Con esta iniciativa la Fiscalía General de Justicia “se estrena” con la facultad para proponer reformas al Congreso local. Sugiere añadir el artículo 293 quater al apartado de delitos contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos.
El artículo señala que al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o compare imágenes, audios o videos o documentos del lugar de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización, esto es, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.
La pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga imágenes de cadáveres, hasta una mitad cuando los cuerpos sean de mujeres, niñas o adolescentes y cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial se incrementarán hasta en otra mitad.
Con esa acción, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pretende dar respuesta a la andanada de críticas tras la difusión de la fotografía que muestra el cuerpo desollado de Ingrid Escamilla a manos de su pareja, lo que desató incluso disturbios callejeros.
Esta disposición entrará en vigor en cuanto se apruebe por la Asamblea Legislativa y se publique en el periódico oficial de la capital del país, y tendrá vigencia únicamente en esa fracción territorial, pero es muy probable que en los próximos días alguien en el Congreso local de Morelos realice una propuesta similar y se someta a votación de los 20 diputados.
Sin embargo, no hay nada contra los medios de comunicación, ni contra los rotativos de mostraron el cuerpo de Ingrid Escamilla, ni contra los que diariamente hacen apología del delito en territorio morelense.
Para ellos solamente hubo un “atento llamado” a evitar revictimizar tanto a quienes han sido víctimas de feminicidio, como a sus familiares cercanos.
La institución que lo hizo fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a través de un comunicado “invita a los medios de comunicación a evitar la difusión de imágenes que lesionen la dignidad humana e intimidad de las víctimas de feminicidio. La publicación de tales imágenes alienta el sensacionalismo, el morbo y hace apología de un delito cuya raíz radica en la máxima violencia de género”.
Asimismo, les convoca a que en la cobertura informativa que realicen protejan la identidad de la víctima y no proporcionen su nombre, domicilio u otros detalles que permitan identificarla a ella o a sus familiares cercanos.
De igual manera, la CNDH pide a las empresas de medios de comunicación asumir un compromiso firme en el tratamiento de la información para que se eliminen todas las formas o expresiones que carezcan de sensibilidad hacia el dolor de las víctimas, que profundicen el machismo y/o la misoginia, o refuercen estereotipos o roles discriminatorios promoviendo una cultura de legitimización de la intolerancia que afecte el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres.
“Este organismo reconoce el importante papel que los medios de comunicación han cumplido para contribuir a visibilizar la violencia de género, para sustraerla del ámbito de lo privado y colocarla en su justa dimensión: como un fenómeno social que atenta contra los derechos humanos de las mujeres.
“En virtud de lo anterior, los exhorta a profundizar su compromiso informativo con la sociedad dando cobertura a los casos de feminicidios no como hechos aislados, sino como parte de un fenómeno cuya magnitud va en constante incremento. Para tal fin, se sugiere proporcionar datos al respecto, así como información de apoyo a quienes sufran violencia de género”, concluye el boletín.
Pero, como ya es sabido, las recomendaciones de la CNDH son como “llamados a misa” que seguramente no harán mella en los medios de comunicación que lucran con el dolor humano.
Sabemos que hay quejas en asuntos internos, denuncias ante el Ministerio Público y demandas civiles por daño moral en contra del rotativo de nota roja más conocido en el estado de Morelos, pero las autoridades le tienen miedo.
Si esos procedimientos legales no han logrado hasta el momento cambiar su línea editorial, mucho menos lo hará una invitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ojalá que los diputados morelenses no se tarden mucho en hacer las reformas legales correspondientes para sancionar con cárcel a los servidores públicos que comercialicen imágenes de levantamientos de cadáveres en nuestra entidad.
También, se espera que ante los últimos acontecimientos se incluya en el “Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos y Manejo de Información de Personas Desaparecidas” que realizó el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDH-Mor), se le hagan los agregados correspondientes y se garantice el derecho humano a no ser exhibido cuando ya la persona no tiene vida.
Pero la única forma de terminar con esa vergonzosa actividad, es dejando de comprar esos periódicos que tal pareciera que están financiados por la delincuencia organizada.
Y es que mientras los grupos criminales pareciera que protagonizan un concurso a ver quién es más sádico con sus contrincantes (comenzaron con hombres, luego con mujeres, hoy incluyen niños), los periódicos de nota roja compiten por ver quién obtiene la fotografía más espeluznante.
La Constitución dice que ante la ley todos somos iguales, así que el mismo derecho que tiene Ingrid Escamilla a que su cuerpo no sea exhibido en medios de comunicación, lo tiene también el último individuo cuya cabeza cercenada fue mostrada en la portada de El Extra o El Gráfico-Morelos.
HASTA MAÑANA.
