El pasado miércoles, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla separó del cargo al juez Alejandro León Flores del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, después de haber ejercido 30 años sin un título profesional y haber falsificado su documentación para instalarse en el cargo; también se le dio parte a la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de delitos.

Lo interesante del caso es que dicha destitución fue como consecuencia de una investigación periodística que realizó el medio de comunicación denominado Lado B, con recursos de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.

Alejandro León Flores fue nombrado juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses en julio de 1989 por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y desde ese momento no dejó el cargo conferido, pese a no contar con el título de abogado y la cédula profesional, documentos que son obligatorios para el cargo según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.

Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.

El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.

Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despachaba como juez penal de Cholula hasta el pasado miércoles.

En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.

En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.

Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.

Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.

De acuerdo con un trabajador del TSJ —con el que se habló con la condición de reservar su nombre para evitar represalias— tras la petición de información de LADO B se percataron que la cédula era falsa, por ello el entonces presidente del Poder Judicial en el sexenio de Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, ordenó ocultar el documento y responder diciendo que “no existía”.

Su sucesor en la presidencia del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, decidió impulsar una investigación por parte del Consejo de la Judicatura, misma que concluyó que, tal como lo había denunciado el medio de comunicación poblano, el juez incurrió en graves irregularidades administrativas que ameritan su destitución, y remitir el expediente a la Fiscalía para ver si se acreditan delitos.

En Morelos ocurrió algo similar en 1994, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia era Jesús Bello Espíritu. El abogado Luis Barrera Urióstegui interpuso una denuncia en contra de Pedro Mancera Pérez, juez mixto de Xochitepec, quien había presentado documentación falsa para acceder al cargo.

El maestro Bello Espíritu mandó traer al juez, y le preguntó si eran ciertas las acusaciones de Barrera Urióstegui. Pedro Mancera Pérez aceptó que había mentido, pues carecía de título profesional y cédula.

“Señorita, tráigase papel y pluma que el señor va a redactar ahorita mismo una carta de renuncia”, dijo por el interfon el respetado jurista.

Y así –sin procedimiento alguno- dejó de ser juez el abogado sin título, después de haber firmado cientos de sentencias durante años.

A raíz de ese caso el Tribunal Superior de Justicia envió una circular a todos los jueces y secretarios de acuerdos para que presentaran sus títulos y cédulas. Y Barrera Urióstegui adquirió el mote de “El caza-coyotes”.