Los detractores de actual gobierno federal “pusieron el grito en el cielo”: “La 4T va a dejar salir a los delincuentes de las cárceles!”. La simple idea de que violadores y homicidas salieran en tropel de las cárceles para ir a buscar a sus acusadores provocaba la indignación de cuanta persona escuchaba la especie.

Pero no es así. El decreto de Amnistía (del griego amnestia, que significa perdón y olvido) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles y no aplica para todos los delitos.

“Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

1. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando:
2. a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;
3. b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido;
4. c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo;
5. Por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción I de este artículo;

III.    Por los delitos contra la salud a que se refieren los artículos 194, fracciones I y II, 195, 195 Bis y 198 del Código Penal Federal, siempre que sean de competencia federal, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando:

1. a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito;
2. b) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior;
3. c) Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta;
4. Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura;
5. Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, y
6. Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Como podrá observarse, es un mecanismo para dar justicia a muchas personas que están privadas de su libertad injustamente. Todos sabemos que en la cárcel no están los que cometen delitos, sino los que no tienen para pagar un buen abogado que los defienda.

Los delincuentes “de cuello blanco”, andan disfrutando de lo que se robaron mientras sus abogados tramitan amparos para garantizarles la impunidad. Una muestra de ello es Javier Duarte, a quien seguramente en algunos meses veremos en libertad y hasta devolviéndole algunas de sus propiedades.

Entrevistado respecto a la aprobación de la Ley de Amnistía, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas dijo que falta tiempo para que sea decretada y entre en vigor la norma, pero ya trabajan en el análisis sobre los alcances de la nueva legislación.

“Además, ya iniciaron la revisión de los expedientes de presos en Morelos, para determinar quiénes podrían ser beneficiados con dicho marco jurídico”, dice la nota de la compañera Tlaulli Preciado.

Una vez más se equivoca el funcionario. La ley se publicó el miércoles y entró en vigor ayer. Y no, no tendrá intervención alguna el gobierno estatal.

El Ejecutivo federal integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, en los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los ya mencionados líneas arriba.

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los procedimientos que determine la comisión.

La solicitud de amnistía será resuelta por la comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma.

Quizás Pablo Ojeda pensaba que a través de los defensores de oficio (que dependen de la Secretaría de Gobierno) podría “palomear” la lista de aspirantes a beneficiarse con la amnistía. Y qué bueno que no sea así, pues entre los defensores públicos hay inconformidad porque dicen que cuando hacen bien su trabajo los corren.

HASTA EL LUNES.