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Estrategias

Desconocimiento y protagonismo

Jesús Castillo Jesús Castillo
Viernes, 6 Marzo
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En esta ocasión la presente columna está dirigida a quienes se dedican a la noble profesión del periodismo, ya que este viernes por la tarde está programada una importante reunión convocada por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para que los comunicadores intenten ponerse de acuerdo sobre quién nos habrá de representar en el Mecanismo de Protección para Periodistas (y defensores de derechos humanos) del estado de Morelos.

Primeramente trataremos de explicar qué es el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (ese es el nombre oficial): es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

Y es que el principal problema que tenemos es el desconocimiento de los colegas sobre la función específica de este órgano, pues algunos siguen pensando que es una instancia de apoyo al periodista, y que se debe encargar –por ejemplo- de recabar fondos cuando un compañero está enfermo o ha fallecido. No es así.

A nivel nacional el Mecanismo existe desde el 2012 en que fue publicada la Ley y está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una coordinación Ejecutiva Nacional. Cuenta con un Fondo, que según la Ley de la materia, se destina exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes.

A nivel local el gobierno de Marco Adame Castillo creo el Mecanismo de Protección a Periodistas (no incluyó a defensores de derechos humanos) mediante la publicación de un convenio, es decir, no estaba soportado en una Ley ni tampoco en un decreto. Aun así, el gobierno de Graco Ramírez lo sostuvo y sus acciones se sustentaron más bien en la voluntad de las autoridades y no en una obligatoriedad. Como no había ley, tampoco hubo fondo para medidas de protección.

El 20 de agosto del 2018 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del estado de Morelos (nótese que puso en primer lugar a los comunicadores) y estableció como objetos los siguientes:

a) Establecer el Mecanismo de Protección para Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. b) Reconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. c) Generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. d) Implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola y salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos. e) Establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Aquí se contempla la implementación de un Comité Consultivo, y el Subcomité Técnico de Evaluación. El primero integrado por dos representantes de la Secretaría de Gobierno y uno de la CES, FGE, IMIPE, SS, CEDH, TSJ, tres organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y tres periodistas.

El Subcomité estará integrado por funcionarios de las dependencias ya mencionadas y dos representantes de los defensores de derechos humanos así como “dos personas pertenecientes al foro de periodistas”.

Pues bien, del 20 de agosto del 2018 a la fecha, no nos hemos podido poner de acuerdo en quienes serán los representantes de los periodistas y mucho menos elaborar un reglamento.

Y es que el principal problema es el divisionismo que prevalece en el gremio periodístico. Somos lo más parecido a una cubeta con cangrejos, pues cada vez que alguien hace algo para avanzar, es jalado por los otros que cuestionan “¿Y por qué tu?”

Para empezar, no hemos podido resolver el dilema de quién debe convocar a la asamblea en la que se elegirá a nuestros representantes.  Sabemos que hubo una asamblea celebrada por un número importante de compañeros en la sede del SME, pero no hubo un notario público que diera fe de lo que ahí se acordó.

Cualquier intento por llegar a acuerdos de algunos compañeros se vio frustrado por “tuitazos” de que “ellos no me representan”, así que al gobierno no le quedó otra que publicar una convocatoria como lo establece la ley: a través de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y en cuatro periódicos de mayor circulación.

Aun así, no faltó quien tomara esa convocatoria como una “intromisión” y un intento por controlar al gremio.

Ojalá que acuda el mayor número posible de comunicadores, primero para que sepan de qué se trata y en segundo lugar para que opinen y decidan el mecanismo para elegir a nuestros representantes.

Todos sabemos que nadie está exento de sufrir una agresión, ya no solamente por desempeñar una actividad peligrosa de por sí, sino por la inseguridad que afecta a toda la población. Y ciertamente cuando alguien te quiere hacer algo de muy poco sirven los escoltas o los vehículos blindados, pero si ya está contemplado en la ley pues hay que conocerlo para saber qué hacer en caso de que ocurra.

Pero sin protagonismos.

 

HASTA EL LUNES.

 

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