El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la entrega de nombramientos por parte de diputados del Congreso del estado y la toma de protesta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. A casi nueve meses de distancia, no ha podido comenzar a funcionar.

Y es que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) así como los miembros del Comité Coordinador, no han podido ponerse de acuerdo absolutamente en nada, así que el gobierno del estado no ha liberado un solo peso para su funcionamiento.

Recordemos que los comisionados (que a su vez fueron electos por un grupo de nueve ciudadanos, no por el congreso ni por los partidos) resultaron ser Roberto Coranguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida, cuya presidencia es rotativa, en ese orden.

En tanto que el Comité Coordinador está integrado por el presidente del CPC (Roberto Coranguez); el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (con una encargada de despacho);  el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez; el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, César Santana Nava; la representante del Consejo de la Judicatura estatal (o su equivalente) María del Carmen Verónica Cuevas López; la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Manuel García Quintanar, y la representante común de los Contralores Municipales del Estado, América Berenice Jiménez Molina.

Todos ellos se han comportado como niños, con peticiones absurdas y berrinches de un lado y de otro, demostrando que lo que menos les importa es el estado de Morelos. La Fiscalía General del Estado está llena de denuncias y los jueces de Distrito ventilan amparos de uno y otro lado. Ninguno quiere ceder.

La manzana de la discordia es el nombramiento del secretario técnico. La terna propuesta por el CPC (siempre con la oposición de Damiana Herrera) fue rechazada por algunos miembros del Comité Coordinador, cuyas solicitudes caían en lo absurdo. No quisieron al secretario técnico interino, que si bien no está contemplado en la ley, tampoco está prohibido.

Ahora sí que, como dice el dicho, “ni pichan, ni cachan ni dejan batear”.

Cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción el 27 de mayo de 2015, se activaron una serie de plazos para que en el ámbito nacional y en los estados: 1) se armonizaran las constituciones locales y se publicaran las leyes secundarias que planteasen el diseño de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), 2) se nombraran a las autoridades de esos sistemas, 3) se instalaran sus órganos de decisión y operativos, 4) se asignara presupuesto público a dichas instancias, 5) se activara la coordinación entre sus autoridades, 6) se definieran políticas y acciones de combate a la corrupción a las que se daría seguimiento, y 7) se instrumentaran distintos sistemas electrónicos que apoyasen a controlar este flagelo que lastima al Estado mexicano.

Isaak Pacheco Izquierdo, investigador de temas anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, publicó recientemente un análisis muy completo en el que explica que, “como sociedad, nos dispusimos a recorrer todo ese camino con el propósito de enfrentar el problema de la corrupción, a través de una estrategia consensuada y teóricamente sólida en cuanto a su diseño, que ejecutada correctamente nos permitiera plantear una solución real, de mediano y largo plazos, a la captura del Estado por las redes de corrupción”.

Al 11 de enero de 2019, fecha en que se actualizaron por última vez los datos que recopila y difunde en su portal de internet la Secretaría Ejecutiva del SNA, los sistemas anticorrupción de los 32 estados del país presentaban un avance en la adecuación de su marco normativo en la materia del 97%, pues de los 288 instrumentos jurídicos que debían armonizarse con respecto al modelo nacional en todo el país, sólo 8 quedan pendientes de emitirse. Sobre este asunto, cabe mencionar que ningún estado tiene pendiente realizar las adecuaciones a su constitución local o publicar la ley que establece el diseño de su sistema local anticorrupción.

Respecto a la conformación de la estructura rectora de los sistemas anticorrupción, los estados del país presentan un avance del 87% en la designación de las autoridades que encabezan las instancias unitarias de los sistemas y en la instalación de sus órganos colegiados de toma de decisión 2. Y es que a la fecha de corte, sólo quedaban 13 autoridades de instancias unitarias por designarse, así como 12 órganos colegiados por instalarse formalmente en todo el país.

En cuanto al aspecto presupuestario, destaca que para el 18 de enero de 2019, el 75% de los estados contaba ya con un presupuesto asignado para las Secretarías Ejecutivas de sus sistemas anticorrupción, quedando pendientes de recursos para este rubro de gasto sólo ocho estados, entre ellos Morelos.

El tema del presupuesto asignado a las Secretarías Ejecutivas de los SEA, y que repercute en el pago de los sueldos de los miembros de los CPC locales, es otro asunto que también debe analizarse más allá de las cifras generales. A saber, del año 2018 al 2019 se tuvo un incremento de 25 puntos porcentuales en el número de estados a los que se les ha asignado presupuesto para financiar esa instancia (pues se pasó de 16 a 24 estados con recursos destinados a ese rubro de gasto) 7.

“Y si bien esto representa un avance, Ethos tuvo conocimiento de que en la práctica, durante 2018, varios integrantes de CPC no percibieron durante casi todo ese año su sueldo, debido a que no se lograba el consenso entre los miembros de los Comités Coordinadores de los SEA para designar a sus Secretarios Técnicos, y por consiguiente, no podía operar la instancia encargada de pagarles sus salarios, es decir, las Secretarías Ejecutivas de los sistemas locales. Así también, Ethos se enteró de la ineficacia en el trabajo de varios secretarios técnicos ya nombrados, los cuales, según lo comentado por aliados, no realizaron las gestiones legales y presupuestarias necesarias para comenzar a operar, constituir su equipo técnico, establecer una oficina de trabajo y cubrir el sueldo de los miembros de su CPC; y por esta falta de resultados, llegó a pensarse incluso que tenían algún tipo de interés político en evitar que avanzaran los trabajos de sus SEA”, dice el investigador.

Y lanza una conclusión muy preocupante:

“…pareciera que ese contexto adverso que se refleja en la alta tasa de incidencia de actos de corrupción y en el elevado índice de impunidad del país, afecta a todas las esferas de lo público, incluso a aquella que recae en la estrategia que nos hemos planteado para enfrentar la corrupción, reflejado esto en instrumentos normativos desvirtuados en aras de debilitar a los sistemas desde su diseño, en autoridades anticorrupción cooptadas por redes de intereses políticos, en la nula o reducida asignación de presupuesto a las instancias en la materia por parte de los congresos locales, o en la impericia, intencionada o no, de algunas Secretarías Ejecutivas para ejercerlo”.

La gran interrogante es: ¿quién es el más beneficiado con que el Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos siga empantanado?

HASTA MAÑANA.