuales le dispara en la cabeza.

Casi al mismo tiempo que el video comenzaba a viralizarse, nos llegan fotografías de las unidades de la Ruta 6 que fueron incendiadas por sujetos armados como represalia porque no han recibido su pago anual por “derecho de piso”.

Y mientras los delincuentes hacen lo que quieren, las autoridades estatales y municipales siguen sin ponerse de acuerdo en el nombre de la persona que habrá de hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, con el antecedente de que quien estaba al frente fue asesinado al llegar a su casa.

Aunque Antonio Villalobos declaró que “ya la tenemos, ya aceptó, es una mujer cuyo nombre empieza con la A y termina con la A”, lo que ocasionó que le comenzaran a llegar felicitaciones a Alicia Vázquez Luna, la que ya ocupó ese cargo a nivel estatal, pero que igual la pone en riesgo ahora el alcalde dice que “va a ser un general del Ejército que viene de la ciudad de México”, aunque cabe la posibilidad de que la propuesta de Alicia se sostenga, pero se mantiene en secreto. Ojalá así sea.

Volviendo al tema del policía que el pasado viernes fue ultimado a balazos, el video que ofreció la empresa Veana y que alguien filtró a las redes sociales, resuelve muchas dudas que teníamos acerca de los fatales hechos.

Por principio de cuentas, no hay que perder de vista que Soar Eduardo Nova era un policía vial, que no tenía la obligación de intervenir cuando le avisaron que se estaba cometiendo un robo. Interviene y lo hace sin poner en práctica los protocolos establecidos (se supone que había tomado el curso básico policial).

No llevaba radio de intercomunicación. Es fundamental que antes de intervenir en cualquier hecho atípico debe avisar a su central para que estén atentos por si requiere apoyo.

Cuando llega con uno de los sujetos que está realizando el asalto tenía que haberlo obligado a que se tirara al piso, pero prácticamente dialoga con él para que se entregue. El comunicado de la Fiscalía dice que el policía “somete” al delincuente identificado como Luis Fernando, cuando en el video se observa claramente que el jovenzuelo se resiste en todo momento, incluso le manotea para intentar quitarle el arma.

La escena resulta angustiante porque todos vimos en el video, cómo de la oscuridad de la calle surge un tercer sujeto que abraza al policía, lo que aprovechan los otros dos para agredirlo y quitarle su pistola con la que le dispara Luis Fernando.

Lo que sigue es realmente dramático. Eduardo Soar trata de recargarse entre la mercancía y ésta cae al suelo. Luego se sienta y trata de hablar por su teléfono celular.

Si se le quiere encontrar algo bueno a esta tragedia, los delincuentes no lograron perpetrar el robo, por lo tanto Soar Nova quedó como héroe. También, afortunadamente sus compañeros pudieron detener al sujeto de camiseta roja que es quien le llega por la espalda y lo somete, así como al chamaco que disparó. Pasarán el resto de sus vidas en prisión, lo que no le devolverá la vida al policía.

Aparentemente Juan Carlos es “el jefe” de los dos ladronzuelos, a quienes mandó a asaltar la tienda de plásticos, mientras él esperaba a distancia. Cuando ve que se tardan se acerca a ver qué sucede y observa que el policía se encuentra de espaldas a la entrada, por lo que fácilmente lo rodea con sus brazos, impidiendo que dispare.

Luego de cometer su fechoría los tres corren por la calle Arista con dirección a la avenida Álvaro Obregón, pero cuando pasan frente a las oficinas del Sindicato de Burócratas tiran las dos armas. Ahí es alcanzado Juan Carlos, mientras que Luis Fernando alcanza a llegar a la avenida donde toma un taxi.

Afortunadamente el taxista nota que su pasajero viene muy nervioso y decide entregarlo a la primera patrulla que pasa. El tercer responsable logró perderse en la oscuridad, pero ya está identificado y su captura es cuestión de días, sobre todo cuando todos los que lo conocen vean su rostro en el video que ya se hizo viral.

Lo antes narrado se dijo durante la audiencia de imputación celebrada ayer en Atlacholoaya, y será este viernes cuando se lleve a cabo la vinculación a proceso.

El hecho nos recuerda algo similar que ocurrió hace unos trece años, cuando laborábamos en la Policía de Cuernavaca. El director de Tránsito era el comandante Luis Manuel Rodríguez Uribe, con clave “Titanio”, quien esa noche regresaba a su casa en Fovissste Las Aguilas después de una jornada de trabajo.

Pasó junto a la gasolinera de la colonia Cantarranas, sin saber que en ese momento un sujeto estaba asaltando a los despachadores del establecimiento. Cuando el delincuente lo vio acercarse no lo pensó dos veces y comenzó a dispararle. Cuatro balazos hicieron blanco en su cuerpo, pero afortunadamente ninguno fue mortal.

Seis meses después se reincorporó a su trabajo con las cicatrices como testigos de que sobrevivió a un ataque a balazos. A los pocos meses el asaltante volvió a recibir a balazos a la policía cuando lo descubrieron robando un negocio sobre Paseo Cuauhnáhuac, pero esta vez no corrió con la misma suerte y murió en el lugar.

Después de ser director operativo de la Policía de Tránsito de Cuernavaca, el veterano comandante “Titanio” fue enviado por los veracruzanos a dar vialidad al municipio de Tepoztlán, designación que recibió con agrado, pues después de haber sobrevivido a cuatro proyectiles de arma de fuego, cualquier lugar es bueno para trabajar.

HASTA MAÑANA.

A raíz de que publicamos la lista de veracruzanos que laboran en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, recibimos muchos correos electrónicos, pero no para desmentir lo publicado, sino para exigir que se ahonde en los antecedentes de cada quien, pues –aseguran- “los veracruzanos estamos juntos pero no revueltos, pues hasta en los perros hay razas”.

De ahí que debemos hacer la aclaración de que en la CES hay dos grupos de veracruzanos: los que pertenecen a la Secretaría de Marina y los que trabajaron en el gobierno de Javier Duarte. Nos pareció justa su petición, así que ahondamos en sus antecedentes.

Cuando el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros fue escogido para ser el jefe de la Policía en Morelos de una lista que le envió el Secretario de Marina al gobernador Cuauhtémoc Blanco, a los primeros que invitó a trabajar con él fue a sus compañeros de la Semar, los contralmirantes José Manuel Rodríguez Morales, Luis Enrique Barrios Ríos y el capitán Mario Isaac Vargas Santomé. Ninguno de los tres trabajó con Javier Duarte.

El contralmirante Rodríguez Morales es una persona muy preparada, ingeniero en Ciencias Navales, con Maestría en Seguridad Nacional, al igual que Barrios Ríos, pero para la operatividad requería a alguien con mayor vitalidad. Por eso pensó en apoyarse en Federico Rivas Valdés, un capitán de la Marina cuyo único defecto era haber trabajado directamente con Javier Duarte. Era su escolta personal y al final de su sexenio lo premió con una subsecretaría.

Fue así como se comenzaron a conformar dos grupos: el de los marinos y el de los duartistas.

A sus compañeros de Semar el vicealmirante los puso en áreas privilegiadas: a José Manuel en el Secretariado Ejecutivo y a Luis Enrique en la Academia de Estudios Superiores en Seguridad Pública, donde no se meten con ellos para nada. Mario Isaac es su secretario particular o director de Relaciones Públicas.

Rivas Valdés se trajo a todos los demás: Dino Rafael Gutiérrez Hernández como director general del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública; Merary Pimentel Laines, directora de Asuntos Internos; Alfonso Moreno Tacuba, director general de Unidades Especiales; Pedro Osorio Llamas, director de Tránsito Vial Estatal; Israel Ponce de León Bórquez, coordinador del Sistema Penitenciario, y Priscila Ramírez Plata, pariente de la esposa de Javier Duarte, quien inició en la CES y posteriormente fue reubicada en el Sistema Penitenciario, hasta que fue despedida por irregularidades administrativas.

En ese grupo, sin ningún cargo específico, venía Raúl Gómez Cruz, un polémico sujeto que tiene la habilidad de convencer a sus superiores de que tiene muchas virtudes. Se dice ingeniero egresado del Tec de Monterrey, piloto aviador, experto en intervenciones telefónicas y operaciones tácticas, pero no tiene documentos que lo avalen.

En Veracruz todos lo conocen como “El Trompudo”, vendedor de información al mejor postor con lo que consigue cobrar en diversas dependencias y corporaciones. Es el típico policía que pide “manga ancha” para trabajar y promete resultados aunque sus métodos no sean muy convincentes.

Una nota de la agencia SDP de Julio 27 de 2015, titulada “Analizan avances del Grupo de Coordinación Veracruz”, lo ubica como “encargado de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Veracruz”. En la foto aparece junto al secretario Bermudez Zurita y el famoso gobernador de Veracruz, hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Otro medio de comunicación veracruzano (orizabaenred.com.mx) relata cuando fue detenido en 2005 a bordo de un vehículo Jetta con placas YBZ8263 con varias cajas de discos compactos “piratas”, credenciales falsas de diferentes corporaciones y radios portátiles de uso exclusivo de gobierno.

“Primero dijo ser un agente de seguridad nacional, amenazó a los policías estatales con despedirlos, ya que luego dijo ser jefe de escoltas del general Espiridión Mora Domínguez, ex coordinador regional de la Policía Estatal, lo que hizo dudar a los elementos de la SSP ya que uno de ellos lo reconoció como una persona que acude a cobrar su nómina cada quincena en Chapopote (delegación de la SSP en Coatzacoalcos), sin embargo, al insistirle que se identificara mostró una credencial oficial del C-4 Jalapa que lo identificaba como Raúl Gómez Cruz”.

En ese mismo medio de comunicación lo ligan al comandante Rafael Huerta Flores, quien tiene varias acusaciones por detenciones arbitrarias y abusos de autoridad.

Aseguran compañeros del famoso “piloto” que para quedarse con el cargo que hoy ostenta, tuvo que traicionar a Rivas Valdés, entregándole al comisionado pruebas de los malos manejos que estaba haciendo el subsecretario operativo con la ayuda de Priscila Ramírez.

Cuando “piloto” aceptó el cargo de director general de inteligencia policial, le pidió al vicealmirante que le brindara toda su confianza y que él le garantizaba lealtad al 100%, advirtiéndole que por su forma de trabajar seguramente le llegarían infinidad de quejas.

Y no mintió. A los pocos días comenzaron a llegar quejas en el sentido de que torturaba a los detenidos. Uno de esos casos fue el de los jóvenes acusados de haber robado el dinero del programa dirigido a los adultos mayores, en la Plaza de San Carlos, en Yautepec.

Luego comenzaron a aparecer mantas donde grupos de la delincuencia organizada exigían su salida por estar apoyando a grupos rivales. “Ya ve jefe, se lo dije”, le comentó al vicealmirante.

José Antonio Ortíz Guarneros es un hombre de buena fe, con un prestigio ganado a base de trabajo y estudio, pero nunca ha sido policía. No tiene malicia pues.

De eso se han aprovechado, primero Rivas Valdés y hoy Raúl Gómez Cruz.

Ya declaró que “mete las manos al fuego” por “piloto” y ahora tiene que sostenerse. ¿Quién meterá las manos al fuego por Ortíz Guarneros? ¿Cuánto tiempo más le aguantarán la falta de resultados?

HASTA MAÑANA.

Martha no pudo evitar que de su boca saliera un improperio cuando sintió que la camioneta perdía  velocidad y vio que la manecilla del velocímetro se desvanecía. “Ya valió madres”, murmuró mientras buscaba la forma de orillarse para no estorbar a los demás vehículos que circulaban por el boulevard Benito Juárez esa mañana, cuando el sol apenas se asomaba atrás del Popocatépetl.

Había salido –como todos los días- desde la madrugada con la camioneta tipo Pick Up cargada con 50 kilos de pollo que debía repartir a sus clientes. Y lo peor que podía pasarle era que el vehículo se descompusiera.

Con las luces intermitentes prendidas buscó en su bolsa el teléfono celular. Afortunadamente lo halló y buscó apresuradamente un nombre en la lista de contactos. El claxon de los coches que exigían pasar la ponían más nerviosa. ¿Qué no ven que se me apagó el carro? Gritó.

Carlos, un taxista al que conocía de tiempo atrás, y que en varias ocasiones le ayudó a repartir el pollo cuando no tenía vehículo, acudió de inmediato en su auxilio. Cuando llegó ya unas personas se habían ofrecido a empujar la camioneta para liberar la avenida y Martha permanecía frente a su vehículo, con el cofre abierto pero sin saber qué hacer.

Fue entonces cuando apareció la patrulla de la Policía Morelos. “¿Qué pasó señora? ¿Por qué está obstruyendo la circulación?”, dijo uno de los patrulleros que se acercó cuando Carlos comenzaba a checar el motor para ver qué tenía la camioneta.

• Pues qué no ve que se me descompuso esta chingadera?- contestó Martha ya malhumorada.
• Pues ese es su problema señora. Tiene que ver qué hace porque está obstruyendo la circulación. Si no la mueve vamos a tener que pedir una grúa para que se la lleve al corralón- amenazó el uniformado.
• No seas necio mano, ya la señora te dijo que estamos tratando de componer la camioneta- intervino Carlos.
• Tú que te metes pinche taxista, ni le muevas porque tu taxi también está estorbando y ahorita nos lo llevamos- contestó el policía.
• Ustedes como policías preventivos no pueden llevarse ningún vehículo- retó Carlos.
• ¿Quieres ver que sí? A ver Fernández – dijo, dirigiéndose a sus subordinados- dale una revisada a la camioneta de la señora y también al taxi de este metiche.
• Yo conozco mis derechos y lo que ustedes están haciendo es una arbitrariedad- gritó la mujer.
• Cállese o me la llevo por resistencia de particulares y por alterar el orden público. A ver, que venga una mujer policía para que controle a esta vieja- ordenó el que parecía ser el comandante.

Se armó la trifulca. Llegaron unas mujeres policías y se llevaron a la señora Martha en la batea de una patrulla mientras otros elementos policiacos se llevaban al taxista.

• No chinguen. Se me va a echar a perder todo ese pollo que tenía que repartir. Ustedes me responden por ese producto que necesita refrigeración- gritaba Martha desde la patrulla.

A las 10 de la mañana Martha ya estaba en una de las celdas del Sector Uno, en la parte norte del Mercado Adolfo López Mateos, a donde llevan a quienes infringen el Bando de Policía “y buen Gobierno”.

Una mujer policía la sacó de la celda y la llevó frente a un escritorio donde la esperaba una mujer con mirada acusadora. A su lado estaba Imelda, su hermana, quien acudió de inmediato cuando se enteró de que Martha estaba detenida.

• Su hermana está metida en un grave problema señora- dijo la que se identificó como “Juez Calificadora”- el hombre con el que estaba traía cocaína en su taxi. Ya los policías lo están poniendo a disposición del Ministerio Público federal.
• Pero mi hermana no es responsable de nada. Ella se dedica a repartir pollo, ese es el negocio de nuestra familia desde hace muchos años. Somos gente honesta.
• Pues yo no sé señora, pero mi obligación es remitirla al Ministerio Público porque ella fue detenida junto con el narcomenudista.
• Por favor licenciada, échenos la mano. No la remita al Ministerio Público- suplicó Imelda.

Cuando el abogado Héctor Alvarado llegó al Sector Uno ya no encontró a ninguna de las hermanas.

“Es mejor así licenciado, la jueza calificadora nos echó la mano y ya no la remitió al Ministerio Público. Le dimos ocho mil pesos, que era la multa por alterar el orden en vía pública y dejó salir a mi hermana”, le contó más tarde Imelda.

• Y le entregó un recibo por ese dinero- cuestionó el litigante.
• No, es que no había sistema. Pero ella se ofreció a hacer el pago más tarde. Lo más importante es que me entregó a mi hermana en ese momento- contestó la mujer.

El abogado se fue inmediatamente a la Fiscalía General de la República (FGR) donde acreditó que la única prueba que había en contra del taxista, era el dicho de los policías, quienes pusieron en su reporte que “al revisar el taxi encontramos una bolsita con polvo blanco, al parecer cocaína”. El taxista salió libre.

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido varias denuncias en el sentido de que hay una colusión delictiva entre los policías y los jueces calificadores. Los elementos policiacos detienen a personas (casi siempre en estado de ebriedad) y les inventan infracciones como alteración del orden. En el camino los “basculean” y les roban sus pertenencias. En el Sector Uno del mercado ALM les imponen multas “infladas” que los familiares pagan y por uno u otro motivo no les extienden recibo. Con tal de tener a su familiar libre, no les importa verificar si el dinero realmente es ingresado al erario municipal.

En el caso que narramos (ocurrido en junio del año pasado pero cuyos nombres de las víctimas fueron cambiados para proteger su identidad), la camioneta con una buena cantidad de pollo fue trasladada al Corralón de Grúas Hidalgo, pero ya sin el producto cárnico.

Por el robo de la carne, el dinero que llevaba la señora y el teléfono celular, entre otras pertenencias, dos policías están bajo proceso en un Juzgado Oral, pero sin dejar de percibir su sueldo como elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y –lo más absurdo- sin dejar de patrullar.

La jueza calificadora (que depende de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca) también fue denunciada en la Fiscalía Anticorrupción y se espera que en los próximos días la carpeta de investigación sea judicializada.

HASTA EL LUNES.

Aquella mañana del 16 de octubre del 2019 los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca recibieron la orden de presentarse en la Sala de Juntas del titular, sin decirles cuál era el motivo. La petición provenía de Juan David Juárez López, encargado de despacho de la dependencia tras la repentina renuncia de José Guadalupe Ávila Gil, a principios de agosto.

Uno a uno fueron llegando y tomaron su lugar en “la herradura” formada con los tablones con mantel azul. “Van a presentar al nuevo secretario”, era el mensaje que se pasaban unos a otros en voz baja como si se tratara del juego del “teléfono descompuesto”.

El cuchicheo fue interrumpido por el ruido de la puerta que se abrió para dar paso al encargado de despacho, seguido de un hombre alto, blanco, lampiño, con cabello grisáceo. Ambos vestían impecable traje y corbata. 

“Buenos días a todos, les voy a presentar al licenciado Norberto Vigueras Beltrán. Por instrucciones del presidente municipal Antonio Villalobos Adán, viene a asumir el cargo de secretario de Seguridad Pública”, dijo Juan David.

Así, en una reunión en la que estuvieron presentes mandos medios y superiores de la institución, Juárez López deseó éxito al nuevo funcionario, con la encomienda del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de cumplir y hacer cumplir la ley y dar resultados inmediatos en las tareas sustantivas de la corporación, teniendo como prioridad la prevención del delito y la tranquilidad de la población cuernavacense.

Vigueras Beltrán no dio muestras de ser buen orador. Apenas balbuceó algunas palabras. Dijo que se sentía muy honrado con esta oportunidad y que no defraudaría la confianza del alcalde. Exhortó al staff de la SSP a desarrollar un trabajo profesional con esfuerzo y dedicación, para cumplir con el cometido, de una mejor seguridad pública al municipio.

Un fotógrafo le pidió a Vigueras “un close up” y éste accedió a posar, dejando escapar una muy leve sonrisa.

“Les pido que vuelvan a sus respectivas áreas, ya el nuevo secretario los llamará para ir hablando con ustedes uno por uno”, dijo el servicial Juan David, quien ya se dirigía a abrirle la puerta a su nuevo jefe. Los dos desaparecieron por la misma puerta por donde entraron.

Entre los funcionarios de la SSP había incertidumbre, como ocurre cada vez que hay cambio de titular. Nadie tiene seguro su puesto porque cada jefe que llega trae a su gente.

Por este vetusto edificio que alguna vez albergó a las oficinas de la Conasupo, la Secofi y el Bolillo Popular, han pasado muchas personas desde que se municipalizó la Policía en 1997. El primer director fue el abogado José Luis Urióstegui, designado por el entonces alcalde Alfonso Sandoval Camuñas. El panista Sergio Estrada Cajigal designó en ese puesto a Cesáreo Carvajal, quien la convirtió en la Policía Metropolitana con rango de Secretaría.

Llegaría después un ingeniero químico, Anselmo Sotelo Parra; luego un Policía Ministerial, Víctor Hugo Valdez; después un general, Manuel Farfán Carriola.

Ahora venía “un AFI” a hacerse cargo de la Policía de Cuernavaca. Abogado egresado del Instituto Nacional de Estudios Sindicales de Administración Pública de la FSTSE (INESAP) con amplia trayectoria policial durante una exitosa carrera de 25 años de servicio en  la Procuraduría General de la República (PGR) y  la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la que fue Delegado Regional en los estados de Durango, Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Nadie sabe qué fue lo que pasó pero después de esa sencilla ceremonia de presentación (nunca hubo toma de protesta), Vigueras Beltrán no volvió a las instalaciones de la Policía Municipal de Cuernavaca, y Juan David siguió haciéndose cargo de la corporación hasta que lo mataron, el 6 de diciembre del 2019.

Hasta la fecha sigue siendo una incógnita qué fue lo que pasó con ese “secretario de seguridad pública por un día”.

El primero de diciembre pasado salió a la venta el libro “El traidor”, de Anabel Hernández, en el que da a conocer revelaciones de Rey Zambada, “El Mayito”. Explica que durante la guerra del Cártel de Sinaloa contra el Golfo y los Zetas, la AFI fue un brazo armado del Mayo, El Chapo y Arturo Beltrán Leyva.

 En la página 186 viene lo siguiente:

“…durante la administración de Fox, el responsable de la AFI, Genaro García Luna, recibió 3 millones de dólares de sobornos por parte del Mayo. Se los entregó Rey (su hijo) en propia mano. El objetivo era, entre otros, que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán.

“El Mayo obtuvo lo que quería. Vigueras Beltrán, quien había trabajado en la AFI (antes Policía Judicial) desde 1986, se encontraba en Hidalgo y en el periodo de García Luna lo transfirieron como jefe regional a Culiacán, donde estuvo de 2003 a 2006. Rey dijo que el Mayo lo quería ahí porque “lo tenía en el bolsillo”. Luego lo enviaron como jefe regional de la AFI a Durango, otro territorio del Mayo y el Cártel de Sinaloa, donde sirvió de 2006 a 2011. En octubre del 2019 Vigueras Beltrán fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca”.

Como ya es de todos sabido, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos el 10 de diciembre pasado, acusado de proteger a narcotraficantes. La detención de Vigueras es cuestión de días, quizás semanas. Nadie ha vuelto a saber de él.

Aunque se hizo todo lo posible, no se pudo desaparecer de la web las fotos y las notas donde Juárez López presenta a Vigueras Beltrán como secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca.

Sí, el jefe de la AFI consentido del Mayo Zambada estuvo a punto de encabezar la seguridad pública de Cuernavaca, pero alguien alertó al presidente municipal para que diera la contraorden.

HASTA MAÑANA.

El informe que dio ayer la Mesa de Coordinación para la Paz a los medios de comunicación sobre el caso Cuautla nos dejó todavía más confundidos de lo que estábamos, y de lo único que estamos seguros es que ese asunto tiene todos los ingredientes para inspirar una serie de policías y narcos como las que están de moda en Netflix.

Tenemos:

Un grupo de policías que realizan un “cantonazo” para ayudar a unos sujetos que vienen del estado de México a cobrarse una deuda “a lo chino” por la compra venta de un vehículo. Un “policía héroe” que denuncia la corrupción al interior de la Policía Estatal, pero que después resulta que es “el malo de la película”, contratado por “la maña” para que desprestigie a un comandante que tiene fama de incorruptible, aunque otros dicen que en realidad viene “apadrinado” por un grupo rival que quiere quedarse con la plaza.

Todo comienza el pasado 11 de enero, cuando la Policía Municipal de Cuautla recibe un reporte de disparos con arma de fuego en las inmediaciones del recinto ferial ubicado en el municipio de Cuautla, según narró su director operativo, Isael Nieto Pliego.

En ese lugar encuentran a una persona que dijo ser vecino del estado de México y que relató que había sido secuestrado refiriendo que había otros familiares afectados escondidos en una escuela (hoy se sabe que es la Universidad Unila) porque los supuestos secuestradores los privarían de la vida, manifestando que pudo escapar y que los llevaría al lugar donde estuvieron secuestrados.

Los elementos policiales de Cuautla localizaron a las otras dos presuntas víctimas en las instalaciones de la Universidad mencionada, para posteriormente implementar un operativo por el que ingresaron a un lote de autos en cuyo interior opera un taller de hojalatería y pintura, que fue señalado por las presuntas víctimas como el lugar donde estuvieron retenidas.

Refiere además, que les fue permitido el acceso al inmueble, y que dentro de un vehículo localizaron un arma de fuego corta y detrás de otro automóvil encontraron un arma de fuego larga (cuerno de chivo). En el sitio asegura él  que identificó a una persona como participante del plagio.

En las entrevistas, Isael Nieto Pliego también enfatiza que el Comandante del Mando Coordinado en Cuautla, Gamaliel González Ravelo, habría dado la orden de dejar en libertad a los supuestos secuestradores y detener a las supuestas víctimas. Luego de denunciar lo anterior, el jefe policiaco dice que ya sabe que esto le puede costar el trabajo o la vida, pero que no está dispuesto a quedarse callado. Comenta que los supuestos secuestradores afirmaron que “ya todo estaba arreglado con el piloto”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa de ayer, el comisionado Guarneros explicó que en el Informe de Policía Homologado (IPH) entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), nunca se habla de un secuestro, sino de “una riña entre particulares”.

Según esta nueva versión, personas provenientes del Estado de México acudieron a un taller mecánico ubicado en la Colonia Iztaccihuatl del municipio de Cuautla, a buscar a la persona que les vendió un vehículo tipo Bora de color rojo, modelo 2008, para reclamarle porque presentaba fallas mecánicas.

Ante la inconformidad de los compradores, se generó una riña con integrantes del mencionado taller, que dio como resultado que uno de los compradores provenientes del Estado de México, sacara de su vehículo tipo Aveo, color blanco con una franja azul, un arma tipo AK-47, conocida como cuerno de chivo, con la que amenazó a los trabajadores del taller.

“Un trabajador del taller sacó un arma corta con la que amagó y desarmó a los primeros agresores”, dijo textualmente el comisionado, quien agregó que “familiares y vecinos del dueño del establecimiento golpearon a las personas provenientes del Estado de México”.

Refiere Guarneros que cuando los elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, un grupo de 20 a 25 personas entregaron a los policías a quien portaba el arma larga, persona que presentaba visibles huellas de violencia, y también les entregaron el arma corta (que supuestamente un trabajador utilizó para someter al primer agresor), no así al trabajador.

Por otro lado, en la bitácora de la radioperadora de la Policía de Cuautla aparece un reporte según el cual un guardia de seguridad de un centro educativo (Unila), le reportaron el arribo de tres masculinos con golpes visibles, refiriendo haberse escapado de un lugar donde estaban privados de la libertad. Nunca se menciona en la bitácora, “disparos de arma de fuego en las inmediaciones del recinto ferial”.

De igual modo, la radio-operadora de Cuautla reporta al 911 el mismo incidente 25 minutos después de iniciada la operación policial, variando la información al tratarse de dos víctimas varones y una mujer, en tanto que el registro de la bitácora municipal establece, como se ha dicho, que se trataba de tres masculinos.

En las bitácoras de la radioperadora quedó asentado que se realizó “un operativo a cargo de la policía municipal”, y que a las 15:36 horas realizaron la detención de Miguel “N” y de Karen “N”, quienes fueron trasladados por los elementos municipales a Torre 21 junto con dos armas de fuego; una larga y una corta, que indican fueron aseguradas en dicho lote de autos, para su puesta a disposición.

Circula en redes sociales un video en el que aparece una vivienda con las típicas huellas de un saqueo (hasta un marro para romper el piso se observa), que se supone que es una de las viviendas que están dentro de este lote de autos que al mismo tiempo es taller mecánico.

Hasta aquí, las dos hipótesis que se observan son las siguientes:

• Los tres sujetos provenientes del estado de México con un “cuerno de chivo” vinieron a cobrarle algo al propietario del lote de autos (su identidad sigue siendo un misterio), pero sus trabajadores (o escoltas) desarman a los mexiquenses y los golpean. Estos se refugian en una escuela y piden el apoyo de la Policía Municipal. Nieto Pliego y sus policías dan “cantonazo” y se llevan a los dos únicos que quedaban en la casa –un hombre y una mujer- pero además 700 mil pesos. Cuando se ven descubiertos, el comandante inventa la historia del secuestro y se hace la víctima.
• Tras haberse salvado del intento de extorsión o secuestro, el empresario que guarda 700 mil pesos en efectivo y que tiene trabajadores armados, abandona el inmueble junto con su hijo, dejando a cargo a una pareja de trabajadores. Cuando regresa encuentra todo revuelto y le informan que sus trabajadores fueron detenidos por policías municipales por la posesión del arma larga que previamente le habían quitado a los presuntos extorsionadores. Llama a la Policía del Estado para denunciar el allanamiento y el robo de su dinero y de inmediato acuden policías al mando del comandante “Piloto” y personal de Asuntos Internos.

El fiscal Uriel Carmona tiene una verdadera “papa caliente” con este asunto. Es indispensable saber por qué el empresario cuautlense tenía 700 mil pesos en efectivo escondidos en su casa y qué es lo que venían a reclamarle los tres o cuatro sujetos provenientes del estado de México, específicamente de Ciudad Neza.

¿Por qué el comandante Nieto Pliego inventó lo de los balazos en el recinto ferial? ¿Por qué en sus declaraciones señala directamente a “Piloto”, que es el jefe policiaco que más ha sido señalado en las narcomantas? ¿Es “Piloto” un comandante incorruptible al que quieren quitar de en medio o es el protector del grupo antagónico al del comandante Nieto?

¿Quién está financiando la campaña a favor de los policías de Cuautla en esa ciudad?

HASTA MAÑANA.

A  mediados de diciembre de 2013, en el Campo Militar Número 27 de Acapulco, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre,  fue advertido por empresarios que José Luis Abarca utilizaba el comercio de oro para lavar dinero del crimen organizado, y que había comprado la candidatura del PRD a la presidencia municipal de Iguala.

En aquella reunión también estuvieron presentes el entonces secretario de Seguridad Pública del estado: el almirante Sergio Javier Lara Montellanos -quien renunció al cargo semanas después- así como representantes de la Secretaría de Marina y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Arturo Flores Mercado, presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros de Guerrero, fue uno de los que exhibieron al que hoy es considerado autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Recordó que en octubre de 2007, durante la Expo Joyas que se realiza todos los años en Guadalajara, Jalisco, conoció a Abarca. Dice que le llamó la atención que iba de stand en stand comprando joyas en grandes cantidades.

 “Es ahí donde el gremio joyero supo de él. Sin ningún antecedente en el ramo y de la noche a la mañana, se volvió el mayorista más poderoso venido de Iguala. Quiso llegar directo con los fabricantes de Jalisco, el principal mercado, y se hizo amigo de ellos, porque a todos les interesó tener un cliente como Abarca, que pagaba de contado… El señor no compraba un kilo de oro, sino 40 o 50… Para que tengamos una idea más clara, un kilo cuesta hoy alrededor de 200 mil pesos. Así que los fabricantes le comenzaron a mandar mucha mercancía y hubo quienes incluso lo visitaban en Iguala. Se convirtió en un reconocido comerciante de la región, que daba hasta créditos millonarios. Hizo negocio con los más fuertes, pero él revendía a precios más baratos”, narró el empresario a un medio local.

Su negocio era el lavado de dinero. Encontró en el oro la forma de lavar el dinero ilícito y así enriquecerse. Se había casado con María de los Ángeles Pineda Villa, cuyos hermanos eran jefes de plaza de la organización de Arturo Beltrán Leyva en Morelos.

Pero su fuerte, más que la joyería nacional, era el contrabando de joyería italiana. Los contrabandistas van a Laredo, Texas, a Los Ángeles o Nueva York y ahí la consiguen, la compran y la ingresan ilegalmente al país.

De esta actividad ilegal, conoció la Policía Federal y la Ministerial. En 2011 armaron un fuerte operativo en Iguala y le confiscaron más de 20 kilos de joyería italiana de contrabando, pero él y su gente fueron alertados y lograron ocultar la mayoría de la mercancía, la repartieron en casas y otros escondites.

“Todos en Iguala y en gran parte del estado conocían que Abarca tenía custodia militar. Llegó a tanto su poder que traía elementos de la zona militar que lo acompañaban a todos lados, incluso desde antes de que fuera candidato y presidente municipal.

El hoy preso (pero no por mucho tiempo) fue nombrado representante del Centro Joyero Obregón, ubicado a una cuadra del zócalo de Iguala y el cual alberga en sus dos niveles 145 negocios de joyería -muchos de los cuales le pertenecían a él o a algún integrante de su familia-. A la par se convirtió en dueño del centro comercial Galerías Tamarindos, el más grande y lujoso de la ciudad, ubicado frente al cuartel militar.

Pero pronto surgieron referencias inquietantes en torno a su accionar. Justo en los años en que Abarca acrecentó su poder dentro del ramo, se multiplicaron los secuestros a joyeros. Levantaron a muchos que venían principalmente de Guadalajara.

El plagio más sonado fue el del dueño de Consorcio Diamante y su hijo. A él le interesaba comprar la parte de arriba del Centro Joyero de Iguala. Llegó con su hijo para ver los stands y comprarlos, se cotizaban sobre dos millones de pesos cada uno.

“Por la mañana los saludé, y en la tarde ya los habían secuestrado. Al señor lo dejaron libre para que operara el pago. Supe que les dio mucho dinero y hasta oro le pidieron a cambio de la libertad de su hijo. Después de esa experiencia el consorcio desapareció y la familia se fue del país. Muchos otros compañeros también fueron secuestrados, robados y asesinados. Y era él (Abarca) quien les estaba poniendo el dedo, y luego se encargaba de desplazar esa mercancía robada o pedida como rescate”, platicaría años más tarde Flores Mercado.

De esa forma el matrimonio Abarca-Pineda amasó una fortuna incalculable y ganó fácilmente las elecciones. Su poder llegaba mucho más allá del territorio iguálense y era considerada una pareja de la realeza. Incluso, al alcalde de Iguala le veían madera para gobernador.

Por eso es que, cuando le reportaron que un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se dirigía a Iguala para boicotear el informe del DIF municipal, Abarca ordenó que los detuvieran a como diera lugar y los policías (siempre al servicio de la delincuencia organizada) cumplieron el encargo al pie de la letra.

El resto de la historia ya la sabemos. La pareja fue acusada de la autoría intelectual de la masacre y anduvieron a salto de mata en la ciudad de México hasta que fueron detenidos y desde entonces permanecen presos.

¿Por qué recordar hechos que ocurrieron en un estado vecino y de lo que ya todos sabemos?

La respuesta es la siguiente:

Hay varios alcaldes de Morelos que hoy están disfrutando de las mieles del poder, y que sueñan con que pueden llegar a la gubernatura, para lo cual se están aliando con grupos de la delincuencia organizada.

Compran y compran compulsivamente pensando que el dinero nunca se les va a acabar. Ojalá se vean en el espejo de José Luis Abarca y se den cuenta que quienes los animan a buscar la gubernatura es porque suponen que van a salir beneficiados  de una forma o de otra. Es importante no perder el piso, no “dejarse llevar por el canto de las sirenas” y no perder la humildad.

Y no olvidarse de que si reciben dinero de “la maña”, tarde o temprano les tienen que cumplir, so pena de que paguen con la vida.

HASTA MAÑANA.

A nadie se le puede juzgar ni estigmatizar por el lugar que ha nacido, eso nos queda muy claro. Es una forma de discriminación calificar a alguien por su oriundez, máxime cuando es dentro del territorio mexicano. “Morelos para los morelenses” es una frase que no aplica ya en nuestros tiempos, menos en Morelos donde el 60 por ciento de sus habitantes provenimos de otras entidades.

Por otro lado, también es muy común que cada jefe policiaco haga lo posible por rodearse por gente de su confianza.

¿Se acuerdan cuando Jorge Carrillo Olea militarizó la seguridad pública de Morelos? Irónicamente no puso generales, sino puros capitanes, Abraján, Ariño, Miyazawa, Torga, y muchos más.

Entonces no debemos sorprendernos de que hoy la Seguridad Pública de Morelos esté depositada en un grupo de veracruzanos, muchos de ellos oficiales de la Secretaría de Marina con oficio de comisión o permiso, comenzando por el titular, José Antonio Ortíz Guarneros, con grado de vicealmirante.

De acuerdo con documentos oficiales, los “jarochos” que acompañan al vicealmirante Guarneros en esta aventura en Morelos son:

Dino Rafael Gutiérrez Hernández, director general del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública; Luis Enrique Barrios Ríos, director general de la Academia Estatal de Estudios Superiores; Juan Pablo Roldán Minero, director de la PIBA (teniente del Ejército, recomendado por el almirante Sergio Lara Montellanos, gran amigo de Guarneros); Merary Pimentel Laines, directora de Asuntos Internos; Shalom Yesabet Prince Jiménez, directora del C5; Raúl Gómez Cruz, director general de inteligencia policial; Carlos García Cruz, coordinador operativo de seguridad pública; Alfonso Moreno Tacuba, director general de Unidades Especiales.

Todos ellos trabajaron en el gobierno de Javier Duarte (preso en el Reclusorio Norte), al mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien abandonó la cárcel apenas el 25 de diciembre pasado. Ocuparon el mismo cargo o lo más parecido al puesto que hoy desempeñan con Guarneros.

Ya no aparece Federico Rivas Valdés, capitán de la Semar, quien fue escolta personal de Javier Duarte y posteriormente subsecretario de Seguridad Publica en Veracruz.  Fue el segundo al mando en la CES de Morelos durante un año y hoy es secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa.

Un caso especial es el de Pedro Osorio Llamas, de quien hablamos hace algunos días en esta columna, que no aparece en nómina pero se desempeña como director de la Policía de Tránsito del Estado, cargo que ocupó ya en la entidad veracruzana, al igual que el de subdirector del Transporte.

Pero los veracruzanos no solamente están en la CES, sino también en el sistema penitenciario, donde el vicealmirante mantiene  de manera incondicional a Jorge Israel Ponce de León Borquez, director de Tránsito en el gobierno de Duarte.

Araceli Munguía Toledo, directora general de Administración del Sistema Penitenciario, a quien medios de comunicación de Veracruz mencionan como involucrada en un caso de corrupción por su cercanía con Arturo Bermúdez Zurita en Veracruz.

Priscila Ramírez Plata, coordinadora de Vinculación, trabajaba como secretaria particular de Arturo Bermúdez Zurita. Ella es hija de Jorge Ramírez Tubilla quién es primo de Karime Macías Tubilla, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Como verá usted, estimado lector, Morelos resultó ser refugio de ex duartistas. Pero ese no es el problema, sino los compromisos que pudieran traer algunos de ellos.

Caso específico el de Raúl Gómez Cruz, con clave “Piloto”, quien ya estuvo detenido por haber golpeado a su pareja, y quien es señalado en diversas narcomantas como un protector de narcos.

Es este servidor público de quien habla en su denuncia el director de seguridad pública de Cuautla, Israel Nieto Pliego. Según este jefe policiaco, la tarde del sábado, tres hombres pidieron auxilio pues habrían escapado de una casa de seguridad tras haber sido secuestrados en el Estado de México.

Los policías, apoyados por la Guardia Nacional, acudieron a la casa donde los tres hombres decían haber estado secuestrados, y supuestamente una mujer les permitió el acceso, y detrás de un vehículo descubrieron a un hombre que, a decir de los oficiales, portaba un arma larga. Por ello, la pareja fue detenida, debido a que también fue señalada por las víctimas de golpearlos y mantenerlos en cautiverio.

Pero lo que parecía ser un caso de éxito rotundo se convirtió en un problema. Llegó el comandante Landa (Ángel Landa Hernández, director general de la Policía Preventiva, veracruzano) y les dijo que habían cometido allanamiento y que se habían perdido 700 mil pesos. Ordenó la liberación de los supuestos secuestradores y la detención de los supuestos secuestrados.

El director de seguridad pública municipal decidió hacer pública su denuncia y convocó a medios de comunicación la misma noche del sábado, para denunciar que los directivos de la CES están protegiendo a delincuentes, específicamente el que se identifica con la clave “Piloto”. “Los detenidos por secuestro dijeron que ya se habían arreglado con Piloto”, señaló el comandante Nieto.

Ayer domingo, la CES emitió un comunicado en el que desestima los señalamientos de Israel Nieto Pliego en contra de Raúl Gómez Cruz y Ángel Landa, y pone como presunto responsable de allanamiento y robo al director de la Policía Municipal de Cuautla, de quien asegura ya se tienen denuncias anteriores.

En entrevista, el vicealmirante Ortíz Guarneros aseguró que “meto las manos al fuego por él”.  Sí, igual que Carrillo Olea metió las manos al fuego por Jesús Miyazawa, y Sergio Estrada metió las manos al fuego por Agustín Montiel. Y los dos salieron quemados.

En el asunto de Cuautla obviamente alguien miente. Todo apunta a que se trata de una pugna entre dos grupos delincuenciales, uno apoyado por la policía de Cuautla (morelenses), y otro apoyado por los veracruzanos que manejan la Policía Estatal.

Ojalá la investigación realmente llegue a fondo.

HASTA MAÑANA.

La Policía de Tránsito estatal desapareció en 1997 siendo su último director el comandante Efrén Vicarte. Desde entonces no existe –legalmente- una policía vial o de tránsito en la estructura del gobierno estatal, pues esa facultad está cedida a los Ayuntamientos.

Cuando el reportero Humberto Padgett le pidió a la empleada de Plaza Meave que si le podía probar el teléfono celular que pretendía comprar, ésta casi le suelta una cachetada.

Jueves 26 de diciembre del 2019 en pleno centro de Cuernavaca, casi a la medianoche. Omar caminaba por la calle No Reelección después de tomarse dos cervezas en “El Danubio” y se dirigía a recoger a su esposa en la calle de Galeana.

Hace algunas semanas publicamos en La Unión de Morelos el caso del regidor de Temixco Salvador Solano Díaz, quien tiene contratados como empleados de su oficina a la madre de su hijo, a la novia de éste y a tres personas más que aparentemente son “aviadores” pues aparecen en nómina pero nunca se encuentran en sus lugares de trabajo.