Cuando se dio a conocer cómo funcionaría el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) levantó muchas expectativas, tanto en la forma como se integrarían los diferentes organismos, cómo en el proceso de designación de sus representantes. Pero hoy, a dos años de distancia, es una verdadera decepción ver cómo se están peleando por el presupuesto y cómo enfrentan supuestas ilegalidades con más ilegalidades.

Por eso mucha gente piensa que en este país no son las leyes ni las instituciones las que fallan, sino los seres humanos. En este caso no había falla: un comité de selección conformado por nueve ciudadanos designaría a cinco personas que conformarían el Comité de Participación Ciudadana, con una duración escalonada para evitar que hicieran “bloques” entre ellos.  Con eso se terminaría la tradicional repartición de cotos de poder entre partidos políticos a través del Congreso.

La conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) también era ideal: un contador público y abogado; otro contador público y un tercer hombre de profesión licenciado en Derecho. Dos mujeres, una abogada y otra contadora pública. Pura gente preparada, ¡no había pierde!

Pero para garantizar total transparencia y equidad, éste órgano no se mandaba solo, sino que requería de la intervención de un Comité Coordinador conformado por los titulares de ocho dependencias de gobierno relacionadas con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¡Está perfecto!

El problema comenzó cuando les dijeron que tenían que ponerse de acuerdo para nombrar a un secretario ejecutivo que se encargaría de tramitar los recursos financieros. Desde ahí las cosas han estado mal.

Y han estado mal porque hubo divisionismo desde el principio, tanto en el CPC como en el Comité Coordinador. Damiana Herrera y Penélope Picazo hicieron un frente común; Roberto Coranguez y Edgar López Betanzos hicieron el suyo, en tanto que Alejandro Enríquez Hermida salió más abusado y primero estuvo con ellas, luego con ellos, y luego otra vez con ellas.

Mientras tanto, en el Comité Coordinador hicieron alianza el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, el magistrado de Justicia Administrativa, Manuel García Quintanar, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, y la entonces presidenta del IMIPE, Mireya Arteaga Dirzo.

Los antes mencionados no aceptaron a ninguno de los tres que proponía Coranguez para ocupar la Secretaría Ejecutiva, por lo que les pusieron los requisitos más absurdos que se puedan imaginar. Entonces Roberto, Betanzos, Hermida y Penélope (quien después se dijo engañada), decidieron nombrar un “secretario Ejecutivo interino”, que si bien no existe en la ley, tampoco está prohibido.

Ese nombramiento recayó en el contador público Alejandro González Chevez, quien sin deberla ni temerla estuvo a punto de caer en la cárcel pues Juan Salazar Núñez le armó una carpeta de investigación “hecha con los pies” pero no importaba, pues ya había el acuerdo político para que se judicializara.

El seis de marzo pasado Penélope Picazo (esposa del ex diputado priísta y líder sindical Víctor Hugo Manzo Godínez) decidió no esperarse al dos de mayo, fecha en que concluye el periodo de Coranguez, y le dio “golpe de Estado”.

Con el apoyo de Damiana Herrera y Alejandro Enríquez, se aventaron la puntada de aprobar una sesión del CPC en la que se asentó que “con base en los antecedentes remitidos a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana referentes a la falta reiterada de actividad sustantiva del C.P. Roberto Corángez Esquivel, así como la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones que le marca la Ley,  dicho Comité, en su Primera Sesión Extraordinaria del año en curso, celebrada el pasado viernes 6 de Marzo, con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”.

De esta manera, la consejera Penélope Picazo Hernández fue designada como “Presidenta Sustituta” para cubrir el periodo de Roberto Coránguez Esquivel hasta el día 30 de abril del presente año por ser la integrante a la cual le correspondería el periodo anual siguiente, y continuara en la Presidencia durante el periodo para el que fue designada hasta el día 30 de Abril del 2021.

“Abusadilla desde chiquilla” (desde que era jefa de prensa del diputado que después sería su marido), Penélope no solamente se adjudicó un cargo que tampoco existe, sino que el pasado lunes también se aventó la puntada de nombrar a un secretario ejecutivo para que pueda tramitar la liberación de los doce millones de pesos que le asignó el Congreso, previo desconocimiento de la terna que ya existía.

Así, de la manga se sacó una terna integrada por Fernando Blúmenkron Escobar, Esmirna Salinas Muñoz y Miguel Ángel Flores Mendoza y eligió al primero.

¿Cómo justificó esta designación en plena Pandemia por el coronavirus que prohíbe cualquier reunión de personas?

Escribió (Penélope o quien esté atrás de ella) un texto que ya no se sabe si es boletín, artículo u oficio, titulado “Gobernanza Anticorrupción en tiempos del Covid-19 Una propuesta de política pública”.

En dicho documento (sui géneris porque no tiene firma, sólo un logotipo del CPC), se menciona que la aparición del covid 19 en nuestro país obligará a los gobiernos federal y estatales a reasignar recursos presupuestales y a crear fondos especiales para atender las emergencias sanitaria y económica.

“En este contexto, el principal problema público que debe atenderse es la opacidad y/o discrecionalidad en la que pudieran incurrir los gobiernos a la hora de realizar compras gubernamentales o asignar recursos presupuestales para atender los estragos sanitarios y económicos derivados de la pandemia”.

¿Y la convocatoria que establece la Ley? Pues también se la brincó.

“Dado que era necesario proponer una terna al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el CPC IDENTIFICÓ a los tres candidatos que a su juicio por mayoría consideró los idóneos para enfrentar los múltiples retos que el nuevo organismo plantea, pues demostraron contar con los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar el cargo de Secretario Técnico”, dice el acta de la sesión DEL 21 DE ABRIL DEL 2020, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” DEL 21 DE ABRIL DEL 2020.

En ninguna parte dice cuál fue el mecanismo que el CPC utilizó para conformar la terna, y tampoco menciona quienes votaron a favor de esa terna, de la que salió ganador Fernando Blúmenkron con el voto unánime de los cinco integrantes del Comité Coordinador.

Obviamente habrá amparos y denuncias penales contra esta ilegalidad y el proceso se seguirá judicializando indefinidamente. Cuántas ilegalidades se están haciendo a nombre de la supuesta lucha anticorrupción.

HASTA MAÑANA.