El Poder Judicial de la Federación declaró suspendidas las actividades hasta el cinco de mayo y ayer amplió el plazo hasta el último día del referido mes. Los tribunales de la Ciudad de México, Puebla y Guerrero hicieron lo propio también, por lo que sólo es cuestión de días para que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos sesionen y emitan una circular en el mismo sentido.

Si de por sí la impartición de justicia en este país es lenta, imagínese usted qué va a pasar con los miles de expedientes que –ahora sí literalmente- “duermen el sueño de los justos” mientras los empleados de los juzgados permanecen encerrados en sus casas cobrando sin trabajar. No es su culpa, eso es cierto, y tampoco están de vacaciones.

Y ya ni hablamos de los que están privados de su libertad en alguno de los centros de reclusión que tiene el sistema penitenciario, esperando que caminen sus juicios para alcanzar algún día su libertad.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –autoridad encargada de la administración del Poder Judicial de la Federación– emitió el Acuerdo 4/2020, en el cual indicaba que debido a la pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19) únicamente se admitirían demandas de amparo en casos relacionados a peligros de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa a las fuerzas armadas, entre algunos otros.

Casi un mes después, el 13 de abril, el CJF emitió un nuevo acuerdo –el 6/2020– aclarando que la lista señalada en el Acuerdo 4/2020 no era limitativa y debía analizarse cada caso en lo particular para definir si debe ser considerado urgente –y por lo tanto, ser atendido a pesar de la pandemia–. Para esto, el personal que realiza la guardia en cada juzgado debe considerar “los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera a la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso”.

De ambos acuerdos se desprende que estas limitaciones señaladas por el CJF son únicamente para decidir si se admite o no una demanda. Ninguno de los acuerdos señala que sea opcional recibir o no la demanda. Aunque parezca una minucia ociosa, es importante recalcarlo: recibir una demanda y admitirla no es lo mismo. Es decir: si una persona va hoy a los juzgados federales de su entidad con una demanda de amparo, el personal de guardia debe recibirla, darle a la persona un acuse de recibido y, posteriormente, debe emitir un acuerdo por escrito en el que defina si la da por admitida o no, atendiendo a si cumple o no el carácter de urgente.

No obstante, en la práctica se ha reportado que el personal de guardia en los juzgados en distintos estados se niega a recibir las demandas limitándose a decir que “no es urgente”, muchas veces sin siquiera haberla leído y sin siquiera sellarla de recibido. Es decir, se inadmiten demandas de manera oral y sin dar explicaciones. Asimismo, en los casos en los que se logra que la demanda sea recibida, se están emitiendo acuerdos que no fundan y motivan la decisión de no considerar urgente la demanda, incluso en casos de desalojos o de inicio de trabajos de construcción de megaproyectos en ciertas comunidades.

A través de mensajes en las redes sociales los abogados litigantes nos preguntan con insistencia si ya van a reabrir los juzgados porque tienen demandas listas para interponer o recursos legales para continuar sus juicios. Obviamente su urgencia es porque no tienen dinero y no le pueden cobrar a sus clientes si no hay resultados o pruebas de su trabajo.

La respuesta es que, si bien el TSJ de Morelos determinó que el seis de mayo es el regreso a las actividades, las circunstancias actuales que vemos en los diversos noticiarios nacionales y locales nos permiten llegar a la conclusión de que –si bien nos va- estaremos regresando a la normalidad en los primeros días de junio.

Y los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos regresarán con un nuevo titular. Sí, recuérdese que el próximo 17 de mayo termina el periodo de dos años por el que fue electa la actual magistrada presidenta, Carmen Verónica Cuevas López.

El artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos establece que “el Presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo en votación secreta de los Magistrados del primer Pleno solemne que se celebre durante el mes de mayo de cada año; durará en su cargo dos años pudiendo ser reelecto. No dice más.

Es decir, que legalmente existe la posibilidad de que Carmen Cuevas sea reelecta por un tercer periodo como alguna vez lo hizo su antecesor (y acérrimo rival político) Ricardo Rosas Pérez.

Sin embargo, al parecer las condiciones al interior del Tribunal Superior de Justicia para la presidenta no son las idóneas y al exterior mucho menos. Si bien es cierto que ha logrado cohesionar a un grupo de magistrados, hasta este momento no ha podido convencer a ninguno de los miembros del llamado grupo disidente.

Recordemos que la elección del titular del Poder Judicial no es un acto político y tampoco es un cargo de elección popular, sino un proceso electoral que involucra exclusivamente a los miembros del Pleno del TSJ.

Las campañas mediáticas que pudieran hacer los aspirantes son útiles, pero no determinantes. De muy poco sirve que organizaciones de profesionistas y organismos no gubernamentales se pronuncien por tal o cual candidato, si no hay un trabajo al interior de la institución.

Carlos Iván Arenas Ángeles es “el que más suena” pero no necesariamente el que tiene el mayor número de votos al interior del pleno. De hecho, le pudiera resultar contraproducente si sus compañeros advierten un cambio en su comportamiento. El “ya se siente presidente”, sería letal para sus aspiraciones.

Arenas Ángeles es un buen prospecto, pero no el único. En las sombras se mueven varias personas más que tienen la legítima aspiración de ocupar el cargo que deja Carmen Cuevas. Y para lograrlo no necesitan la aceptación social, sino solamente el voto de 10 magistrados, no importa a cambio de qué.

Lo bueno es que ya falta muy poco para saber el desenlace.

HASTA EL LUNES.