Desde tiempos inmemoriales el pueblo de Ocotepec se rige por usos y costumbres, y cada vez que alguna corporación policiaca se mete a su territorio los elementos son detenidos en la Ayudantía Municipal y sólo los sueltan cuando alguno de sus superiores acude a pedir disculpas al pueblo.

El pasado fin de semana autoridades municipales y estatales llevaron a cabo un operativo en la Plazuela del Zacate, revisaron todos los “antros” pero el único que clausuraron fue el “Bar Eclipse”, supuestamente por encontrar a menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes.

El 15 de marzo de 2009 ocurrió un accidente automovilístico en el que se vio involucrado Diego Raúl Hernández Carreto, hijo del entonces secretario particular del gobernador Marco Adame Castillo, José Raúl Hernández Ávila, quien también fue alcalde de Cuernavaca y fundador del Partido Acción Nacional en Morelos.

Uno de los anuncios más espectaculares de Graco Ramírez Garrido Abreu el día que tomó posesión como gobernador de Morelos fue que todos los lunes en la mañana se realizaría una reunión en la Zona Militar para evaluar las cuestiones de seguridad en la entidad, cónclave al que asistirían los titulares de la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Tribunal Superior de Justicia, así como los representantes de la SEDENA, PGR, CISEN y Policía Federal. Ah, y el secretario de Información y Comunicación Social.

El pasado martes abordamos en este espacio el tema de “La Ronda de Ocotepec”, un cuerpo “para-policiaco” que primero se dedicaba solamente a dar vigilancia a ese pueblo, pero que a últimas fechas ya está sustituyendo también a la Policía Vial, que tiene su propio corralón y servicio de grúas, y que tiene “jurisdicción” hasta la avenida Paseo del Conquistador.

A nadie le queda duda que Graco Ramírez Garrido Abreu sigue presente en Morelos. Con los avances tecnológicos lo que menos necesita el ex gobernador es estar físicamente en la entidad que saqueó a más no poder durante los últimos seis años. Como un brujo con su bola de cristal, “Grácula” observa a diario lo que hace o deja de hacer su sucesor, y a través de muchos funcionarios que permanecen enquistados en la nómina, se encarga de ponerle “piedritas” en el camino.

Martes 16 de julio por la tarde. Avenida Paseo del Conquistador, colonia Maravillas, CIUDAD de Cuernavaca. Una señora de 56 años a bordo de su vehículo le pegó a un coche que estaba estacionado frente al Hotel María Julia. Nada de cuidado. Sólo daños menores a cinco mil pesos.

La aparición del abogado Oscar Díaz Gómez, primero como abogado del Ayuntamiento de Cuautla y ahora como representante legal o coadyuvante de la empresa, fue lo único que faltaba para terminar de ensuciar un asunto que apesta a corrupción de principio a fin, y que marcará el trienio de Jesús Corona Damián como presidente municipal.

Quien o quienes sean los propietarios de la empresa SERVICIOS Y DISEÑOS EMPRESARIALES CALIFICADOS S.C. deben comenzar a preocuparse, pues hay una investigación en su contra por no haber comprobado cuál fue el producto o servicio que le proporcionaron al gobierno de Graco Ramírez, pero más preocupados deben estar el ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna y varios de sus colaboradores porque fueron ellos los que autorizaron una gran cantidad de pagos hasta completar un poco más de 26 millones de pesos por “capacitación”.

El padre Juvenal Candia Mosso, quien oficia misas en el municipio de Tlapa de Comonfort, pensó que el asistir a una congregación de sacerdotes en la “Ciudad de la Eterna Primavera”, Cuernavaca, le serviría para olvidarse de la violencia que azota al estado de Guerrero. El Congreso de Pastoral Penitenciaria sería dentro del Seminario San José y luego lo trasladarían en un radiotaxi “de confianza” a una casa donde le darían hospedaje, así que no había nada qué temer.

Este lunes, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, informó que Federico Rivas Valdez dejó la subsecretaria Operativa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y en los próximos días esperan su relevo. Aclaró que no se trata de una destitución, sino de una rotación por parte de la Secretaría de Marina, a donde pertenece el capitán Rivas.

A sus once años Cristian no alcanzaba todavía a comprender lo que estaba pasando y su papá le hacía creer que no estaban secuestrados, sino escondidos mientras se daban las condiciones para seguir el viaje a Estados Unidos. Habían recorrido tanto que un nuevo traslado en una camioneta a altas horas de la noche por terracería no le resultaba para nada extraño. Después de que los bajaron, sólo sintió un dolor agudo en el cuello y luego mucho sueño. Se recargó en su padre y perdió el conocimiento.

Cuando despertó en la cama de un hospital pensó que la pesadilla había terminado como le decía a cada rato su padre y que estaba en la Unión Americana. Cuando pudo hablar preguntó por su papá Rudy, pero nadie se atrevió a decirle que él sí había muerto, desangrado por la herida que le hicieron en el cuello sus secuestradores.

La fotografía (cuyo autor se desconoce) dio la vuelta al mundo. Un hombre adulto tirado boca arriba, sobre matorrales con el cuello sangrante, y encima de él un niño que también sangraba del cuello.

Alguien dio aviso al 911 y llegó una patrulla. Grande fue su sorpresa al notar que el niño todavía respiraba, por lo que llamaron a los paramédicos y una ambulancia lo llevó al hospital más cercano, el general de Cuautla. Era la mañana del seis de julio del 2019.

Una nota de la Cadena Univisión fue la que hizo que se prendieran los focos rojos y que las autoridades buscaran darle el mejor trato posible y al otro día fue trasladado al Hospital del Niño Morelense, en Emiliano Zapata.

La cercanía de la noticia de un padre y su hija ahogados en el río Bravo fue lo que hizo que la tragedia de Cristian y su padre llegara a los noticiarios más importantes de habla hispana.

“Asesinan a migrante guatemalteco en México. Su hijo fue encontrado vivo abrazando el cadáver”, tituló la cadena Telemundo la nota sobre el deceso.

“Niño migrante estaba aferrado al cadáver de su padre cerca de la frontera con EU”, publicó “El Heraldo”.

Ni lo estaba abrazando, ni  estaba aferrado a su cadáver, ni Cristian tiene 10 años. La realidad es que es bastante alto y más bien parece un adolescente, pero el amarillismo con que los medios manejan este tipo de noticias ayudó a que hubiera mayor presión social.

Hoy se sabe, que fue el 23 de junio cuando los hermanos Rudy Arnoldo y Luis Arturo, provenientes de Guatemala a donde habían salido un mes antes, quedaron de verse con un sujeto de nombre Javier “N”, quien los llevaría a los Estados Unidos de Norteamérica, trasladándolos de manera inicial a un domicilio ubicado en el Municipio de Tepetlixpa en el Estado de México, en donde las mantuvieron privados de la libertad.

Con la colaboración de otras dos personas, los mantuvieron en dicho domicilio en tanto contactaban con familiares en los Estados Unidos a quienes solicitaron el pago de un rescate a cambio de no atentar contra su vida.

A inicios del mes de julio, recibieron depósitos bancarios en el estado de Morelos y otras entidades federativas, mismos que cobraron otras personas relacionadas con el caso y fue el 5 de julio por la noche cuando las víctimas fueron sacadas del domicilio donde los tenían retenidos.

Los presuntos responsables llevan a Luis Arturo de 39 años y Bayron de 17 años de edad, a una zona boscosa en el área de Amecameca, Estado de México, en donde los dejan abandonados con una lesión a la altura del cuello producida por arma blanca, siendo localizados por las autoridades y trasladándolos para su atención médica a un centro hospitalario de la región.

En tanto, a Rudy de 37 años y su hijo Cristian los trasladan al municipio de Ocuituco y es el 6 de julio con la luz del día cuando son localizados sobre la carretera local Yecapixtla-Cruz de Lima a la altura del paraje conocido como Puente Negro. El adulto falleció y el menor fue rescatado con vida.

Ayer, el gobierno de Morelos informó que tras el levantamiento del cadáver, la Fiscalía Regional Oriente, a través de la Unidad de Atención Temprana y Control de Detenidos, encabezó las acciones e investigaciones a cargo de la Policía de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes recabaron los indicios en el municipio de Ocuituco, iniciando las entrevistas y la integración de la Carpeta de Investigación Correspondiente.

“Derivado de la coordinación con las fiscalías y procuradurías de todo el país, se giraron los oficios de colaboración que permitieron a elementos de la PIC realizar la ampliación de la investigación en Municipios del Estado de México; en Amecameca para entrevistar a los lesionados y en el de Tepetlixpa en donde se localizó el domicilio en donde se mantuvieron privados de la libertad las cuatro personas.

“Con los elementos obtenidos, el desarrollo de retratos hablados y la identificación de presuntos responsables, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de delito de secuestro agravado.”

Agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Región oriente, cumplimentaron el mandamiento judicial en la Calle Paulino Martínez esquina Emilio Gómez Vázquez de la Colonia Francisco I. Madero del Municipio de Cuautla, en donde aprehendieron a Telesforo “N” de 44 años, habitante del Municipio de Ocuituco, Javier “N” de 42 años y Guadalupe “N” de 39 años de edad, ambos habitantes del Municipio de Tepetlixpa, Estado de México, a quien se les aseguró un vehículo de la Marca Chevrolet tipo Tahoe de color café, con placas de circulación MHV-6301 del Estado de México.

Los tres detenidos fueron ingresados a la Cárcel Distrital de Cuautla, en donde quedaron a disposición del Juez que conoció de la causa y definirá la situación jurídica de los imputados por el delito de secuestro agravado. Inexplicablemente no les están imputando todavía el intento de homicidio de los tres sobrevivientes y el homicidio en agravio del papá de Cristian.

Si aportan los elementos necesarios y convincentes que demuestren que estas tres personas sí son los responsables de las lesiones de los tres ya mencionados y el homicidio de Rudy Arnoldo, la Fiscalía Regional Oriente quedará en inmejorables condiciones ante la ciudadanía que está ávida de buenas noticias.

¿Por qué razón fueron abandonados en el bosque con una sola cuchillada en el cuello en lugar de cerciorarse que hubieran muerto como lo habría hecho cualquier otro grupo delictivo? Es una de las preguntas que está pendiente de contestar y serviría para un estudio de criminología sobre estos sujetos a fin de definir si con esto buscaban “ayudarles” (como ocurrió en el caso de tres de los cuatro); o más bien era para que murieran lentamente.

HASTA MAÑANA.

Con la salida de “los minions” (diputados leales a Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso a los que obligaban a usar chalecos amarillos) y demás integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura Local, para ser sustituidos por 20 nuevos legisladores –en su mayoría mujeres- la expectativa de cambio era muy alta.  Lamentablemente el triste espectáculo que están dando desde hace algunos días echa por tierra las esperanzas que tenía la ciudadanía de contar con un Congreso productivo.

Recientemente apareció en un periódico matutino un publi-reportaje sobre el Sindicato Libertad, en el que su fundador y líder principal, Hugo Bello Valenzo, muestra una faceta casi heroica de esta organización que está creciendo a pasos agigantados por todo el país. Pero, como dijera Andrés Manuel López Obrador, “nosotros tenemos otros datos”.

El colmo de la masacre de Temixco, donde murieron dos menores de edad, fue que la Fiscalía General de Justicia que encabezaba Javier Pérez Durón (sobrino de Graco Ramírez) puso en calidad de víctimas a los policías que realizaron el operativo y aplicó todo el peso de la ley a los familiares de los hoy occisos, acusados de atentar contra la vida de los servidores públicos. Cinco hombres, una mujer y un adolescente fueron detenidos, pero a la fecha todos están libres.

La buena: la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que los hechos ocurridos en Temixco el 30 de noviembre de 2017 no fueron un enfrentamiento sino una masacre por parte de la Policía del Mando Único que encabezaba Alberto Capella Ibarra.

El 17 de mayo de 2019, justo cuando la magistrada presidenta rendía su último informe de labores, el magistrado Jorge Gamboa Olea subía el siguiente mensaje en su cuenta de “Twitter”: “366 días, 0 horas, 0 minutos y  0 Segundos, se convertirán  en una verdadera esperanza, cuenta regresiva: 8784 horas; 527.040 minutos; 31.622.400 segundos…”.

Efectivamente, es el tiempo que faltaba para que termine el periodo de la controversial magistrada Carmen Verónica Cuevas López al frente del Poder Judicial del Estado de Morelos, y es también el tiempo que tienen los 18 integrantes del Pleno para elegir a su sucesor(a).

Como ya es tradición, faltando un año comienza el cabildeo de quienes aspiran a presidir el TSJ para tratar de conseguir el mayor número de votos entre sus compañeros, y para ello hacen uso de todo tipo de recursos, principalmente la promesa de bonos económicos, plazas para sus familiares, cargos, vehículos, choferes, etc.

Pero también incluye la guerra sucia para tratar de sacar de la jugada a sus adversarios peligrosos. Y en esta ocasión, con el uso del Internet, se espera una lucha encarnizada por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que implica el manejo de un presupuesto de más o menos 500 millones de pesos y más de mil plazas.

La conformación de un órgano colegiado que vendrá a sustituir al Consejo de la Judicatura se ha convertido en la “manzana de la discordia” y al mismo tiempo ha servido para clarificar quién está con quien en esta carrera por la presidencia.

Primero fue un documento firmado el 24 de enero pasado por los magistrados Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Andrés Hipólito Prieto y la ex presidenta Nadia Luz María Lara Chávez, en el que se oponían a la designación de jueces por parte de la llamada “Comisión Transitoria”.

Luego se les unieron Rocío Bahena, Ángel Garduño y Bertha Rendón, al no lograr que la primera fuera designada como representante de los magistrados en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Ya en los últimos días, al firmar un documento en el que le solicitan a Carmen Cuevas convocar a sesión de pleno para tratar ese tema, se “destapan” todos los magistrados que estarían en contra de la actual presidenta: Jorge Gamboa, Norberto Calderón, Nadia Lara, Bertha Rendón, Juan Emilio Elizalde, Andrés Hipólito, Ángel Garduño, Rocío Bahena e Iván Arenas. Exactamente los mismos que le hicieron vacío a la presidenta en la ceremonia oficial por El Día del Abogado.

Le siguen siendo leales: Elda Flores, Manuel Díaz Carvajal, Carmen Aquino, Valentín López, Idalia Franco, Miguel Ángel Falcón, Rubén Jasso y Leticia Taboada. Ocho magistrados, que con el voto de la presidenta pondría el escenario (para cualquier cosa) en un empate nueve contra nueve.

Lo más irónico es que en el grupo “anti-carmen” se juntaron magistrados que alguna vez fueron antagónicos, o que provienen de ideologías políticamente opuestas (una ex candidata del Partido Verde; la esposa del presidente estatal de Morena, ex funcionarios panistas, etc), pero que hoy encuentran coincidencias. O conveniencias.

Bueno, no hay que olvidar que Carmen Cuevas llegó a la presidencia con el apoyo de varios de ellos, pero a las primeras de cambio rompieron. “Carmen no cumplió”, se quejaron ellos. “Querían intervenir en todo”, se justifica ella.

El hecho es que hoy el TSJ está dividido. Son 16 magistrados que tienen derecho a voz y voto. Los casos de Norberto Calderón y Leticia Taboada son cuestión de interpretación, pues ambos provienen de la desaparecida Sala Auxiliar. De todos modos hay uno por cada bando, es decir, siguen empatados.

Sin embargo, un solo voto puede cambiar el escenario. Todo depende de que la presidenta convenza a uno de sus contrincantes o los disidentes se jalen a alguno de los que están con Carmen Cuevas.

Esto va a ocurrir cuando tengan que decidir a quién van a mandar como candidato a la presidencia. En el bando de “los disidentes” quiere Andrés Hipólito, Jorge Gamboa, Juan Emilio Elizalde y ahora Rocío Bahena.

En el bando de los institucionales sobresale Rubén Jasso como el más viable. Ha sido paciente y disciplinado.

Ganará aquel que logre conservar los votos del bando al que pertenece y conquiste uno o dos votos del contrario. Aunque también ha habido casos de magistrados que ni siquiera la buscaban, pero que ante el encono que había entre los dos grupos antagónicos tuvieron que optar por una tercera opción. Así llegaron Ricardo Rosas y Miguel Ángel Falcón.

Aunque en el proceso de elección del Tribunal Superior de Justicia sólo votan los magistrados, los otros dos poderes suelen meter las manos para tratar de influir. Los diputados hacen recomendaciones y algún gobernador ha llegado a telefonear directamente para sugerir a tal o cual magistrado.

Ya mencionamos en alguna ocasión el caso del candidato a gobernador que logró convencer a los magistrados que él sería el ganador de la contienda y que quería que la presidenta fuera tal magistrada. Le creyeron y votaron por su recomendada, pero él perdió en las votaciones y nunca fue gobernador.

La historia nos demuestra que ha habido titulares del Poder Judicial que prácticamente han entregado la institución al gobierno en turno. Otros se han enfrentado abiertamente tanto a diputados como a gobernadores. Y  asimismo les fue. 

Lo ideal sería que hubiera una relación cordial pero respetuosa, sin sometimientos pero también sin enfrentamientos que repercuten casi siempre en la asignación del presupuesto. Y lo que menos queremos en este momento son más instituciones peleadas cuyos titulares utilizan el erario para hacerse guerra sucia.

HASTA MAÑANA.

Marco Lara Klahr es como el “apóstol de la ética periodística” en México y desde hace tiempo recorre el país hablando sobre la necesidad de cambiar la forma de hacer periodismo. Después de escucharlo una hora (como ocurrió el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia), los periodistas casi queremos pedir perdón por lo que hemos hecho durante todos estos años y “colgar la grabadora” para no volver a escribir.

Imagínese que después de aprender a cubrir los acontecimientos noticiosos con lo que escuchamos de nuestros jefes en las diferentes redacciones donde laboramos, alguien llegue y nos diga que todo eso que hicimos estuvo mal, y que hay algo que se llama “deontología profesional” según la cual debemos regirnos por el respeto a los derechos humanos.

Y es que para Marco Lara Klahr no basta con ponerle una raya negra que le cubra los ojos a los detenidos, ni una leyenda de que “ésta persona es inocente mientras no sea declarado culpable por la autoridad competente”. En estricto cumplimiento de la ley, ninguna persona detenida tendría que ser exhibida en los medios bajo ninguna circunstancia, pero entonces ¿cómo van a justificar su trabajo las autoridades encargadas de perseguir el delito?

En los últimos días hemos caído en el absurdo de cambiar el nombre de Hortencia Figueroa Peralta por el de “Hortencia N” y cubrir sus fotografías con una franja negra, lo mismo que a Beatriz Vicera Alatriste, hoy “Beatriz N”. Para botarse de la risa: el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeat fue durante varios meses “Topiltzin N” para la Fiscalía Anticorrupción.

Para Marco y su “Nuevo Periodismo Judicial” también está mal que se diga que Javier Duarte es un delincuente o que Juan Collado es lavador del dinero de Carlos Salinas de Gortari aunque lo estén acusando de ello.

Está mal que se le pongan adjetivos a los sujetos, que se haga mofa de sus defectos físicos y que se haga escarnio de lo que le haya ocurrido. ¿Entonces de qué vamos a escribir los periodistas de opinión?

Después de escucharlo uno llega a la conclusión de que para que haya una nueva forma de hacer periodismo debe haber lectores que comulguen con ese nuevo paradigma, donde ya no se busque la foto más explícita ni la crónica más detallada del acontecimiento. ¿Se imaginan a El Extra o El Gráfico sin fotos?  Simplemente ya no los comprarían.

Es necesario que haya una verdadera conciencia ciudadana sobre el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, y que las empresas de comunicación renuncien a la competencia por vender más, es decir, dejar atrás las cabezas amarillistas en sus primeras planas.

En lo que respecta a la nota roja, definitivamente no le vemos otra salida que su desaparición, o por lo menos, eliminar las fotografías tanto de personas fallecidas como detenidas.

Sin embargo, al mismo tiempo que los medios de comunicación se van mesurando en sus gráficas, las redes sociales (específicamente el Twitter) dejan cada vez menos a la imaginación. ¿Cuál será el resultado? Lo sabremos en los próximos años.

El tema es interesante y se reconoce la intención del Tribunal Superior de Justicia a través de la Escuela Judicial que dirige el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega de fomentar este tipo de debates, pero también el Poder Judicial debe admitir que no está a la altura en lo que se refiere al principio de máxima publicidad que establece el nuevo sistema de justicia penal, como lo hizo notar el colega Carlos Quintero durante su participación en la Mesa de Debate.

Debe haber un compromiso de ambas partes por mejorar en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, La Unión de Morelos fue pionero en la cobertura de juicios orales cumpliendo con la mayoría de especificaciones que establece Lara Klahr en su Manual. Falta que los demás periódicos hagan lo propio.

Y ya que hablamos de periodistas, ayer fue presentada en primera lectura la Ley para el Desarrollo y la Protección de los Periodistas del Estado de Morelos en el Congreso Local.

Entre las cosas novedosas viene la creación del Fideicomiso de los Periodistas de Morelos, donde los beneficiarios o fideicomitentes serán los Periodistas, el Fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, como proveedor de los recursos públicos que integran los fondos a los que se referirá́ la Ley y como Fiduciario, la Institución Financiera que mejores condiciones ofrezca para la constitución y administración de dicho Fideicomiso.

La iniciativa que se presenta propone que el gobierno del Fideicomiso quede a cargo del Comité Técnico, órgano en el cual participará como servidor público el Secretario de Hacienda, como responsable de la asignación y comprobación de los recursos públicos que maneje el Fideicomiso, que tendrá́ el carácter de Secretario del Comité́ Técnico. Las atribuciones y responsabilidades de los miembros de este Comité́ serán determinadas por el Reglamento que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo, en plazo de 90 días a partir de la promulgación de esta Legislación.

“Con esta definición legislativa se busca cancelar cualquier intento presente o futuro, que pudiera condicionar los beneficios o apoyos sociales para los periodistas, a cambio de prebendas o amenazas al libre ejercicio periodístico.

“De igual forma se cumple con el propósito de brindar al gremio periodístico de Morelos, prestaciones sociales que compensen el riesgo en la profesión y aquilaten su compromiso con una sociedad informada de manera veraz y oportuna, y al mismo tiempo subsanen algunos de los rezagos sociales que por años ha padecido el gremio”, dice en sus considerandos la iniciativa que fue presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez seguramente con muchos apuntes de su asesor Javier López Sánchez, ex coordinador de asesores y comunicación política en el gobierno de Marco Adame Castillo.

Sería injusto descalificarla “a priori”. Se requiere un análisis a fondo, sobre todo porque propone que el fideicomiso se integre con el 10 por ciento del presupuesto anual que el gobierno estatal pretenda gastar en publicidad oficial.

HASTA EL LUNES.

Eran las 5:35 de la madrugada de aquel 12 de julio del 2017 cuando la Dirección de Protección Civil del Estado recibió una extraña solicitud de auxilio: una mujer aseguraba haber recibido una llamada telefónica de su novio, quien estaba atrapado en su coche, dentro de un “hoyo” que se había abierto repentinamente en la autopista, a la altura del Conalep.

Al acudir al lugar indicado encontraron que, efectivamente, había un enorme socavón en uno de los carriles de alta velocidad. La operación de rescate obligó a cerrar totalmente los diez carriles del llamado “Paso Exprés”, inaugurado apenas tres meses antes por el presidente de la República.

Eso tuvo como consecuencia que, a las siete de la mañana, la fila de vehículos llegara hasta el municipio de Temixco hacia el sur, y hasta el Seguro Social hacia el norte.

Juan Mena Romero de 33 años y su padre, Juan Mena López de 65 años de edad, eran los que viajaban a bordo del vehículo Jetta de color gris de la marca volkswagen que cayeron a este socavón ocasionado por el ablandamiento de la tierra derivado de las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana pasado.

En un principio, este hoyo tuvo un diámetro de 3 metros de ancho y una profundidad de 15 metros, pero al paso de los minutos comenzó a expandirse hasta alcanzar una apertura de poco más de 10 metros, y después, con maquinaria pesada abrieron unos metros más.

Desde los primero minutos en que se reportó el accidente, la dirección de Protección Civil del Estado de Morelos y del municipio de Cuernavaca, detuvieron la vialidad y acordonaron la zona para evitar que ocurriera un colapso total de los carriles.

 A partir de ese momento comenzaron a utilizar grúas y drones para la ubicación de las personas. Los elementos de la Cruz Roja y bomberos de la capital morelense trataban de llegar al fondo del hoyo, pero los trabajos eran en vano, ya que la tierra estaba completamente suelta y eso provocaba el riesgo de que se hundiera.

Aproximadamente a las 9:40 horas, decidieron utilizar dos máquinas para abrir más el socavón y retirar el exceso de la tierra que no permitía que los trabajos se realizaran de la mejor manera. De acuerdo a las autoridades, se extrajeron más de 100 metros cúbicos de tierra.

Minutos más tarde, arribó a la zona del desastre el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, a supervisar los trabajos, pero a su llegada, los vecinos comenzaron a gritarle palabras como: “asesino", "estas muertes quedarán en tu conciencia", "renuncia", entre otras más.

Al hablar con unos de los vecinos de Chipitlán y preguntarle por qué este tipo de gritos contestó: "estamos enojados con el delegado y los que realizaron esta obra, porque desde estaban ampliando la pista les advertimos que tenían que tomar medidas de precaución porque iba a ocurrir un accidente. Hace un mes les volvimos a decir que con las lluvias y el escombro que dejaron iba a ocurrir un derrumbe y tampoco nos escucharon, y ahorita estamos viendo este socavón, y lo sentimos por las familias de las personas que están adentro atrapadas".

Asediado por los medios de comunicación, Alarcón Ezeta se deslindó de este socavón y aseguró que no presentaría su renuncia. 

Pasaban las horas y las autoridades no daban información acerca del avance de los trabajos de rescate de estas personas. Fue hasta las 14 horas cuando las maniobras se intensificaron ante la llegada del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, quien fue inmediatamente rodeado por los reporteros.

"Se determinará quienes son responsables, si hay alguna responsabilidad de la empresa tendrá que afrontar su responsabilidad. Está aquí el delegado, esta Capufe y está el ingeniero  responsable de carreteras, ellos tendrán que determinar técnicamente qué sucedió, y si la empresa es  responsable tendrá que afrontar, si es un problema en el momento de la construcción se tendrá que afrontar", aseguró.

 Además, anunció que se realizarían las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades, pero adelantó que el socavón no se provocó por una mala planeación en las obras del Paso Exprés, sino que fue por el exceso de agua que pasó por debajo de la autopista.

Cerca de las 15:00 horas, los elementos de protección civil daban aviso de que ya tenían localizado el vehículo y que comenzarían a rescatar a las personas, de las que aún no se sabía si continuaban con vida.

Unos minutos más tarde, una unidad de Servicio Médico Forense (Semefo) llegó al lugar con dos camillas, con lo que se interpretaba que tanto el padre como el hijo que desde las cinco de la mañana se habían caído en el hoyo, ya no tenían vida.

El rescate del primer cuerpo fue a la 15:30 horas y el segundo diez minutos después.

Meses después platiqué con el que fuera su patrón en una empacadora de pollos ubicada en el parque industrial de Civac. Me platicó que padre e hijo entraban muy temprano a trabajar, y que siempre llegaban a bordo de una motocicleta después de tomar la autopista desde el municipio de Zapata.

Pero ese día estaba lloviznando y al parecer por eso decidieron venirse en un coche que el muchacho acababa de comprar. Ya casi eran las seis de la mañana y no llegaban. Juan, un compañero de trabajo, recibió un mensaje de texto en su teléfono celular. “Caímos en un socavon sobre la autopista, necesitamos ayuda”, decía el mensaje.

Con la autorización de su patrón, Juan tomó uno de los vehículos de la empresa y se fue hacia el libramiento de la autopista, y cuando pasaba frente al Conalep vio que en el sentido contrario al que iba se notaba la presencia de patrullas y ambulancias.

“Vengo buscando a dos compañeros que al parecer se cayeron en el hoyo, ellos venían a bordo de una motocicleta”, dijo Juan.

Por esa razón, durante toda la mañana se manejó la versión de que aparte del coche que se veía, abajo estaba una motocicleta y dos personas.

HASTA MAÑANA.

Patricia Izquierdo Medina recibió ayer por la madrugada la tercera orden de vinculación a proceso por parte de un juez penal del fuero común por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

A principios de 2017 comparamos el Congreso Local con un ferrocarril cargado de lingotes de oro pero que a kilómetros de distancia las vías desembocaban en un voladero. Julio Espín, presidente de la Junta Política abrió las puertas a los 30 diputados y les dijo: “Pueden tomar todos los lingotes de oro que puedan, pero hay que saltar a tiempo para no caer al voladero”.

Hubo quienes fueron muy astutos y pudieron apilar muchos lingotes de oro hasta formar una torre muy alta y aprovecharon cuando el tren iba despacio para bajarse. Uno de ellos fue Paco Moreno Merino, quien hoy disfruta de lo que se robó en un paradisiaco lugar.

Hubo quienes tomaron un lingote en cada mano y saltaron a tiempo sin mayor problema. Esos que “robaron pero poquito” hoy también disfrutan de una vida tranquila, sin lujos pero sin citatorios judiciales.

Pero hubo otros y otras que en su avaricia por llevarse más lingotes no saltaron a tiempo y todavía se querían regresar por más.

Ese es el caso de Beatriz Vicera Alatriste, una mujer que ha tenido una vida digna de una película. Dice ser “ingeniera química” pero no muestra ningún título. Quienes la conocen la recuerdan como secretaria del director de un diario de Morelos, luego como empleada de unos laboratorios clínicos y de ahí como asistente personal de la lideresa priísta Maricela Sánchez Cortés.

Fue ella, Maricela, quien la hizo presidenta estatal de la organización de mujeres priístas, luego consejera estatal y consejera nacional del PRI. Gracias al partido tricolor llegó como diputada plurinominal a la LII Legislatura donde fue designada como presidenta de la Mesa Directiva.

Hasta ahí iba bien. Sin embargo, recibió una oferta del entonces presidente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, a la que no se pudo resistir. Obviamente nunca se habló de dinero, pero así, de la noche a la mañana, la “priísta de hueso colorado” se convirtió en perredista.

“Con este proyecto (del PRD) podré llegar a más mujeres, a más gente, a más colonias. Convencida que el trabajo en unión debe dar frutos. No importa el color en el que estemos, siempre y cuando vayamos de la mano de la sociedad”, afirmó en aquella ocasión mientras posaba junto al joven Gayosso.

Ya para ese momento había cambiado radicalmente su imagen. Disfrazaba su problema de peso con ropa cara y el tinte en el cabello no podía faltar. Ya no era “Betty” como la llamaban sus superiores cuando querían café, ahora era “la diputada Alatriste”, como pedía que la llamaran.

La diputada Beatriz Alatriste no fue la única que dejó su partido para obedecer ciegamente a Rodrigo Gayosso, también lo hizo Julio Espín, el diputado José Manuel Tablas Pimentel que llegó bajo las siglas del Partido Acción Nacional; Edwin Brito del PT y Silvia Irra del Partido Verde. Todos ellos se agregaron al grupo parlamentario del PRD donde ya estaban Hortencia Figueroa, Enrique Lafitte y otros, hasta completar una docena.

El día que se presentaron a los medios de comunicación en un restaurante de la calle Morrow llevaban unos chalecos amarillos que les acababa de regalar el PRD. Carísimos por cierto.

A la hora de tomarse la foto todos juntos alguien dijo en voz baja: “¡Parecen minions!”, lo que provocó la hilaridad de fotógrafos y reporteros, pero se aguantaron la risa.

Y sí, era cierto. Los diputados a los que Rodrigo Gayosso había uniformado para demostrar quien mandaba en el Congreso, parecían esos personajes de dibujos animados que actúan en grupo y no tienen mucha inteligencia. 

Con 12 votos seguros, además del voto que se compraba “por evento”, Rodrigo Gayosso y su padrastro hicieron lo que quisieron. Aprobaron préstamos, vendieron predios, nombraron funcionarios, concesionaron servicios. Todo.

Con Francisco Moreno Merino (PRI) y Jaime Álvarez (Movimiento Ciudadano) como aliados, esa legislatura inauguró la costumbre de legislar “a escondidas y en lo oscurito”, cambiándose de sede sin previo aviso y trabajando hasta las cinco de la mañana. Así, la prensa y en general la ciudadanía se enteraban lo que habían hecho sus diputados durante la noche y madrugada hasta que aparecían los decretos publicados en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Como parte de ese libertinaje legislativo se redujo el número de diputados, se modificó el mapa de los distritos electorales al antojo de Graco y su hijastro y se aprobó la reelección para diputados y presidentes municipales.

Es decir, no conformes con haber saqueado al estado, los diputados pretendían seguirlo saqueando por tres años más. Afortunadamente la gente se dio cuenta y el día de la votación se las cobraron todas juntas. Nadie ganó de ese grupo de los “minions”.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción anda tras los que se dejen aunque los cargos son de risa. Por eso es que la abogada Hortencia Figueroa ni sufre ni se acongoja con los citatorios para comparecer ante los tribunales. Sabe que no le van a hacer nada y además no va a gastar en abogados. Para eso tiene a su marido.

Y ese afán por hacer como que trabajan es lo que hizo que, en cuanto Beatriz Vicera faltó a una audiencia, la fiscalía pidiera que se declarara prófuga de la justicia y mediáticamente se manejara la posibilidad de que la Interpol la pusiera en su lista.

Sabemos que Beatriz tuvo gravísimos problemas de salud cuando era diputada. De hecho, sus propios familiares ya no la contaban, si no es porque llegó el entonces secretario de asuntos legislativos, José Luis “Choche” Borbolla con un cheque del Congreso a pagar los gastos del hospital.

Pero de eso a que tenga que salir ante las cámaras llevando un tanque de oxígeno se nos hace una verdadera puesta teatral, sobre todo cuando una reportera afirma que días antes la encontró “de shopping” en una importante tienda de ropa.

Beatriz no está en la lista que Graco mandó a Juan Salazar Núñez de los ex funcionarios que no deben ser molestados. Finalmente Vicera Alatriste nunca fue vista como integrante del PRD, sino como un objeto que se compra, se usa y se desecha.

HASTA MAÑANA.

“Yo siempre he apoyado a las mujeres, pero en esta ocasión toca hombre, ni te apuntes”, le dijo la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez a Leonora Valentina Jiménez Franco, una de las aspirantes a ocupar el cargo de comisionada en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el pasado viernes después de la ceremonia de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción en Los Belenes.

Ya estamos viendo una de las desventajas de la tan llevada y traída paridad de género que tanto ha presumido doña Isabel León Trueba: ya se lanzó la convocatoria y legalmente cualquier persona que reúna los requisitos puede inscribirse, pero en términos prácticos ya está decidido que habrá de ganar un varón.

¿Y sí en la lista de candidatos se inscriben puros hombres “maletas” y entre las mujeres tenemos las mejores y más preparadas profesionistas? ¿Tendremos al primer comisionado del IMIPE que no llegue por méritos sino porque no puede haber tres mujeres en un órgano colegiado?

En todo caso, que la convocatoria diga “para elegir al comisionado del IMIPE (mujeres abstenerse)”.

Así las cosas, ya tenemos la primera característica del próximo comisionado del IMIPE que habrá de sustituir al médico (que no doctor) Víctor Díaz Vázquez, dicho por Tania Valentina y escuchado por varios que nos quedamos al término de la ceremonia en que Roberto Coranguez Esquivel fue ungido como el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ahora entremos al terreno de las elucubraciones que a veces resultan ciertas.

Agregaríamos entonces que el próximo comisionado debe ser priísta. Ésta suposición nace de la costumbre arraigada del llamado “derecho de silla”, y creemos que a nadie le queda duda de que Víctor  Díaz Vázquez llegó al cargo por la vía del PRI.

Y es que, cuando nació el IMIPE, los partidos fuertes eran PRI, PAN y PRD; y desde entonces se puso como regla no escrita que cada partido colocara un consejero, hoy llamados comisionados, y que los fuera sustituyendo cada término de periodo.

Sin embargo, no se pierda de vista que hoy el PRI no tiene la misma fuerza que hace algunos años, de ahí que surja la posibilidad de que el nuevo comisionado del IMIPE sea más bien un morenista.

Y una tercera característica: que sea amigo o recomendado de Mirna Zavala Zúñiga. Esto lo decimos porque nos comentan fuentes al interior del Congreso, que para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos pudo más la recomendación de la secretaria de Administración que la paridad de género. Para desventaja de Clara Soto, María Ampudia y otras mujeres que buscaban esa posición, sus congéneres diputadas levantaron sus manitas al unísono a favor del recomendado de Mirna, a pesar de que “tocaba mujer” (en términos de lo que dijo Tania Valentina).

Debemos aclarar que en esta ocasión sí se nos hace válida la opinión de Zavala Zúñiga para la designación del consejero del IMIPE, y no por su cercanía con el poder, sino porque sabe de Transparencia. Me atrevo a decir que Mirna Zavala junto con Eleael Acevedo y Alí Sosol sentaron las bases de lo que hoy es el IMIPE, y se aventaron verdaderas broncas contra el gobierno estatal en turno y  los ayuntamientos que no entendían por qué tenían que hacer públicos sus gastos y contestar a cualquier ciudadano sus preguntas por más absurdas que éstas sean.

Una última premisa que pudiera definir quién será el nuevo comisionado del IMIPE es algo que hemos venido señalando desde hace años y que por desgracia se sigue poniendo en práctica: PARA SER CONSEJERO DEL IMIPE TIENES QUE HABER TRABAJADO CON UN DIPUTADO.

Y ahí sí la historia es implacable: Eleael Acevedo era director del Instituto de Investigaciones Legislativas; Esmirna Salinas era auxiliar del diputado David Salazar Guerrero; Víctor Díaz siempre ha trabajado con Jorge Arizmendi; Mireya Díaz era auxiliar de Juan Ángel Flores y hasta Marco Antonio Alvear Sánchez (que fue designado por la pasada legislatura pero no ha podido tomar posesión) era empleado del Congreso.

Las excepciones fueron Ariel Homero López, que no trabajaba en el Congreso pero su militancia priísta es más que conocida, y la última presidenta, Ivonne Rosales Sotelo, desconocida para el panismo morelense, pero que aseguran fue recomendada por el comité ejecutivo nacional.

¿Seguirá la actual legislatura con esa costumbre de poner a sus empleados en organismos autónomos? Lo sabremos muy pronto.

Las diputadas que controlan el Congreso, y los escasos diputados que están ahí sólo para completar la veintena (Duque, Galindo y Casas son los ejemplos más patéticos), han dado muestras de que no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Se tardaron meses en analizar la lista de prospectos para la CDHMOR supuestamente para designar a la mejor persona, y terminaron inclinándose por el que llevaba “línea” del Ejecutivo. Por lo que respecta al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría están en aprietos porque ya adelantamos que los dados están cargados para que asuma ese cargo un contador que tiene un rancho en Jojutla y que le da servicio de asesoría a todos los “políticos de campo”, es decir, que combinan la actividad política con la cuestión agropecuaria, como podría ser Amado Orihuela o el mismísimo senador Ángel García Yáñez.

Si no es él será Uriel González, quien ya comenzó a negociar su permanencia con la contratación de funcionarios que “casualmente” resultaron ser familiares o allegados de los nuevos diputados. Hay que recordar que a él lo dejó como encargado del changarro el perredista Vicente Loredo, quien hoy se dedica a dar asesoría a presidentes municipales a través de una empresa privada.

No cabe duda que las costumbres se heredan de una legislatura a otra. Los ciudadanos sufren una transformación en cuanto se sientan en la curul y se convierten en lo mismo que sus antecesores.

Como prueba de ello está la designación de los ganadores del Premio “Soto y Gama” que se entregará este 12 de julio. En la lista de ganadores sobresale el nombre de Araceli Salas, cuya capacidad como abogada no se pone en tela de duda, pero que por mera coincidencia actualmente es la asesora jurídica del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo. Sus amigos de toda la vida, Héctor Habib Rubio Assad y Roque González Barreiro, también están en la lista.

HASTA MAÑANA.

Una disculpa a mis editores, pero no todos los días se cumplen 30 años en este oficio. Hace exactamente tres décadas se publicó mi primera nota en un periódico impreso y desde entonces no he dejado de publicar en prensa escrita, internet, radio y televisión. La columna de hoy es una forma de agradecer su preferencia durante estos primeros 10 mil 950 días, y el compromiso de mejorar en los años que Dios nos lo permita.

Hace 30 años estaba terminando la preparatoria en la Nocturna Uno y había estudiado un curso de periodismo por correspondencia. Mis compañeros ya andaban sacando ficha para buscar entrar a la UAEM en Derecho o Administración, pero para estudiar Ciencias de la Comunicación sólo había el Tec de Monterrey o emigrar a la ciudad de México, impensable para el hijo de una familia campesina que había llegado de Michoacán 12 años antes. 

“Yo sólo les puedo dar hasta la secundaria. De ahí para adelante lo que logren ya será mérito suyo”, advirtió don Leonardo a sus siete hijos. Consciente de ello, comencé a trabajar de mozo en un condominio desde los 13 años.

Supe que quería ser reportero desde que vi un reportaje de Juan Ruiz Healy titulado “La nueva Jerusalem” a principios de los ochentas, así que una cámara Kodak casera fue mi inseparable compañera desde tercero de secundaria y toda la prepa. Ahí tuve mi primer medio de comunicación, un  periódico de un solo ejemplar que iba de mano en mano en todo el salón con la crónica y fotos de las excursiones.

Cuando iba a la biblioteca a hacer tareas de biología o física, terminaba leyendo los escasos libros sobre periodismo que encontraba en los anaqueles. “Periodismo Trascendente”, de Salvador Borrego, casi me lo aprendí de memoria. También lo hacía porque estaba resignado a que nunca pisaría una universidad para estudiar periodismo, así que era la única forma de aprender.

En 1988 hubo un movimiento estudiantil orquestado por los universitarios pero nos llevaron a los preparatorianos a hacer bola. Ahí conocí a Martín Sánchez Ortiz, a José Luis García Tapia y a René Vega Giles, que apenas iniciaban en el periodismo.

Después supe que uno de mis compañeros de prepa escribía en un periódico. Era Omar Maldonado, quien cubría espectáculos para El Nacional del Sur. “Ayúdame a entrar a un periódico Omar”, le dije. “Déjame ver”, me contestó con esa voz ronca que desde entonces le caracterizaba.

“Hay un periódico nuevo, se llama el ABC, están solicitando reporteros. Si quieres vamos los dos, yo también ya quiero cambiar de aires”, me dijo semanas después.

Acordamos vernos frente al Hotel Miled, en la avenida Emiliano Zapata, donde los libaneses Miled Libien y Miled Kahui habían instalado una sucursal del ABC del Estado de México. Pero por alguna razón Omar no llegó a la cita.

No recuerdo cuál fue su justificación, pero en la tarde que nos vimos en la Prepa quedó muy formalmente de estar al otro día para ir a buscar trabajo en el ABC. Pero otra vez me dejó plantado.

Mientras transcurrían los minutos reflexioné en que no podía ir por la vida a expensas de los demás, y que tenía que valerme por mí mismo. Así que tomé aire y me dirigí a la planta baja, donde estaba el jefe de redacción, Luis Díaz López, quien me mandó a la oficina del director, en el tercer piso.

Ahí manifesté mi deseo de ser reportero. Un diploma de “estudios que no requieren validez oficial”, y el “dummie” de un periódico que intenté editar con el apoyo de la UAEM, fueron mis cartas de recomendación.

“Sólo hay una plaza en deportes, si quieres entrar a prueba”, me advirtió un señor alto y gordo que dijo ser el director. No dudé en aceptarla. 

Al otro día me fui a buscar información al único lugar que yo conocía en materia de deportes: la Dirección Deportiva de la UAEM. Ahí trabajaba Cuitláhuac Serratos, quien me dio información sobre los eventos que estaban realizando. Me tardé como dos horas en recabar la información y otras dos horas en escribir la nota (que no era nota, más bien como reportaje), ya en la redacción del periódico.

Muy orgulloso le entregué mi primera nota escrita sobre papel revolución a don Luis Díaz López, un chaparrito gordito de pelo y bigote cano. “Muy bien jovencito, tiene usted una excelente ortografía y le haya a la redacción. Ahora nada más necesitamos cuatro de estas para llenar la plana de Deportes”.

Me mostró como ejemplo una plana del Diario de Morelos. “Nacho Cortés se avienta como 16 notas diarias”, me dijo don Luis, quien sonrió al notar mi gesto de “no lo voy a lograr”.

Esa fue mi primera nota, pero la verdadera prueba para quedarme como reportero de deportes fue ir a Querétaro a cubrir un partido de futbol Querétaro-Zacatepec. Fue difícil y estresante porque escribía “de a dedito” en las máquinas mecánicas y no sabía usar el fax, pero el domingo que regresé el director me felicitó y me dijo que ya estaba aceptado, así que el lunes siguiente pasé con el contador y me dio la fabulosa cantidad de 125 mil pesos (de los viejos) cuyo recibo aún guardo.

Sólo estuve dos meses en el ABC cubriendo deportes. Cubriendo los partidos de futbol en El Miraval conocí a don Manuel Benítez Bahena, quien me llevó al periódico “Opción” de Morelos y de ahí a “El Clarín”, El Universal, TV Azteca, MVS, Canal 3, El Regional del Sur y La Unión de Morelos, donde he laborado más de 20 años con varias pausas, casi siempre para ocupar cargos en los tres niveles de gobierno.

Debo aclarar que finalmente sí pisé un aula universitaria, y no solamente estudié periodismo sino también derecho.

Hoy, a 30 años de distancia, puedo decir que he cumplido mi sueño de ser periodista. Muchas gracias a todas y todos; los integrantes de mi familia, los directivos de los medios de comunicación, los amigos, los colegas; todos, absolutamente todos los que de una u otra forma me ayudaron para lograrlo.

HASTA EL LUNES.

“El Poder Legislativo del Estado carece de competencia en el sentido de que no puede dejar sin efectos por sí y ante sí, el decreto de pensión que previamente aprobó”. Así de contundente es la sentencia del Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso Elaine Rodríguez Aranda, una de las afectadas por la abrogación masiva de pensiones que hizo la actual legislatura.

Y si bien es cierto que el recurso legal sólo tendrá efectos para el caso de la peticionaria ya mencionada, también lo es que el juzgador federal está dejando asentados los criterios legales y jurisprudencias para que los puedan hacer valer otros ex funcionarios beneficiados con las llamadas “pensiones doradas”.

En su sentencia, el juez aclara que no está prejuzgando sobre si el decreto pensionario fue emitido siguiendo los parámetros legales establecidos para ello, pues lo que así se sostiene, es que el Poder Legislativo carece de competencia para ello.

En consecuencia, el Juez García Zamudio ordena dejar insubsistente el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 12 de abril de 2019; que se reanuden los pagos en favor de la viuda, y que se realicen los pagos retroactivos si es que los hubiera.

A decir del abogado  Juan Manuel Guzmán Pérez, del despacho de Abogados Especialistas, es el primer caso donde el Juez ha resuelto en forma definitiva y ha entrado al fondo del asunto. Fue resuelto el 28 de junio pero hasta ayer fue publicado y notificado a las partes.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

Y va más allá:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”, agrega la sentencia que seguramente será recurrida por los abogados de los diputados, con el riesgo de que los exhiban todavía más.

El juez federal se da a la tarea de analizar el acuerdo parlamentario de fecha 12 de octubre de 2018, en el que se ordena que “a través de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social se realice un análisis exhaustivo a la documentación que fue presentada para el otorgamiento del Decreto de Jubilación o pensión; así como también se amplíen las acciones inherentes al procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, realizando visitas de inspección y verificación en las áreas administrativas correspondientes adscritas a los Ayuntamientos, Gobierno del Estado de Morelos o Congreso del Estado, según sea el caso, a efecto de solicitar y cotejar de manera consecutiva todas y cada una de las nóminas de pago que se hayan generado durante el periodo que se pretende acreditar la antigüedad laboral, así como también se soliciten copias certificadas de las documentales que se identifiquen y que coadyuven al proceso de investigación y se proceda también a elaborar y firmar las actas de información testimonial a cargo de los servidores públicos que están validando y certificando la antigüedad indicada en la constancia laboral u hoja de servicios que fue expedida, para que en su caso se deslinden las responsabilidades jurídico-administrativas correspondientes. De igual manera se puedan girar oficios diversos ante las instancias prestadoras de seguridad social, ya sea el IMSS o ISSSTE, así como INFONAVIT, o bien alguna instancia pública o privada que así se considere para corroborar la certeza de la antigüedad establecida en la constancia laboral o de servicio que en su momento presentaron los solicitantes para que les fuera expedido cada Decreto de Jubilación…”.

Sin miramiento alguno, el juzgador señala que “dicho acuerdo parlamentario, en realidad, está otorgando facultades extralegales, que no están previstas en la Constitución del Estado, ni en la ley orgánica y su reglamento, ambos del Congreso en esta Entidad Federativa, pues está permitiendo la investigación de decretos concesorios de pensión ya aprobados e incluso textualmente establece que “se amplían las acciones inherentes al proceso de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

“Y es el caso, que como lo establece el artículo 1 del Reglamento para el Congreso del Estado, un acuerdo parlamentario no puede reformar o adicionar ese reglamento, ni la Ley Orgánica para el Congreso del Estado”.

Más claro ni el agua.

HASTA MAÑANA.

Rodrigo Gayosso Cepeda estudió su secundaria y preparatoria en una de las escuelas de mayor prestigio en Cuernavaca, a mediados de los noventas. Cuentan los de su generación que ya desde entonces soñaba con ser presidente, gobernador o dueño de una gran empresa, y le prometía a sus compañeros de clase que les hablaría para que le ayudaran a administrar su riqueza. Y parece que lo cumplió.

“Si lográramos obtener el anuario de esa generación nos daríamos cuenta que muchos de los que estudiaron con Rodrigo fueron incluidos en el gobierno de Graco Ramírez. Son más o menos de su misma edad (38 años), algunos con apellidos extranjeros y de facciones finas”, me comentó Gerardo Becerra cuando intercambiábamos información sobre las empresas fantasmas del entonces gobernador y llegábamos a la conclusión de que Graco era ratero, pero no tenía un pelo de tonto.

Uno de esos amigos de la escuela se llama Alejandro Alonso Arriola. Nació el 4 de diciembre de 1979 según su Registro Federal de Causantes (RFC).

Su cercanía con Rodrigo Gayosso hizo que lo designaran director de Administración y Finanzas del Sistema DIF desde el primer día de gobierno. Su nombramiento tiene fecha 2 de octubre de 2012.

Como requisito para trabajar en gobierno tuvo que presentar su declaración patrimonial de inicio cargo, en el que puso que no tenía bienes inmuebles, ni vehículos, ni cuentas bancarias. Nada.

Eso es algo normal en un joven de 33 años que en ese momento comenzó a ganar un salario de 28 mil 600 pesos, según declaró en el documento entregado a la Secretaría de la Contraloría.

Sin embargo, el 31 de octubre del 2012, dicho servidor público realizó una modificación en su declaración patrimonial, en donde estableció que tenía como remuneración por el cargo que desempeñaba en ese momento la cantidad de 108 mil 481 pesos, y como otros ingresos anuales sin especificar el origen, la cantidad de un millón 105 mil pesos, haciendo un total de ingresos por la cantidad de un millón 213 mil pesos.

En el apartado de “gastos de manutención” el joven funcionario anotó la cantidad de 849 mil 436. Asimismo, reportó 700 mil pesos de artículos para el hogar y la adquisición de un vehículo marca Jeep, Sahara ATX 2011 en 421 mil pesos.

Ahora bien, en dicha declaración de modificación realizada por el servidor público, reportó que hizo una compra de bienes muebles por la cantidad de 700 mil y que inició “un negocio de compra-venta de muebles por un valor inicial de inversión de un millón de pesos bajo el régimen fiscal de “Repeco”.

El 13 de julio de 2015 Alonso Arriola presentó su declaración de conclusión de cargo ante la Secretaría de la Contraloría Pública, y reportó que no tuvo ningún tipo de adquisición de bienes inmuebles, sino que únicamente continúo con un menaje de casa pero ahora por la cantidad de 780 mil pesos.

Pues bien, una consulta al Registro Público de la Propiedad arroja como resultado que Alejandro Alonso Arriola es propietario de los siguientes inmuebles:

1. Departamento 201 en el condominio Arbolada Acapantzingo adquirido a Banco Multiva S.A y RDL Urban Property México S. de R.L. de C.V. en calidad de fideicomisario por un monto de 574 mil pesos.
2. Departamento 202 del Condominio Arbolada Acapantzingo, adquirido en 574 mil 62 pesos.
3. Lote “D” resultante de la lotificación y constitución del régimen de propiedad en condominios de lotes, ubicado en privada sin nombre esquina con 16 de septiembre en la colonia Acapantzingo. Lo adquirió en un millón y medio y se lo compró a Raúl Ortíz Flores.
4. Casa número 8 y terreno sobre el que está construida en el conjunto residencial en el municipio de Cuernavaca (no dice el nombre de la colonia, sólo el Código Postal que es el 62290, compra venta por la cantidad de siete millones 700 mil pesos.

Es decir, que apenas en tres años, el joven funcionario adquirió bienes inmuebles por la cantidad de 10 millones 348 mil pesos.

Eso se llama Enriquecimiento Ilícito y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por eso es que se inició la carpeta de investigación y posteriormente fue judicializada.

En su denuncia de hechos, el director general de análisis estratégicos de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, Gerardo Becerra Chávez Ita, hace notar que “ésta persona, Alejandro Alonso Arriola, tiene actualmente una amistad muy fuerte con el señor Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, toda vez que con fecha 04 de julio de 2014, realizó un viaje a Las Vegas, en compañía de Andrik Ruiz de Chavez Arista, Kristofer Ruiz de Chávez Arista, Janko Ruiz de Chávez Arista, Alejandro González Murillo, personas que son grandes amigos de Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, sin que tengan manera de justificar ingresos, pero sí las relaciones con el entonces gobernador Graco Luis Ramírez Abreu, en el periodo de administración pública 2012 a 2018, donde se sabe, existen grandes desfalcos económicos.

Alejandro Alonso Arriola ya no se llama así. Ahora se refieren a él simplemente como Alejandro “N” y es considerado inocente hasta que un juez penal determine lo contrario.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción emitió un boletín informativo en el que da cuenta de que realizó formulación de imputación contra Alejandro "N" ex funcionario del Sistema DIF Morelos, por el delito de Enriquecimiento ilícito, relacionado con la causa penal JC/618/2019.

“Este día, en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el agente del Ministerio Público realizó la formulación de imputación presentando 15 antecedentes de prueba.

“Además, la Jueza de Control impuso a solicitud del Ministerio Público, la firma periódica mensual del imputado ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país.

“Esta Fiscalía refrenda su compromiso de trabajar con imparcialidad y transparencia en la prevención y el combate a la corrupción”, refiere el comunicado.

Y ese, es nada más el principio.

HASTA MAÑANA.

Parquímetros, luminarias y plaza comercial. Esos son los tres negocios que tiene enfrente el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián y que, afortunadamente para él, los comenzó desde que era regidor y ahora podrá culminarlos desde la presidencia municipal, con la ayuda de varios regidores que ya se frotan las manos por las ganancias que les van a significar.

Por hoy nos ocuparemos del caso de los parquímetros.

El 18 de noviembre del 2011 se realizó el Cabildo en el que se aprobó el procedimiento para concesionar por 15 años el servicio de parquímetros en el centro histórico de Cuautla, lo que “vendrá a resolver en gran medida un serio y sentido problema para la autoridad municipal y la población en general por el creciente y desmedido número de vehículos automotores en la ciudad de Cuautla como ocurre en el resto de las poblaciones urbanas del país”, se lee en el acta respectiva.

Para ello se creó la Comisión Técnica Especializada en el Servicio de Estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros para llevar a cabo el procedimiento administrativo de Licitación Pública Nacional No. LPN/SERV-03/12 turnando las solicitudes de interesados en obtener la concesión.

Se registraron Iberparking S.A. de C.V. y Protección Urbana S.A. de C.V. como empresas interesadas en quedarse con la concesión, pero extrañamente la segunda ya no se presentó después.

Así, el 22 de agosto de 2012 (a cuatro meses de dejar el cargo) el presidente municipal Luis Felipe Xavier Güemes Ríos y los seis regidores que conformaban el Cabildo, firmaron el acta mediante la cual se otorga la concesión a la empresa Iberparking S.A. de C.V. para la instalación de parquímetros.

En el acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 89, quedó asentada la manifestación que hizo el entonces regidor Jesús Corona Damián con respecto a las propuestas:

“El regidor Jesús Corona Damián manifiesta que en su concepto, el dictamen que presenta la comisión técnica especializada en el servicio público a concesionar es un documento realizado a conciencia, cubriendo y revisando todos los aspectos y elementos técnicos, financieros, administrativos y legales por lo que está de acuerdo con el dictamen presentado por la comisión, debiendo cubrir todos los requisitos y condiciones señaladas en el citado dictamen aprovechando la ocasión para felicitar a los integrantes de la Comisión Técnica Especializada en el Servicio del Estacionamiento en la vía Pública regulado por Parquímetros multiespacio, por el trabajo interinstitucional realizado”.

Nadie, ni siquiera él mismo, se imaginaba que sería beneficiario del “tsunami” que se registró en julio del año pasado, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y al Partido Movimiento de Regeneración Nacional al poder casi absoluto.

Ahora, ya como alcalde, ha declarado que “el juicio se perdió”, y que no le queda otra que dejar que se comience a cobrar por el estacionamiento. Como si a los cuautlenses les hubiera dado amnesia y no recordaran que como regidor estaba totalmente de acuerdo con el proyecto.

El 13 de junio del 2012 la empresa mencionada había presentado la documentación con las propuestas técnica y económica  así como las muestras físicas del equipo propuesto, pero los comerciantes y vecinos de las calles afectadas se manifestaron en contra de lo que consideraron una imposición.

Comenzó entonces una carrera de protestas alternada con recursos legales de inconformidad que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que negó el amparo pretendido por la empresa Iberparking (que luego cambió su nombre por el de Parking Spot) para comenzar a operar los parquímetros.

Los tribunales federales, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el entonces diputado local por el distrito XIV, Raúl Tadeo Nava, consideraron que era inviable el proyecto, al menos en el Centro Histórico de la Heroica Ciudad.

La empresa puso sobre la mesa una segunda propuesta: poner los parquímetros en un área desde la calle Constancio Farfán, en la colonia Emiliano Zapata hasta las colonias Francisco I. Madero y Pablo Torres Burgos, al sur de la ciudad.

Sería la calle Hiedras, en el centro de la ciudad donde iniciaría el proceso de reinstalación para continuar en la colonia Morelos, sin embargo, el alcalde Jesús González Otero (2012-2015) así como cinco regidores se comprometieron a no reubicar los parquímetros en ninguna colonia.

Tras el amparo 480, el Tribunal Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito ordenó que retiraran 27 parquímetros de la colonia Emiliano Zapata que no estaban incluidos en la concesión emitida que es solo para el Centro Histórico de Cuautla.

Luego llegó Raúl Tadeo Nava como presidente municipal bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y durante los tres años se la pasó presentando recursos y más recursos para impedir que se instalaran los parquímetros, no obstante que su esposa, Brenda Anahí Herrera, como integrante del Cabildo al igual que el hoy alcalde Corona Damián, autorizaron la instalación de los estacionómetros.

Un caso patético es el del actual regidor, César Salazar Zamora, quien fundó la organización denominada “Dignidad y Lucha Ciudadana” para impedir la instalación de los artefactos.

Son innumerables los registros periodísticos y digitales que refieren a la lucha que encabezó en contra del Cabildo al que pertenecía Jesús Corona como regidor.

“No entiendo el intelecto de estas personas o si  sólo es por el deseo de ganarse una lana, el presidente y regidores firmaron un pliego petitorio que deben cumplir”,  noviembre del 2014.

“Por negligencia, corrupción, apatía y falta de compromiso, no cumplen con la encomienda que les otorgó la población”, septiembre del 2014

“La comisión en contra de la instalación ilegal de los parquímetros que encabeza Cesar Salazar Zamora coloco en la calle Galeana del centro histórico de Cuautla tres lonas con la que con “No más Abarcas en Morelos” refieren a la corrupción que aseguran hay por el cobro de los parquímetros”, enero del 2015

Salazar Zamora surgió de esta lucha social y fue adoptado por el partido Morena como primer regidor en las elecciones del 2015; sin embargo, fue expulsado al conocerse las denuncias por acoso sexual que a la fecha continúan vigentes, según publicó el portal SPCNOTICIAS.COM

Dulce Valdepeña, editora del medio que ha dado seguimiento al caso de los parquímetros (cuyo inicio de operaciones es inminente) define así al ex luchador social, hoy regidor:

“César Salazar Zamora es hoy en día el más fiel escudero de Jesús Corona Damián: le aconseja, lo guía por los pasadizos secretos del Ayuntamiento, le abre paso y las puertas”.

HASTA MAÑANA.

Cuando los diputados de la actual legislatura declararon a los medios que se estaban tardando en designar al ombudsman porque estaban buscando a la persona idónea, ya sabían que el elegido sería Raúl Israel Hernández Cruz, pero tenían que hacer toda la faramalla que implica este tipo de designaciones. En el caso del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, todo está dispuesto para que el cargo lo ocupe Miguel Ángel Romano Fuentes, un experto en evasión de impuestos.

Hace unos días los medios de comunicación de Quintana Roo publicaron que el índice delictivo de esa entidad observa un comportamiento a la baja incluso en aquellos delitos considerados de alto impacto como es el homicidio y el secuestro. Esto fue reconocido incluso por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita realizada ésta semana a Cancún.

Raúl Israel Hernández Cruz decidió cambiarse la denominación de “ombudsman” (hombre defensor del pueblo) a ombudsperson que es una definición más incluyente. Así se infiere a partir del boletín que envió ayer la institución a través de su oficina de Comunicación Social.

Y es que ayer, mediante la firma del Acta de Entrega-Recepción Global de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, fundamentada en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 11, 18 y 29 de la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios; se entregó a la administración del licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, un total de 6 tomos con 2 mil 421 hojas, en cuyo contenido se da cuenta de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la relación de archivos, trámites, quejas, gestiones y recomendaciones.

“En el uso de la voz, el nuevo Ombudsperson sostuvo que se dará continuidad con las acciones que han funcionado, además de consolidar el pleno ejercicio de las facultades legales del organismo para la  observancia del marco jurídico estatal, con el objetivo de garantizar la salvaguarda de los derechos de las y los morelenses; esto incluye la presentación  de iniciativas de ley en cada periodo de sesiones del Poder Legislativo local”, refiere el comunicado.

“Haiga sido como haiga sido”, Raúl Israel ya es titular de la CEDHMOR, y tendrá que “cumplir y hacer cumplir la Ley” por los próximos tres años so pena de que el pueblo de Morelos se lo demande.

Y el pasado martes ya le llegó su primera queja con la que se habrá de estrenar. Es contra la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de quien depende el sistema penitenciario de la entidad, y la interpuso una mujer a nombre de un interno del Penal de Atlacholoaya.

Omitiremos los nombres de las víctimas pero se trata de la queja iniciada ante el auxiliar jurídico de la CEDH, Ángel Ricardo de Jesús Moyao, por parte de una persona del sexo femenino, misma que refiere que, siendo las ocho de la mañana de ese mismo día, le avisan vía telefónica que durante la madrugada su esposo Antonio N. “lo habían trasladado desnudo desde el dormitorio 13 hasta el denominado dormitorio especial, y que fue golpeado y vejado durante el traslado”.

Dice la denuncia cuya copia obra en poder de este reportero, que quienes realizaban esta acción eran custodios y autoridades del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, donde su esposo lleva ya ocho años de reclusión. Cabe aclarar que la mujer no menciona cuál es la sentencia que purga su esposo y qué delito, pues en estricto sentido legal no tiene mayor importancia.

“Todo esto es a consecuencia de las amenazas que hemos recibido por parte de la señora Miriam Mireles Toledo, directora de establecimientos penitenciarios, ya que con anterioridad mi esposo y yo ya habíamos presentado dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos”. 

A decir de la señora, la funcionaria le mandó decir que si seguía poniendo quejas le podía pasar algo a ella o a su marido, además de que éste último podría ser enviado a otra prisión.

“Días después de las referidas amenazas se estacionó afuera de mi casa una patrulla por unos minutos sin tener razón alguna para estar en dicho lugar, por esa razón al temer por mi integridad y la de mis hijas, no promoví mi recurso de apelación en la anterior queja realizada ante este organismo, cuyo número de folio o expediente no tengo conmigo pero que obra en las oficinas del organismo.

“Es mi deseo que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física y psicológica de mi marido, pues me refiere que está siendo fuertemente golpeado y temo por las afectaciones a corto y largo plazo que pudiera presentar. Incluso temo la muerte de mi marido, y la integridad de mis hijas y la mía pues en dicho penal cuentan con nuestros datos personales”.

Hasta ahí la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la cual hicieron acompañar de fotografías del interno donde se muestran diversas escoriaciones en su piel.

Habrá que ver cuál es el informe que presente la autoridad ante la CEDH. Seguramente (y esto es una inferencia personal), dirá que Antonio utiliza a la CEDH como una forma de chantaje para mantener sus privilegios.

En esta columna no prejuzgamos, sólo damos a conocer las versiones de los protagonistas. Es la Comisión, a través de sus visitadores y el propio presidente, quien emitirá o negará la recomendación a las autoridades correspondientes.

Por cierto, prácticamente pasó inadvertida la información acerca de los nombramientos de nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la CEDH realizados por la actual Legislatura Local.

Los nuevos consejeros de la Comisión (cuyo trabajo es honorífico aunque alguna vez existió un “bono” cada vez que eran convocados a sesión), son las siguientes personas:

Christian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio Antelis, Briseida Ruiz Flores y Gerardo Vargas Salgado, todos ellos con 20 votos; así como Abimelec Morales Quiroz y Rosario Aída Cázares Campos, quienes fueron favorecidos con 19 votos.

En este sentido, como consejeros suplentes, los legisladores de la LIV Legislatura eligieron a los ciudadanos Martha Claudia Guadalupe Anguiano Ramos y Roberto Andrés Godínez Vega, quienes obtuvieron 15 votos, además de Kenia Lugo Delgado quien obtuvo 14 votos.

Ojalá, ahora que hay una excelente relación entre el Consejo Consultivo de la CEDH y los diputados, les autoricen una partida especial para la adquisición de un inmueble, y que los responsables de defender los derechos humanos de Morelos ya dejen de andar como “judíos” errantes por toda la ciudad.

HASTA MAÑANA.

Algunos magistrados maloras lo llamaron “el regalo de Dios” porque ellos nunca lo pidieron y llegó así nada más, como caído del cielo. Se trataba del decreto que fue publicado el 24 de febrero del 2017 en el periódico oficial, que concede a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.

El decreto establecía como único antecedente que, mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

“En consecuencia de lo anterior, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1213/16, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente”.

En su iniciativa, el economista y ex director del Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda de Cuautla, afirma que “I.- Ha sido menester de esta legislatura, analizar la legislación vigente y en su caso plantear la reforma pertinente, con la finalidad de dar cabida a mejores formas de ejercer la gobernanza a través de la implementación de correctas políticas públicas. Bajo esta premisa es que nos hemos conducido en un horizonte de estudio legislativo tendiente a lograr un eficaz marco jurídico que no se contraponga, sino que armonice con las disposiciones constitucionales, por tal motivo, la iniciativa que se presenta, tiene como finalidad, orientar y dar certidumbre a un tema que ha sido motivo de controversia, referente a la evaluación de magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

“II.- Resulta ampliamente conocido que en el año dos mil ocho, se dieron los primeros esbozos de una reforma del Poder Judicial y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó dicha reforma y concluyó que en su mayoría las disposiciones eran válidas. Sin embargo a varios años de distancia, de la vigencia de dicha norma, es necesario hacer el ejercicio reflexivo para dar cabida a nuevos espacios de interlocución social y atender el reclamo de los justiciables que gira en torno a que el artículo 17 de nuestra constitución federal, cobre vigencia de forma permanente”.

Así, con este tipo de “rollos mareadores”, el diputado perredista sustentaba la necesidad de cambiar la Constitución para que los magistrados pudieran durar en el cargo hasta 20 años, cinco más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y de la misma manera, dos años después subió a la tribuna un diputado casi desconocido que propuso echar abajo esa disposición y 15 de sus compañeros apoyaron su propuesta.

Pero todavía más sorpresiva fue la reacción de la presidenta de la Junta Política, Tania Valentina Rodríguez, quien exhibió el divisionismo que prevalece al interior del Congreso, y que hasta su compañero le lleva las contras.

“En el caso que nos ocupa, el señor diputado Galindo ha propuesto algo que podría ser interesante y que en algún momento podríamos transitar, pero se ha violado una norma clara y contundente que requiere de la elaboración previa de un dictamen. Dicho en términos políticos, se ha pretendido dar un albazo en esta sesión”, apuntó una molesta diputada Tania Valentina.

Y es que pareciera que el punto de acuerdo tenía como único objetivo un ataque mediático, pues jurídicamente (como lo han reconocido varios diputados y abogados) no tiene ningún efecto.

Ayer por la tarde el Tribunal Superior de Justicia fijó su postura a través de un comunicado en el que dejó en claro los alcances de la acción realizada por los legisladores:

“Los puntos de acuerdo son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de Ley, son pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo en particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación”, dice el comunicado.

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la Lógica Jurídica”, agrega.

Y advierte que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la Autonomía e Independencia de este máximo órgano de justicia”.

 ¿Quién le pidió al diputado Galindo que presentara esa propuesta? ¿Por qué 15 de los diputados estuvieron de acuerdo con él? ¿Quién ordenó el “albazo”? ¿Es ésta una venganza en contra de los magistrados que pretendieron someter a juicio político al entonces presidente municipal? ¿Sabían los diputados que su acción no generaría nada más allá de noticias de ocho columnas? ¿Por qué tanta molestia y férrea defensa de Tania Valentina? ¿Ya se hizo amiga de Carmen Cuevas? Fueron algunas de las preguntas que surgieron a raíz de lo ocurrido en la sesión del Pleno del pasado lunes.

Por cierto, no hay que olvidar que existe una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de aquel decreto (“el regalo de Dios”) que promovió el polémico presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito.

Lo malo es que la SCJN tiene fama de resolver los asuntos tan lentos, que si el asunto en cuestión versa sobre un recién nacido, la resolución llega cuando el niño está haciendo su primera comunión.

HASTA MAÑANA.

El pasado viernes quedó cerrado el proceso de registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización. Se inscribieron 29 personas que creen tener las cualidades para dirigir tan importante institución que en teoría debería liderar el combate a la corrupción, pero que en la práctica sólo ha servido para negociaciones y venganzas políticas.

La lista de candidatos es la siguiente:

José Luis Heredia Guzmán, Francisco Alva Meraz, María del Carmen Quintanilla Miranda, Priscila Hernández Cruz,  Uriel González Sotelo, Guillermo Benítez Hernández, Erika Amezcua García, Jesús Urióstegui Beltrán, Rosendo Franco López, Carlos Flores Zarza, Carlos Alberto Santiago Pimentel, José Rafael Cuevas Pinzón, José Luis Carbajal Zagal, Miguel Ángel Romano Fuentes, José Luis Flores Servín, Víctor Hugo Vargas Ángeles, Miguel Ángel Salgado Ulloa, Víctor Hugo Barranco Dirzo, Hugo Santana Craztitlan, Alfonso Martínez García, Paola Garfias Portugal, José Manuel Badillo Jiménez, Elizabeth García Osorio, Isabel Arellano Vargas, Edgar Ibarra Martínez, Miguel Ángel Flores Mendoza, Adair Rosas Rueda, Blanca Estela Aldana Alejandre y Benjamín Salvador Romero Rogel.

Podría decirse que para la designación del titular de la ESAF se requiere preparación académica, experiencia, respaldo social, buena relación con las organizaciones de contadores, pero después de lo que ocurrió con la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos ya nos dimos cuenta que lo único que pedirán los diputados es obediencia ciega y –como ya es tradición– plazas para su gente.

A quien dude de esto último lo invitamos a analizar la nómina de lo que fue la Auditoría Superior y actualmente la Entidad Superior, para que vean cuántos incondicionales de diputados de hace varias legislaturas ahí están o estuvieron enquistados como un pago a cambio del voto.

En 2003 nació a la vida jurídica como Auditoría Superior Gubernamental y por mandato de la reforma constitucional al artículo 116 fracción II, de la  Constitución Federal, fue sustituida por la Auditoría Superior de Fiscalización en julio de 2008.

Fue presidida por el Auditor Superior de Fiscalización Gerardo Casamata Gómez, mismo que fue designado mediante el decreto 936 por un periodo de siete años, comprendido del 13 de octubre de 2008 al 12 de octubre de 2015, sin embargo tuvo que ser destituido del cargo, por habérsele encontrado inhabilitado para ejercerlo, al no cumplir con el apartado B, del artículo 84, con relación a la fracción VI del artículo 90, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En forma paralela, el Tribunal de Juicios Orales integrado por Berta Vergara Álvarez, Elvia Terán Peña y Martín Domínguez Casarrubias, determinó que el ex auditor era responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública, por lo que el 28 de enero de 2015 el ex funcionario fue condenado a tres años de prisión, pero nunca pisó la cárcel porque le fue concedido el beneficio de la libertad bajo fianza.

Con fecha 12 de junio de 2012 fue designado como Auditor Superior el Lic. Luis Manuel González Velázquez para concluir el periodo de siete años del C.P. Gerardo Casamata Gómez. Sin embargo con fecha 11 de diciembre de 2014, el Pleno del Congreso que controlaba en ese momento Graco Ramírez, desapareció “de un plumazo” la institución para evitar que se continuara la investigación sobre el uso de un préstamo de 2500 millones de pesos.

Vicente Loredo Méndez, personaje ligado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cumplió al pie de la letra lo que le ordenó la diputada local Lucía Meza Guzmán, autora de la iniciativa de reformas que dio vida a la Entidad Superior de Fiscalización: no dejar rastros de la investigación en contra de Graco, y no actuar en contra de ningún presidente municipal salvo aquellos donde hubiera disposición expresa, como fue el caso de Miguel Ángel Colín y Jesús González Otero, ex alcaldes de Temixco y Cuautla, respectivamente.

En aquella ocasión, la Entidad Superior de Fiscalización fue publicitada como “una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, que permita la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”.

“Nadie ocupará un cargo en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que no tenga el perfil adecuado, la capacidad para desempeñar su empleo y que sus actuaciones no se apeguen al estricto marco de la legalidad”, declaró Lucía Guzmán.

Según la iniciativa, se creó un Consejo de Dirección y un Consejo de Vigilancia, el primero de ellos como un órgano de consulta y deliberación de las estrategias institucionales al servicio de la Entidad Superior, el cual será presidido por el Auditor General e integrado por los Auditores Especiales y Directores Generales, y el segundo como un órgano dependiente de este Congreso, responsable de la vigilancia y el control de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

Al final, Vicente Loredo se dedicó a “nadar de a muertito”, y cuando llegaron los nuevos diputados a preguntarle qué es lo que había hecho en estos tres años, dijo que no podía dar información porque estaría violando la Ley de Protección de Datos Personales.  Pero no hacía falta ser experto para darse cuenta de que protegió a diputados que terminaron su periodo en 2015, pues casualmente ninguno de ellos tuvo observaciones graves en sus cuentas públicas. A cambio de ello, recibió partidas extraordinarias de las que nadie sabe su destino.

Vicente Loredo presentó su renuncia en diciembre del año pasado y en su lugar quedó su discípulo, Uriel González Sotelo, quien se inscribió como aspirante para tratar de ocupar el cargo en forma definitiva.

Con estos antecedentes comprenderá usted, estimado lector, la responsabilidad que recaerá sobre el nuevo auditor, el que se supone no debe tener nexos con ningún partido para que las investigaciones no vayan con sesgo político.

Y algo muy importante: todos queremos saber dónde quedaron los casi 500 millones de pesos que recibieron los integrantes de la anterior legislatura tan sólo en el 2018.

HASTA MAÑANA.

¿Por qué Raúl Israel Hernández Cruz? Es la pregunta que hicimos a algunas personas que tuvieron que ver con el proceso de selección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Ayer, al igual que otros días, transportistas de la zona oriente desquiciaron el tránsito a su paso por diversos municipios hasta llegar a Cuernavaca, donde se entrevistaron con los integrantes de la Comisión Legislativa del Transporte. Aunque entregaron un pliego con diversas peticiones, la realidad es que sólo buscan hacer presión para obtener más concesiones.

A lo largo de su historia, el ser humano no ha dejado de viajar de un lado para otro en busca de mejores condiciones de vida.

Casualidad o no, pero la sentencia que acaba de dictar la Juez Cuarta de Distrito con sede en Cuernavaca, Griselda Sáenz Horta, de 34 años de prisión y el pago de casi dos millones de pesos, en contra de 12 policías federales que hace 7 años atentaron contra dos agentes de la CIA norteamericana, pareciera insertarse en las acciones ordenadas por el gobierno de López Obrador para congraciarse con Estados Unidos.

Por principio de cuentas, Stan Dove Boss y Jesús Hoods Garner no tuvieron que pasar por el viacrucis que sufrimos todos los que hemos sido víctimas de un delito en territorio mexicano. Es más, ni siquiera fueron requeridos para comparecer ante la Juez, sino que con la pura declaración ministerial -que se llevó a cabo en territorio norteamericano- se siguió todo el procedimiento que culminó el pasado lunes con una de las más altas condenas de las que se tenga memoria para el delito de tentativa de homicidio.

Afortunadamente, fueron absueltos los agentes Ivonne Moreno Romero y José Ortega Ortega, quienes demostraron no haber disparado en ese operativo.

¿Qué sucedió ese 24 de agosto del 2012 en Huitzilac? Depende a cual declaración quiere usted creer más.

La versión de los agentes de la CIA fue la siguiente:

“Acorralados (…) el agente de la CIA Stan Boss, conductor de la camioneta (…), le dijo a sus compañeros que se ‘haría el muerto’ para que (les) dejaran de disparar ( …), sin embargo no lo hacen y continúan disparándole al vehículo, entonces, mientras disparan, el piloto recibe dos impactos adicionales de bala, uno en el brazo derecho y otro en el muslo derecho.

“Unos cuantos segundos después de eso dejaron de disparar y miré por las ventanas, percatándome que se veían entre ellos como si no trajeran más municiones, quedando todo muy quieto, entonces los pistoleros no nos hablan, no se acercan al vehículo y el piloto sigue haciéndose el muerto", narró el también agente Chese Garner (Jesús Hoods Garner).

A Stan, su compañero al volante, el rozón de un tiro le destrozó la mitad de la oreja derecha, le incrustó los lentes en la cara y produjo un desmayo momentáneo, pero reaccionó cuando recibió otro balazo en el brazo y se dio cuenta que también empezaba a sangrar de una pierna.

“El primer impacto que sentí fue en la cabeza, en la zona del oído derecho, de atrás hacia adelante y en la mejilla, me lesionó con un rozón, de hecho me destrozó la oreja en la parte media, a consecuencia de ello perdí el sentido.

“Cuando vuelvo en sí me percato que fui impactado en el brazo derecho, pero tenía diferentes esquirlas, aproximadamente 10, las cuales no tuvieron salida, sentí otra lesión en la pierna derecha, en el muslo, igual por una bala; en ese momento me dedico a hacerme el muerto para que dejaran de atacarnos”, recuerda Stan Boss (Stan Dove Boss).

Uno de los federales vestido de civil fue el más perseverante. Al frente de su grupo, con un arma larga que en un principio a los estadunidenses les pareció que era una AK-47, disparó directamente a la altura de la ventanilla del conductor, luego en el parabrisas y el cristal del copiloto. "¡Son diplomáticos! ¡son diplomáticos!", gritaba el capitán de Fragata Fabián Molina Llera, quien también iba en el asiento posterior del vehículo, desesperado porque no salía su llamada de celular para pedirle ayuda al teniente de Fragata Leonardo Ruiz Canche, entrenador del campo de adiestramiento en "El Capulín", a donde se dirigían.

Las últimas imágenes que Boss recuerda resumen un episodio sangriento. "Yo estaba tratando de usar mi celular, pero había tanta sangre en mis manos que no pude hacer nada. "Vi que (Garner) se desplomaba enfrente del vehículo y alcancé a ver que sus piernas y toda la parte de atrás estaba llena de sangre, entonces yo intentaba abrir la puerta del vehículo".

Ahora, lo que declararon los policías federales:

Buscaban a los secuestradores de Salvador Vidal Flores, funcionario del INAH, secuestrado un día antes. Para ello fue convocada “la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva, Estación Tlalpan” de la PF para “implementar un operativo conjunto” con los policías federales destacados en Morelos. Recibieron la instrucción de vestirse de civiles –aunque conservando el chaleco y la chamarra de la PF– y usar autos particulares.

Los automóviles en los que se desplazaban los policías federales fueron una camioneta Voyager verde, un Altima gris, una camioneta Xterra amarilla y un Chevy azul.

Jorge Alberto Vargas Camacho, quien iba con el inspector Sánchez Durán y Humberto Segovia Domínguez en el Chevy azul, en su declaración dijo que al encontrarse en el kilómetro 43, Sánchez Durán recibió una llamada de Sánchez Fonseca, quien viajaba en la Voyager.

“Indican que les disparan en la brecha Fierro del Toro, por lo que nos dirigimos para allá. Al avanzar unos 300 metros vi una camioneta negra que salía a toda velocidad. El conductor enderezó su rumbo, pero a su pasó rayó y golpeó el espejo del lado izquierdo del Chevy y continuó su trayecto hacia la carretera, por lo que descendí de la unidad y disparé al aire para disuadir a los ocupantes de la (camioneta) negra; en eso sale la Xterra y le hago señas para indicarle el rumbo a tomar.

“Nos reincorporamos a la carretera, rebasamos a la Xterra ubicándonos detrás de la camioneta negra hasta que detiene. Bajamos del Chevy. Vargas Camacho realiza algunos disparos. Otros hacen lo mismo al tiempo de que se parapetan en un cerro o detrás de sus vehículos. Después llega la Xterra, al final la Voyager”.

Una vez terminado el enfrentamiento y cuando los policías supieron a quiénes habían atacado, Garrido Franco envió a Vargas Camacho a elaborar una ficha informativa. Pero en la oficina de Tlalpan recibió una contraorden.

“Nos concentraron. Ordenaron que nos pusiéramos el uniforme y tomáramos las patrullas que teníamos asignadas porque llegarían altos mandos. El compañero Ranulfo Ruelas le preguntó a Garrido si nos apoyarían. Dijo que desde luego, pues estábamos laborando. Luego nos pidieron que nos presentáramos a la PF en Morelos. Ahí nos subieron a una sala de juntas y elementos del Jurídico de la PF nos dieron línea para rendir nuestra declaración. Nos ordenaron que dijéramos que íbamos uniformados y en vehículos oficiales y nos trasladaron a las oficinas de la PGR en Morelos”.

HASTA MAÑANA.

Es increíble que un  sólo municipio reúna lo más bello de la naturaleza y al mismo tiempo lo más terrorífico. A Huitzilac vienen muchos turistas, familias en busca de esparcimiento y convivencia, pero también llegan delincuentes del sur del estado de México, de lo que era el Distrito Federal y – por qué no decirlo- lugareños que están enfermos de la mente porque sólo así se puede entender lo que han hecho en muchos casos que han sido denunciados.

El general Jorge Carrillo Olea estaba tan enojado que descargó su ira en la pared de su oficina. Con el puño cerrado asestó un golpe al muro sin importarle que sus nudillos casi sangraran. La anécdota la contó recientemente una de sus más cercanas colaboradoras.

El primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito resolvió en segunda instancia un amparo que promovió José Luis Jaimes Olmos contra actos de la Quincuagésima Tercera Legislatura al designar a Carmen Filio Tinajero como magistrada suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos (TUJA).

El secretario de Gobierno, Pablo Alejandro Ojeda Cárdenas, debe estar muy contento de que hayan desincorporado de su área la Coordinación Estatal de Reinserción Social para convertirla en la Coordinación del Sistema Penitenciario y que dependa de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

De unos años a la fecha, empresas transnacionales se han dedicado prácticamente a comprar ciudades enteras para  convertirlas en marquesinas publicitarias.

Jorge Nava Avilés tenía asolados a los choferes de la Estrella Roja, la Ruta 19 y todas las demás que pasaban por el Cañón de Lobos, pero nadie sabe por qué lo golpearon con tanta saña.

Con el pretexto del día de la Libertad de Expresión, el pasado sábado un grupo de periodistas fuimos convocados por Paco Guerrero Garro para una comida en su casa. “Tundemáquinas” de diferentes generaciones compartimos el pan y la sal, pero sobre todo, las anécdotas más increíbles de los últimos 50 años.

La Unión de Morelos estuvo a punto de ser el medio de comunicación que estrenaría un procedimiento legal creado para equilibrar la libertad de expresión con el derecho al respeto de la dignidad de las personas, pero que en la práctica podría ser usado como medio de intimidación por parte de algunos funcionarios.

En teoría la religión debería estar alejada de la política (“al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”) pero en la práctica hay una relación permanente y hasta perversa.

Recientemente el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, hizo declaraciones a la prensa en el sentido de que algunos alcaldes de Morelos han sido llevados al estado de Guerrero para presionarlos y obligarlos a que paguen la famosa “cuota por derecho de piso”.

Los presidentes municipales se han sincerado con el gobernador y también con el obispo Ramón Castro, pero no han presentado denuncias ante las instancias correspondientes, de ahí que sólo sean acusaciones “de oídas”.

En cambio, nos consta -porque tuvimos a la vista el expediente- el caso de un alcalde guerrerense al que se lo trajeron a Morelos “para platicar” sobre lo que tenía que darle a la delincuencia organizada.

“Mediante técnicas especiales de investigación se logró obtener la información que al parecer Adán Casarrubias Salgado, líder de las organización criminal denominada “Guerreros Unidos”, pretendía acercarse al nuevo alcalde de Cocula, Guerrero, para dar continuidad a los arreglos que tenían con la anterior administración encabezada por César Miguel Peñaloza Santana, motivo por el cual continuamos con los servicios de inteligencia e investigación respecto del nexo de los presidentes municipales en el estado de Guerrero con miembros de la organización criminal denominada Guerreros Unidos”.

Esa es la justificación con la que elementos de la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación, interceptaron llamadas telefónicas e implementaron “vigilancia móvil y fija” sobre el recién electo alcalde de Cocula Erik Ulises Ramírez Crespo, hasta que lo detuvieron precisamente cuando comía con el capo en un restaurante en el municipio morelense de Emiliano Zapata.

El informe al que tuvo acceso este reportero, firmado por elementos de la “Coordinación de Operaciones Encubiertas de la División de Inteligencia de la Policía Federal”, establece que este grupo criminal ha tenido tratos con la mayoría de los alcaldes de Guerrero y pretendía continuar la relación en el trienio pasado.

Y queda evidenciado que las negociaciones no se hacían en territorio guerrerense, sino en Cuernavaca (principalmente en el área de comida de la Plaza Galerías) y el restaurante “La Cabaña de Max”, en el municipio de Emiliano Zapata.

Del informe de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se desprende que algunos alcaldes están siendo espiados por el gobierno federal. No lo mencionan abiertamente, pero le llaman “técnicas especiales de investigación”.

Fue a través de esas “técnicas especiales”, que la Policía Federal “logró obtener datos suficientes de que el día 29 de octubre del 2016 se realizaría una reunión entre el alcalde Erik Ulises Ramírez Crespo y miembros del cartel de Guerreros Unidos en el estado de Morelos”, lo que derivó finalmente en la detención de siete personas que departían en “La Cabaña de Max”.

Aunque la puesta a disposición que hizo la Policía Federal de los siete detenidos señala que la detención ocurrió en las afueras del restaurante “La Cabaña de Max”, todos los testimonios que obran en el expediente coinciden en que los soldados y policías irrumpieron en el interior del establecimiento de comida.

Así lo narra Benjamín Martínez Acosta, secretario particular del alcalde de Cocula:

“Aproximadamente a las 14 horas nos trasladamos a la Plaza Mega Comercial que se encuentra ubicada frente al 27 Batallón de Iguala, Guerrero. Esto con la finalidad de que el presidente municipal se entrevistara con el licenciado Eloy Flores Carreto, quien nos dijo que nos trasladáramos a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, toda vez que en esa ciudad nos veríamos con una persona que era muy buena gente y que nos iba a ayudar con los proyectos.

“Siendo el caso que nos trasladamos a Galerías de la ciudad de Cuernavaca, deseando agregar que nos trasladamos a bordo de un vehículo Sentra, color gris, propiedad del papá del presidente municipal de Cocula, Guerrero, a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a Plaza Galerías, específicamente al área de comida, por lo que nos sentamos y pedimos comida, pasando unos veinte minutos, cuando recibe una llamada el licenciado Eloy Flores Carreto, que siempre no nos veríamos en Plaza Galerías, que nos trasladáramos a un restaurant que está ubicado rumbo a Zapata, Morelos, razón por la cual nos salimos de Galerías y nos dirigimos con rumbo a Zapata.

“El licenciado Eloy Flores Carreto recibió de nueva cuenta otra llamada en la cual le dijeron que siguiera una camioneta Frontier color gris, la cual salió de un centro comercial y la seguimos hasta el restaurant donde llegamos, descendiendo del vehículo Frontier dos personas, quienes se introdujeron al restaurant y del vehículo en que venimos primero el presidente municipal Erik Ulises Ramírez Crespo y el licenciado Eloy Flores Carreto, quienes también se introdujeron en el restaurant”.

El chofer, Mariano Zamora Paredes, refiere por su parte que en el vehículo se quedaron él y el secretario particular, Benjamín Martínez Acosta, pero diez minutos después el alcalde sale y le indica con ademanes que entren al establecimiento de comida.

“Al llegar a la palapa en la que se encontraba mi jefe observé que en su mesa estaban un total de cinco personas de las que sólo reconocí a mi jefe y al licenciado Eloy; a las otras tres personas nunca las había visto hasta el día de ayer. Quiero precisar que Benjamín y yo nunca nos acercamos a la mesa de mi jefe por lo que desconozco qué temas hayan tratado”.

Tanto en el Ministerio Público como en el Juzgado de Distrito, el alcalde de Cocula siempre sostuvo que no sabía que se entrevistaría con el jefe de los Guerreros Unidos, sino “con el empresario que maneja los Oxxos”.

Refiere que después de la presentación hubo un lapso de silencio porque comenzaron a comer.

• Lo que yo quiero es que toda la región norte de Guerrero esté tranquila y sin problemas- comentó el jefe de los Guerreros Unidos.
• Pues Cocula siempre ha sido un pueblo muy tranquilo- contestó el alcalde.

En ese momento vieron entrar policías y soldados por todos lados. No hubo tiempo de nada.

El alcalde, su secretario particular, su chofer y Eloy Flores Carreto (quien se identificó con una credencial de la Cámara de Diputados Federal firmada por el diputado perredista Catalino Duarte Ortuño) quedaron bajo arraigo por 40 días.

Fue liberado el 11 de diciembre del 2015 por falta de elementos, y detenido nuevamente el 9 de febrero del 2016 en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Iguala, por delincuencia organizada.

Mientras tanto, Adán Zenén Casarrubias Salgado, y dos presuntos ayudantes, permanecen presos en un penal federal de Sonora.

HASTA MAÑANA.

Si en lugar de ser entidades federativas fueran países, Guerrero tendría una deuda con Morelos que merecería por lo menos una enérgica nota diplomática. El estado que gobierna Héctor Astudillo le debe una disculpa pública a la familia de Alan Cerón Moreno, así como una indemnización económica porque sus policías se llevaron a este joven de la colonia Alta Vista de Cuernavaca, lo mantuvieron secuestrado en Chilpancingo, de donde se escapó y logró llegar hasta la agencia del Ministerio Público para comunicarse con su familia. Y de ahí, funcionarios de la Procuraduría Guerrerense y Policías Ministeriales lo entregaron a “la maña” para que lo ultimaran.

Los vecinos de la colonia Alta Vista no pueden olvidar aquella noche del 24 de diciembre del 2011. Alrededor de las 19 horas, sicarios que viajaban a bordo de varias camionetas se enfrentaron con policías municipales de Cuernavaca en la parte más baja de un valle conocido como la colonia Zacatierra. Ahí quedaron dos sicarios muertos y abandonadas seis camionetas en cuyo interior se encontraron 17 armas largas, dos cortas y un lanzagranadas.

Un segundo enfrentamiento se dio precisamente frente al módulo de Seguridad de la colonia Carolina, donde uno de los sicarios en su huida se introdujo a las oficinas de la Policía y al ver a una mujer uniformada que hacía labores de radioperadora le disparó, falleciendo al instante.

Al final, el saldo fue de tres sicarios muertos, de los cuales dos fueron identificados de inmediato: Baltazar Moreno Mora, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero y Juan Jesús Cabrera Salazar, policía preventivo estatal también del vecino estado. Fueron detenidos Jorge Alfredo Castro Castro, Miguel Ángel Romero Peñaflor, Ezequiel Rivera Ocampo y Marcelino Calletano García, todos originarios de Chilpancingo, Guerrero.

La angustia de los padres de Alan se vio aminorada cuando, el 26 de diciembre a las 19 horas reciben una llamada telefónica de un hombre que les comunica que su hijo se encuentra en las oficinas del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Bravo, en Chilpancingo Guerrero, pues acababa de escapar de donde lo tenían secuestrado. Sin embargo, mayor fue su sorpresa cuando llegaron al otro día al lugar indicado y recibieron la noticia de que su hijo no estaba.

“El muchacho se desesperó y se retiró”, fue la primera absurda e inverosímil versión que escucharon en voz de Juan Falcón, el agente del Ministerio Público que había hecho la llamada. Es entonces cuando interviene el abogado Miguel Ángel Rosete Flores, quien acompaña a los padres en una nueva visita a las instalaciones de la Procuraduría de Guerrero en Chilpancingo. Primeramente se entrevistan con elementos de la Policía Municipal de Chilpancingo, quienes refieren haber encontrado a un joven que sólo vestía un bóxer negro y una playera, atado de pies y manos con cinta canela, sobre la carretera. No iba solo, lo acompañaba una joven que dijo llamarse Guadalupe.

Al parecer Guadalupe también estaba secuestrada por ser pareja de un vendedor de drogas de Chilpancingo, y suponemos que ella es quien convence a Alan de que escapen porque sabía que estaban muy cerca de la carretera.

Ambos jóvenes son entregados por la Policía Municipal al Ministerio Público, pero ella abandona las instalaciones durante el día, sin que se pueda precisar a qué hora exactamente. Alan, en cambio, no tuvo otra opción que permanecer en la agencia del MP, suponiendo que ahí estaría a salvo de sus captores.

Lo que no sabía es que los policías trabajaban para el crimen organizado, y que en cuanto se percataron de que estaba en la agencia del MP para denunciar su secuestro, simplemente ordenaron su recaptura y ejecución.

“No sabemos cómo le hicieron, pero sabemos que Alan salió por su propio pie y se subió a un vehículo de los sicarios. Quizás alguien de la Procuraduría le dijo que lo iban a llevar a Cuernavaca, o a tomarle sus datos. No sabemos, pero el hecho es que no lo sacaron violentamente”, explica el abogado Miguel Ángel Rosete, quien acompañó a la familia a buscar a Alan  en Chilpancingo.

El titular de la Agencia del MP, Omar Sandoval León, de plano dijo que nunca vio a Alan; su segundo, Juan Falcón Bautista, asegura que “se desesperó y se fue”; los policías nos decían que “seguramente andaba de desmadre, pues no estaba sólo sino con una chava”, pero nadie daba información de su paradero.

“Me entrevisté con el entonces procurador de Justicia de Guerrero, quien me mostró un documento en el que la PGJ me daba respuesta a mi petición de obtener los videos tomados ese día por las cámaras de seguridad. Me decían que no había cámaras porque estaban en remodelación. Entonces le puse en su escritorio al procurador las fotos que yo tomé de las cámaras, y me dijo: vete a la PGR, aquí ningún Ministerio Público se va a atrever a investigar a sus propios compañeros”, recuerda Rosete Flores.

Luego de marchas, manifestaciones, ruedas de prensa, oficios y muchas visitas a la Procuraduría de Guerrero, “ya no soportaron la presión y buscaron la forma de que encontráramos el cuerpo para que esto terminara”, refiere.

Fue así como en mayo del 2012 la Policía Ministerial de Guerrero presentó ante el Ministerio Público a un campesino de 27 años de nombre Misael Morales Rodríguez, quien primeramente fue detenido por conducir un vehículo reportado como robado, pero ya en los separos “confesó” haber participado en el asesinato de Alan Cerón.

Dijo que un sujeto al que apodan ‘El Nariz’ y otro al que sólo conoce como ‘El chivo’, le ofrecieron trabajo como sicario y que en diciembre del 2011 le ordenaron conducir la camioneta con la que “iban a levantar a uno de la familia michoacana”, y que fueron por él a la agencia del Ministerio Público.

Asentó en su declaración que el joven se subió por su propio pie a la camioneta Mitsubishi y que se lo llevaron rumbo a Zumpango donde ‘El Nariz’ y ‘El Chivo’ lo bajaron, lo golpearon, le dieron el tiro de gracia y lo enterraron en una fosa de apenas 30 centímetros de profundidad.

Sobre ‘El Nariz’ dijo que tuvo noticias de que ya lo mataron en Tierra Colorada y al otro no lo ha vuelto a ver. Así fue como el 16 de mayo del 2012 el detenido condujo a las autoridades hasta un predio donde estaba enterrado un cadáver que las pruebas de ADN demostraron que se trataba de Alan Israel Cerón Moreno.

Misael Morales Rodríguez, único testigo de la artera ejecución del muchacho, fue asesinado en la cárcel de Chilpancingo semanas después de su ingreso. La Procuraduría de Justicia de Guerrero no realizó ninguna investigación interna para determinar qué servidores públicos entregaron o permitieron que se llevaran al joven Cerón Moreno, y por qué durante todo ese tiempo no iniciaron la denuncia correspondiente. Los servidores públicos involucrados siguen laborando normalmente.

HASTA MAÑANA.

“El güero venía con frecuencia. Era muy amable y nada ostentoso en su seguridad. Caminaba como si nada por el centro de Xochitepec y todos sabíamos que en su rancho “El Paraíso” tenía animales exóticos, pero nunca nos imaginamos que él fuera uno de los narcotraficantes más buscados de México, hasta que lo vimos en televisión y que lo presentaron como Edgar Valdez”.

Para entender el problema de las pensiones y jubilaciones: 

Quizás usted sea de esas personas que acostumbra usar una botella de Padre Kino para llenarla de monedas. A muchos les funciona porque cuando se llena les puede servir para un viaje o para comprar una medicina. Ahora imagine que le da a resguardo su botella a su esposa (o viceversa) y que él o ella sin decirle nada toma ese dinero para comprar comida o cualquier otra cosa. Eso ha sucedido con el dinero de las pensiones: el gobierno le quita una parte y le dice que lo guardará para su vejez, pero en realidad ese dinero lo ha venido usando como “caja chica”.

Y es que, en virtud de una población en envejecimiento a pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores formales, aunado a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para cubrir los gastos del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la principal herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el gobierno de la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos.

 El proyecto de Egresos para 2018 enviado por el Ejecutivo contemplaba 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones; la cifra es enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable, mayor que el presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, en conjunto.

 Esos 700 mil millones de pesos se irán a las 59 millones de cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país, pertenecientes a los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social y cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10 billones de pesos.

 Por el momento nadie tiene claridad de dónde están esos 10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión productiva aún existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir los consumos gubernamentales. Y es que en los años recientes el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.

En este sentido, el jurista Humberto Luna enfatiza respecto a la administración de los fondos de retiro como un esquema de despojo para los trabajadores, en el que empresarios y gobierno son cómplices. Abunda en ese sistema ganar-ganar del gobierno, pues emplea el dinero de los trabajadores para su gasto corriente y los empresarios de esa manera incrementan ganancias a través de las Afores.

 "Como el gobierno ya no dispone de los fondos de Pemex para cubrir sus gasto corriente, aprovecha el dinero que proviene de las pensiones. En 2018 los fondos de retiro llegaron a 2.8 billones de pesos y ese monto se está utilizando para cubrir los gastos del gobierno", acusó el abogado al explicar que al menos el 70% de esos recursos se usa en el gobierno como deuda interna.

"Es un robo. Si revisamos casos aislados de los trabajadores, podemos ver (que) merman su pensión con más de un millón de pesos por pensionado", expresa Humberto Luna, luego de señalar las absurdas justificaciones que sobre las bondades de los sistemas de pensiones realizan algunos investigadores, quienes prefieren quedarse en las cifras macro para no entrar a los casos individuales de cada trabajador, casos en los se puede observar a detalle dichas irregularidades.

 Así pues, explica a través de la lógica de posesión por despojo, las reformas estructurales de los últimos años han tenido como fin facilitar la mercantilización de ámbitos donde antes no tenía cabida el mercado, "como los gobernantes están impuestos por los dueños del capital, su trabajo como gobierno se enfoca a beneficiar los intereses de las corporaciones y no les importa la suerte de la gran mayoría de las personas que vivimos aquí", afirmó el jurista de la UNAM.

 Y resaltó que en el caso de las Afores, éstas pueden invertir libremente los recursos de los trabajadores y ni siquiera la CONSAR dispone de instrumentos de coerción para ir más allá de las multas, de tal modo que, las distintas Afores tienen la oportunidad de incumplir la ley y permanecer libres de culpa solamente pagando una multa generalmente mínima en comparación de sus ganancias.

"Mientras los trabajadores de este país no tomen el problema en sus manos, nada se va a resolver", anticipa Humberto Luna y reconoce como mayor problema la ignorancia y desinterés de los trabajadores quienes generalmente desconocen la situación de sus pensiones y sólo se ocupan de ellas hasta el momento de solicitarla.

 "Esto es una bomba de tiempo y se van a empezar a preocupar cuando en el 2020, el gobierno les diga que no tiene dinero para pagar sus pensiones", dice el experto, quien precisa además que para abastecer las pensiones de la generación de transición (la que empezó a cotizar antes de 1997), el gobierno necesitará más de 10 billones de pesos, dinero que no posee.

“Cuando sólo 1 de cada 10 trabajadores sabe en qué Afore se encuentra su dinero, mientras el resto eligió su Afore por la persona que lo invitó a ella, se hace palpable el desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja el dinero destinado a su futura pensión.

“De entrada hay una disparidad entre el número de cuentas y de trabajadores: mientras las Afores reportan un total de 57.4 millones de cuentas, el número de trabajadores afiliados es de 39 millones, es decir, 18.4 millones de cuentas son cuentas duplicadas y es que un mismo trabajador puede tener cuentas en distintas Afores sin saberlo y las Afores aprovechan esta circunstancia pues reciben comisión por cada cuenta”, detalla Humberto Luna.

 Y agrega que son pocos los trabajadores que saben cómo están manejando sus recursos las Afores, en qué están invirtiendo su dinero y qué rendimiento van a recibir.

 Lo grave, señala, es que ante la ley el único responsable de cómo se maneja su dinero es el propio trabajador, de modo tal que si la Afore en la que están inscritos decide jugar su capital en la Bolsa de Valores, en instrumentos de alto riesgo o bonos basura y pierde, quien resentirá dicha pérdida es el trabajador, la Afore no tendría responsabilidad alguna, ni hay seguro que cubra ese desfalco al pensionado.

HASTA EL LUNES.

Esta es una historia real, pero los nombres han sido cambiados para proteger a la víctima y los testigos, y para no violar el derecho a la presunción de inocencia.

Jonathan se levantó del paradero y recorrió con la vista la fila de microbuses que se acercaban a baja velocidad, pero no ubicó ninguna ruta 13 que lo llevara a su casa.

Iba a sentarse nuevamente cuando vio un Tsuru blanco sin placas que se detuvo frente a él.

“Qué onda wey, ¿vas a jalar a la party o qué pex?”, escuchó Jonathan, quien reconoció a Luis Ángel, su compañero de salón, que venía de copiloto en el Tsuru.

• No puedo wey, tengo que estudiar para el examen- se disculpó Jonathan.
• Ándale, nomás unas micheladas ahí cerca de la Universidad, hay promo- terció Brayan, que venía manejando.
• No gracias, deveras. Pero si van a la Uni denme un aventón a mi casa. Ya ves que vivo por Domingo Diez.

El muchacho se subió en el asiento trasero del Tsuru. Sólo hasta ese momento se dio cuenta que otro vehículo venía atrás de ellos.

-Son compas de la Prepa, también van con nosotros a echarse unas chelas- explicó Luis Ángel.

Los dos vehículos tomaron la autopista y llegaron a la Paloma de la Paz. Jonathan iba a bajarse en la glorieta pero pronto lo convencieron de acompañarlos al antro. “Sólo una michelada de a litro y ya”, advirtió mientras pedían una mesa para cinco en el concurrido lugar, ubicado muy cerca de la máxima casa de estudios.

Jonathan notó la ausencia de Brayan y otro más que iba en el segundo vehículo. “Es que ese wey vive aquí cerca y cuando venimos nos deja estacionar el coche de Brayan en su casa para no dejarlo en la calle. Pero ahorita viene”, le explicó Luis Ángel, quien era al único que realmente conocía porque iba en su mismo salón de la Preparatoria Nocturna Uno. A los demás sólo los ubicaba de vista.

Pasaron las horas y los cinco jóvenes seguían ingiriendo bebidas embriagantes. Alrededor de las 9 de la noche Jonathan y Luis Ángel fueron al baño. Cuando venían de regreso vio que una chica lo saludaba con mucha familiaridad.

• Ella es Leticia, está en el equipo de Tocho igual que yo- le dijo Luis Ángel a manera de presentación.
• Mucho gusto Leticia, soy Jonathan y voy en la Prepa Uno igual que éste wey- contestó Jonathan mientras le daba un beso en la mejilla a la joven.
• Igual y ahorita nos tomamos unas chelas no? Ya me aburrí de que acá puro machín- ofreció Luis Ángel y la muchacha asintió con la cabeza.

Siguieron tomando y al rato Jonathan vio que Luis Ángel, Brayan y la muchacha que le habían presentado ya estaban en otra mesa, y parecían muy divertidos.

En una de las ocasiones en que se paró al baño ya no vio a la chica ni a sus amigos. Le preguntó a los otros dos que permanecían en la mesa.

“Ahorita viene tu amigo, fueron a dejar a la chava a su casa, pero no te preocupes, tienen que regresar a entregarme las llaves de mi casa, porque se las presté para que sacaran el Tsuru”, le dijo el otro preparatoriano del que sólo recuerda que se llama Gonzalo.

Pasaron las horas y Luis Ángel y Brayan no regresaban. Gonzalo ya estaba enojado porque quería irse a su casa pero ellos se habían llevado sus llaves.

“Son mamadas. Dijeron que sólo iban a llevar a la chava. Y ahora ni contestan el celular”, decía a cada rato el muchacho.

Ya pasaba de la medianoche cuando aparecieron Brayan y Luis Ángel. Gonzalo estuvo a punto de golpearlos pero intervinieron los demás preparatorianos.

-Es que tuvimos un pedote- se justificó Brayan.

-Si wey, se nos murió la chava y tuvimos que deshacernos del cuerpo-, comentó entre dientes Luis Ángel.

- Sí como no. Mejor di que siguieron chupando con ella y acá nosotros  como pend…

Ahí terminó la noche de “party” de los preparatorianos. Pagaron la cuenta y cada quien se fue a su casa.

-¿Ya viste lo de la chava que encontraron muerta en la autopista?- escribió Priscila, la novia de Jonathan por el Messenger.

- Sí, algo escuché en las noticias. ¿Pero pues ya es normal que las maten no? – contestó el muchacho.

- Lo que me llama la atención es que ella entrenaba con los Venados Black, igual que tu amigo Luis Ángel, con el que me dijiste que saliste la noche del jueves.

- Pero Luis Ángel no es capaz de matar una mosca- bromeó Jonathan.

- Es ella. Mira.  (le envía un link donde viene la foto de Leticia).

La conversación ya no siguió por Messenger, sino por teléfono.

- ¡No manches! Es la misma que se fue con Luis Ángel y Brayan. Entonces no estaban mintiendo, sí se les murió la chava- dijo Jonathan visiblemente exaltado.

- ¿Cómo que se les murió? A ver Jonathan, ¿quién se murió? ¿En qué problema estás metido?

Ya no siguieron hablando.

Días después, una voz femenina hizo una llamada anónima a la Fiscalía General del Estado:

“Quiero denunciar que a Leticia, la que encontraron enfrente del Rojo Azafrán la mataron dos estudiantes de la Preparatoria Nocturna 1. Uno se llama Brayan y el otro Luis Ángel. Estuvieron conviviendo con la chava en un bar que se encuentra muy cerca de la UAEM. De ahí salieron los tres y cuando ellos dos regresaron le dijeron a sus compañeros que habían tenido un pedote y que se les había muerto la chava”.

HASTA MAÑANA.

Cada año, el gobierno del Estado tiene que apartar del presupuesto una cantidad de dinero que oscila en unos 800 millones de pesos, mismos que (metafóricamente hablando) lanza a un pozo sin fondo. No es para obras, no es para medicinas, es para mantener a miles de personas que están pensionadas, es decir, que cobran pero sin trabajar, o si trabajan lo que ganan es aparte.

Desde un punto de vista optimista se diría que toda esa gente ya desquitó lo que le están pagando con muchos años de trabajo, y que para eso durante todo el tiempo que cobró en gobierno, una parte de su sueldo le fue retenida precisamente para su jubilación.

Pero desde un punto de vista realista, la verdad es que todo ese dinero que el gobierno le descontó de su quincena durante décadas no lo ahorró, sino que se lo gastó.

Y aunque debemos reconocer que gran parte de esos jubilados y pensionados sí cumplieron al pie de la letra con los requisitos para obtener esa prestación legal, muchos de ellos la obtuvieron con trampas.

Ayer platicaba con un conocedor del tema que labora en el Congreso del Estado y me comentaba que, efectivamente, la LIII Legislatura fue la que otorgó pensiones de manera burda, cínica, escandalosa, pero que si nos diéramos a la tarea de analizar las jubilaciones de las anteriores legislaturas, nos encontraríamos con que ha habido un saqueo descomunal al erario estatal.

Morelos tiene una de las legislaciones más benévolas con sus trabajadores burócratas. Y no solamente porque es de los pocos donde se conceden tres meses de aguinaldo sin argumento alguno, sino porque una jubilación la puede obtener casi cualquier persona que tenga el dinero o las “palancas” necesarias.

Y es que la ley no contempla ninguna medida para garantizar que la documentación que presenta el peticionario realmente corresponde a la realidad. Basta con presentar un documento con sello y firma de un Ayuntamiento o de una dependencia para dar por hecho que esa persona trabajó el tiempo que ahí se estipula.

A manera de broma, comentábamos ayer con este servidor público que a Julio Espín Navarrete las dos veces que fue presidente municipal se le echaron a perder los archivos por las lluvias, en tanto que en Huitzilac un incendio acabó con todos los documentos que estaban resguardados.

El proceso de cancelación de pensiones que está realizando la actual legislatura será una buena oportunidad de ver si se puede impedir o no este robo al erario. Será una especie de experimento en el que mucho tendrán que ver los criterios que apliquen los jueces de Distrito ante los cuales ya están recurriendo muchos de los que fueron rechazados.

Vamos a ver en cuántos casos “pagan justos por pecadores”, es decir, que habiendo reunido los requisitos de ley, se vean afectados al ser metidos en una misma bolsa donde están los deshonestos.

Y vamos a ver en cuántos casos los ex servidores públicos “se van riendo” luego de obtener sendos amparos de la Justicia Federal.

Consideramos que cualquiera que sea el resultado la Cámara de Diputados no debe quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se burlan los beneficiarios de las llamadas “pensiones doradas”. Los diputados deben reformar el marco legal para que no se repitan este tipo de trampas que lesiona la de por si deteriorada economía del Estado.

Lo ideal sería que los diputados de la LIV Legislatura realmente quisieran pasar a la historia y dijeran un “ya basta” al saqueo del erario a través de la jubilaciones. Se requieren pantalones para decir “ni un jubilado más”, y que de aquí en adelante esa prestación se conceda solamente para quien demuestre rigurosamente que lo merece y en cantidades asequibles.

También, se requieren pantalones para desaparecer un aguinaldo de tres meses que fue instituido por un gobernador para quedar bien con sus gobernados pero que es el equivalente a dejar endeudada la entidad para el resto de sus días.

¿Por qué los burócratas de Morelos reciben tres meses de aguinaldo si en otros estados y en la Iniciativa Privada lo normal son 30 días?

Si derogaran esa disposición se ahorrarían muchos millones de pesos, pero no habrá diputado que lo proponga porque se echaría encima a todos los trabajadores, tanto en activo como jubilados.

Por otra parte, también tenemos otro problema: muchos de los actuales funcionarios ya están jubilados por el gobierno estatal y cobran a través de honorarios.

Comenté esa situación recientemente con Juan Manuel Díaz Popoca, experto en derecho laboral y que irónicamente es uno de jubilados que siguen trabajando. Me decía que hay una ambigüedad en la Ley. Es decir, que si bien no dice que una persona que está jubilada en el gobierno del estado puede trabajar por honorarios, tampoco hay una prohibición expresa. Luego entonces, lo que no está prohibido está permitido, y eso lo aprovechan muchos funcionarios que reciben sueldo y pensión.

Díaz Popoca coincidió con este columnista en que es necesario terminar con esa ambigüedad en la Ley del Servicio Civil que afecta los recursos del erario y que no da oportunidad a nuevos profesionistas de integrarse a la administración pública.

Y nunca como ahora es indispensable pensar en la creación de un Instituto de Pensiones como el que ya existe en algunas entidades de la República. Que a partir de ahora lo que se les descuente a los trabajadores sea integrado a una cuenta (de la que no pueda disponer el gobierno del Estado), para que ese dinero se multiplique y en el futuro sirva para dar una pensión digna a las personas que hayan cumplido con los requisitos.

Sólo falta saber qué diputados se van a aventar el tiro, pues los que lo han intentado han salido “trasquilados” políticamente hablando.

HASTA MAÑANA.

Ayer, militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidieron la renuncia del dirigente estatal, Gerardo Albarrán Cruz, a quien acusaron de obedecer órdenes del ex senador Rabindranath Salazar Solorio y de su hermano, el actual senador, Radamés, con los mismos apellidos.

Lo que llamó la atención fue que la conferencia de prensa estuvo encabezada por Raúl Iragorri Montoya y el senador suplente Alejandro Rojas Díaz, así como el empresario Arnulfo Montes Cuen, quienes pidieron que de manera inmediata se haga una auditoría a las finanzas del partido, tras las elecciones del año pasado.

De igual modo, afirmaron que Morena en Morelos está tomado por un grupo de militantes que se ha apoderado de sus recursos financieros y que además está ligado al ex gobernador Graco Ramírez Garrido; por ello, pidieron que de forma inmediata se inicie un proceso de renovación del partido en Morelos.

“A través de sus esbirros como Miguel Lucia Espejo, buscan que prevalezcan sus privilegios y sus redes de corrupción ligadas al peor gobernador que ha tenido el estado de Morelos, que es Graco Ramírez. Ellos están profundamente identificados con Graco Ramírez”, señaló el empresario Iragorri.

Y luego remató: “Hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador decir que en la cuarta transformación vamos a combatir los actos de corrupción sea quien sea. Pues bien, en Morelos la dirigencia estatal de Morena es ilegítima y corrupta. Tenemos pruebas de ello”.

Recordó que tras la renuncia de Miguel Lucia Espejo dejaron a un encargado de despacho que “lo único que hace es atender los intereses políticos de sus jefes políticos, Rabindranath y Radamés Salazar Solorio”.

Agregó que en varias ocasiones la dirigencia estatal ha actuado a conveniencia del ex gobernador Graco Ramírez, por ejemplo, cuando ordenó a sus diputados votar en contra de la iniciativa que permitiría sacar del cargo al fiscal general de justicia nombrado por el gobernador perredista así como el fiscal anticorrupción.

También criticó a la dirigente nacional, Yeidckol Polenvsky, por haberse referido con palabras ofensivas al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, y su jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz.

“Esa actitud es poco digna de una dirigente estatal y menos de una que se considera dama, lo cual ha provocado un desencuentro que en nada ha beneficiado a Morelos. Por lo visto, el grupo de Rabín y Miguel Lucia le están apostando al fracaso del actual gobierno estatal”.

Denunciaron que dicho grupo pretende convocar a asambleas para agosto, a fin de renovar consejo municipal; sin embargo, sería ilegal porque primero el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que revisar el padrón de afiliados y posteriormente llevar a cabo dicho proceso.

Por cierto que Alejandro Rojas Díaz-Durán estuvo este fin de semana en Acapulco, y allá repartió calificativos a sus compañeros de partido.

Dijo que "unos vivales, como René Bejarano afilian por su cuenta a ciudadanos a sus organizaciones a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que hay  pseudolíderes que medran y lucran a favor de sus intereses personales con organizaciones que pretenden ser "partidos satélites" del Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones de 2021.

 "No han entendido que la gente no quiere replicar el modelo del viejo régimen, con partidos satélites que sólo son negocios familiares o proyectos personales al mejor postor". Debe existir la genuina, necesaria y legítima pluralidad política representativa; pero es innecesaria y dañina para la democracia política que surjan del engaño, partidos políticos que sólo son comparsas a modo”.

Pero, ¿quién es este hombre que a últimas fechas se ha dedicado a denostar a la dirigencia nacional de Morena?

Alejandro Rojas Díaz-Durán nació el 8 de octubre de 1957 en la Ciudad de México. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. En esta misma universidad estudió Filosofía. Por otro lado, tiene estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y cursó un diplomado de Relaciones Exteriores en el Instituto Matías Romero.

Pero vea usted la escuela política que trae: En el año 1977 fue el secretario privado de Porfirio Muñoz Ledo. En 1987 fundó la “Juventud Progresista”, movimiento político que exigía la democratización del régimen político y que posteriormente se convertiría en la fuerza juvenil de la Corriente Democrática del PRI. Fue electo asambleísta en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para el período comprendido entre 1991 y 1994.

En el año 1993 fundó y presidió la Fundación para la Democracia, la primera organización no gubernamental en organizar la observación internacional de unas elecciones en México. Esto se llevó a cabo durante las elecciones federales de México de 1994.

Fue electo diputado del Congreso de la Unión, cargo que ocupó desde 1994 hasta 1997. Además, fue el único diputado priista en oponerse al aumento del IVA por Ernesto Zedillo, uno de los factores que influyeron en la crisis económica de México de 1994. Renunció al PRI en 1996 por estar en contra de las medidas neoliberales del gobierno y se declaró diputado sin partido.

En 1999 fundó el Partido de Centro Democrático junto a Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, partido en el cual cumplió el rol de Secretario de Acción Política.

Fue nombrado coordinador de la campaña política de Marcelo Ebrard por la Jefatura de Gobierno en las elecciones en el Distrito Federal de México de 2006. En esa misma campaña fue el encargado del Proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México.

En el 2015, tras 16 años de militancia, renunció al PRD por estar en contra de su alianza, a través del Pacto por México, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En su carta de renuncia instó a la refundación de un estado moderno y democrático y a la convocatoria de una nueva asamblea constituyente.

Actualmente es el senador suplente de Ricardo Monreal Ávila.

Algunas personas lo recuerdan por aquella anécdota del 2012 en la que siendo secretario de turismo del Distrito Federal con Marcelo Ebrard, fue a España a recibir un premio y allá reveló que el sucesor de su jefe sería Miguel Ángel Mancera, adelantándose así al resultado de una supuesta encuesta al interior del Partido de la Revolución Democrática.

Por esa situación fue obligado a renunciar, y su ex jefe, Manuel Camacho Solís arremetió contra él en medios de comunicación.

-¿Habrá una ruptura con “tu padre político”?,- le preguntó la periodista Carmen Aristegui en MVS Radio, refiriéndose a Camacho.

- Camacho nunca ha sido mi “padre político”, en todo caso mi guía fue Porfirio Muñoz Ledo y mi “jefe político” ha sido Marcelo Ebrard. “Mi proyecto político y mis coincidencias no están ligadas a Camacho, él no es de izquierda, no somos iguales”, reviró.

La mayoría de la gente (sobre todo las mujeres) creen que los feminicidas y violadores son sujetos feos con mirada torva que acechan en la oscuridad en camionetas tipo Van, a la espera de mujeres solas a las que suben en sus vehículos para saciar sus más bajos instintos y después aventar el cuerpo en un terreno baldío. De esos procuran cuidarse, y a la menor sospecha le hablan a la Policía.

Aquí lo advertimos cuando todavía era presidente municipal: Manolo Agüero Tovar está saqueando Jiutepec.

El 12 de junio del 2017 el gobierno de Graco Ramírez citó a una inusual conferencia de prensa. En el salón Bicentenario apareció la figura de doña Adriana Flores Garza, quien durante casi todo el sexenio fue secretaria de Hacienda pero en los últimos dos años la mandaron a “limpiar la casa” desde la Secretaría de la Contraloría.

Nunca daban conferencias para hablar de actos de corrupción del propio gobierno. Pero en esa ocasión el anunció dejó con la boca abierta a reporteros y funcionarios:

“La Contraloría General del Estado de Morelos detectó irregularidades graves en el proceso para expedir concesiones de taxis por lo que ordenó su cancelación, destituyó a cinco altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte y dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que realice las investigaciones correspondientes”, informó la funcionaria.

En la “operación limpieza” que llevó a cabo la secretaria de la Contraloría no se incluyó al titular de la dependencia en ese momento, Jorge Messeguer Guillén, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Graco Ramírez Garrido, quien dejó el cargo para ser candidato del PRD a presidente municipal de Cuernavaca y tras una contundente derrota regresó al cargo de secretario de Movilidad y Transporte.

De acuerdo a lo informado por Flores Garza, entre las principales irregularidades detectadas están las siguientes:

La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del primero de enero de 2014; la información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos; todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.

Por lo anterior, fueron dados de baja el director general Jurídico, Jesús López Lobato; el director general de Administración o Enlace Financiero Administrativo, Jorge Xavier Guevara Ramírez; el  subdirector de Servicios y Concesiones, el director de Procesos Internos y el actual delegado en Cuautla.

 “La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034; las otras tres mil 357 solicitudes no están en condiciones de continuar el trámite, el gobernador instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014, y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días”, declaró.

Por cuanto a la posibilidad de que estos funcionarios hayan solicitado dinero a los solicitantes de concesiones a cambio de ser favorecidos, la funcionaria dijo que sería la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de hacer las investigaciones correspondientes, y sancionar penalmente a quien resulte responsable.

Pero a dos años de esa inusual conferencia de prensa no hay personas inhabilitadas ni mucho menos encarceladas.

Todo parece indicar que se trató de una operación para quitarle el control de la Secretaría de Movilidad y Transporte a Jorge Messeguer Guillén, quien –a decir de personas cercanas al gobierno- nunca le cayó bien a Rodrigo Gayosso Cepeda.

De hecho, hay quien asegura que el día de las elecciones intermedias en el 2015, Gayosso dio instrucciones para que los votos de su gente no fueran para el candidato del PRD, que era Jorge Messeguer, sino para el candidato del PSD.

Desde entonces había una rivalidad al interior del PRD entre Messeguer y el hijo del gobernador. No obstante que Jorge fue –junto con Gerardo Becerra- los que encabezaron el movimiento que derrocó al gobierno de Jorge Carrillo Olea, el entonces gobernador prefirió hacer lo que Rodrigo proponía: quitarle la SMyT a Messeguer y usarla para ganar las elecciones del 2018.

Lo peor es que no hubo la mínima cortesía para Jorge Messeguer Guillén por parte del gobernador. Presentó su renuncia a los 15 días de la conferencia de prensa de Adriana Flores Garza, molesto porque no había realmente actos de corrupción atribuibles a sus subordinados.

En su lugar se quedó David Martínez Martínez, quien desde antes operaba para Rodrigo Gayosso desde una posición menor en la SMyT. En marzo del 2018 José Ascensión Monter Sanjuan, asumió formalmente la secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Monter Sanjuan se desempeñaba como encargado del despacho de la dependencia desde hacía varias semanas por lo que sólo rindió protesta formal para hacerse cargo de la SMyT, en la cual ya había laborado como director general de Transporte Público, Privado y Particular, así como subsecretario de Movilidad y Transporte.

Fue Monter quien operó la movilización de trabajadores del volante el día de las elecciones para gobernador. La promesa era que si ganaba Rodrigo Gayosso habría concesiones de taxis para los líderes, además de que podrían seguir haciendo los tramites que quisieran en la dependencia, donde de por sí ya tenían preferencia.

Pero, como ya todos sabemos, el proyecto les falló y los transportistas le recibieron el dinero al Partido de la Revolución Democrática pero votaron por la Alianza Morena-PES-PT.

Y es que ya Graco Ramírez siendo candidato en el 2012 les había ofrecido concesiones para los auténticos trabajadores del volante pero ya como gobernador nunca les entregó placas, sólo unos permisos en papel. Es decir, “atole con el dedo”.

HASTA MAÑANA.

A principios del 2008, vecinos, funcionarios de Protección Civil y Regidores de oposición advirtieron al entonces presidente municipal de Jiutepec, Rabindranath Salazar Solorio, de las inconveniencias de llevar a cabo un evento de gran envergadura en el recién inaugurado centro de espectáculos “Diamante Negro”, propiedad de Arturo Arai, pero él insistió en que se llevara a cabo por consejo de su asesor, Remigio Álvarez Andrés.

En Morelos han ocurrido acontecimientos que nunca nadie se hubiera imaginado, como un fiscal general de justicia que al mismo tiempo es notario y una jueza que al mismo tiempo es notaria. Todo un caso.

Además de los problemas comunes por los que atraviesa el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, hoy tiene que enfrentar la circunstancia de que grandes medios y/o comunicadores con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una guerra sin cuartel, utilizan a Veracruz y Morelos para golpear a la figura presidencial en busca de los privilegios perdidos o simplemente por diferencias ideológicas.

Durante su sexenio, la señora Elena Cepeda de León fue el arma secreta del gobernador Graco Ramírez.

Ayer una de las noticias que provocaron mayor impacto en los medios de comunicación fue el anuncio del gobierno de Quintana Roo para imponer en el municipio de Solidaridad, el Mando Único de la Policía Estatal, que encabeza desde finales del año pasado Jesús Alberto Capella Ibarra.

Esa es una historia que los morelenses ya nos sabemos de memoria. Aquí comenzó con Temixco, tomando como pretexto el homicidio de su alcaldesa Gisela Mota, el gobernador Graco Ramírez promulgó un decreto unilateral para hacerse del control de la Policía de todos los municipios, en violación flagrante al artículo 115 constitucional.

La estrategia de Alberto Capella, que puso en práctica en Morelos y seguramente hará lo mismo en Quintana Roo, consiste en pedir el control de todo (Fiscalía General y Sistema Penitenciario) y después emprender una campaña mediática para hacerle creer a la gente que ya lo logró.

La ilegal modalidad del Mando Único se estableció en los 33 municipios por dos vías: la voluntaria y la forzosa. Los alcaldes (en su mayoría perredistas) firmaron un convenio en el que aceptaban que la seguridad pública del municipio quedara bajo la rectoría del Estado, así como el control de los recursos financieros que enviara la Federación para ese rubro, pero administrativamente los elementos siguen dependiendo del gobierno municipal.

Para los que se oponían, el 3 de enero del 2016 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el “Decreto por el que se emite la Declaratoria mediante la cual se asume por el gobernador constitucional del Estado de Morelos, de manera inmediata y temporal, el mando policial municipal de Cuernavaca, Morelos, como un caso de fuerza mayor ante alteraciones graves al orden pública suscitadas a recientes fechas”.

En ese documento se establece que las órdenes que en materia de seguridad pública deberán acatarse por la policía preventiva municipal provendrán “únicamente del Mando Estatal; resultando aplicable esta medida, sin excepción, a todas las instituciones, unidades de agrupamientos municipales, de seguridad pública que se prevean en los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos”.

Y el hecho que sirvió de justificación fue el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, ocurrido apenas 24 horas antes de que fuera publicado el decreto. De hecho, el decreto dice que fue “dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los 03 días del mes de enero del 2016” y publicado ese mismo día, según la fecha de publicación del periódico.

“acto por demás indignante que constituye una afrenta y un desafío de la delincuencia ante el cual no puede cederse, un reto que lanza el crimen organizado en contra del orden constitucional y democrático, que debe combatirse con firmeza y existen otros hechos probablemente delictivos que han sido denunciados por autoridades estatales en materia de seguridad pública ante las instancias competentes, respecto de los cuáles debe procurarse total secrecía a fin de no entorpecer las investigaciones y pesquisas relativas y, por lo tanto, no se detallan y precisan en la presente parte considerativa, pero que sin lugar a dudas sí motivan al presente instrumento y ponen en evidencia la apremiante situación en materia de seguridad pública que se vive en el municipio de Cuernavaca.

Incluso, en aras de justificar esta intervención, el Gobierno admite que “la incidencia delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y más, en lo relativo a delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la población ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona”, cuando en el discurso y las campañas publicitarias los mensajes eran en el sentido de que vivimos en un “Morelos tranquilo”.

Ese mismo decreto (al que sólo le cambiaron el nombre de la localidad, pero el texto es idéntico) sirvió para aplicar la misma medida en otros 14 municipios, casualmente donde sus alcaldes o regidores habían expresado su inconformidad por la creación del Mando Único.

Si bien el acoso del comisionado contra alcaldes no afines al proyecto de Graco Ramírez comenzó desde el primer día del 2016, se recrudeció a partir de que éste le dio “manga ancha” a cambio de que no renunciara a finales de 2016, cuando Capella filtró su carta de renuncia, tras un conflicto con Rodrigo, el hijastro de Graco.

Uno de los alcaldes a los que Capella ordenó “marcaje personal” fue el de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia. El 28 de enero del 2016 fue detenido por la Policía Federal en la caseta de Tlalpan porque su escolta portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 24 de enero del 2017, detienen a dos de sus escoltas mientras él estaba en el interior de la agencia BMW en la calle Río Mayo, y son puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.  “El alcalde de Tlaquiltenango tiene mala fama”, dijo en reiteradas ocasiones el comisionado.

En algunos casos, los presidentes municipales intentaron mantener su policía bajo otra denominación. En el municipio de Yautepec el presidente creó una “Dirección de Proximidad Social”, que según él es una especie de “Ángeles Verdes” que ayudan a la gente que tiene problemas en carretera.

Pero para el comisionado Capella Ibarra esa era una corporación que usurpa las funciones de la Policía de Tránsito, que depende del Mando Único.

Por tal motivo, el 8 de febrero de 2017 la Policía del Mando Único detuvo a Julio César Núñez Hipólito, quien se desempeñaba como director de la policía vial, pero fue destituido tras la llegada de Eduardo Ocampo, designado por Capella. Otro elemento que lo acompañaba, también quedó en calidad de detenido.

Esto provocó la ira del alcalde, el perredista Agustín Alonso Gutiérrez, quien a las tres de la madrugada del jueves 9, acudió hasta los separos donde mantenían presos a sus subordinados y exigió su liberación, amenazando con bloquear la carretera federal a Cuautla si no los dejaban en libertad.

Ya al mediodía de ese mismo jueves, llegó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, hasta donde se encontraba el alcalde con un grupo de manifestantes (en su mayoría empleados del Ayuntamiento) y se metieron a hablar durante más de una hora. A su salida, el alcalde anunció la liberación de sus funcionarios y la destitución de Eduardo Ocampo, lo que provocó una lluvia de aplausos. El secretario de Gobierno avaló ese anuncio.

Sin embargo, al otro día tuvo que ofrecer una conferencia de prensa, con el alcalde a su derecha y el comisionado a su izquierda, para aclarar que el nombramiento que hizo Capella sigue intacto y que es el edil quien tendrá que modificar su “Dirección de Proximidad Social” para que no contravenga ni duplique las labores de la Policía Estatal.

Agustín Alonso no podía ocultar su molestia, y Capella tampoco podía ocultar su satisfacción.

HASTA MAÑANA.

“Écheme la mano lic, reclasifique el delito y no me voy a dar por mal servido”, se escuchó por el auricular.

“Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello”, contestó el Juez Roberto Becerra. 

Lo que no sabía el juzgador era que el teléfono celular de Jorge Alfredo, oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia, estaba intervenido por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Era la noche del 25 de noviembre del año 2016. Jorge Alfredo, empleado del Poder Judicial, Jonathan, servidor público del Tribunal de Justicia para Adolescentes y otro joven de nombre Víctor Manuel estaban acusados del secuestro de Tonatiuh Tlalapango Flores, hijo de la jueza Efigenia Flores y el ingeniero Fabian Tlalapango, ya que ellos fueron los últimos que vieron con vida al muchacho, aunque el cadáver no había sido encontrado.

Todo comenzó la tarde del 7 de octubre de 2016. Tonatiuh Tlalapango Flores de 21 años de edad salió de su casa, ubicada en la calle Jacaranda de la Antonio Barona de Cuernavaca, Morelos. Eran alrededor de las 19:00 horas cuando el estudiante de Ingeniería Civil, del Tecnológico de Zacatepec caminó con rumbo al mercado de la colonia.

No lo volvieron a ver.

Cinco días después de su desaparición la familia de Tonatiuh presentó una denuncia, y el jueves 8 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) formuló imputación en contra de tres personas detenidas.

Las personas imputadas: Víctor Manuel J. R., Jonathan F. y Jorge Alfredo M. D., los dos últimos empleados del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

Ellos narraron que conocieron a “Tona” un año antes en el Gimnasio Power Gym de Plaza Cinemex Diana, y que desde entonces salían con frecuencia a divertirse en bares y discoteques.

Ese viernes no fue la excepción. El plan era ir a la inauguración del bar Bombay en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, pero nunca llegaron al lugar.

“El Coco”, “La Negra”, “El Jona” y otros integrantes del grupo, entre los que había algunas mujeres, decidieron ir a un baile, en el Bar Villa Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Fue alrededor de las 23:00 horas que Tonatiuh grabó, con su teléfono móvil, una escena en compañía de algunos de sus amigos ingiriendo bebidas embriagantes. El video lo compartió con un grupo en whatsapp.

Los mozalbetes estaban vinculados a prisión pero nunca revelaron dónde estaba Tonatiuh. Sus padres tampoco estaban de acuerdo en la forma de buscarlo, pues mientras él puso anuncios en los microbuses con la foto del joven, ella quería que todo se manejara discretamente pues temía perder el trabajo.

“A mi hijo no lo secuestró la delincuencia común y corriente, a mi hijo lo secuestró y lo asesinó la delincuencia institucional, fue víctima de la delincuencia institucional porque tienen el poder, tienen todo, tienen relaciones, vínculos, tienen comunicación, tienen un montón de cosas que les hace estar plenamente seguros y tranquilos de que no les va a pasar nada”, declaró Fabián Tlalapango en una de las muchas entrevistas que le publicaron los medios de comunicación.

El padre de Tona aseguraba que a los autores del secuestro de su hijo los protegía el sistema de justicia por tratarse de “el hijo de un ex director de la Policía y el sobrino de una juez”, y que la Fiscalía General del Estado, en manos de Javier Pérez Durón, intencionalmente no se movía para encontrar a su familiar.

Lo más desesperante para el ingeniero Tlalapango era que tres jóvenes estuvieran presos por la desaparición de su hijo, pero no poder hacerlos confesar dónde estaba su cadáver para darle cristiana sepultura.

El profesionista contrató los servicios de un investigador privado que descubrió que en el estado de México, en el municipio de San Agustin Actipan, habían encontrado unos restos humanos que podían ser de Tona. Sólo una prueba de ADN pudo constatar que se trataba de su hijo.

Terminaron las esperanzas de poder encontrar con vida a su hijo. El ingeniero Tlalapango, el autor de la campaña “Justicia para Tona”, enfermó gravemente y falleció el 26 de enero del presente año en el hospital del Seguro Social.

Ya no pudo estar presente cuando, en un hecho histórico, un juez penal fue procesado por haber aceptado un soborno a cambio de ayudar a un compañero de trabajo.

Ayer martes la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un boletín en el que informó que como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos durante el proceso en contra de dos hombres, quienes se desempeñaban como servidores públicos del Poder Judicial, este lunes quedaron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

“De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio.

“La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión realizó la imputación correspondiente, y como resultado de los datos de prueba aportados se logró este lunes que el juez de la causa vinculara a proceso a ambos imputados”.

“En el caso del Juez de Control R.B.L., se le vincula por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos, sin embargo el juez no impone medida cautelar en su contra, por no encontrarse justificada ninguna a imponer de acuerdo al juzgador.

“Por lo que se refiere a quien desempeñara funciones de oficial judicial, fue vinculado por el delito de cohecho, imponiendo para él prisión preventiva porque tiene esa medida cautelar en el caso diverso que se le sigue por Secuestro Agravado”, dice el comunicado.

Por primera vez, el boletín no incluyó las fotografías de los imputados con la clásica franja negra cubriéndole los ojos.

HASTA MAÑANA.

Como en toda disputa por el poder, la muerte siempre ha estado presente en el sindicalismo mexicano, y por ende, en el de Morelos. Para que surja un nuevo líder (o capo),  es necesario quitar del camino al que está hasta arriba, y así sucesivamente.

La semana que concluyó fue particularmente terrorífica para los morelenses y quisiéramos que nunca más se repita. Una serie de acontecimientos que no guardan relación entre sí, pero que ocurrieron con tanta cercanía que bien podríamos decir, como lo interpretaban las abuelitas, que “el diablo andaba suelto”.

Maximiliano Hernández “El Max” creció sin una figura paterna, ya que su padre fue ultimado violentamente hace 20 años en Alta Vista. No terminó la preparatoria, fuma mariguana desde adolescente y últimamente laboraba como elemento de seguridad privada.

Los reporteros y camarógrafos nunca pensaron que corrían más peligro entrevistando funcionarios a un lado del Palacio de Gobierno que cubriendo nota roja en las zonas más inhóspitas del territorio morelense. La muerte se paseó por el zócalo a plena luz del día y estuvo a punto de provocar la primera baja en nuestro estado dentro de las filas de la prensa.

Fueron las dos mujeres en las que Graco Ramírez depositó su confianza y les encargó proyectos determinantes para que él pudiera llegar al poder y le cumplieron: Lo hicieron gobernador.

A mediados del 2017 alguien le sugirió al entonces comisionado de Seguridad Pública del estado de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, que buscará mejorar su relación con los periodistas morelenses, pues había una abierta confrontación al grado de que el jefe policiaco había acusado a algunos comunicadores de trabajar para la delincuencia organizada.

La figura del Fideicomiso es una de las más difíciles de entender. Es el negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere a título de confianza, a otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que pasan a formar el patrimonio fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Después de ocho meses de inexplicable espera, ayer tomaron protesta los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos, en un evento que tuvo como escenario el Salón de Comisiones del Congreso Local. Sin embargo, parece que muy pocos entienden la relevancia de estos nombramientos y la responsabilidad que van a tener.

El Comité quedó conformado por Roberto Coránguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida.

Este nuevo órgano tiene varias características que ayer resaltaron los diferentes protagonistas que participaron en la ceremonia.

Las designaciones fueron escalonadas para evitar que los relevos sean en bloque y al mismo tiempo para evitar componendas al interior del órgano. Así, Roberto Coránguez sólo estará en el cargo un año, lapso en que será presidente del Comité sin posibilidad de reelección.  Penélope Picazo estará dos años; Edgar López, tres; Maria Damiana Herrera, cuatro; y Alejandro Enríquez estará cinco años.

El otro aspecto interesante es que ellos no fueron electos por los diputados. En el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 27 de abril de 2017, la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, convocó para elegir a nueve ciudadanos, de preferencia morelenses, para integrar la Comisión de Selección encargada de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, dejando sin efecto la designación del Comité de Participación Ciudadana de fecha 2 de septiembre de 2015, por haberse llevado a cabo sin sustento jurídico (varios miembros se fueron al amparo y lo perdieron).

De esa manera se garantizó que fueran ciudadanos los que eligieran a otros ciudadanos para encargarse del sistema estatal anticorrupción.

Y ayer lo dijeron muy claro tanto la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como la integrante del Comité de Selección, Valentina Jiménez Franco: ellos no le deben el cargo a nadie.

“Señoras y Señores del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, les digo que hay un simbolismo en la toma de protesta, porque Ustedes no se deben al Gobernador, porque su cargo no se lo consiguieron unos Diputados, ni siquiera los poderes fácticos. Su mandato se los ha entregado el pueblo, a ellos, a la sociedad son ante quienes pueden doblar la rodilla”, dijo en su discurso Tania Valentina.

Resaltó que por primera vez en sus 150 años de historia de nuestra entidad, un ciudadano va a coordinar todo el Sistema Estatal Anticorrupción. Bajo su coordinación estará el Fiscal Anticorrupción, el Contralor del Estado y el contralor de los municipios; el presidente del IMIPE; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

Y desde la tribuna, la máxima autoridad del Congreso hizo un llamado al secretario de Hacienda “para que sin dilación ni pretextos, le dote al Comité de Participación Ciudadana, de una partida presupuestal suficiente y creciente, para que cuenten con oficinas, vehículos, muebles y equipos de cómputo y comunicación, así como de personal calificado para desempeñar todas las atribuciones que la Ley les confiere”.

“Y que nadie se haga bolas, en la aprobación del Presupuesto 2019, en tres artículos del decreto, le dotamos al Poder Ejecutivo, de las atribuciones para aumentar, disminuir y transferir partidas presupuestales, de modo que no tiene que venir al congreso por autorización alguna, simplemente ya la tienen, les pido la ejerzan”, acotó la diputada Tania Valentina.

Presente como invitado especial, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Octavio López Presa, recordó que el 27 de mayo de 2015, ante la urgente necesidad de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, fue reformado el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da nacimiento Constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, como entidad coordinadora de las autoridades de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, contando además con el elemento ciudadano en la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), como eje rector del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

De acuerdo con la parte final del artículo 113 Constitucional, establece que las entidades federativas conformarán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  publicada en julio de 2016, es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como para todas aquellas figuras en donde se apliquen recursos públicos.

Con esto queda completo el Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, viene lo más difícil: encontrar a los corruptos.

Y es que ocurre lo mismo que con la delincuencia: los delincuentes no andan con un gafete que diga “soy delincuente” y dispuestos a confesar todas sus fechorías. Al contrario, se mezclan entre las personas de bien y para comprobarles sus delitos las instituciones tienen que hacer uso de todos sus recursos humanos y materiales para comprobar el ilícito.

Los persecutores de la corrupción se enfrentarán a que el corrupto hará todo lo posible por parecer un servidor público ejemplar. Los “moches” no se reflejan en transferencias bancarias ni se pagan en cheque ni tampoco se dan recibos.

El corrupto es cuidadoso de que no lo descubran. De ahí que todo el sistema anticorrupción debe trabajar coordinada y armónicamente para no ser un “elefante blanco” más de los muchos que ya hay en el gobierno.

HASTA MAÑANA.

Aunque casi nunca sonreía, ese día el gobernador Marco Adame Castillo llegó con una sonrisa franca a la explanada del Palacio de Justicia, frente la estatua de la diosa Themis, donde ya lo esperaban los también sonrientes magistrados Miguel Ángel Falcón Vega (presidente), Andrés Hipólito Prieto y Carmen Cuevas López.

No se sabe si por incapacidad o complicidad (esto último porque saben que en tres años ellos  pueden estar en las mismas circunstancias), pero las denuncias presentadas por la LIV Legislatura en contra de sus antecesores causan hilaridad porque no son más de 10 cuartillas en las que los actuales diputados suponen que hubo delitos y quieren que la Fiscalía Anticorrupción continúe las investigaciones, localice a los ex diputados y los meta a la cárcel.

El pasado 24 de abril, Maricela Vallejo Orea, de 27 años, fue asesinada junto con su esposo, Efrén Zopiyactle, y un trabajador del palacio municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz.  Los tres viajaban en una camioneta en la sierra de Zongolica, cuando el vehículo fue tiroteado.

El 26 de septiembre del 2009 parecía ser un día normal para los policías José Santiago Bahena y Víctor García Gaspar. Llegaron temprano a las instalaciones de la entonces Policía Metropolitana de Cuernavaca, pasaron lista en el sector uno y se dirigieron a la armería por sus pistolas de cargo, pero no se las entregaron.

La mujer ya entrada en años mandó llamar a la adolescente que hacía las veces de sirvienta y le dijo al hombre que esperaba en la puerta: “No tengo los 80 mil pesos que me prestaste, pero aquí está ésta muchacha, a cambio de lo que te debo”. El acreedor dijo que era una menor de edad, que no quería problemas con la Ley, y se retiró.

Lo anterior no es parte de una novela ni el guion de una película de Alfonso Cuarón, sino parte de una carpeta de investigación, la SC01/2815/09, derivada de hechos reales que ocurrieron en el municipio de Tepoztlán, hace una década.

Fue la disputa legal por la patria potestad de dos niños, uno de cuatro y otro de tres años de edad, hijos de una adolescente de nombre Sandy, indígena de Tepoztlán, en la que se vieron involucrados los tres poderes del estado, mismos que mandaron a sus mejores abogados a litigar el asunto.

Siendo menor de edad, Sandy entró a trabajar con la señora Petra Alvarado, propietaria de una tienda en el municipio de Tepoztlán y una especie de bar.

"Al principio sí me pagaba, me regresaba a mi casa, pero después ya no me dejaba ir y no me quería pagar, máximo me daba 200 pesos cada ocho días, y cuando yo me quería escapar no me dejaba, me amenazaba, que no me fuera porque me iba a matar", declaró la joven indígena.

La empleada doméstica, todavía no cumplía los 18 años cuando quedó embarazada del hijo de su patrona, David Piedra Alvarado, y no sólo una vez, sino dos veces.

Tenía 16 años cuando Petra Alvarado la intentó vender con uno de sus acreedores. "Llegó un señor de San Juan (Tepoztlán), a cobrar 80 mil pesos, pero la señora no tenía dinero y me mandó llamar y le dijo no tengo dinero, le doy a esta muchacha a cambio de lo que le debo", explicó la joven a las autoridades.

El acreedor se resistió a recibirla como pago, para evitarse problemas, y ante ese intento de venderla Sandy tomó a sus dos hijos y abandonó la casa de doña Petra.

Sin embargo, narró que mientras ella fue a buscar algo para darle de comer a los niños, su patrona llegó a la casa de la familia donde los dejó encargados y se los llevó.

Luego de buscarlos durante días, se enteró de que Petra Alvarado los llevó a un orfanato que se encuentra en Tepoztlán (Casa Eugenia) diciendo que los había encontrado en la calle, y de ahí los canalizan al DIF estatal.  

La madre de los dos menores aseguró  que intentó recuperar a sus hijos, pero en el DIF no le permitían siquiera entrar a las oficinas del albergue donde los tenían, hasta que un día le informaron que los habían dado en adopción.

En este ir y venir Sandy conoce a Susana Díaz, de la Comisión de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, quien a su vez la contacta con el entonces diputado local Fidel Demédicis Hidalgo.

A partir de su intervención, el asunto avanza a pasos agigantados y además salen a relucir presuntas irregularidades en el proceso de adopción por parte del DIF Estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Juzgado Octavo de lo Familiar y la Dirección Estatal del Registro Civil.

Por ejemplo, la Procuraduría del Menor y la Familia ordena al Registro Civil dar de alta a los menores y les cambia los nombres por los de Carlos y René, con los apellidos Hernández Sotelo, mismos apelativos de un empleado del DIF.

Cuando la Procuraduría de Justicia se los encargó al DIF para que los cuidara en lo que se resolvían las dos carpetas abiertas, (una por sustracción de menores presentada por Sandy, y otra presentada por el DIF acusando a Sandy de abandono y maltrato), la Jueza Mariela González hizo caso omiso y se inició el juicio de adopción promovido por una pareja que no podía tener hijos.

La Jueza Martha Gutiérrez Vargas, como medida provisional entrega a los menores a la pareja adoptante, y la Jueza de lo familiar Mariela González Gómez hasta el 3 de marzo del 2010 suspende el procedimiento cuando ya el asunto estaba siendo ventilado en los medios de comunicación.

El asunto se politizó. Por un lado estaba el diputado perredista que desde entonces ya soñaba con una candidatura a gobernador del estado y a quien le quedaba “como anillo al dedo” el caso de la adolescente indígena a la que habían despojado de sus hijos.  Del otro lado estaba la presidenta del DIF, Mayela Alemán de Adame, convencida de que los niños estarían mejor con la pareja de adoptantes que con la madre biológica.

En medio estaba la jueza Mariela González del Tribunal Superior de Justicia, y por si esto fuera poco el Poder Judicial federal también intervino, al conceder un amparo a los padres adoptantes para que no les quitaran a los niños. Contratada por Fidel Demédicis, la ex jueza Olga Muro promovió un amparo para exigir que devolvieran a los menores con su madre.

¿En qué acabó ésta historia? ¿

Nadie sabe cómo la convencieron, pero de repente Sandy dejó de luchar por sus hijos, se desistió del amparo y se regresó a Tepoztlán, a la misma casa donde la esclavizaban desde niña. 

A diez años de distancia la abogada Susana Díaz nos cuenta el final de la historia. “Las autoridades le robaron a sus niños a esta muchacha, afortunadamente, encontraron una familia que los ama y cuida con esmero”.

-¿Crees que los niños estén bien?- le pregunto.

-  No sólo lo creo. Estoy segura. Cuando los llevaron a la prueba de ADN, el niño mayor nunca soltó la mano de su papá adoptivo.

HASTA MAÑANA.

El 11 de junio de 2015 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) presentó a través de su secretario ejecutivo una denuncia en la Fiscalía General de Morelos por el probable delito de peculado, en el que 2.7 millones de pesos que fueron erogados de enero a diciembre de 2014 no tenían sustento ni comprobantes fiscales.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas solicitó al IMIPE copia de esa denuncia. Le informaron que la misma estaba clasificada como confidencial por contener datos personales “cuya difusión vulneraría el derecho a la intimidad, el honor, el crédito y el prestigio de una persona, así como generar desprestigio de las personas señaladas como indiciadas”.

Después de varios intentos, una copia de la denuncia fue entregada a los solicitantes aunque testándole los datos que ellos consideraban no debían ser públicos. 

Está resolución que permitía al IMIPE clasificar la información, fue impugnada por el organismo solicitante ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 3 de abril, el INAI por mayoría de sus comisionados resolvió que el IMIPE debe modificar su respuesta valorando conforme a la ley qué sí puede clasificar y qué no, además de que deberá proporcionar información sobre el estado de la investigación y denuncia.

“Valoramos que este caso de probable corrupción en 2014 no debe quedar impune, más aun tratándose de una institución que participará en el Sistema Anticorrupción y que es garante de la transparencia”, comentó Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.

Ahora bien, ¿qué dice la denuncia?

Está dirigida a la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y la firma el licenciado Guillermo Arizmendi García en su calidad de apoderado legal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

“Que vengo mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 227 párrafo primero, 228, 229, 231, 232 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, a formular denuncia y/o querella por hechos cometidos en perjuicio de mi representada, y que considero constitutivos del delito de Peculado y/o lo que resulte, en contra de (TESTADO) y/o quien resulte responsable, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en (TESTADO), Cuernavaca Morelos”.

En el documento señala que el IMIPE es un órgano constitucional autónomo, y que con fecha 16 de enero el Pleno del Consejo del IMIPE aprobó el presupuesto de Egresos para ese año.

“En sesión de fecha 4 de febrero de (TESTADO) mediante el acuerdo número 25, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobó por unanimidad de votos la contratación de la ciudadana (TESTADO) como auditora Externa, para realizar una auditoría externa detallada al área administrativa a efecto de determinar el resultado de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado los criterios señalados en el presupuesto aprobado conforme a las disposiciones aplicables, así como justificar el cumplimiento del programa operativo anual y sus objetivos en cada área por lo que respecta al soporte del ejercicio fiscal así como los documentos que contengan las cuentas públicas presentadas derivadas del ejercicio (TESTADO) a la fecha”.

El 16 de abril  (se entiende que de 2015 aunque el IMIPE se empeña en ocultar el año en que ocurrió el hecho), la contadora dio a conocer en sesión de Pleno las irregularidades detectadas en el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de (TESTADO).

“Las irregularidades detectadas en la contabilidad del IMIPE, consisten en la expedición de diversos cheques de la cuenta 65501572567 del Banco Santander, cuyo titular es el IMIPE, así como transferencias bancarias en línea y depósitos realizados por el ciudadano (TESTADO) de la cuenta del IMIPE a su cuenta personal número (TESTADO) de la institución bancaria Santander; disposiciones por un monto total de 2,784,825.83 (dos millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinticinco 83/00) Con motivo de lo anterior, se hicieron constar diversos conceptos en las correspondientes pólizas de egresos, sin contar con la factura o comprobante correspondiente que justifique los pagos y depósitos realizados, es decir, el detrimento patrimonial deriva de diversos conceptos de gastos no comprobados”.

Aunque la denuncia está llena de rayas negras que cubren lo que según ellos no debe ser público, se deduce que es un varón y que ocupaba el cargo de coordinador, y si tenía a su cargo el manejo de los dineros se intuye que era un coordinador de administración o finanzas.

Y su jefe era el doctor Víctor Díaz Vázquez, presidente del IMIPE durante ese periodo. 

Los tres comisionados del IMIPE se lavan las manos al aprobar por unanimidad la propuesta de presentar una denuncia contra el funcionario, pero quedan muy mal parados al resistirse a sacar a la luz pública el nombre del responsable del mal uso de esos casi tres millones de pesos y las circunstancias específicas en que se dio el delito.

¿Cuánto representa 2.7 millones de pesos? Una  bicoca en comparación con el presupuesto del IMIPE o de todo el gobierno estatal.

Pero lo grave es que esto ocurra dentro de un organismo que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad.

Por otra parte, nadie se puede explicar por qué a casi cuatro años de distancia la Fiscalía General no ha judicializado la carpeta, si ya se tiene bien definido que el dinero que salía de la cuenta de la institución gubernamental, era canalizada a la cuenta personal del desleal empleado.

¿Qué más necesita saber o demostrar el fiscal Uriel Carmona para solicitar la orden de presentación correspondiente? ¿Están esperando a que prescriba el delito?

HASTA MAÑANA.

Los delincuentes no leen periódicos ni ven noticieros en la televisión. Por eso es que nos causa risa escuchar a políticos que sostienen que la delincuencia bajó en cuanto ellos entraron a gobernar, o que se recrudeció la violencia como una reacción a sus acciones contra los malhechores.

La delincuencia común y la organizada tiene sus propias agendas y éstas no tienen nada qué ver con los tiempos políticos. Al ratero que sale a la calle en busca de un ciudadano despistado para arrancarle la bolsa o el celular, o el que sale por las noches a ver qué casa encuentra sin medidas de seguridad para robarle, le importa un soberano cacahuate quién esté gobernando el municipio, el estado o el país. Ellos van por el dinero, así de fácil.

El “jefe de plaza” de un lugar tiene por encargo garantizar que la droga llegue a los distribuidores y que estos la vendan y el dinero producto de la venta regrese por el mismo camino; cuidan que no haya competencia de otros cárteles y a ellos menos que a nadie les conviene “calentar la plaza” con un homicidio innecesario.

Lo más que llegan a relacionarse con el medio político son los capos regionales y esto es antes de las elecciones. Los líderes de una región suelen apoyar con recursos económicos a algunos candidatos. Si el candidato triunfa, exigen la devolución de su aportación y una ganancia.

Por todo lo anterior, quien esto escribe rechaza adjudicar el número de víctimas de los homicidios al gobernante en turno. No son los 200 mil muertos de Felipe Calderón ni los 150 mil muertos de Enrique Peña Nieto. Hay una responsabilidad indirecta porque en teoría todo lo que ocurre en un lugar –tanto bueno como malo– es responsabilidad del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la República, sin embargo, no puede achacársele el delito como si él lo hubiera cometido.

Ciertamente la constitución habla de que el estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero ni con 200 mil policías se podrá evitar que usted sea asaltado al salir de su casa o al viajar en un microbús. Se puede reducir el riesgo poniendo cámaras de videovigilancia, lo que también servirá para (posiblemente) detener al delincuente después de que haya cometido su fechoría, pero nada garantiza que uno de los miles de jóvenes que transitan por la ciudad de pronto saque un arma y asalte a la persona que va pasando.

Bajo esa perspectiva, es tonto el candidato que promete terminar con la delincuencia, pero más tonto el votante que se lo cree.

Graco Ramírez Garrido prometió “acabar” –así de tajante- con la delincuencia en año y medio. Ya como gobernador, primero dijo que él había dicho que en ese tiempo estaría la infraestructura necesaria para reducir la incidencia delictiva. “No me pidan milagros”,  declaró cuando ya se acercaba el plazo. Y terminó por reconocer que se equivocó al prometer que acabaría con la delincuencia en 18 meses, “en la efusividad de las campañas electorales, eso me pasa por hablador. Me tardé más pero lo logré”, según él.

Obvio que no terminó con la delincuencia. Lo que hizo Graco fue pagar una costosa campaña publicitaria para que hubiera la percepción de que estábamos rodeados de cámaras de videovigilancia y que había miles de policías. También (a través de Alberto Capella), maquilló las cifras que se enviaban al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que pareciera que se había reducido la incidencia delictiva.

Que quede claro: ni lo de Minatitlán, Veracruz fue una acción dirigida a afectar políticamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni lo de Cuautla fue orquestado por Graco Ramírez para desestabilizar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Que grupos políticos hayan aprovechado las dos circunstancias para golpear a los gobiernos federal y estatal eso es innegable, pero son cuestiones colaterales.

Dicho sea de paso (y con todo el dolor del mundo), los niños asesinados también son hechos circunstanciales. Tanto en Minatitlán, como en Cuautla, y hace apenas unas cuantas horas en Tabasco, los ataques iban dirigidos a presuntos delincuentes que desafortunadamente estaban acompañados de menores de edad, según los informes oficiales.

Ayer escuchábamos la conferencia “mañanera” de López Obrador. Me van a odiar, pero parecía que estaba escuchando a Graco Ramírez.

Y es que el también tabasqueño se pasó los primeros tres años de su gobierno culpando de todo a los gobiernos anteriores. “Ya no se tolera la impunidad arriba.  En Veracruz había mucha complicidad, eso ya se termina. Desde luego hay una inercia que poco a poco tendrá que irse enfrentando”, dijo el presidente.

“¿Que estamos haciendo? Estamos empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia al crecimiento. Y yo considero que nos va a llevar a algún tiempo pero va a empezar a bajar. Nuestros adversarios quisieran que fracasáramos pero se van a quedar con las ganas”, apuntó.

Y luego remató: “Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera tenemos autoridad política. No hacemos nosotros acuerdos en lo oscurito. No estamos al servicio de ningún grupo de interés creado”.

No pude evitar recordar a Graco Ramírez. Ya sólo faltó que dijera: “Yo no bailé con las hijas de los narcotraficantes”, su frase que repitió hasta el cansancio en alusión a Sergio Estrada Cajigal y su presunta relación sentimental con la hija de Juan José Esparragoza “El Azul”.

Y AMLO está cometiendo el mismo error que el perredista: poner un plazo fatal para bajar la delincuencia: Ya dijo que en seis meses, cuando todos los jóvenes tanto estudiantes como no estudiantes estén recibiendo sus apoyos de la Secretaría de Bienestar Social, “y la delincuencia ya no tenga de dónde agarrar jóvenes para reclutar”.  “Becarios, no sicarios”, decía el odiado Graco.

“Y sí. Nosotros también tenemos un gobernador honesto como Cuitláhuac García y un comisionado de Seguridad que es buena gente”. Lo malo es que a los delincuentes eso les importa poco.

“Fue un error que el gobernador anterior haya dejado a su fiscal”. Lo dijo el presidente López Obrador en Veracruz, pero tiene plena aplicación en Morelos.

HASTA MAÑANA.

¿Sabe usted cómo se llama actualmente el director de la Policía Ministerial? Yo tampoco. Y seguramente alguien dirá que ya no existe esa corporación, ahora se llama “Policía de Investigación Criminal”, pero es la misma que alguna vez se llamó Policia Judicial (indebidamente porque no dependía del Poder Judicial, sino del Ministero Público) y a partir de los gobiernos panistas pasó a ser la Policía Ministerial.

Lo que ha estado ocurriendo en el municipio de Cuautla bien podría ser el libreto de una de esas series de Netflix donde los diferentes grupos (formales y fácticos) se disputan el poder. Y es que no solamente hay drama y acción, sino que también los escenarios van cambiando día con día, así que hay que estar bien enterados de lo que está ocurriendo hoy, porque mañana puede cambiar radicalmente.

Vamos analizando cronológicamente:

El 13 de abril del 2019, sábado por la tarde, hombres armados irrumpieron en el restaurante “Los Estanques”, en Cuautla.  Autoridades oficiales confirmaron en ese momento la muerte de seis personas, cuatro adultos y dos menores de edad. Con el paso de los días fallecería una menor y una mujer mayor.

Lo primero que todo pensamos y causó la indignación generalizada, es que se trataba del clásico ataque porque los dueños no accedieron a pagar la famosa “cuota” también conocido como “derecho de piso” que solicitan los grupos de delincuencia organizada.

Luego trascendió que entre las víctimas había dos médicos, lo que incrementó la indignación porque ese gremio tiene un amplio reconocimiento en la sociedad.

 Los nombres de los médicos que ese día estaban como comensales son Guillermo Domínguez Muñoz, quien tenía poco tiempo de haber dejado la dirección del Hospital General de Cuautla, y Alejandro Elizalde Hernández, oriundo de Huexca.

Durante todo el domingo las redes sociales se llenaron de reproches al gobierno del estado y durante toda la mañana del lunes reporteros de todos los medios esperaban afuera de Palacio de Gobierno a que saliera  el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros, a quien le exigían una explicación.

Fue hasta pasadas las 3 de la tarde que el vicealmirante hizo una declaración a los medios de comunicación que vino a dar un vuelco a la situación, y los médicos pasaron de víctimas a sospechosos.

Y es que, según Ortiz Guarneros, no hubo amenazas previas o solicitudes expresas de dinero por parte de alguno de los cinco grupos de delincuencia organizada que se disputan el territorio morelense, en contra de los propietarios de “Los Estanques”.

De acuerdo a testigos, llegaron dos familias y pidieron un lugar “apartado, privado”, a lo que los meseros contestaron que no tenían nada con esas características, ante lo cual los visitantes optaron por quedarse, pero pidieron que las mesas estuvieran en la parte de atrás del restaurante.

Al poco tiempo llegó una camioneta tipo Suburban de donde descendieron varios sujetos fuertemente armados y comenzaron a disparar específicamente contra esas dos familias. Habiendo podido hacerlo, no le dispararon a ningún otro comensal ni a trabajadores del restaurante, advirtió el marino. “Mañana el fiscal les va a dar más detalles en conferencia de prensa”, anunció Ortíz Guarneros.

El detalle que le vino a dar un ingrediente político al asunto es que hubo una “filtración” de unas fotografías de pantallas de conversaciones en “Whatsapp”, en las que alguien que al parecer trabaja en el Ayuntamiento de Cuautla estaba organizando una marcha en contra del gobierno estatal.

En esas conversaciones el empleado municipal le pedía a los miembros del grupo de “Whatsapp” hacer viral unos videos en los que se pedía la renuncia del gobernador y de Guarneros. “En el estacionamiento estaremos pasando lista el licenciado Ricardo Robledo y un servidor”, advierte el usuario.

Eso desató una guerra en Facebook a través de páginas falsas en las que se recordó que Lucía Meza fue diputada local por el Partido de la Revolución Democrática y trabajó muy de cerca con el ex gobernador Graco Ramírez, además de que su esposo fue subsecretario de Gobierno.

Y lo que es un secreto a voces: que ante las limitaciones del alcalde Jesús Corona quien ha tomado las riendas del Ayuntamiento de Cuautla ha sido Lucy Meza, Ricardo Robledo y su familia.

Por si esto fuera poco, en el movimiento en defensa de los médicos agredidos aparece Arturo Cruz Mendoza, médico de profesión, presidente municipal de Cuautla hace varios años y quien le dio la primera oportunidad de trabajo a la hoy senadora Meza.

Hábil como siempre ha sido (supo cambiarse del PRD a Morena justo a tiempo), su equipo de Lucía Meza difundió un boletín en el que “respaldó la postura del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la estrategia de seguridad anunciada el día de hoy (miércoles 17), tendiente a garantizar la protección de la integridad física de los turistas que acudirán a Morelos en este periodo vacacional de Semana Santa”.

 “Coincido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco en que existen actores políticos que se aprovechan de las circunstancias adversas y de hechos sangrientos, para generar confrontaciones. A esos actores políticos yo les digo que no se van a salir con la suya, no van a lograr desestabilizar al gobierno ni a destruir las alianzas en favor de Morelos”, concluye el comunicado.

Pero el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no se quedó atrás, y en un “jugada maestra”, se sentó a dialogar con los médicos de Cuautla y les puso al fiscal Uriel Carmona para que les explicara los avances del caso.

La información oficial es que el gobierno se comprometió a llegar hasta sus últimas consecuencias  para hacer justicia al médico que falleció. Pero de acuerdo con fuentes internas del gobierno estatal, en la reunión privada “se abrieron” los funcionarios y les dijeron a los galenos que sus colegas están metidos hasta el cuello en asuntos de drogas, lo que hizo que dieran marcha atrás a sus intenciones de encabezar movilizaciones.

¿Y se acuerdan que había varios heridos hospitalizados? Pues resulta que entre esos están dos de los atacantes, lo que echa por tierra la versión de que fue un ataque directo y refuerza la hipótesis de que fue un enfrentamiento entre dos bandas antagonistas.

Incluso dan un nombre: Raymundo Castro Salgado, apodado El Ray. Aunque al principio sobresalió la hipótesis de la confusión (que hizo famosa Carpizo McGregor en el caso del Obispo Posadas Ocampo), al final se mantiene la posibilidad de que iban por “El Ray”, pero también que hubiera una relación de amistad entre el supuesto jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación y los médicos atacados, uno de los cuales, por cierto, sigue vivo.

HASTA EL LUNES.

Antes de irse de vacaciones, los diputados de la LIV Legislatura Local aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para dar marcha atrás a algunas de las ventajosas modificaciones legales que hicieron “los diputados de Gayosso” antes de irse, una de ellas la que disponía de escoltas y una pensión vitalicia para los fiscales que el gobierno de Graco Ramírez le heredó al de Cuauhtémoc Blanco.

Cabe recordar que en sesión plenaria de la Quincuagésima tercer Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el día 10 de julio de 2018 fue aprobado el decreto número tres mil doscientos cuarenta y ocho, por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; y se reformaron, adicionaron y derogaron distintas disposiciones de diversas leyes estatales y el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; adscribiendo la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El decreto citado en el párrafo inmediato anterior fue publicado el 11 de julio de 2018, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 5611 alcance, adquiriendo vigencia a partir del día 12 del mismo mes y año.

“Del análisis del decreto número tres mil doscientos cuarenta y ocho, por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; los iniciadores observamos un desacierto normativo que se aleja de la Constitucionalidad local y federal”, refiere la iniciativa de reforma que tuvieron a bien enviar a este columnista.

Aseguran los iniciadores de la propuesta que “de manera desatinada la Quincuagésima tercer legislatura, dispuso que los Fiscales General, Anticorrupción y Antisecuestro al dejar el cargo contarían con el mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones, por el mismo tiempo de su desempeño, así mismo de manera excesiva determinaron que dichos funcionarios recibirían de manera vitalicia el equivalente al cincuenta por ciento de su último salario neto, situación que consideración de los suscritos escapa de legalidad”:

Esgrimen los siguientes argumentos:

Según el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de pensión se define como la cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad (SIC) orfandad o incapacidad.

Así mismo el Diccionario Jurídico Mexicano, tomo VII, edición 1982, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la palabra pensiones proviene del latín pensio-onis, que se traduce como la cantidad que se asigna a uno por méritos o servicios propios.

En ese contexto se arriba a la conclusión que la disposición normativa que prevé que los Fiscales General, Anticorrupción y Antisecuestro se harán acreedores a una remuneración económica de manera vitalicia, no constituye figura distinta a la de una pensión, que dicho sea de paso se aleja incluso del significado del propio vocablo.

De lo antes expuesto se aprecia que lo dispuesto en el ordinal 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado encuadra en las hipótesis gramaticales antes referidas. De tal suerte que resulta que el dispositivo legal citado se aleja significativamente de lo previsto en las disposiciones Constitucionales que a continuación se enuncian:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 127. …

1. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

Artículo 131. …

1. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Así las cosas, de una revisión integral de los artículos 79-A y 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, encontramos que no fue ánimo del legislador disponer una pensión vitalicia a los Fiscales tantas veces referidos, por tal motivo al no existir una justificación plena que genere un apego a Constitucionalidad, los iniciadores consideramos dicha disposición inviable.

“Los iniciadores estimamos que para otorgar una pensión en dichos términos, la misma debió ser prevista con anterioridad en el marco constitucional que da origen a la Fiscalía General (79-A y 79-B), tal y como se da en el caso de los “haberes de retiro” de los Magistrados integrantes del Poder Judicial, los cuales si se encuentran previstos en los párrafos octavo y noveno del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, situación que con respecto a la multicitada pensión vitalicia no acontece”, agrega.

En ese contexto, la presente iniciativa plantea modificar de manera integral el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de suprimir el marco normativo que da lugar a una excesiva e injustificada pensión vitalicia que a futuro impactaría en el presupuesto público otorgado a la Fiscalía General del Estado.

“De igual modo no pasa desapercibido el riesgo latente que conlleva el haber ostentado el cargo de Fiscal General, Anticorrupción o Antisecuestro, sin embargo la medida de adoptar idéntico dispositivo de seguridad durante su retiro se considera excesiva, de tal suerte que para efectos de garantizar la seguridad por el cargo desempeñado, se propone una custodia permanente de dos escoltas, mismos que salvaguardaran la integridad de los ex funcionarios por el mismo tiempo que desempeñaron el cargo, pudiendo ampliarse el número de escoltas por acuerdo del Fiscal General en turno”.

Ahí están los argumentos de los diputados (o sus asesores), mismos que seguramente serán objeto de revisión por los tribunales constitucionales, luego de que Uriel Carmona o Juan Salazar Núñez, o ambos, interpongan sendos amparos contra dicha disposición legal para evitar que les apliquen una ley en forma retroactiva.

HASTA MAÑANA.

Factores externos y circunstancias atípicas hicieron que en los últimos dos años en Morelos el “derecho a saber” haya atravesado por sus peores momentos, con instituciones gubernamentales que disfrutaron de la opacidad  propiciada por la transición normativa y con un órgano garante (el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística), entrampado y cuestionado, en manos de la persona que menos experiencia tiene en este rubro, la psicóloga Dora Ivonne Rosales Sotelo.

El asunto de los hechos ocurridos el pasado sábado en la comunidad de El Hospital, municipio de Cuautla, ha dado un giro inesperado.

En los últimos meses del gobierno de Marco Adame Castillo sucedió algo inusual en materia de transparencia: el director del Sistema DIF Morelos, Rafael Martínez, interpuso un amparo para impedir que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) proporcionara a un particular la copia de todas las facturas pagadas por esa dependencia de gobierno a la empresa La Cosmopolitana S.A. de C.V., principal proveedora de los desayunos escolares.

“Estacionaron los camiones en un lugar y ahí se quedó María Asunción Díaz Flores y a nosotros nos llevaron a otro lugar en taxis y camionetas, no teníamos la menor idea de por qué nos habían llevaron ahí, sólo vimos mucha gente formada. Una persona, al parecer que trabajaba en el IFE de Veracruz, nos repartió fichas para que nos formáramos, ellos al parecer sí sabían a qué íbamos, pero nosotros no.

La mañana del 30 de noviembre del 2017  el reporte policiaco que llegó a los reporteros indicaba que en la colonia Rubén Jaramillo de Temixco un grupo de sicarios había irrumpido durante la noche en la casa marcada con el 238 de la Calle Francisco I Madero y que  había matado a por lo menos cuatro personas.

Bien dicen que hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. Y lo que a continuación vamos a narrar debe quedarles muy claro a quienes hoy se encargan de la seguridad pública, mayormente cuando existen visos de inconformidad en algunas regiones del estado de Morelos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene casi 20 años que dejó el Palacio de Gobierno en Morelos para ser sustituido por el Partido Acción Nacional, luego por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente por la alianza PES-Morena. Lo peor del caso es que no se ve para cuando pudiera recuperarse y convertirse en un partido de oposición digno, pues a juzgar por las decisiones del PRI Nacional que encabeza Claudia Ruiz Massieu, pareciera que la intención es desaparecerlo de una vez por todas en las tierras zapatistas.

En cuanto los reporteros abandonaron la Sala Cuatro del edificio de Juicios Orales el Juez Daniel Rodríguez Apac solicitó al imputado que iniciara con su “declaración privada” como lo había solicitado su abogado Uzziel Vallejo Tobón. Era el jueves 13 de abril de 2017.

El teléfono sonó con insistencia hasta que despertó al abogado. “Van por el rector a su casa, llevan orden de cateo”, escuchó por el auricular.

Los abogados que han visitado los tribunales de Querétaro o la Ciudad Judicial de Puebla llegan a Morelos esperando encontrar unas instalaciones si no lujosas sí dignas en “la ciudad judicial que recientemente construyó Graco Ramírez”.

Cuando Fabiola del Sol Urióstegui Alvear fue designada directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado se escuchaba en los pasillos de las dependencias que era “la primera negociación del Gobierno de Cuauhtémoc con la Quincuagésima Cuarta Legislatura”.

Los sindicatos nacieron como una forma de defender al débil contra los abusos de los poderosos, y la historia registra varios casos de líderes sindicales que dieron la vida por mejorar las condiciones de los trabajadores y a ellos se debe que hoy se tenga una jornada de trabajo de ocho horas, la obligatoriedad de un seguro social, el derecho a la huelga, etcétera.

Surgieron como hongos después de las lluvias. De a dos por colonia, casi una en cada esquina, los negocios de “Gestoría Vehicular” iniciaron ofreciendo permisos para circular en 100 pesos y ahorita ya van en 80 pesos. Licencias de manejo en 200 y placas en dos mil pesos, pero todo del estado de Guerrero.

Por simple lógica, un documento que los dueños de estos negocios llenan a máquina o en computadora y que ofrecen a un precio ínfimo no puede tener validez alguna, pero los “gestores” se aprovechan de que tampoco se puede considerar un delito, ni siquiera infracción. Hay una “laguna jurídica” en ese aspecto.

Y los morelenses, con tal de ahorrarnos unos pesos, nos hemos convertido en consumidores asiduos de estos productos provenientes del vecino estado sin reparar en el riesgo que significa el fomentar este tipo de actividades.

Un vehículo con permiso para circular sin placas ni engomado implica que puede ser usado para  cometer todo tipo de delitos y que hay menos posibilidades de que sea identificado y detenido. Significa que no está inscrito en ningún registro de Morelos ni de Guerrero y que incluso siendo robado puede traerlo libremente con su permiso de a 80 pesos.

Ahora imagínese el riesgo que significa la expedición de licencias de manejo a cualquier persona sin comprobar previamente que sabe manejar. Tomando en cuenta que la licencia de manejo es aceptada también como identificación, imagínese usted cuántas cosas puede hacer un delincuente con total impunidad.

Inexplicablemente, municipios guerrerenses como Pilcaya ya son conocidos por expedir licencias de conducir “con validez en todo el territorio mexicano”. Por simple lógica, no puede ni debe ser, pero esto se ha venido dando durante décadas.

Hace algunas semanas el secretario de Movilidad y Transportes de Morelos, Víctor Mercado Salgado, realizó una visita al secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Florencio Salazar Adame, para explicarle la situación que prevalece en nuestra entidad ante la proliferación de permisos y licencias. El funcionario dijo que no estaba enterado de la magnitud de este problema y le echó la culpa a los Ayuntamientos.

Según su versión, al principio el gobierno estatal de Guerrero proporcionó a los Ayuntamientos blocks de permisos provisionales para que los usuarios no tuvieran que ir hasta Chilpancingo a conseguir estos documentos, pero resulta que con el paso del tiempo los Ayuntamientos mandaron imprimir sus propios blocks.

Algo similar ocurrió con las licencias, pero es evidente que para que esto ocurra alguien de adentro del gobierno de Guerrero tuvo que dar las facilidades y no de a gratis.

En resumen, los menos culpables son aquellos morelenses que, ante la falta de oportunidades de trabajo, deciden poner su oficina de gestoría y se dedican a ofertar estos documentos que “alguien” les vende a bajo precio y ellos los revenden. Sus ingresos no son muy altos, pero seguramente hay unos cuantos que se están haciendo millonarios en Guerrero.

Sí, de la misma manera que muchos gestores de Morelos se hicieron ricos con la venta de permisos provisionales y placas para las agencias automotrices de la Ciudad de México, obviamente con la ayuda de los funcionarios de la SMyT del anterior sexenio.

Y es que no es posible que nadie se haya dado cuenta que más de cien trámites de placas nuevas se hayan hecho con la misma dirección. ¿Quién en la capital del país no quiere unas placas que le permitan circular sin pagar la tenencia?

Estos temas fueron recientemente abordados en el sexto Foro Regional para una Ley General de Seguridad Vial, organizado por la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, al cual también asistieron los secretarios de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis; y de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, además de autoridades del Estado de México, Guerrero y Querétaro.

En ese foro, Mercado Salgado propuso una mayor coordinación con la Federación y los municipios para resolver los problemas de mayor trascendencia social, así como la expedición de una Norma Oficial Mexicana que homologue diversos criterios en materia de transporte,

“Si bien es cierto, no es la misma realidad la que se vive en Baja California que la que se vive en Chiapas, pasando por Morelos o Puebla, lo que sí es verdad, es que muchos de los problemas tienen las mismas causas, pero se atienden de distinta manera”, explicó.

Por este motivo, Víctor Mercado manifestó que es necesaria la creación de una Ley General de Movilidad, Tránsito y Transporte, ya que al existir demasiadas normas que emiten los tres órdenes de gobierno, se dificulta su aplicación y seguimiento.

Asimismo, explicó que se deben abordar de manera directa problemáticas del transporte que actualmente se presentan en gran parte del país y son atendidas con diferentes criterios, lo que genera incertidumbre y repercuten de manera directa en la seguridad de las personas, por ejemplo, la prestación del servicio público de transporte con mototaxis y el servicio contratado mediante aplicaciones tecnológicas.

Mientras tanto, los automovilistas también debemos ser conscientes de que al adquirir permisos y licencias de Guerrero en estos negocios que proliferan en la ciudad, estamos fomentando la inseguridad.

HASTA MAÑANA.

Al concluir el sexenio de Marco Adame Castillo, los panistas se quedaron con las ganas de vender concesiones de taxis que les permitiera recabar dinero para gastarlo en las elecciones.  Uno de los que estuvieron en esa frustrada operación como director del Transporte fue el pastor cristiano David Gómez Basilio, quien tuvo contacto con el entonces candidato del PRD al gobierno de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.

El ministro de culto lo convenció de que le volvieran a dar el control del transporte en el nuevo gobierno y él se encargaría de convencer a los líderes para que aceptaran una nueva repartición de concesiones.

Esa operación tendría dos objetivos: ingresos a razón de 25 mil pesos por concesión, y votos para el Partido de la Revolución Democrática en los comicios de junio del 2015.

Adicionalmente, consiguió que los líderes que se verían beneficiados en lugar de aportar dinero en efectivo lo hicieran en especie, entregando en donación a la Secretaría del Transporte vehículos (Jettas para ser más exactos) que serían utilizados como patrullas de supervisión.

A cambio de ello, “el cordero de Dios” sólo pedía que le fuera concedida una magistratura que le permitiera vivir cómodamente el resto de sus días.

El trato se cumplió y (a pesar de estar impedido legalmente por ser ministro de culto) David Gómez Basilio se hizo cargo de la nueva Secretaría de Movilidad y Transporte, desde donde servilmente se prestó a todas las marrullerías que le encargaba su patrón Graco Ramírez, traicionando incluso a personas que lo ayudaron cuando era un simple catedrático de la Facultad de Derecho.

Así, el primero de enero del 2013, (un día inhábil en el que a nadie se le ocurre revisar el periódico oficial Tierra y Libertad) se publicó el acuerdo mediante el cual se anuncia de manera unilateral que se van a “regularizar” taxis que ya vienen prestando el servicio desde antes.

Para los conocedores del Derecho, el  “acuerdo” es un verdadero mamotreto que no tiene pies ni cabeza, ilegal a todas luces.

Perdida entre otras disposiciones legales, aparece el texto (que no es un decreto) en el que se menciona que “no obstante las acciones implementadas y que resultan efectivas para cerrar filas en contra de la delincuencia, existen vehículos del transporte público con y sin itinerario fijo en la referida zona metropolitana del Estado, comprendida por los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, respectivamente; que tiempo atrás han venido prestando el servicio público de pasajeros sin contar con la concesión correspondiente; no obstante eso, su labor y su existencia son del conocimiento público, puesto a que representan el sustento de muchas familias y satisfacen la necesidad de transporte de la población”.

Y termina diciendo que “con base en los antecedentes que preceden, resulta por demás necesario emitir el presente Acuerdo, por el que se instruye a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, para que proceda de manera inmediata atendiendo a los estudios de factibilidad respectivos, a los censos y a la necesidad misma de los grupos más vulnerables de nuestro Estado, a regularizar en términos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, al transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, del Estado de Morelos; debiendo de asumir los directamente beneficiados, el compromiso de prestar el servicio público de pasajeros, bajo los lineamientos que al efecto establece la referida Ley de la materia”.

Como se puede observar, menciona a taxis y rutas pero nunca dice cuántas concesiones se van a otorgar. Tampoco dice los requisitos específicos para obtener dichas concesiones, y jamás menciona a la Comisión Estatal del Transporte, que se supone es un órgano colegiado que se encarga de analizar las necesidades en este rubro.

Y es que de lo único que se trataba, era de dar el pretexto legal para la expedición de concesiones sin más requisito que el depósito de 25 mil pesos con recibo.

Todo iba bien. Incluso ya los sempiternos líderes del transporte habían aceptado que se regularizaran los taxis “piratas” de Víctor Manuel Mata Alarcón que tanto han criticado, a cambio de algunas docenas de concesiones para sus organizaciones.

También, el pastor cristiano David Gómez Basilio dio por terminado su trabajo y se le asignó un puesto bien remunerado y fuera de todo escenario como asesor del gobernador mientras se desocupaba su magistratura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde ya tenía el nombramiento como suplente pero un amparo promovido por el titular, Orlando Aguilar Lozano le impidió asumir el cargo.

En su lugar llegó Manuel Santiago Quijano, un miembro más de la “legión extranjera” que llegó con Graco Ramírez, arquitecto de profesión y ex funcionario del Gobierno del Distrito Federal.

Quijano no supo darle continuidad al proyecto iniciado por el pastor cristiano. Los vehículos que donarían los líderes beneficiados con concesiones nunca llegaron y dinero en efectivo tampoco.

Para colmo, el proyecto político-electoral tampoco dio resultados, pues si bien el día de la elección cientos de taxis estuvieron prestos a llevar votantes a sufragar por el candidato del PRD-Gobierno a la presidencia municipal,  Jorge Messeguer, al conocerse los resultados se pudo llegar a la conclusión de que ni siquiera los beneficiados con concesiones votaron por él. 

Hoy el pastor David Gómez Basilio está desaparecido de la escena política, quizás siga predicando la palabra de Dios en uno o varios de los templos en los que aparece como representante legal.

HASTA MAÑANA

Cuando los dos grupos antagónicos que buscaban la Rectoría en 1994 -uno encabezado por el eterno candidato Alejandro Pacheco y el otro por Jorge Arturo García Rubí- no lograron ponerse de acuerdo, ambos bandos aceptaron que se nombrara un rector interino y eligieron al maestro en ciencias Gerardo Ávila García, en ese momento director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La idea de los “grillos” de la UAEM era dar tiempo para buscar amarres y negociaciones que les permitieran llegar al poder, y un científico en la Rectoría de manera interina era la salida perfecta. Con lo que no contaban era que Ávila García operaría durante esos seis meses como un maestro de la política de tal manera que cuando llegó la nueva elección ya tenía todo amarrado para quedarse por seis años más. El resultado de las votaciones al interior del Consejo Universitario: 84 votos para Gerardo Ávila, cero para Raúl Trujillo y cero para Oscar Puig.

La administración de Gerardo Ávila García abarcó el periodo 1995-2001, y de acuerdo a los informes de ese tiempo, promovió el levantamiento de un diagnóstico por regiones mediante el cual se identificaron las condiciones en las que se desarrollaban las funciones sustantivas de la UAEM y las expectativas de la sociedad en torno a la máxima casa de estudios morelense.

Ávila García también impulsó la reforma al programa de estudios de bachillerato escolarizado, se aprobó el modelo de educación abierta y a distancia, se restructuró el plan de estudios de bachillerato en la misma modalidad, se crearon las escuelas de Humanidades, Artes y Farmacia ofertando siete programas educativos a nivel licenciatura, se estructuró el programa de educación continua, se fortaleció el vínculo con la sociedad a través del servicio social comunitario y se fundó la estación de Radio Universidad.

Fue tan buena su gestión que fue requerido en el Ayuntamiento de Cuernavaca para ser secretario del mismo (durante el periodo de Manuel Martínez Garrigós, ya que con Rogelio Sánchez Gatica fue Alejandro Montalvo Pérez), y posteriormente reincorporado a la máxima casa de estudios ahora como secretario general en sustitución de Patricia Castillo y bajo las órdenes de Alejandro Vera Jiménez, titular de la Rectoría.

Tras el rompimiento entre el rector Alejandro Vera y el gobernador Graco Ramírez Garrido, al titular de la UAEM “lo trajeron frito” en los medios de comunicación con la versión de que en cualquier momento sería detenido por la Policía Federal, como consecuencia de lo que se conoció como “La Estafa Maestra”.

Grosso modo, la estafa maestra consistió en la contratación de varias universidades del país para que a su vez éstas se encargaran de contratar a otras empresas para proveer a la Secretaría de Desarrollo Social de productos y servicios.

Es algo que nadie entiende qué tenían que hacer instituciones dedicadas a la enseñanza de la educación superior, sirviendo como intermediarias para la compra de productos y contratación de servicios poco claros, pero según la ex titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, no hubo nada ilegal.

Por su posición como cabeza de la UAEM, no se hacía tan descabellada la posibilidad de que le resultara responsabilidad a Alejandro Vera. Incluso, en una plática en Torre de Rectoría Vera Jiménez dijo estar preparado para pisar la cárcel. “Me dedicaré a escribir libros”, dijo entre divertido y preocupado.

Sin embargo, un boletín de la Fiscalía General de la República (antes PGR) dado a conocer el pasado lunes, informa que el agente del Ministerio Público Federal obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo Ávila García, exsecretario de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“El ex servidor público es probable responsable en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y daño patrimonial a la Hacienda Pública por 22 millones 944 mil 101 pesos y 20 centavos”, refiere el comunicado.

Y es que Ávila García fue señalado de haber gastado de forma indebida, alrededor de 23 millones de pesos de recursos federales de un contrato de servicios para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actualmente Secretaría de Bienestar, cuando fungía como secretario de la Rectoría.

La FGR acusó al ex catedrático debido a que aparentemente estaba impedido para subcontratar los servicios del contrato.

“El agente del Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Preventivo Norte, contra Ávila García, a quien le fue impuesta la medida cautelar consistente en presentación periódica cada 15 días para firmar”, dice el boletín. 

El ex funcionario público compareció ante Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se reservó su derecho a declarar. No obstante, el juez de la causa fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Hasta antes de ese boletín el tema de la investigación de la PGR por la “estafa maestra” era como “el petate del muerto” en los círculos universitarios, pero desde ayer hay nerviosismo en la máxima casa de estudios.

El motivo: que muchos catedráticos entregaron recibos de honorarios por supuestos servicios que nunca se realizaron, de ahí que no se descarte que en las próximas semanas haya más órdenes de comparecencia contra servidores públicos. 

Y sólo es cuestión de días para que comparezca ante un juez el que podría ser el verdadero responsable de las irregularidades, Wistano Luis Orozco García, ex director de administración de la UAEM y quien sabía perfectamente quiénes eran los funcionarios que tenían facultades para firmar contratos de licitación.

En tres meses, Gerardo Ávila García podría estar lamentándose el haber dejado su laboratorio para ir en pos de una rectoría, primero interina y después constitucional.

Los diputados de la anterior legislatura eran corruptos, pero no tontos. Contaron con expertos en ingeniería financiera para diseñar una estrategia que les permitiera allegarse de recursos suficientes para no tener que trabajar el resto de su vida, pero sin violar (casi) ninguna ley. Un ejemplo de ello es el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Municipios, un Fideicomiso prácticamente escondido mediante el cual los diputados podían disponer desde 81 millones el primer año de su funcionamiento, hasta cerca de 150 millones de pesos poco antes de su “desaparición” en las últimas sesiones de la llamada “peor legislatura de la historia”.

Era el miércoles 14 de julio de 2016, fecha programada para realizar la última sesión del primer periodo de la LIII Legislatura Local, y la misión estaba perfectamente definida: lograr la aprobación de dos créditos bancarios que sumados dan la cantidad de mil 865 millones de pesos; reformar la Ley del Instituto de Crédito a fin de que el gobernador tuviera el control de esa institución; hacer lo mismo con el Fondo Morelos, y aprobar la privatización del servicio de alumbrado público en todo el territorio morelense.

Caso 1.- Doña Leticia (los nombres fueron cambiados pero los hechos son reales) se extrañó de que su hija del mismo nombre no pasó esa tarde a decirle que ya había llegado de su trabajo como lo hacía todos los días, pues sus viviendas estaban a una cuadra de distancia. Pasaban las 10 de la noche cuando acudió a la casa donde su hija vivía con su esposo y su hijo Alejandro de 16 años.

Abrió la reja pues tenía llave que le había dado su hija por cualquier emergencia, pero en ese momento vio que alguien apagó la luz y escuchó el cerrojo de la casa. “Mejor vuelvo mañana, creo que estoy siendo inoportuna”, pensó.

No pudo conciliar el sueño, pues tenía un mal presentimiento. A las cinco de la mañana regresó y entonces sí entró hasta la casa. Mayúscula fue su sorpresa cuando vio que la cama de la recámara principal estaba tendida. 

Se percató de que la recámara de Alejandrito estaba asegurada por dentro, así que le tocó a la puerta.  El muchacho salió muy nervioso, temblando. “Abuela, mis papás no llegaron en toda la noche, yo creo que ya los mataron”. 

Tras una llamada a su teléfono celular, en cuestión de minutos llegó Eduardo, el otro hijo de doña Leticia. Ya con la claridad del día observó que había manchas de sangre en la casa pero habían sido lavadas.

Hasta ese momento lo único claro que tenían era la ausencia de Leticia y su esposo Javier, ambos contadores de profesión, así que doña Leticia y su nieto acudieron a la Fiscalía General de Justicia a denunciar la desaparición de la pareja.

El tío Eduardo se quedó en la casa y observó que había una hoja de cuaderno con lo que parecía ser una conversación, pues incluso estaba escrita con dos diferentes colores de tinta.

“Se va a bañar como en 20 minutos”, decía en color negro.

“Va, es que siento que va a estar cañón porque igual se mueve”, se leía en color rosa.

“Cuando se escuche en las escaleras la matas. Te preparas cuando se oiga la puerta”, contestaba.

El tío recordó que Alejandro no era hijo biológico de su hermana y su cuñado, sino que se los había regalado una sobrina de éste último, y que siempre había mostrado un comportamiento extraño.

Llegó a la Fiscalía y aprovechó un momento a solas con su sobrino para preguntarle con mucha seguridad “¿por qué lo hiciste?”

El adolescente primero lo negó, pero después comenzó a llorar y terminó por aceptar que había asesinado a sus padres adoptivos con la ayuda de su amigo Roberto, compañero del Colegio de Bachilleres donde ambos estudiaban.

Confesó que los mataron a cuchilladas, después los metieron en bolsas de basura y los llevaron a un terreno baldío en la colonia Cerritos de Ahuatepec a bordo de un coche que habían comprado esa misma noche con el dinero que le robaron al contador.

Y efectivamente, al mediodía de aquel 21 de febrero del 2019 se estaba llevando a cabo el levantamiento de dos cadáveres “embolsados” descubiertos por vecinos a unos pasos de la Base de la Ruta Siete, en Ahuatepec.

“Maldita inseguridad”, se escuchó entre los curiosos que observaban el levantamiento, sin saber que había sido su propio hijo adoptivo de las víctimas y un amigo, ambos adolescentes, los responsables de tan macabro crimen.

Caso 2.- En enero pasado Doña Martha llegó a visitar a su hija Karina a la casa que rentaba junto con su concubino, Raúl, en la colonia Otilio Montaño de Jiutepec. Quería ver a sus nietos, los hijos de Karina y Raúl, pero también a Nachito y Lázaro, de 4 y 5 años de edad, cuya madre era otra de sus hijas que lamentablemente cayó en las drogas y los dejó a cargo de su hermana y su cuñado.

¿Y dónde está Nachito? -preguntó la abuela-. Raúl y Karina intercambiaron miradas y guardaron silencio.

• Pues no habíamos querido decírselo pero, fíjese que se lo robaron -contestó por fin el hombre.
• ¿Cómo que se lo robaron? La otra vez que vine me dijiste que se lo había llevado tu mamá de vacaciones y ahora me sales con que se lo robaron. ¿Dónde está mi nieto?
• Sí suegra, deveras que nos lo quitaron de las manos. Ibamos a Yautepec y ahí en Cañón de Lobos que se nos cierra una camioneta y que se bajan unos tipos armados y que se llevan al niño.

La versión de su yerno no convenció para nada a doña Martha, sobre todo porque no presentaron denuncia por el supuesto robo del infante, así que ella acudió al Ministerio Público a denunciar la desaparición de su nieto.

Con la ayuda de una psicóloga fue interrogado el hermano mayor de Nachito. El niño de cinco años narró que sus tíos le pegaron a su hermanito y que le salió sangre por nariz, boca y oídos. Según el menor, al cuerpo de Nachito le prendieron fuego en el patio de la casa, pero los aludidos lo negaron, diciendo que todo era imaginación del niño.

Al carecer del cuerpo del delito la pareja no pudo ser procesada por homicidio, sino sólo por desaparición de persona. Aun así quedaron recluidos en el Penal de Atlacholoaya y el pasado 7 de febrero se les dictó el auto de vinculación a proceso.

El pasado martes unos vecinos de la pareja denunciaron a las autoridades que salía un olor fétido de un frigobar que estaba en el patio de una vivienda. El propietario de la casa explicó que hace unas semanas lo fue a ver Raúl, el esposo de Karina, y le pidió que le guardara ese refrigerador “porque nos vamos a cambiar de casa pero todavía no sabemos a dónde. Para no andarlo trayendo de aquí para allá ahí se lo encargo, luego vengo a recogerlo cuando ya tenga un lugar seguro”.

El casero no le vio problema pues su patio es grande. “Póngalo por ahí vecino”, le contestó, así que Raúl mismo cargó el frigobar herméticamente cerrado y lo colocó en donde no estorbara.

Al abrir el refrigerador las autoridades encontraron “seis bolsas en capas, conteniendo el cuerpo sin vida de un menor”. 

Las dos historias  -que parecieran salidas de un guion de una película de terror- ocurrieron aquí en Morelos, una en Cuernavaca y otra en Jiutepec, ambas en lo que va de este año. Es material para el análisis y la reflexión de psicólogos, psiquiatras y demás profesionistas para tratar de responder a la pregunta: ¿qué le está pasando a nuestra sociedad?

HASTA MAÑANA.

Hasta antes de que se celebrara el XXXIX Consejo de Seguridad Pública (9 de agosto en el bunker de Alberto Capella) se daba como un hecho la salida de Juan Salazar Núñez de la Fiscalía Anticorrupción tras una desastrosa actuación, en la que no quedó bien con nadie, pero sobre todo porque alcanza perfectamente la jubilación por años de trabajo.

Desde el pasado mes de septiembre de 2018, un grupo de 13 personas internas del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, confinados en el Dormitorio 13, sufren la falta de agua y padecen de enfermedades relacionas con la escasez del vital líquido.

Esta semana el Congreso del estado tendrá que elegir al hombre o mujer que habrá de presidir por los siguientes tres años la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una institución que gozó de prestigio y calidad moral cuando estaba su fundador, don Carlos Celis Salazar, pero que con el paso del tiempo ha dado refugio a todo tipo de personajes que lo han usado como trampolín político.

La lista de aspirantes es muy larga y variada. Comienza con el actual presidente Jorge Arturo Olivarez (sí, con z) Brito, quien aspira legítimamente a continuar en el cargo por un segundo periodo. El doctor en Derecho llegó al cargo tras una serie de negociaciones con los partidos políticos representados en el Congreso hace tres años. En esa ocasión “se alinearon todos los astros a su favor”, pues tuvo el apoyo de su partido (no hay que olvidar que fue candidato a diputado local por el PRI hace mucho tiempo) y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso era Francisco Santillán, a la postre esposo de Maricela Velázquez, hija de la lideresa Maricela Sánchez. Una amistad de años con la diputada Silvia Irra y una “recomendación” de su pareja la magistrada y ex presidenta del TSJ, Nadia Lara Chávez, lo convirtió en candidato del PRD-Gobierno y de ahí a la presidencia.

No podría decirse que la gestión de Jorge Arturo fue “pro gobierno”. Las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra actos de los diferentes poderes así lo demuestran. Tampoco hubo escándalos notorios. Digamos que fue “institucional”.

Clara Elizabeth Soto Castor encabeza la lista de cinco mujeres que pretenden llegar a la presidencia del organismo. Al igual que hace tres años (y no sabemos por cuánto tiempo más) sus detractores le cargan en la espalda la pesada losa de ser cuñada de la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta y por lo tanto graquista. Incluso, un medio digital de ésos que surgen y desaparecen según conveniencia, aseguró que la tarde del viernes estaba Rodrigo Gayosso reunido con sus huestes para dirigir personalmente la sucesión en la CDH y en la Entidad Superior de Fiscalización.

Antonio Sorela Castillo es un joven abogado que ha destacado en los últimos años como impulsor de los derechos humanos. Es especialista en el tema, también con doctorado, capacitador en la Academia de Policía, ayuntamientos y en todas las instituciones del país donde lo invitan a dar conferencias.  Recientemente presentó la "Declaración Universal de Derechos Humanos versión Comentada y Traducida al Náhuatl" y ha sido merecedor de casi todos los reconocimientos de organizaciones de abogados estatales, nacionales e internacionales.

En los últimos meses del sexenio graquista fue invitado por el entonces secretario de gobierno Matías Quiroz, a hacerse cargo de la oficina de Atención a Derechos Humanos de la administración estatal, hasta que llegó Julio Colín y lo despidió.

Hay otros candidatos, tanto a la presidencia como a las consejerías de la CEDH, pero a juicio de quien esto escribe, son las tres personas antes mencionadas quienes tienen mayores posibilidades y cuentan con los méritos para ello.

Pero no se descarta una sorpresa. En este sexenio ocurren cosas inesperadas. Una prueba de ello es la llegada del ex presidente municipal de Tlaquiltenango a la dirección del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm).

Es de todos sabido que en el Congreso del Estado no hay un liderazgo claro, sino al contrario, las diputadas y los diputados se la pasan en grillas internas. Un día son más que amigos y al otro día se odian y buscan la manera de desquitarse.

Eso podría dar la oportunidad a personajes que hoy ni siquiera aparecen en las listas de los comentaristas políticos, o bien, que se opte por darle chance a Jorge Arturo Olivarez de que termine lo que ya inició.

Lo único seguro es que quien obtenga la preferencia de los legisladores tendrá una empresa difícil que cumplir. Hasta este momento no se han registrado violaciones graves a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas, pero a medida que avance el sexenio y exista mayor presión de la sociedad hacia sus policías, éstos puedan caer en la desesperación y aplicar la máxima de “el fin justifica los medios”.

Así ha ocurrido en otros gobiernos y hubo jefes policíacos procesados por ello. En el último sexenio, si no hay policías en la cárcel es porque Graco Ramírez protegió hasta el último momento a Alberto Capella y éste a sus elementos que irrumpieron violentamente en un domicilio en el municipio de Temixco y mataron a un bebé. 

La CEDH requiere de una persona respetable, bien preparada y con las agallas necesarias para enfrentarse a las autoridades en caso de que sea necesario. 

Pero también, se necesita que el Congreso le asigne un presupuesto digno para que sus visitadores puedan realizar bien su trabajo.

Y una sede permanente. La Comisión de Derechos Humanos ya merece tener un edificio propio, no puede andar como judío errante pagando una renta (que casi siempre ha significado un negocio para el presidente en turno). 

Es innegable que la primera dificultad con la que se encuentra una persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, es ubicar el domicilio de la institución garante.  Se ha gastado mucho más en otras cosas, que no se tenga para construirle un edificio a la CEDH.

Contrataron un “seguro de responsabilidad civil” para 16 de sus funcionarios con recursos del erario

La contratación coincide con la “desaparición” de recursos asignados a uniformes escolares gratuitos.