¿Existe en Morelos un sistema clandestino de protección a delincuentes para que delaten a otros delincuentes?

El dos de enero del 2016  alrededor de las 7:30 de la mañana comenzaba a correr como “reguero de pólvora” una noticia que impactaría a la sociedad no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e incluso internacional.

En el municipio de Huitzilac se pueden aplicar perfectamente dos refranes populares: “No tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre” y “no se le pueden pedir peras al olmo”.  Apenas lleva un año en el cargo y Ulises Pardo Bastida ya se dio cuenta que no es lo mismo ser ayudante municipal de Tres Marías que encabezar el Ayuntamiento del municipio que lo vio nacer.

El año que hoy termina se puede considerar que fue de reacomodos, desde cualquier punto de vista y en prácticamente todos los ámbitos de nuestro país y nuestra entidad. El 2020 forzosamente tiene que ser de consolidación. Es preciso dejar atrás las justificaciones y comenzar a dar resultados.

Jesús Alberto Capella Ibarra no es un buen policía, es un excelente publirrelacionista. Prueba de ello es que recientemente fue la figura principal de un reportaje del influyente rotativo norteamericano The New York Times, y desde hace años pareciera ser “artista exclusivo” de Milenio e Imagen, entre otros medios de comunicación a nivel nacional.

El dolor de un padre que perdió a su hija le llevó a ir más allá de su deseo de justicia. Utilizando su poder económico, sus relaciones con altas esferas del poder y su acceso a los medios de comunicación, y ante la falta de investigación de las instancias de procuración y administración de justicia, se erigió en vengador justiciero. Tomó y ejerció la justicia por mano propia, contando con la anuencia de las autoridades y procedió a “investigar” y a detener personas. Tales acciones implicaron tortura y la fabricación de “pruebas”. Todo con el apoyo de quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.

Recientemente fue publicado en internet un documento oficial que da cuenta de los privilegios y recursos que gozó Gallo para sus “investigaciones”. Fechada en Cuernavaca, Morelos, el 21 de jullio de 2000, está dirigida al entonces coordinador general de la Policía Judicial del Estado, Camerino Román Bustamante (QPD) y está firmada por el comandante Víctor Hugo Valdez Ortiz, en ese tiempo coordinador operativo de la Policía Judicial en Morelos.

“Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables copartícipe de los hechos se encontraba en la Ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos Lic. Rogelio Sánchez Gatica para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad. [sic]

“Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la P.F.P. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. RUBEN SILVA acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo. [sic]

“A las 20:00 hrs. del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la Ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. Emilio Gómez Sánchez, Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la Ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos”, dice el reporte de quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca.

Enseguida viene toda una descripción de las “indagatorias” que con recursos públicos llevó a cabo el señor Gallo, incluso con facultades de dar órdenes a comandantes y elementos tanto de la Policía Judicial Federal como de la entonces Policía Federal Preventiva.

Al final señala: “Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de Rolando Gómez Corona y Jesús Rojas Álvarez, de nueva cuenta nos trasladamos a la Ciudad de Jalapa Veracruz para abordar la Aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama Municipio de Temixco Morelos a las 00:30 hrs…” (sic).

Como puede verse, todo se hizo de manera irregular, al capricho del señor Gallo y con la anuencia de García Luna. No existe ningún oficio de colaboración, ni tampoco orden de cateo o de práctica de diligencia ministerial alguna. De la misma manera, tampoco acuerdo entre procuradurías o instituciones policiacas. No obstante, se dispone de un avión, dos Helicópteros y dieciséis vehículos, además de personal, quienes participaron en un operativo de gran envergadura sin ningún resultado.

Disponer de los recursos públicos de esta manera tan dispendiosa habla del gran poder de Eduardo Gallo y Tello, y del gran tráfico de influencias, pasando por encima del marco normativo.

Se puede apreciar además de que la detenida Luz Edith Bouchez Ake, al acompañar el operativo, no contaba con la presencia de su defensor de oficio. Si bien se señala que se buscaba localizar y detener a Rolando Gómez Corona, también es cierto que no se llevaba, o se presentó en autos, la orden respectiva de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo.

Tal nivel de influencia e impunidad tenía, que Eduardo Gallo no tuvo empacho en contarlo así en su libro “Historia de un secuestro y de una sociedad corrupta”, donde narra lo que ocurrió entre el 9 y el 18 de jullio de 2000, cuando su hija Paola fue secuestrada y asesinada.

“La detención de este sujeto [Antonio Barragán] se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona.

“Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho ‘El Pedregoso’ [sic].

“A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta [sic].

“Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias ‘Arturo Rivera Policarpo’ y ‘Herminio Olea Mena’ [sic].

“Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento.” [sic]

A todo lo anterior, agregaremos un dato: a principios del 2010 arribó al Penal de Atlalcholoaya una camioneta Suburban con otra más como escolta. En su interior venía un alto funcionario del gobierno de Morelos, acompañado del señor Eduardo Gallo. Sin bajarse del vehículo pidieron hablar con un directivo del sistema penitenciario. Y ahí soltaron la oferta: “necesitamos encontrar a un interno que le dé piso al secuestrador de Paola Gallo”.

El directivo se comprometió a buscar a alguien que quisiera “aventarse el tiro” pero nunca hubo una respuesta concreta, así que no se llevó a cabo el trato.

HASTA EL LUNES.

Lo hemos dicho hasta el cansancio: los delincuentes (comunes) no leen periódicos. Cuando la tarde del pasado viernes dos sujetos intentaron despojar de su camioneta a tres personas dedicadas a la construcción en la colonia Santa María Ahuacatitán, no sabían (y si lo hubieran sabido no les habría importado) que horas antes el gobierno estatal y el municipal de Cuernavaca habían firmado el convenio de adhesión al Mando Coordinado.

¿Se imagina que la noche de navidad alguien tocara a su puerta y resultara ser un grupo de sicarios  con todo y rehén que se comen su cena y permanecen en su hogar hasta el amanecer? Pues esto que pareciera ser un guion para una película de terror, ocurrió en la vida real hace ocho años en la colonia Alta Vista en Cuernavaca.

Ese 24 de diciembre de 2011 alrededor de las 18:30 horas llegó un convoy de ocho vehículos al campo de futbol “El Olímpico” de Alta Vista. De estos descendieron hombres vestidos de negro con “pecheras” y armados con “cuernos de chivo”. 

Venían buscando a un sujeto de apellido Reza, presidente de la Liga de Futbol y que hoy se sabe era quien encabezaba la venta de droga en ese lugar. En una banca estaban sentados tres jóvenes, entre ellos Alan Israel. Los hombres armados les preguntaron por el señor Reza, y ellos en un principio negaron conocerlo, pero después de unas cachetadas terminaron por proporcionar el domicilio del señor Reza.

Según el abogado Miguel Ángel Rosete, “por mentirosos”, los policías-sicarios deciden “levantar” a los tres jóvenes y también a un tío de uno de ellos que trató de impedirlo. Balacean la casa del supuesto vendedor de droga y emprenden el regreso. Los disparos alertan a la policía municipal. Una primera patrulla llega y los policías son desarmados; una segunda se acerca pero no los enfrenta, sólo pide refuerzos por radio.  Es por eso que sicarios y policías se encuentran en “el columpio” de la colonia Zacatierra, donde se enfrentan en medio de vehículos particulares, taxis y camiones de pasajeros.

Los dos sicarios que quedan muertos en ese lugar eran los que llevaban en su vehículo al tío de los jóvenes, quien milagrosamente salva su vida y obtiene su libertad.

Otra de las camionetas que llevaba a los dos amigos de Alan logra salir de la refriega pero una bala le perfora el radiador, por lo que la abandonan unas cuadras arriba, en la calle Vía Láctea. Por esa circunstancia, ellos también salvan su vida.

Para mala fortuna de Alan, la camioneta donde lo llevaban queda hasta la retaguardia del convoy y cuando comienza la balacera logra darse la vuelta y emprende la huida hacia la misma colonia de donde venían.

El abogado Rosete se entrevistó con unos vecinos de Alta Vista que dijeron haber sido obligados a dar hospedaje durante esa noche a dos sicarios. “Estaban con el portón abierto cuando vieron llegar a una camioneta que se introdujo a su patio y sus ocupantes les ordenaron cerrar inmediatamente. Esa noche tuvieron que compartir la cena de navidad con los dos sicarios, sin saber que en el vehículo llevaban a una persona secuestrada”.

Al otro día, cuando ya no había retenes de la policía en las calles, los sicarios provenientes de Chilpancingo pudieron salir de su escondite y regresar a su estado llevando consigo al muchacho.

La angustia de los padres de Alan se vio aminorada cuando, el 26 de diciembre a las 19 horas reciben una llamada telefónica de un hombre que les comunica que su hijo se encuentra en las oficinas del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, en Chilpancingo Guerrero, pues acababa de escapar de donde lo tenían secuestrado.

Sin embargo, mayor fue su sorpresa cuando llegaron al otro día al lugar indicado y recibieron la noticia de que su hijo no estaba. “El muchacho se desesperó y se retiró”, fue la primera absurda e inverosímil versión que escucharon en voz de Juan Falcón, el agente del Ministerio Público que había hecho la llamada.

Es entonces cuando interviene el abogado Miguel Ángel Rosete Flores, quien acompaña a los padres en una nueva visita a las instalaciones de la Procuraduría de Guerrero en Chilpancingo. Primeramente se entrevistan con elementos de la Policía Municipal de Chilpancingo, quienes refieren haber encontrado a un joven que sólo vestía un bóxer negro y una playera, atado de pies y manos con cinta canela, sobre la carretera.

No iba solo, lo acompañaba una joven que dijo llamarse Guadalupe. “Al parecer Guadalupe también estaba secuestrada por ser pareja de un vendedor de drogas de Chilpancingo, y suponemos que ella es quien convence a Alan de que escapen porque sabía que estaban muy cerca de la carretera”, comenta Rosete.

Ambos jóvenes son entregados por la Policía Municipal al Ministerio Público, pero ella abandona las instalaciones durante el día, sin que se pueda precisar a qué hora exactamente. Alan, en cambio, no tuvo otra opción que permanecer en la agencia del MP, suponiendo que ahí estaría a salvo de sus captores. 

Lo que no sabía es que los policías trabajaban para el crimen organizado, y que en cuanto se percataron de que estaba en la agencia del MP para denunciar su secuestro, simplemente ordenaron su recaptura y ejecución.

“No sabemos cómo le hicieron, pero sabemos que Alan salió por su propio pie y se subió a un vehículo de los sicarios. Quizás alguien de la Procuraduría le dijo que lo iban a llevar a Cuernavaca, o a tomarle sus datos. No sabemos, pero el hecho es que no lo sacaron violentamente”, agrega el abogado.

Rosete vivió de cerca el viacrucis de Alfredo Cerón Guevara y Rosa María Moreno. El titular de la Agencia del MP, Omar Sandoval León, de plano dijo que nunca vio a Alan; su segundo, Juan Falcón Bautista, asegura que “se desesperó y se fue”; los policías nos decían que “seguramente andaba de desmadre, pues no estaba sólo sino con una chava”, pero nadie daba información de su paradero.

“Me entrevisté con el entonces procurador de Justicia de Guerrero, quien me mostró un documento en el que la PGJ me daba respuesta a mi petición de obtener los videos tomados ese día por las cámaras de seguridad. Me decían que no había cámaras porque estaban en remodelación. Entonces le puse en su escritorio al procurador las fotos que yo tomé de las cámaras, y me dijo: vete a la PGR, aquí ningún Ministerio Público se va a atrever a investigar a sus propios compañeros”, recuerda Rosete Flores.

Luego de marchas, manifestaciones, ruedas de prensa, oficios y muchas visitas a la Procuraduría de Guerrero, “ya no soportaron la presión y buscaron la forma de que encontráramos el cuerpo para que esto terminara”, refiere.

Fue así como en mayo del 2012 la Policía Ministerial de Guerrero presentó ante el Ministerio Público a un campesino de 27 años de nombre Misael Morales Rodríguez, quien primeramente fue detenido por conducir un vehículo reportado como robado, pero ya en los separos confesó haber participado en el asesinato de Alan Cerón. Dijo que un sujeto al que apodan “El Nariz” y otro al que sólo conoce como “El chivo”, le ofrecieron trabajo como sicario y que en diciembre del 2011 le ordenaron conducir la camioneta con la que “iban a levantar a uno de la familia michoacana”, y que fueron por él a la agencia del Ministerio Público.

Dijo en su declaración que el joven se subió por su propio pie a la camioneta Mitsubishi y que se lo llevaron rumbo a Zumpango donde “El Nariz” y “El Chivo” lo bajaron, lo golpearon, le dieron el tiro de gracia y lo enterraron en una fosa de apenas 30 centímetros de profundidad. Sobre “El Nariz” dijo que tuvo noticias de que ya lo mataron en Tierra Colorada y al otro no lo ha vuelto a ver.

Así fue como el 16 de mayo del 2012 el detenido condujo a las autoridades hasta un predio donde estaba enterrado un cadáver que las pruebas de ADN demostraron que se trataba de Alan Israel Cerón Moreno. 

Misael Morales Rodríguez, único testigo de la artera ejecución del muchacho, fue asesinado en la cárcel de Chilpancingo semanas después de su ingreso.

La Procuraduría de Justicia de Guerrero no realizó ninguna investigación interna para determinar qué servidores públicos entregaron o permitieron que se llevaran al joven Cerón Moreno, y por qué durante todo ese tiempo no iniciaron la denuncia correspondiente. Los servidores públicos involucrados siguen laborando normalmente.

FELIZ NAVIDAD A TODOS NUESTROS LECTORES.

A un año de gobierno de Jesús Corona Damián, el Cabildo de Cuautla se ha convertido en un verdadero espectáculo de combates y maniobras de lucha libre donde sus protagonistas tratan de demostrar fortaleza tratando de ganar la simpatía del público.

En la cartelera están los integrantes del cabildo con coloridas máscaras, un alcalde que defiende su título, directores consentidos, la prensa que protege sus intereses, el comercio en busca de conquista y ciudadanos que suben al ring aún dispuestos a recibir toda una paliza de descrédito.

La liga cuautlense abre las hostilidades con una campaña de desprestigio, opacidad, bloqueo informativo, camuflaje desde su esquina donde reciben palmadas y palabras de aliento por parte de sus operadores.

El orgullo está en juego y los ídolos locales tratan de cerrar con broche de oro un año lleno de triunfos sobre la democracia, la transparencia y la participación ciudadana: los grandes perdedores del 2019.

La función estelar del jueves tuvo de todo: huevazos, golpes en el pecho a mano abierta, patadas, pisotones, codazos. Algunos esquivados con táctica, otros no, pero poco faltó para los sillazos, la hurracarrana invertida, la cerrajera o el tirabuzón.

El evento requiere por supuesto toda una campaña publicitaria que convierte a la política en un cuadrilátero donde gana el que más grite, por eso es que los boletos son gratis.

En la lucha libre mexicana clásica sólo hay dos bandos: los técnicos y los rudos; los primeros porque representan el respeto a las reglas y los segundos porque juegan sucio, hacen piquetes en los ojos y atacan a mansalva pero también, están los “exóticos” que le ponen sabor a la contienda.

Así es la imagen del primer gobierno de Morena en Cuautla. Un gobierno lleno de improvisados que obedecen a la ley del menor esfuerzo, una persona que simplemente estuvo en el lugar y tiempo preciso para operar millones de pesos con la investidura de alcalde después de venir de la nada.

Cada sesión de cabildo la porra de quien defiende el título se hace escuchar, insulta, agrede, balbucea. Una mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de la variedad y catarsis laboral, como definió el ensayista Carlos Monsiváis a la lucha libre.

La campana suena para abrir el siguiente round, el público está al borde de su asiento, el impermeable sobre las Haches, el réferi ausente y los comentaristas dispuestos a narrar. Un mano a mano con la fuerza de la incógnita para enriquecer su figura dentro del cuadrilátero, la capucha dota al portador de poderes, le arrebata el miedo y hasta le cambia la personalidad, se crece, se transforma.

Para muestra, la sesión del 4 de noviembre pasado, cuando los regidores le autorizaron al presidente municipal que pudiera firmar contratos sin la autorización del Cabildo.

Fue después de las 9 de la mañana cuando se presentaron en el salón de cabildos los regidores, el recién nombrado secretario del ayuntamiento, la síndico municipal y el alcalde, quienes después del cordial saludo de la mañana iniciaron rápidamente con el pase de lista y lectura al orden del día.

Pese a que inicialmente la sesión de cabildo, mediante un oficio, había sido convocada días atrás para la aprobatoria hacia el alcalde para celebrar contratos para “un supuesto proyecto de vivienda para los trabajadores sindicalizados”, al momento de la lectura de las propuestas todo fue diferente.

El tema principal fue la aprobación de las facultades del edil para “celebrar contratos y la cesión de derechos de Trabajadores Sindicalizados al servicio del ayuntamiento”, lo cual cambió el panorama del evento.

Previo a la votación, en la ronda de debate y argumentos, el primero en tomar la palabra fue Ángel Cangas Paredes, regidor de Desarrollo Económico, el cual como primer punto señaló que dentro del ayuntamiento “no existe un tabulador que rija o establezca los salarios para cada uno de los empleados, desde los funcionarios hasta los empleados de confianza”.

Al tenor del tema expuesto, el funcionario señaló que era un tema urgente que resolver para que la ciudadanía y el propio ayuntamiento tenga certeza sobre “el salario que compete a cada empleado”, evitando con ello que existan “auto asignaciones arbitrarias de un salario ostentoso”.

Pese a la importancia del tema, el alcalde y los demás regidores se mostraron completamente indiferentes, ignorando por completo un punto que resultaría crucial para la ciudadanía, por lo cual pasaron directamente a la votación para el único punto del día, aprobar “más facultades al alcalde”.

Fue así que por mayoría de votos se le otorgó al alcalde el derecho para establecer convenios, contratos y la cesión de derechos de los sindicalizados, sin que se brindara información más detallada sobre este último punto.

Es por ello que casi al finalizar el regidor Jaime Cedano, de Transparencia y Protección a Datos Personales, indicó que no existían datos suficientes para la aprobación de tales “atribuciones”, lo cual resultaba sospechoso en un momento donde “el ayuntamiento pende de un hilo” derivado de los laudos que mantiene con empleados de ambos sindicatos.

Pese a los alegatos de los funcionarios, el secretario dio por terminada la sesión de cabildo, éste último enfrascándose en una serie de “palabras” con los funcionarios, quienes simplemente expresaron que “le desconocían puesto que jamás se llevó ordenadamente la entrega-recepción con su antecesor”.

Por cierto, muy lamentable el comportamiento de los regidores ya mencionados con la compañera Rosy Linares, a quienes todos conocemos por hacer su trabajo llevando a sus espaldas a su menor hijo.

En forma prepotente, los regidores cuestionaron el trabajo de la periodista, diciendo que una página de Facebook no se puede considerar un medio de comunicación. Fue un grave error político de estos dos aprendices, quienes ya están pagando las consecuencias de haberse metido con una reportera respaldada por todo el gremio.

HASTA MAÑANA.

En enero pasado doña Martha llegó a visitar a su hija Karina a la casa que rentaba junto con su concubino, Raúl, en la colonia Otilio Montaño de Jiutepec. Quería ver a sus nietos, los hijos de Karina y Raúl, pero también a Nachito y Lázaro, de 4 y 5 años de edad, cuya madre era otra de sus hijas, que lamentablemente cayó en las drogas y los dejó a cargo de su hermana y su cuñado. (Todos los nombres fueron cambiados).

¿Y dónde está Nachito? -preguntó la abuela-. Raúl y Karina intercambiaron miradas y guardaron silencio.

- Pues no habíamos querido decírselo pero, fíjese que se lo robaron -contestó por fin el hombre.

- ¿Cómo que se lo robaron? La otra vez que vine me dijiste que se lo había llevado tu mamá de vacaciones y ahora me sales con que se lo robaron. ¿Dónde está mi nieto?

- Sí suegra, deveras que nos lo quitaron de las manos. Íbamos a Yautepec y ahí en Cañón de Lobos que se nos cierra una camioneta y que se bajan unos tipos armados y que se llevan al niño.

La versión de su yerno no convenció para nada a doña Martha, sobre todo porque no presentaron denuncia por el supuesto robo del infante, así que ella acudió al Ministerio Público a denunciar la desaparición de su nieto.

Para su fortuna se acababa de tipificar el delito de “Desaparición de Persona”, pues de otra manera no se habría podido encauzar en ninguna de las conductas ilícitas que contempla el Código Penal.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal se entrevistaron con los tíos pero no pudieron sacarles la verdad. Se notaba a leguas que estaban mintiendo, pero no podían hacer nada para que dijeran dónde estaba el niño.

El único testigo era Lázaro, el pequeño de cinco años que al igual que su hermano estaba “al cuidado” de sus tíos. Con la ayuda de una psicóloga fue interrogado a través de una terapia de juego. El niño narró que sus tíos le pegaron a su hermanito y que le salió sangre por nariz, boca y oídos.

-Y ¡dónde está Nachito?-le preguntaron.

- Lo quemalon ahí- contestó el menor mientras señalaba un terreno baldío.

Pero los aludidos lo negaron. Admitieron que en ocasiones sí le pegaban porque “se portaba mal y no obedecía, además de que era muy sucio”, pero no eran capaces de matarlo, diciendo que todo era imaginación del niño. Estaban seguros de que si no aparecía el cuerpo no podrían detenerlos por homicidio, así que se sostuvieron en su dicho de que se lo habían robado en la carretera a Yautepec.

Lo que no sabían era que con los elementos que se tenían se actualizaba el delito de desaparición de persona, así que una juez libró una orden de aprehensión y ambos fueron recluidos en el Penal de Atlacholoaya y el 7 de febrero de 2019 se les dictó el auto de vinculación a proceso.

Lázaro quedó a cargo del DIF y permanece en un orfanato, pues su abuela no estaba en condiciones de hacerse cargo de él ni tampoco su madre, quien está internada en un centro para atención de drogadictos.

El 19 de marzo del 2019, unas semanas más tarde de que fueron detenidos, unos vecinos de la pareja denunciaron a las autoridades que salía un olor fétido de un frigobar que estaba en el patio de una vivienda cercana a donde vivía la pareja conformada por Karina y Raúl, en la mencionada colonia Otilio Montaño de Jiutepec.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia y notaron que, efectivamente, el olor que despedía ese frigobar era el típico de una persona muerta y en estado de descomposición.

Pidieron hablar con el propietario de la casa, y éste explicó que hace unas semanas lo fue a ver Raúl, el esposo de Karina, y le pidió que le guardara ese refrigerador “porque nos vamos a cambiar de casa pero todavía no sabemos a dónde. Para no andarlo trayendo de aquí para allá ahí se lo encargo, luego vengo a recogerlo cuando ya tenga un lugar seguro”.

El casero no le vio problema pues su patio es grande. “Póngalo por ahí vecino”, le contestó, así que Raúl mismo cargó el frigobar herméticamente cerrado y lo colocó en donde no estorbara.

Al abrir el refrigerador las autoridades encontraron “seis bolsas en capas, conteniendo el cuerpo sin vida de un menor”, según asentaron en el acta de levantamiento.

Ya con el cuerpo del delito la juez Teresa Soto cambió la figura a homicidio calificado además del que implica el no haber inhumado legalmente el cadáver.

En sus declaraciones, la pareja se niega a declarar el motivo por el cual se ensañaron con el niño al grado de matarlo, para luego cortarlo en pedazos, meterlos en bolsas y acomodarlos en el frigobar. Karina asegura que quien mató al niño fue su pareja, y que ella guardó silencio por temor a que también la matara porque es muy violento.

La última diligencia se llevó a cabo el pasado 14 de agosto, y a principios del próximo año se espera que concluya, para que los jueces determinen el grado de responsabilidad de las dos personas imputadas.

También, la pareja puede acogerse al derecho a un juicio abreviado, admitiendo su responsabilidad y pidiendo una sanción menor a los 20 años de cárcel.

HASTA MAÑANA.

“Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río”, son las palabras que Jesús Lemus Barajas no olvida; esa fue la instrucción que espetó el comandante Luis Carrillo cuando –después de privarlo de la libertad– lo entregó al grupo delictivo Los Zetas para que lo asesinaran. Fue en mayo de 2008. La orden venía del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, asegura el periodista, quien en mayo de 2014 estuvo en Jojutla por primera vez y desde entonces nos honra con su amistad.

Frente a la detención en Estados Unidos del ex Secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, el periodista afirma que el ex mandatario miente, y reitera su acusación que Felipe Calderón mandó a ejecutarlo en venganza por las publicaciones que hizo sobre la relación de su hermana Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (también conocida como “Cocoa”) con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

“La hermana del ex Presidente Felipe Calderón le hablaba a “La Tuta” para pedirle favores, para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del ex Presidente Calderón, donde él ordena mi ejecución, de tal forma que un comandante de la policía ministerial me busca y me secuestra”, declaró en entrevista con el portal Sin embargo.

Lemus se salvó “de suerte”, dice, pero fue encarcelado injustamente por poco más de tres años.

“El ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, orquestó todo, porque él hizo y armó un expediente de cajas y cajas”, añade.

El Gobierno actual, plantea el periodista, debería iniciar una investigación exhaustiva de la red que conformó García Luna, y que el primero que debe de ser indagado es Felipe Calderón porque era su jefe directo.

“Calderón es un farsante, un loco, un mitómano. Es increíble que quiera que nos traguemos la mentira de que él no sabía lo que hacía el secretario de seguridad pública.  Por supuesto que sabía y tan lo sabía que cuando yo estaba en Puente Grande, tenía de vecino de celda al  ‘El Grande’, José Enrique Villarreal Barragán, el jefe de los sicarios  de los Beltrán Leyva, y de la voz del ‘El Grande’ escuché las versiones de cómo era la relación de Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, no solo con el Cártel de Sinaloa, sino con el Cártel de Los Zetas, con el Cártel del Golfo, de La Familia Michoacana”, asegura.

Era el año 2008, el segundo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La ofensiva de Gobierno federal contra “los cárteles de la droga”, llamada “Guerra contra las Drogas”, había sido declarada un año y medio antes, justo en el estado de Michoacán, donde Lemus Barajas ejercía su labor de periodista.

Lemus dirigía un periódico en La Piedad, Michoacán, en donde comenzó a publicar reportajes y notas señalando que entre Gobierno de Felipe Calderón y el Cártel de La Familia Michoacana existía una estrecha relación, concretamente entre Luisa María Calderón, “Cocoa”, y “La Tuta”, quien en ese entonces era Jefe de La Familia Michoacana.

“Es una versión que yo comencé a difundir porque la conozco de fuentes cercanas del narcotráfico, y esa versión posteriormente es referida por ‘La Tuta’ en uno de sus videos públicos que están prohibidos en Youtube. Ahí dice que la hermana del Presidente Felipe Calderón le hablaba para pedirle favores para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del ex presidente Calderón, él ordena mi ejecución, de tal forma que un comandante de la policía ministerial, –bajo las órdenes de Carlos Zamarripa Aguirre Zamarripa, Procurador de Justicia de Guanajuato–, me busca y se me secuestra”, cuenta.

El 7 de mayo de 2008 ocurrió la privación de la libertad de Lemus Barajas en el municipio de Cuerámaro, en el estado de Guanajuato. “El comandante Luis Carrillo me lleva y me entrega a un grupo de Los Zetas para que me ejecuten en Guanajuato, es obvio que era una orden que bajó de Felipe Calderón, a través de su amigo el Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Olivas Ramírez; ese personaje es el que me manda secuestrar para que me desaparezcan, para que me ejecuten,  y me entregan al grupo de Los Zetas. […] claramente lo escuché –y son palabras que nunca se me van a olvidar–, cómo le dijo: ‘ahí te lo encargo, dale pronto y lo tiras al río’. Esas palabras no se olvidan”, narra el periodista.

La organización Reporteros Sin Fronteras, al enterarse de la desaparición de Lemus, actuó de inmediato: emitió un comunicado donde alertaba que el periodista llevaba varias horas desaparecido y exigía su presentación con vida.

“Eso fue lo que a mí me salvó la vida, porque realmente la intención era matarme, pero cuando aparece el comunicado de RSF, el comandante va y me recoge de la casa de seguridad”, añade.

Al periodista le imputaron falsos cargos de delincuencia organizada y narcotráfico, y fue encarcelado.

“Me mandaron a la cárcel estatal de Guanajuato unos días y de ahí, argumentándonos  que era un reo de máxima peligrosidad, me llevaron a la cárcel federal de Puente Grande donde pasé tres años preso. Ahí estuve con los delincuentes más peligrosos de México de aquel tiempo, como Rafael Caro Quintero, ‘El Mochaorejas’, Mario Aburto, Alfredo Beltrán Leyva, incluso ‘El Grande’”, destaca.

Jesús Lemus fue recluido bajo cargos que jamás se demostraron. El Ministerio Público jamás entregó ni una sola prueba contra el comunicador. Tres años después, se demostró su inocencia y quedó en libertad.

“Considerando que no hay ningún elemento de juicio que señale siquiera la duda de que estuviera relacionado en hechos de narcotráfico o de delincuencia organizada, [Jesús Lemus Barajas] queda exonerado de toda acusación y se le dicta sentencia absolutoria”, expone la sentencia absolutoria dictada el 11 de mayo de 2011.

Lemus Barajas se convirtió en escritor. Su estancia en prisión la canalizó a seguir su instinto de periodista y ahí entrevistó a criminales peligrosos, entrevistas y pasajes que ha revelado en diversos libros. Sin embargo, ahora vive desplazado, pues tuvo que dejar su estado por inseguridad y amenazas.

A más de ocho años de demostrar que fue encarcelado injustamente, Jesús Lemus no ha visto la justicia e incluso ni siquiera cuenta con su calidad de víctima en el registro correspondiente, mientras que los que orquestaron su captura continúan en cargos públicos. “No han perdido su calidad de funcionarios públicos, siguen actuando impunemente, trabajando como si nada hubiera pasado. A mí me destrozaron la vida y a mí destrozaron la vida y ellos siguen operando con la máxima comodidad”, asegura el tocayo y paisano.

HASTA MAÑANA.

Desde principios del 2005, entre “la tropa” de la Policía Preventiva Metropolitana comenzó a saberse que quienes eran asignados para cuidar la entrada de la recién creada Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), ubicada en la colonia Antonio Barona, recibían dinero de los abogados a cambio de avisarles cuando llegaran “clientes”.

Sin embargo, lo que comenzó como una extorsión disfrazada en la que participaban abogados, agentes del Ministerio Público Federal y policías metropolitanos en las instalaciones de la UMAN, se convirtió con el tiempo en una auténtica gavilla de delincuentes que realizaban “cantonazos”, saqueaban los domicilios de los presuntos narcotraficantes y prácticamente los secuestraban.

Si las víctimas conseguían el dinero solicitado eran dejados en libertad, pero si no, los ponían a disposición del Ministerio Público Federal sin mencionar las verdaderas circunstancias en que fueron detenidos.

El 8 de febrero del 2007, Daniel Santillán Celis, un taxista de la colonia Tres de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, se presentó a la Procuraduría de Justicia a denunciar que había sido víctima de un allanamiento de morada y robo, pues el miércoles 7 de febrero  a las 23:30 dos sujetos vestidos de negro se metieron a su casa diciéndole “te dedicas a vender droga, ya valió, tengo al muchacho que le vendes drogas”.

No se lo llevaron pero sí le “incautaron” aparatos electrónicos y 100 mil pesos que tenía guardados –según él- por la venta de un coche. Acompañado por su esposa, Santillán Celis inició la averiguación previa SC/1ª./1005/07-02 en la que narró los hechos y aportó un dato que resultó de vital importancia: uno de los falsos policías había contratado sus servicios en varias ocasiones para ser llevado de la UMAN a diversos lugares, y escuchó que lo llamaban “licenciado Bernardo”, y que al parecer trabajaba en la PGR.

Con ese dato, elementos de la Policía Ministerial acudieron a la UMAN, donde uno de los agentes del Ministerio Público Federal les comentó que no había ningún MP de nombre Bernardo, pero que constantemente iba un abogado con ese nombre: Bernardo Ortíz Coronel, y que frecuentemente se hacía acompañar por un policía preventivo estatal de nombre Waldemar.

Con esos datos, el entonces subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis Juárez, solicitó información a Servicios Periciales encontrando que ambos tenían antecedentes penales. Bernardo estuvo detenido el 27 de abril de 2001 por robo pero salió libre bajo fianza. Waldemar Cisneros Franco había sido acusado por la presunta narcomenudista Rosa Rivera Coronado por robo en octubre del 2006. También encontraron otra denuncia presentada el 21 de abril del 2006 por allanamiento a la casa de José Perfecto Díaz Salinas, quien también estaba en la cárcel por delitos contra la salud.

Cuando estaban investigando los casos antes mencionados, llegó otra denuncia a la Procuraduría. Raúl Navarro López, un interno del Penal de Atlacholoaya, denunció que ya había salido libre de una primera denuncia por narcomenudeo, cuando comenzó a ser hostigado por los ocupantes de la patrulla 2185 de la Policía Preventiva Estatal, quienes le exigían dinero a cambio de no volverlo a detener.

Dice que el 3 de marzo iba sobre la carretera Cuernavaca-Temixco a bordo de su vehículo Ford K cuando lo interceptó la patrulla mencionada. Los policías se subieron a su coche y lo llevaron a “un cerro cerca de Tequesquitengo” donde lo golpearon. Según el denunciante, fue idea de los policías conseguir una buena cantidad de droga para “cargarlo” y asegurarse que no saliera de la cárcel, ante su negativa de “cooperar” con la causa.

Fue así como, alrededor de las siete de la noche de ese mismo día, regresaron a Cuernavaca y lo llevaron hasta la casa marcada con el número 32 de la calle Júpiter, colonia Jardines de Cuernavaca. Ahí lo obligaron a tocar y a identificarse para que abrieran la puerta, y cuando esto ocurrió entraron los policías y comenzaron a registrar toda la casa, la cual estaba habitada sólo por una mujer. Luego de varios minutos los policías salieron con una caja con cocaína, misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal como propiedad de Navarro López.

Con la información aportada por Daniel Santillán, la Procuraduría de Justicia solicitó orden de aprehensión en contra de Bernardo Ortíz Coronel, Waldemar Cisneros Franco y Jorge Flores Coapango, y el 21 de mayo agentes de la Policía Ministerial detuvieron primeramente al policía metropolitano, quien prácticamente fue entregado por su jefe, Francisco Sánchez González. Más tarde localizaron a Bernardo Ortíz cuando llegaba a su domicilio y finalmente detuvieron a Waldemar Cisneros también en su casa.

A partir de la difusión de sus rostros en periódicos y televisión, comenzaron a llegar las denuncias a la Procuraduría de Justicia, reconociendo a los tres que aparecían en los noticiarios como los responsables de infinidad de abusos.

Una de las denuncias fue la de Marco Alejandro Sánchez Avilés, de 27 años, dice ser comerciante, con domicilio en la calle Obradores sin número colonia Vicente Guerrero de Tejalpa. Relata que el 14 de mayo del 2007 fue detenido por varios sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca sin logotipos, y que le hicieron una revisión cuando caminaba por la Unidad Morelos de Xochitepec encontrándole algunas grapas de cocaína, por lo que se lo llevaron “detenido” pero nunca lo pusieron a disposición de ninguna autoridad, sino que le preguntaron si tenía a alguien “que respondiera por él”. Fue así como se comunicaron con “su tío”, Arturo Nava Romero, quien pagó 250 mil pesos por su liberación, lo que ocurrió el 19 de mayo.

En la causa penal 49/2007-1 tanto Jorge Flores Coapango como Bernardo Ortíz y Waldemar Cisneros fueron absueltos por el Juez Antonio Salgado Sandoval.

Y es que, extrañamente, el 2 de agosto, el acusador  Daniel Santillán Celis fue hallado sin vida en el interior de un automóvil Nissan Tsuru del Servicio Público, placas de circulación 2385 LTG, abandonado en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia San José de Las Cumbres del municipio de Emiliano Zapata.

Su esposa se retractó de la versión original y por ello obtuvo su libertad Jorge Flores Coapango.

Sin embargo, unos días después de abandonar el Penal de Atlacholoaya, Jorge Flores Coapango fue “levantado” por hombres armados en la colonia Buenavista. Su cuerpo fue localizado el 28 de septiembre del 2008 en una fosa junto con otros cadáveres (cuyas identidades se desconocen) en un terreno baldío de Ocuilan, Estado de México.

De Bernardo Ortíz y Waldemar Cisneros no se ha vuelto a saber nada.

HASTA MAÑANA.

La historia de Beatriz Vicera Alatriste es el más claro ejemplo de una mujer que no supo aquilatar el poder, y que en apenas unos cuantos años pasó de la gloria al infierno. Después de ser una modesta empleada de una empresa que financiaba préstamos, llegó a ser la representante de uno de los tres poderes del estado, con el manejo discrecional de millones de pesos.

Hasta antes del 16 de diciembre de 2009 todo era felicidad para el entonces gobernador de Morelos. No obstante la derrota de su partido en las elecciones de julio de ese año, había conseguido a través de sus operadores que su principal enemigo político, el priista Guillermo del Valle, quedara sin poder alguno en la naciente legislatura, desterrando así la amenaza de un juicio político en su contra tras la detención de su secretario de Seguridad, Luis Ángel Cabeza de Vaca, por presunta protección al narcotráfico.

La fortuna le sonreía al médico cirujano tanto en el plano profesional como en lo personal. El Congreso acababa de autorizar el presupuesto 2010 enviado por el Ejecutivo sin mayores variaciones y el sábado 19 se casaría nuevamente con su esposa Mayela, tras 25 años de feliz matrimonio.

El martes, la familia Adame Alemán disfrutó de El Cascanueces, en el Teatro Ocampo, y el miércoles ultimaban los preparativos para la ceremonia religiosa que se celebraría el sábado en la Catedral y la comida en una Hacienda de Xochitepec.

Pero a partir de las 18 horas, Marco Antonio Adame, como cualquier otro vecino de Cuernavaca, se enteró que helicópteros militares sobrevolaban los edificios Altitude. Su investidura no pesó para obtener detalles de lo que estaba ocurriendo. La única información que recibió fue la que proporcionaron los médicos del Hospital General José G. Parres y del Hospital del Niño, ambos aledaños al complejo habitacional.

Su sorpresa fue mayúscula al enterarse de que tampoco su amigo, el general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de la zona militar de Cuernavaca, había sido avisado del operativo, y que eran miembros de la Secretaría de Marina (Semar) los que estaban al frente. Ya entrada la noche, supo a través de los medios que uno de los muertos en el enfrentamiento era Arturo Beltrán Leyva.

A partir de ese momento la sombra del juicio político persiguió al gobernador morelense. Anuncios espectaculares pagados por el PRI y el PRD anunciaban que “Marco Adame solapó a Cabeza de Vaca”. Y es que a principios de 2009 la revista Proceso y el Diario La Unión difundieron parte del expediente en el que aparece el número de cuenta bancaria del gobernador en el directorio de la Blackberry del exjefe policiaco que permaneció preso hasta el 2016 en un penal de Nayarit.

Tras intensas negociaciones, los partidos de oposición cesaron en su intención de proceder contra el gobernador, sobre todo después de que, a través de una carta, Cabeza de Vaca exoneró a su exjefe y dijo que el número de cuenta bancaria iba en el directorio que le había pasado vía bluetooth el secretario particular del mandatario.

Sin embargo, el tema volvió a ponerse en la agenda política en la recta final de su mandato, cuando el periódico Reforma difundió parte de las declaraciones de Sergio Villarreal, alias El Grande, en las que aseguró que en 2008 el helicóptero oficial del gobierno estatal fue utilizado para transportar a Beltrán Leyva y otros narcotraficantes desde el municipio de Emiliano Zapata hasta Puente de Ixtla, con la finalidad de evadir un operativo militar que se dirigía al restaurante Mi Pueblito, donde departía El Barbas con Luis Ángel Cabeza de Vaca.

Muy poca gente sabe que el entonces gobernador de Morelos tuvo que comparecer ante un Juzgado de Distrito para ser interrogado por la defensa de Luis Ángel. ¿Qué referencias profesionales y personales tiene del suscrito Luis Ángel Cabeza de Vaca? Fue la primera pregunta.

“El C. Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, del día dos de octubre de dos mil seis al día quince de mayo de dos mil nueve, fecha en que presentó su renuncia al cargo.  Durante su gestión mantuvo con el suscrito una relación estrictamente institucional”, contestó el gobernador, atajando cualquier posibilidad de que se le relacionara con el acusado.

Pero la sombra de Beltrán Leyva no sólo afectó al gobernador, sino a la clase política en general. Francisco Moreno Merino, diputado federal priista y alguna vez aspirante a suceder a Marco Adame estuvo bajo sospecha.

El 21 de marzo del 2010  un comando armado derribó con una camioneta la puerta del inmueble localizado en el Fraccionamiento Quintas Martha, mismo que sirvió de casa de campaña de Moreno Merino. Los sujetos realizaron alrededor de 200 disparos con armas AK 47, quemaron muebles, computadoras y documentos, para después dejar una cartulina blanca con el siguiente mensaje:

“Así van a terminar todas las propiedades de los que apoyan al homosexual Édgar Valdez Villarreal (Barby). Atte. La Empresa”.

Una cartulina con las mismas características fue dejada esa misma noche en un taller mecánico de la colonia Flores Magón, después de incendiarlo.

No obstante que el mensaje era claro al señalar a Moreno Merino como protector del capo que sería detenido meses después, el legislador federal lo manejó a su conveniencia. De inmediato acudió a la sede de la 24 Zona Militar para solicitar la protección que hasta el momento mantiene tanto en su casa como de manera personal. En entrevistas, atribuyó el ataque a que “he levantado mucho la voz de diversos hechos delictivos que han ocurrido aquí en el estado, y éstas son las consecuencias”.

Diez años después, el doctor Marco Adame Castillo ocupa la vicepresidencia del Congreso de la Unión y con muchas posibilidades de llegar a la máxima representación en esa institución, bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

Y Francisco Moreno Merino acaba de “destaparse” como aspirante a buscar la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asegura que “salió limpio” de la LII Legislatura en la que fue presidente de la Mesa Directiva.

Si el partido tricolor no lo postula, bien pudiera lanzarlo el Partido de la Revolución Democrática, pues si alguien defendió a capa y espada al gobernador perredista Graco Ramírez fue precisamente Moreno Merino, incluso ya había aceptado un cargo en el Poder Ejecutivo.

HASTA MAÑANA.

“Es el karma. Tarde o temprano lo que haces se te regresa”, fue el comentario que me hizo vía Whatsapp una persona muy cercana al ex secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, cuando le avisé que acababan de detener en Estados Unidos a Genaro García Luna.

Durante décadas, la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelos fue considerada lugar privilegiado para los consentidos de la institución federal. Su cercanía con el Distrito Federal donde se ubican las oficinas centrales, con el Puerto de Acapulco a unas horas para escaparse cualquier fin de semana, su clima, en fin, todo hacía que la plaza de Cuernavaca fuera asediada por los delegados de todo el país.

Con excepción de Jorge Trade Nieto, quien estuvo de delegado hace unos 30 años, los demás han sido fuereños que llegan por periodos cortos de tiempo y después son rotados a otras plazas. Muchos se quedaban durante la semana en algún departamento rentado y el viernes por la tarde se iban a pasar el fin de semana con sus familias en el Distrito Federal o algún estado circunvecino.

Esa circunstancia beneficiaba mucho a los subdelegados y agentes del Ministerio Público federal, quienes hacían realidad aquel dicho que habla de la ausencia del gato y la fiesta de los ratones. A la delegación de la PGR en Cuernavaca ya la conocían en el círculo de los litigantes como “El Salón México”, por aquello de “los bailes”. “Bailar” a alguien significa –en el argot policiaco- obtener dinero de un detenido a cambio de ayudarle a obtener su libertad, o simplemente no ponerlo a disposición.

En una ocasión, un agente del Ministerio Público y su auxiliar fueron a caer hasta la cárcel de Atlacomulco por no poner a disposición a un presunto vendedor de drogas. El hecho ocurrió en la subdelegación de Cuautla durante un fin de semana, cuando la Policía Municipal puso a disposición del MPF a un detenido y una buena cantidad de mariguana. A los deshonestos servidores públicos (un hombre y una mujer) se les hizo fácil dejar ir al detenido previo pago de una cantidad de dinero y quedarse con la droga.

No contaban con que la Policía Municipal había incluido esa detención en los partes informativos que proporcionaban a la prensa, de tal manera que, al llegar el titular de la delegación el lunes, se percató de que un periódico anunciaba la detención de un presunto narcomenudista, y el agente del MP que estuvo de guardia reportó “sin novedad”.

Ese caso, ocurrido en la década de los noventas, fue el único en el que hubo sanción para los responsables.  Y no porque la corrupción se haya extinguido en la PGR-Morelos, sino porque los funcionarios han sido muy cuidadosos para “cuadrar” jurídicamente los “bailes”.

Un claro ejemplo de ello fue la detención de un sujeto que decía llamarse José Belem Mendoza, quien viajaba en un vehículo blindado con seis armas y en compañía de un hombre y una mujer, hechos ocurridos en mayo  del 2003.

Aunque era evidente que se trataba de un narcotraficante acompañado de su amante y de su guarura, y que se daba el delito de acopio de armas, un astuto abogado y un diligente MPF armaron todo para que quedara asentado que cada uno de ellos traía dos armas, reduciéndose el delito a simple portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Cuentan que en esa ocasión el detenido vociferaba: “¿dónde chingados está Agustín Montiel, bien que va a cobrar su mensualidad pero cuando se necesita no aparece?”

El juez federal Rubén Paulo Ruiz Pérez se “sacó de la manga” una resolución en la que ordenaba el “arraigo” de los tres acusados en un motel, de donde los dos hombres y la dama escaparon en un taxi, ante la complacencia de los agentes de la extinta AFI.

Años después se sabría que el detenido no era José Belem Mendoza  sino nada menos que José Gil Caro Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, pero no por investigaciones de la Policía, sino porque fue detenido nuevamente en el 2004, ahora en Jalisco, y él mismo contó, con una sonrisa burlona, cómo evadió la acción de la justicia en Morelos con el apoyo de la PGR.

En el 2006, la Policía estatal puso a disposición de la PGR-Morelos a unos sinaloenses que viajaban a bordo de una camioneta de lujo y que fueron perseguidos hasta Ocotepec, donde abandonaron el vehículo con varias armas largas. Salieron libres al concluir el término constitucional, y la explicación que dio a la prensa la entonces delegada, María del Carmen Archundia Escutia, fue de risa: si bien es cierto que los sujetos fueron detenidos a 10 metros de una camioneta con armas, no se pudo acreditar que ellos estuvieran en posesión de las mismas.

-¿Y qué explicación le dieron los sujetos para justificar que, siendo de Sinaloa, anduvieran en Cuernavaca?- cuestionamos a la funcionaria.

-No se lo preguntamos. El derecho al libre tránsito es una garantía constitucional- respondió entre tartamudeos.

Con el paso del tiempo se sabría que los detenidos eran sicarios de Arturo Beltrán Leyva, y que la reacción de la delegada era por simple supervivencia. Las fechas coinciden con la llegada a Morelos del llamado “jefe de jefes”, allá por el 2006.

Guillermo Fernández Urbán, abogado y empresario que se jacta de haber aportado recursos para la campaña del candidato del PAN a la gubernatura del estado, Marco Adame Castillo, recientemente narró lo siguiente:

“Estábamos en la casa de Tito Sagahón con Javier López Sánchez, quien coordinaba la campaña de Marco Adame. Yo ya había dado varias cantidades de dinero para la campaña, pero ese día Javier nos dijo que no, que ya no aportáramos más recursos, porque acababa de llegar “el ingeniero” y que él se encargaría de proporcionar todo lo que hiciera falta hasta finalizar la campaña”.

Su declaración la hizo hace algunos meses frente a este columnista y la persona que nos presentó, en el restaurante “Ex Hacienda de Cortés”.

Entre muchas otras propiedades, Arturo Beltrán Leyva adquirió dos departamentos (con prestanombres, obviamente) en las recién inauguradas Torres Alltitude, donde vivía como cualquier ciudadano.

A escasos 500 metros estaba el restaurante “Los Cedros”, propiedad de Genaro García Luna, quien ayer fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

Ah, por cierto, ¿alguien sabe cómo se llama el actual delegado de la PGR?

HASTA MAÑANA.

Cual si fuera Andy Ruiz en su primera pelea contra Anthony Joshua, el hombre de chamarra color beige esquivó el derechazo de su contrincante y le soltó un “martillazo” que lo hizo tambalear y retroceder en su ataque. Ya lo iba a rematar cuando llegó un segundo individuo con la intención de descontarlo.

No, no se trataba de un ring de box ni las calles de Tepito, sino de las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca. El hombre de chamarra beige es nada menos que el delegado Josué Cirino Valdés Huezo, y los atacantes, con gorras y lentes negros, eran desconocidos que llegaron a agredirlo.

“Que te largues cabrón”, le advierte uno de los golpeadores antes de abandonar la oficina. En el video difundido en redes sociales se observa a un hombre de camisa rosa pedirle al delegado que lo acompañe afuera, a lo que el dirigente se niega.

-¿Por qué me manda a estas gentes? ¿Qué pasa?- inquiere Josué Cirino.

- No, no pasa nada. Venga por favor- insiste el sujeto.

- No, ¿cómo voy a ir? Yo voy subiendo y este cuate me jala- reprocha.

Cirino Valdés Hueso es originario del estado de México, de una familia priísta por varias generaciones. Se ha desempeñado como diputado federal por el Distrito XVII de Ecatepec, Estado de México, en la LXI Legislatura, donde fue presidente de la Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos y secretario de la Comisión de la Función Pública. También fue Segundo Síndico del Ayuntamiento de Ecatepec.

El 11 de septiembre pasado fue presentado como representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor en Morelos, cargo que ya había desempeñado antes en el estado de Coahuila.

El pasado lunes dos de diciembre, a su llegada a las oficinas del CDE en las calles de Yucatán y Amacuzac, Josué Cirino fue agredido por al menos tres sujetos que vestían chamarra, gorra y lentes oscuros, mismos que lo increparon en las escaleras y posteriormente entraron a la oficina de José Mejía Fernández, a donde el dirigente se metió para resguardarse.

Ese mismo día por la tarde interpuso una denuncia, la que quedó registrada con el número FE/018/2019 en donde señala que los tres sujetos que lo agredieron eran parte del grupo de integrantes del Comité Municipal de Cuernavaca, cuyo delegado en funciones de presidente es José Mejía Fernández.

Además de señalar a José Mejía, en la denuncia de hechos también son mencionados el subsecretario de Vinculación con Comités Municipales, Fidel Eufrocio Flores Sánchez; el ex diputado local Aristeo Rodríguez Barrera; Guillermo Navarro; y, el dirigente estatal, Alberto Martínez González.

Josué Cirino nombró como su asesora legal a Rocío Carrillo Pérez, representante del PRI en las pasadas elecciones, cuando su candidato Jorge Meade Ocaranza (actual delegado en Querétaro) quedó en cuarto lugar.

La versión de Pepe Mejía es que los tres sujetos que agredieron a Josué Cirino no iban con ellos y que fueron gente infiltrada, además de que gracias a su intervención personal y de otros integrantes del Comité Municipal evitaron una agresión mayor.

Luego, en conferencia de prensa, Josué Cirino anunció que presentará sus quejas ante las Comisiones de Justicia Partidaria y de Ética Partidista a fin de exigir la destitución de sus cargos y la expulsión de Alberto Martínez y de José Mejía, así como de la expulsión de Aristeo Rodríguez.

Al parecer la agresión fue un mensaje que le enviaron los grupos que se disputan el control de lo que queda del partido (el cual dejó de ser gobierno en el año 2000, cuando Jorge Morales Barud concluyó el periodo de Jorge Carrillo Olea), de que no puede venir un fuereño a querer mandar en Morelos.

Y es que semanas antes declaró que el comité nacional puede auditar tanto financiera como administrativamente al dirigente estatal, Alberto Martínez González, quien es señalado de haber desviado recursos económicos para la defensa de su suegra, la ex secretaria de Sadatu, Rosario Robles Berlanga, actualmente bajo proceso.

 Martínez González fue suspendido en mayo de 2018 como dirigente partidista, luego de que en plana campaña política, chocó en estado de ebriedad y protagonizó un incidente que fue difundido en video por redes sociales.

Un par de meses después de su suspensión, Martínez González regresó al edificio del PRI a tomar por la fuerza la dirigencia estatal, como ya lo han hecho antes otros grupos de priístas.

Sin embargo, ayer a las 14 horas el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Designé a Josué Cirino Valdés Huezo como presidente provisional del CDE de Morelos, a quien le deseo mucho éxito en favor de la familia priista morelense, y con quien trabajaremos para fortalecer unidos la presencia del partido. ¡Enhorabuena!”.

El tuitazo cayó como balde de agua fría a los caciques del PRI en Morelos, y pusieron a temblar a quienes contrataron a los golpeadores. La estrategia era demostrarle al CEN que las bases priístas no quieren al mexiquense, pero no se esperaban que el máximo líder le diera el “espaldarazo” a Josué Cirino Valdés Huezo.

No se avizoran momentos fáciles para el otrora partido aplanadora, hoy convertido en una franquicia que les proporciona algunos miles de pesos mensuales y una posición en la cámara de diputados a nivel local.

Pero los únicos culpables de ese desastre son los propios priístas, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para recuperar los espacios perdidos.

Hoy, la suerte del PRI está depositada en dos jóvenes morelenses, el temixquense Jonathan Márquez Godínez, secretario adjunto a la presidencia del CEN, y el yautepequense Eliasib Polanco Saldívar, quien fue delegado de la SCT en Campeche, cuando era gobernador Alejandro Moreno Cárdenas (mejor conocido como “Alito”), y que hoy ocupa una cartera importante en el PRI nacional.

Lo que ellos digan será determinante en las acciones que tome el líder nacional con respecto a Morelos.

HASTA MAÑANA.

Al abogado y comandante Juan David Juárez López no lo conocía personalmente, pero sí a través de su hermano, el eficiente servidor público Rogelio, con quien trabajamos en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca de 2003 a 2006.

Roger siempre hablaba de su hermano Juan David, “el orgullo de la familia”, pues había logrado con muchos esfuerzos titularse como licenciado en Derecho y escalaba rápidamente puestos en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a donde llegó a ser secretario particular del titular.

Su exitosa trayectoria nunca cambió su forma de ser, siempre sencillo y servicial,  como tampoco modificó su estilo de vida. Al día de su muerte, ocupaba uno de los departamentos de la unidad habitacional Teopanzolco, en la colonia del mismo nombre.

Todo eso nos lleva a la conclusión de que a Juan David no lo mataron por tener nexos con alguno de los grupos de la delincuencia organizada que desde hace meses pelea palmo a palmo la plaza de Morelos.

Al contrario, su rectitud y honradez representaba un riesgo para la mafia que está a punto de apoderarse de nuestra entidad.

Así lo dejó entrever el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en su emotivo discurso en el homenaje de cuerpo presente el pasado viernes, cuando recordó que ambos comenzaron desde abajo en el Ayuntamiento.

“Nunca tomes lo que no es tuyo ni nunca llegues a acuerdos con alguien”, dice Villalobos que le dijo Juárez López, a quien lo había designado en privado como secretario de Seguridad Pública, y planeaba hacerlo público en enero, junto con otros cambios que tiene contemplado hacer en el Ayuntamiento.

En ese mismo discurso frente al féretro de su amigo y confidente, Antonio Villalobos aprovechó para hacer un nuevo llamado a una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para establecer de una vez por todas los ejes rectores de la seguridad pública en Cuernavaca.

Nos parece válido y congruente que el alcalde pida como condición que la reunión sea con la cabeza, porque de nada serviría una reunión con subalternos en la que la respuesta sea “déjame ver qué dice el gobernador”.

Las actuales condiciones de inseguridad (que se dan en todo el estado pero que en la capital adquieren un impacto mayor) exigen acciones contundentes e inmediatas.

Los cuernavacenses no podemos seguir siendo rehenes de la delincuencia y que las autoridades se sigan echando la culpa en lugar de aplicar acciones para combatir delitos como el robo de vehículo, robo a mano armada, robo a casa habitación y asaltos en unidades del transporte público que son los que afectan a la mayor parte de la población.

Ojalá que la muerte del comandante Juan David Juárez López sirva de justificación para que se dé una reunión a niveles extraordinarios que sea el comienzo de una relación, ya no política ni personal, sino exclusivamente para devolver a Cuernavaca la mediana tranquilidad que alguna vez tuvimos.

No pasa desapercibido que “los malosos se están matando entre ellos”, pero no es posible que con la mayor tranquilidad y desfachatez, comandos armados realicen hasta 3 ó 4 ejecuciones en un mismo día sin que sean detectados por la Policía.

Eso habla de algo que es innegable: las corporaciones policiacas están infiltradas por la delincuencia organizada.

Ya sea por miedo, por dinero, o un poco de ambas circunstancias, los policías tienen que hacer como que no ven cuando los vehículos con sicarios recorren la ciudad, y llegar varios minutos después de que han cometido sus fechorías para evitar un enfrentamiento.

Otro gravísimo problema es el cobro de piso. No puede ser que ahora para poner un negocio, cualquiera que éste sea, se debe contemplar –además del pago de los impuestos municipales, estatales y federales- una partida para “la maña” a fin de no ser molestados.

A eso se debe que algunos locales que abren “con bombo y platillo” y tienen éxito en el mercado que manejan, de pronto cierran sus cortinas y se van a otro lado. Por eso es que tenemos decenas de locales cerrados con el aviso de “se renta”.

Y si los gobiernos estatal y municipal no pueden darle seguridad a los comercios pequeños y a la gente que diariamente va a trabajar en el transporte público, no podemos pensar en que van a venir las grandes empresas transnacionales a instalarse aquí y a proporcionar las fuentes de trabajo que estamos esperando para salir de la difícil situación económica que afecta a la mayoría de la población.

Insistimos: ojalá que la muerte de un policía honesto sirva para hacer conciencia en los seres humanos que encabezan los gobiernos estatal y municipal,  a fin de que se pongan de acuerdo y concreten acciones en beneficio de todos los que habitamos esta ciudad.

Desde nuestro particular punto de vista, y con la experiencia de 30 años en la actividad periodística y en el servicio público, el cobarde asesinato de Juan David Juárez López, nos lleva a varias conclusiones.

La primera es la confirmación de que para matarlo tuvieron que intervenir elementos de la misma corporación que sabían perfectamente su domicilio y sus movimientos cotidianos. Es decir, que la Policía está infiltrada.

La segunda es que a Juan David le quitaron la vida por su fama de incorruptible, previendo que cuando se formalizara su nombramiento no habría forma de negociar con él. 

La tercera conclusión es que se trata de una represalia contra el alcalde Antonio Villalobos Adán, quizás proveniente de los grupos que se disputan el control de las instituciones al interior del Ayuntamiento de Cuernavaca. Sólo ellos sabían que había un acuerdo “en privado” para formalizar en enero el nombramiento de Juan David como secretario de Seguridad Pública, y casi nadie conocía el nivel de cercanía entre Toño y Juan David, revelado por el propio alcalde en su discurso del viernes.

Como quien dice: “el enemigo está en casa”.

HASTA MAÑANA.

Cubre las vacantes con prestanombres y se queda con todo el dinero.

El servidor público no pertenece a ningún partido político.

La tarde-noche del miércoles se registró un inusitado movimiento en las instalaciones del Hospital General “José G. Parres” que se ubica en la colonia Lomas de la Selva. Los empleados y enfermeras se notaban nerviosos, y de pronto comenzaron a caminar apresurados mientras los familiares de los pacientes que estaban en la entrada comenzaron a salir a ver qué pasaba.

“Es el gobernador”, se escuchó entre la gente.

Y efectivamente, de la camioneta descendió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, vestido con traje gris pero sin corbata. Su llegada al área de urgencias causó expectación entre las decenas de hombres, mujeres, niños y ancianos que esperan noticias de sus familiares que se encuentran internados en el nosocomio.

“Es Cuauhtémoc Blanco. Éste es el último lugar donde esperaba encontrarlo”, comentó un hombre que cargaba a un niño y que se dijo admirador del ex futbolista.

Comenzó a caminar por los pasillos ante la mirada atónita de los pacientes con sus batas azules. “Ya me siento mejor, hay María Luisa para rato”, dijo una señora.

-Échele ganas, nosotros vamos a seguir recorriendo para ver qué es lo que hace falta.

- Muchas cosas Cuauhtémoc. Faltan muchas cosas- contestó la mujer de pelo cano que le habló como si lo conociera desde siempre.

El mandatario estatal se metió hasta el área de camas, acompañado por los directivos del hospital. Constató el servicio que reciben aquellas personas que no tienen Seguro Social ni ISSSSTE, pero que requieren una intervención quirúrgica.

El jefe del ejecutivo habló de lo importante que es tener calidad en el servicio de salud que se les brinda a los Morelenses, de ahí su decisión de visitar este hospital y verificar la calidad con la que son atendidos los ciudadanos, así como escuchar de la gente las necesidades que tienen y de qué manera el gobierno puede seguir trabajando para mejorarlas.

En Morelos por primera vez 5 hospitales han sido remodelados y 170 establecimientos de salud han sido rehabilitados en su totalidad.

Blanco Bravo visitó diferentes áreas de este nosocomio recogiendo en cada una las solicitudes de los capitalinos, las quejas, sugerencias y peticiones de acuerdo a las áreas de oportunidad que han detectado en el tema de salud.

Con base en esta nueva forma de gobernar ciudadana y cercana a la gente, el mandatario estatal fuera de su agenda diaria laboral e incluso sorprendiendo a su equipo de trabajo, en compañía del director de los servicios de salud en Morelos, Héctor Barón.

El hospital general “José G. Parres” fue uno de los que tuvieron mayores afectaciones por el sismo del 19 de septiembre de 2017, al grado de que todos los pacientes tuvieron que ser reubicados en el edificio de enfrente, donde era el Hospital del Niño, y las operaciones las tenían que realizar en la clínica de Temixco.

A finales del sexenio de Graco Ramírez se dio una crisis sin precedentes en ese nosocomio, al grado de que no había gasas, suturas, toallas para desinfectar las manos, entre otras cosas.

Las obras de remodelación quedaron inconclusas. Los médicos recuerdan entre risas que en el área de quirófano había “un hoyo que comunica al cielo”.

También se habla de que, aprovechando la contingencia, desaparecieron equipos de alta tecnología.

Octubre del 2018 fue un mes terrible para los médicos y trabajadores del hospital Parres. No había prácticamente nada de insumos, y en algunos casos los empleados tuvieron que hacer “coperacha” para tener lo necesario cuando era urgente una intervención quirúrgica.

El inicio del presente sexenio también fue caótico, pues no se renovaron contratos de proveedores, a sabiendas que debía haber continuidad en ese servicio de abasto de insumos indispensables. Uno de los servicios que no se renovaron fue el de limpieza, por lo que no había quien barriera ni quien recogiera los residuos biológico-infecciosos.

A decir de los trabajadores, la afectación llegó a todas las áreas, como urgencias y hasta quirófanos, porque “desaparecieron” equipos de alta tecnología. “La unidad fue saqueada -no sabemos por quién- de todos los materiales e insumos”, declaró en su momento el médico Francisco Brito.

Refirieron -como ejemplo- que en urgencias no había monitores o equipo especial para estudios transoperatorios, como laparoscopios, entre otros.

Desde hace más de tres años, varios médicos de traumatología y otras áreas protestaron por la baja calidad de los materiales que fueron autorizados por la Secretaría de Salud. Los médicos traumatólogos protestaron, pero en lugar de darles una solución tomaron represalias contra ellos.

Desde entonces están pidiendo una comisión interna para que se verifique la calidad de los insumos que se van a adquirir luego de la licitación, para que los materiales que se compren sean de buena calidad.

El gobernador concluyó su visita al hospital Parres con una promesa de regresar pronto para ver qué avances se tienen en la solución de los problemas que escuchó de viva voz de los pacientes y familiares de éstos.

“Ojalá viniera todos los días, porque ahora sí se pusieron las pilas”, dijo una señora que esperaba noticias de su hermana enferma.

HASTA MAÑANA.

Mala semana para el gremio de los jueces. Los impartidores de justicia han sido señalados, tanto a nivel nacional como en la entidad, como los culpables de todo lo malo que ocurre en nuestro país. Quizás en algunos casos tengan razón, pero también pudiera ser que acusar a los juzgadores es la forma más rápida de justificar la incapacidad de los otros dos poderes del Estado en temas tan delicados como la inseguridad y la violencia.

A nivel nacional, ya se toma como un hecho comprobado que Juan Carlos García es el autor material del homicidio de Abril Pérez Sagaón y dos jueces, así como un magistrado del Tribunal Superior de la Ciudad de México, sus cómplices.

Como ya es del dominio público, el pasado 4 de enero Juan Carlos García golpeó a su esposa con un bat mientras estaba dormida, por lo que fue detenido por el delito de Feminicidio en grado de tentativa.

El magistrado Héctor Jiménez López le concedió el cambió de medida cautelar y dijo que le quitarían la prisión preventiva, el juez Federico Mosco González le reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar y un segundo juez, Carlos Trujillo, ordenó, el 8 de noviembre pasado, la libertad del detenido.

Antier fueron difundidos los videos de la audiencia judicial en la que el juez Federico Mosco afirma que al no haberse realizado una inspección del lugar de los hechos, además de que no acudieron peritos en criminalística y de química para que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios, fueron elementos determinantes para reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar.

En  estricto derecho los jueces no deberían haber sido suspendidos pues es evidente que no se aplica en su beneficio el derecho a la presunción de inocencia. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, esos jueces ya están estigmatizados de por vida.

La decisión de suspenderlos fue más bien política y mediática, como política y mediática fue también la determinación de la Fiscalía Anticorrupción, misma que después de una rueda de prensa de una quejosa, emitió un comunicado en el que “informa que realiza acciones a fin de procurar justicia respecto del caso de homicidio culposo del motociclista Pedro Portillo Herrera, que fue atropellado el 16 de diciembre de 2017, por un conductor que presuntamente manejaba ebrio”.

Ese conductor que presuntamente manejaba ebrio (porque nunca le hicieron la prueba de alcoholemia) es nada menos que el juez Daniel Rodríguez Apac, al que efectivamente le aplicaron la máxima de que “a mis amigos justicia y gracia”, concediéndole la gran ventaja de permitirle que su proceso lo lleve desde la comodidad de su casa.

Como si no fuera suficiente, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo que alrededor de medio centenar de individuos vinculados a secuestro y otro número aún sin determinar de personas relacionados con otros delitos de alto impacto han logrado evadir la prisión gracias a determinaciones de los jueces de primera instancia del estado.

Aseguró que la responsabilidad de esas libertades recae en los juzgados del Poder Judicial estatal, pero no sólo han sido liberados un total de 50 hombres vinculados al secuestro, sino también otros relacionados con homicidios.

“Nosotros somos los que tenemos esa información porque nosotros somos los que llevamos a los delincuentes a juicio… tenemos muchas libertades y sentencias revocadas en segunda instancia y eso significa que la efectividad, de la impunidad, no está quedando en el ministerio público, sino hay que mejorar la cuestión jurisdiccional”, declaró a los medios en entrevista banquetera.

Hasta ese momento fue que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, dijo “ya estuvo” y emitió un comunicado al respecto.

“Con el fin de clarificar y ofrecer una respuesta objetiva y puntual a la ciudadanía, se debe señalar que el Tribunal Superior es la sede donde diversas instituciones coadyuvan para lograr una Administración de justicia en favor de la sociedad. Ministerios Públicos, litigantes, peritos en diversas especialidades, jueces y magistrados participan en el ejercicio procesal correspondiente”, dice el documento en el que sutilmente le están diciendo a Uriel Carmona que si los delincuentes salen libres es también su responsabilidad.

Elegantemente, la magistrada califica las versiones que señalan que ese Tribunal ha dejado en  libertad a diversos sujetos de derecho acusados de delitos de alto impacto, como un asunto “subjetivo, político y coyuntural”, sin ahondar más.

Y refuta tales aseveraciones “con datos firmes, estrictos y numéricos de acuerdo a la base de datos oficial de este Poder”:

En el año 2019 se han consignado 137 personas por este tipo de delitos.

En este mismo periodo, por cuanto hace al número de libertades concedidas ha sido de 16 personas, lo que significa solo un 11.68% de los consignados.

Y por otro lado 121 son las personas que han quedado sujetos a proceso, esto es, el 88.32% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva sujetos a un proceso judicial, conforme a las normas legales previamente establecidas, dentro de los órganos de administración de justicia en las diversas etapas del procedimiento penal.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales.

“El actuar de los juzgadores del Sistema de Justicia Oral Penal, que ha sido sometido a escrutinio de la autoridad federal ha representado una efectividad del 95 por ciento, de acuerdo al primer informe del segundo periodo de la presente gestión. Es decir, sus resoluciones han quedado firmes e incuestionables, esto es prueba contundente de su compromiso social”.

Ya para finalizar, pide a los otros dos poderes, “dejar de hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”.

Y tiene razón la magistrada Cuevas López, pues no basta con hacer declaraciones en medios, sino demostrarlo en los tribunales.

HASTA MAÑANA.

No es la primera vez que el delegado de Bienestar Social en Morelos “la riega” al hablar. Es el autor de la famosa frase de que “Morelos es violento pero no inseguro”, que seguramente pasará a la historia como una de las más estúpidas que se recuerden.

El fundador del Partido Encuentro Social (PES) tiene algo en su cerebro que en ocasiones lo hace carecer de razón o entendimiento (la página definiciona.com trae una definición muy exacta), o simplemente no conoce el sentido común.

Sólo así se puede explicar uno que alguien con tanta preparación académica (licenciatura por la UNAM y maestrías en Harvard), no mida el impacto de sus palabras.

Lo peor de todo es que al parecer también tiene una “manía” (los psicólogos lo denominan Trastorno Obsesivo Convulsivo) que lo hace reírse cuando está hablando. Aunque los especialistas lo entienden perfectamente, la gente común y corriente lo que ve es a un servidor público que se está burlando de lo que dice.

Por eso es que cuando Hugo Eric Flores dice que “la crisis en Morena no es menor, se pelean por todo”, pareciera que se está burlando.

Luego asegura que el presidente López Obrador le confió que no está contento con su partido y que si siguen igual se va a salir de Morena y les va a exigir que le quiten el nombre.

“Lo que está pasando con los programas sociales es muy fuerte y con los presupuestos que vienen yo no veo cómo”, dice, al referirse a los recursos públicos que utilizará Morena en las próximas elecciones para mantenerse en el poder, “es una estructura nunca antes vista en la historia del país, es como el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, pero con tecnología”.

No sabemos si Hugo Eric pecó de franco o de tonto, pues era evidente que aunque la reunión en la que externó dichas aseveraciones se suponía que era privada, más tardó en llegar a su casa cuando ya todo mundo tenía el video.

Hoy sabremos las consecuencias de sus declaraciones de las que ya no podrá echarse para atrás porque el video ahí está, como prueba de que el líder del PES se ilusiona pensando en que ese partido, a unos años de su nacimiento, podría tener a un presidente de la República. Eso sí está para reírse.

Está bien que el PES ha logrado sobrevivir como una rémora, al amparo de otros partidos, pero de ahí a que el presidente de la República renuncie al hoy “partido aplanadora” para ir a pedir posada a ese partidito que no tiene registro a nivel nacional, hay mucha diferencia.

Recuérdese que la alianza MORENA-PT-PES se dio en la recta final de las precampañas, y que fue solamente una cuestión estratégica pues la ideología de los dos primeros choca totalmente con el Partido Encuentro Social, que si bien no es un partido religioso porque la ley no lo permite, el 80 por ciento de sus dirigentes profesan la religión cristiana, evangélica para ser más exactos.

Inteligentemente, cuando se unieron al proyecto para llevar a AMLO a la presidencia no hablaron de matrimonios igualitarios ni despenalización del aborto, sino que se justificaron diciendo que querían estar “del lado correcto de la historia”.

“Este partido lo fundamos cristianos. Los valores de nuestro partido provienen absolutamente de las sagradas escrituras”, afirmó en una entrevista que le hizo un canal judío en youtube. Ahí asegura que “le debo poco al gobierno y mucho a mis papás”.

Dice que nació en una familia de clase media, sus padres son de Hidalgo aunque él nació en el Distrito Federal. Estudió en una universidad pública pero ya después se fue a estudiar a Harvard. Presume que ya fue a Israel a recorrer “la ruta de David” y que sus hijos se bautizaron en el río Jordán.

Hugo Erick Flores Cervantes ha colaborado con distintos gobiernos y en su currículum está que fue subdelegado de la delegación Gustavo A. Madero en un gobierno del PRI; funcionario en la Semarnat en la presidencia de Calderón y director general de Gobierno al inicio de la administración de Miguel Mancera en la Ciudad de México.

El 13 de mayo de 2005 fundó la Agrupación Política Estatal Encuentro Social como asociación civil, antecesora directa de la asociación. El 30 de octubre de 2006 el Consejo Estatal Electoral de Baja California le otorgó el registro como partido político bajo el nombre de Partido Encuentro Social (PES).

Para la LX y LXI Legislaturas, Flores fue senador suplente para el Partido Acción Nacional, aunque no ejerció dicha posición. Y además fue diputado federal suplente para el Partido Revolucionario Institucional.

El PES colocó a Flores Cervantes en su lista de candidatos para los asientos de representación proporcional en la cámara de diputados de la cuarta región electoral (representando Ciudad de México), ganando un asiento en la LXIII Legislatura del Congreso Federal.

Ocupó un lugar en la Comisión de Desarrollo Social, Finanzas y Crédito Público, en la comisión de Puntos Constitucionales, así como el Comité para el Centro para el Estudio de Finanzas Públicas.

​Además, ha sido designado representante del PES en varios órganos colegiados,​ y como uno de los catorce designados de la cámara de Diputados a la Asamblea Constitucional de Ciudad de México.

Los morelenses pagamos las consecuencias de que le haya ido muy mal al partido de este señor. De haber conservado el registro ahorita estaría en la capital de la República, pero como desapareció, pidió que lo designaran titular de lo que antes era la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos.

Y si él mismo dice que la Secretaría de Bienestar Social está siendo utilizada para conformar la estructura de Morena en todo el país, entonces está admitiendo que en Morelos se usará con fines electorales a favor del PES.

Los datos que tenemos lo confirman: en Morelos no se mueve un recurso si no es con la anuencia de Hugo Eric Flores Cervantes, quien en materia de transparencia no aplica la Ley de Información Pública sino más bien la biblia, por aquello de que no deja que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Aquí le decimos opacidad.

HASTA MAÑANA.  

Graco Ramírez Garrido tenía una asombrosa habilidad para descubrir dónde había recursos federales para “bajar”. En sus más de 40 años en la política si algo aprendió es que el gobierno federal es una fuente inagotable de dinero, sólo hay que saber dónde está y qué se requiere para usarlo.

El propio gobernador admitió que los casi 50 millones de pesos que se usaron para la remodelación del zócalo estaban a punto de perderse, pero en un tiempo récord se hizo la licitación y se autorizaron los recursos. “De no haberlos usado, se hubieran perdido”, admitió en entrevista.

Ciertamente no era tan necesaria la obra de remodelación, y ese estilo de usar para todo el hierro oxidado no les termina de gustar a todos (prueba de ello es que ya arrancaron la mayoría de los que estaban enterrados por todo el primer cuadro de la ciudad), pero lo importante en ese momento es que no se perdiera el recurso.

Hay otro ejemplo de ese “olfato” que tenía Graco Ramírez para saber de dónde bajar recursos. Seguramente muy pocos saben del Fondo de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), creado en 1997, que posteriormente pasó a ser el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Pues Graco sí sabía de la existencia de ese Fideicomiso federal, y que el 1 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruyen medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia en las entidades federativas”, en el que se contemplaba que a través del Fondo se destinarán a las entidades federativas hasta 400 millones de pesos para cubrir el pago de estudios en esta materia.

En diciembre del 2013 “se autoriza el otorgamiento de un apoyo No Recuperable a favor del Gobierno del Estado de Morelos (promotor) hasta por el 100% del costo de los estudios, pero no superior a 31 millones 531 mil pesos más el impuesto al valor agregado correspondiente, para los estudios que comprenden el de análisis costo beneficio y la realización del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Reinserción Social.”

El 3 de julio de 2014 la entonces Secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, firmó  el oficio SH/0962-2/2014 mediante el cual le informa a su similar de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, que “se autoriza la suficiencia presupuestal por la cantidad de 31 millones 531 mil pesos, dentro del Gasto de Capital (inversión pública) convenios federales 2014, específicamente del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para la ejecución de “Estudio para la Realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad, ubicada en Yecapixtla, Municipio de Morelos”.

Para conocer qué empresa se hizo cargo de dicho estudio, se hizo una solicitud de información pública a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Graco Ramírez.

“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes unitarios de obra pública a cargo de esta Dirección General de Licitaciones y contratación de Obra Pública, le informo que se localizó el servicio relacionado con la obra pública denominado Estudio para la realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad y Estudio Análisis Costo Beneficio (Eficiencia), el cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número SOP-SSES-DGN.A.D.-120/2014. El servicio en comento, fue adjudicado a la persona moral denominada “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.”, contestó la dependencia a través del arquitecto Armando Paredes Paredes, director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

También se le preguntó “lugar exacto que estaba destinado para esa obra y de quién es la propiedad”, ante lo cual contestó que “el objeto del contrato no es la construcción de una obra pública, sino un proyecto ejecutivo y un estudio análisis costo beneficio de dicho proyecto, motivo por el cual no se localizó ningún predio destinado para su construcción”.

Pero el funcionario mintió o desconoce que cuando se inició el proyecto, ya había un terreno adquirido para tal fin.

Mediante escritura pública número 1385 de fecha 14 de mayo del 2014, pasada ante la fe del Lic. Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público número 12 del Estado de Morelos, el Gobierno del Estado adquirió del Sr. Arturo Cardona Marino, en propiedad los predios siguientes:

1. Predio rústico denominado “El Lidón”, ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos, con la superficie, medidas y colindancias que quedaron precisadas en el antecedente I.1 de dicha escritura;
2. Predio rústico denominado el “Lidón” (sic) ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos.

Y efectivamente, al hacer una consulta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, se encontraron las inscripciones de los contratos de compraventa de los dos predios.

El primero, por escritura 1385 volumen 25 del libro de registro del notario Cortina Mariscal, de un predio de 253,380 metros cuadrados, adquirido por el gobierno del estado, representado por Adriana Flores Garza, José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Carlos Riva Palacio Than e Ignacio Burgoa Llano.

El vendedor es Arturo Cardona Marino, quien se lo compró a Alfredo Montenegro Álvarez en 60 mil 300 pesos en marzo de 1992 y el 14 de mayo de 2014 se lo vendió al gobierno de Graco Ramírez en 23 millones y medio.

El segundo, de 284,130 metros cuadrados, que el mismo Arturo Cardona Marino le compró a Alicia Montenegro Álvarez en marzo de 1992 a un precio de 64 mil 900 pesos, y le vendió al gobierno de Morelos en 26 millones y medio.

El vendedor no es cualquier persona. Arturo Cardona Marino es un general de División de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con fecha 1 de diciembre de 1982 causó alta como subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial y el 1 de diciembre de 1988 como jefe del Estado Mayor Presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo a fuentes consultadas, el precio de la operación estuvo dentro de los parámetros normales, pero hay por lo menos 10 terrenos con las mismas características en la misma zona.

Es decir, que Graco “bajó” recursos federales que estaban prácticamente escondidos y los utilizó para pagar un estudio de factibilidad que costó 31 millones. Cuando el nuevo secretario de Obras Públicas preguntó a sus subordinados qué entregó la empresa como prueba de que se hizo dicho estudio le entregaron 12 discos compactos.

Y el terreno por el que se pagaron los 50 millones ahí está, en espera de ser utilizado.

La pregunta es ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar de comisión por la venta de un terreno en 50 millones de pesos?

Si hubo alguna comisión o “moche” por parte de los beneficiados, éste se dio en efectivo y sin recibo alguno, por lo que no quedó rastro que la Fiscalía Anticorrupción pueda seguir.

Así operaba Graco, por eso no le han podido comprobar nada.

HASTA MAÑANA.

Una filtración de la Comisión Estatal de Seguridad Pública dejó al descubierto la intención de las autoridades (no sabemos hasta qué nivel) de iniciar carpetas de investigación contra los reporteros que difundan en tiempo real lo que ocurre en las cárceles o en las calles de la entidad, bajo la discutible figura del delito de “uso indebido de medios de comunicación”.

El pasado miércoles ocurrieron dos hechos en Morelos que deberían ser registrados en el Record Guinnes o ya de perdida ser incluidos en alguno de esos programas de televisión que contienen hechos raros y que terminan siempre con la frase: “Aunque usted no lo crea”.

El primero ocurrió en el Congreso, donde al parecer ya descubrieron la teoría de “la generación espontánea de las leyes”, y resolvieron el viejo dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina.

Resulta que el reglamento interno de la Cámara de Diputados establece que para ciertas reformas se requiere lo que se denomina “la mayoría calificada”, considerada así cuando se cuenta con los votos de las dos terceras partes del número total de los diputados.

Recordarán que hasta la legislatura anterior existían 30 espacios, por lo que era fácil concluir que la mayoría calificada eran 20 votos. Sin embargo, por razones que sólo ellos conocen, los diputados de la LIII Legislatura modificaron la Constitución para que se redujera a 20 diputados.

Para los que se nos dificultan las matemáticas, podemos dividir 20 entre 3 y nos da como resultado 6.6666, que al multiplicarlo  por dos resulta 13.3333. Ese es el número de diputados que se requiere para la mayoría calificada, es decir, 13 diputados y una tercera parte de otro, lo que lógicamente es imposible.

Por eso, a alguien se le ocurrió que, ante la imposibilidad de convencer a una diputada de las 7 que integran el bloque “progresista”, los otros 13 propusieron y aprobaron una adición al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del estado, que a la letra dice: "cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción".

Esa disposición permitirá que los temas con carácter de ley o decreto se aprueben con el voto de 13 de los 20 legisladores que componen el Pleno del Congreso.

Sin embargo, la lógica nos dice que para aprobar dicha reforma se tendría que atener a la disposición anterior, es decir, que se requieren 14 votos. Y sólo votaron 13 a favor.

Como ya es costumbre en esta entidad, será un juez de Distrito o incluso la Suprema Corte la que dirá la última palabra, previa presentación del recurso legal correspondiente.

Sobre las implicaciones políticas, lo importante es que las siete mujeres que mantenían prácticamente “secuestrado” al Congreso, ya no podrán salirse con la suya, y aunque se desgañiten oponiéndose a todo, a la hora de decidir sus votos no serán de utilidad.

Y es que todos sabemos que esas damas no persiguen el bien común, sino que tienen sus propios y muy particulares intereses, sobre todo aquellas que tienen parentesco con oscuros personajes del pasado, o que en su momento fueron aliados del gobierno de Graco Ramírez.

El otro hecho que nunca habíamos visto es lo que ocurrió con la designación del licenciado Alejandro González Chévez como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

El pasado miércoles se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” con número 5761 un documento mediante el cual cuatro de los cinco integrantes de dicho órgano colegiado, designan al profesionista mencionado como secretario técnico del SEA.

En los considerandos, se menciona que “ante la evidente obstrucción y retrasos en la designación del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que de continuar así, el objeto Constitucional para el que fue creado el Sistema, dejaría de cumplirse en el Estado Libre y Soberano de Morelos, hipótesis que no favorecería en la Administración Pública del Estado, motivo por el cual, considerando que con la finalidad de poder instalar y poner en marcha la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, es pertinente la designación de un secretario técnico interino, con la finalidad de que éste pueda apoyar en la instalación y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos”.

Se agrega que dicho nombramiento se sujetará a lo que el Comité Coordinador resuelva sobre la terna aprobada por el Comité de Participación Ciudadana y que se tuvo por recibida oficialmente ante el Comité Coordinador en Sesión Extraordinaria Pública de fecha 31 de octubre de 2019.

Hasta ahí todo parecía estar en orden, pero horas después (¿edición vespertina del periódico oficial?) se publicó una nueva edición, ahora con el número 5762 cuyo único contenido es el siguiente:

“Nota aclarativa al Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5761 de fecha 27 de noviembre del 2019.

Este periódico debe ser enviado al Record Guinnes o por lo menos enmarcado por ser la edición más corta en su historia, pues sólo contiene la portada y una hoja.

En esa hoja viene lo siguiente:

Al margen superior un escudo del Estado de Morelos que dice “Tierra y Libertad”. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Morelos 2018-2024.

NOTA ACLARATIVA

NOTA ACLARATIVA AL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 5761 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA PUBLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Designación de Secretario Técnico Interino de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.

Nombramiento del Lic. Alejandro González Chévez como secretario técnico interino de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Morelos.

“Lo anterior por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 16 y 17 del Reglamento del Periódico Oficial para el Estado de Morelos, así como de los requisitos publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5754, Cuarta Sección, de fecha 30 de octubre de 2019”.

Firma: Lic. Eduardo Kenji Uchida García, director general jurídico.

¿Y qué dicen los artículos 16 y 17 del Reglamento del Periódico oficial?

Artículo 16.- Todo documento que sea turnado al Director para su inserción en el Periódico Oficial, deberá ser presentado en original de forma impresa con las firmas autógrafas de quien o quienes los emiten y en archivo magnético o electrónico.

Hasta donde sabemos, el documento publicado fue presentado en original y con firmas autógrafas con su respectivo soporte electrónico.

Artículo 17.- Los documentos que deban ser publicados deberán hacerse llegar al Director del Periódico Oficial, excepto cuando se trate de disposiciones expresas contenidas en la Constitución General de la República, la particular del Estado y las Leyes que de una u otra emanen, a más tardar el día viernes de la semana anterior a la publicación, para considerarlo en la edición del siguiente miércoles.

¿No le hicieron llegar los documentos al director general jurídico? ¿Mandaron “nota aclarativa” porque se publicó antes?

En cualquiera de los casos, la nota aclarativa (sic) sólo deja en evidencia al propio Kenji Uchida. Es como si en cualquier periódico, un director publicara que las notas publicadas con anterioridad, no son ciertas.

Y que quede claro: Kenji Uchida deja sin efectos la publicación, más no el nombramiento.

HASTA MAÑANA.

Oscar se sintió aliviado cuando vio que el coche de alquiler se detuvo frente a él tras hacerle la señal de que requería de sus servicios. “Sí alcanzaré el autobús de las 9”, pensó mientras se acomodaba en el asiento delantero y se ponía el cinturón de seguridad.

• ¿Ya a descansar?- fue la pregunta del taxista, típica de ellos cuando quieren platicar con el pasajero.
• Sí, la jornada estuvo dura, pero ya es tiempo de irnos a descansar- contestó sin muchas ganas.
• Para mí apenas empieza. En cualquier momento me pueden llamar y tengo que acudir en friega- respondió el taxista.
• Sí, supongo que el servicio de transporte debe ser muy solicitado a altas horas de la noche y en la madrugada- dijo Oscar decidido a hacerle menos aburrido el viaje al trabajador del volante.
• Así es jefe, pero no crea que estoy hablando de la manejada. No, eso es nadamás para “completar la chuleta”. De lo que yo vivo es de la venta de servicios funerarios.

Y antes de que Oscar preguntara, el taxista ya le estaba dando “santo y seña” de lo que se dedicaba, además de manejar el taxi en el que esa noche lo llevaba a la terminal.

 “Si ahorita me llaman, me voy a la funeraria, dejo el taxi y agarro la carroza para ir por el cliente. Tengo dos cuates periodistas que cuando hay un muertito me marcan para decirme ‘vente, aquí hay uno’ y pues me lanzo”, continuó el hombre.

Le confesó que -además- por el buen servicio que siempre presta, lo recomiendan o lo vuelven a contratar: “hay una señora (a la) que ya le hice tres servicios… me prefiere a mi… aparte tengo tratos con un asilo, a los que una vez les trabajé y les gustó y ahora me llaman cuando cae algo, porque me encargo de todo… me avisan y llegó y me ocupo…”

Sí, el taxista se dedica (además de la ruleteada), a la prestación de los servicios funerarios, o lo que se conoce vulgarmente como “buitres”, en razón de que entre más muertos haya ellos más ganan.

En la fuente de la llamada “Nota Roja” abundan las anécdotas de “buitres”. Por ejemplo, aquella vez que dos empleados de diferentes funerarias disputaron a golpes el derecho a llevarse un cadáver en los pasillos del Hospital del IMSS en Plan de Ayala.

O aquella vez que un “buitre” se puso a saltar de gusto cuando escuchó en el radio de la Cruz Roja que un autobús se acababa de desbarrancar en “La Pera”, sin saber que en dicho camión venía su madre como pasajera.

Y es que, lo que para todos es motivo de tristeza, de duelo, para ese sector empresarial es motivo de alegría al ver incrementar sus ingresos.

Bajo esa perspectiva, no es necesario tener una estadística exacta para darnos cuenta que hoy se muere mucha más gente que hace años. La delincuencia organizada se ha convertido en la principal fuente de ingresos para las funerarias en Morelos, como lo demuestran las secciones de nota roja de todos los periódicos de la entidad.

Los empleados de servicios funerarios están literalmente como buitres a la espera de una señal que indique que hay un ser humano sin vida. Se acercan sigilosamente al lugar donde alguien ha reportado una balacera por redes sociales. Si la versión se confirma, esperan a que lleguen los familiares del muerto, y aún en su dolor le ofrecen sus servicios.

“Usted ya no se preocupa por nada más que por reclamar el cuerpo en el Semefo, a nosotros nos lo entregan, lo cosemos, lo maquillamos, y se lo llevamos a su casa ya dentro de un ataúd. Hasta los candelabros para las velas le prestamos”, ofertan.

Pero también están atentos a su teléfono celular, porque nunca falta el guardia de seguridad de un hospital que les avisa que “hay un muertito fresco” a cambio de una torta y un refresco. Los que tienen más tiempo en esto de “la muerteada” reciben el mensaje directamente del SEMEFO y ahí ya no hay pierde. 

Los tiempos han cambiado y la narcocultura ha llegado a los servicios funerarios. Ahora los familiares de los fallecidos prefieren las camionetas Tahoe negras a las tradicionales carrozas.  Es muy común que los entierros se realicen con música norteña o de banda, con los consabidos “narco-corridos” en lugar de los mariachis con “Las Golondrinas” que se acostumbró durante años.

“Al cliente lo que pida. Aquí la cosa está en ofrecerle todo en paquete para que el cliente sólo tenga que poner el muerto, nosotros nos ocupamos de todo lo demás, hasta de conseguirle a la mejor banda de música”, comenta un “muertero” que se jacta de haber sido el encargado de preparar y mandar a Sinaloa al mismísimo Arturo Beltrán Leyva, acribillado por la Secretaría de Marina en diciembre de 2009 en Las Torres Alltitude.

Son los mismos trabajadores de los servicios funerarios los que advierten que los usuarios deben ser muy cuidadosos al contratar éstos. “En una ocasión una señora quería que se cremara el cuerpo de su hijo e inmediatamente llevárselo porque ella venía de Estados Unidos y su vuelo salía esa misma noche. Se le explicó que no era tan fácil pues la cremación requiere de varias horas hasta que se deshaga totalmente el cadáver, y de ahí hay que recolectar las cenizas”.

Pero hubo una funeraria con pocos escrúpulos que le garantizó entregarle las cenizas en el tiempo que la clienta requería. “Ella se fue muy conforme con las cenizas, lo que no sabía es que esas cenizas no eran de su hijo, sino sobrante de un cadáver que había sido cremado horas antes. Por eso recomendamos darle seguimiento al cuerpo de su familiar desde que se lo llevan al crematorio y verificar que las cenizas las saquen del mismo horno crematorio donde lo metieron”, agrega.

El peor caso ocurrió en Acapulco, en 2015, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó del hallazgo de 60 cuerpos encontrados en un crematorio abandonado, ubicado en la localidad de Llano Largo, municipio de Acapulco.

En un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que el crematorio “Cremaciones Pacífico S.A de C.V”, que se ubica en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, es propiedad de Guillermo Estua Zardain, a quien se le descompuso el horno crematorio y comenzó a almacenar los cadáveres con la idea de incinerarlos en cuanto lo reparara, pero al final ya no supo qué hacer y prefirió huir del lugar.

HASTA MAÑANA.

A casi un mes de que inició la crisis en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya, no hay certeza sobre lo que ocurrió realmente esos días de infierno que hasta ayer tenía como marcador nueve muertos y un fugado.

La versión oficial es que grupos de la delincuencia organizada se disputan el control del penal, pero cada vez surgen más hipótesis, algunas creíbles, algunas tan descabelladas como la versión de que un funcionario federal mandó provocar los conflictos para justificar la construcción de un nuevo penal, obra que sería asignada a una constructora de Hidalgo.

Otras versiones hablan de millonarios sobornos para “comprar” el penal (manejar todo lo que entra y sale) e incluso se habla de que a “El Ray” lo mandó matar su propia organización, aliada con sus enemigos con la venia de las autoridades.

Lo único seguro en todo esto es que el coordinador de Reinserción Social,  Jorge Israel Ponce de León Bórquez permanece en el cargo y nadie habla de la posibilidad de removerlo. Aseguran que es inamovible porque tiene todo el respaldo de su paisano el comisionado de Seguridad Pública.

A mediados del mes de octubre pasado, el gobernador de Morelos declaró que el Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros está haciendo bien su trabajo por lo que permanecerá en el cargo, ya que se encuentra respaldado por “quien maneja el país”, entendamos con ello que es el presidente de México quien en su momento “sugirió”, por decirlo de alguna forma, la designación del vicealmirante de la Marina  como responsable de la CES, de quien depende el sistema penitenciario.

El 30 de octubre por la mañana se suscitó un incidente nunca antes visto en Morelos, una riña entre grupos delincuenciales (los Rojos y CJNG) quedando seis muertos, uno calcinado y otro decapitado, así como dos heridos, según lo declarado en versión oficial por Pablo Ojeda, secretario de gobierno, extraoficialmente se habló inclusive de posible fuga de personas privadas de la libertad. Entre los muertos se encontraba “el Ray” presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, como objetivo principal.

Las principales cabezas del área de seguridad en este tema no se encontraban en el país, al acudir a cursos y reuniones pagadas por la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) al través de Iniciativa Mérida, cursos a los cuales el coordinador del sistema penitenciario Jorge Israel Ponce de León Bórquez ha asistido puntualmente a todos, sin permitir que la base trabajadora de más antigüedad pueda superarse profesionalmente.

Las autoridades encargadas al momento de la riña, “la jefa Mireles” directora de centros penitenciarios y “Antrax” como director operativo, no tuvieron ninguna estrategia (lo que demuestra su falta de experiencia) para controlar la situación. Surgió en su momento un personaje desconocido, el responsable de los menores internados en el centro de ejecución de adolescentes de nombre Juan José Larios, quien inició la coordinación y movilización de elementos para el restablecimiento del control del penal, los trabajadores y la visita familiar que visitó ese fin de semana el centro, en su momento reconocieron esta labor.

Al día siguiente, la visita familiar, el personal operativo y luego el administrativo protestaron solicitando la renuncia de Mireles, Antrax, Cornejo como director de reinserción social, este por maltrato al personal administrativo y Ponce de León; de nuevo Larios calmó el asunto y como recompensa Guarneros le encargó el changarro.

El traslado de PPL a Jonacatepec llamó la atención por dos cosas: la aparición de Antrax en el operativo, (supuestamente ya había sido destituido) y la segunda, no fue trasladado el hijo de “el Carrete”, señalado como responsable de la muerte de “el Ray”. Extraoficialmente se sabe que “la jefa Mireles” y “Antrax seguían o siguen ya no sabemos, en funciones, a pesar de haber sido destituidos, utilizando los autos oficiales, las armas a cargo y realizando llamadas vía celular para dar órdenes.

Tras una nueva riña (dos muertos, uno de ellos líder de “los Rojos” y diez heridos) ahora si se decide el traslado de cuatro internos entre ellos “el Carretito”, surgiendo nuevamente la inconformidad del personal administrativo, quienes en días pasados y debido a su manifestación, lograron un aumento salarial, enfrentando al coordinador Ponce de Léon, quien solo se dedicó a escuchar.

¿Cómo sostener lo insostenible? A Guarneros lo puso el que maneja al país, a Ponce de León ¿quien lo puso? ¿viene de arriba también y por eso es inamovible? Ya vimos lo que nunca, decapitados y calcinados ¿qué más falta? Si alcanzar nuevamente el control del penal más grande significa decidirse con cual grupo se va a “trabajar” ¿Cuándo van a ponerse de acuerdo? ¿será que cada quien tiene sus intereses o uno ya invirtió más que el otro? Son las preguntas que se hacen al interior del sistema penitenciario.

En todo este relajo quien ha salido política y mediáticamente más desgastado ha sido el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien ha sido el hazmerreir con sus constantes declaraciones de que “reina la calma en el Penal de Atlacholoya”, cuando los videos tomados por los propios internos con sus celulares muestran que al interior los diferentes grupos delincuenciales se siguen disputando el penal.

El problema es que Pablo Ojeda es responsable de la política interna del estado, jerárquicamente es el número dos del gobierno de Morelos, pero operativamente no tiene facultades para remover a nadie. De acuerdo al organigrama, sólo el comisionado Guarneros puede correr al coordinador, a menos que sea una decisión del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

A principios de este año publicamos una investigación según la cual Graco Ramírez pagó 50 millones a un general retirado para comprar un terreno enorme ubicado en el municipio de Yecapixtla, y otros 36 millones para un supuesto “estudio de factibilidad” cuyo soporte son unos discos compactos que tiene en su poder la Secretaría de Obras Públicas.

Ayer, el periodista radiofónico Teodoro Rentería “sugirió” que las revueltas en el penal fueron provocadas por el delegado de Bienestar Social, Hugo Erick Flores, quien tiene fuertes nexos con el ex procurador Murillo Karam, quien a la par maneja una constructora que ya hizo obras durante el sexenio de Graco Ramírez.

Su hipótesis es que Erick Flores “provocó la enfermedad” para después venderles la medicina.

Inverosímil pero no imposible.

HASTA MAÑANA.

La puerta marcada con el número 109 de la calle Miguel Hidalgo, en el pueblo de Ocotepec, se abrió para recibir a la periodista con un “bienvenida Yesenia”, y minutos más tarde también se abrían los micrófonos de la cabina de radio para darle voz, hoy en su faceta de escritora y con el antecedente de haber recibido el premio al mérito periodístico que otorga el Congreso estatal.

“Igual que el soldado tiene la obligación de conocer perfectamente el manejo de su fusil y cuidarlo con gran celo, tú debes conocer y cuidar tu libro –el arma de los alumnos– con el que ganarás numerosas batallas a la ignorancia y al desconocimiento, en beneficio de la revolución, la patria y la humanidad”.

Así empieza el libro de texto de la materia de historia en la isla de Cuba para los alumnos de sexto año de Primaria, es decir, niños de entre 11 y 12 años.

Desde esa edad comienzan a ser “concientizados” de que nada está por encima de la Revolución que encabezó Fidel Castro y todo lo que de ella emana.

En el capítulo introductorio, se le explica al alumno que en quinto año “conociste cómo la pacífica vida de nuestros aborígenes se vio bruscamente transformada por la llegada de los conquistadores españoles, quienes se establecieron en la isla e impusieron sus formas de gobierno y de explotación colonial. Recordarás que los habitantes de Cuba se enfrentaron de diversas formas a esa explotación y en 1868 comenzaron un largo proceso de lucha por alcanzar la independencia, el cual duró treinta años, y ya casi a punto de ser lograda, les fue arrebatada por la intervención de Estados Unidos en la guerra que los cubanos libraban contra España”, agrega.

Luego, a lo largo de casi 200 páginas, el libro de texto narra las distintas etapas históricas del país hasta llegar a la actualidad.

“Al triunfar la Revolución y después de reunificarse las fuerzas revolucionarias, se constituyó la organización política de vanguardia que en el año 1965 tomó el nombre de Partido Comunista de Cuba (PCC).

“El Partido dirige y orienta todas las actividades del país; la defensa de la Patria, fomenta el internacionalismo y la solidaridad con los pueblos que luchan contra el imperialismo y la explotación; además, encabeza los esfuerzos del país por avanzar en la construcción del socialismo, y aún en las condiciones más difíciles, procura las soluciones más justas a los problemas del país. ¿Quiénes integran el Partido? Los mejores trabajadores, los más revolucionarios, los más combativos, por eso el pueblo tiene confianza en el Partido”, dice en la parte final.

De esa manera, los niños van creciendo con “el chip” de que el enemigo a vencer es el gobierno de Estados Unidos, que él es el culpable de todas las carencias que sufren, y que la única forma de ascender económicamente hablando, es estudiar para incorporarse algún día al partido o al gobierno, que es lo mismo.

Fátima (nombre ficticio para proteger su identidad) trabaja en Cuba Radio, lo que en México sería el IMER o en Morelos el SMRyTV. Gana mil 420 pesos cubanos, equivalente a 50 dólares mensuales. Hasta antes del primero de julio ganaba 575 pesos, pero el gobierno decretó un incremento salarial, además de que ella tiene un pago extra de 80 pesos porque tiene Maestría. Si tuviera Doctorado le aumentarían 120 pesos más.

Ella es parte de la “clase media” de este país. Arriba está la burocracia cubana y abajo, formando la base de esa gran pirámide, están los obreros, campesinos y empleados. Ah, y los que no quieren trabajar.

Sí, en Cuba se puede vivir sin trabajar. En la reforma constitucional del pasado 10 de abril de 2019 no se aceptó incorporar la obligatoriedad del trabajo, “porque una obligación jurídica genera consecuencias. Hay que lograr que exista un incentivo económico para que las personas se incorporen a trabajar, pero el trabajo debe limitarse a un deber social", consideraron los 33 diputados que hicieron el anteproyecto.

Desde que nace, el cubano tiene derecho a un subsidio para alimentación. Obviamente es lo más básico: un pan diario, leche en polvo, arroz, frijol. No incluye jabón ni pasta de dientes, mucho menos pañales desechables (“culeros” les llaman aquí en Cuba).

Para completar sus necesidades los cubanos hacen de todo. Lo más redituable es lo relacionado al turismo. Quienes tienen familiares en Estados Unidos mandan remesas con lo que los cubanos pueden poner negocios, siempre bajo la rectoría de el Estado.

El dos de junio del 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular acordó iniciar el proceso de Reforma Constitucional y creó una comisión integrada por 33 diputados para que elaboraran el anteproyecto para una nueva Constitución de la República.

¿Qué en Cuba no hay democracia? Vea usted si no:

Ese anteproyecto fue sometido a Consulta Popular para lo cual se efectuaron 133 mil 681 reuniones de donde se derivaron 783 mil 174 propuestas.

El 22 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la nueva Constitución pero no entró en vigor inmediatamente, sino que fue sometida a un Referendo Popular.

“El Referendo se realizó el 24 de febrero del año 2019. De 8 millones 705 mil 723 ciudadanos con derecho electoral, ejercieron el voto 7 millones 848 mil 343, para un 90,15% de participación. Votaron afirmativamente 6 millones 816 mil 169 ciudadanos, que representa el 78,30% del total de personas con derecho a ejercer el voto y el 86,85% de los que lo ejercieron”, presume el gobierno.

Asegura que sólo 706 mil 400 ciudadanos votaron en contra, es decir, apenas el 9 por ciento de los votantes.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los puntos más importantes de esta “nueva Constitución”?

El portal www.cubadebate.cu publicó un artículo que nos facilita esa tarea, sobre todo porque tenemos la nueva recién impresa, pero no la anterior.

Desde nuestro punto de vista personal, dicho trabajo legislativo –que costó mucho dinero- no es una nueva constitución, sino una reforma a la que ya estaba vigente, y los cambios no son sustanciales.

Si bien unos 134 Artículos fueron modificados, lo que representa casi el 60 por ciento; tres artículos se eliminaron y solo 87 continúan intactos, los cambios de fondo son mínimos.

Lo más notorio es que se elimina la disposición de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, dando así entrada a los matrimonios gays pero sin decirlo explícitamente.

Aparece un nuevo artículo que dice: "los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La Ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas", con lo que se elimina cualquier posibilidad de que existan sindicatos.

En el Art. 1, en el inciso que dice "Cuba es un Estado socialista de derecho..." se incorporó "y de justicia social". El concepto de la "libertad política" se eliminó, solo se dejó "libertad".

En el Art.5 se incorporó el avance hacia la sociedad "comunista" (decía "socialista") y donde estaba escrito "marxista-leninista", se eliminó el guión en el medio, porque en opinión de varios catedráticos era una formulación con un matiz stalinista. Quedó "marxista y leninista".

 Al nombre del Capítulo II (Derechos Individuales) “se le suprimió la palabra “individuales” para no hacerlo restrictivo y respetar el carácter universal y progresivo de los derechos”, asegura el portal cubano en su artículo.

Cambia el concepto de vivienda "digna" por "adecuada" y se añade el concepto de hábitat seguro y saludable. El término de “vivienda adecuada” se toma de la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (1996), de la cual Cuba es signataria, apunta www.cubadebate.cu.

En el artículo 55, “se reconoce a las personas la libertad de prensa”, sin embargo, ahí mismo se aclara que “este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”.

Lo mismo pasa con los derechos de reunión y manifestación, “siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas (sic) establecidas en la ley”.

La prensa local expone como un avance la modificación a la forma de elección del Gobernador y Vicegobernador Provincial en el Art. 170 (ahora 175). “Serán electos por los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular respectivas” pero también aclara que esto será “a propuesta del Presidente de la República”.

Como dijera un amigo cubano: “ahí es donde se jode la perra”,  lo que en mexicano se traduciría como “ahí es donde la puerca torció el rabo”.

Partimos a México después de 10 días de conocer Cuba, no sin antes agradecer a la Universidad Interamericana de Morelos su apoyo, y la compañía de los amigos Arturo Aguirre e Isaac Labra.

HASTA MAÑANA.

¿Se puede hacer periodismo en un país comunista? Depende de la definición que cada uno tenga de hacer periodismo. En México y varios países más enseñan en las Universidades que “periodismo es contar lo que alguien no quiere que la sociedad se entere, lo demás son relaciones públicas”.

En Cuba es totalmente diferente. Aquí (escribo la presente columna en ésta isla) los periodistas tienen “el chip” de que hacer periodismo es contar las cosas positivas de Cuba, y que cualquier crítica al sistema es una traición a la patria y un favorecimiento al imperialismo.

En la página www.cubadebate.cu encontré un video en el que el entonces presidente Fidel Castro les habla a los periodistas al clausurar la convención de periodistas cubanos de 1993. No saben cómo me recordó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente por lo pausado que ya hablaba Fidel por su deteriorado estado de salud, sino porque consideraba a los reporteros como parte del ejército revolucionario.

“Estamos verdaderamente en una lucha desesperada por la supervivencia, pero tenemos un ejército, porque el revolucionario constituimos un verdadero ejército, no sólo es las fuerzas armadas cuando hablo de Ejército, hablo del pueblo revolucionario que constituye un verdadero ejército capaz de ganar esta batalla si nosotros sabemos dirigirlos”, decía el hombre ícono de este país.

Y luego les preguntaba, “¿saben cómo los veo a ustedes los periodistas? Los veo como comisarios del pueblo en esta batalla”, y los asistentes lo escuchaban atentos y al término del discurso aplaudían de pie.

Fidel Castro ya murió y hoy el presidente es Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Muchos pensaban que a la muerte del líder revolucionario y la avanzada edad de su hermano Raúl, caería el comunismo en Cuba, sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, todavía falta mucho para eso. Y lo decimos porque el grupo en el poder tiene el control del sistema y, aunque hay oposición al régimen, aún es muy incipiente.

En julio pasado en el portal antes mencionado se ha publicado íntegra la política aprobada para la Comunicación del Estado y el Gobierno.

Esta Política responde a los Objetivos de la Primera Conferencia Nacional del Partido y a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el 6to. y 7mo. Congresos.

La Política sintetiza el conjunto de objetivos, principios, normas y aspiraciones en el campo de la comunicación social, referidos a intereses de toda la sociedad, que abarcan el Estado, el Gobierno, sus entidades, los medios de comunicación masiva, las formas de propiedad y de gestión económica estatales y no estatales, las organizaciones políticas, de masas y sociales, asociaciones, fundaciones y todos los ciudadanos

Principios Generales:

El Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control.

1. Objetivos.

1.1 Contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución Socialista y el Partido.

1.2 Potenciar la actuación consciente y protagónica del pueblo en la actualización del modelo económico y social cubano. Priorizar en ello el liderazgo y compromiso de los jóvenes.

1.3 Reforzar la identidad y la cultura de la nación; preservar la justicia social, la igualdad de oportunidades y la ética humanista y solidaria forjada por la Revolución.

1.4 Fortalecer la cultura del diálogo a nivel social, institucional y comunitario, y el uso responsable de la información y la comunicación; propiciar mayor participación de la población en el control y fiscalización de la gestión pública.

1.5 Contribuir a generar en el país un ambiente de legalidad, defensa del patrimonio público, protección del medio ambiente, de respeto a la dignidad de las personas, los valores, la disciplina y la convivencia social.

1.6 Defender la independencia y la soberanía de la nación.

2. Principios.

2.1 Se fundamenta en la Constitución de la República, la política trazada por el PCC para la comunicación social y en la política definida desde 1961 por el líder de la Revolución Fidel Castro en sus Palabras a los intelectuales, con el principio expresado: Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada (…) Por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella.

2.2 Abarca a la sociedad en su conjunto y debe ser cumplida por los órganos, organismos y entidades del Estado, el Gobierno, otras formas de propiedad y de gestión no estatales, los medios de comunicación masiva, las organizaciones políticas, de masas y sociales, asociaciones, fundaciones, todos los ciudadanos cubanos y los extranjeros que residan de forma permanente o temporal o transiten por el territorio nacional.

2.3 La información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano. Las limitaciones a este derecho están determinadas por la legislación establecida en materia de defensa y seguridad nacional.

2.4 El jefe de la institución, entidad u organización es el máximo responsable de socializar la información pública, garantizar los procesos de comunicación con sus trabajadores y la población -de forma oportuna, responsable, sistemática y transparente-, y conocer las opiniones de la ciudadanía sobre las políticas que conduce para perfeccionar su labor.

2.5 El director de cada medio de comunicación masiva es responsable, de modo personal e intransferible, de la ejecución de la política informativa, editorial y cultural en su órgano, y al mismo tiempo tiene la obligación de fomentar un ambiente de participación de su colectivo de profesionales en la construcción de las prioridades de esa política.

2.6 Defender los valores y símbolos de la nación. Respetar la diversidad cultural, de género, identidad de género, orientación sexual, creencia religiosa, color de la piel y origen territorial, así como la dignidad y la privacidad de las personas.

2.7 La comunicación es un recurso estratégico de dirección del Estado y Gobierno, instituciones, organizaciones, empresas y medios de comunicación masiva. Las políticas y planes de desarrollo serán acompañados de estrategias, campañas, planes y acciones de comunicación y su aseguramiento integral.

2.8 Los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones tienen un carácter público y se asumen por el Estado en beneficio de toda la ciudadanía.

2.9 El Estado mantiene la soberanía sobre el espectro radioeléctrico, de acuerdo con las regulaciones que la ley establece.

2.10 Los medios de comunicación masiva, en cualquier formato o soporte tecnológico, constituyen un bien y un servicio público con la misión de generar contenidos informativos, educacionales, culturales, históricos, deportivos, de entretenimiento, medioambientales, científicos, tecnológicos y de innovación.

Privilegiarán la agenda y modos de hacer nacionales y responderán porque los productos comunicativos extranjeros que se exhiban respeten los principios de esta Política.

2.11 La radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación masiva así como las plataformas tecnológicas empleadas por estos, son de propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada.

2.12 La gestión, así como la producción y comercialización de contenidos de los medios de comunicación masiva, podrán complementarse con producciones, aseguramientos y servicios a contratar con formas de gestión no estatales, en actividades específicas, de acuerdo con la legislación vigente.

2.13 El Estado y el Gobierno mediante sus instituciones, regulan y controlan, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los principios de esta Política en el contenido de los productos comunicativos que se distribuyan y exhiban a través de los diferentes canales y soportes de comunicación, incluidos los servicios de este tipo de las entidades estatales y las formas de propiedad y gestión no estatales.

2.14 Los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por el Presupuesto del Estado. En los casos que se aprueben, también se considerarán los ingresos de la venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, los ingresos del patrocinio, donaciones y la cooperación nacional e internacional, siempre que estas vías no contravengan la legislación vigente, su política editorial y los principios que rigen nuestra sociedad socialista.

En correspondencia con ello los medios asumirán esquemas de gestión -presupuestado, presupuestado con tratamiento especial, o empresarial– según sus exigencias y características.

2.15 Estudiar y proponer la representatividad y subordinación de cada medio de comunicación masiva y su perfil editorial, incluyendo cuáles deben ser oficiales y cuáles no, así como la conveniencia de que el periódico del Comité Provincial del Partido sea del gobierno local.

2.16 Para ordenar y ampliar de forma dinámica, racional y controlada la publicidad y el patrocinio en el país, mediante el empleo de diversos soportes, se continuarán los estudios para presentar una propuesta con mayor integralidad.

2.17 Desarrollar la comunicación de bien público mediante variados canales y soportes, en función de elevar la calidad de vida de la población y la promoción de normas y valores ajustados a los principios de nuestra sociedad.

Como se habrán dado cuenta nuestros lectores, en ninguna parte se menciona las frases “libertad de expresión” o por lo menos “pluralidad de opiniones”.

En el capítulo de las “Acciones” hay varios puntos, pero nos llama la atención el que habla de “recalificar a los profesionales que ejercen funciones periodísticas y comunicativas. En los medios de prensa priorizar la selección de cuadros con preparación profesional”.

Es lo único que encontramos que habla de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los periodistas.

Más adelante menciona la intención de “actualizar las regulaciones laborales y corregir las incongruencias salariales de los sectores periodísticos y de la comunicación social, según cronograma que se aplique en el país”, es decir, condicionado a la situación económica que se vaya dando en el país.

Y lo que sigue es una verdadera joya:

“3.16 Continuar estudiando la propuesta sobre la conveniencia y factibilidad de crear un órgano que responda por la conducción de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, aprobada según la política general trazada por el Partido Comunista de Cuba para su desarrollo; prestar especial atención a su subordinación y funciones. Hasta tanto se concluyan los estudios y se apruebe la decisión que corresponda, el CCPCC continuará desarrollando esta tarea”.

Para finalizar, dos puntos de vista personales:

1.- Falta mucho para que en Cuba pueda haber un periodismo como el que todos conocemos.

2.- Andrés Manuel López Obrador sería feliz con una prensa como la de Cuba.

HASTA MAÑANA.

Noche del viernes 15 de noviembre en la Ciudad de La Habana. La capital de Cuba se viste de gala porque cumple 500 años de existencia, lo que refleja aún más sus contrastes, aunque ellos no lo perciban. Pasadas las 10 de la noche surgen en el cielo los juegos pirotécnicos que arrancan expresiones de júbilo en los niños y lágrimas de nostalgia entre los habaneros que abarrotan el Malecón.

En la legendaria ciudad no se habla de otra cosa que no sean los 500 años de La Habana. Las calles han sido arregladas, las fachadas pintadas y el gobierno de Italia regaló un espectáculo de luces que asemejan la Vía Láctea, colocadas en una de las principales avenidas que llevan al Capitolio, también recién remozado e iluminado.

Los cubanos y turistas llegan al centro de La Habana cómo pueden. A bordo de “gua-guas”, que son autobuses unidos por un acordeón, similares a los metrobuses de la Ciudad de México; en “ruteros” que son coches (modelo 1950) que llevan una determinada ruta y suben a quien lleve ese rumbo (parecido a los taxis de Acapulco); o bien, los “cocotaxis”, que son triciclos motorizados con techo en forma de bola, que nos recuerdan a los mototaxis de Xoxocotla.

En el centro las calles recién adoquinadas sirven de escenario para mostrar al mundo que pueden convivir en un mismo lugar personas de raza auténticamente afro, con rubias y morenas claras. Es un verdadero espectáculo ver pasar a la gente tan estéticamente perfecta, de todos los colores de piel y ojos, y todas las combinaciones que puedan existir.

Y como decimos los mexicanos: “juntos pero no revueltos”. Aunque la constitución establece que gracias a la revolución de Fidel Castro todos son iguales en Cuba, la realidad es que a los blancos se les puede ver cenando en restaurantes caros, mientras los de piel oscura manejan los taxis y limpian las calles.

Pero hoy todos los habaneros están felices porque su ciudad cumple años. Así lo reflejan los periódicos diarios (El Granma y Juventud Rebelde), la radio y los cuatro canales de televisión que captan sus antenas.

En todos esos medios aparece el discurso del presidente Miguel Díaz Canel Bermudez:

“Hace medio milenio que se fundó aquí la villa de San Cristóbal de La Habana, la que desde entonces sería punto de llegada y de partida, de encuentro y de permanencia en este mundo que llamaron Nuevo los que no lo conocían. Pero así lo llamaron bien, porque siempre hay algo sorprendente de este lado del Atlántico, donde nuestro archipiélago es llave y puente, puerta o muralla, según quien llegue y con los ánimos que llegue. Abierta, hospitalaria, amable y solidaria para los amigos. Cerrada, infranqueable, invencible para quienes intenten someterla”.

“Díaz Canel es el que aparece en los actos públicos, pero quien sigue mandando es Raúl Castro”, dice en voz baja un amigo periodista cubano.

El discurso oficial habla de las bondades de esta ciudad y los medios lo reproducen tal cual, sin atisbos de crítica ni entrevistas con ciudadanos que piden que “ojalá así fuera siempre”.

“Ciudad de las ciencias, de la danza, del cine, la literatura, de significativos eventos deportivos, culturales, de amistad y solidaridad con los pueblos de África, Asia y América Latina, también puede considerarse hoy a La Habana como ejemplo de la resistencia contra el neoliberalismo y el imperialismo, punto de encuentro de todos los que en el mundo defienden la justicia, la democracia verdadera, esa que contempla la suerte de los pobres de la tierra y no solo de las élites económicamente poderosas y también de todos los que creen que es posible un mundo mejor, sin injerencias ni dominaciones imperiales”, continúa Miguel Díaz-Canel.

Y remata: “Esta es también, hace 60 años, la ciudad de la dignidad, bastión de la resistencia al bloqueo más prolongado, injusto y genocida que se haya aplicado contra todo un pueblo por un poderoso imperio”.

El discurso habla de igualdad, pero los habaneros no disfrutan de la misma manera la celebración. Para los ricos (funcionarios e invitados especiales como el Rey de España) hay un evento en el Capitolio, para lo cual cerraron todo el primer cuadro de la ciudad y sólo pasan los que tienen invitación.

La gente del pueblo se reúne a todo lo largo del Malecón y escucha grupos musicales mientras toma cerveza “Bucanero” o hacen largas filas para comprar una Heineken (que trae el logotipo oficial de los 500 años de La Habana). Los extranjeros abarrotan “La Floridita” y “La Bodeguita del Medio”, o bien disfrutan de un espectáculo de cabaret en el exclusivo hotel “El Nacional”.

Los auténticos habaneros hacen una fila enorme para participar en un extraño rito: caminar en torno a un árbol llamado “ceiba” agradeciendo los favores recibidos y pidiendo que les vaya mejor en el futuro.

Termina la celebración del aniversario de la ciudad y comienza el viacrucis para el regreso. La gente literalmente se pelea por un taxi, los camiones van a reventar y algunos prefieren caminar kilómetros o esperar a que amanezca.

El transporte es uno de los más graves problemas de La Habana. Vemos escenas que nos recuerdan Cuernavaca hace 40 años, con personas empujándose para caber en un camión.

Comprar una botella de agua, un cepillo de dientes o un rastrillo requiere recorrer toda la ciudad, y es imposible (nos consta) conseguir un refresco de toronja para preparar una “paloma” con tequila. Por cierto, el tequila que venden en Cuba es marca “Tolteca” que jamás hemos visto en México.

El servicio bancario también nos recuerda a México cuando López Portillo nacionalizó la Banca y sólo había Banamex, Bancomer y Banco del Atlántico. El Banco Metropolitano de Cuba abre a las 8:30, pero desde las siete ya hay gente formada.

Ese es el común denominador en Cuba: “las colas” en todos los comercios o servicios. Escasea todo y hay que formarse para poder acceder a los productos más básicos.

Pero parecen vivir felices. Así han vivido toda su vida y no pueden extrañar lo que nunca han tenido, además de que la mayoría de las familias tiene parientes en Miami o en México, de quienes reciben remesas que les permite adquirir algunos productos que sería imposible comprar con sus raquíticos sueldos.

Lo primero que se compran o que piden que les manden es un teléfono celular. Ahora ya casi todos los jóvenes de La Habana cuentan con uno, pero tienen que comprar tarjetas de 10 pesos para tener internet inalámbrico.

El servicio de internet en los hoteles es pésimo. Viene y se va en forma intermitente, así que hay que estar alerta para cuando está abierto y poder mandar ésta columna.

HASTA MAÑANA.

Alguien con “mala leche” publicó en redes sociales dos fotografías juntas. En una aparece el entonces diputado David Martínez, el entonces gobernador Graco Ramírez y la entonces titular de la Unidad Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández; en la segunda aparece el ex rector Alejandro Vera, el fiscal Uriel Carmona y la titular de la Unidad Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.

Si bien la denuncia presentada el miércoles pasado por la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta tiene escasas posibilidades de que sea judicializada, la verdad es que sí mete al Congreso en un aprieto, pues cuestiona la legitimidad del Poder Legislativo y pudiera sentar un precedente para que otros individuos que se sientan perjudicados por actos de la actual legislatura, interpongan los recursos legales correspondientes.

En síntesis, lo que reclama la abogada y ex diputada es que los actuales legisladores incumplieron los extremos del artículo 46 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sin que fuera aprobada tal conformación con la cantidad de votos requeridos al efecto, que para el caso concreto resultarían ser 14 votos que corresponden a la mayoría calificada de conformidad con los artículos 134 y 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

“En consecuencia, al no haberse sometido la nueva conformación de la Junta Política y de Gobierno a la consideración de la Asamblea en Pleno del Congreso y no haberse respaldado con mayoría calificada, la actual Junta Política es ilegítima, acarreando la nulidad de todos los actos que realicen”, dice la denuncia.

Agrega que la “espuria Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos con fecha 10 de octubre de 2019, realizó diversas designaciones de encargados de despacho (…) lo cual es totalmente ilegal”, agrega.

Y remata:

“Incluso la ilegalidad con que se condujeron los supuestos integrantes de la Junta Política y de Gobierno al constituirse como tal y realizar los nombramientos de la ESAF, encuadra en lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos en el que establece que cualquier funcionario que se desempeñe en el cargo sin reunir los requisitos señalados en la ley, incurrirá en responsabilidad administrativa y penal en su caso; y deberá ser suspendido del cargo”.

Lo más irónico de lo anterior es que en el Tribunal Superior de Justicia también están cuestionando la legitimidad de los actos realizados por nueve magistrados que autorizaron la desaparición de distritos judiciales en materia penal; la creación de un juzgado en materia mercantil; y la creación del Circuito judicial único en materia penal oral.

De acuerdo a los magistrados “disidentes”, lo anterior contraviene el derecho fundamental de los justiciables a ser oídos y vencidos en juicio  en el que se hubieren observado las formalidades esenciales del procedimiento y se emita resolución por autoridad competente, toda vez que el tema de competencia de una autoridad para emitir cualquier resolución, constituye un presupuesto procesal de orden público y de interés social, en el que todos los gobernados están interesados en que la autoridad que corresponda conocer, substanciar y dirimir un conflicto, tenga facultades competenciales para ello, aspecto competencial que por su carácter de presupuesto procesal es de orden público y de interés social que obliga incluso a observarse de oficio por la autoridad respectiva.
“Esto es así, porque de la sesión de seis de septiembre del año en curso, ante la falta de condiciones para aprobar los puntos del orden del día presentado por la Magistrada Presidente, dado que no entregó las constancias correspondientes conforme a las que se pretendía sesionásemos, NUEVE MAGISTRADOS NO CONTÁBAMOS CON LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA DEBATIR Y MENOS AÚN PARA DIRIMIR O RESOLVER CUALQUIER PLANTEAMIENTO DE LOS REFERIDOS EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA por lo que al parecer sólo estuvieron presentes NUEVE MAGISTRADOS, con lo que en términos de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su arábigo 27[1], NO EXISTÍA QUORUM PARA SESIONAR, NI DELIBERAR Y MENOS AÚN PARA EMITIR VÁLIDAMENTE ALGUNA RESOLUCIÓN, ya que para ello se requiere por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados que conformamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, es decir, que si somos dieciséis Magistrados con derecho a voz y a voto y las dos terceras partes de dieciséis son diez punto seis Magistrados, como sólo al parecer estuvieron en sesión ocho Magistrados con derecho a voz y voto, basta una simple operación aritmética para colegir que no se encontraban las dos terceras partes para sesionar, para deliberar, ni para emitir resolución alguna, esto ni siquiera considerando a la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, que al inicio de la diversa sesión de 3 de junio del año en curso, en ese momento presentó una copia de una resolución en la que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos, le otorgó un amparo para el efecto de que se le reconociera sus derechos como Magistrada con voz y voto, resolución de la que por cierto se desconoce si las autoridades señaladas como responsables hicieron valer recurso de revisión o no por haberse dirimido un tema de constitucionalidad, lo que tampoco fue informado por la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, esto es, si ya constituía una resolución federal que hubiere causado estado o se encontraba subjúdice o pendiente de cumplimiento y ejecución”, dice uno de los alegatos del grupo inconforme

No obstante ello, en el mejor de los casos, si se considerara que la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, tiene derecho a participar con voz y voto (ya que anteriormente por disposición legal no lo tenía por su carácter de Magistrada Supernumeraria), aún en esta hipótesis, tampoco se cumpliría con el principio de legalidad sine qua non para sesionar, deliberar y emitir resoluciones, que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su numeral 27, puesto que aún considerando a la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, con derecho a voz y voto, entonces los Magistrados con derecho a voz y voto sumarian diecisiete, por lo que las dos terceras partes de diecisiete Magistrados suman once punto dos, con lo que tampoco alcanza las dos terceras partes que se requiere como condición de legalidad y de validez sin la cual el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, pueda sesionar, deliberar, ni emitir determinación alguna legalmente válida.

Por tales motivos se estima que la sesión extraordinaria de seis de septiembre del año en curso, así como las deliberaciones, los acuerdos y las resoluciones emitidas por NUEVE MAGISTRADOS y NO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, carecen de valor jurídico por haber sido emitida por autoridades incompetentes, ya que el único competente para ello lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, el cual se integra con las dos terceras partes de los Magistrados, requisito que no fue cumplimentado.

Nunca antes se había dado esta situación en la que dos de los tres poderes que integran el estado están en riesgo de que sus actos sean declarados nulos por incumplir con la ley en la integración de sus respectivos plenos.

HASTA EL PROXIMO MARTES.

“Prácticamente todos los gobernadores de Morelos –de López Avelar para acá- han estado sentados en esa silla”, dice don Alberto Corripio mientras le pone la grasa a los zapatos con una agilidad inusitada.

Luego recapacita y corrige: “Bueno, el único que nunca vino fue esa rata de Graco Ramírez, y qué bueno porque le hubiera dicho sus verdades. Fue el único que perjudicó al gremio, pues de 50 que éramos ahora sólo quedamos 30”.

El veterano líder de los lustradores de calzado explica mientras trabaja en el calzado del columnista, que Graco Ramírez ordenó la obra de remodelación del kiosco y quitó las escaleras que daban de la plaza a la calle Galeana, lo que disminuyó sustancialmente el paso de peatones, potenciales clientes de los lustradores. 

También, prohibió que se establecieran enfrente del Palacio de Gobierno “porque daban mal aspecto”, lo que provocó que varios compañeros tuvieran que dedicarse a otra cosa.

• Y a quien se le habrá ocurrido quitar esas escaleras don Corripio?- le preguntó.
• Pues solamente a alguien que no es de Morelos, y que no sabe que la gente acostumbraba cruzar desde No Reelección hasta el Palacio de Gobierno caminando, y ahora tiene que rodear, dejando prácticamente abandonado ese lado de la plaza- contesta el bolero mientras comienza a tallar uno de los zapatos para sacarle brillo.

Efectivamente, había unas escaleras en la parte poniente de la Plaza del Kiosco, incluso hace años hicieron que bajara un coche por los escalones cuando estaban filmando una película norteamericana.

Ya entrados en la conversación, don Alberto Corripio me platica que está cumpliendo 61 años de dedicarse al negocio de la lustrada de calzado. “Comencé a la edad de nueve años a dar bola con mi cajón de madera. Le daba servicio a todos los funcionarios que despachaban en el Palacio de Cortés, ahí estaba todo gobierno. Un día que sale un señor trajeado, yo creo que era el secretario particular, y que me dice: chamaco, acompáñame, le vas a dar bola al señor gobernador”.

Y sí, después de lavarse las manos en el baño del mandatario, se puso a lustrar los zapatos de Rodolfo López de Nava, quien agradecido por el trabajo lo premió con cinco centavos de propina.

Años después, cuando ya era un adolescente, fue uno de los primeros en tener un lugar semifijo en el centro de Cuernavaca, y muy pronto se convirtió en el líder de los lustradores… y en el lustrador de los gobernadores.

Dice que de quien guarda excelentes recuerdos es de Antonio Riva Palacio López, quien desde que era senador, durante su gubernatura, y varios años después de haber dejado el cargo, se lustraba los zapatos en el zócalo y siempre buscaba la silla de Alberto Corripio.

“Cuando era gobernador venía tres días por semana a lustrarse los zapatos, y aquí la gente aprovechaba para pedirle cosas. Luego le preguntaban que dónde lo podían ver para avisarle si ya habían cumplido con el encargo, y don Antonio respondía: pues aquí, con Corripio”.

El veterano lustrador de calzado ha visto muchas cosas en esa plaza del Kiosco, pero sobre todo ha sido testigo de la transformación de una sociedad. Recuerda que hace décadas eran memorables los enfrentamientos constantes entre muchachos “broncudos” que se la pasaban en el extinto restaurante “La Parroquia”. Era Sergio Cobián, el “Güero Broncas” y uno que apodaban “El Fitos”, quienes armaban unas trifulcas en las que tenía que intervenir la Policía.

Sin embargo, “esas peleas eran a mano limpia, no eran como ahora que con cualquier pretexto los chamacos sacan la fusca”.

El acontecimiento que más le impactó fue la ejecución del empresario Jesús García y del líder de comerciantes, Roberto Castrejón, a mediados de este año. Recuerda que ese día (8 de mayo del 2019), las calles estaban cerradas y había una manifestación de comerciantes sobre la avenida Galeana.

“Yo cuando escuché el primer balazo me dije: este gobierno ya está dispersando la manifestación a punta de balazos, pero luego supe que el ataque iba contra Don Chuy y Roberto Castrejón”, rememora Alberto Corripio, quien como todos los que estaban presentes, buscaron resguardarse para que no les tocara una bala perdida.

Expresa su preocupación porque “ya no se puede andar por las calles tranquilamente. En cuanto anochece hay que guardarse en la casa porque no sabe uno qué  vaya a pasar. Eso es muy triste porque la gente ya no sale y no consume, entonces de qué vamos a vivir”.

• Y nunca ha salido mal con un funcionario por defender a su gremio- le preguntamos.
• Sí, una vez con un regidor. Se llamaba Luis Salas Catalán y quería reubicarnos del zócalo. Pero que buscamos el apoyo del presidente municipal que era Manuel Martínez Garrigos y ya no pudo hacer nada. Luego hasta nos hicimos bien amigos con Luis Salas.

Termina de lustrar mi calzado, le pago y nos despedimos, deseándole que siga representando bien al gremio de los lustradores y que continué siendo un testigo de lo que ocurre diariamente en el centro de la capital.

Y sobre todo, agradecemos que cada vez que llega un cliente le ofrezca un periódico impreso de “La Unión de Morelos”, como le hizo con un servidor, al que se le quedó viendo y dijo: “usted es el que escribe ésta columna, ya se me hacía conocida la foto”.

HASTA MAÑANA.

“Siempre que tengas encerrados a más de cinco personas desconocidas entre ellas forzosamente tendrá que surgir un líder, que puede resultar bueno, regular o muy malo para los demás”, me dijo una vez un director del Penal de Atlacomulco para explicarme cómo funciona el llamado “autogobierno”.

Lo anterior, en el entendido de que nunca será suficiente el personal de custodia de una cárcel para controlar a cientos o miles de personas privadas de su libertad. Por eso es que tienen que organizarse “entre ellos”.

Otro experto en sistemas penitenciarios me dijo que un reclusorio es como una sociedad en chiquito, donde hay gente buena y gente mala, personas con dinero y otras sin dinero pero que pueden ofrecer servicios. Hay drogadictos que si no reciben su dosis diaria se volverían locos.

Otro más me explicaba cómo funciona el “Motel” Atlacholoaya: “De un lado tienes hombres con dinero pero sin mujeres que los visiten; y del otro lado tienes mujeres que necesitan dinero sin importar qué tengan qué hacer. Sólo tienes que juntarlos”.

Antes de que los internos del Penal de Atlacomulco fueran reubicados a Atlacholoaya, un jefe del autogobierno me invitó a dar un recorrido. Su apellido era Bautista, purgaba una condena por haber asaltado el Banco del Atlántico en pleno centro de Cuernavaca.

Obviamente no se llamaba “autogobierno”, sino comisión de disciplina. El líder del penal de Atlacomulco quería mostrar que bajo su liderazgo todo era tranquilidad y trabajo en aquel penal con más de mil presos donde convivían libremente procesados con sentenciados, peligrosos y no peligrosos.

Se suponía que con la inauguración del moderno Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, con capacidad para dos mil internos debidamente divididos en grados de peligrosidad, se acabaría el autogobierno.

Pero no fue así. Tengo entendido que en lugar de haber un líder general, hubo líderes por área. Así, había un jefe de ingresos, uno de sentenciados, otro del área de alta peligrosidad, pero en ocasiones alguno se convertía en líder máximo de todo el penal.

Uno de ellos fue Dagoberto Torres Palma, detenido en septiembre de 1995 como responsable del secuestro y asesinato de Miguel Angel Ocampo Cristino, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión pero obtuvo una sentencia absolutoria de un Tribunal de Circuito en 2008, es decir, estuvo 13 años encerrado “injustamente”.

Ex agente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dagoberto Torres Palma fue señalado como “madrina” de un grupo de policías judiciales destacamentados en Cuautla, mismos que fueron acusados de participar en los secuestros de Gerardo Resendiz y Miguel Angel Ocampo, en la época en que Morelos fue escenario de una ola de secuestros que trascendió a nivel internacional.

Aunque fue involucrado en varios secuestros, a Dagoberto Torres le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio y asociación delictuosa sólo en agravio de Ocampo Cristino, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión.

Cuando asumió el cargo de subsecretario de Readaptación Social, Antonio Aragón Zamora, ordenó su reubicación a la cárcel de Jonacatepec, al detectar que tenía una concesión otorgada por su antecesor, Antonio Tallabs Ortega, para operar una panadería en el interior de la cárcel. 

Mario Alberto Chávez Traconi ocupó el lugar de Dagoberto, pero mantenía el liderazgo en ese centro penitenciario a base de amenazas a los funcionarios indicando que si no cumplen con sus peticiones “les arma un escándalo” con la Comisión de Derechos Humanos y con la prensa.

“El Rey del Fraude”, como ha sido calificado, comenzó su carrera delictiva a los 15 años de edad, por lo que en varias ocasiones ingresó al Titular de Menores. A los 18 años ingresó al Reclusorio Norte de la ciudad de México, pero salió casi de inmediato, aunque cuando tenía 21 años fue arrestado nuevamente por fraude y falsificación de documentos, pero salió en 1995.

En 1997 ingresó al antiguo Cereso de Cuernavaca, pero al ser transferido a la Cárcel Distrital de Jonacatepec, Jesús Javier Rodríguez Robles, ex director de la penitenciaría lo ayudó a organizar dos eventos fantasma para defraudar varias empresas publicitarias.

En 1998 Rodríguez Robles ayudó a Chávez Traconi a escapar de la cárcel, ya que le recibió una resolución apócrifa en la que se señalaba que él no era responsable de los delitos de los que se le culpaban.

Sin embargo, el juez cuarto penal del primer distrito judicial de Morelos, giró una orden de reaprehensión por robo calificado y fraude, en agravio de René Sánchez Vázquez. Dicha orden está relacionada con el expediente penal 64 y 67/97-1.

Chávez Traconi fue detenido en el Distrito Federal por otro fraude y en octubre del 2004 fue sacado de la penitenciaria de Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal, para trasladarlo a Morelos, e inexplicablemente fue remitido a la cárcel de Jojutla, no obstante su peligrosidad y el antecedente de que ya se fugó en una ocasión.

En 2009 reapareció como “vocero” del movimiento de internos de la cárcel de Jojutla, encabezando las “negociaciones” con la subsecretaria de Readaptación Social, Sara Olivia Parra Téllez, quien prácticamente le concedió todo lo que pidió y hasta cesó a la entonces directora que ordenó un operativo nocturno al interior del centro de reclusión.

El 10 de agosto de 2010 Chávez Traconi fue subido a una camioneta cerrada para llevarlo a “una diligencia a los Juzgados de Distrito”. En lugar de tomar la autopista, el vehículo oficial cortó camino por Zacatepec y Tlaltizapán. Al llegar a Santa Rosa 30 ya lo esperaban varias camionetas que le cerraron el paso. Más de 200 casquillos contabilizaron los peritos en el lugar de la emboscada, en el que “el rey del fraude” fue acribillado junto con los custodios que lo transportaban.

Nunca se supo quién lo mandó matar. Los matones a sueldo fueron identificados como gente de Edgar Valdez “La Barbie”, y la leyenda urbana que se cuenta entre los viejos internos de la cárcel de Jojutla es que le hicieron un favor a “La Barbie” y éste ofreció pagar con dinero, pero la entonces directora dijo que se daría por bien pagada si le quitaban de encima a ese revoltoso.

HASTA MAÑANA.

Apenas el pasado 9 de agosto decíamos en esta misma columna que no entendíamos el por qué Fernando Blúmenkron Escobar, después de haber estado en “las grandes ligas” de la administración pública, había aceptado el cargo de director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

“Por más que Fernando Blumenkron sea un excelente jurista, y con una fama de intachable, no se entiende por qué ponerlo en una posición tan desprestigiada y hasta peligrosa”, escribimos textualmente.

Con el título “Los tres jóvenes abogados”, hacíamos una remembranza de que cuando llegó como procurador de Justicia en el gobierno de Jorge Carrillo Olea, el polémico Carlos Peredo Merlo decidió confiar en tres jóvenes abogados: Rafael Borrego Díaz, José Luis Urióstegui Salgado y Fernando Blúmenkron Escobar.

El tercer joven abogado, Fernando Blumenkron Escobar, ha tenido una trayectoria ascendente: se quedó como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia tras la detención de Carlos Peredo Merlo; luego fue nombrado como director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo y después como secretario técnico del gabinete.

Fue secretario de Seguridad Pública a nivel estatal y después emigró a la ciudad de México donde ingresó a la Procuraduría General de la República a nivel central, primero en la Oficialía Mayor, después en la Subsecretaría de Derechos Humanos y finalmente como director general de Atención a Víctimas del Delito.

Regresó a Morelos para ser designado magistrado del Tribunal Estatal Electoral del 2008 al 2014. De ahí ha desempeñado algunas “chambitas” en el programa Prospera y últimamente en el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

“No sabemos exactamente por qué, pero después de andar en “las grandes ligas”, de tener una magistratura y de tener las características necesarias para hacerse cargo de cualquiera de las secretarías del Gobierno estatal,  el (ya no tan) joven abogado viene a hacerse cargo de una dependencia que podría ser su tumba políticamente hablando”, nos atrevimos a vaticinar.

Y es que todo mundo sabe que el SAPAC ha venido sufriendo durante los últimos 20 años un saqueo descarado no sólo en lo que se refiere a ingresos económicos, sino también en agua que no se cobra, bombas que no se cambian, aviadores, etcétera.

Para empezar, el día que tomó protesta como director, recibió un sistema con 12 pozos sin energía eléctrica por falta de pago, y 26 colonias con graves problemas de desabasto. Ya el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, declaró que “la deuda del SAPAC con la CFE es impagable”.

Y cuando decimos que ocupar ese cargo es hasta peligroso, es porque no hay que olvidar que la penúltima directora, Isabel Sotelo, fue asesinada apenas unas semanas después de que dejó el cargo, lo mismo que un trabajador del área de control vehicular.

No en balde esa dependencia parece más bien un cuartel de la Policía, rodeada de guaruras que causan temor a las personas que acuden a pagar sus recibos, lo mismo que las camionetas al parecer blindadas, en las que se desplazan los altos funcionarios del Sistema de Agua Potable.

“En esa posición se requiere a un administrador (que tenga habilidades de mago) o bien un ingeniero hidráulico, y ni Blumenkron, ni su director operativo Alfredo Socorro, tienen esa profesión”, apuntamos.

Pues bien, como ya es del dominio público, ayer a las 11 de la mañana el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Fernando Blumenkron Escobar, anunció su renuncia al cargo junto con varios de sus directores.

Los funcionarios municipales, en rueda de prensa, confiaron que con su salida el alcalde apoye económicamente este organismo; de lo contrario advirtieron que están en riesgo de no pagarse las siguientes quincenas y aguinaldos a los 691 trabajadores de este organismo público descentralizado.

Este organismo arrastra deudas de más de 500 millones de pesos que pueden llevarlo en cualquier momento al colapso financiero, aseguró Blumenkron, pero “la gota que derramó el vaso”, según sus declaraciones, fue que la tesorería del ayuntamiento no le entregó los recursos económicos correspondientes al fondo cuatro para el SAPAC.

Por lo que decidió renunciar para que el presidente nombre a quién quiera y quién sí apoye económicamente y a quien sí se le entreguen los apoyos de fondos federales para que este organismo no colapse; porque dijo que actualmente no tienen recursos parar pagar las siguientes quincenas y el aguinaldo para cerrar este año (2019).

“En las demás deudas o pasivos del Sapac que tiene con otras instituciones, bajo fuertes discusiones, expusimos a la tesorería municipal las muchas necesidades del Sapac, y en base a eso exigimos las participaciones federales que por derecho nos corresponden a través del fondo cuatro, esto para poder sanear gradualmente todas las deudas y gastos extraordinarios, y también para eficientar el suministro del vital líquido a todos los usuarios, ya que es nuestra obligación hacerlo”, declaró a los medios de comunicación.

Coincidentemente, Fernando Blúmenkron declaró que sí tuvo apoyo del alcalde Antonio Villalobos, “pero no al cien por ciento” en tanto que el edil afirmó que el director de SAPAC cumplió “pero hacía falta mucho más”.

HASTA MAÑANA.

Si una institución pública pierde un juicio de cualquier índole, difícilmente se le podrá imputar responsabilidad al consejero jurídico o titular del área legal, pero si ese funcionario pierde todos los juicios, entonces habría que avizorar la posibilidad de que fue una mala elección de quien o quienes lo contrataron.

Ya en una ocasión intentaron fincarle responsabilidad a un consejero jurídico por un juicio que el gobierno como institución no pudo ganar. En el año 2001, la entonces contralora Emma Margarita Alemán le inició procedimiento administrativo al que fuera consejero jurídico del gobierno de Jorge Morales Barud, el abogado José Luis Urióstegui Salgado, y pretendía que éste pagara los dos millones de pesos que perdió la administración por no haber obligado a una empresa a colocar unas cocinas en el recién construido Penal de Atlacholoaya.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en esa ocasión que era inaplicable el criterio de la Contraloría, pues si se ponía en práctica no habría quién quisiera hacerse cargo del área jurídica de una institución si al final tendría que pagar de su bolsillo los juicios que se perdieran.

El ejemplo anterior viene a colación porque la semana pasada trascendió que, de las más de 60 pensiones que la anterior legislatura aprobó, y que la actual cámara de diputados abrogó por considerar que eran legalmente improcedentes, tendrán que ser pagadas porque los beneficiarios obtuvieron la protección de la justicia federal.

Esto solamente tiene dos interpretaciones: que no hubo la defensa legal adecuada, o que el acto de dejar sin efectos las pensiones por parte de la actual legislatura sólo tuvo como propósito atraer los reflectores, o bien, una venganza política.

O un poquito de cada cosa.

Sobre el asunto jurídico, recordemos que el 4 de julio pasado en esta misma columna hicimos notar que el Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso  Elaine Rodríguez Aranda, fue contundente en su sentencia:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

A pesar de ello, los diputados de la actual legislatura continuaron “combatiendo las pensiones doradas autorizadas por sus antecesores”, quizás porque es la única noticia que le garantiza espacios gratis en los medios de comunicación al Poder Legislativo.

Ahora que se comienzan a echar abajo, verán que ninguna de las fracciones en que está dividido el Congreso querrá asumir su responsabilidad y le echarán la culpa al director del departamento jurídico, (un señor de nombre Gerardo Florentino Galindo Durán) o a quien lo puso en el cargo.

El cargo de director jurídico del Congreso local es de vital importancia pues viene siendo “el cerebro jurídico” de los diputados. Por ahí han pasado el doblemente doctor, Bernardo Sierra Becerra; la maestra en derecho y hoy magistrada Martha Elena Mejía y últimamente el también doctor Humberto Serrano Guevara.

¿Quién es el licenciado Gerardo Florentino Galindo Durán? Para nosotros es un desconocido, lo cual no significa que tenga que ser desconocido para el resto de la población, máxime cuando no es oriundo de la capital sino más bien su “zona de influencia” es la región oriente.

En busca de referencias recurrimos a “San Google” y lo único que nos arrojó es un documento en PDF que resultó ser el acta de Cabildo número 12 de la administración municipal de Jesús González Otero en el que se discutieron diversas solicitudes de pensión.

Ahí, en la página 19, aparece que el señor Florentino Galindo pidió que le concedieran la pensión por cesantía en avanzada edad en virtud de que fue director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 2001 al 2003, es decir, hace más de 12 años.

La petición no solamente refleja una ignorancia de las leyes, sino una mala fe del promovente al pretender obtener una “pensión dorada” que no es procedente, tal y como lo determinó el Cabildo de Cuautla en esa sesión del cinco de agosto del 2015.

En ese mismo documento el señor acredita haber sido agente del Ministerio Público, defensor de oficio y subdirector de un penal, además de director municipal de Seguridad Pública, lo cual es digno de reconocerse, pero no suficiente para ocupar el más alto cargo jurídico dentro de uno de los tres poderes del estado.

Con esos antecedentes, y con los resultados arriba mencionados, cabe hacerse la pregunta sobre quién es el responsable de este fracaso legal, si el licenciado Florentino, o los diputados que asignaron los cargos por repartición de cuotas o por parentesco.

Se dice, sin que nos conste, que el licenciado Florentino Galindo es primo del diputado José Luis Galindo Cortés.

Y así como éste, hay varios ejemplos más de funcionarios que llegaron al Congreso no por su capacidad profesional, sino por ser parientes de diputados.

HASTA MAÑANA.

“Estaban en el foro platicando como si fueran amigos. De pronto El Chicles se lleva la mano a la bolsa y saca su celular (lo que era completamente normal), contesta una llamada y cuelga casi inmediatamente. Es cuando comienza a acicatar al Ray con la ayuda de El Pitus, y el Chisto. Ahí empezó todo el desmadre”.

Es el testimonio de un interno del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya que asegura que la orden de matar al Ray vino de afuera y fue contundente. Esa mañana del 30 de octubre fracasaron las negociaciones para que “Los Rojos” y el Cartel Jalisco Nueva Generación pudieran compartir el penal.

Los líderes del reclusorio siempre andan armados con “puntas” que hacen de varillas o fierros viejos. A el Ray lo picaron hasta que ya estaba muerto y entonces le prendieron fuego.

Luego fueron por quienes consideraban que podrían significar un peligro: Néstor, José Manuel, Roberto, Lorenzo y Vicente, que estaban en el área de máxima seguridad que se ubica al fondo de la nave penitenciaria.

Ya para ese momento habían conseguido un machete y se les había unido más internos. Como si fuera un grupo de la muerte, una decena de hombres vestidos de amarillo (algunos cubriéndose el rostro) recorrían las diferentes áreas del penal en busca de líderes que se pudieran oponer al nuevo “reinado”.  A uno de ellos le cortaron la cabeza con el machete.

Raymundo Isidro Castro Salgado era considerado muy peligroso pues ya había estado en un reclusorio federal en Matamoros, Tamaulipas y dominaba toda la zona oriente de la entidad. Hasta antes de ser detenido en Puebla, vivía como cualquier vecino y su única diversión era el futbol, por lo que contrataba ex jugadores profesionales para reforzar su equipo.

También, había trabado amistad con la directora de reclusorios, Miriam Mireles Toledo, “quien le llevaba personalmente su comida hasta donde lo tenían resguardado”. Estaba tomando fuerza y en cualquier momento intentaría apoderarse del penal, para lo cual tendría que asesinar a Alexis Oswaldo, el hijo de El Carrete, quien permanece resguardado en un área especial a la entrada del penal.

Le dicen el Dormitorio 13 y se encuentra en el segundo piso del área de ingresos. Ahí habilitaron un área “VIP” para quienes pueden pagar comodidades y protección.

Desde ese lugar salieron las llamadas solicitando auxilio y los videos donde se observan las hordas de reos vestidos de amarillo y color beige que corrían de un lado para otro mientras los custodios se agrupaban y se rendían, pues ni armas tienen.

“Hay una riña porque el director trajo a los chilangos con los que se hizo el motín de ayer, los trajo a ingreso, y aquí en ingreso en la noche le quitaron las llaves a un comandante del área y querían pegarle a unos compañeros. En la mañana le dijimos al director que lo único que queríamos era que nos regresara a nuestros compañeros, pero como le pagan 30 mil pesos a la semana los chilangos les está ayudando a ellos”, dice un audio en poder de este columnista.

Esos internos (que representaban otro grupo liderado por “El Rayan”) fueron los que tuvieron que ser sacados en un camión y trasladados a diversos centros penitenciarios en la entidad.

Y aunque el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que solamente fueron cuatro horas las que se perdió el control del penal de Atlacholoaya, la verdad es que hasta este momento los internos están atrincherados y los custodios en la entrada. “Andan como en su casa por todas las áreas”, comenta la familiar de una persona privada de su libertad (PPL).

Fue hasta el lunes 4 de noviembre cuando se realizó un cónclave “en el dormitorio 10 del área de sentenciados” para crear la “Comisión” de internos e imponer el autogobierno en Atlacholoaya.

Según la versión obtenida al interior del penal, se trata de diez personas privadas de la libertad que son identificadas con los nombres y sobrenombres de: Gabriel B. P., alias “El Chicles”; Miguel Ángel B. R., alias “El Chisto”; Agustín M. C., alias “Pitus”; Marco Gerardo N., alias “La Kika” y José Luis G. N., “El Cabra”. 

De acuerdo con la información recabada, Miguel Ángel B. R. ingresó al penal el 3 de marzo de 2013 por el delito de homicidio calificado. Tras ser sometido a un juicio, el 8 de enero de 2014, fue sentenciado a 53 años y tres meses de prisión.

Gabriel B. P ingresó el 12 de julio de 2016 por el delito de extorsión agravada. El 28 de septiembre de 2016 fue condenado a 15 años de prisión. Agustín M. C. fue llevado a juicio por secuestro, el 5 de octubre de 2016, y sentenciado a 50 años de prisión, el 6 de noviembre de 2016.

Marco Gerardo “N” fue detenido el 1 de agosto de 2019 e imputado por el delito de feminicidio, en un hecho ocurrido el 11 de mayo de 2017. El miércoles 7 de agosto del presente fue vinculado a proceso penal y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Era el lugarteniente de El Carrete y actualmente encargado de la seguridad de su hijo Alexis.

“Parece que ya todo está volviendo a la normalidad. Ya la nueva comisión pasó a repartir la droga y a los teléfonos celulares les rayaron los lentes de las cámaras para que no puedan tomar video de lo que ocurra a partir de hoy”, comentó el familiar de un interno para quien el uso de las drogas y los teléfonos celulares es de lo más normal en ese centro penitenciario.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha investigado detalles como el hecho de que el motín ocurrió en los días en que el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, estaba fuera del país “tomando un curso sobre seguridad”, y que el director del penal, con clave “Puma” no permitió la entrada de la Guardia Nacional cuando estaba la reyerta.

Tampoco se ha investigado cómo consiguieron los machetes y el material inflamable con el que le prendieron fuego a “El Ray”.

Al interior del penal de Atlacholoaya y en los demás centros penitenciarios a donde fueron reubicados los internos están convencidos de que hubo un “complot” para acabar con la vida de Raymundo Isidro Castro Salgado, antes de que se convirtiera en un dolor de cabeza para todos.

HASTA EL LUNES.

El ex diputado y patriarca moral del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos, Jaime Álvarez Cisneros sí está denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción pero no hay (por ahora) orden de aprehensión en su contra. No lo han podido emplazar para que responda por el delito de ejercicio ilícito que pretende imputarle la institución que encabeza Juan Salazar Nuñez, pues al también abogado le han encontrado ocho domicilios pero en ninguno está.

En una maniobra poco utilizada, el fiscal anticorrupción Rodolfo Nuñez Urquiza se aventó la puntada de solicitar a un juez, que le concediera una orden de aprehensión en contra de Jaime Álvarez Cisneros para poder notificarle que hay una acusación en su contra interpuesta por el gobierno del estado a través de la consejería jurídica.

La solicitud recayó en la juez Nancy Aguilar Tovar, quien negó rotundamente la petición que a simple vista se nota que es absurda. Eso ocurrió el 20 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el recurso de apelación, mismo que fue desahogado en audiencia de fecha 29 de octubre del 2019 en la Sala dos de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.

En dicha audiencia, los magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis y Rubén Jasso Díaz, resolvieron por unanimidad ratificar la decisión de la Jueza, negando la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Turismo.

Por si las dudas, Jaime Álvarez tramitó un amparo ante la Justicia Federal, mismo que fue negado simplemente porque ninguna autoridad admitió haber librado orden en su contra.

El documento mediante el cual se admite el recurso de apelación y se fija la fecha para el desarrollo de la audiencia fue filtrado para efectos mediáticos. De lo que se trata es de “quemar” al ex diputado, pero jurídicamente dudamos mucho que le puedan encontrar algo.

El único pecado de Jaime fue su servilismo con el entonces gobernador Graco Ramírez, a quien le sirvió primero como jefe de la oficina de la Gubernatura y después como secretario de Turismo.

Jaime (su nombre le quedó ad hoc) fue el funcionario más cercano a Graco, y fue quien tuvo que aguantar sus regaños cuando las cosas no le salían bien. Después lo mandó a la secretaría de Turismo donde tuvo que seguir cumpliendo los caprichos de “la familia real”.

Y uno de esos caprichos –recordemos- fue traer al tenor español Plácido Domingo a la Arena Teques.

En una supervisión que realizó la primera dama del estado cuando apenas se estaba acondicionando la “Arena Teques”, hizo notar que hacía falta unas palmeras. El entonces secretario de Turismo se ofreció a conseguirlas, y para ello pidió el apoyo del empresario Roberto Abe Almada, quien amablemente donó unas palmeras exóticas que tenía en su balneario, con la condición de que el gobierno se encargara de su traslado a Tequesquitengo.

La Secretaría de Turismo se encargó de arrancar las palmeras, subirlas a unos trailers y trasplantarlas en Tequesquitengo. Lo que no sabían es que para hacer ese tipo de maniobras requerían un permiso especial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia que encabezaba en ese momento Francisco Moreno Merino.

La Profepa, con el apoyo de la Policía Federal, detuvo los camiones con las palmeras exóticas, y estuvo a punto de poner a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los camiones con su carga y sus choferes.

Pero los deseos de la primera dama no podían quedar sin ser cumplidos, así que una llamada del gobernador Graco Ramírez Garrido a Francisco Moreno Merino, y al entonces delegado de la PGR, Marcelino Vázquez Huitrón, hizo posible que –violando toda normatividad en materia ambiental- las palmeras pudieran llegar a su destino.

La “familia real” estuvo muy contenta con la organización del magno concierto, por lo que Jaime Álvarez fue ampliamente felicitado por doña Elena y sus hijos. Sólo Jaime supo cuántos servicios se quedaron a deber porque los 13 millones de pesos que se obtuvieron por la venta de boletos no alcanzó para mucho. 

Tan sólo por la contratación del tenor español el Gobierno de Morelos pagó poco más de 10 millones de pesos a una empresa de espectáculos, un millón y medio más por una “Cena VIP”,  y cerca de dos millones por diferentes gastos. La cifra oficial de ingresos por boletaje fue de 13 millones 541 mil 500 pesos y cuatro millones por derechos de patrocinio.

En el contrato firmado por el gobierno estatal y la empresa “Eventos Artísticos y Culturales de México S.A. de C.V.”, se establece en la décima segunda cláusula que “El Poder Ejecutivo puede promover este concierto en el sentido de que las ganancias serán para la construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelos”, pero se menciona más como una estrategia para vender boletos, que como un propósito en firme.

En el documento, obtenido a través de una solicitud de información pública, la Secretaría de Turismo declara que con fecha  17 de abril de 2013, “el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu le otorga la encomienda del asunto relacionado con la presentación en vivo del artista Plácido Domingo”, en tanto que la Secretaría de Hacienda “declara tener suficiencia presupuestal para apoyar en la presentación del artista”.

Ambas dependencias asumen el compromiso de “aportar la cantidad de 10,029,745.50”; y aunque en otra cláusula se menciona que “los recursos a erogar derivados de los compromisos asumidos únicamente por la Secretaría de Turismo, provendrán de los ingresos generados por la venta de boletos y patrocinios del evento”, en ninguna parte se menciona el mecanismo para ser reintegrados al erario.

Difícilmente le comprobarán a Jaime Álvarez su participación en los demás eventos artísticos en el que triangularon las operaciones con una empresa de la Ciudad de México, de tal manera que los costos fueron duplicados o hasta triplicados.

Pero, como ya lo hemos mencionado muchas veces, el gobierno de Graco era de corruptos, pero no de tontos, y tuvieron la precaución de poner a la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, como secretaria de la Contraloría para que ella misma arreglara lo que estaba mal hecho.

HASTA MAÑANA.

¿Dónde andará Graco Ramírez y su familia después de saquear Morelos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Lo que nos queda claro es que no se andan escondiendo y tampoco tienen problemas económicos, pues durante los últimos seis años supieron hacer las cosas para que no quedaran huellas del saqueo y guardaron lo suficiente para no bajar su estilo de vida.

A raíz de la polémica que se ha generado con una supuesta inconformidad al interior del Ejército mexicano, lo que el presidente de la República ha considerado que se trata de un ardid generado por una “camarilla” de generales del Ejército que han impuesto a los titulares de la Sedena desde hace décadas, recordé el episodio del general Tomás Ángeles Dauahare, vecino de Chamilpa, a quien ese grupo de “vacas sagradas” de la milicia envió al mismísimo Penal de Almoloya porque la inteligencia militar detectó que sería el siguiente secretario de la Defensa.

He aquí lo publicado en octubre de 2013:

Cuando vi la transmisión televisiva en vivo desde el Penal de Almoloya, justo en el momento que el general divisionario Tomás Ángeles Dauahare abandonaba la cárcel tras un proceso de casi un año por supuesta protección al narcotráfico, no imaginé que seis meses después estaría frente a él para preguntarle prácticamente de todo lo que quisiera.

Pero sí. Quien fuera el número dos en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y actual asesor del general Salvador Cienfuegos, llegó puntual a la cita vestido con un impecable traje gris que contrastaba mucho con aquel pants que llevaba cuando abandonó el penal de alta seguridad el 17 de abril pasado.

A su lado, la incansable mujer a la que le debe en mucho su libertad, su esposa Leticia. Como testigos, el abogado Gerardo Arrieta, los hermanos Martha y Salvador Díaz de la Vega. También la señora Ofelia Salinas, esposa de Salvador, que fue quien vivió más de cerca el viacrucis de esta familia avecindada en Cuernavaca.

Fue ella quien recuerda como si hubiese sido ayer, aquel 15 de mayo del 2012, cuando estando en casa de la familia Ángeles Dauahare escuchó el grito desgarrador de doña Leticia, lo que inicialmente la hizo pensar que el general había tenido un accidente. Pero no, le acababan de comunicar vía telefónica que su esposo estaba siendo conducido a las instalaciones de la SIEDO, donde quedaría arraigado.

De ahí en adelante, el tema de “los narcogenerales” sería abordado hasta el cansancio por los noticiarios nacionales e internacionales. Un testigo protegido, “Jennifer”, aseguraba que Arturo Beltrán Leyva pagaba grandes cantidades de dinero a varios miembros del Ejército, pero el de mayor rango era el entonces subsecretario Tomás Ángeles Dauahare.

Pero las pruebas se fueron desvaneciendo. El testigo se contradijo, otros supuestos acusadores confesaron haber sido presionados para imputarle cargos al general, hasta que el 17 de abril un magistrado de Circuito ordenó su libertad absoluta. La PGR, ya sin Marisela Morales al frente, no presentó conclusiones acusatorias.

¿Por qué tanta saña contra usted general? ¿A quién le estorbaba? Le pregunto al apacible militar que contesta siempre pausado, con una tranquilidad que contagia.

“Supieron que tenía contacto telefónico con Enrique Peña Nieto y en su paranoia estas personas pensaron que yo podía ser el nuevo secretario de la Defensa y de Seguridad Pública Federal”, dice.

-           ¿Y los testigos que deponían en su contra de dónde los sacaron?

-           A uno lo obligaron a firmar una declaración mostrándole un video de su esposa. A otro, un general del Ejército, le dijeron cuando acudió a declarar a la SIEDO: “¿Allá afuera están tus hijos verdad? ¿Qué te parecería si los involucramos también?”.  Fue una cobardía, una vileza lo que hicieron.

El general gritó su inocencia desde el principio. Estando ya arraigado, convenció al encargado del centro de arraigos para que le permitiera hacer una llamada al programa del periodista Carlos Marín donde lo estaban acusando de “haber fomentado el narcomenudeo en el Colegio Militar” durante el tiempo que fungió como director. “¿Entonces el gobierno está aceptando que en el Heroico Colegio Militar estamos preparando un ejército de viciosos?”, increpó en aquella ocasión desde su cautiverio.

Pero nada evitó que le dictaran un auto de formal prisión y lo mandaran al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, en Almoloya estado de México, donde fue recluido en una celda sin ninguna ventana que le permitiera saber si era de día o de noche. Días después fue reubicado a otra celda donde ya compartía el espacio con otros dos presos.

“Mi compañero de celda era el general Roberto Dawe, acusado de lo mismo que yo. El otro era un campesino de Temixco que no sabía leer ni escribir. Lo detuvieron porque cuidaba un terreno donde tuvieron secuestrada a una persona. Supongo que sigue preso porque no tenía forma de conseguir un abogado. También conviví con un señor de Luvianos, estado de México; a él lo encarcelaron porque acompañó a su yerno al pueblo a vender maíz y comprar algo de carne, y en la camioneta encontraron armas. Este señor tampoco sabía leer, venía de un pueblo muy pobre. Con decirle que no sabía cómo se usaba una regadera para bañarse”, rememora el general.

Y luego apunta:

“Me di cuenta de cuanta injusticia existe en las cárceles. Cada persona tiene un testimonio de cómo les fabrican delitos y hay un profundo rencor contra esas policías. ¿Readaptación Social?, no, eso no existe para nada en las penitenciarías.

-           ¿Cuál era “la especialidad de la casa” en el comedor de la cárcel? ¿Qué comía usted?

-           Mucho pan. Te dan pan en la mañana y en la noche. Te dan arroz –bueno por cierto-, carne, pollo. Es buena comida pero no le ponen sal ni picante.

-           Pasó usted un cumpleaños en la cárcel ¿cómo lo pasó?

-           Bien. El cocinero me mandó un pan de dulce extra… y me cantaron las mañanitas.

-           ¿Y en navidad?, ¿qué cenó?-.

-           Comimos pavo, pero no a la media noche. Cenamos como a las 8:30 y a dormir, como cualquier otro día.

-           ¿Cómo fue el día que obtuvo su libertad?

-           Desde el mediodía me avisó mi abogado que era posible que ese día llegara la orden de libertad que venía desde un tribunal de Guanajuato pero yo no le creí. No me ilusioné. Fue hasta que me avisaron los custodios que me preparara porque ya me iba que lo tomé en serio. Comencé todo el papeleo como a las siete de la noche y fue hasta cerca de las 11 que el jefe de seguridad me condujo hasta una puerta muy grande y me dijo: “Yo hasta aquí lo puedo acompañar. Entonces comencé a caminar, completamente solo y casi en la oscuridad. Atrás se veía la cárcel con sus enormes reflectores, pero hacia adelante no se veía ninguna construcción. Así caminé hasta que a lo lejos vi unas luces. Eran las lámparas de las cámaras de televisión. Mi abogado acudió a mi encuentro y ya avanzamos hacia donde estaba me esperaban los medios de comunicación para entrevistarme.

-           ¿Qué sigue ahora general?

-           Mire usted, me han sugerido que me convierta yo en un activista, que haga lo mismo que Javier Sicilia, que me dedique a denunciar las injusticias como las que yo viví, pero ¿sabe qué?, tengo ataduras que me impiden actuar como yo quisiera, y es mi convicción militar. Ciertamente esto que yo considero una venganza política me generó mucho coraje, me afectó mental y físicamente –bajé 15 kilos y me dio hipoglucemia-. También estoy consciente de que estoy faltando a un deber ciudadano al no denunciar las arbitrariedades de las que fui víctima, pero mi condición de militar me impide actuar contra todas esas personas que se confabularon para mantenerme en la cárcel casi un año.

HASTA MAÑANA.

León Krauze, hijo de Enrique Krauze, definió como “la transparencia del fracaso” a la conferencia de prensa que ofreció el gabinete de Seguridad y el presidente López Obrador para explicar, casi minuto a minuto y con lujo de detalle, lo que ocurrió aquel inolvidable 18 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Según el periodista mencionado, en aras de demostrar que no se oculta nada y que no existe contubernio entre la actual administración y la delincuencia organizada, el gobierno federal desnudó sus carencias e incapacidades y mostró crudamente a sus cuerpos de seguridad a merced de los civiles armados.

Salvo los  “adoradores” del Mesías, mucha gente considera que el objetivo de justificar la liberación de Ovidio Guzmán no se cumplió con esa conferencia de prensa; por el contrario, terminó de exhibir los errores de la Secretaría de Seguridad, la Marina y la Sedena.

Algo así ocurrió con la conferencia de prensa que ofrecieron funcionarios del gobierno de Morelos la tarde del miércoles en las instalaciones de la zona militar por órdenes del mandatario estatal.

Ahí, el secretario de Gobierno y el fiscal general de justicia hicieron el ridículo por una sencilla razón: los que les preguntaban tenían mayor información que todos ellos. Desde muy temprano, los periodistas comenzamos a recibir fotos, videos y audios provenientes del Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya.

Y si al momento de la conferencia de prensa los colegas les preguntaban a los funcionarios si había un “descabezado” (lo cual fue negado rotundamente), era porque ya nos habían llegado versiones en ese sentido que más tarde se confirmarían con fotografías donde aparece una cabeza separada de su cuerpo.

De igual manera, el ejercicio de transparencia sirvió para confirmar que cuando el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León, contestó con un “MENTIRA” (así con mayúsculas) al mensaje de un comunicador vía Whatsapp que lo cuestionaba sobre un motín en el Penal de Atlacholoaya, lo hizo desde un lugar muy lejano a donde estaban ocurriendo los hechos.

Su ausencia es consuetudinaria. Como es veracruzano y toda su familia está allá, es común que el coordinador se vaya desde el viernes y regrese a mitad de la semana sólo para firmar documentos y recibir novedades de Miriam Mireles Toledo, “Antrax” y “Puma”.

Fueron estos tres personajes los que engañaron a sus superiores al reportar que el primer intento de motín fue por “un robo de zapatos” en el área de COC.

Y fueron ellos los principales responsables de que el asunto no quedara en un muerto y dos heridos (lo que ni siquiera trascendió en medios nacionales) sino que se generalizó y terminó con un escándalo que ocupó la primera plana en el periódico Reforma y espacios en todos los noticieros.

Desde ayer trascendió la remoción de los tres funcionarios antes mencionados, pero nada se habló de la salida de Ponce de León. Dicen que hay un pacto. El pacto de Veracruz le llaman.

En esta columna hemos escrito por lo menos en cuatro ocasiones sobre el sistema penitenciario de Morelos. Con testimonios de internos, trabajadores administrativos y de seguridad y custodia, hemos dado una radiografía de lo que allá ocurre.

“Ponce de León Bórquez tuvo en 2016 el mismo cargo que hoy ostenta, pero en la Administración del ex priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Asimismo, el hoy funcionario morelense fue en 2014 el director de Tránsito estatal en Veracruz.

“El designar a personas no morelenses en funciones de seguridad pública y reinserción social tiene sus pros y contras. La ventaja es que llegan sin compromisos con los internos y el personal de Seguridad y Custodia, donde radica todo el problema de la corrupción.

“Pero esa también es una desventaja, pues al no tener arraigo suelen incurrir en mayores abusos y deshonestidades, a sabiendas de que terminando el cargo se van a regresar a sus lugares de origen”, escribimos el 20 de marzo pasado.

Y el 8 de octubre del 2019:

 “O ya se acabaron el presupuesto o nunca lo hubo”, comenta un trabajador que ha sobrevivido a las diferentes transformaciones del sistema carcelario, desde que dependía de la Secretaría de Gobierno hasta ahora que depende de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Lo cierto es que el sistema penitenciario es el “patito feo” de la CES, y es donde hay mayor inconformidad laboral”, asentamos en aquella ocasión.

Todo eso se lo dijeron ayer al vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros, titular de la CES, cuando acudió a dialogar con los custodios  que no querían entrar a su turno de trabajo porque no deseaban salir en fotografías igual que sus compañeros del turno anterior: sometidos por los internos que todavía se dieron el lujo de mandar fotografías por whatsapp.

La realidad es que el Cereso Morelos está igual que Culiacán: los que mandan son los delincuentes.

Y de la misma manera que ha quedado comprobado que el intento de detención de Ovidio Guzmán fue un gravísimo error, también en Atlacholoaya ha quedado al descubierto que el gobierno se equivocó al subestimar una “riña por un par de zapatos” cuando en realidad se trataba del inicio de la disputa del control de la cárcel entre los rojos y el cartel Jalisco Nueva Generación.

En ambos casos debe haber renuncias, pero no aplicando la máxima de que “el hilo se rompe por lo más delgado”. Al contrario, debe haber sanciones ejemplares para que no vuelvan a ocurrir hechos lamentables como éstos, porque si revisamos la historia, ni en los peores gobiernos se habían registrados siete homicidios juntos en un penal.

HASTA MAÑANA.

Las redes sociales son el peor lugar para dirimir una situación de posible acoso sexual entre una alumna y un maestro, pues se presta al linchamiento “a priori” sin respetar su derecho a la presunción de inocencia y el derecho de réplica, vigente desde hace algunos años.

En este espacio trataremos de ser lo más imparciales posibles, y anticipando desde ahora que el mismo está a disposición de las partes en conflicto para hacer valer la Ley de Réplica en sus términos legales.

Comenzamos por el principio:

El pasado 23 de octubre comenzó a circular en Facebook un video con cierto grado de edición (mostrando lo más relevante en letras grandes que aparecen y se desvanecen, resaltando las ideas principales con diferentes tamaños y en rojo, etc.) en el que aparece una mujer que se identifica como Daniela Olivares Valderrama y que dice, en lo sustancial, lo siguiente:

“Desde mi ingreso a la Maestría, el profesor Aldo Bazán se dedicó a mandarme mensajes inapropiados, a los que por supuesto no accedí. A partir de ese momento el doctor Aldo Bazán se dedicó a desestimar mi trabajo, se dedicó a hacerme sentir que como estudiante yo no valía nada, me discriminó por mi discapacidad auditiva; se dedicó a hacerme bullying por las redes en conjunto con otros doctores del mismo secto” (sic).

Luego de lo anterior, solicita al rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, la destitución inmediata del Dr. Aldo Bazan Ramírez.

Con ese video se inició una campaña en redes sociales en contra del catedrático universitario, y ya sabemos que “las redes te hacen o te deshacen”, así que a estas alturas ya es viral y en algunos casos los calificativos han sido realmente demoledores.

El doctor Aldo Bazán pidió entonces a los medios que le diéramos la oportunidad de defenderse. A través de un comunicado, el catedrático se queja de la campaña cibernética que le ha provocado actos de acoso, denostación y criminalización contra su persona y su familia.

“Rechazo tajantemente las acusaciones de las que he sido objeto en redes sociales, y manifiesto mi disposición de comparecer ante las autoridades universitarias y jurisdiccionales competentes, para responder a tales infundios. De igual manera, manifiesto que mi familia y yo, hemos recibido amenazas anónimas sobre video montajes, chantajes y otras acciones para amedrentarme y causarme daño.

“Debo comenzar diciendo que he sido una persona que apoya el empoderamiento y el alza de voz de las mujeres, en mi entorno familiar he educado con valores y respeto para defender el bienestar de las personas y que en ningún momento se deben callar aspectos de desigualdad y violencia. Con este mismo ideal, he sido partícipe de la formación académica de cientos de estudiantes, como mexicano, y en el país de mi origen. Si bien, estamos en un contexto social en donde todos debemos de mejorar y colaborar para sanar las grietas que la violencia ha generado, también es necesario realizar las acciones pertinentes para que la situación se atienda bajo los mecanismos de justicia y no mediante un linchamiento en redes sociales”, afirma en un documento enviado a la opinión pública.

Y enseguida da su versión sobre los hechos:

“La maestra Laura Daniela Olivares Valderrama, trabajó su tesis de maestría bajo mi dirección desde agosto de 2014 hasta febrero de 2016, periodo en el que además de dirigir su tesis que mereció la calificación aprobatoria en todos los comités tutorales, también obtuvo calificaciones aprobatorias en dos seminarios que impartí en la Maestría, periodo en los cuales, nunca existió queja alguna de su parte, por acoso, maltrato o discriminación. Por lo que es falso la aseveración de que, al no acceder a mis supuestos mensajes, yo desestimé su trabajo o su capacidad. Es preciso aclarar que la asignación y/o cambio de director o directora de tesis al estudiantado de maestría, no es impuesto por algún organismo o la comisión académica, y radica más bien, en el común acuerdo de trabajo colaborativo y coincidencia de temas e intereses académicos entre tutor y estudiante”.

Bazán Ramírez hace notar que no existen acusaciones formales en su contra ni ha sido notificado de manera oficial por ninguna autoridad universitaria.

“Es importante esclarecer que por cuanto a las acusaciones de índole académico, constan las evidencias académicas y administrativas con su respectiva respuesta y resoluciones, por Comité tutorales, Comisiones Académicas, Consejo Interno de Posgrado; Consejo Técnico, Procuraduría de los Derechos Académicos, Dirección de Estudios de Posgrado, y toda instancia competente en el ámbito académico y jurídico al interior de la Máxima casa de estudios”, agrega.

“Me da tristeza que por intereses mezquinos me lastimen y también a mis seres queridos, así como amistades y colegas que me conocen y se han solidarizado conmigo, al igual que mis estudiantes y ex estudiantes, quienes pueden dar fe de mi honorabilidad”, dice para concluir.

Tan grave resultaría que se comprobara que hubo hostigamiento o discriminación, como que se afectara una carrera profesional y el nombre de una persona con acusaciones falsas.

Recordamos el caso que dividió hace años a la Facultad de Derecho, el de Rodolfo García Aragón (que en paz descanse), expulsado por hacer insinuaciones a una alumna.

Tuvimos acceso a la grabación que esa jovencita presentó como prueba ante el Consejo Universitario, y se advierte claramente cómo la alumna direcciona la conversación en busca de una frase comprometedora, alentada por un grupo de maestros políticamente antagónico al de Rodolfo.

Y por cuanto a las redes sociales, siempre lo hemos sostenido: quien guste de participar en los linchamientos cibernéticos debe estar consciente que un día el lapidado puede ser él, sin importar si las acusaciones son verdaderas.

HASTA MAÑANA.

Como si no fueran suficientes los destrozos que dejó la lluvia de la noche para deprimir a cualquiera, durante la mañana de ayer se registraron varios acontecimientos que deberían preocupar a las autoridades de ésta entidad, sobre todo los que se refieren a un enfrentamiento entre internos del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Quienes debemos recorrer parte de la ciudad capital y la zona conurbada para llegar a nuestros centros de trabajo, fuimos testigos de un espectáculo parecido al que deja un huracán o una tormenta tropical, con árboles caídos, calles destruida y, en algunos lugares, viviendas destruidas.

Apenas se va uno reponiendo de la impresión cuando llegan las fotos vía Whatsapp mostrando los dos cuerpos masculinos, totalmente desnudos, brillantes por la pertinaz lluvia, pero sin cabeza, a la orilla de la carretera que sirve de retorno en la autopista del Sol, a la altura de Xochitepec.

Una cartulina verde con letras negras en la que se da a conocer los nombres de los que siguen en esa fatal lista que han ido cumpliendo al pie de la letra sin que nadie haga nada, cubre uno de los cadáveres mientras que otra con características similares cubre el otro.

Todavía no se repone uno de la impresión de esas fotos cuando llega la información acerca de que un grupo de trabajadores de la empresa Uber Eats están protestando en el zócalo de Cuernavaca. Denuncian que el pasado lunes un compañero suyo fue asaltado y asesinado en la colonia Teopanzolco, la empresa no quiere asumir su responsabilidad y la aseguradora tampoco. Estaban pidiendo ayuda para reunir el dinero necesario y sepultar a su compañero.

Los que trabajan en todas esas empresas que se manejan a través de una aplicación en un teléfono celular no lo hacen por gusto, sino porque no hay otra opción. Ante la falta de mejores oportunidades de trabajo, nuestros jóvenes están recurriendo a estos empleos a pesar de que no tienen ninguna garantía de las que establece la Ley Federal del Trabajo. No hay una persona física que sea el patrón, tampoco un domicilio, y el contrato que firman es totalmente leonino, con todas las ventajas para estas empresas transnacionales.

Luego, el código rojo en el Penal de Atlacholoaya. Los empleados del Tribunal Superior de Justicia y de otras dependencias fueron obligados a desalojar las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social por cuestiones de seguridad.

Eso solamente ocurre cuando se da un motín, pero el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León lo negó cuando fue consultado por los compañeros reporteros. “Todo bajo control”, contestó el funcionario.

Lo que no dijo es que no se encontraba en esos momentos en el Penal, pues su personal dice que nunca está, sino que trabaja vía teléfono celular.

Y lo más irónico: comenzaron a llegar fotos y videos del interior del penal tomados y enviados a través de teléfonos celulares, aparatos que se supone no pueden tener en su poder los internos.

Ya por la tarde llegó un comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el que se explica que no hubo motín, sino una riña que se suscitó al interior del dormitorio número cuatro, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de actuación para atender la emergencia.

“Elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, Guardia Nacional y agentes federales atendieron dicho acontecimiento, en el que resultaron lesionados tres internos que de inmediato fueron trasladados a un hospital para brindarles atención médica. Sobre lo sucedido, se informa que alrededor de las 11:46 horas personal de Seguridad Penitenciaria atendió una riña originada por el supuesto robo de unos zapatos, misma que fue controlada y los involucrados fueron dispersados”.

“Cerca de las 13:37 horas, algunos internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro agrediendo y lesionado a un grupo de reclusos, por lo que las autoridades penitenciarias intervinieron una vez, activando el protocolo de actuación”, agrega el documento.

Con respecto al informe médico, Servicios de Salud de Morelos (SSM) indicó que al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” arribaron dos masculinos, uno de 37 años de edad heridas de arma blanca, quien al momento de arribar al nosocomio ya no presentó signos vitales; el segundo, de 30 años es atendido por lesiones de arma blanca en tórax y pierna.

En el Hospital General de Temixco se atendió a un tercero de 24 años de edad, quien se reporta estable con múltiples lesiones superficiales en cráneo y en ligamentos de la mano, ya fue dado de alta.

No hay autogobierno y todo está bajo control, pero varios internos se lesionaron con armas blancas y el altercado fue grabado con teléfonos celulares. Vaya control.

Finalmente, un documento enviado por tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos da cuenta del divisionismo que existe (también) en el Consejo Consultivo de esa institución que está a punto de estrenar sede por enésima ocasión.

“Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Morelos, hemos visto recientemente en notas de los medios de comunicación que el Presidente del organismo anuncia que pedirá directamente al Congreso un presupuesto de 50 millones de pesos, en contraste a los casi 16 millones con que cuenta actualmente.

“Sin embargo lo que no ha dicho el titular del organismo y que es menester que la sociedad también sepa, es que el Consejo Consultivo no aprobó dicha propuesta presupuestal derivado de que desde la instauración de dicho órgano colegiado se le ha solicitado desde la primer sesión, la siguiente información:

“Actas de entrega-recepción; lista de todo el personal adscrito, así como su curriculum y resultados; comprobantes de gastos presupuestal; programa de trabajo, entre otros”. Obviamente, el “godinez” que ocupa la presidencia de la CDH-Mor no se ha dignado a contestarles.

Contrario a todas y todos los que han ocupado el puesto de ombudsman, el actual ni siquiera saluda a sus empleados cuando llega, ya de atender a la prensa ni hablamos. 

Para finalizar, y luego de ver un video que está circulando en redes sociales, donde se observa claramente cómo la diputada Tania Valentina se acerca a la zona de público del Congreso Local, y a una señal suya los pobladores de Hueyapan se ponen como locos y comienzan a comportarse como orangutanes, uno se pregunta:

¿Qué no hay noticias positivas en este estado?

HASTA MAÑANA.

La política se ha degradado tanto en los últimos años, que ahora ya no guardan las formas. Se manejan como mercenarios de la política, o aún más, como extorsionadores de la política. Ya no se sabe si la delincuencia organizada se ha infiltrado en la política, o los políticos se han infiltrado en la delincuencia organizada.

Ayer en un conocido Café del centro de Cuernavaca se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se anunció que un grupo de integrantes de la organización denominada Redes Sociales Progresistas, daría a conocer su oposición a que el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo encabece el nuevo partido que vendría a sustituir al Partido Nueva Alianza, que sirvió como brazo político del poderosísimo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Como ya es sabido, seis de los ocho asociados fundadores de la organización que pretende convertirse en el nuevo partido elbista, desconocieron a Fernando González, lo que, de ser reconocido por el INE, regresaría el control de la asociación a Juan Iván Peña Neder y sacaría del camino al grupo de la maestra.

Las firmas fueron enviadas al INE, tanto en lo individual como por la asamblea de fundadores, luego que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos les dio tres días hábiles, a partir de la notificación, para resolver sus conflictos internos e indicar con claridad quienes tienen la representación legal.

Las semanas pasadas, el INE recibió oficios contradictorios por parte de representantes de esa organización, ya que, uno de los apoderados legales del grupo de Peña Neder, dio aviso al INE para cancelar todas las asambleas estatales ya agendadas para las próximas semanas, mientras que el yerno de la maestra continuó con el proceso.

Esa escisión en la etapa fetal del partido ya llegó a Morelos. Ayer, a la anunciada conferencia de prensa llegó –para sorpresa de muchos porque éste personaje tiene de todo menos de profesor- Enrique Alonso Plascencia, Felipe Castro Valdovinos y dos personajes más de los que Enrique Alonso desconocía sus nombres completos y sólo se refería a ellos como Adrián y Mauricio.

En resumidas cuentas Alonso se presentó como delegado del partido en proceso de registro y dijo que las RSP reconocen como su líder máximo a Juan Ivan Peña Neder y que en Morelos no van a aceptar ni a yernos ni nietos de la maestra Elba Esther, pero tuvo mucho cuidado en no atacar a la lideresa (el miedo no anda en burro).

Todo parece indicar que un grupo de mercenarios de la política pretenden extorsionar a la maestra, ya sea con dinero o con cargos de elección popular, pero lo importante es sacar algo de provecho.

Y para esa encomienda decidieron contratar a Enrique Alonso, quien ya antes se contrató como director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, cargo que sigue ostentando. O sea, el señor es capaz de contratarse de lo que sea, con tal de obtener buenos dividendos.

Recordemos que en sus años mozos Enrique fue “pollero” (traficante de personas de un país a otro), por lo que estuvo procesado y exonerado en segunda instancia. Luego fue candidato del PRD a presidente municipal de Tlaquiltenango y ganó, a pesar de que todo mundo sabía de sus antecedentes.

Pero Graco Ramírez y él nunca se quisieron. Era del dominio público que obtuvo la candidatura con el apoyo de Fidel Demédicis y que nunca se quiso someter al Mando Único. En represalia, tuvo “marcaje personal” por parte de la policía que dirigía Alberto Capella. El 28 de enero del 2016 fue detenido por la Policía Federal en la caseta de Tlalpan porque su escolta portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 24 de enero del 2017, detuvieron a dos de sus escoltas mientras él estaba en el interior de la agencia BMW en la calle Río Mayo, y son puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.  “El alcalde de Tlaquiltenango tiene mala fama”, decía Capella Ibarra cada vez que le preguntaban por Alonso Plascencia.

Perverso como es, Graco Ramírez ordenó que se difundiera la foto de la esposa del alcalde de Tlaquiltenango, quien purga una condena de 45 años por el delito de homicidio. Ya siendo candidato a diputado federal independiente, fue detenido por el homicidio de una persona de nombre Adán. Con él fueron detenidos Andrés “El Tío” o “El Sinaloa”; Rodolfo “El Durango”; Alberto “El Zapata”; Emanuel, Óscar, Geremías y Santiago. Las autoridades los señalaron como parte del grupo delictivo Los Rojos, pero nuevamente salió en libertad.

Tras su derrota en las urnas en el 2018,  desapareció de la escena política un tiempo, hasta que reapareció como director del Instituto que aglutina a los presidentes municipales de Morelos.

En agosto pasado, tras la difusión de un video en redes sociales en el que un hombre, con el rostro cubierto, asegura pertenecer al grupo delictivo Los Rojos y recibir órdenes de Enrique Alonso Plascencia, el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco declaró que el fiscal general debe realizar una investigación.

“Yo simplemente le digo al fiscal que hay que investigar, hay que investigar, que llegue hasta las últimas consecuencias, no sabemos si es verdad, si es mentira, pero si se rumora hay que investigarlo”, dijo Blanco.

Después de todo lo anterior, se dieron cuenta que el indicado para “jalarle la cola al león” en el SNTE era Enrique Alonso, así que fue contratado, a pesar de que su imagen desentona

Pero ¿quién está atrás de este hombre con aspecto de montador de toros?

Un dato que podría ayudarnos a responder esa pregunta es la presencia ayer, en la conferencia de prensa, del cacique magisterial Felipe Castro Valdovinos, quien en las pasadas elecciones fue porrista de Rodrigo Gayosso Cepeda, (un porrista muy caro por cierto), y que últimamente sirve a los intereses del senador Ángel García Yañez (mercenario pues).

Por cierto, García Yañez fue visto el jueves de la semana pasada en la Feria de Yecapixtla, en el show de Remmy Valenzuela (originario de Sinaloa), donde saludó efusivamente al alcalde de Yautepec, Agustín Alonso y al ganadero Federico Figueroa, hermano del extinto Joan Sebastian.

HASTA MAÑANA.

Por más que uno quiera buscarle el lado positivo a las cosas, y sin dejar de reconocer los esfuerzos que han venido haciendo los tres niveles de gobierno, hay ocasiones en que nos invade el pesimismo, la depresión y la impotencia de no poder hacer nada. El cobarde asesinato de Paul Vizcarra y la confirmación de que el hijo de un estimado amigo notario que estaba desaparecido desde el mes de agosto fue ultimado a pesar de que se había pagado un rescate, pero sobre todo la ejecución casi sistemática de personas por parte de comandos armados que se mueven a sus anchas por todo el territorio morelense, y que se dan el lujo de avisar a quien van a matar con mensajes (ahora impresos en lonas con una máquina Plotter) nos hace llegar a la conclusión de que la Guardia Nacional, la CES y su instancia municipal han fracasado rotundamente. 

La semana pasada nos tocó acompañar a la familia de Paul Vizcarra a su entierro en el panteón de Las Granjas. Duele ver cómo una familia dedicada al noble trabajo del reciclaje, que es fuente de ingresos de cientos de personas, que no anda metido en negocios turbios, hoy está destrozada. "Era tan tranquilo, no le gustaba meterse en broncas, prefería perder a tener conflictos", recordaba Carlos Mújica, amigo mutuo. 

A varios días de que fue encontrado su cuerpo con huellas de tortura en el bosque de Tlalpan, no se sabe si hay avances en las investigaciones. Desgraciadamente, a él y a su acompañante los fueron a tirar en una zona boscosa donde no hay ninguna de las miles de cámaras que tiene el Gobierno de la Ciudad de México. 

En el otro caso, desde agosto tuvimos conocimiento de la desaparición de Josué, el hijo del notario José Antonio Acosta, y no publicamos nada con la esperanza de que sus captores lo regresaran sano y salvo, pero no fue así. Salió de su casa a bordo de su motocicleta y se dirigió al municipio de Huitzilac, donde la vida vale menos que una moneda de a peso. Fue hasta hace un par de semanas que encontraron restos humanos en la carretera que va a Zempoala, y al hacer los estudios de ADN resultó que sí eran los de Josué. 

Son homicidios que impactan en una sociedad morelense que observa impávida como desaparecen el padre, el hijo, la hija, y lo que viene a la mente de todos es ¿cuándo me tocará a mi o a mi familia?

"Está terrible la inseguridad, diario hay un secuestro y varios homicidios, ¿cómo podemos presionar para que las cosas cambien si los medios de comunicación no ayudan", me reclamó y con justa razón una amiga a través de messenger. 

La tarde del sábado el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública andaba como loco sobrevolando a muy baja altura por todo Cuernavaca. A los pocos minutos las transmisiones en vivo por Facebook de varios medios de comunicación que usan esa herramienta tecnológica nos daba cuenta del motivo de los sobrevuelos: un homicidio en la calle que comunica Atlacomulco con la avenida 10 de abril, casi enfrente del hotel Hacienda de Cortés a plena luz del día. 

Seguramente los turistas de ese hotel escucharon los balazos y si hubieran salido a la calle habrían presenciado una escena que sólo se ven en las series de narcos: al conductor de un vehículo compacto le dispararon desde otro, ambos en marcha, y el agredido se fue a impactar contra un taxi que nada tenía que ver (pero que seguramente pasara días en un corralón, en detrimento del dueño de la concesión y del chofer). 

"La ejecución del día, o más bien, la primera de este día", escribí en mi cuenta de Twitter. Y no me equivoqué. Por la noche otra vez la transmisión en vivo, ahora en la avenida principal de Ocotepec. 

Me enviaron una fotografía de la víctima. Era un muchachito de unos 20 años, tendido boca abajo sobre el asfalto, a unos metros de una tienda de abarrotes. Sabía que unas horas después me comenzaría a llegar información sobre los antecedentes penales tanto del ejecutado de Atlacomulco como del de Ocotepec, pero no puede uno evitar sentir pena por sus familias. 

Por otra parte, me dicen que en el atentado de Atlacomulco hubo un "daño colateral" (asumiendo que ésta ola de asesinatos sea una disputa "entre malosos" como lo han venido diciendo algunos funcionarios). Se trata de una señora que no tenía nada que ver en este pleito entre mañosos y que recibió un balazo en la cabeza que hasta el momento de redactar esta columna se debatía entre la vida y la muerte. 

Y eso de que "se están matando entre ellos" para nada es un consuelo, pues por un lado implica el riesgo de que en cualquier momento cualquiera de nosotros resulte herido o muerto (y ya vimos que no es necesario andar en bares a altas horas de la madrugada) pero lo más grave es que significa que gente armada puede circular por las calles como si nada, a pesar de los cientos de policías federales, estatales y municipales. 

Eso se llama impunidad y sólo puede ocurrir cuando existe un contubernio entre policías y delincuentes. Y no nos referimos a ese señor que es "un pan de Dios" que se llama Antonio Ortíz Guarneros, sino a la gente que tiene bajo su mando, algunos desde antes que él llegara, y que están trabajando para "La Maña". 

Sólo así se puede explicar uno que en ninguno de los homicidios dolosos que se han registrado en los últimos meses, ni por casualidad los sicarios se hayan topado con alguna patrulla. Ciertamente el número de vehículos oficiales es mucho menor al que presumía Alberto Capella, pero no se puede creer que cuando avisan de una ejecución los policías lleguen diez minutos o más posteriores al hecho. 

Y lo que más enerva a la gente es que lleguen hasta cinco patrullas y sus elementos luciendo sus armas largas para hacer lo que se llama "la preservación de la escena del crimen", y que se pongan "flamencos" cuando alguien se acerca a la cinta amarilla, como ocurrió el jueves con la ejecución del policía cuyo nombre ya había sido mencionado en uno de esos mensajes impresos en lona y que son dejados por toda la ciudad sin que nadie se percate de quiénes son. 

Ese día, alguien de la Policía envió un mensaje de voz advirtiendo que si tenían hijos en las guarderías o jardines de niños de la zona norte de Cuernavaca, que fueran a recogerlos, lo que provocó una verdadera psicosis entre madres de familia, principalmente en Chamilpa. 

Ya para cerrar la jornada de este fin de semana, al menos por cuanto a esta columna se refiere, recibimos las fotografías de una mujer calcinada que encontraron en la colonia Rancho Cortés. Quizás hoy lunes por la mañana el vicealmirante Guarneros salga con su declaración de que la occisa "andaba en actividades no propias de una dama", pero no deja de ser un feminicidio que se suma a otros que se han venido dando en territorio morelense, y que no se advierte cuándo y cómo vaya a acabar. 

Frente a toda esta problemática hay un grupo de personajes que todo lo quieren resolver con destituciones o renuncias, pero son hombres y mujeres que si buscas en sus antecedentes encuentras fácilmente el motivo de su indignación. A ellos no les importa tanto el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, sólo quieren sacar provecho político de todo ésto.

Desgastarnos en marchas y manifestaciones nunca ha sido la solución. Mucho menos los bloqueos de las calles afectando al resto de la población. 

Ya viene la aprobación del presupuesto estatal y otra vez a la Comisión Estatal de Seguridad Pública le están destinando muchísimos millones de pesos, que bien distribuidos y sin "moches" pueden servir para componer cámaras de videovigilancia y poner otras más. Adquirir o rentar más patrullas y contratar policías con sueldos dignos para que no caigan en la tentación de trabajar para el otro bando. 

Pero lo principal que tiene que hacer la autoridad es escuchar a la ciudadanía y evitar la justificación de los delitos. 

HASTA MAÑANA. 

En teoría, las resoluciones judiciales deben estar sustentadas en argumentos jurídicos y no en cuestiones subjetivas en los que tengan que ver las filias o fobias de los juzgadores. Sin embargo, debemos entender que la ciencia del derecho no se basa en las matemáticas y que los jueces y magistrados también son seres humanos, por lo que pueden “estirar” la ley hacia un lado u otro.

Explicado de otra manera: los árbitros de futbol también tienen sus equipos favoritos y difícilmente se pueden despojar de esas filias o fobias cuando les toca “pitar” en un partido.

Es por lo anterior que mucha gente, incluido el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, piensa que al resolver el Toca 128/2019-3, los magistrados que integran la tercera sala mezclaron sus preferencias políticas con su trabajo como juzgadores.

Se trata de Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis y Carlos Iván Arenas Ángeles. En lo personal conocemos a los tres y no dudamos para nada de su profesionalismo, pero hay detalles que hacen parecer que su voto en el caso de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, tuvo tintes de subjetividad.

Para nadie es un secreto que María del Carmen Aquino Celis formó parte del equipo de Graco Ramírez al inicio del sexenio, y que Rubén Jasso fue representante de los magistrados en el extinto Consejo de la Judicatura y luego en el órgano colegiado que lo sustituyó, siempre al lado de la presidenta Carmen Cuevas. Ellos dos votaron a favor de la exoneración de Patricia Izquierdo, lo que provocó la ira del jefe del Ejecutivo.

En contraparte, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien encabezó la intentona por destituir a la magistrada presidenta, consideró que debía mantenerse bajo proceso a la ex funcionaria.

Recordemos que el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como  José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V.

De acuerdo con los argumentos expuestos por el magistrado Jasso Díaz, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017.

También consideró que no podía tampoco considerarse indebida la actuación de la ex titular de la Secretaría de Obras, ya que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción – como parte acusadora- no aludió cuáles eran la facultades y atribuciones de la ex funcionaria.

En su voto particular, el magistrado Arenas Ángeles afirmó que el presente asunto, resulta una mezcla de cuestiones administrativas con consecuencias penales, por ende, debe hacerse con apoyo de la hermenéutica jurídica, para desmembrar el ser de la norma y no generar así una descontextualización del cuerpo normativo en estudio.

Así, de la interpretación que se realiza de los numerales 14 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, se considera que las funciones y facultades de la imputada Patricia Izquierdo Medina, son claras y precisas, conforme a lo narrado por el órgano acusador en su formulación de imputación.

“Para dejar más claro esto, el órgano acusador hace referencia a la fracción VI del numeral 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, mismo que marca efectivamente las atribuciones específicas de la Secretaria de Obras Públicas (que en su caso deben ser ejercidas por conducto del titular de dicha área), y que en armonía a lo establecido en el artículo 14 de la citada norma, se colige que al frente de la secretaria referida habrá un titular, a quien compete las atribuciones establecidas en el diverso 33, además que dichas atribuciones no son genéricas sino específicas, dado que el cuerpo de leyes mencionado, en su numeral 13 contempla las atribuciones genéricas de las diversas dependencias que integran la administración pública del Estado de Morelos, de ahí que lo establecido en el ut supra 33, debe entenderse como las facultades a ejercer por parte del Titular de la secretaria en cuestión”, apuntó el magistrado.

Para él, la entonces Titular de la Secretaria de Obras Públicas tenía la obligación de observar el procedimiento que se establece en los artículos 24, 38, 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y no someterlo a consideración del comité como se advierte del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha 13 trece de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, donde se autoriza por parte del comité, la adjudicación directa de la obra pública denominada demolición y construcción del edificio U1-C en la escuela de estudio superiores en el municipio de Jojutla, Morelos.

Lo anterior, porque los artículos 38, 39 y 40 deben interpretarse de manera sistemática y no en forma aislada como sostiene la mayoría al decir que el artículo 39 no prevé un monto máximo o que éste no exceda del máximo que al efecto establecerán los presupuestos de egresos contemplados en el ejercicio fiscal vigente y que por esa razón la imputada Patricia Izquierdo Medina, no incurrió en responsabilidad alguna; toda vez que, de la intelección de los numerales precitados se obtiene que el ordinal 38 estipula que el monto máximo de las obras a adjudicar de manera directa se establecerá en los Presupuestos de Egresos Estatal o Municipal; por su parte el 39 contempla los “supuestos” –circunstancias fácticas- y el 40, dispone que podrá darse la adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos establecidos en los Presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

“De ahí que a criterio del suscrito debe confirmarse el auto de vinculación a proceso en contra de Patricia Izquierdo Medina, ya que incluso la resolución que se somete a estudia presentaría un vicio de incongruencia interna, al vincular por el mismo hecho a los dos coimputados y pretender dictar una resolución en sentido contrario a la que en su momento fue la superior jerárquico Patricia Izquierdo Medina. Y por consecuencia entrarse al estudio del recurso interpuesto por el órgano acusador, relativo a imponer la medida cautelar de prisión preventiva”, puntualizó.

No hay que perder de vista que a quien Cuauhtémoc tiene como consejero jurídico ya fue juez y magistrado, así que conoce las leyes al derecho y al revés. Todo está en que le haga caso.

HASTA MAÑANA.

Sistemáticamente, cada seis años el Poder Ejecutivo acusa al Poder Judicial de propiciar la liberación de personas que fueron detenidas por cometer delitos. Es el argumento perfecto para justificar que, a pesar de todos los esfuerzos, la criminalidad no baja. Ni bajará.

Lo ocurrido ayer en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya viene a demostrar que las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción (ahora sí) van en serio y a fondo en los malos manejos financieros de la pasada legislatura.

El penoso episodio del pasado 17 de octubre con el fallido intento por capturar a Ovidio Guzmán para entregarlo al Gobierno de Estados Unidos, pasará a la historia como el capítulo que dividió al pueblo mexicano. Políticamente hablando, tendrá el mismo impacto que tuvo la decisión del presidente Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968.

Cuando se dio a conocer la primera lista de nombramientos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, causó sorpresa la designación de Víctor Reymundo Nájera Medina como director del Colegio de Bachilleres (Cobaem), ya que el ingeniero textil es cercanísimo al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, tan es así que fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diputado federal por ese partido.

A un año de distancia, la opinión de una gran parte de la comunidad académica es que pareciera que Víctor fue puesto ahí para ocasionarle problemas al actual gobierno, pues su desconocimiento en la materia es evidente y lo ha suplido con un “amasiato” (políticamente hablando) con el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBAEM) que encabeza Jorge Licea Jiménez, un personaje que tiene una característica singular: no trabaja en el Cobaem.

Su principal inconformidad es que durante el ciclo escolar 2018-2019 se encontraban al frente de los 13 planteles con que cuenta el Cobaem directores que habían ganado su puesto por examen de concurso de oposición del servicio profesional docente; durante el mes de agosto fueron removidos ocho directores y sustituidos por profesionistas que no  concursaron por oposición del servicio profesional docente.

En realidad intentó cambiar a los 13, pero varios se ampararon.

Los nuevos directores fueron propuestos por Nájera, pero el que “palomeó” la lista fue el líder sindical, Jorge Licea Jiménez.

Los inconformes recuerdan que aún antes de presentarse con todo el personal, el nuevo director general se entrevistó en privado por tres ocasiones con Licea Jiménez, y desde esa ocasión trabaron amistad y se apoyan mutuamente.

Sin el apoyo del director general, Licea Jiménez no hubiera podido ganar las elecciones en mayo pasado, cuando (como en los tiempos de López Portillo) él fue el único candidato, por lo que obtuvo una “toma de nota” que le entregó personalmente el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Cada vez que puede, en público o en privado, Licea Jiménez y Medina Nájera intercambian cumplidos y se aplauden mutuamente.

La segunda gran decisión del director general fue cambiar de sede, y se trasladaron a un edificio viejo y abandonado, propiedad de su amigo Fernando Martínez Cué. El cambio fue muy costoso ya que el inmueble carecía de la instalación mínima necesaria como electricidad, redes digitales, baños y espacios administrativos requeridos, hoy es un espacio denigrante e incómodo según refieren los trabajadores.

También cambió de banco, y quienes saben del tema conocen perfectamente que se pagan jugosas comisiones por preferir una determinada institución bancaria.

El tema no es nuevo para el gobernador, ya que el descontento llegó hasta la Casa de Gobierno el cinco de septiembre pasado. En reunión con los alcaldes, el tema surgió en la mesa, se quejaron que los directores se la pasan pidiendo apoyo económico porque el director general no les libera los recursos destinados a cada plantel y la situación se está agravando cada día más en cada plantel, además de que Nájera no les contesta ni las llamadas a los presidentes municipales.

En el Cobaem no hay dinero para nada, sólo para los gastos del director general y su equipo más cercano, en el que se encuentra Roberto Zavala Zúñiga, Miroslava Carreño Franco (de la que aseguran reprobó un examen para subir al nivel de director) y José Daniel Álvarez Cruz, supuesto yerno de Luis Arturo Cornejo Alatorre.

Los que creen que Víctor Nájera Medina no tiene la capacidad para dirigir una institución tan importante (aunque la matrícula haya descendido de 12 mil a 10 mil alumnos en el último año) no se atreven a dar sus nombres por temor a represalias, pero hay una persona que se lo dijo con todas sus letras.

Jaime Manuel Priego Olvera, jubilado del Cobaem desde el 8 de agosto de 2018, le dirigió una carta abierta que refleja lo que muchos trabajadores quisieran externarle.

“Desde que asumió el cargo, se ha venido comportando más como una persona que no tiene ni idea de lo que representa el puesto de Director General y, que al fin y al cabo, proviene de una institución (DGETI) donde no necesita enfrentar problemas pues estos ya vienen resueltos. He podido observar que usted solamente ha servido para despedir personal sin importarle la situación económica en la que se encuentran y que obviamente si eso no le ha preocupado, menos le va a preocupar pagarle en tiempo y forma al personal jubilado”, publicó Priego Olvera.

Y luego de darle a conocer la situación en la que se encuentra el personal jubilado porque no le llegan oportunamente sus pagos, el ex trabajador del Cobaem se despide con una frase lapidaria:

“Espero que este correo lo conduzca a una verdadera autocrítica de cómo ha sido su desempeño dentro de la institución y que se dé cuenta que, por el bien de la misma, usted debe renunciar”.

Obviamente no presentó su renuncia ni lo hará. Su sueldo de 64 mil pesos mensuales (según el portal de transparencia) es bastante bueno como para tirar el arpa por unos cuantos inconformes.

Además, una dirección general de una institución educativa a nivel estatal, es bastante bueno para un ex presidente de un partido político que perdió su oportunidad de demostrar que sabía gobernar y que prácticamente está acabado, tanto a nivel nacional como en el estado.

Pero la gente se sigue preguntando cómo es que Nájera Medina logró meterse al gabinete de Cuauhtémoc Blanco, sin el perfil académico necesario ni experiencia en el ramo, y con el antecedente de ser “compañero de lucha” del odiadísimo Graco Ramírez, al que le siguen buscando cualquier resquicio legal para meterlo a la cárcel.

HASTA MAÑANA.

Por increíble que parezca, la recolección, separación y destino final de los residuos domésticos (la basura) es una industria que genera millones de pesos, de ahí que las empresas dedicadas a cualquiera de las etapas antes mencionadas son capaces de cualquier cosa con tal de obtener una concesión o no perder el negocio.

Es por ello que ayer, al trascender la información de que apareció muerto en Tlalpan el ambientalista Paul Vizcarra Ruiz, lo primero que a muchos de sus amigos se les vino a la mente es que fue asesinado por interponerse en el millonario negocio de la basura. No sería la primera víctima.

Recordemos que tras la derrota de Rodrigo Gayosso como candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se vino abajo un negocio súper millonario que inició su padrastro Graco Ramírez Garrido en 2013.

La idea era concesionar durante 20 ó 30 años el servicio de disposición final de la basura de los 33 municipios del estado a la empresa Cooperativa Cruz Azul.

Según un estudio que mandó publicar el gobierno de Graco,  en Morelos diariamente se generan cerca de 2 mil toneladas de basura, lo que da un promedio de 1.10 kilogramos por habitante, de las cuales al menos el 80 por ciento tienen un potencial para reciclaje, comercialización, producción de composta o valor calorífico, esto último con la incineración de la basura en los hornos de Cruz Azul en Tula, Hidalgo.

La oferta de Cruz Azul era que parte de los recursos económicos que generen las plantas, producto de la comercialización de los residuos, se reinvertiría en un “fondo verde”, al cual los municipios podrían acceder para contar con una mayor infraestructura para el manejo adecuado de sus residuos, mientras que por la parte energética el CDR, sería aprovechado por la Cementera Cruz Azul, que cuenta con el equipo adecuado para realizar esta operación.

Al proyecto se le denominó Estrategia de Gestión Integral de Residuos del Estado de Morelos, y contemplaba la instalación y equipamiento de plantas de valorización para el tratamiento de la basura con una inversión de 141.7 millones de pesos. Cuando se fue Graco quedaron levantadas las plantas de Mazatepec, Tlaltizapán, Xochitepec y Yecapixtla, quedando pendientes las de Jiutepec y Yautepec, pero la intención era poner unas 20 en toda la entidad.

Pero tras la salida de Graco las plantas valorizadoras quedaron abandonadas y los trabajadores sin empleo.  Fiel a su costumbre, Graco firmó el convenio, cobró el billete y le dejó el paquete al nuevo gobierno, no sólo a la administración de Cuauhtémoc Blanco, sino a los presidentes municipales.

Un ejemplo de ello es el municipio de Tlaltizapán, donde se instaló la Planta Valorizadora, comenzaron a recibir la basura pero con la salida de Graco Ramírez el proyecto se paró y quedaron abandonadas cuatro mil toneladas de desechos acumulados. Según el presidente municipal Alfredo Domínguez Mandujano, se requieren por lo menos dos millones de pesos para rentar maquinaria y contratar personal.

En la misma situación se encuentran todas las plantas valorizadoras que dejó Graco Ramírez, sin olvidar que la falta de cumplimiento en su construcción de una de ellas fue motivo de denuncia penal en contra de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina.

En los últimos días Paul Vizcarra estaba pugnando por reactivar esas plantas, sobre todo porque se está formando una crisis ambiental en el estado de Morelos por la proliferación de tiraderos a cielo abierto.

“Ya es tiempo de que el gobierno estatal, federal y municipal tengan en cuenta lo que es mejorar la situación que estamos viviendo en todo el estado con una mala disposición de residuos en varios municipios, tiraderos a cielo abierto como el de Huitzilac, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, entre los más de 23 que hay en el territorio estatal”, declaró a los medios hace algunos días.

Sostuvo que la solución para esto es la separación de origen de los desechos desde casa, “ahí se debe implementar de forma inmediata, por eso es notable la apertura de la SDS que tiene interés de encontrar soluciones a la proliferación de la basura en las barrancas, ríos y calles, con el fin de disminuir el nivel de contaminación que tanto afecta a los morelenses”, decía.

Paul Vizcarra formaba parte del equipo de campaña del candidato independiente a la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y se suponía que si ganaba ésta fórmula el nuevo gobierno capitalino adoptaría el proyecto de reciclaje que proponía el ambientalista. Al no ganar Urióstegu Salgado Paul Vizcarra continuó ofreciendo su proyecto a otros gobiernos municipales y estatales.

Ayer trascendió que Paul salió de su casa desde el pasado lunes acompañado de otra persona con la finalidad de “presentar un proyecto ambiental”. No lo volvieron a ver.

Casi al mismo tiempo que la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado era compartida en redes sociales, llegaba la noticia de que el martes habían sido encontrados dos cadáveres en Tlalpan cuyas características eran similares al desaparecido y su acompañante.

“Los cuerpos de dos hombres fueron localizados este martes en el paraje conocido como ‘El Cuatillo’ en el poblado de Parres, perímetro de la alcaldía de Tlalpan. Ello, durante recorridos de investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Guardia Nacional para detectar predios irregulares y tala clandestina. Las víctimas se hallaban maniatadas y semidesnudas, junto al camino al Cerro Pelón”, decía la nota publicada ayer.

Sus familiares confirmaron por la tarde que, desgraciadamente, sí se trataba del cuerpo de Paul Vizcarra Ruiz.

Dentro de lo malo hay algo bueno: el levantamiento ocurrió en territorio de la Ciudad de México, donde se ha demostrado que cuando la Fiscalía quiere sí resuelve los crímenes, más cuando hay presión social, y allá sí sirven las cámaras de videovigilancia.

Ojalá que pronto sepamos si a Paul lo mató “la mafia de la basura” o fue una víctima más de la delincuencia común que tiene asolados a los estados de Morelos, México y la capital del país.

HASTA MAÑANA.

El domingo al mediodía, la que fuera residencia de descanso de Luis Echeverría Álvarez, hoy patrimonio de la máxima casa de estudios, fue escenario de un espectáculo inusual: el regreso de cuatro personajes que prefirieron festejar en privado su primer año de labores, en lugar de regresar a las comunidades donde les dieron el voto.

A diferencia de otros años en que cada diputado realiza su informe por separado e invita a sus representados que lo conocen perfectamente, en esta ocasión los cuatro diputados de Morena se pusieron de acuerdo y realizaron un acto conjunto (para ahorrar gastos, dicen) en el que los festejados eran conocidos para algunos, pero para otros unos perfectos desconocidos.

La gente de Cuernavaca conoce perfectamente –por ejemplo- a Alejandro Mojica Toledo, comerciante y empresario, integrante de una familia muy famosa en la capital, pero no tienen la menor idea de quién es Juanita Guerra o “quién ch… es Ambrosio Gachúz”, se escuchaba entre los presentes.

Las instalaciones de Los Belenes fueron insuficientes para dar cabida a los cientos de invitados de los cuatro diputados. Sólo quienes llegaron muy temprano pudieron agarrar buen lugar en la carpa, los demás tuvieron que soportar los rayos del sol que entraban por los costados. Otros más buscaron la sombra de los árboles y terminaron sentados en el pasto.

“Hubiera quedado bien en el zócalo o en el Teopanzolco”, se quejaba uno de los invitados. “¿No ves que no le quieren pedir frías al Cuau? No hay buena relación.  Mira que mandar a Mirna Zavala como su representante”, contestaba otro.

Y era cierto. Ahí estaban varios de los que han tenido dificultades con el gobernador del estado. Para empezar ahí estaba Yeidckol Polenvsky, quien llegó del brazo del alcalde capitalino Antonio Villalobos, mientras la diputada Alejandra Pani bajaba las escaleras ayudada por Mario Delgado, el hombre fuerte del Congreso Federal.

No podían faltar los contingentes “movilizados” (que no acarreados) provenientes de los altos de Morelos, con banda y chinelos bailando atrás de los diputados que fueron a esperar a sus invitados especiales al estacionamiento.

Todo el Ayuntamiento de Cuernavaca estaba presente, incluyendo al SAPAC. También las diputadas de Morena y los alcaldes de Jiutepec y Jojutla, Rafael Reyes y Juan Ángel Flores. Por supuesto toda la familia Salazar Solorio, y cuando decimos toda es toda.

Los discursos se hicieron eternos para los presentes, pero más que el tiempo, lo realmente tedioso fue el contenido. Todos informaron lo mismo.

Alejandro Mojica Toledo habló de las reformas constitucionales entre las que se encuentra la transformación de la cámara de diputados a través de la disminución de los salarios excesivos, la reducción del número de comisiones y la instalación de un parlamento abierto. Aseguró que en la actual legislatura ya no hay moches ni pago por evento.

Sólo dedicó un párrafo a sus actividades propias: 282 apoyos y 102 asesorías jurídicas a ciudadanos a través de su Casa de Gestión en Cuernavaca.

Por su parte la diputada Alejandra Pani Barragán, dio a conocer que desde el Congreso de la Unión se impulsaron acciones a favor de la inclusión social, la reducción de las desigualdades, y la erradicación de la pobreza. Resaltó la reforma legal que permite que padres con hijos enfermos de cáncer puedan ausentarse de sus centros de trabajo sin dejar de recibir su salario.

Juanita Guerra Mena de plano tardó más en presentar a sus invitados especiales que en informar de sus actividades como diputada. Hizo hincapié en que es la primera vez que una mujer preside la Comisión Federal de Seguridad Pública.

José Guadalupe Ambrosio Gachuz habló como si fuera el presidente del Congreso federal. Resaltó la creación del Banco del Bienestar con el objetivo de llevar a cabo la inclusión financiera para los jóvenes de 15 a 17 años, así como la presentación de la propuesta del fortalecimiento al sector agropecuario.

"Morena no es enemigo de los bancos ni de los inversionistas", aseguró el diputado José Guadalupe Ambrosio, quien afirmó, apostarán por la creación de un sistema financiero competitivo, transparente y útil para la sociedad, y recalcó que en México existen aproximadamente 50 millones de personas que no tienen acceso al crédito, por ello se reformó la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicio Financieros para la creación del Banco del Bienestar, con el objetivo de fortalecer diversos instrumentos financieros al alcance de todos los ciudadanos, en especial de los grupos más vulnerables.

Fue el menos conocido de los cuatro diputados federales que presentaron su “informe”. Quizás sea porque su participación ha sido más que discreta en el recinto de San Lázaro, o porque al concluir el periodo de campañas ya no regresó a las colonias y pueblos donde le dieron el voto. “Le dicen El desaparecido, bromeó Luis Pablo Carrillo Manjarrez, veterano periodista de la zona oriente”.

También, es uno de los pocos perredistas que logró cambiar de barco antes de que se hundiera, y que ha vivido del presupuesto público los últimos 20 años, desde que era secretario particular de un jefe de la Policía Judicial de triste memoria, después alcalde de Jantetelco por el partido Verde, diputado local por el PRD y asesor de varios Ayuntamientos hasta llegar a la diputación federal por Morena.

Tanto Ambrocio Gachúz como Juanita Guerra fueron criticados por venirse a la capital del estado, en un centro de convenciones particular (aunque lo maneje el Patronato de la UAEM) a dar un informe en el que no informaron nada propio, en lugar de comparecer ante sus representados, la gente de los pueblos de la zona oriente del estado a los que un día le pidieron el voto y ahora ya ni se acuerdan de ellos.

En el caso de Alejandro Mojica y Alejandra Pani los salva el hecho de que su informe fue dentro de su distrito o muy cerca de éste, y que han mantenido contacto con organizaciones de profesionistas y empresarios.

Ojalá que en el informe del próximo año haya más resultados propios y menos declaraciones.

HASTA MAÑANA.

Graco es corrupto pero no tiene un pelo de tonto. Un año de rascarle a todo su sexenio no ha sido suficiente para encontrar pruebas del saqueo que orquestó con su familia, ganancias que hoy lo mantienen con la vida económicamente resuelta.

El ex gobernador perredista (que hoy le anda coqueteando a Morena a través del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla) tuvo la precaución de usar prestanombres y de no firmar ningún documento que lo comprometa. Bueno, casi ninguno.

Al parecer, luego de un análisis exhaustivo, a Graco Ramírez “lo han pillado” (como dicen los españoles) en un asunto que pareciera insignificante, sobre todo comparado con todos los millones que se llevó, pero que representa –jurídicamente hablando- el único caso en el que se acreditan todas las agravantes que podrían lograr que haya un expediente penal con el nombre de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en calidad de “imputado” y que se expida la esperadísima ORDEN DE APREHENSIÓN en su contra.

La historia ya es del dominio público, y a la fecha nos seguimos preguntando qué fue lo que impulsó a Graco a solicitar un crédito para vehículo a unos días de dejar el cargo. ¿Es una burla? ¿demostración de poder? ¿realmente sí pensaba quedarse a vivir en Morelos y dar clases en la UAEM?

Nadie lo sabe, el hecho es que el 18 de septiembre de 2018 el Instituto de Crédito liberó el cheque número 0020860 por la cantidad de 600 mil pesos con el que el todavía gobernador adquirió el vehículo marca CHEVROLET, Línea TRAVERSE LT MOTOR 3.6L, PIEL, 7 PASAJEROS, Modelo 2018, CLASE 1NC56-B, Color Cuarzo Metálico.

Lo anterior, a pesar de que con fecha 03 de julio de 2013, el mismo Graco Ramírez fue quien expidió el “ACUERDO QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE EN MATERIA DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD SE DEBERÁN OBSERVAR PARA EL USO DE VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL”.

En ese acuerdo fue en el que se establecieron los términos y condiciones de aplicación para dicho crédito y que de forma dolosa y abusando de la autoridad del mismo transgredió esa norma en confabulación con el entonces Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Jorge Michel Luna y la directora del Instituto Paula Trade Hidalgo.

“De modo tal que, con base en los datos de prueba ya incorporados se advierte que los ex servidores públicos señalados como probables responsables, en el desempeño de su cargo, indebidamente otorgaron un contrato –de “Crédito para vehículo 02”- (la entonces Directora del Instituto de Crédito) y una autorización –oficio número SH/2021-8/2018- (el ex Secretario de Hacienda) de contenido económico –por $734,687.04 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100- sin causa justificada –fuera de los parámetros establecidos en el Acuerdo supra referido-,  a favor de una persona que a sabiendas de la ilicitud del acto (el ex gobernador) que promovió o solicitó la perpetración de los delitos previstos en el artículo 276, fracción I y segundo párrafo”, dice la denuncia presentada por el Instituto de Crédito ante el Ministerio Público.

“De ahí que, tal y como esa Representación Social podrá constatar, JORGE MICHEL LUNA, entonces Secretario de Hacienda y GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, entonces Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, al ser integrantes del máximo Órgano Colegiado del Instituto que represento, tenían pleno conocimiento de todo lo aprobado y acordado por los integrantes, en este caso, del contenido del acuerdo A9/SO2a/16-04-18, a través del cual se establecieron los criterios para la ejecución del diverso A16/SO4a/15-07-13, mismo que en su disposición Segunda preveía que los servidores públicos que podrían gozar del denominado “Crédito para la adquisición de vehículo 02”, serían aquellos notificados por la Secretaría de Hacienda conforme al Transitorio Tercero de los Lineamientos”, agrega.

Luego entonces, queda plenamente acreditado que los referidos ex servidores públicos, tenían conocimiento del procedimiento a seguir y qué servidores públicos podrían ser los beneficiados por el denominado “Crédito para la adquisición de vehículo 02”.

“Con lo expuesto se acredita la ilegal y dolosa conducta perpetrada por los imputados denunciados ya que como ha quedado acreditado, el ex Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, tenía el nivel 101, atendiendo al Tabulador de Sueldos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 2018, por lo que no tenía derecho al crédito aludido”, señala el documento cuya copia obra en poder de este columnista.

Sin embargo, por alguna extraña razón la denuncia no ha sido remitida a un Juez Penal no obstante que el Instituto de Crédito presentó todas las pruebas, lo que vuelve a encender las dudas acerca de que el ex gobernador dejó a las personas idóneas para quedar “blindado” ante cualquier posibilidad de ser enjuiciado.

A cambio de no molestar al ex gobernador, la Fiscalía Anticorrupción le está dando “carnita” a la actual administración, como es la judicialización de una carpeta en contra de la ex directora general de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Morelos, por los delitos de Uso de Documento Falso, Abuso de Autoridad y Fraude Procesal.

El pasado viernes 11 de Octubre, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se realizó la audiencia en la que la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 33 datos de prueba en contra de la ex funcionaria estatal que no es cualquiera, sino nada más y nada menos que la esposa del ex secretario de Gobierno, Anahí Bahena López, esposa de Miguel Ángel Colín, una de las personas más cercanas a Graco Ramírez, tan cercano que lo hizo secretario de Gobierno sin merecimiento alguno.

Anahí "N" es acusada de presuntamente presentar documentos con información falseada para obtener su "pensión dorada", ya que no reunía los requisitos para poder obtener el pago mensual del 50% de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso que se llevará a cabo este jueves en Atlacholoaya. En una de esas la convierten en la “Rosario Robles” de Morelos.

HASTA MAÑANA.

Nepotismo y misoginia son las dos palabras que se escucharon hasta el cansancio en noticieros televisivos y comentarios en redes sociales, enfocadas hacia los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Morelos, alentadas por fuerzas políticas que buscan perjudicar a determinados personajes de esos dos poderes.

Si se hiciera un análisis objetivo de lo que ocurre se llegaría a la conclusión de que no hay nada grave que no se haya visto antes en otros partidos, pero como “hay línea” para atacar, sólo se repetirán hasta el cansancio esas dos palabritas cuyo significado no muchos entienden.

Comencemos por el nepotismo. “Se conoce como nepotismo a la predilección exagerada que algunos funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, ALLEGADOS y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad”, dice la página de internet www.definiciónde.com

Bajo esa definición no se salva nadie en la presente administración ni en las anteriores. ¿Qué acaso no todos los altos funcionarios procuran tener en su equipo a “allegados” sean de toda su confianza para poder desempeñar con atingencia el cargo que les han conferido?

Todos conocemos casos de servidores públicos cuyo equipo lo ha seguido en cada encargo que tiene, desde los niveles municipales hasta llegar incluso a la esfera federal. ¿Ese no es nepotismo?

El nepotismo tiene una historia milenaria. Se cree que el concepto deriva del griego antiguo nepos (traducido al español como “sobrino”) o del emperador de origen romano Julio Nepote. En la época romana, de hecho, hubo un caso muy famoso de nepotismo, cuando Pompeyo otorgó importantes responsabilidades a su yerno Metelo Escipión (de nula capacidad en el ámbito militar) y fue denunciado por Marco Antonio ante el Senado.

Ya mucho más cerca en el tiempo tuvo lugar un caso de nepotismo muy sonado y fue el que llevó a cabo Napoleón Bonaparte. Así, este líder francés lo que hizo fue apostar por su familia para darle determinados puestos de responsabilidad e importancia. El más conocido de todos ellos fue el que le otorgó a su hermano José Bonaparte, más conocido por Pepe Botella por su afición al alcohol, al que lo encumbró como rey de España.

Hay gente que equivocadamente cree que el nepotismo es un delito, o por lo menos una causal de destitución o inhabilitación. Pero no es así.

No tener familiares bajo su mando es un ideal, más no una obligación legal. Por eso cuando se publica que alguien gobierna con familiares en la nómina, la pregunta obligada es ¿y quién no?

El pasado viernes, cuando trascendió la nota del periódico Reforma (que ha adoptado una extraña forma de hacer periodismo en los últimos meses) “Gobierna con tíos, cuñada, primo…”, de inmediato surgió un anuncio en redes sociales:

“Este lunes 14 de octubre del 2019 a las 12 horas acudiré a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción para presentar denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del estado de Morelos; lo anterior, por considerar que los hechos publicados en días pasados, relacionados con los nombramientos que ha hecho de familiares y amigos, encuadran en las conductas tipificadas por nuestro código Penal como Ejercicio Abusivo de Funciones”.

Por principio de cuentas debo mencionar que ya leí y releí el capítulo VIII del mencionado Código y no encontré cuál de los supuestos jurídicos encaja en los hechos publicados por Reforma. Con que no salga con el “vengo a denunciar probables hechos constitutivos de delito” y ahí que le busque la Fiscalía si se actualizan o no los supuestos. Eso se llama oportunismo, porque lo único que va a lograr es que hoy a las 12 estén algunos reporteros para captar el momento en que entrega el documento junto con un ejemplar del rotativo nacional.

¿Y quién es el ciudadano que hará tal denuncia? Nada menos que el que fuera responsable de la implementación de los juicios orales en Morelos durante el sexenio graquista, Roberto Soto Castor, ALLEGADO a la hoy imputada por el delito de Peculado, Hortencia* “N” (*Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial en cumplimiento al Artículo 13 del CNPP, por lo cual no publicaremos sus apellidos y su fotografía aparecerá con una franja negra en los ojos).

Resulta extraño que don Roberto se quiera aventar este paquete, pues hasta donde recordamos doña Hortencia renunció recientemente al Partido de la Revolución Democrática. Esperamos ansiosos copia de su denuncia.

El otro tema de esta semana fue el de las declaraciones en tribuna de José Casas González.

“…pueblo de Morelos así son las cosas, tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” se escucha decir al diputado José Casas González. El video dura menos de 20 segundos pero ya lleva más de 50 mil reproducciones en Twitter y contando. Seguro sale en “Las Mangas del Chaleco”.

Lo que no sale es el contexto en que se dio su declaración. El legislador independiente hizo esas declaraciones en la refriega que se armó la madrugada del viernes en la Cámara de Diputados entre los dos grupos que se disputan el poder.

Luego de que las señoras diputadas hicieran expresiones como “enano político”, “se pasan la ley por los tanates” y otras barbaridades, al chaparrito de Huitzilac lo están haciendo pedazos por haberles dicho (específicamente a las esposas de Matías Quiroz y Julio Yañez) que están en ese lugar “porque sus maridos no pudieron ser y las pusieron a ustedes”, lo cual no es una mentira.

Pero el video de los 20 segundos ya se está haciendo viral y los anti-AMLO estaban enfocando las baterías contra Pepe Casas por haber llegado al Congreso bajo las siglas del partido lopezobradorista. Pero luego se enteraron que Pepito ha estado en casi todos los partidos con registro, y que actualmente trabaja en “pago por evento”.

Por si no fuera suficiente, ayer la lideresa nacional Yeidckol Polenvsky –presente en el informe de los cuatro diputados federales de Morelos- ya dijo que Pepe Casas no es de Morena y que solito se dio un tiro en el pie.

Las redes nos hacen y las redes nos deshacen, es la máxima de la modernidad en todo el mundo, y Pepe Casas tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

HASTA MAÑANA.

Una vez más un conflicto familiar que desgraciadamente involucra a menores tiene a la sociedad morelense dividida entre los que defienden a la ex esposa y los que creen en el ex esposo. Ambas partes dicen tener la razón y están dispuestas a echar mano de todas las influencias posibles como ya lo han venido haciendo. Y como en otros casos que hemos conocido y ventilado, los que pierden son los hijos que están en medio de la disputa de sus padres.

Hablamos del pleito entre Héctor Gabriel Muzzio Arévalo y Victoria Riva Palacio Nieto, alguna vez una feliz pareja que engendró dos menores, hoy convertidos en su peor enemigo uno del otro. En medio, los jueces y magistrados que –como siempre- con unos quedarán como justos y con otros como corruptos o por lo menos como insensibles.

Así ocurrió con otros casos en que los padres decidieron ventilar su juicio en los medios de comunicación. Recuerdo bien el caso de la modelo argentina Fernanda Alio Lovera, que hizo uso de sus influencias para que un grupo de policías ministeriales entrara hasta el fraccionamiento Tabachines en busca de su hija, la que finalmente le arrebató a su padre, Gerardo Borbolla, quien a la fecha sigue denunciando el secuestro de la menor.

También, cuando el DIF estatal de Mayela Alemán y el legislador Fidel Demédicis se dieron con todo en un pleito legal por la patria potestad de unos menores, hijos de una indígena de Tepoztlán.

Ahora, Héctor Gabriel Muzzio Arévalo, profesor de artes y de nacionalidad argentina, denunció desde el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya,  que está siendo víctima de la fabricación de un delito “por encargo del exgobernador Graco Ramírez como un favor político a la familia del exgobernador Antonio Riva Palacio López”.

En un amplio reportaje elaborado por la reportera Estrella Pedroza y publicado en los espacios de Carmen Aristegui, Muzzio Arévalo relató que el  25 de octubre de 2016 a las seis de la mañana, fue detenido por un grupo de hombres, vestidos de gris, que llegaron en una camioneta obscura sin ningún logotipo y en un taxi de la cadena Citlalli.

Lo llevaron a la Fiscalía donde le informaron que estaba acusado de abuso sexual en agravio de su hijo de 10 años y su hija de 8 años de edad, denuncia que interpuso su ex esposa Victoria Riva Palacio Nieto.

El ciudadano argentino se queja de que fue llevado inmediatamente ante un juez penal y en menos de una hora, se ordenó prisión preventiva “y así inició un proceso judicial plagado de irregularidades y omisiones, en el que curiosamente se desestimó elementos importantes que mostraban que el delito y las pruebas fueron fabricados”, según escribió Estrella Pedroza.

El 20 de octubre de 2018, la jueza Yaredy Montes Rivera emitió como sentencia definitiva 38 años de prisión para Héctor como responsable de abuso contra sus dos hijos. Ante la resolución de la jueza, Héctor apeló su sentencia condenatoria ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), sin embargo, el fallo fue desfavorecedor porque incluso ordenaron incrementar la sentencia a 42 años de prisión.

Según el dicho del sentenciado, el día de su detención su mejor amiga se entrevistó con el entonces fiscal Javier Pérez Durón, quien le habría dicho que “es un favor que me pidieron de arriba, el jefe, y ya no está en mis manos”.

“De acuerdo con Muzzio Arévalo el favor lo habría pedido Graco Ramírez y su secretario de Administración Pública Carlos Riva Palacio Than, hijo del exgobernador Antonio Riva Palacio López y sobrino de Felipe Riva Palacio Guerrero, administrador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conaculta), durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, padre de Victoria”.

La mujer niega que la detención de su ex esposo haya sido por sus influencias, pero cuando se publicó el reportaje de Estrella Pedroza demostró que sí es influyente, pues no hizo valer su derecho de réplica ante la corresponsal, sino con la mismísima Carmen Aristegui, quien le abrió el micrófono en la ciudad de México.

Ahí, reconoció su parentesco con la familia Riva Palacio, pero afirmó que “el hecho de que un familiar haya sido gobernador del estado no tiene nada que ver con que se le haya hecho un delito a mis hijos, yo como madre tengo la obligación de defender a mis dos hijos y nada tiene que ver ni con Graco Ramírez ni con el ex gobernador de Morelos, Antonio Riva Palacio, y esto no es ningún favor político, las cosas se hicieron legalmente, conforme a derecho, ahí están los expedientes”.

“Inclusive dicen que fue una aprehensión ilegal y se turnó la orden de aprehensión correspondiente, se le dio aviso a la embajada argentina, a migración, siempre se cuidó el proceso legal y sin embargo, a estas alturas, no se está cuidando a mis hijos, ni físicamente ni emocionalmente ni psicológicamente ni a mí como madre y como mujer que está defendiendo a dos niños”, expuso.

 “Todos los médicos por los que pasaron mis hijos detectaron el abuso sexual“, detalló.

Reveló que desde 2012, a Héctor Gabriel Muzzio se le despidió de la escuela “La Vecindad“, de la Secretaría de Cultura del estado de Morelos, “por haber hecho tocamientos en las partes privadas de 5 niños del salón y la Secretaría de Cultura me dio ese expediente a mí, y todo esto está en el expediente”.

En un caso que pretenden comparar con el juicio a la ciudadana francesa Florence Cassez (quien habiendo sentenciada a 60 años de prisión por secuestro fue dejada en libertad “por violaciones al debido proceso), familiares y amigos de Gabriel Muzzio se están moviendo en su país natal para buscar que el gobierno argentino tome el asunto y le pida al presidente Andrés Manuel López Obrador un nuevo juicio “sin influencias”.

Se ve complicado pero una persona privada de su libertad está en todo su derecho de hacer valer todos los recursos a su alcance para obtener su libertad, lo mismo que la señora Riva Palacio en sostener sus afirmaciones. De todos modos, a los hijos producto de esa relación, ya les hicieron un daño irreversible.

HASTA MAÑANA.

Doña Alicia Martínez es descendiente de Amador Salazar, que a su vez era primo de Emiliano Zapata Salazar. Ella ha vivido toda su vida en la avenida Leandro Valle de la colonia Gualupita, donde nació Amador y repartió terrenos  a todos sus hijos, por eso es que muchas familias de esa zona llevan el apellido Salazar.

“Doña Licha” es actualmente regidora del municipio de Cuernavaca, y ayer me comentaba que se encuentra en una disyuntiva: forma parte del gobierno municipal que pretende realizar un proyecto turístico en el Parque Melchor Ocampo pero toda su familia y vecinos están en contra de que se realice cualquier modificación a este pulmón de la ciudad.

“El alcalde anda serio conmigo, pero yo no puedo traicionar a la gente que siempre me ha apoyado. Ya los Salazar que viven en Estados Unidos nos dijeron por face que qué está pasando porque les han llegado noticias de que se va a destruir el parque Melchor Ocampo”, me confió ayer previo a la ceremonia de matrimonios gratuitos que encabezó Antonio Villalobos Adán.

Me platicó que Amador Salazar nació en ese barrio siendo hijo de León Salazar y Gertrudis Jiménez. Sus antepasados le contaron que aquí llegaba Emiliano Zapata invitado por su primo.

Según los libros de historia local, en 1897 el entonces presidente Porfirio Díaz inauguró el parque con el nombre de su esposa Carmen Romero Rubio. El libro “Los compañeros de Zapata” de Valentín López González menciona que Amador Salazar se incorporó a la lucha maderista al frente de su propio grupo, operando en la zona central del estado de Morelos. En mayo de 1911 participó en el sitio y toma de Cuautla. Meses después fue uno de los firmantes del Plan de Ayala, proclamado el 28 de noviembre de ese mismo año. En 1912 luchó contra Francisco I. Madero y en 1913 permaneció en armas contra Victoriano Huerta. En abril de ese año fue miembro de la Junta Revolucionaria del Centro y Sur de la República, encargada de trazar las metas revolucionarias y de reorganizar las estructuras militares zapatistas. Obtuvo el grado de general de división del Ejército Libertador del Sur.

El 4 de diciembre de 1914 presenció, al igual que su primo Eufemio Zapata, la primera entrevista entre Francisco Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1915, durante el gobierno de la Convención, se le encomendó la dirección y puesta en marcha del ingenio de Atlihuayan. En abril de ese mismo año fue nombrado comandante de la guarnición de la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta julio, debido a la ocupación de la plaza por las tropas constitucionalistas. Murió por una bala perdida en las cercanías de Yautepec, el 16 de abril de 1916, municipio donde una colonia lleva su nombre. 

Son ellos, los descendientes de Amador Salazar y de Emiliano Zapata Salazar los que hoy están exigiendo que no se destruya nada de lo que construyó hace siglos Porfirio Díaz, ni que se tale un solo árbol del parque Melchor Ocampo, donde subsiste uno de los pocos “ojos de agua” de Cuernavaca.

Sin embargo, también cabe mencionar que ese sitio histórico y ecológico estuvo abandonado y nadie reparaba en su existencia hasta que se comenzó a hablar de la posibilidad de modificarlo.

La verdad sea dicha: el Parque Melchor Ocampo está convertido en un lugar que casi nadie visita, en primera porque está sucio y descuidado, y porque es muy peligroso transitar por esa zona a pesar de que existe una instalación de la Policía Municipal.

También consideramos injusto que haya gente que se opone a algo que todavía no conoce. Y es que el Ayuntamiento de Cuernavaca tampoco ha sido claro al informar qué es lo que proyecta poner en el Parque Melchor Ocampo.

Lo único que ha presentado el alcalde es una maqueta que a simple vista se observa que se reducirá el número de árboles, a lo que denominó el “proyecto madre” pero prometió dar una información más completa en cuestión de semanas.

Ayer, entrevistado después de la ceremonia de matrimonios gratuitos, Villalobos Adán aseguró que el proyecto del parque Melchor Ocampo de la capital del estado busca crear un centro turístico “estilo Coyoacán”.

Aseguró que el proyecto no pretende construir ninguna discoteca o restaurante dentro del parque, aunque sí reconoció que la idea es generar un espacio comercial donde puedan acudir los que no pueden asistir – por economía– a las plazas comerciales de lujo.

Informó que el proyecto tiene presupuestado 50 millones de pesos, y será la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), la que desarrolle el proyecto general. Apuntó que el dinero previsto para el proyecto deriva de los ahorros de la comuna, y que en caso de no utilizarlos en el Melchor Ocampo, se invertirán en obras de pavimentación.

“No estoy aferrado al proyecto, si contamos con el respaldo de la sociedad se hace, si no, nos vamos con el reencarpetamiento de la ciudad”, declaró en forma textual.

Y es digna de reconocerse la actitud del presidente municipal. La historia nos ha demostrado que es precisamente la cerrazón y el hacer oídos sordos a lo que dice la gente, lo que ha provocado la caída de gobernantes o el fin de su carrera política.

Pero donde también debe haber apertura y no cerrazón es en las organizaciones que ya comenzaron toda una campaña “contra la destrucción del Melchor Ocampo”, cuando todavía ni siquiera se sabe de qué se trata el proyecto. Máxime cuando esas organizaciones nunca levantaron la voz cuando el parque era un basurero y un nido de delincuentes.

Si el proyecto ofrece la reactivación de la economía local con un mínimo de afectación al medio ambiente debe tomarse en cuenta, y que opinen solamente los que saben del tema, expertos en el impacto ambiental, no los que se oponen a todo sistemáticamente.

HASTA MAÑANA.

Por lo menos el diputado José Casas González tuvo la decencia de anunciarlo como “mensaje” y no como “informe”, pero el resto de legisladores con toda desfachatez invitó a sus representados a presenciar su “primer informe de labores”, cuando –en estricto sentido- no tienen nada qué informar.

En realidad, de lo que se trata es de utilizar la partida que existe en el presupuesto 2019 dentro del rubro “gastos para informes” que contempla 100 mil pesos para cada diputado o diputada. Algunos hicieron eventos multitudinarios (lo cual no es difícil, basta con una banda y un cantante), otros en cambio, recibieron el dinero pero no hicieron ceremonia alguna. Se lo “clavaron” pues.

¿Qué informaron? Sólo ellos saben. Buscamos minuciosamente en el apartado que dice “Informes” dentro de la Información Pública de Oficio que se publica en la página oficial del Congreso, pero sólo encontramos un acta de sesión de la Comisión de Transparencia.

La prensa local dio cuenta del mensaje de Pepe Casas, que fue en el zócalo de Cuernavaca.

En su alocución, el legislador resaltó como un hecho relevante que hizo observaciones a temas como la emisión irregular de permisos para circular por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte; la falta de pago de cuotas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); la falta de transparencia de los fiscales General del Estado, Especializado en Combate a la Corrupción, de Delitos Electorales y de Combate al Secuestro y la Extorsión, además de buscar revertir las llamadas “pensiones doradas”.

Casas González precisó que “tan solo en septiembre de 2018”, mes en el que comparecieron los secretarios del anterior Gobierno, “exhibí ante el secretario de Movilidad una serie de permisos para circular sin engomado, tarjetas ni placas metálicas para taxis, los cuales de acuerdo de la legislación local vigente no se encontraban reglamentados, y por tanto, resultaban carentes de validez”.

Asimismo, detalló que solicitó información a la entonces directora del ICTSGEM, “ya que por señalamientos de la dirigencia del Sindicato del Poder Legislativo, se supo de una serie de irregularidades con respecto a las retenciones y aportaciones de las cuotas por este concepto”.

El diputado se adjudicó nueve puntos de acuerdo en los que votó a favor, entre  los que destacan que el Congreso se comprometió a apoyar a la UAEM en la búsqueda y solución a sus problemas de carácter financiero; otro a través del cual se ordena realizar las acciones legales por responsabilidades administrativas y penales contra los anteriores integrantes de la Mesa Directiva; y un acuerdo por el cual se solicitó iniciar procedimientos sancionadores, imposición de multas, juicios y acciones jurídicas contra Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín y Martha Patricia Bandera Flores.

Eso sí, cuando la asociación civil “Morelos Rinde Cuentas” le pidió que informara cuánto gastó en su evento, Pepe Casas contestó por escrito que “toda vez que (no) se trata de un informe financiero o contable, que implican posiblemente el gasto público que el Congreso del estado hubiera generado, y ya que la solicitud no precisa ni especifica si se refiere a gasto ejecutado por el Poder Legislativo o por el propio diputado con gasto de su propio peculio, le solicito requerir la aclaración al solicitante.

Por cuanto al documento, le contestó que la ley no lo obliga a entregar ese informe a ninguna autoridad.

Por cuanto a Maricela Jiménez ocurrió algo inusual: presentó un informe bajo las siglas de Movimiento Ciudadano sobre actividades que hizo siendo diputada del Partido Encuentro Social, y lo hizo mediante un video con la voz de Liliana Sámano con duración de 12 minutos y un discurso de 10 minutos en el que la mayor parte del tiempo se le fue en mencionar invitados especiales.  Fue en el centro de Yautepec el pasado 29 de septiembre.

José Luis Galindo Cortéz utilizó el Facebook para presentar videos donde una directora de una escuela de Amayuca le agradece una techumbre que gestionó el diputado, otra persona narra que prestó una maquina durante una semana, otra que entregó arbolitos para reforestar y así sucesivamente. Fue en la colonia Olintepec del municipio de Ayala el pasado 28 de septiembre.

Ariadna Barrera Vázquez presentó su “informe” en el centro de Jiutepec, donde hubo lucha libre, banda de música y chinelos. Su informe también fue presentado en video, grabado en el recinto legislativo bajo la conducción del locutor Arturo Ortíz.

“Desde tribuna, he propuesto y aprobado iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo generando políticas públicas transparentes y de bienestar”, informó.  El resto de su discurso fueron más bien buenas intenciones, promesas y agradecimientos.

El diputado local por el XI Distrito, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presentó su informe en la Plaza de la Revolución del centro de Tlaquiltenango, donde tuvo como invitado especial al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuya oficina de comunicación social difundió el evento, al igual que lo hizo con Pepe Casas, Ariadna Barrera y José Luis Galindo.

Sotelo Martínez detalló que hasta el momento, en el Congreso del estado se han presentado 194 iniciativas y 513 dictámenes, de los cuales 37 son reformas.

Entre lo más importante de la labor legislativa, mencionó: la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus municipios; el Decreto por el que las actas de nacimiento que se encuentren en buen estado, sin alteraciones y legibles tendrán vigencia indefinida y validez; decreto por el que se deja sin efecto los nombramientos por 20 años a los magistrados y la reforma que hace obligatoria la gratuidad de los estacionamientos de los centros comerciales.

La diputada panista Dalila Morales está anunciando la presentación de su informe para el próximo 19 de octubre en el zócalo de Jiutepec, pero la publicidad que está convocando al evento resalta más la actuación del grupo musical “Los Giles” que el evento político en sí.

Hay curiosidad por saber si también presentarán sus respectivos informes las mujeres  progresistas que encabeza Tania Valentina Rodríguez, y no tanto por lo que vaya a informar que sabemos es escaso, sino por conocer qué grupo musical va a traer para hacer que la gente acuda.

Porque de información tangible tendrán que informar lo mismo que Sotelo Martínez: 194 iniciativas y 513 dictámenes, muy poco para un año y 400 millones de presupuesto que ya se gastaron.

HASTA MAÑANA.

Mucho se ha hablado de la gran inseguridad que vive actualmente nuestro país incluyendo Morelos, los homicidios se han venido incrementando de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del INEGI. Homicidios principalmente llevados al cabo por grupos criminales que se disputan día a día la plaza de esta entidad, en los cuales personas ajenas a ellos han sido afectadas y en algunos casos fallecidas, datos que son reportados por las autoridades estatales y como es sabido no siempre concuerdan con aquellos presentados por los llamados organismos no gubernamentales.

Estrategias de seguridad vienen y van; desde una Guardia Nacional aun sin consolidarse, hasta mandos únicos, ahora coordinados, pero al menos a la fecha sin resultados favorables a la vista de la sociedad.

Se dice que la falta de recursos en la entidad es debido a los programas de apoyo implementados por el gobierno federal y/o que nuestro súper delegado federal “no ha bajado los recursos” correspondientes pero, según el decreto número setenta y seis en el cual se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2019 publicado en el Periódico oficial No. 5687 página 31, corresponden mil 297 millones de pesos directamente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, todo el recurso destinado al rubro de la Oficina del Comisionado Estatal, entiéndase ello que la totalidad de este se encuentra controlado por una sola persona, suponemos que es el titular de dicha dependencia.

De dicho recurso financiero, la publicación oficial No. 5687 no establece en específico cuánto está destinado a la Coordinación del Sistema Penitenciario, actual denominación asignada en el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en su artículo 5 fracción IV.

De acuerdo a diversas fuentes consultadas, el Sistema Penitenciario se encuentra a la deriva en todos los aspectos, desde una estructura organizacional y de comunicación en lucha de poderes hasta una operatividad diaria con falta de los recursos más indispensables como lo es en material de limpieza, vehículos de traslados averiados por mínimas reparaciones y detenidos por no contar con ninguna liquidez financiera para su arreglo.

Los centros penitenciarios que han logrado subsistir es por el personal que diariamente se presenta a laborar con la necesidad de conservar su trabajo resolviendo de una forma u otra los problemas que se van presentando.

Pensando de manera positiva en cómo han logrado mantenerse los centros penitenciarios, quizás sea con las utilidades de las tiendas al interior de ellos y ahora con un pequeño restaurante de comida rápida al exterior del Cereso “Morelos” atendido por el propio personal administrativo, lo cual no está dentro sus funciones.

Sí, aunque usted no lo crea, el Sistema Penitenciario también se encarga de administrar un restaurante que da servicio a los abogados y familiares de internos, o cualquier persona que acuda a ese lugar a realizar un trámite y que requiera alimentarse.

Me cuentan que es un local que se rentaba a una señora a la que todos conocían como “Doña Rebe” y que vendía gorditas y quesadillas. La sacaron de un día para otro de manera prepotente, casi como delincuente. Ella solo pagaba una poca renta.  Afortunadamente Doña Rebe regresó a su lugar frente a la entrada principal del edificio nuevo de los juzgados.

¿A dónde van a parar esas ganancias? ¿Quién controla los ingresos y egresos? ¿Qué permisos municipales y de salubridad tiene? No lo sabemos en este momento pero ya hemos hecho las solicitudes de información necesarias para que nos proporcionen la información.

De lo rescatable que hay en el Sistema Penitenciario es que el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) está trabajando conjuntamente con el Instituto del Deporte.

Suponemos que los directivos deportivos tienen realmente el interés en crear un vínculo de corresponsabilidad como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para los Adolescentes, en virtud de las continuas visitas principalmente de uno de ellos para dar pláticas motivacionales y realizar las clásicas cascaritas con los adolescentes y más aún lograr convenios con empresas privadas para donaciones, como sucedió en el mes de agosto pasado, en donde fue entregado un gimnasio al aire libre, esto en presencia del gobernador de Morelos, quien sabemos se comprometió a participar en un juego de futbol un día de estos.

Salvo eso, no hay nada positivo qué informar en el Sistema Penitenciario, lo que se verá en el informe que le presenten al gobernador para que éste a su vez lo dé a conocer a la ciudadanía. ¿Cómo van a justificar los casi mil 300 millones de pesos asignados a la CES en 2019? Por lo menos en lo que se refiere al Sistema Penitenciario lo que me dicen los servidores públicos es que no hay ni para jabón, o al menos eso es lo que a ellos les dicen.

“O ya se acabaron el presupuesto o nunca lo hubo”, comenta un trabajador que ha sobrevivido a las diferentes transformaciones del sistema carcelario, desde que dependía de la Secretaría de Gobierno hasta ahora que depende de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Lo cierto es que el sistema penitenciario es el “patito feo” de la CES, y es donde hay mayor inconformidad laboral.

Habrá que ver cómo les va ahora que los diputados aprueben el presupuesto de egresos para el 2020, porque desgraciadamente a casi nadie le importa la manutención de las personas privadas de su libertad (PPL, como se les conoce actualmente) y tampoco el personal que se encarga de cuidarlas.

HASTA MAÑANA.

La semana pasada la Fundación Gabriel García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano, hoy llamada simplemente “Fundación Gabo”, dio a conocer los cuatro ganadores del Premio Gabo, allá en Colombia.

Hoy el periodista está más desprotegido que nunca. No solamente sufre la eterna carencia de condiciones mínimas de trabajo (seguro social, infonavit, sueldo digno) sino que ahora está a expensas de los grupos fácticos de poder, como pueden ser organizaciones de la delincuencia organizada, sindicales, o bien una combinación de servidores públicos (ya sean funcionarios o policías) al servicio del narcotráfico.

La Secretaría de Desarrollo Social fue creada por Graco Ramírez en el 2012 para atender a los grupos más vulnerables de la población y puso como titular a Adriana Díaz Contreras, una militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tenía experiencia por haber trabajado en la Sedesol federal, aunque al final del sexenio fue sustituida por Blanca Almazo Rogel.

“De la moda lo que te acomoda y de la historia… lo que te conviene”, esa parecía ser la frase que aplicó el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, con respecto a la conmemoración de los 45 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 2013, su primer año de mandato.

Después de 28 años de trabajo te dan tu pensión y una cantidad de dinero que si no es la suficiente es mayor a la que pudiste haber ahorrado en toda tu vida. ¿Qué hacer con este dinero que es todo mi patrimonio? Piensas. Tras horas de cavilar decides: voy a poner un negocio que me permita vivir dignamente los años que Dios me conceda.

Le comunicas a tu familia la decisión y recibes comentarios de apoyo. “Nosotros te ayudamos, todos vamos a echarle ganas para que el negocio prospere”, te dicen.

Así, con la emoción de iniciar un proyecto nuevo comienzas a buscar local. Encuentras uno súper ubicado y tan barato que no puedes creerlo. Compras el mobiliario, le pones tu “toque personal” a la decoración. Contratas a los empleados que se suman a tu idea de hacer de ese negocio el mejor en su tipo.

Por fin se abre el negocio con su respectivo corte de listón, publicación en el periódico de mayor circulación y algo de publicidad en radio. Los clientes comienzan a llegar. Eres la persona más feliz del mundo.

Los días transcurren y la venta va en aumento. Te encierras en el privado del negocio y comienzas a contar el dinero. Haces cálculos y proyecciones. No cabe duda, le diste al clavo. 

Tu felicidad es interrumpida por uno de tus empleados. “Lo busca un señor, insiste en hablar con usted”.

Lo dejas pasar pensando en que será algún vendedor de servicios que te va a ofrecer algo para tu negocio. Su aspecto es el de una persona normal, bien vestido y con un reloj que nunca habías visto en tu vida.

“Voy a ser directo. Represento al Cártel XXXXX y vengo a preguntarle si va a cooperar con nosotros. ¿Quiere usted trato de amigos o de enemigos?”.

No sabes cómo reaccionar. En tu vida habías tratado con este tipo de personas. En balde tus justificaciones de que apenas estás comenzando y los ingresos apenas alcanzan para pagar gastos y sueldos.  El sujeto no da muestras de compasión alguna.

“La organización necesita 20 mil pesos mensuales o se lo va a cargar la chingada”, dice el sujeto antes de salir de tu oficina.

Tu cabeza es un remolino de pensamientos. Sientes que la cabeza te estalla.

¿Qué se hace en estos casos?

Recuerdas una nota que leíste en el periódico donde un comerciante al que intentaron extorsionar llamó a la Policía y de inmediato se llevaron al sujeto. Sí, hasta publicaron la foto del tipo sobre la batea de la Patrulla. Pero ya no se supo qué pasó después, quizás el denunciante fue uno de los ejecutados meses después.

Descartas esa posibilidad. De todos modos el sujeto ya debe estar muy lejos para salir a buscarlo.

“Quizás sea sólo un oportunista, un charlatán que aprovecha la psicosis que hay por las noticias acerca de que éste cártel se está apoderando de todo el país. Sí, eso debe haber sido. Seguro no volverá”, piensas.

Tratas de volver a tu rutina diaria, pero la preocupación no te deja concentrar. Niegas que te pase algo cuando tus familiares preguntan si te sientes mal. “Estoy bien”, contestas en automático. Pero no lo estas, sientes que en cualquier momento puede volver el sujeto a preguntar qué decidiste, si van a trabajar o te atienes a las consecuencias.

¿Y si aceptaras pagarle la cuota que te pide? Parece una locura pero, ¿por qué no? Quizás así le han hecho los negocios que están prosperando. En una de esas hasta te haces su amigo y vives sin preocuparte por la seguridad de tu negocio porque como les estas “pagando piso” no les conviene que te asalten. Sólo es cuestión de acostumbrarte: así como apartas una cantidad para la renta, otra para la luz, el agua, los sueldos, el IMSS, Hacienda…. pues agregas una nueva obligación. No le puedes poner “derecho de piso” o “cuota para la maña”, tendrías que buscar una denominación en clave para que tu familia no se entere.

¿Y si llega otro grupo antagónico y te mata por estarle pagando piso a éste? Mejor descartas esa posibilidad.

Abres el periódico en busca de algo que te distraiga y luego le das un sorbo a tu café, el primero de la mañana.

“Algo muy grave está pasando en Celaya, Guanajuato. Hace unas semanas se reportó el cierre de decenas de tortillerías, obligadas por bandas de la delincuencia organizada a pagar cuotas mensuales de hasta 50 mil pesos. Algo similar ha venido sucediendo con otros pequeños comercios.

“Esos hechos son suficientes para prender todas las alarmas, pero la semana pasada sucedió algo que debería obligar a ponerlas en rojo carmesí: la principal distribuidora de Ford en la ciudad cerró sus puertas, luego de ser rafagueada por un grupo de pistoleros tras negarse a pagar la extorsión exigida por la delincuencia”.

Es la columna de Alejandro Hope en El Universal, en la que propone que el gobierno federal realice acciones que manden un mensaje de que este tipo de incidentes no van a quedar impunes. Que la Guardia Nacional custodie este tipo de empresas transnacionales.

“Lo sé: todos los mexicanos nos merecemos protección. Pero creo que es necesario reconocer que, si una empresa grande y altamente visible puede ser amenazada impunemente, no va a quedar negocio seguro en el país”, dice el columnista de El Universal.

Cierras el periódico. Enjugas disimuladamente la lágrima que asoma por tu ojo derecho y ordenas a tu empleado:

“No José. No subas la cortina. Mejor háblale a tus compañeros que tengo algo qué comunicarles”.

(Como dicen en las películas: todos los hechos aquí narrados son ficticios, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia).

HASTA MAÑANA.

Apenas hablábamos en esta misma columna de la figura del diputado y lo desprestigiado que está, y cómo cada legislatura que llega lo confirma y supera en mala imagen ante la sociedad. Hoy analizaremos la figura del regidor, con casi las mismas canonjías que un legislador, pero con la ventaja de que hay menos reflectores, lo que le permite hacer muchos negocios, pero con mayor margen de opacidad.

La presión social en territorio mexicano, pero sobre todo la insistencia de la comunidad internacional, ha hecho que el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “desaparecidos” hace exactamente cinco años, no quede en el olvido. De no haber alcanzado esos niveles, “los 43” se habrían sumado a los cientos, quizás miles, de personas que fueron detenidas por agentes de corporaciones policiacas, y entregadas a grupos de la delincuencia organizada.

Le dicen “La yegua” pero en realidad es un gato de siete vidas. Noé Reynoso Nava se salvó de la muerte por cuarta ocasión en los últimos siete años, al recibir un balazo que le entró por el pómulo derecho y la salió a un lado de la oreja, pero no lesionó órganos vitales.

Ciertamente los hechos demuestran que el 90 por ciento de los homicidios dolosos que se cometen en el estado de Morelos tienen que ver con la disputa por el territorio por parte de diversos grupos de la delincuencia organizada.

El pasado viernes, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el experto en derecho laboral Víctor Manuel González Cianci apretó el botón que prendió los focos rojos de un problema que involucra a muchas empresas en Morelos y en general en todo el país.

Cuando la persona se sienta en la curul, automáticamente se transforma. Deja su identidad individual para convertirse en la vigésima parte de un ente denominado Congreso.

Durante 70 años, para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requería militar en el PRI, y la presidencia del mismo era prácticamente una designación del gobernador en turno.

Los morelenses siempre creímos que los huracanes y los terremotos “nos pelaban los dientes”. Los cuarentones recordábamos como un sueño aquella mañana del 19 de septiembre de 1985 cuando vimos por televisión a una capital del país devastada por un sismo, pero a nuestra “ciudad de la eterna primavera” no le pasó nada. Los “milennials” ni eso, eran muy niños cuando sucedió.

Hace cuatro años escribimos una columna en internet sobre la reseña que hizo un suplemento semanal de sociales acerca de la celebración posterior al grito de independencia, cuando el gobernador era Graco Ramírez Garrido Abreu.

Aquella mañana de abril del 2015, los radioescuchas no podían creer lo que estaban oyendo en el noticiero “Metrópoli” de la Súper Z: un empresario que acusaba a la Policía del Mando Único de estar coludidos con el grupo delincuencial “Los Guerreros Unidos”.

Dos votos son los que sostienen a Carmen Verónica Cuevas López en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y son dos votos los que separan de la ansiada presidencia a por lo menos cinco magistrados que añoran el puesto.

Apareció ayer en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. No se sabe a ciencia cierta si es punto de acuerdo o decreto porque se manejan ambas definiciones y dice que ha sido “dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los diez días del mes de septiembre del dos mil diecinueve”.

Se trata del “decreto 427” por el que se deja sin efectos su similar de fecha 30 de mayo del año pasado, en el que se expiden los nombramientos a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa.

En términos prácticos, es el documento según el cual la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López estaría materialmente fuera del cargo, pues ella está en el supuesto de los que ya terminaron su periodo y permanecía como magistrada gracias al regalo que les dejó Rodrigo Gayosso y la pasada Legislatura.

Sin embargo, el decreto en comento dará mucho de qué hablar todavía, y deberá pasar por muchos escritorios donde será analizado por jueces federales para evaluar sus alcances y limitaciones.

El principal argumento de Carmen Cuevas es que le aplica en su beneficio la retroactividad de la ley, al haberse materializado el supuesto que establecía que aquellos magistrados que hubiesen cumplido 14 años en el cargo, automáticamente subirían a 20 y se olvidarían del proceso de evaluación que contemplaba el marco normativo hasta antes de la reforma constitucional.

Desde nuestro punto de vista, y luego de un breve repaso del periódico que normalmente sale los miércoles pero que ahora se publicó en martes, advertimos una serie de inconsistencias y confusiones.

A lo largo de 12 páginas el autor del escrito va de un lado a otro, argumentando una cosa y otra, para finalmente llegar a la conclusión de que Carmen Cuevas debe irse.

“Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso, durarán en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional y solo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos”, dice el artículo 89 de la Constitución Local.

No obstante, con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, fue publicado el Decreto 2610 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5602, por el que se expiden los nombramientos a los Magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Tal instrumento señala que, derivado de un Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, se ordena se materialice la disposición transitoria tercera, para facultar a la mesa directiva del Congreso para emitir nuevos nombramientos de los Magistrados para que alcancen los veinte años.

“Al efecto, para desentrañar el significado en la naturaleza jurídica de los artículos transitorios, de su denominación se infiere que la función de estos artículos es, en principio, temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido”, sostiene el autor del decreto.

Pero advierte que tanto los artículos transitorios como las normas derogatorias pueden ser reformados siguiendo el mismo procedimiento por el que fueron creados, ya que se puede aceptar que quien tiene la competencia para expedir una norma, también la tiene para eliminarla del orden jurídico.

“Para abordar el tema de la autoridad, es necesario cuestionarse si los artículos transitorios forman parte o no del cuerpo normativo expedido, ya que de ello depende también su rango y hasta su posible impugnabilidad. En principio, parece lógico que si los artículos transitorios son accesorios, y su contenido es limitado, no se puede decir que formen parte del texto normativo ni que sean impugnables, ya que no establecen derechos ni obligaciones a los particulares. Pero como se mencionó previamente, esto se debe a que su función no es regular las conductas de los particulares, sino simplemente prever reglas relativas a la vigencia de la norma que se expide, por lo que en caso de establecer contenidos contrarios al cuerpo normativo al que pertenecen serían impugnables”.

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada el día 20 de junio, continuada el día 24 de junio del año dos mil diecinueve. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria. Dip. Marcos Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los diez días del mes de septiembre del dos mil diecinueve. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO”.

En los artículos transitorios se establece que el presente decreto deberá entrar en vigor al siguiente día de su publicación, es decir, hoy miércoles.

“Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”. Traducción: que revisen quienes están en el supuesto mencionado para que “les den cuello”.

Veremos si los magistrados “disidentes” ya tienen los suficientes números de votos para hacer valer el multimencionado decreto. Y vendrá la lluvia de amparos.

HASTA MAÑANA.

Lo que comenzó como una recomendación de su madre: “Hay que dejar que Rodriguito comience a foguearse en la política”, se salió de control por la avaricia del muchacho.

Marco Antonio Herrera García puede ser considerado ejemplo de un empresario exitoso. Todavía no cumplía dos años de haber creado su empresa y ya tenía firmado un contrato por más de 45 millones de pesos con el gobierno de Morelos para la venta de equipos de radiocomunicación.

En los próximos días el gobierno del estado deberá elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, un  organismo nuevo que en teoría deberá ocuparse de encontrar (vivas o muertas) a casi un millar de personas reportadas como desaparecidas en los últimos años. De entre los tres candidatos la jurista Alicia Vázquez Luna “se los lleva de calle” en preparación y experiencia. De no ser ella la elegida, se corre el riesgo de que esa institución pase a formar parte de la lista de “elefantes blancos” que sólo absorben el presupuesto sin tener una utilidad práctica.

A manera de antecedente, diremos que el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, abrogando la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de 2012.

Como consecuencia de lo anterior, en Morelos se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, con autonomía técnica y de gestión, e integrante del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El 17 de junio pasado se concretó la firma del decreto por el que se crea y regula dicha Comisión con lo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo asume la obligación que heredó en esta materia, pues aunque el 2 de septiembre de 2015 se publicó la Ley para prevenir, atender y erradicar la desaparición forzada de personas (a iniciativa de la Comisión Independiente de Derechos Humanos) ésta nunca se aplicó.

“La administración de Cuauhtémoc Blanco asume con absoluto sentido de responsabilidad la obligación que heredó en esta materia. Nos comprometimos a crear la comisión local (…), hoy en día es una realidad”, dijo el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, al encabezar la conferencia de prensa donde se dio a conocer el anuncio.

De acuerdo a la ley en referencia, la Comisión de Búsqueda se integra por un titular y por lo menos tres directores. También hay un Consejo Ciudadano que se integrará por cuatro consejeros familiares de las personas desaparecidas o no localizadas; tres consejeros ciudadanos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General (se procurará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense), y dos consejeros ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en el tema de desaparición y búsqueda de personas.

Como se podrá observar, la ley está diseñada para que la nueva institución realmente funcione y que la ciudadanía esté representada, sobre todo las víctimas. Sin embargo, una cosa es lo que dice la ley y otra lo que realmente se hace.

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el organismo creado para la reparación del daño a las víctimas de delitos, que durante un año mantuvo cobrando a cinco comisionados hasta que llegó la presidenta del DIF y dijo que ese organismo debía ser honorífico y que la única que debía cobrar era Nadxielli Carranco. Y se lo concedieron.

Sin embargo, el recurso que se supone es para la reparación del daño a todas las víctimas de un delito está fluyendo a cuentagotas, en tanto que el ente burocrático creado exprofeso se ha convertido en una carga para el estado.

Eso podría pasar también con la Comisión de Búsqueda de Personas si no se designa a la persona idónea.

Luego de un procedimiento de depuración quedaron tres personas como candidatas a encabezar el nuevo organismo que –como muchos otros- son autónomos pero dependen del Poder Ejecutivo para la operación de los recursos y del Poder Legislativo para la aprobación del presupuesto, o sea que de autónomo no tienen prácticamente nada.

Ellos son: Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vidal Medina.

Una vez que se cuenta con la información necesaria de cada uno de los aspirantes, a más tardar mañana 6 de septiembre, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda entregará la terna al  jefe del Ejecutivo estatal, ya que será él quien elija al mejor candidato o candidata, y también tendrá la atribución de removerlo.

De Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez sólo se sabe que es agente del Ministerio Público Federal, es decir, trabaja para la Fiscalía General de la República (FGR) antes PGR.

Juan Manuel Vidal Medina es licenciado en Derecho por la Universidad Loyola y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad Aztlán. Estudia dos doctorados actualmente. Toda su trayectoria profesional ha sido en la Fiscalía General del Estado, donde ha sido desde agente de la Policía, comandante del Centro de Operaciones Estratégicas hasta agente del Ministerio Público y últimamente coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Alicia Vázquez Luna es ampliamente conocida en Morelos. Trabajó muchos años en la Procuraduría de Justicia del Estado donde fue desde agente del Ministerio Público, directora de averiguaciones previas, de Control de Procesos y subprocuradora.

A la llegada de Graco Ramírez al gobierno de Morelos fue invitada a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que desempeñó hasta que el mandatario estatal quedó cautivado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra.

Fiel a su costumbre, Graco Ramírez utilizó la fama de Alicia Vázquez Luna para obtener votos (también había dicho en campaña que si ganaba la gubernatura la procuradora de justicia sería Adela Manzanarez), pero cuando ya no le servía políticamente la hizo a un lado.

Alicia se fue a trabajar al gobierno federal y actualmente se dedica a litigar. Tiene dos maestrías y va por el doctorado.

Quienes la conocen no dudan de que es la persona idónea para hacerse cargo de la nueva institución y dar respuesta a las decenas de madres que prácticamente andan “muertas en vida” al no saber el paradero de sus hijos o hijas.

HASTA EL LUNES.

En 1998, cuando la gente de escasos recursos de Cuautla llegaba hasta la oficina de la Coordinación de Desarrollo Social del Ayuntamiento, no imaginaban que aquella joven con sobrepeso que se encargaba de recibirlos y canalizarlos a las diferentes instancias de ayuda, años más tarde ocuparía el cargo de diputada local en dos legislaturas diferentes, actualmente la Senaduría  y es la mujer con más posibilidades de ser candidata a gobernadora por el Partido Morena.

Se dice que a raíz de la detención de Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, hay una recomposición de los grupos de la delincuencia organizada que están compitiendo a ver quién genera mayor terror en el círculo en el que se desenvuelven para quedarse con el poder.

Por absurdo que parezca, estudiosos de la seguridad pública y servidores públicos coinciden en que los homicidios dolosos (ejecuciones) en Morelos se incrementaron a partir de que Arturo Beltrán Leyva fue abatido el 16 de diciembre de 2009. Es decir, que la estabilidad social de nuestra entidad se fincaba en un delincuente.

La voz casi infantil de la diputada Xochiquetzal Sánchez resonó en el recinto legislativo para dar el resultado del pase de lista: “tenemos una asistencia de… (consulta a su asistente) 12 diputados, hay quórum”.

 “Llegaron en dos camionetas Suburban. Eran varios hombres y una mujer en silla de ruedas, todos ya viejitos. Me dijeron que venían de la Suprema Corte a ver los terrenos que les había prometido el licenciado Gómez Pineda, regalo del gobernador Estrada Cajigal”.

Baltasar Garzón Real es un jurista español al que las mujeres consideran muy atractivo. Fue juez desde 1981​ y magistrado del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 y​ tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España durante aquella época: crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica. Actualmente es defensor de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Hospedada en la más lujosa suite del hotel Fiesta Americana, la otrora mujer más poderosa de México, Elba Esther Gordillo, abrió su cuenta de Whatsapp en su teléfono celular, leyó un mensaje, miró su carísimo reloj y dio la orden: “vámonos, no hay nada qué hacer aquí”.

La semana pasada se dio a conocer que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cederá su registro a una nueva organización denominada “Futuro 21”, que entre sus integrantes tiene a los ex priistas Beatriz Pagés Llergo y José Narro Robles, y a los perredistas Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo. También está Gabriel Quadri y otros.

Bajo la justificación de que un proceso democrático podría echar abajo la unidad que han logrado los presidentes anteriores, la mayoría de representantes de la Confederación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) decidió nombrar como su presidente nacional al cuestionado abogado mexiquense Carlos Macedo Aguilar.

Es de humanos equivocarse y el gobierno no debería descartar una disculpa pública a los dos jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec y sobre todo a sus padres, por haberlos acusado injustamente de participar en el asalto al dinero que estaba destinado a los beneficiarios del Programa “65 y Más” en el municipio de Yautepec.

Lo anterior, luego de que se demostró ante una jueza que el único pecado que cometieron Erick Bernardo y su compañero Oscar Gerardo fue haber pasado por el lugar justo cuando acababa de ocurrir el asalto, que por cierto sigue impune.

Como se recordará, cinco o seis sujetos armados asaltaron a los encargados del programa social para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en las oficinas "La Plaza Las Américas", en San Carlos municipio de Yautepec, con una afectación económica superior a los 150 mil pesos.

El ilícito ocurrió minutos después de las 13:00 horas del 14 de agosto del 2019 a manos de delincuentes que viajaban en un automóvil Pontiac, color negro, con las placas tapadas, según refirieron las personas de la tercera edad que vieron con terror como se bajaron los sujetos con armas largas, sometieron al único policía que cuidaba y se fueron sobre los empleados de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) que estaban repartiendo el dinero.

Colocaron el dinero en bolsas y salieron corriendo para abordar el auto Pontiac que arrancó a toda velocidad con rumbo a Cuernavaca. Según el policía, además del coche también participaron los ocupantes de una motocicleta color blanco con verde.

El asalto causó indignación pues se estima que había por lo menos 300 personas de la tercera edad en espera de recibir el apoyo económico de dicho programa y se quedaron sin recibir nada en medio del temor y muchos de ellos sufrieron crisis nerviosa al pensar que pudieron haberles disparado.

Horas después, trascendió que la Policía ya había detenido a los responsables, y la gente esperaba  ver a los cinco sujetos que huyeron en el Pontiac, con todo y maletas llenas de dinero. Pero no fue así, lo que vieron fue a dos jovenzuelos “muertos de miedo” y visiblemente golpeados.

Se informó que se trataba de Oscar Gerardo, de 26 años, con domicilio en la colonia Rubén Jaramillo, de Temixco, y Erick Bernardo, de 24, vecino de la Prohogar, en el municipio de Emiliano Zapata.

Pero había algo que no cuadraba: los supuestos asaltantes eran dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec, uno de ellos recién egresado y el otro en el último semestre, sin antecedentes penales, sin vicios y miembros de dos familias de bien. Obviamente no había armas ni largas ni cortas, mucho menos maletas con dinero.

La realidad se demostraría una semana más tarde. Los estudiantes de ingeniería civil Oscar Gerardo y Erick Bernardo salieron muy temprano bordo de una motocicleta para ir hasta la ciudad de Cuautla, donde uno de ellos finiquitaría su relación laboral en una empresa pues ya tenía un ofrecimiento de trabajo más cerca y con mejor sueldo.

“Llegó a las 8:00 horas pero no tenían los documentos listos y le pidieron que regresara y tuvo que esperar hasta las 11:00 y a las 11:52 horas salió y de inmediato emprendieron el viaje de regreso. Cuando pasaron por la colonia San Carlos, había mucha gente pero no había policías o patrullas, sin embargo se dice que los persiguieron, pero la moto que conducen no es de carreras y jamás vieron que los siguieran y mucho menos que les hicieran alto. Recorrieron más de 16 kilómetros hasta la altura de La Joya, que fue cuando los detuvieron, si fueran culpables no hubieran salido por la carretera”, dijo don Bernardo, padre de uno de los jóvenes, a medios de comunicación que lo entrevistaron a las afueras del Tecnológico de Zacatepec.

El caso llegó a las manos del abogado penalista (ex agente del Ministerio Público) Said Basave Gómez, quien se encargó de recabar todas las pruebas posibles para demostrar la inocencia de los muchachos.

La principal prueba fue los propios videos del C5, donde se vino abajo la versión de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Ellos decían que nunca perdieron de vista a la moto y que la alcanzaron hasta La Joya, con el apoyo de otra patrulla.

Sin embargo, la cámara de videovigilancia ubicada en el crucero de Atlihuayán mostró que los jóvenes iban a una velocidad normal.

La realidad es que fueron los elementos destacamentados en la entrada de Jiutepec los que se percataron de la presencia de una motocicleta verde con blanco con dos sujetos a bordo y asumieron que se trataba de los asaltantes reportados vía radio media hora antes. En el video de La Joya jamás se ve que venga una patrulla persiguiendo a la motocicleta.

Aunado a lo anterior,  la defensa demostró que los jóvenes nunca se desviaron de su trayecto, desde que salieron de Cuautla hasta que llegaron a La Joya, y que estaba totalmente justificada su presencia en aquella ciudad.

Ante las evidencias, la jueza Leticia Damián ordenó su libertad por falta de elementos para procesar. Ya para ese momento, decenas de familiares y vecinos de los jóvenes encarcelados esperaban afuera de la sala de audiencias el veredicto. Entre lágrimas de alegría y bendiciones Oscar y Erick abandonaron la cárcel la tarde del miércoles.

Y del Pontiac, los sujetos con armas largas y los más de 150 mil pesos de los “viejitos” de Yautepec, nada se sabe.

Por eso decimos que el gobierno debe considerar la posibilidad de ofrecer una disculpa pública a los jóvenes y sus familias. Con eso se demostraría que no hay intención de fabricar delincuentes y que los policías actuaron en cumplimiento de su deber (aunque sí les dieron algunos golpes innecesarios). Los fiscales, por su parte, sólo continuaron con el trabajo que les dejaron los policías.

HASTA MAÑANA.

Ayer, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo inauguró el nuevo Centro de Salud del poblado de San Carlos, municipio de Yautepec. Fue un día de fiesta, con banda, chinelos y tacos de canasta para los porristas, tanto de Cuauhtémoc como de Agustín Alonso, el alcalde reelecto en julio del año pasado.

Alberto pensó  que ir a cubrir las elecciones intermedias en el estado de Nayarit sería un trabajo sencillo, nunca imaginó que sería confundido con “halcón” y que conocería en persona al ahora famoso fiscal estatal Edgar Veytia, preso en Estados Unidos por trabajar para el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La década de los setentas estaba por llegar a su fin y las desapariciones forzadas eran cosa de todos los días.

En una primera columna sobre el tema del asesinato de la niña (que hoy sabemos se llamaba Magaly) de la colonia Carolina, sosteníamos que nada hubiera evitado que se cometiera este horrendo crimen.

Noé Sandoval Morales “se pasó de lanza”, como se dice en términos coloquiales. No solamente sirvió a los intereses del gobierno de Graco Ramírez como servidor público, sino que al terminar su sexenio se dedicó a azuzar a los auténticos transportistas para que obstaculizaran el trabajo de la actual administración. Hoy está tras las rejas, como muestra de que en este sexenio no hay impunidad para nadie.

El 20 de febrero de 2012 don Alfredo llegó como todos los días a abrir su taquería.

Una de las herramientas tecnológicas que el perredista Graco Ramírez supo aprovechar muy bien para llegar al gobierno del estado en 2012 fue el “Twitter”, pues a pesar de su sexagenaria edad manejaba sus redes mejor que Amado Orihuela y Adrián Rivera. Sin embargo, las redes lo llevaron al poder, y las redes se encargaron de destruir su imagen después del sismo de 2017.

“¿Hubo descuido de los padres? Definitivamente no. Ellos estaban trabajando muy cerca de ahí y dejaron a la niña de seis años con la abuela”.

Cuando era reportero de El Financiero estaba en un grupo de Whatsapp de corresponsales de todo el país,  en el que cada quien "ofrece" la nota que tiene en su respectivo estado y el jefe de corresponsales decide si la quiere o no.

En 1994, cuando Jorge Carrillo Olea designó como procurador de justicia del estado a su amigo y abogado de cabecera Carlos Peredo Merlo, éste decidió apostarle a la capacidad de tres jóvenes abogados que ya trabajaban en esa dependencia, y a quienes colocó en áreas estratégicas de la misma: Rafael Borrego Díaz, José Luis Urióstegui Salgado y Fernando Blúmenkron Escobar.  

Cándido y Donaciano se conocían desde jóvenes y crecieron entre sembradíos y caballos de la zona surponiente de Morelos; Puente de Ixtla y Miacatlán para ser exactos.