Como si no fuera suficiente el conflicto al interior del Poder Judicial y al interior del Poder Legislativo, ahora los diputados de la LIV Legislatura se están enfrascando en un pleito contra la mayoría de los presidentes municipales, con acusaciones mutuas de corrupción y amenazas de hacer auditorías. En este pleito nadie sale limpio y el único que pierde es el pueblo.

Recapitulemos:

El lunes 27 de enero el Congreso local, con 43 días de retraso, aprobó el paquete económico para el gobierno del estado correspondiente al ejercicio fiscal 2020, por un monto total de 26 mil 801 millón de pesos. Con 20 votos a favor, los diputados aprobaron el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal del gobierno estatal.

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, destacó la reasignación de un monto mayor a los 500 millones de pesos de la propuesta del presupuesto de egresos que presentó el Poder Ejecutivo para priorizar en rubros como salud, educación, campo, seguridad y apoyo a municipios.

Mazari Espín señaló un aumento de 10 millones para el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense (HNAM), que para este año contará con una partida de 240 millones 102 mil pesos.

Asimismo, se etiquetó un monto similar de 10 millones de pesos para el "Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal", que en total recibirá una partida de 35 millones 440 mil pesos; en tanto, para el "Programa de Atención al Dengue, Zika y Chikungunya" se destinaron 15 millones de pesos.

Atrás quedaron los dimes y diretes entre los diputados y diputadas, y de estos contra los funcionarios del Poder Ejecutivo. Como por arte de magia, los 20 legisladores dieron su aprobación.

Sin embargo, parece que algunos no quedaron tan conformes, pero decidieron no exhibirse como detractores del gobierno estatal, sino exclusivamente contra el que firma los cheques, es decir, Alejandro Villarreal Gasca. Primero, Marco Zapotitla quiso “amarrar navajas” diciendo que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, había acusado al secretario de Hacienda de no pagar el servicio de telefonía con el que funcionan las cámaras de videovigilancia.

José Casas González fue más allá, y le inició una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por haberle otorgado cuatro millones de pesos de más a la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría, lo que según Pepe sería “un moche disfrazado”.

“Sin cuidado me tienen esas declaraciones... ellos sí saben de moches", le contestó Villarreal con una sonrisa que denota que algo sabe de los diputados pero no lo quiere decir. Por lo menos no en estos momentos.

Así las cosas, pareciera que salvo esos detalles, el legislativo quedó conforme con las negociaciones con el Ejecutivo, no así con los 36 municipios de la entidad.

“Se dice”, y solamente es un rumor, que en otros tiempos y en otros estados los diputados piden dinero en efectivo o plazas para su gente a los presidentes municipales a cambio de aprobarles sus presupuestos.

Nos consta que diputados de otras legislaturas han pedido plazas para sus allegados a cambio de ratificar magistraturas o aprobar presupuestos de Tribunales (el caso del abogado Abraham Romo es el más claro ejemplo).

En esta ocasión algo pasó y los alcaldes no se acercaron a ofrecer nada a los diputados, o a los legisladores que se atrevieron a pedir algo los alcaldes “los mandaron por un tubo”. El hecho es que no aprobaron su presupuesto para el 2020.

La justificación de los diputados es que los Ayuntamientos pretendían crear nuevos impuestos, lo que fue rechazado inmediatamente por los ediles quienes amenazaron con hacer movilizaciones y “paralizar el estado” (aunque después lo hayan negado y echado la culpa a los medios de comunicación, como siempre).

Ante ello, aquel diminuto hombre oriundo de la comunidad indígena de Tetelcingo, que a veces tenía que pedir prestado, hoy convertido en el mismo diminuto hombre pero con una cadena de oro bastante gruesa, reloj carísimo, lentes de oro, zapatos finos y que se traslada en una camioneta Tahoe, hizo la siguiente declaración:

“…porque el poder se ejerce, tendremos que llegar a la revisión minuciosa y pormenorizada de cómo están ejerciendo los recursos públicos los ayuntamientos de este estado, porque llama la atención ese silencio cómplice, porque no hay una sola solicitud de auditoría especial a ninguna administración anterior. Se duelen, se quejan de que no hubo recursos o de que los ayuntamientos salientes los dejaron con laudos y con varios adeudos pero casualmente no hay un solo presidente que nos haya solicitado practicarle una auditoría a la administración saliente (…) y a través del chantaje, la amenaza, la extorsión, la presión, no se va a obtener nada”.

Luego, en su discurso en la ceremonia oficial del inicio del periodo ordinario de sesiones, reiteró: “porque es tiempo de que sean las autoridades las que se ajusten el cinturón y no las familias morelenses”.

No tardó mucho tiempo para que el alcalde Agustín Alonso, en redes sociales, le contestara:

“Este diputado chismoso, altanero, simulador, hipócrita y de doble discurso nos cuesta más de 35 millones al año o sea 105 millones en 3 años. Casi lo que cuestan 9 municipios de los más pequeños en Morelos. Me gustaría que aceptaras diputado Zapotitla a debatir y veamos qué aprobaste del presupuesto y sin que te temblara la mano, sin pensar en el pueblo. Tengo todo los datos reales de tus votos en sentido afirmativo, conceptos que dan pena y te contradicen a tu discurso”. 

La manifestación de alcaldes se hizo, llevando a sus empleados como acarreados con recursos del erario, pero sin afectar a la población.

Del otro lado, los diputados siguen “montados en su macho”, sin ceder a las pretensiones de los alcaldes y amenazando con hacerles auditorías.

Algo se saben entre ellos, y seguramente se arreglarán tarde o temprano pero “en lo oscurito”, sin que los morelenses que votamos por ellos (aunque varios llegaron sin el voto de nadie) nos enteremos de los términos específicos en que resolverán sus diferencias.

HASTA MAÑANA.