La justicia en Morelos no podía estar en peores circunstancias, pues por una parte los tribunales se encuentran cerrados por una pandemia que no se sabe para cuándo acabe, y los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia –máximo órgano del Poder Judicial- se están enfrascando en una guerra cibernética en torno a la designación el pasado cinco de mayo del magistrado Rubén Jasso Díaz como presidente a partir del primer minuto del 18 de mayo.

A raíz de esa sesión (sin público pero con transmisión en Facebook) los magistrados que no convalidaron dicho nombramiento enviaron un documento al Poder Ejecutivo y otro al Poder Legislativo, en el que solicitan su intervención para impedir que se consuma lo que ellos consideran una ilegalidad.

En respuesta, la magistrada presidenta Carmen Cuevas emitió un comunicado en el que expresa que dicha queja “plasmada de animadversiones, atienden más a un sentido estrictamente “POLÍTICO” (se respetan mayúsculas y comillas del texto original), ya que CARECE DE TODA VALIDEZ LEGAL, pues será ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL ÁMBITO JURISDICCIONAL COMPETENTE, quien pueda cambiar el carácter de validez y legalidad que tiene hasta el momento el resultado de dicho ejercicio colegiado y democrático”.

Y los disidentes le contestan en otra misiva (casi estoy seguro que el redactor es Juan Emilio Elizalde, quien fue periodista antes de ser abogado):

“No es desconocido que los tres poderes del Estado gozan de autonomía, lo cual no significa que cada uno puede hacer por sí lo que le venga en gana y menos en tratándose de buscar, como al caso, aviesos fines, violando burdamente lo que le da vertebración a la vida pública; el estado de derecho. En dicha misiva, no solo se le pone en conocimiento al Jefe del Poder Ejecutivo y a la Soberanía del Estado de la mascarada “colegiada” y “democrática” que fraguaron y ejecutaron nueve magistrados encabezados por la señora Cuevas, sino, lo más importante, para hacerlos corresponsables de que ejercitadas las acciones que la conducta amerita en las instancias correspondientes actúen en consecuencia en oportunidad y con toda firmeza dentro del ámbito de su competencia y responsabilidad constitucional”.  

Sostiene la actual presidenta del TSJ que la autonomía e independencia del Poder Judicial está garantizada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. La división de Poderes en la entidad la tutelan los artículos 20 y 21, estableciendo el 86 en quien se deposita el poder judicial, así como el 91 donde “exclusivamente  los magistrados integran el Pleno a quien en términos del 94 corresponde elegir a su presidente SIN INTERVENCIÓN DE NINGÚN OTRO PODER, o que para la validez de dicha elección se requiera la aprobación de los otros dos Poderes”.

Contestan los disidentes:

“…la elección del representante del Tribunal Superior de Justicia corresponde cierto a los ahora 18 magistrados pero en un pleno legalmente constituido, y para que esto suceda, dice su Ley Orgánica en su numeral 30, debe suceder en una sesión de pleno extraordinaria, a la cual asistan dos terceras partes de sus integrantes, esto es, al menos doce magistrados para ser calificada de legal. Luego entonces, se sobreentiende que la “elección” de Rubén Jasso Díaz esta fuera de toda legalidad y de ahí que como bien ya se dice, es un pretendido presidente espurio”.

Insiste Carmen Cuevas en que los 18 magistrados que integran el Pleno del TSJ FUERON DEBIDA Y LEGALMENTE CONVOCADOS por la Oficial Mayor del TSJ, Carmen Paulina Toscano Vera, en términos del acuerdo aprobado con 17 votos a favor y uno en contra, en sesión ordinaria de Pleno el 16 de abril de 2020, relativo a la notificación por vía electrónica en sus aparatos telefónicos y correos electrónicos institucionales proporcionados y subsidiados a cada uno de ellos por el TSJ.

Y le contestan:

“De que los 18 magistrados fuimos debida y legalmente convocados, es de hacer saber que el acuerdo  previo tomado por unanimidad  para aceptar ser notificados por vía digital, dimano debido a la contingencia de sanidad, tratando de evitar que al concurrir de manera física al Salón de Plenos para darle continuidad a las prórrogas de suspensión de actividades -siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud- se salvaguardara la salud del personal que por obviedad debe movilizarse para celebrar un pleno presencial y de los magistrados, dentro de los cuales hay algunos en edad clasificada de alto riesgo”.

Arremete Carmen Cuevas:

Dicha inconformidad fue generada por ellos mismos, por su propia y única irresponsabilidad, falta de compromiso social y profesionalismo al haber decidido NO ASISTIR a la convocatoria de la sesión para cumplir con su obligación legal y constitucional. Lo que ha sido una práctica reiterada en el casi último año, con el argumento de no estar  supeditando   el   interés   público   al   interés   particular y caprichoso  de   los Magistrados inasistentes.

La respuesta:

“Imputar y calificar de irresponsables y falta de compromiso social a quienes no nos prestamos a su farsa de elegir presidente en un Pleno Solemne, denota solo la expresión viva del cinismo, ya que si bien los nueve magistrados que defendemos a ultranza la legalidad no asistimos a su dichoso e innecesario pleno solemne, convocado a las nueve horas, si participamos en un extraordinario fijado para las diez horas de ese mismo día cinco de mayo del año en curso, en el cual con catorce votos a favor se aprobó para efectos administrativos y procesales -ya que había en este pleno quorum legal- extender la prorroga hasta el 31 del mes que transcurre”. 

Señala la presidenta que entre los nombres de los magistrados del TSJ, se encuentra el de Guillermina Jiménez Serafín, quien NO ES MAGISTRADA DEL TSJ, ya que se encuentra suspendida de su nombramiento y funciones establecido en la controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  354/19, por lo que al ostentarse como tal comete un delito pues la referida suspensión se confirmó en Sesión de la primera sala de la SCJN  al declarar infundado el incidente de reclamación 198/2019.

Y le contestan:

“Esa es otra de sus burdas y acostumbradas falacias de la señora Cuevas, ya que es Magistrada, como puede validarlo el único Poder Público facultado para ello, que es el Congreso del Estado, y si, efectivamente, el hecho de que no esté en funciones, no importándole que una Sala, como lo es la Auxiliar, no esté debidamente integrada, en gracias a que en su reprobable y no menos condenable mezquindad, egoísmo y falta de solidaridad con una compañera de Pleno y género, interpuso una controversia. 

Y rematan los “disidentes”:

Finalmente, el exhorto a la unidad y “dejar atrás las descalificaciones y denostaciones que en nada abonan a la UNIDAD que requiere y merece el Máximo Órgano de justicia Estatal”, es la expresión viva de la desfachatez, más aún cuando alegan que “Es tiempo de dignificar el honorable cargo que ostentan”, cuando es este grupo de magistrados, irrumpen la legalidad y con su vergonzante conducta afrentan y denigran una responsabilidad que le fue conferida y la que hipócritamente desdeñan. La lucha al interior del Tribunal Superior de Justicia que damos los firmantes no es de poder como falsamente pregonan quienes no encuentran eco en nosotros sus mezquindades, sino de legalidad, basados en que cuanto tuvimos el alto honor de ser honrosamente designados por el Congreso del Estado magistrados del Tribunal Superior de Justicia, protestamos ante esta soberanía, donde reposa la voluntad del pueblo de Morelos, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan y no lo contrario como por quienes tarde que temprano, tal como condena dicha ordenanza, la nación y el pueblo se los habrá de demandar.  

Atentamente y comprometidos con la legalidad: Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez y Juan Emilio Elizalde Figueroa.

HASTA MAÑANA.