La delincuencia organizada está en todos lados y opera de las formas más inesperadas e inimaginables.

En agosto pasado la ciudad de Cuernavaca prácticamente se vio tapizada de anuncios espectaculares donde aparecía un joven sonriendo y sólo una palabra: Terrazas. No importaba el nombre ni el primer apellido de la persona que estaba en la fotografía, sólo el segundo.

El mensaje es claro: el PAN-Morelos es de los Terrazas, como alguna vez fue de la llamada “Sagrada Familia”.

Pero, ¿quiénes son “Los Terrazas”?

En Morelos son prácticamente desconocidos, pero en su natal Chihuahua la familia Terrazas es de las más arraigadas. Descienden de Luis Terrazas, nacido en 1829, fue el sexto de 14 hijos que procrearon Juan Terrazas y Petra Fuentes en la ciudad de Chihuahua. En su juventud, nunca imaginó convertirse en el potentado más odiado por las fuerzas de Francisco Villa, pues originalmente estudió para sacerdote.

La vida le daría un giro inesperado a los 21 años. Cuando ya había recibido las órdenes menores del sacerdocio, muere su padre, y quedó al frente de su familia.

Con una herencia modesta y una formación tradicional, iniciaría así el camino a la fortuna, la cual forjaría en el desierto chihuahuense, entre armas y reyertas políticas, ya sea combatiendo o exterminando a los apaches, en la ganadería, y hasta en las finanzas.

Llegaría a combatir también por la causa liberal, contra la intervención francesa y escalar al grado de general hasta llegar a ser el gobernador del estado más grande de México.

Sin “indios bárbaros”, sin conservadores y sin invasores que combatir, sus dominios crecerían, amasaría una fortuna incalculable y sus negocios se diversificarían: molinos de trigo, fábricas textiles, bancos y sobre todo, desde el poder acapararía tierras, hasta acumular un latifundio de más de 2.5 millones de hectáreas, donde se estima que pastaban entre 350 y 500 mil cabezas de ganado vacuno, caprino y equino.

De ahí que a sus bisnietos no les importe ni siquiera su apellido paterno —Martínez—, sino el materno que es “el que pesa”.

Ellos —Juan Carlos, Oscar Daniel y Víctor Adrián—llegaron muy jóvenes a Cuernavaca a la campaña del candidato Sergio Estrada Cajigal conformando las llamadas PANdillas, y tras el triunfo electoral del 2000 comenzaron a tener modestos cargos a la sombra de otros panistas que también llegaron de otras entidades a disfrutar de las tierras conquistadas. 

Esperaron pacientemente a que los panistas morelenses se “empacharan” de tanto poder hasta quedar estupefactos. Eso ocurrió tras dos gubernaturas en los que el panismo se la pasó celebrando el hecho de haber sacado al PRI del Palacio de Gobierno y permitió la llegada del narcotráfico a Morelos.

En 2012 los resultados de la elección para gobernador fueron un claro mensaje de que la ciudadanía morelense estaba harta de los panistas. El padrón de afiliados del blanquiazul prácticamente se desinfló y fue entonces que aprovecharon los Terrazas.

Con el apoyo económico del grupo de Marko Cortés, los Terrazas pudieron convencer al 60 por ciento de los tres mil panistas que quedaban en Morelos y así se hicieron de la presidencia del Comité Directivo Estatal en 2016 y lo refrendaron en 2018, a través de Juan Carlos, el menor de los tres.

“La Sagrada Familia” políticamente dejó de existir, quedando solamente los Adame y Alemán para obtener cargos plurinominales a nivel nacional.

Pero surgió una nueva familia, la de Los Terrazas, para decidir sobre el futuro del panismo en Morelos. La nueva hegemonía quedó de manifiesto en las elecciones del 2018, cuando Juan Carlos asignó a sus hermanos las principales posiciones plurinominales: Oscar Daniel para diputado federal y Víctor Adrián para regidor de Cuernavaca.

Los resultados de las últimas votaciones reflejan que el Partido Acción Nacional no está tan mal en Cuernavaca. Su candidato Javier Bolaños obtuvo el segundo lugar en un evento en el que prevaleció el voto en cascada y el fenómeno López Obrador.

Por eso es que muchos creen que el blanquiazul puede recuperar la presidencia municipal en 2021 ya sin la figura de AMLO en las boletas. La pregunta es ¿con quién como candidato? Ahí es donde no logran ponerse de acuerdo.

La inesperada campaña disfrazada de informe legislativo de “Terrazas” confirma que los dueños de la franquicia pretenden que el hoy diputado federal sea el abanderado, con el riesgo que ello conlleva.

Los Terrazas son los dueños del pastel, de eso no hay duda, pero la historia nos ha demostrado que quien se come todo el pastel se indigesta y pone en riesgo su salud.

Y si en las próximas elecciones el PAN no logra un buen número de alcaldías y diputaciones los únicos responsables serán ellos. Y si resulta que la primera plurinominal de la diputación local es para el hoy regidor, peor tantito.

La militancia panista sacó a la “sagrada familia” precisamente por ese tipo de prácticas, pero si la nueva dirigencia va a estar igual o peor, lo más seguro es que opten por otros partidos o candidatos independientes, al cabo que habrá mucho de dónde escoger.

Hay hombres y nombres en ese partido pero no tienen acceso a las candidaturas porque se dice que ya están apartadas para la familia Terrazas.

Y si hablamos del trabajo desempeñado por el diputado federal y el regidor Terrazas, veremos que hay mucho qué decir y no precisamente a favor.

Lo primero que tendría que contestar el legislador federal es ¿dónde estaba cuando se votó la polémica decisión de desaparecer los fideicomisos?

HASTA MAÑANA.

De la euforia pasaron a la preocupación y hoy ya no saben qué hacer.  Los militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —también conocidos como AMLOvers o “chairos”— están desconcertados con los últimos acontecimientos ocurridos tras el anuncio de la detención en Los Ángeles, de quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos.

“No se confundan. La detención de #SalvadorCienfuegos es logro de la #4T. Se le informó a  @lopezobrador_ hace 15 días sobre el caso y permitió que la justicia siguiera su curso”, festinó ese mismo día el académico y periodista John Ackerman, aplaudidor número uno del presidente López Obrador.

Los “ciberchairos” se dieron vuelo en Twitter siguiendo la línea de Ackerman, pues hasta ese momento todo parecía indicar que, efectivamente, la detención del extitular de la Sedena era parte del proyecto anticorrupción del mandatario nacional. “Primero Lozoya, luego García Luna, ahora el general Cienfuegos…¡Sigue Peña Nieto!”, decían.

Y cuando todos esperaban que el presidente de la República iniciara su conferencia mañanera con un anuncio festivo por la detención del general (como ocurrió cuando detuvieron a Genaro García Luna), fue todo lo contrario: “…todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa”, dijo con un gesto más bien de preocupación.

La realidad es que lo dicho por Ackerman (el mismo que alguna vez calificó al presidente como un “gran científico”), estaba muy distante de lo que realmente ocurrió.

Dolia Estevez, periodista radicada en Washington y con muchos años de experiencia, fue quien se encargó de echar por tierra la euforia morenista.

En un texto publicado en el sitio Sinembargo, Dolia Estevez afirma que durante 14 meses el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue bastante cauteloso para asegurarse de que los altos mandos del gobierno mexicano -léase el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el encargado de la seguridad nacional, Alfonso Durazo; el actual líder de Sedena, Luis Cresencio Sandoval-no se enteraran absolutamente de nada con los relacionado al operativo para atrapar a Cienfuegos Zepeda.

Esto se debe, detalla Estévez, a que debido al peso político que representaba el general en México, y sobre todo la información con la que cuenta que fácilmente le hubiera permitido chantajear a todo tipo de autoridad, Estados Unidos prefirió no arriesgarse, ya que deducían que si iniciaban los trámites de extradición esta jamás ocurriría.

"Prefirieron esperar que cruzara la frontera. Manejarlo con el sigilo de un operativo de Estado para capturar o ultimar a un terrorista, o rescatar a un rehén”, señaló.

Entonces, Dolia también apunta que en agosto de 2019 se emitió en Nueva York un encausamiento sellado con cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, mismo día en que una jueza giró una orden de aprehensión en su contra.

Pero cabe señalar también que, según lo que relata la periodista, las sospechas sobre Cienfuegos no son nuevas. Por ejemplo, en 2013, la DEA estableció que el general era socio de Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el H-2, sucesor de Héctor Beltrán Leyva, quien fuera el H-1. No obstante, Washington no permitió la investigación. “No quiso destapar la caja de pandora en medio de la quimera del 'Mexican Moment’ de Peña Nieto. Su arresto no tiene el costo político de hace siete años”, subraya Estévez.

Las declaraciones del presidente López Obrador en su conferencia de ayer, pero sobre todo su semblante de molestia, confirman la teoría de Estevez: Estados Unidos no tuvo la cortesía de avisarle.

“Ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio”, se justificó el presidente.

Y es que para ese momento, ya le habían hecho notar al mandatario que no era tan conveniente “colgarse la medallita” de la detención de Cienfuegos.

“La detención del general Cienfuegos impacta al sistema político mexicano en general, pues la gobernabilidad del país se ha sustentado largamente en un pacto no escrito de coexistencia tolerante y cómplice entre los poderes civil y militar”, escribió Julio Hernández, a quien AMLO también tiene en la lista de periodistas “con credibilidad”.

Y agregó un dato por demás revelador: el actual secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval González fue comandante de la guarnición militar de Piedras Negras, Coahuila, de 2011 a 2012, en un lapso en que el cártel de Los Zetas introdujo, asesinó e incineró a unas 150 personas en el penal de esa ciudad. Y su jefe directo era el general Cienfuegos.

Es decir, que atacar a Cienfuegos como lo ha hecho con García Luna implicaría perjudicar a las fuerzas armadas en general.

Por eso el cambio de postura de ayer en su “mañanera”: “Vamos a esperar el resultado, aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos no debe culparse a todas las fuerzas armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Por cierto, la detención del general Cienfuegos ya tuvo repercusiones políticas en tierras morelenses. Después de verse beneficiada por su cercana relación con el entonces secretario de la Defensa, la diputada federal Juanita Guerra hoy sufre las consecuencias de lo que se acostumbra en nuestro país: “hacer leña del árbol caído”.

Y es que se dice que el general Salvador Cienfuegos es padrino de bautizo de la diputada Juanita Guerra, quien inexplicablemente para sus compañeros de bancada, sin tener los conocimientos, ni la experiencia ocupó la presidencia de una de las Comisiones más importantes del Congreso federal, la de Seguridad Pública.

HASTA MAÑANA.

Como en los viejos tiempos, el PRI se llevó carro completo en la elección para renovar el Congreso del estado de Coahuila y triunfó en 32 de los municipios de Hidalgo, incluida, Pachuca su capital. En Morelos, los priístas celebraron como si fueran ellos los que hubieran recuperado el poder que perdieron hace dos décadas.

De acuerdo con los resultados preliminares, Morena se perfila a ser el gran perdedor de estos comicios, que se pospusieron cuatro meses por la pandemia del covid-19. Al estar envuelto en la renovación de su dirigencia y pleitos internos, los resultados no le fueron favorables en jornada electoral, donde la participación ciudadana fue de 39% en Coahuila y de 48.6% en Hidalgo.

En conferencia de prensa nocturna, el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó de irregularidades en Coahuila y compra de voto, por lo que adelantó que no reconocerá los primeros resultados y esperarán a los cómputos distritales. Como en los viejos tiempos de la oposición.

Hábil, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la jornada electoral se llevó a cabo sin violencia y que mucha gente salió a votar, evitando así dar una opinión sobre la inminente derrota de su partido.

Los memes no se hicieron esperar, sobre todo aquellos que hacían referencia a la polémica y vulgar frase del representante de los intelectuales de la cuarta transformación, Paco Ignacio Taibo.

En Cuernavaca, los eufóricos priístas se dieron cita en el vetusto edificio de Yucatán y Amacuzac para sumarse a la celebración tricolor. Después de años de que nadie se quisiera parar en ese inmueble, ayer llegaron los “dinosaurios” y algunos “bebesaurios”.

Llegó el inefable Víctor Hugo Manzo Godínez, sempiterno líder de los trabajadores del ISSSTE y de la CNOP, que llegó a la cima del partido en pleno debacle y sólo alcanzó a ser diputado local; César Cruz Ortiz, el primer alcalde priísta sometido a juicio político en Morelos y Rafael Cepeda Aguilar, el rebelde de los priístas que sigue esperando a que la revolución le haga justicia.

Llegó también Lizbeth Hernández Lecona, una priísta de medio pelo que se vio favorecida por “el error de Paco” y de pronto se vio convertida en senadora de la República. No es de la vieja guardia pero tampoco de las nuevas caras de ese instituto político.

Y enseguida los que “en el apellido llevan la fama”: Marisela Velázquez, hija de Marisela Sánchez, ex candidata a la gubernatura; Lourdes Rivapalacio, nieta del ex gobernador don Antonio Rivapalacio; Víctor Saucedo, hijo del renombrado político del mismo nombre que alcanzó fama en sus tiempos estudiantiles. Llegó también la única diputada representante del PRI en el Congreso local  (cuando en algún tiempo llegaron a tener el 100 por ciento de las diputaciones por voto directo) Rosalina Mazari Espín.

Los únicos que no son descendientes de connotados príístas (o al menos no los conocemos), fueron Eleonor Martínez, de la Red de Jóvenes por México y el propio presidente del Comité Directivo Estatal, Jonathan Márquez Godínez.

Fue este último quien habló a nombre del PRI-Morelos y destacó que la victoria electoral en esas entidades es producto del gran trabajo de unidad del CEN con la militancia y la labor de los dos gobernadores Omar Fayad y Miguel Ángel Riquelme, porque a diferencia de Morelos, ellos siempre estuvieron al frente en situaciones como la emergencia de salud, “cuando son buenos gobiernos la ciudadanía voltea a los candidatos del PRI”.

Adelantó que para el caso de Morelos el priismo se compromete a tener las mejores propuestas en las urnas; y la transparencia en la toma de decisiones comenzará desde la designación de candidatas y candidatos, porque en la elección del 2018, aprendió que la militancia y los ciudadanos confían en el PRI cuando son escuchados.

En una próxima sesión del Consejo Político Estatal, mencionó, estará haciendo la solicitud para que como dirigente estatal se le autorice iniciar pláticas con otras fuerzas políticas e impulsar frentes, coaliciones o candidaturas comunes; “pero la alianza que primero haremos en el PRI es con su militancia y con la ciudadanía, nosotros de manera individual como partido tenemos la capacidad de impulsar candidatas y candidatos a todos los cargos de elección popular; sin embargo, en el estado hay un gran animo de hacer una alianza en varios municipios y no nos cerramos a ninguna alternativa”.

En Morelos, subrayó Jonathan Márquez, “el PRI no está apostando a los errores y yerros del gobierno estatal; por el contrario, el tricolor trabaja todos los días en los municipios con los ciudadanos, en la búsqueda de tener comités municipales fuertes, y contar con una restructura completa en los seccionales de todo el estado, todo ese se agregará a la presencia de buenos candidatos para lograr excelentes resultados en las urnas”.

Aunque algunos de los partidos políticos han negado una alianza con el PRI (se refería específicamente al PAN, cuyo dirigente lo negó más pronto que el apóstol San Pedro) hay militantes y actores de esos institutos partidistas que si están dispuestos, y pidió no descartar nada en este momento porque la alianza debe ser a partir de buscar el beneficio de Morelos.

Fue bonito para los priístas tener algo qué celebrar aunque los triunfos se hayan dado en un estado muy lejano al nuestro, y en otro donde el partido no ha soltado el poder en décadas. Los hizo soñar en regresar al Palacio de Gobierno que le entregaron en el año 2000 a un mecánico con estudios de ciencias de la comunicación que se llama Sergio Estrada, el mismo que tres años antes le ganó en las urnas para la presidencia municipal de Cuernavaca nada menos que a la hija del llamado “mejor gobernador que ha tenido Morelos”, don Lauro Ortega Martínez.

Desde entonces no han tenido el poder que ostentaron hasta “el sexenio de los tres Jorges”, y que perdieron precisamente porque incurrieron en excesos quizás confiados en que no había nadie que les hiciera sombra.  Tuvieron la oportunidad de volver cuando –tras varios trienios de dominio panista- la joven promesa del priísmo, Manuel Martínez Garrigos, obtuvo un triunfo rotundo en la capital del estado, pero no supo aquilatar la fuerza que le dio el electorado y perdió la cabeza.

Hoy los números dicen que el PRI está entre el cuarto y quinto lugar de las preferencias, pero está comprobado que en la política las matemáticas no cuentan, y que una buena campaña y un buen candidato pueden ponerlos nuevamente en los primeros lugares.

Pero ¿dónde está este personaje (hombre o mujer) que le devolverá la esperanza a los priístas?

Ese es el reto del joven dirigente Jonathan Márquez, quien –como ya vimos- está incluyendo en su proyecto lo mismo a viejos priístas (ya se reunió con Paco Moreno y Jorge Meade); los que no son tan jóvenes y los que sí representan realmente caras nuevas.

Como dijo el ciego: ya veremos.

HASTA MAÑANA.

Hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República y designara a Santiago Nieto Castillo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a los delincuentes de cuello blanco no les importaba ser denunciados ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, pues difícilmente caerían en la cárcel.

Las acusaciones se iban acumulando en los juzgados y con el mismo dinero que habían obtenido de las actividades ilícitas pagaban costosísimos despachos y sobornos para funcionarios judiciales para que fueran “chicaneando” los procesos penales. Impunidad total.

Pero a partir de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, una indicación del presidente basta para que la UIF congele las cuentas de quien sea, lo mismo empresarios que abogados o líderes sindicales.

La legalidad de esta medida está bajo discusión entre los conocedores del derecho, pues la Constitución es clara en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Que quede claro que la medida del congelamiento de cuentas no es creación de este gobierno federal, ya existía pero se manejaba de la siguiente manera:

Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado de dinero y les ofrecían ayuda para desbloquearlas a cambio de grandes sumas de dinero.

“Venían los despachos de Los Pinos… contactaban a la gente que estaba bloqueada (…). A partir de ahí, se generaba el caso. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos, eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, relató Santiago Nieto en una entrevista para Aristegui Noticias.

El principal argumento legal que presentaban estos despachos era la tesis jurisprudencial 87/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo presidente era el Ministro Eduardo Medina Mora Icaza, ex titular de la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Dicha tesis tenía como antecedente el amparo en revisión 1231/2017, interpuesto por la empresa Capital Administrativo S.A. de C.V. luego de que sus cuentas habían sido bloqueadas por medio de un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

El proyecto de Medina Mora, luego de la usual argumentación jurídica, llegó a una conclusión sumaria: la Unidad de Inteligencia Financiera sólo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando dicha medida tuviera como propósito cumplir una resolución de un organismo internacional o una obligación bilateral o multilateral asumida por el país.

Pero, esa misma Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas bancarias “cuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales”. En ese caso, concluyó el estudio de Medina Mora, la medida no procedía porque era inconstitucional.

Si bien esa resolución sólo beneficiaba a la empresa mencionada, el “criterio jurídico” de Medina Mora abría el camino para el descongelamiento de la mayoría de las cuentas que estaban en esa situación.

No pasó demasiado tiempo después del primer traspié legal que cercenaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera –el amparo impulsado por Medina Mora– para que llegara uno más. El sexenio agonizaba y las decisiones de la Suprema Corte tendrían efectos a corto plazo, como ya se ha visto, y a mediano plazo, cuando el nuevo régimen tendría que lidiar con las consecuencias.

Si en el primer caso el proyecto de resolución del amparo fue elaborado directamente por el ministro Medina Mora, en el quinto y definitivo también estuvo presente la huella del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el gobierno de Vicente Fox.

Aunque a la ministra Margarita Luna Ramos le tocó preparar el proyecto de amparo en revisión 124/2018 contra el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, la sentencia propuesta tres semanas antes por Medina Mora marcó la pauta.

Y con ello se estableció una jurisprudencia vigente a partir del 21 de mayo de ese año: todo juez que reciba una solicitud de amparo contra el congelamiento de las cuentas decretado por la UIF debe concederlo automáticamente. Eso sí: caso por caso y sólo para quien lo solicite.

Bastaron dos meses ‒del 21 de febrero al 18 de abril de 2018‒ para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidida por Medina Mora desmontara, según han denunciado los actuales encargados de la UIF, una herramienta necesaria para combatir al crimen organizado.

Así, menos de un mes antes de que la catástrofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

El 4 de junio de 2018, una orden electrónica desbloqueó casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco.

El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.

A las 17:47 del 4 de junio de 2018, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apretó unas teclas y envió el requerimiento 110/E/564/2018.

En unos cuantos segundos, se descongelaron casi mil 100 millones de pesos y los 18 millones de dólares que se mantenían en diversas instituciones financieras del país.

Como ya es del dominio público, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia el 3 de octubre de 2019. Se espera que corra la misma suerte que el general Cienfuegos, pues de acuerdo a las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos, si el secretario de la Defensa era “el padrino” de la mafia, el abogado de la organización criminal era nada menos que el ministro Medina Mora.

HASTA MAÑANA.

En los últimos días se ha hablado mucho de la empresa Nunvav, que entre el último año de Felipe Calderón y los cinco primeros de Enrique Peña Nieto obtuvo nueve contratos por 390 millones de dólares. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó recientemente que dicha empresa tiene relación con el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

Hay un dato que pareciera indicar que hay otra empresa, ligada a García Luna, que le vendió al gobierno de Graco Ramírez un servicio inexistente por 45 millones de pesos. La conexión es Marco Antonio Herrera García, quien se desempeñó como funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) cuando Genaro era director. Específicamente era coordinador general de Desarrollo Humano en el CISEN, y de ahí escaló a Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, siempre con gobiernos panistas.

En 2012, justo cuando el PAN deja el gobierno federal, Marco Herrera pone su empresa proveedora de equipos de comunicación y su primer cliente fue el gobierno de Morelos.

Pero para obtener este contrato Marco Herrera recibió una “ayudadita”, pues aun cuando el monto de la erogación exigiría la realización de una licitación pública nacional, el gobierno de Graco Ramírez Garrido se acogió una excepción bastante polémica que contempla la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Morelos:

“Cuando la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal autorice directamente el fincamiento de Pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios con fines de equipamiento de instituciones de seguridad pública, o sean necesarios para salvaguardar y garantizar la seguridad interior del Estado”.

Cabe mencionar que, bajo esta excepción, el gobierno de Morelos ha adjudicado directamente la construcción de cuarteles para la Policía, la renta de 200 patrullas, la fabricación de placas para automóviles y varios servicios más.

Así, a finales del año 2013 se firmó el “Contrato de Adquisición del Sistema de Radio Comunicación Tetra, complementario a la red Tetrapol para cobertura adicional a la red existente Iris para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos”, cuya copia obra en poder de este columnista.

Firman Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el licenciado en Administración Juan Alberto López San Germán, en su carácter de subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo y el Licenciado Hugo Ochoa, en su carácter de director general del Centro de Comunicación y Cómputo, el licenciado Alberto Javier Barona Lavín, en su carácter de coordinador de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de contratos del Poder Ejecutivo, y por la otra parte la empresa denominada “Sinergia y Soluciones Digitales de Latinoamérica sociedad anónima de capital variable” representada en este acto por Marco Antonio José Alejandro Herrera García en su carácter de representante legal.

Se menciona que el gobierno de Morelos “requiere de la contratación referente a la adquisición de un sistema de radio comunicación Tetra, complementario a la red Tetrapol para cobertura adicional a la red existente Iris”, y que cuenta con los recursos para ello.

“El presente contrato se adjudicó a El proveedor en vía de Excepción a Licitación Pública Nacional para su adjudicación directa, como lo prevén los numerales 50 y 51 Fracción V de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos y prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos”, dice el documento.

El proveedor declara que es persona moral legalmente constituida lo que acredita con escritura pública de fecha 11 de enero del 2012 teniendo por objeto entre otros:

“La venta, comercialización, distribución, consignación, agencia, comisión mercantil, cualquiera otra figura lícita para la adquisición intermediación y venta de equipo de comunicación móvil de radiocomunicación, líneas de telefonía móvil y tiempo aire para telefonía móvil”.

Y en la factura correspondiente se establece como concepto “servicios de configuración optimización, puesta en operación y aplicación de protocolos de aceptación de los equipos correspondientes al Sitio Maestro y 2 sitios remotos de repetición según se especifica. Servicios de Programación de 302 subscriptores. Suministro de un curso de capacitación”.  La factura da un total de 45 millones 552 mil 648 pesos.

Expertos en este tipo de equipos de radiocomunicación consultados por este medio de comunicación fueron contundentes en su diagnóstico: “Si lo hubieran licitado, habrían conseguido lo mismo por la mitad de ese precio”.

Además, de acuerdo a la respuesta a una solicitud de información pública, la Secretaría de Gobierno (a cargo de Jorge Messeguer Guillén) contestó que “sí se adquirió un sistema denominado Tetra, el cual complementará el servicio que ya existe”. Pero nunca se utilizó.

Pero, ¿quién es el beneficiario de esta operación que se realizó con todo sigilo?

Una nota publicada el 15 de octubre del 2009 por el reportero Gustavo Castillo García en La Jornada, señala que “Marco Antonio Herrera García, socio de la empresa Electronic Publishing SA de CV, de la cual también forman parte el senador panista Gustavo Madero y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, fue designado nuevo titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en sustitución de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez”.

Agrega que Herrera García se desempeñó anteriormente como encargado del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación cuando los titulares fueron Carlos Abascal Carranza y Santiago Creel Miranda. También trabajó al lado de su socio Arturo Chávez Chávez éste fungía como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en Gobernación.

¿Un pago de 45 millones de pesos a una empresa de panistas en el inicio del gobierno del gobierno de Graco? Suena a pago por favores recibidos.

HASTA EL LUNES.

Ayer, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza (PNA), presentó una iniciativa con proyecto de decreto dentro de la sesión ordinaria de la LIII Legislatura Local. Lo novedoso no es que los diputados hayan sesionado ni tampoco que la diputada del partido turquesa haya dado muestras de productividad.

Lo verdaderamente interesante es que la iniciativa con proyecto de decreto es “para actualizar y armonizar el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”, según se dio a conocer ayer mismo a través de un boletín informativo.

Como ya es sabido, la diputada no es abogada, sino que se desempeña (o al menos tiene la plaza) como profesora del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) e integrante del Movimiento Magisterial de Bases, aquella combativa ala del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que tomaba las calles a cada rato durante los sexenios panistas.

Esto nos lleva a la conclusión de que la otrora activista magisterial sólo sirvió de instrumento para introducir la propuesta de reformas al Poder Judicial, una propuesta que no fue consensuada con quienes serán los principales afectados o beneficiados por estos cambios: los magistrados, jueces y litigantes.

Como suele suceder con todas las iniciativas, al principio se resaltan las bondades de la misma y todo parece “miel sobre hojuelas”, pero por ahí, escondidos entre los párrafos, van los cambios trascendentes.

Recordemos que la reforma que regaló 20 años en el cargo a los magistrados del TSJ la propuso un empresario, el diputado cuautlense Enrique Laffite, y que alguna vez un consejero de la Judicatura intentó meter -escondida en una reforma que parecía de trámite- una disposición para que él pudiera reelegirse en el cargo, pero afortunadamente se dieron cuenta y la mandaron al bote de basura.

Luego entonces, que nos disculpe la profesora si estamos siendo injustos, pero no hay que olvidar el viejo y conocido refrán que se refiere a la mula que no era arisca.

Al hacer uso de la palabra ante el Pleno, la legisladora destacó que la iniciativa no generará mayor gasto corriente en el presupuesto público del Tribunal Superior de Justicia ni en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos al momento en que entre en vigor, (explicación no pedida…).

Además “es importante exponer el hecho de que no existe violación o retroceso en los derechos humanos de persona alguna, por el contrario, se logra dar seguridad y certeza jurídica en la denominación de los entes de costo así como de sus respectivas atribuciones al interior y exterior de estos entes del Poder Judicial, toda vez que la Ley Orgánica no está actualizada ni armonizada con la Constitución”.

La legisladora propuso reformar, modificar, adicionar y derogar diversos capítulos, artículos y fracciones de la Ley citada, debido a que al estudiar la norma se encontró que en su momento el legislador en turno fijó su atención únicamente a la reforma del plano constitucional, omitiendo realizar en sincronía las reformas pertinentes a la norma secundaria.

Por ello muchas actividades de la vida interna del Tribunal Superior de Justicia y del entonces Consejo de la Judicatura, hoy Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se realizaban tomando los lineamientos o interpretaciones de los artículos relacionados al tema del Poder Judicial del Estado de Morelos que contempla la Constitución Política de nuestra entidad federativa.

En su exposición de motivos, la diputada Blanca Nieves Sánchez consideró impostergable proceder al cambio de la denominación del máximo órgano administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, para sustituir de sus articulados al Consejo de la Judicatura por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, cuya integración es muy distinta.

Señaló que, la Ley cita en su articulado a dependencias y funcionarios que forman parte del TSJ y, ponderando el hecho de que los servidores públicos deben estar mejor preparados y capacitados, se proponen nuevos requisitos para ser designados, por ello se expone la presencia de la Oficialía Mayor, como un ente administrativo dependiente del TSJ.

Dijo que en el proyecto se plasma al Departamento de Orientación Familiar y al Centro Morelense de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, dependencias que forman parte de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y que en el marco vigente no se contemplan.

Se derogan potestades establecidas legalmente tanto del TSJ como de la actual Junta de Administración, como es el caso de la remisión de ternas en las que contenían las propuestas de tres profesionistas del derecho para que de ellos el Congreso del Estado de Morelos procediera a la designación del magistrado que se incorporaría a los trabajos y funciones del propio Tribunal.

“Es importante establecer en este trabajo parlamentario el hecho de que se han eliminado figuras que se desprendían de otras normatividades, pero que en la actualidad, están abrogadas, por lo que es innecesario que se sigan contemplen en la ley actual”, destacó.

También, que se contempla en la Ley en comento que se dé la progresividad de los capítulos en el Título Décimo Segundo, y esto es así, ya que solo se menciona CAPITULO DE LAS SANCIONES, cuando lo correcto es que diga CAPITULO CUARTO, denominado, DE LAS SANCIONES, para mantener un orden cronológico progresivo en la conformación del texto legal.

De igual forma, en dicho capítulo se precisa lo referente a la figura de la prescripción y la incorporación de la figura de la caducidad de la instancia, figuras jurídicas esenciales y que deben estar contempladas en cualquier procedimiento, y esta normatividad que contempla sus lineamientos muy especiales, deben ser lo más detallados y completos para efectos de no recurrir a la suplencia de otra normatividad.

“La iniciativa de la diputada Blanca Nieves Sánchez fue remitida a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del Estado, para su análisis y dictamen”, termina diciendo el comunicado.

En los próximos días, a medida que “rolen la iniciativa”, sabremos qué esconde (si es que esconde algo) la llamada “Ley Blanca Nieves”.

HASTA MAÑANA.

José Casas González es político muy hábil, astuto para los negocios y perseverante, pero tiene un defecto: su misoginia. Así ha quedado demostrado a lo largo de su vida personal y en su naciente carrera política.

Algo tiene Pepe Casas contra las mujeres. Quizás tenga que ver con su niñez, con su adolescencia o con su etapa juvenil, el hecho es que no le tiene ningún respeto al género femenino. Y eso -en estos tiempos de empoderamiento de la mujer- le puede causar muchos problemas si es que pretende continuar en la política.

Recordemos aquella frase al principio de la actual legislatura, dicha desde la más alta tribuna del poder legislativo, sobre las mujeres que “sacaron de la cocina para hacerlas diputadas”. Por más que trató de dar explicaciones e incluso pidió disculpas, el daño ya estaba hecho.

La gente lo va a recordar como un político misógino, sólo por debajo del misógino #1 Paco Moreno Merino, quien dijo en el recinto de San Lázaro que no hay mujer que no sea prostituta.

Ayer volvió a incurrir en la misma actitud, cuando en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso local, se refirió a la secretaría de Hacienda del Gobierno estatal, Mónica Boggio Tomasaz Merino, con términos peyorativos y misóginos.

La servidora pública no tardó mucho en responderle, y lo hizo en los siguientes términos:

“Es lamentable que el diputado se dirija a mi persona y a mis capacidades profesionales de manera humillante; su constante descalificación, me hace suponer que me ha hecho blanco de su estrategia política y electoral, lastimando y ofendiendo mi condición de mujer”.

“Hago de su conocimiento que no es la primera ocasión en que usted (José Casas), ofende a las mujeres por el simple hecho de su género. Ante esto, acudiré a las instancias correspondientes como el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para hacer valer mis garantías como ciudadana; así como ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos para iniciar una denuncia por violencia política de género”.

Luego, lo retó a debatir “los temas de mi competencia”, pero en un marco de mutuo respeto.

“Es claro que el legislador independiente no tiene conocimiento técnico ni práctico sobre temas presupuestales, y esto resulta peligroso porque al tergiversar la información lo único que hace es mal informar a la ciudadanía sobre lo que es un beneficio real para los morelenses, lo cual ha sido confirmado por la dirección general de BANOBRAS y la propia Secretaría de Gobernación”, acotó.

Las finanzas es un tema que pocos dominan, por lo que sería poco útil elucubrar sobre el refinanciamiento que propone la Secretaría de Hacienda y que ayer Pepe Casas se encargó de hacer pedazos. Por eso es atinada la propuesta del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien sugirió una mesa de debate para conocer y analizar la propuesta de refinanciamiento de la deuda pública en Morelos presentada por la titular de Hacienda estatal, Mónica Boggio Tomasaz Merino, ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Cabe recordar que el pasado lunes 12 de octubre, durante la visita de una comitiva de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo estatal a la Secretaría de Gobernación, el tema principal fue la solicitud de reestructuración de la deuda de la entidad, la cual supera los seis mil 500 millones de pesos.

Al respecto, Sotelo Martínez señaló que la entidad, al igual que los municipios, están padeciendo no sólo de un recorte presupuestal, sino además una crisis económica producto de la pandemia, por lo cual resultó trascendente la invitación al encuentro, al que fueron convocados “todos los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias y al cual asistieron el 80 por ciento de los diputados del Congreso del estado”.

Abundó que en dicha reunión además de la secretaria Sánchez Cordero estuvo presente Jorge Mendoza Sánchez​, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), además de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Finalmente, destacó que en la próxima sesión se presentarán ante el Pleno del Legislativo los detalles de dicha propuesta con la intención de que prevalezca “el diálogo y la transparencia” al interior del Congreso del Estado.         

En eso han coincidido otras diputadas y otros diputados, ya que es evidente que se requiere dinero para el estado, lo que falta es que se pongan de acuerdo en qué se van a gastar esos recursos.

Hasta Pepe Casas dijo ayer que él estaría dispuesto a votar por el famoso refinanciamiento, “pero con condiciones”, aclaró.

Luego vino “el show”, pues el diputado independiente -quien ya había terminado su conferencia de prensa- se regresó para interrumpir la propia del diputado del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Galindo e insistir en argumentos que ya había dicho en su oportunidad.

Dicho sea de paso, el chaparrito sí le dio una repasada al diputado Galindo, a quien cuestionó sobre lo que ha hecho como presidente de la Comisión de Salud y de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. No supo contestar el diputado pesista, le echó la culpa al covid y dijo que sus acciones pueden ser consultadas en el área de Transparencia.

• Como presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario estuvimos en la distribución de fertilizante en Tepoztlán. Yo sí estuve, usted no fue –reprochó Galindo-.
• El gobernador no me invita a sus giras –se quejó Pepe Casas-.
• Pero sí lo invitó el presidente municipal, además, esos eventos son públicos –refutó el legislador pesista-.

“Que esto no se convierta en un circo”, sugirió José Luis Galindo. Pero ya era tarde para evitarlo. Un reportero desde su butaca cuestionó: “¿Es cierto que su familia trabaja en la Secretaría de Gobierno?”

El diputado lo admitió, pero aclaró que está ahí desde 2018 y es licenciada en administración.

Había caído en el juego de Pepe Casas. El tema central pasó a segundo término y los cuestionamientos acerca de sus prebendas como diputado del partido en el poder acaparó la atención de la prensa. Un circo pues.

HASTA MAÑANA.

Es bien sabido que hay dos formas de aplicar la ley: justicia y gracia y justicia a secas, dependiendo de quién se trate. Así lo aplica la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que encabeza el ex consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez, el controversial Juan Salazar Núñez.

En ocasiones ni ruido hace para llevar a cabo diligencias, pero cuando hay un interés especial ordena un vistoso operativo como el de ayer por la mañana en las instalaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en el que cualquiera diría que se trataba de un cateo a la casa de una peligrosa banda de delincuentes.

A decir de los empleados de la ESAF, los elementos policiacos prácticamente “tomaron por asalto” las instalaciones ubicadas en la calle Cecilio Robelo de la colonia Chapultepec.

Luego de darse a conocer en redes sociales algunas imágenes del operativo, la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en el que aclaró que la diligencia fue “en cumplimiento de una orden cateo concedida por un Juez de Control” y que se había hecho respetando lo establecido en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Derivado de las múltiples negativas, evasivas y omisiones a los requerimientos de información realizados por la Fiscalía Anticorrupción, hoy se llevó a cabo la diligencia de cateo relacionada con la causa penal JC/1051/2020 autorizada por un Juez”. Obviamente, no dio detalles del contenido del expediente por motivos de secrecía.

Después del mediodía vino la contrarréplica de la ESAF, en voz de América López Rodríguez, “encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización”, quien en una conferencia de prensa condenó la forma en cómo procedió el personal de la FECC.

Confirmó que derivado de la irrupción, el personal de la FECC sustrajo el expediente de la revisión que se encuentra radicado en la Dirección General Jurídica, a partir de una de una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades financieras en la Fiscalía General del Estado. 

"Ingresaron sin ningún protocolo, no nos permitieron designar a dos testigos de asistencia, no nos permitieron interactuar con ellos y a todo el personal lo sacaron de la oficina y los amedrentaron prohibiéndoles grabar lo que sucedía con sus teléfonos celulares", narró López Rodríguez.

Cuestionó que nuevamente, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en una clara acción de subordinación a la Fiscalía General, continúe obstaculizado las atribuciones legales de fiscalización que tiene asignadas la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

América López reprochó que a partir de lo ocurrido la mañana de este lunes, que no tiene precedente en Morelos, la Fiscalía haya vulnerado claramente —en principio— el derecho del ciudadano que se atrevió a realizar la denuncia en contra de la Fiscalía General, pero en general, en contra de todos los ciudadanos que pudieran estar valorando ejercer su derecho de denuncia ante las instituciones.

“¿Qué garantías ahora tiene la ciudadanía de venir aquí o por la vía anónima realizar alguna denuncia, cuando viene la propia Fiscalía y se lleva la denuncia?”, cuestionó.  

Anticipó América López que la Entidad Superior "estará valorando, presentar los elementos jurídicos pertinentes correspondientes y ¿por qué no?, la ampliación de la denuncia que ya habíamos presentado ante la Fiscalía General de la República contra estos actos de intromisión por parte de la Fiscalía General”. 

También hizo uso de la palabra el encargado de despacho de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez, quien apuntó que el personal de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, también se llevó lo que se denomina "libro de gobierno", en el cual se registran todas las denuncias que se reciben en la ESAF y a las que debe darse el cauce legal correspondiente.

Fue precisamente el funcionario mencionado, al que llegaron buscando la semana pasada elementos de la FECC que llevaban “terciada” (como le dicen en el argot policiaco) un arma larga. Pudiendo dejarle el oficio con el personal de vigilancia, exigieron que fuera el propio Alberto Salgado quien saliera a recibir el documento.

Obviamente no lo hizo, pues temía que ya teniéndolo cerca “le dieran levantón” sólo para demostrar quién manda.

Ambas instituciones esconden algo y actúan sospechosamente. ¿Qué contiene la denuncia anónima que recibió la ESAF en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado? ¿Qué contiene la famosa causa penal JC/1051/2020 que derivó en el cateo de ayer por la mañana? ¿Qué juez libró dicha orden de allanamiento? Recordemos que los jueces tampoco actúan imparcialmente, pues algunos tienen compromisos con la anterior presidenta del Tribunal, Carmen Cuevas.

No hay que olvidar que Carmen Cuevas (quien ayer apareció cínicamente como aspirante a un cargo de elección popular), fue parte del plan que urdieron Salazar Núñez, Penélope Picazo y el magistrado de Justicia Administrativa Manuel Quintanar, para tratar de encarcelar al entonces presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Roberto Coranguez Esquivel y a Alejandro González Chévez.

No lo lograron, pero en ese expediente hay infinidad de violaciones procesales y “cosas raras” que demuestran que no importaban los medios sino conseguir el objetivo final: sacar del Sistema Estatal Anticorrupción a Coranguez Esquivel.

Ironías de la vida: el abogado y contador público Roberto Coranguez Esquivel podría encabezar la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, luego de que el contador Miguel Ángel Romano Fuentes, quien estuvo a dos votos de quedarse con el cargo el año pasado, me confirmó que esta vez no va a registrarse como aspirante porque quedó “muy decepcionado de todos”.

HASTA MAÑANA.

Creyeron que la gente olvidaría lo que hicieron y les creería el cuento de que son “un partido nuevo”, pero no fue así. Los diputados de la LIII Legislatura agrupados en el instituto político denominado “Morelos Progresa” están recibiendo una andanada de críticas por parte de la opinión pública y de la gente común en redes sociales.

El miércoles de la semana pasada citaron a conferencia de prensa para presentar al partido Morelos Progresa, uno de los 11 que aprobó recientemente el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para participar en las elecciones del próximo 6 de junio del 2021.

Y ahí fueron apareciendo, uno a uno, cubiertos con cubrebocas, José Manuel Tablas Pimentel, Julio Espín Navarrete, Enrique Laffite Bretón, Edwin Brito y Carlos Alanís Romero (por respeto, no mencionaremos aquí a las mujeres).

Todos ellos tienen una característica común: fueron diputados en la 53 Legislatura. Pero además -salvo Laffite, que ganó por el Partido de la Revolución Democrática- los demás entraron bajo las siglas de diferentes institutos políticos, y ya estando adentro se vendieron al partido en el poder.

José Manuel Tablas Pimentel y Carlos Alanís eran panistas, Espín Navarrete entró por el PRI-Nueva Alianza y Edwin Brito del PT, pero al final del trienio todos se pasaron al PRD cuando su presidente era nada menos que Rodrigo Gayosso, hijastro del entonces gobernador Graco Ramírez Garrido.

Ahí apareció también otro personaje, Francisco Velázquez Adán, quien presumía de ser férreo opositor al gobierno desde el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm) pero luego lo vimos muy pegadito a Rodrigo Gayosso y posteriormente en la lista de jubilados.

Nunca sabremos de a cuánto fue la operación financiera, lo que sí nos consta es que a cambio los legisladores tuvieron que aceptar tratos de lo más indigno. Gayosso los uniformó, obligándolos a usar unos chalecos amarillos que hizo que les endilgaran el mote de “Los Minions”, personajes de dibujos animados que eran una especie de robots que obedecían ciegamente a su jefe.

Rodrigo los regañaba, los humillaba, les gritaba y les exigía cumplir sus órdenes al pie de la letra. Estaban para cumplir sus ocurrencias, como aquella vez que los mandó a todos a donar sangre al hospital Parres, contra la voluntad de varios.

Patético, aquella vez que no se quiso bajar de la camioneta Suburban porque “había poquita gente” en el parque Solidaridad.

Alguna vez le preguntamos a un legislador por qué se dejaban mandar por Rodrigo, y lo que nos contestó nos dejó estupefactos: “Rodrigo cree que nos hace pendejos, pero es al revés… nosotros aprobamos lo que él nos dice, recibimos nuestra lana a sabiendas de que con amparos y controversias van a dar marcha atrás a lo que estamos aprobando, pero nosotros ya cumplimos y no nos va a poder reclamar nada”.

Y así fue. Muchas de las reformas que aprobaron las han echado abajo, por ejemplo, la decisión de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia permanecieran en el cargo 20 años.

Con ese dinero que les regaló Gayosso financiaron el nuevo partido y con éste pretenden regresar al Congreso o buscar presidencias municipales. Con la gente que ya tenían fue relativamente fácil reunir los afiliados que les pedía el Impepac, pero de ahí a que logren triunfos electorales hay mucha diferencia.

Y es que todos ellos llevan en la frente el estigma de Graco Ramírez, y nunca podrán quitárselo por más que lo nieguen.

El mismo día de su presentación los reporteros se lo echaron en cara. De nada sirvió que una y otra vez Tablas Pimentel lo negara. Los hechos hablan por sí solos.

Ahí están los decretos con su voto para autorizar los préstamos que nos dejaron endeudados y la desaparición de los fideicomisos para borrar toda huella del saqueo durante el gobierno graquista.

Pero no sólo eso. También están los registros de cosas que hicieron ellos por iniciativa propia, ya no por órdenes del gobernador o su hijastro. En el caso de Tablas Pimentel, ahí está el decreto por el que autorizan una pensión para su pareja de ese momento.

En el caso de Julio Espín Navarrete ha corrido con suerte pues las investigaciones sobre el uso del Ayuntamiento de Puente de Ixtla para vender pensiones doradas se quedaron en un funcionario menor, y ni siquiera alcanzaron a la alcaldesa, esposa de Josué Espíndola, brazo derecho de Julio, y a quien también pensionaron como trabajador del Congreso.

El ex priísta, ex aliancista, ex perredista y hoy progresista, confía en que sus seguidores (a los que obliga a posar para la fotografía cuando les está entregando 500 pesos) lo harán diputado nuevamente para seguir lucrando con el cargo.

“A todos ellos los une algo más que su paso por la 53 legislatura de Morelos: su entreguismo al gobierno de Graco Ramírez, la subordinación total que mostraron como legisladores al hijastro incómodo del régimen Rodrigo Gayosso Cepeda y múltiples acusaciones de desvío de recursos y actos de corrupción”, escribió Eolo Pacheco inmediatamente después de que se dio a conocer la presentación de “Morelos Progresa”.

“Todo esto sin contar con la personalidad de dicha legislatura: arrogantes con la ciudadanía y sumisos con el poder del ejecutivo, insensibles a los problemas sociales y persecutores de los enemigos del graquismo, ausentes de sus espacios de representación popular, pero siempre presentes en las mesas donde el hijastro del gobernador repartía el dinero”, remató.

Y no podríamos publicar los comentarios que vertieron en Facebook los ciudadanos después de que “Morelos Rinde Cuentas” publicó una infografía con las fotos de los ex diputados y los logotipos de los partidos políticos por donde “chapulinearon” antes de llegar a “Morelos Progresa”.

“Qué bárbaros, ya se les acabó todo lo que robaron. La impunidad en todo su esplendor”, “Son unas ratas cínicas”, “Ni un voto a esa escoria”, “Puro cartucho quemado”, fueron algunos de los comentarios publicables. Lo más fuerte mejor imagínenselo.

No cabe duda: lo que se siembra se cosecha.

HASTA MAÑANA.

De los negociazos que no logró concretar Graco Ramírez durante su periodo sexenal hubo tres muy importantes: el morebús, la Estrategia de Gestión Integral de Residuos, y la privatización del alumbrado público que se pretendía concesionar durante 30 años a una empresa regiomontana.

Hoy hablaremos del Morebús, que era un proyecto que pretendía entregar el servicio del transporte público a una empresa por 20 o 30 años, similar a lo que ya ocurre en Acapulco, Pachucha y Puebla, de los que conocemos.

Queda, como recuerdo de aquello que pudo haber sido y no fue (el sismo de 2017 fue lo que hizo que se cancelara toda posibilidad), el boletín del gobierno estatal donde se informa que se firmó el convenio de ocupación previa del terreno donde se construirá la terminal de autobuses del Morebús. Es un terreno de más de 24 mil metros cuadrados, en Tejalpa, donde serán resguardadas las 128 unidades del SITRAM.

“David Martínez Martínez, encabezó la firma del convenio para la ocupación de 24 mil metros cuadrados de las tierras de régimen comunal ubicadas en Tejalpa, Jiutepec, donde se podrá construir la terminal que albergará 128 autobuses del Sistema Integrado de Transporte Masivo Morebús (SITRAM) que funcionarán con gas natural”, decía el comunicado fechado el 6 de julio de 2017.

En Puebla, nuestra entidad vecina, el gobierno del estado anunció recientemente el inicio de un proceso para rescindir el contrato a las empresas encargadas del sistema de recarga y de publicidad de las líneas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocido como metrobús, pues se ha descubierto que eran acuerdos destinados a cometer fraudes en detrimento de usuarios y de la hacienda pública.

Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso se llevaron a la tumba (por así decirlo) el secreto sobre la cantidad de dinero que recibieron por haber concesionado la RUTA de Puebla durante varias décadas, pero que el actual gobernador Miguel Barbosa se está encargando de echarles a perder el negocio.

El gobernador Barbosa informó este 7 de octubre que rescindirá la concesión a Conduent Solutions por el “monstruoso fraude”, porque los gobiernos morenovallistas la favorecieron con un contrato que establece que se queda con el 38 por ciento de las ganancias del cobro de pasaje.

Xerox Solutions México nunca dejó de ser la empresa responsable del cobro de peaje de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pues esta empresa solo cambió su nombre de razón social a Conduent Solutions para no dejar de recibir los más de 17 millones de pesos mensuales que estipula el contrato ventajoso que recibió de las administraciones morenovallistas.

El 4 de septiembre de 2016, el diario Reforma dio a conocer que a través de dos empresas una de estas Administradora de Capitales de México (ACM), de Federico Vega, durante 2014 fueron beneficiadas con 11 contratos para la construcción de obra en 10 estados del país, valuados en mil 122 millones de pesos.

Federico ha sido acusado de otros desfalcos, de las que logró salir bien librado en Puebla, presumiblemente por su relación con la administración morenovallista.

En 2009 este abogado, junto con Patricia Cabrera Flores, conformaron la empresa Administradora de Capitales de México (ACM), con la que a lo largo de 2014 con presunta complicidad de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, logró recibir adjudicaciones por casi 500 millones de pesos en contratos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Jalisco y Puebla, en donde estuvo a cargo de la modernización del Periférico Ecológico.

Para lograr estos contratos, supuestamente presentó “documentación presuntamente falsa” con contratos con el gobierno de Puebla que nunca se llevaron a cabo, a fin de justificar su experiencia en el ramo, por lo que recibió una risible inhabilitación de un año, además de una multa por 406 mil 596 pesos.

Este personaje estuvo detrás de los contratos con el gobierno del estado, para así conseguir que la empresa lograra quedarse con el 38 por ciento de cada cobro de pasaje, es decir con 2.85 pesos de la tarifa de 7.50 pesos, lo que representa ganancias mensuales de al menos 7.1 millones de pesos por los aproximadamente seis millones de usuarios que utilizan cualquiera de las líneas de RUTA o el Tren Turístico.

Vega Cajica también fue denunciado hace unos años por el caso del fideicomiso de Banco Multiva, que sirvió para timar a propietarios de predios aledaños a la Recta a Cholula.

La empresa Xerox Solutions se hizo de la concesión de las líneas de RUTA y del Tren Turístico, con la promesa de ofrecer un servicio confiable para el pago electrónico del peaje.

En 2017 logró hacerse del servicio de la línea 2 después de que Bus Rapid Transit de Puebla SAPI, evidenciara un presunto desfalco por más de cinco millones de pesos al registrar irregularidades en la venta de tarjetas y recargas de acuerdo con el Organismo Público Descentralizado (OPD) Carreteras de Cuota Puebla (CCP).

Bajo estos argumentos CPP logró el rescate de la concesión a favor de Xerox, quien en un principio señaló que su “filial”, Conduent se haría cargo de dicho servicio para así lograr una homologación en el sistema de cobro entre las tres líneas y el Tren Turístico.

Sin embargo, esto fue falso, pues en febrero de 2017, la empresa mantuvo las ganancias al solo hacer un cambio de denominación o razón social, para convertirse en Conduent de México, SA de CV, de acuerdo con el Registro Público del Comercio (RPC) para así mantener los ventajosos contratos que recibió de las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que esta empresa aplicaba esta práctica, pues tan solo tres años antes cambió su nombre de A.C.S. Business Process Solutions de México a Xerox.

Desde entonces, se decía que un importante funcionario del morenovallismo se encontraba ligado a esta empresa, hecho que no se ha podido verificar debido a la razón social con la que se maneja la compañía que ya fue absorbida por un corporativo estadounidense al revocar a la mayoría de los nombramientos de los apoderados.

De esa historia sabe mucho nuestro secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien se desempeñó como subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría de Gobierno de Puebla, en el periodo de Rafael Moreno Valle.

HASTA EL LUNES.

Creada en 2014 bajo la premisa de garantizar una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, “que permitiera la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”, en los hechos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso Local (ESAF), se ha convertido en una “manzana de la discordia” que se disputan grupos políticos y de poder.

Recordemos que el 11 de diciembre de 2014, el Pleno de la LII Legislatura aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del órgano superior de fiscalización, dando lugar a la creación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

“La transformación del Ente Fiscalizador, conlleva a un gran reto y compromiso social con todos los Morelenses, ya que a través de este Órgano se deposita la confianza y credibilidad de las Instituciones Públicas”, se presumió en aquella ocasión.

Pero en realidad, de lo único que se trataba era de desaparecer a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado que en ese momento representaba un riesgo para el gobierno de Graco Ramírez, pues ya había emitido un dictamen con irregularidades en el gasto de aquel famoso préstamo (el primero del sexenio) por dos mil 500 millones.

En cuestión de horas, la hoy senadora Lucía Meza llevó a cabo el plan para desaparecer todo vestigio de la institución creada en 2008 por los panistas y que en ese momento estaba en manos de los priístas en la persona de Luis Manuel González. En su lugar pusieron a un perredista, José Vicente Loredo, quien se encargó de limpiar de toda culpa al gobernador y se puso al servicio de sus jefes, los diputados perredistas que recibían línea directa de Rodrigo Gayosso, hijastro de Graco.

Con la llegada de la actual legislatura -como en casi todo- no hubo orden ni control porque nunca pudieron ponerse de acuerdo en nada. Un año completo la ESAF estuvo a la deriva, con un encargado de despacho que seguía obedeciendo a Loredo.

Fue hasta octubre de 2019 que 12 de los 20 legisladores prácticamente “tomaron por asalto” las instalaciones de la ESAF y se repartieron los cargos.

Para saltarse el protocolo que establece la constitución, los diputados nombraron a puros “encargados de despacho”: América López Rodríguez en la Auditoría General; Samuel Álvarez Miranda en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal; Lenin Gómez Saldaña en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal; Anahí Coral Castillo Martínez en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; Uriel Estrada Jaime en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; y, Olivia Georgina Bobadilla Miranda en el Consejo de Vigilancia.

Las integrantes del Frente Progresista de Mujeres en el Congreso local que encabezaba Tania Valentina Rodríguez, reprobaron los cambios en la ESAF: “Violando todo procedimiento legal y parlamentario, pretendieron sin legitimidad nombrar a encargados del despacho en la ESAF, de quienes desconocemos su nombre, su perfil y menos si tienen la capacidad para desempeñar un cargo”.

En un comunicado, consideraron que la toma de las instalaciones de la ESAF además de ilegal, “refleja el verdadero interés de todas estas acciones, que no es otro que apoderase de esa institución a la que ven como botín político y de guerra”. Lo que no dijo es que ella la quería para lo mismo.

América López Rodríguez llegó al Congreso hace muchos años con los panistas que pusieron al frente de la Auditoría a Gerardo Casamata y logró sostenerse cuando le cambiaron el nombre. Ya en la actual legislatura, se quedó gracias a la recomendación del diputado José Luis Galindo.

Hoy es una de las firmes candidatas a quedarse en el mismo cargo pero ya no como encargada de despacho, sino como titular definitiva. Obviamente eso no les conviene a algunos diputados que —a trasmano— le están poniendo piedras en el camino.

Por otra parte, la Fiscalía General se ha negado rotundamente a ser revisada por la ESAF, argumentando que es una institución autónoma y que América ostenta un cargo que no existe, pues en la Ley Orgánica no se contempla la figura del encargado de despacho.

Pero no sólo eso. En una demostración de poder, la Fiscalía Anticorrupción que depende de la Fiscalía General, le inició una carpeta de investigación (la FECC/356/2019/09) amparada en una “denuncia anónima” y con ese pretexto la está hostigando.

El 28 de septiembre le solicitó documentación, y al no entregarla, el 5 de octubre elementos armados con R-15 llegaron hasta las oficinas de la Entidad Superior y le entregaron una notificación dirigida al encargado de la Dirección General Jurídica, Alberto Salgado Pérez, en la que le comunican que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”.

El problema no es la multa (200 UMAS), sino que la medida de apremio que sigue es el arresto. Y se ve que el fiscal está decidido a demostrar que es capaz de todo.

El hecho ocurre a unas semanas de que se lleve a cabo la designación en forma del titular de la ESAF para lo cual ya se emitió la convocatoria correspondiente.

Y por supuesto que la actual encargada tiene mucha oportunidad de quedarse en el mismo cargo pero ya con el voto de la mayoría de los diputados. Y entonces sí, los fiscales no tendrán pretexto para que les revisen sus finanzas.

HASTA MAÑANA.

Ya era cerca de las 11 de la noche del miércoles 30 de septiembre cuando las camionetas salían en convoy de la cabecera municipal de Puente de Ixtla con rumbo a la autopista cuando varias patrullas se le cerraron obligando al conductor a frenar.

 —Policía del Estado, ponga las manos donde las pueda ver y bájese —dijo el sujeto mientras empuñaba una pistola escuadra que sacó de una mariconera que llevaba terciada—.

—De qué se trata esto—cuestionó con voz fuerte el que viajaba de copiloto— soy senador de la República y lo que ustedes están haciendo es un abuso de autoridad.

—Saque alguna identificación que lo demuestre —exigió el uniformado—.

Ya para ese momento todos los ocupantes de las patrullas se habían bajado y estaban rodeando las camionetas con sus armas largas colgando. Una señora intentó bajarse y fue sujetada de los hombros por un elemento policiaco, lo que encendió los ánimos.

—Quiero saber quién ordenó este operativo y por qué motivo —dijo quien ya para ese momento se había identificado como el senador de la República Ángel García Yáñez—.

—Es una revisión de rutina —se justificó el que parecía ser el comandante— nos reportaron que había unas camionetas muy ostentosas.

—Pues revisen bien. No vaya yo a traer armas o drogas— contestó en tono de burla García Yáñez al tiempo que abría la parte trasera de la camioneta para que vieran las bolsas con despensas que traía. 

El hecho ocurrió, como ya lo mencionamos, el pasado miércoles en la noche en el municipio de Puente de Ixtla, aunque no hubo ningún parte de novedades por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, lo que significa que no encontraron armas ni ningún otro objeto ilícito.

Ángel García Yáñez, ahora más famoso por ser considerado “el senador preferido de la delincuencia organizada" (como lo bautizó el columnista nacional Héctor de Mauleón), tampoco presentó queja alguna en asuntos internos.

Mauleón (uno de los periodistas consentidos del ex comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella), publicó que el senador que llegó al cargo mediante una alianza entre PRI y Nueva Alianza, ha tenido varios episodios que lo relacionan indirectamente con “la maña”, como es el hecho de que apenas en abril pasado, fue detenido un presunto operador de la organización criminal del Frank XL que portaba una credencial metálica que lo acreditaba como asesor del senador Ángel García Yáñez.

“Yo no traigo asesores. Sólo traigo al licenciado Juan Procopio y es de Cuernavaca. Es el único que trae credencial mía pero lo acompaña con un oficio. Yo no doy credenciales”, contestó muy quitado de la pena el legislador federal cuando fue cuestionado desde aquella ocasión.

Como la columna de Mauleón no traía nada nuevo, cuando le preguntaron sobre lo publicado García Yañez sólo repitió lo que ha venido diciendo: “Que me investiguen”.

El otro encuentro hostil entre un legislador y las autoridades de Seguridad Pública ocurrió en el Congreso Local, justo el día que comparecieron el fiscal general, Uriel Carmona, y el comisionado de Seguridad Pública, Vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros.

En la sesión de preguntas y respuestas, pidió el uso de la palabra el polémico diputado José Casas González.

“Sabemos que existe un grupo especial denominado Interceptor, el cual, por cierto, es comandado por el comandante Raúl Gómez Piloto, sobre quien existe una investigación en asuntos internos. Sin embargo, hoy usted lo pone al frente de labores operativas. Y sorprende, porque él por escrito me contestó que este elemento se encontraba suspendido. Parece que es el famoso piloto y no el vicealmirante el que manda en la Secretaría de Seguridad Pública”. (SIC).

Otra de las preguntas fue el motivo por el cual se puso al frente del C5 a Víctor Fernando Lobato Castañeda, quien es dentista de profesión.

Y finalmente Pepe Casas cuestionó al jefe de seguridad en el estado sobre la existencia de una casa a la que llaman “la casa morada”, a dos cuadras de Plaza Cuernavaca en la cual se resguardan camionetas blindadas y hasta un Ferrari.

Según la información obtenida entre los diputados (ya que la comparecencia fue a puerta cerrada), Ortíz Guarneros admitió la existencia de la “Casa Morada”, pero no supo explicar su función ni tampoco qué dependencia se encarga de su manutención.

“¿Cómo es que usted tiene tanta información señor diputado?”, le contestó el vicealmirante al diputado que llegó al cargo bajo las siglas de Morena, luego se pasó al Partido del Trabajo, y actualmente es “agente libre”, como se dice en el beisbol profesional.

Tiene razón el comisionado, pero también son muchas las interrogantes que están sin contestar. Por ejemplo, ¿Qué pasó con aquellas torres de vigilancia móviles que estaban estratégicamente repartidas en la entidad en tiempos de Capella? Muchos las recordamos solamente porque en una ocasión al subirla hicieron contacto con unos cables de alta tensión y los policías resultaron electrocutados.

Nos dicen de manera extraoficial que se encuentran arrumbadas en la Academia de Policía de Alpuyeca sin que se sepa a ciencia cierta el motivo o razón. El hecho es que costaron muchos millones de pesos para que estén sin utilizar. Si no se pueden devolver, pues que las manden a algún lado donde puedan ser de utilidad.

¿Dónde está el autobús que ponían frente a las plazas comerciales para lucimiento del comisionado Alberto Capella? Tampoco lo sabemos, pero muy pronto debemos tener la respuesta, en cuanto se dignen a contestar las respectivas solicitudes de información pública que hemos interpuesto.

HASTA MAÑANA.

Se murió el Seguro Popular. El pasado miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” se publicó el decreto mediante el cual se da por extinguido el organismo descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y sólo existirá para efectos de liquidación. Con él se van los recuerdos de millonarias transas que —todo parece indicar— quedarán en la impunidad.

Conforme a las reformas a la Ley General de Salud, por las cuales fue eliminado el Seguro Popular y creado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se concedió a las entidades federativas un plazo de 180 días naturales, contados a partir del 1 de enero de 2020, para armonizar las leyes estatales.

Como parte de esta armonización, el Poder Legislativo de Morelos aprobó el decreto para la extinción del REPSS, al haber dejado de tener un objeto o fin legal para su funcionamiento.

De acuerdo con el decreto que autorizó la extinción del organismo público descentralizado, creado en diciembre de 2015, comenzará un proceso gradual de liquidación y conservará únicamente su personalidad jurídica para efectos del proceso de liquidación.

Para realizar este proceso, se instalará un Comisión Auxiliar Liquidadora, que será un órgano colegiado interinstitucional de análisis y, en su caso y excepcionalmente, de decisión, que estará integrada por las Secretarías de Hacienda, de Administración y Salud.

Será nombrado un liquidador que tendrá la tarea de continuar, hasta su conclusión, los procesos, programas y demás actos jurídicos que se encuentren en trámite; y podrá apersonarse en los juicios y procedimientos jurisdiccionales pendientes de resolución en los que el REPSS es parte.

Los bienes muebles del organismo extinto serán transferidos a la Secretaría de Administración para su reasignación, en términos de la normativa aplicable, priorizando las necesidades de la Secretaría de Salud y de sus organismos públicos descentralizados.

Respecto a las relaciones burocráticas que subsistan con el recurso humano del REPSS, serán terminadas de conformidad con la legislación de la materia, respetando sus derechos laborales.

Los recursos financieros remanentes que, en su caso, subsistieran una vez concluido el proceso de liquidación, y que formaban parte del patrimonio del REPSS, serán transferidos, previa opinión de la Comisión Auxiliar Liquidadora, a la Secretaría de Hacienda, para su reasignación correspondiente.

La base de datos del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, así como los archivos, consistentes en los expedientes físicos de afiliación, deberán ser entregados a la Dirección de los Servicios de Salud de Morelos, que deberá realizar el resguardo y uso, de conformidad con la normativa aplicable. Es decir, ninguna, pues la Ley General de Archivos entró en vigor el año pasado y aún no se hacen las adecuaciones necesarias para su aplicación en la entidad.

La desaparición de ese organismo le cayó “como anillo al dedo” a funcionarios que se encargaron de “inflar” el padrón de beneficiarios para acceder a los fondos federales. Hasta los muertos aparecían como vivos según me confió una ex trabajadora.

Sin embargo, el verdadero saqueo se dio en las altas esferas, a nivel de directivos. Y ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Joaquín Guillermo Fernández Urbán, de quien nos referimos recientemente en este mismo espacio.

Fernández Urbán (hoy exiliado en España), era el propietario de la empresa Especialidades Médicas de México, laboratorio que durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez (quién diría que después se quedaría con la esposa) obtuvo dos contratos millonarios por intermediación del entonces oficial mayor Alfonso Pedroza y el director de adquisiciones, Jorge Mario Arreguí.

Dicha empresa se llevó casi 60 millones de pesos en esa operación consistente en el pago por adelantado de 40 mil “check ups” (pruebas de laboratorio), los cuales nunca se realizaron.

Según las clausulas del contrato, el gobierno estatal le entregó el dinero a Guillermo Fernández sólo con la presentación de las formas administrativas (ordenes de trabajo) mientras que el dinero que representó ese gasto se repartió entre, al menos, seis personas.

Y por si eso fuera poco, Fernández Urbán se llevó otros tantos millones por concepto de “asesoría” a través de su despacho, Fernández Azcárraga.

Todavía en agosto del 2017, la entonces secretaria de Salud, Patricia Mora González, refirió que existía un déficit por 92 millones de pesos heredado por el gobierno de Marco Adame Castillo.

A decir de la encargada de la Salud en la entidad, fue desde el inicio de gobierno entrante de Graco Ramírez que se detectó un gasto por 92 millones de pesos en medicamentos de los que la administración saliente del panista Marco Adame Castillo no entregó facturas ni comprobantes de pago a proveedores, las denuncias ante los entes fiscalizadores se interpusieron desde entonces pero después de cinco años el caso seguía "congelado".

Ahí quedará, en alguna caja de cartón en calidad de “archivo muerto”, la averiguación previa SC/2ª./695/08-01 que se inició durante la administración del médico Adame Castillo, pero que nunca fructificó porque el empresario Fernández Urbán amenazó con delatar a todos los servidores públicos involucrados en el saqueo al Seguro Popular.

Y no sólo eso: se jactaba de haber aportado varios millones de pesos a la campaña de Adame “hasta que Javier López me dijo que ya no diéramos dinero, que había llegado un ingeniero del norte de la república que iba a poner todo el dinero para el resto de la campaña”.

Ya en el poder, Marco Adame Castillo no le quiso dar contratos, lo que fue considerado por el empresario como una traición.

Con la entrada de Graco Ramírez al gobierno del estado las cosas no mejoraron para el Seguro Popular. Lo siguieron saqueando.

Angélica Ivonne Cisneros, titular del programa del Seguro Popular en el gobierno federal, aseguró el año pasado que el organismo realizaba una investigación junto con la Contraloría y el abogado general de la Secretaría de Salud por desvíos de más de 7 mil millones de pesos en ese programa en Morelos, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Nayarit y Sonora, según una nota publicada en el diario Reforma.

Con Graco Ramírez uno de los directores del Seguro Popular fue el médico Alejandro Álvarez Ramírez, quien hoy se desempeña como “coordinador de crónica presidencial” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

HASTA MAÑANA.

¿Hasta antes del 2018 había usted escuchado hablar de Jorge Argüelles? Quien esto escribe no. Lo conocimos cuando trajo a Belinda a repartir víveres a Jojutla, y después lo vimos ya como diputado federal por Morelos.

“De la moda lo que te acomoda y de la historia… lo que te conviene”, esa parece ser la frase que aplicaba el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, con respecto a la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el dos de octubre de 1968, cuyo cuadragésimo quinto aniversario luctuoso le tocó a principio de su sexenio.

Y es que el tabasqueño siempre ha utilizado en sus biografías de campaña, y en la semblanza oficial como gobernador de Morelos (www2.morelos.gob.mx), el dato de que fue “delegado de la Preparatoria 6 ante el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Popular Estudiantil de 1968”.

En repetidas ocasiones dice haber sido “perseguido político”; una de las últimas veces, en su discurso pronunciado el 25 de octubre del 2012 ante maestros normalistas.

Sin embargo, lo que no dice, es que su participación fue más bien como esquirol, y no como líder de la disidencia estudiantil.

Así lo dice su “biografía no autorizada” que circula en Internet:

“Durante la persecución y matanza de estudiantes en 1968, participó como esquirol de Gobierno Díazordacista, siempre se le acusó de ser la oreja del gobierno traicionando el movimiento estudiantil, por su relación y cercanía con el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez”.

Que estuvo en el movimiento del 68, eso es innegable, pero por eso precisamente se esperaba que el dos de octubre no pasara desapercibido para un gobierno que se supone que es de izquierda.

En 2012 se entendía, Graco estaba tan eufórico con su toma de protesta, que no tenía tiempo de recordar a sus compañeros caídos en el ataque del Ejército mexicano a los jóvenes que se manifestaban en la Plaza de Tlatelolco. Pero en el 2013 sí había tiempo para preparar algo, una guardia de honor, una bandera a media asta, algo que patentizara aquello de que el “dos de octubre no se olvida”.

Pero en este caso no sólo prevaleció el olvido, sino el desaire. Nadie nos lo contó, nosotros fuimos testigos de cómo, cuándo ya se escuchaban las arengas de los estudiantes de la UAEM que venían en marcha al zócalo de Cuernavaca para buscar una entrevista con el mandatario estatal, éste se escabullía por la calle de Guerrero, obligando a los agentes de tránsito a hacer cortes de circulación para poder salir a toda velocidad en su Suburban y los otros cuatro vehículos y una motocicleta que conformaban su convoy de seguridad.

Y fue el entonces rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el que le recordó a Graco la trascendencia de esta fecha:

“Dos de octubre no se olvida, porque no queremos que se olvide, y no queremos que se olvide porque a 45 años de esa afrenta a la juventud mexicana y a sus familias desde la soberbia intransigente del poder, queremos seguir haciendo nuestras las enseñanzas de la generación del 68”.

Desde un templete instalado en la plancha del zócalo, el Rector de la máxima casa de estudios de Morelos, criticaba así a la actual administración:

“El México del 2013 está muy distante, en muchas cosas para bien, del México de 1968, pero también y hay que decirlo con todas sus letras: el México del 2013, está aún muy próximo en muchas cosas, para mal, al México de 1968. Menciono una, la desigualdad social, caldo de cultivo de la violencia estructural que nuestro país padece, que aqueja a nuestro Estado, que corroe y corrompe el tejido social de nuestras comunidades, que nos proyecta al precipicio de la

Y remató: “Hoy en esta plaza pública denunciamos la incongruencia de un gobierno que se dice de izquierda y en los hechos le da la espalda a la máxima casa de estudio del Estado”.

Ya para esos momentos el autoritario gobernador estaba siendo avisado de la osadía del joven rector y estaba ordenando una reunión, pero no en Palacio de Gobierno, sino en la residencia oficial de la colonia Reforma, a las seis de la tarde.

Y es que la inconformidad de los estudiantes y sus autoridades, se derivó de lo que consideraron un “tendencioso dictamen de la Comisión Estatal e Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud que niega campos clínicos para los estudiantes de la licenciatura en nutrición”.

“Hoy a 45 años del 2 de octubre de 1968 la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos viene a convocar a la sociedad a que se sume a su lucha en defensa de la universidad pública ante el embate de funcionarios de este gobierno que han hipotecado el interés general en aras de privilegiar los intereses privados”, decía Vera Jiménez.

En la tarde, Alejandro Vera fue recibido por un molesto gobernador que consideró innecesario haber hecho la marcha y así se lo expresó sin ocultar su molestia.

Fiel a su costumbre, minimizó las inconformidades de los manifestantes y ordenó que se manejara un boletín al respecto.

“En las afueras de la residencia oficial, un grupo de alumnos de nutrición esperó la salida del rector Alejandro Vera, quien los sorprendió con la noticia de: “Esto ya está totalmente resuelto”, lo cual fue ovacionado por los estudiantes, quienes reconocieron la sensibilidad del gobernador Graco Ramírez para intervenir a favor de los universitarios”, decía el boletín de la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno Estatal.

Y en algunos medios afines al entonces gobernador, prácticamente se burlaron de los estudiantes que marcharon, al señalar en su nota que marcharon “confundidos”. 

Nadie imaginaba el desenlace de esa relación entre el gobernador y el rector, quienes intercambiaron acusaciones en el noticiero de Carlos Loret de Mola. No se sabe en dónde estuvo el error, pero Alejandro Vera Jiménez está al borde de la cárcel, o por lo menos en la bancarrota pues le exigen la devolución de cientos de millones de pesos.

Mientras tanto, Graco Ramírez sigue manejando mucho de lo que ocurre en el estado de Morelos, desde algún lugar, gozando de la impunidad.

HASTA EL LUNES.

Se fue el más rudo de los Jaramillo. Conocimos a Juan en el periódico “El Clarín” que dirigía su hermano Javier por allá a principios de los noventas, instalado en el vetusto inmueble de Atlacomulco esquina con Querétaro, junto al hotel “La Estrella”, donde también funcionaba como sede de la agrupación “Alianza de Barrios”.

El 13 de diciembre del 2017 se publicó en noticieros Televisa un reportaje titulado “Investigan a grupos invasores de viviendas en CDMX; adultos mayores, principales víctimas”.

El reportero Arturo Sierra entrevistó al abogado Luis Miguel Campos, quien declaró que “hay una empresa que se llama Administradora de Inmuebles Fernández, el titular se llama Joaquín Guillermo Fernández Urban, este sujeto obtiene información a través del Registro Civil, del Registro Público… y se percata que una persona mayor, de 80 años, sus hijos están en el extranjero y falsifica, obviamente con notarios que se prestan a esta circunstancia, y hacen la escritura de tu casa”.

La Procuraduría tiene conocimiento que Administradora de Inmuebles Fernández opera en Las Lomas, Lomas de Chapultepec, Polanco y colonias de la delegación Benito Juárez, agrega la nota.

Guillermo Fernández Urban es morelense —yautepequense para ser más precisos—. Actualmente está casado con Maica Borbolla, quien fuera esposa del entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal.

Tal como lo menciona la nota de Televisa nacional, el caso del señor de 80 años no es el único en el que aparece como imputado el personaje antes mencionado. También está la carpeta de investigación JC/061/19 por el delito de fraude procesal en agravio de la empresa Oaks Leadership School, con domicilio en la ciudad de México y en contra de Joaquín Guillermo Fernández Urban.

En esa denuncia se establece que el 30 de junio de 2016 se formalizó la compraventa respecto del inmueble ubicado en Calle Explosivos sin número, Colonia Lomas Chamizal, delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, siendo Guillermo el vendedor y Oaks Leadership la compradora

 El 2 de agosto se presentó para inscripción al Registro Público de la Propiedad, sin que hasta ese momento tuviera anotaciones preventivas, por lo que la empresa tomó posesión del predio y contrató a un velador.

Sin embargo, posteriormente apareció una demanda civil en la que otra empresa, Llanto Caf S.A. de C.V. demandaba a Fernández Urbán ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos, bajo el número 416/2016-3 el pago de 60 millones de pesos.

Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2016, a través de su apoderada, Fernández Urbán exhibió certificado de gravamen expedido por la Dirección de Acervos Registrales y Certificados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con respecto al inmueble con fecha de elaboración 27 de junio de 2016, en el que falsamente se asentó que existía anotación preventiva de dación en pago ante el notario uno de la Ciudad de México a favor de Organización Llanto Caf S.A. de C.V.

El 20 de enero de 2017 el Juez Cuarto Civil dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción y condenó a Joaquín Guillermo Fernández Urban a firmar las escrituras que contengan el reconocimiento de adeudo y la dación en pago a favor de la persona moral mencionada y a entregarle la posesión del inmueble objeto del juicio.

En diligencia practicada el 18 de octubre de 2017 “con lujo de violencia y en uso excesivo de la fuerza, sin respetar el contrato en virtud del cual poseía el inmueble y sin seguir las formalidades del procedimiento, en clara violación de los derechos humanos desalojaron el inmueble y lo pusieron en posesión de la empresa Llanti Caf”.

Según la empresa denunciante, Joaquín Guillermo Fernández Urbán y dos personas más, “simularon un procedimiento por la vía civil” para despojar del predio a la empresa que lo había adquirido con anterioridad.

Y es que resulta que Myriam Mar Vázquez Rizo, quien aparece como su apoderada legal de Guillermo, es al mismo tiempo secretaria del Consejo de Administración de Organización Llanti Caf S.A. de C.V.

“Por otra parte, debe advertirse que el Juez Cuarto de Cuernavaca se percató del fraude procesal que se refiere, y no obstante que mediante auto del 12 de diciembre de 2016 requirió a Joaquín Guillermo Fernández Urbán por conducto de su apoderada Myriam Mar Vázquez Rizo, para que le acreditara fehacientemente que el demandado era propietario del inmueble sobre el cual se pretendía se dictara sentencia para formalizar la supuesta dación en pago”, dice la querella.

La empresa denunciante señala también a Héctor Alonso Yonca, Mari Carmen García Hernández y Laura Helena Gasca Méndez en su carácter de registradores del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, pues desplegaron diversas conductas delictivas que ayudaron a que se ejecutara el despojo en agravio de la empresa mencionada.

La denuncia penal fue primeramente presentada en la Fiscalía de la Ciudad de México, misma que declinó competencia a favor de la Fiscalía de Morelos.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en una de las salas de juicio oral del Penal de Atlacholoaya. Los abogados de la empresa Oaks Leadership School, encabezados por Jorge Delfín Sánchez, exigen que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación contra los aquí mencionados, pues ya se ha diferido hasta en diez ocasiones, lo que demuestra lo reñido de este asunto judicial en el que está en juego una propiedad cuyo valor está calculado en 90 millones de pesos.

HASTA MAÑANA.

Primero fue el diputado Marcos Zapotitla Becerro, ahora el regidor de Derechos Humanos de Tlaltizapán, Félix Bahena Ríos. Al primero lo denunciaron por un presunto delito de violación; al segundo le interpusieron una querella por el posible ilícito de acoso sexual, en agravio de quien fuera directora de Recursos Humanos del municipio mencionado, donde apenas hace unas semanas el tesorero fue encarcelado por haber golpeado a su esposa.

De acuerdo a la denuncia que quedó radicada en la Fiscalía Regional con sede en Jojutla, el pasado 25 de septiembre hubo una visita de trabajo a la comunidad de Barranca Honda, municipio de Tlaltizapán, por lo que abordaron una camioneta de uso oficial la hoy denunciante junto con otros funcionarios de la administración que encabeza Alfredo Domínguez Mandujano.

Estando en ese lugar, mientras la víctima platicaba con otra mujer, se acercó el regidor Félix Bahena, estando cerca las ciudadanas Ángeles Figueroa, Yadira Flores Martínez y Mireya Osorio, pretextando que necesitaba información referente a la inscripción al servicio militar nacional, por lo que las mujeres antes mencionadas se adelantaron a realizar labores de faena, ya que de eso se trata el programa “Un día en tu comunidad”.

Le informó al regidor que el servicio estaba detenido por la falta de material por parte de la Sedena, a lo que el miembro del Cabildo le contestó: “Mira, con las cartillas debes ir a hablar con el sargento para que no te vayan a hacer tramitar el montón de constancias de inexistencia a los remisos. Es bien fácil, venir a sentarte a cobrar seis mil pesos sin hacer nada. De a madre: me hago pendejo y cobro”.

La mujer le hizo notar que se equivocaba, pues ya había gestionado dos capacitaciones y estaba actualizando los manuales de organización, en eso el regidor la interrumpe y le dice: “Nada se da de a gratis, te lo tienes que ganar; estarán muy chulos tus ojos, joven y de bonito cuerpo, pero uno se tiene que ganar las cosas”.

Posteriormente agregó lo siguiente: “Ponte chingona, no te quiero pendeja. A veces uno se tiene que meter al lodo para salir victorioso, pero qué rico sabe el éxito cuando lo alcanzas. Cuanta vieja pendeja hay que da las nalgas a cambio de flores, hay que ser inteligente y dárselas a la persona correcta, de todos modos es como comer plátano y limpiarse la boca, es como ir al baño y bajar la palanca”.

Refiere la denunciante que el regidor contestó una llamada y ella hizo el intento por retirarse pero le hizo señas de que se esperara, y al terminar de atender la llamada le siguió dando “consejos”:

“Ya no te acerques tanto a Mireya, ella no te va a defender; tú estás de paso, en dos o tres meses te van a correr, a los guaruras también. Nomas se va a quedar Gamarra, pero para que tú tengas información privilegiada necesitas relacionarte con todas las áreas, hacer pinches rondines y alianzas con todos los directores. Te falta visión. A ver, Mireya teniendo tanta cancha para bailar se limita a llegar a sentarse, a ella la toleran por ser la vieja del Cuananis pero a ti te van a correr fácil. Ya te dije, no te quiero pendeja, te quiero chingona, así que cuando quieras pasa a mi oficina, se trata de dejar huella cueste lo que cueste, para qué ir por ahí tirando piedras y escondiendo la mano, mejor dar lo que se tenga que dar pero que valga la pena, yo tengo muchas formas de trabajo, muchas ideas, ahí pasas el lunes a la oficina y hablamos”.

La servidora pública le comentó lo sucedido al alcalde Alfredo Domínguez Mandujano, quien le contestó: ¿Lo grabaste?, a lo que ella le mostró su teléfono celular “muerto” por falta de pila.

“Consigue una grabación y vemos qué hacemos”, le dijo y se retiró.

La víctima presentó su renuncia al cargo y también una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual.

Sin embargo, no se puede esperar mucho de ese Cabildo, pues ya se tiene el antecedente de lo que ocurrió con el tesorero, Germán Rodríguez Sánchez, quien le dio una golpiza a su esposa por lo que estuvo unos días en la cárcel, pero salió bajo fianza y está yendo a firmar. Cuando abordaron el tema en Cabildo, el presidente municipal lo defendió diciendo que se trataba de un asunto personal y que debían esperar a que terminar el proceso penal. Y sigue en el cargo.

Recientemente publicamos en esta misma columna la historia del “herrero con suerte”, que sin conocimientos académicos pudo llegar hasta el máximo cargo a nivel municipal, pero lo que vino después es digno de un guión de una película de Luis Estrada, el de “La Ley de Herodes”.

Y es que, al igual que Juan Vargas (el personaje central de La Ley de Herodes), Alfredo Domínguez comenzó a gobernar con su muy peculiar estilo. Repartió los cargos entre sus amigos y compañeros de campaña sin importar si reunían los perfiles para ellos.

“Su principal error es que “Cuananis” lleva un año festejando su triunfo, y cuando decimos festejando nos referimos a verdaderas borracheras en los establecimientos de la región, con cuentas de muchos miles de pesos, y algunas veces en las propias instalaciones del Ayuntamiento.

A esas francachelas nunca faltan el tesorero German Rodríguez y el regidor priísta, Cristian Gutiérrez, quien se ha convertido en su principal aliado en el Cabildo que le ha permitido absolutamente todo.  Esas celebraciones se han trasladado hasta el vecino país del norte, a donde los funcionarios antes mencionados han ido por lo menos dos veces en el último año, o ya de menos al puerto de Acapulco”, publicamos el pasado 27 de agosto.

Cuando ocurrió la detención del tesorero, la diputada Tania Valentina “condenó actos de violencia de género por parte del tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán” y pidió que fuera separado del cargo, pero después guardó un sospechoso silencio al igual que sus compañeras legisladoras.

Tampoco le importó la actitud misógina del alcalde al presidente del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles Victorero, quien apenas unos días después del bochornoso acontecimiento, invitó a “El Cuananis” a integrarse como miembro de este partido, y el alcalde de Tlaltizapán aceptó, en un acto celebrado en suntuoso hotel del municipio de Tepoztlán.

Ciertamente el caso de Marcos Zapotitla es mucho más grave por tratarse de uno de los delitos más graves en la legislación penal, pero lo que está ocurriendo en un municipio gobernado por un “pesista” Alfredo Domínguez Mandujano debería preocupar a la dirigencia estatal pues se trata del partido en el poder.

No puede Jorge Argüelles ir recogiendo lo que van tirando los demás partidos para presentarlos ante la ciudadanía como los próximos aspirantes a cargos de elección popular. Debe ser selectivo si quiere realmente llegar con un partido fortalecido a las próximas elecciones, y tanto Zapotitla como “Cuananis” (y otro diputado con antecedentes penales) no son las personas que los votantes quisieran ver como candidatos del PES.

Luego no pregunten por qué perdieron.

HASTA MAÑANA.

Casi a la medianoche del jueves 24, la quietud del autobús Futura procedente de Querétaro se vio interrumpida por cuatro sujetos embozados. Los más de 20 pasajeros —entre adultos, ancianos y niños— despertaron sobresaltados cuando se prendieron las luces y escucharon a un hombre decir: bájense todos porque nos vamos a llevar el camión.

Afuera lloviznaba y estaba oscuro, sólo se divisaban las luces de la ciudad a lo lejos. “No se espanten, no traemos armas, sólo queremos el camión para llevarlo a Ayotzinapa”, dijo otro de los sujetos que parecían muy grandes para ser estudiantes.

Las palabras del sujeto descartando la posibilidad de que fueran asaltantes, no tranquilizó mucho a los pasajeros, algunos de los cuales comenzaron a recoger sus cosas resignados a que tendrían que salir a la intemperie.  No sabían qué pasaría con sus maletas que venían en el compartimento de abajo.

De pronto, una mujer se levantó de su asiento y dijo con voz fuerte: “No, nadie se baje. Chofer, llévenos a la terminal porque nosotros pagamos un boleto de terminal a terminal, no para que nos deje a media autopista lloviendo”.

Los hombres embozados no atinaban qué hacer. Uno de ellos trató de justificar su proceder diciendo que su lucha es por la justicia y la igualdad social.

“¿Y de verdad creen que con este tipo de acciones van a conseguir el apoyo de la gente?  —contestó la dama desde el asiento número 20— aquí viene gente con niños pequeños, personas de la tercera edad. No sean inconscientes”.

Ya para ese momento algunos de los pasajeros se habían contagiado de la valentía de la mujer y la apoyaban. “¡No nos vamos a bajar!”, decían.

Como los supuestos normalistas insistían en llevarse el autobús, la mujer tomó su celular y marcó a un número que parecía ser de la Policía y comenzó a narrar lo que estaba ocurriendo. “Por favor mándenos una patrulla y que las cámaras del C5 traten de monitorear. Estamos a bordo del autobús Futura número 9618 que viene de Querétaro con destino a Cuernavaca. Sí, sobre la autopista a la altura de Chamilpa”.

Finalmente los sujetos desistieron de su intención y bajaron del autobús. No sabemos si se regresaron a Guerrero o esperaron otro autobús en el que no opusieran resistencia.

“Gracias señorita. Yo no podía hacer nada porque la empresa nos ordena no resistirnos para no poner en peligro a los pasajeros”, dijo el chofer como tratando de justificar por qué detuvo su marcha sin saber si se trataba de “activistas” o delincuentes.

La anécdota es real y ocurrió a la hora y en el lugar aquí mencionado, en el autobús 9618 de la empresa Futura. Afortunadamente no pasó a mayores, pero nos deja varios aspectos dignos de análisis.

Primero, que a seis años de la matanza de estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, existe el riesgo de que este crimen se quede en forma permanente como justificación para cometer delitos, tales como el secuestro de autobuses (robo de vehículo, jurídicamente hablando) y ataques a las vías de comunicación.

El segundo, que un día la gente se puede cansar, y que así como en este intento una valiente mujer se atrevió a desobedecer sus órdenes, en otra ocasión puede surgir un ciudadano armado y entonces sí quién sabe qué ocurra.

Desde nuestro particular punto de vista, lo que pasó en Guerrero el 26 de septiembre del 2014 tenía que pasar tarde o temprano. Es como si se tuviera un tanque con gasolina y un costal con juegos pirotécnicos: sólo faltaba un chispazo.

Todos o casi todos conocemos la historia de la Normal de Ayotzinapa. Forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el estado mexicano a partir de la década de 1920, cuando Moisés Sáenz (1888-1941) era secretario de Educación Pública. El proyecto de las normales rurales tuvo un fuerte componente de transformación social, por lo que han sido semillero de movimientos sociales.

Dicho en otras palabras, las normales rurales son las escuelas del comunismo. De ahí salieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, considerados por el gobierno mexicano como líderes de la guerrilla en los años setentas.

En la ideología maoísta que muchos de ellos profesan (algunos sin conocerla a fondo), hacerse de los instrumentos para la lucha (vehículos, armas, dinero, comida) no se considera delito, y en la Normal lo practicaban de manera consuetudinaria.

De hecho, hubo un antecedente que pasó desapercibido para muchos, pero que avisaba claramente que algo peor podía pasar. El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes normalistas bloquearon la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, capital de Guerrero. El gobierno del estado, entonces en manos del perredista Ángel Aguirre, implementó un operativo para disolver el bloqueo que tenía como objetivo exigir la reanudación de clases en Ayotzinapa, pero durante el enfrentamiento murieron dos estudiantes.

En el otro extremo, el narcotráfico se iba asentando en el estado de Guerrero poco a poco hasta que se convirtió en el amo y señor, ante la incapacidad de los gobiernos. Así, los narcotraficantes pusieron a alcaldes y jefes de policía para controlar absolutamente todo.

En el caso del municipio de Iguala, se fueron a los extremos: la esposa del alcalde era parte de la familia que controlaba el trasiego de droga en esa zona. Su poder creció tanto que la pareja se llegó a creer omnipotente. 

Y en esa región de Guerrero realmente lo eran. Tenían a su servicio a la policía municipal y estatal. La Policía Federal y el Ejército, si bien no estaban a su servicio, sabían de sus actividades y las consentían.

Con esas condiciones, era “natural” que cuando el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, escuchó que un grupo de “estudiantes revoltosos” se dirigían a Iguala y le podían echar a perder el evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ordenó a su policía que no los dejaran llegar “a como diera lugar”.

En esos lugares donde el narco ha sentado sus reales, es de lo más común que la Policía entregue a las personas detenidas a los sicarios, y que estos se encarguen de desaparecerlos como les pegue en gana.

Y en un país donde tradicionalmente el narco ha convivido con la autoridad, también es entendible que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya ordenado a la PGR que encontrara unos culpables sin importar los métodos ni lo que costara.

Por eso es que Tomás Zerón (entonces director de la Agencia Federal de Investigación) se gastó cientos de miles de pesos y torturó a decenas de sicarios y policías para después encarcelarlos.

A seis años de distancia y con un gobierno de izquierda, la gran pregunta es ¿qué hacemos con el tema de los 43 de Ayotzinapa?

Suena cruel, pero ya nada hará que los 43 (hay dudas de que realmente sea esa cifra pero para efectos publicitarios así quedará) regresen con vida. Entonces el Estado tendrá que buscar la forma de reparar el daño y dar sosiego a sus deudos. Y eso, a final de cuentas, sólo se resuelve con dinero.

En el tema de la justicia ya sabemos lo que pasará: los que perseguían ahora serán perseguidos (y si regresa el PRI no descarte que se persiga a los hoy perseguidores, pero al final todos irán saliendo poco a poco. Pasará lo mismo que con la matanza del 68, con el asesinato de Colosio, con la desaparición de Rosendo Radilla, etc. Se irá diluyendo con los años hasta que ya sólo quede como un mito.

Lo que no debe pasar es que, en unos cuantos años, haya gente que siga lucrando con el tema de “los 43” y que ni siquiera sepa qué fue lo que realmente sucedió, como ocurre con la icónica foto de Ernesto “El Ché” Guevara, que a 53 años de su muerte, millones de personas la siguen usando.

HASTA MAÑANA.

Si algo hemos confirmado durante todos estos años de escudriñar en los manejos financieros del gobierno de Graco Ramírez es que es un experto en detectar recursos federales susceptibles de ser “bajados” para darle una “pellizcada” sin que quede rastro.

De los casos que hemos podido documentar sobresale el Rastro TIF construido en Miacatlán; el terreno adquirido en Yecapixtla para la construcción de un centro penitenciario y el estudio de factibilidad; los recursos del Fondo de Desastres canalizados a obras de acceso carretero a la Arena Teques y -el tema que abordaremos hoy- el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (Fotradis).

Sin olvidar que el propio Graco Ramírez admitió en una entrevista que había un fondo federal que no se había ejercido y que para que no se perdiera decidió hacer la remodelación del centro histórico de Cuernavaca destinando más de 45 millones de pesos.

Algunos podrán decir en su favor que las obras ahí están, y tienen razón. Lo que se sabe pero no se puede probar es que en todas y cada una de esas obras y servicios había un sobreprecio de hasta el 30 por ciento y que dichos recursos eran entregados, “libres de polvo y paja” (es decir, sin recibo ni factura, ni transferencias bancarias que pudiera detectar la UIF), a Rodrigo Gayosso, en maletas llenas de billetes.

La historia de los vehículos para discapacitados que el DIF estatal compró pero que nunca se utilizaron, es la siguiente:

Graco y su equipo de ingeniería financiera detectó que había un programa federal denominado FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 (FOTRADIS).

Como ya lo hemos mencionado en otras columnas, se cumplía con toda la normatividad existente, por lo que el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su Décima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de septiembre del año dos mil diecisiete, a través del acuerdo número 04/ORD 17/13/09/2017, autorizó por unanimidad de votos aprobar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LA- 917054986 NI-2017, referente a la adquisición de 18 vehículos mini van adaptados para transportar personas con discapacidad, solicitados por la Coordinación de Atención a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.

El 9 de octubre de 2017 se realizó la Junta declaraciones de conformidad con la convocatoria y con los numerales 19, 19.1. 19.2. 19.3, 19.4 y 19.5 de las bases de la licitación, en la que se resolvieron todas y cada una de las interrogantes de las empresas licitantes que participaron elaborando el acta correspondiente que contiene de manera clara y precisa todas las aclaraciones y respuestas otorgadas por la Convocante.

El 13 de octubre de 2017, se llevó a cabo la entrega y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LA- 917054986 N1-2017, en las instalaciones de "EL DIF MORELOS", asistiendo a dicho acto los concursantes a la cual, comparecieron las empresas LUMI MOTORS, S.A. DE C.V. y MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V. levantándose el acta correspondiente para usos legales y administrativos.

El seis de noviembre de 2017, fue asignado el CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO VEHÍCULOS ESPECIALES ADAPTADOS PARA TRANSPORTAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, a favor de LA PERSONA MORAL DENOMINADA "MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V., por haber cumplido con los requisitos legales, especificaciones técnicas y condiciones económicas.

La empresa sí existe y sí se dedica a la compra venta de equipos médicos, es decir, no es empresa “fantasma”.

El problema fue que, a través del oficio número KAF/87-BIS/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, el coordinador de Atención a la Discapacidad del DIF MORELOS, hizo del conocimiento a Simón Andrés Medina Delgadillo, Director de Administración y Finanzas del propio sistema, que los 18 vehículos adaptados para transportar personas con discapacidad habían sido entregados al área de recursos materiales, pero que se detectó la falta de correspondencia con las especificaciones contratadas, específicamente por cuanto hace a no haberles instalado la rampa electrohidráulica pactada en el contrato.

Sin embargo, y a pesar de tener conocimiento del incumplimiento de la empresa, el uno de marzo de 2018, el DIF MORELOS había realizado el pago de cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos veintiséis pesos como pago liquidatorio del Contrato de Adquisición antes referido, por medio de Transferencia Electrónica SPEI, de la cuenta 0308189119, de la institución financiera BANORTE S.A. a nombre de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, a la cuenta a nombre de MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V., del banco BANAMEX S.A.

La solicitud para la disposición de recursos detallada en el párrafo precedente fue elaborada por Fernando Ocampo Aranda, entonces responsable del departamento de contabilidad, revisada por Elena Noemy Reza Reza, entonces Sub directora de Recursos Financieros y validada por Simón A. Medina Delgadillo, entonces director de Administración y Finanzas del DIF MORELOS.

Por tratarse de fondos federales, el DIF estatal presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, mencionando como presuntos responsables a Mónica Durón Rivas y Simón Andrés Medina Delgadillo, directora del DIF y director de Administración del mismo durante el sexenio de Graco Ramírez.

Se espera que en la FGR sí se actúe con celeridad y se deslinden responsabilidades, porque en lo que respecta a las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público del Fuero Común que representa el fiscal Uriel Carmona Gándara, ya se vio que no hay voluntad.

Y es que, antes de irse, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu le incrustó a Uriel a un funcionario público para que lo mantenga al tanto de lo que ocurre en la Fiscalía General de Justicia.

Se trata de Ever Felipe Velarde Corrales, quien fue secretario particular de Rodrigo Gayosso y responsable de la Unidad de Información Pública del Partido de la Revolución Democrática. A pesar de que no contaba con la cédula profesional que exige la Ley Orgánica, fue designado titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado en 2018.

Como quien dice, “la iglesia en manos de Lutero”.

Son muchas las “travesuras” de este hijo de Graco infiltrado en la dependencia de Uriel Carmona, pero por hoy se nos terminó el espacio.

HASTA EL LUNES.

Ahora resulta que la cópula puede tener tintes electorales. Al menos así lo sugiere el diputado Marcos Zapotitla Becerro, quien le atribuye al acto sexual ilícito que le imputa una mujer a la venganza de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia como consecuencia de su actividad como legislador.

Alguien debería decirle al diputado que para ser considerados delitos, estos deben cumplir con ciertos elementos, y que en el caso de la violación el artículo 152 señala claramente que “al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco años”.

Y para que no quepa la menor duda, el Código Penal para el Estado de Morelos aclara:

“Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. También comete el delito de violación la persona que utilizando la violencia física o moral penetre con uno o más dedos por vía vaginal o anal al sujeto pasivo”.

Entonces, si el legislador hizo alguna de las conductas aquí mencionadas es responsable del delito de violación. Si no, no.

Sale sobrando su aseveración de que “casualmente se sueltan los demonios cuando su servidor está generando operación política respecto del tema del Poder Judicial y respecto al tema de la Fiscalía del Estado y de algunas otras investigaciones que tendrían repercusión política”.

Resulta el colmo del cinismo que ahora diga que “hay una mente perversa o varias, que se han concatenado para desestabilizar a este grupo parlamentario, pero sobre todo para que yo no pueda seguir estas reformas en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia”.

Atendiendo a esa hipótesis, estaríamos hablando de que Uriel Carmona y Rubén Jasso se reunieron para planear cómo contrarrestar las acciones del legislador en contra de sus instituciones respectivas y decidieron enviarle a una dama a que lo provocara al acto sexual y así poder acusarlo de violación.

En lo que sí tiene razón es en que la conferencia de prensa en la que se da a conocer la denuncia ocurre “casualmente” a días de haberse declarado el inicio del periodo con miras a las elecciones del 2021, cuando —hasta donde se sabe— el ataque sexual ocurrió desde el pasado mes de julio.

Convenientemente, los abogados Sebastián Izunza y Gibran Haro hicieron valer los derechos humanos de la víctima para evitar dar detalles de los hechos y principalmente el nombre.

También, respetaron al pie de la letra el derecho a la presunción de inocencia del imputado, para lo cual mencionaron en todo momento que se trataba de “Marcos N”, aclarando —eso sí— que es integrante activo de la Cuadragésima Cuarta Legislatura Local del Estado.

Al otro día, Marcos Zapotitla salió a decir una sarta de tonterías acompañado de su abogado, el prestigiado penalista Cipriano Sotelo, quien poco pudo comentar porque no se saben detalles de la denuncia, los que habrán de conocer hasta que se judicialice la carpeta de investigación.

Por la tarde, el show continuó con la decisión de sus compañeras diputadas y compañeros diputados, que por mayoría de votos lo expulsaron de la Comisión de Equidad de Género.

Los diputados a favor del punto de acuerdo fueron: Ariadna Barrera Vázquez, Alejandra Flores Espinoza, Elsa Delia González Solórzano y Héctor Javier García Chávez de Morena; Ana Cristina Guevara y José Casas González, sin partido; Naida Josefina Díaz Roca y Rosalinda Rodríguez Tinoco, PRD; Blanca Nieves Sánchez Arano, Nueva Alianza; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Humanista; y Maricela Jiménez Armendáriz, Movimiento Ciudadano.

Seis integrantes del Pleno, entre ellos dos mujeres, se abstuvieron de votar.

Como si se tratara de una acción orquestada (un complot pues), a las 15:35 horas se recibía en la oficialía de partes del Congreso un escrito firmado por el fiscal regional metropolitano, Carlos Andrés Montes Tello, en el que le decía al secretario de Servicios Legislativos, César Betancourt López, que le diera fecha para y hora para llevar a cabo la ratificación de la solicitud de declaración de formación de causa en contra del ciudadano Marcos Zapotitla Becerro.

Llama la atención que dicho oficio menciona que hay otro (identificado con el número FGE/FRM/1787/2020-09) en el que se supone que hubo la petición formal y que éste es “en seguimiento”.

Pero lo que resalta más es que el funcionario de la FGJE le aclara al servidor público del Congreso, que la única facultada para hacer el pronunciamiento correspondiente es la Junta Política y de Gobierno del Congreso, “y ni a usted ni diversos servidor público (sic) o instancia serían competentes para ello”.  En negritas y subrayado.

Y todavía remata:

“En consecuencia, no omito mencionar que cualquier vicio o violación procesal que pudiera derivar de la falta de señalamiento del momento para la ratificación de la solicitud, o de su remisión a los órganos legislativos competentes con la oportunidad debida, sería imputable a Usted en todo caso; y, por tal motivo, su colaboración institucional garantizará que ello no ocurra así”.

Con copia para todos y cada uno de los miembros de la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

¿Se observa rudeza innecesaria en las formas? Sí. Está politizado el asunto? Sí. Está mediatizado? Sí. ¿Es venganza contra el partido en el gobierno? Sí.

Sin embargo, todo ello parte de la pregunta principal:¿El legislador tuvo cópula por medio de la violencia física o moral? Eso solamente él lo sabe.

HASTA MAÑANA.

El pasado sábado arribó el presidente de la República a “Las Estacas”. Ahí pernoctó y en la mañana desayunó con Margarita González Saravia, una de las propietarias del paradisiaco lugar, y le comunicó su deseo de que se hiciera cargo de la dirección general de la Lotería Nacional, en lugar de Ernesto Prieto, quien se haría cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

La todavía secretaria de Turismo del estado de Morelos aceptó inmediatamente con un “será un honor estar en su equipo y pondré todo mi esfuerzo”. “Entonces lo voy a hacer público el martes”, le avisó Andrés Manuel López Obrador.

Y así fue. Ayer por la mañana el mandatario federal lo dio a conocer en su ya tradicional “Mañanera”, cuando los reporteros lo cuestionaron sobre la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia.

"Va a quedar Ernesto Prieto de la Lotería Nacional, ya se decidió", dijo AMLO. Y cuando le preguntaron quién cubriría la vacante en la Lotería Nacional agregó:

“Va Margarita Saravia, una mujer, ella va a la Lotería Nacional eso es lo que puedo aclarar, ella va a quedar ahí".

Para muchos fue sorpresa que la secretaria de Turismo de uno de los estados más pequeños de la República fuera contemplada en el gabinete presidencial. Sin embargo, hay toda una historia detrás.

Margarita González Saravia Calderón es una extraña mezcla de empresaria y activista política. A diferencia de las otras mujeres que trabajan con Cuauhtémoc Blanco, Margarita sí tiene trayectoria política y comulga con la ideología de izquierda, incluso fue candidata a diputada local por el partido Morena.

Nació en el Distrito Federal y a partir de 1984 radica en Cuernavaca. Su familia es propietaria de uno de los balnearios más importantes en la entidad, “Las Estacas”, que fundó su abuelo en 1947.

De origen aristocrático, Margarita González Saravia estudió en la escuela de monjas Colegio Francés del Pedregal y al terminar sus estudios, a los 18 años, decidió ir a ayudar a las comunidades populares y campesinas, cuando el país estaba en plena efervescencia por los sucesos estudiantiles de 1968.

En aquellos movimientos sociales de finales de los años setenta y principios de los ochenta, Margarita ya tenía una auténtica vocación de servicio. Para ella comenzaba la lucha por el cambio social y tenía ante sí la oportunidad de participar en uno de los momentos especiales donde los movimientos sociales iban a revolucionar a México entero y finalmente, tendría la oportunidad de ser partícipe de la generación de lo que ella misma siempre ha sido: una mujer de izquierda, comprometida con sus principios y sus semejantes.

Después de trabajar varios años en diferentes organizaciones sociales, conoció al ingeniero Heberto Castillo Martínez, con quien colaboró durante su campaña Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Siendo Margarita integrante de la campaña del Ingeniero Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas lanzó su candidatura para la presidencia de la República, Heberto Castillo se le unió, para dar paso al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ya en la época reciente Margarita organizó y fue presidenta del Patronato del Centro Histórico de Cuernavaca. La finalidad era buscar recursos para mejorar las calles de Cuernavaca, dar impulso al Consejo de Cronistas, apoyar los servicios culturales del Centro Histórico.

Por su origen empresarial y su vocación dentro del sector turístico, en 1994 es nombrada presidenta de la Asociación de Balnearios del Estado de Morelos. En 1998 fundó la “Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C”. a nivel nacional, siendo presidenta durante cuatro años, así como la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos y el Consejo de Turismo Estatal de Morelos.

En 1999 funge como Subsecretaria de Turismo de Morelos, en 2000 como secretaria de Desarrollo Económico y Turístico del gobierno estatal. Es en 2015 cuando es llamada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a formar parte de sus proyectos de trabajo, haciéndose cargo de la labor de capacitación del Patronato Universitario.

En febrero del 2018, Margarita fue designada por Cuauhtémoc Blanco como secretaria de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, y en noviembre de ese mismo año protesta como titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado.

Aunque desde ayer Margarita no se da abasto en contestar los mensajes de felicitación, hacerse cargo de la Lotería Nacional (ahora fusionada con Pronósticos Deportivos) no será una tarea fácil. Tendrá un jefe muy ocurrente que no acepta un no por respuesta.

“La Rifa del Avión Presidencial” es un claro ejemplo. Primero dijo que se rifaría la aeronave que adquirió Felipe Calderón y utilizó gustoso Enrique Peña Nieto. La idea de que cualquier ciudadano tendría la oportunidad de llevarse el avión a su casa ocasionó infinidad de memes, como aquel donde aparecía un Jet llegando a una unidad habitacional de Infonavit.

Luego se optó por rifar “el equivalente a lo que cuesta el avión presidencial”, y entonces pusieron a todo mundo a vender boletos, pero como no se vendían, aplicaron aquello que se usaba en las rifas de las escuelas: “los vendes o los pagas”.

Así, las propias instituciones compraron boletos y se los regalaron a los hospitales y algunas escuelas. Con las burlas de los “conservadores” y “prianistas”, pero se llevó a cabo la rifa a través de la Lotería Nacional.

Ahora habrá que esperar a ver qué se le ocurre rifar al presidente. Y la encargada de llevar a cabo esos futuros sorteos será la morelense por adopción Margarita González Saravia.

No faltó quién viera su designación como la antesala de la candidatura a gobernadora, a la par con el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio. Los “Rabines” se escandalizaron con tal comparación, además de que aseguran que Margarita tuvo un gris desempeño como secretaria de Turismo.

En nuestra opinión, fue mucho lo que hizo con tan poco presupuesto que le asignaron.

HASTA MAÑANA.

Después de mucho litigarlo, por fin hoy tenemos en nuestras manos la copia del oficio GSE/0038/2014 firmada por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, en el que le da instrucciones a su secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, para que haga todos los trámites necesarios para llevar a cabo el concierto de Emmanuel y Mijares en la Arena Teques. 

Caminaba lento cuando recorría el centro histórico de Cuernavaca para ir de su casa —por el rumbo de El Calvario— hasta el Palacio de Gobierno o Los Arcos, donde “cubría” cuanta rueda de prensa se encontraba. Sus preguntas las hacía pausadamente, ante la mirada incómoda de los reporteros “millenials” que desconocían su trayectoria.

Así era don Benito García Barba, siempre ataviado con traje de casimir como acostumbraban vestirse los abogados en su época. Falleció un 14 de septiembre del 2016, sin recibir el reconocimiento que se merecía. 

Lo más seguro es que cada vez que recorría el centro de Cuernavaca, Don Benito se transportaba mentalmente cincuenta años atrás, cuando todavía joven corría impetuoso tras las noticias que se generaban en las oficinas de gobierno, las que había que captar con una libreta y un lápiz y pasar al papel a puro teclazo en la máquina Olivetti.

Tal vez, al pasar por el edificio que hoy ocupa el restaurante La Malinche (ahí, en el callejón del Cubo) se veía a él mismo en 1948 cuando llegó a pedir una oportunidad para trabajar “de lo que fuera” en el periódico más importante en ese momento: La Voz de Morelos, y que don Pepe Gutiérrez le dio chance de quedarse, con la advertencia de que no había sueldo pero tampoco le cobraría por enseñarle lo que era el periodismo.

Lo único que el joven Benito quería era ser periodista como Salvador Santiago Saavedra Vara, a quien admiraba como lector pero más cuando lo conoció en persona: alto, bigotón, de carácter fuerte.

Duró poco tiempo como mozo de oficina pues rápidamente demostró sus cualidades para la reporteada. De La Voz pasó a El Avance, El Sol del Sur, El Informador, La Semana Gráfica, Zaeta y El Presente, entre muchos otros, hasta que se vio convertido en el decano de los periodistas.

Cuando platicaba con los reporteros jóvenes (hoy ya no tanto) siempre narraba la ocasión en que entrevistó al líder guerrillero Rubén Jaramillo, un año antes de que lo mataran.

“Llegamos en un carro hasta donde terminaba la carretera. Luego seguimos a caballo y finalmente caminando, hasta el cerro donde se escondía el líder en unas como cuevas siempre protegido por hombres armados”.

“Yo no sé para qué me entrevistas si nadie te va a publicar lo que te estoy diciendo”, le dijo Jaramillo después de darle toda una cátedra de las motivaciones de su movimiento.

“Alguien la publicará, ya verá don Rubén”, le contestó el reportero García Barba.

Y efectivamente, el único que se atrevió a publicarla fue el semanario Presente, de don Cristobal Rojas.

Ya en la época reciente, don Benito editaba una publicación sui géneris: el periódico 26 de agosto, que imprimía cada año en esa fecha para conmemorar un movimiento estudiantil por la autonomía de la máxima casa de estudios en el que él participó como alumno de la entonces escuela de Derecho de la Universidad del Estado de Morelos, en 1958. Ese movimiento estudiantil que surgió en 1958 concluyó nueve años después, el 27 de noviembre de 1967, cuando se promulga el decreto por el que se declara como institución autónoma y se publica su Ley orgánica.

A cuatro años de su partida, pocos fueron los que honraron su memoria. Uno de ellos fue Eusebio Gimeno, director del semanario Kronos, quien recordó que en 1997 Don Benito le sugirió que editara un semanario que llevara el nombre del Dios del Tiempo.

“Don Benito García Barba cuernavacense sin par, periodista hasta el último día de su vida, religioso de gran fervor católico, decano de nuestro quehacer en su patria chica, el estado de Morelos.  Murió alguien que se sabía la historia del panorama informativo de la entidad, al irse se llevó con él múltiples secretos de la vida social y política”, escribió Gimeno.

Uno de esos “secretos” que le contó Benito a Eusebio fue el que tiene que ver con las verdaderas causas del movimiento estudiantil de 1968, una versión que ya habíamos conocido en algunos libros.

Le dijo que el creador y patrocinador del Movimiento Estudiantil de 1968 fue Carlos Alberto Madrazo Becerra, auspiciado por Adolfo López Mateos y que por eso Gustavo Díaz Ordaz mandó matar a Madrazo, cuando volaba a bordo de un avión de Mexicana de Aviación, que estalló en el aire con una bomba (oficialmente se dijo que el aparato se estrelló en el Pico del Águila en Nuevo León) .Y que entre los seguidores de El Ciclón del Sureste, aquí en Morelos uno de los más entusiastas fue el entonces gobernador Emilio Riva Palacio, quien fue atacado por el diaz-ordacismo.

Gracias a él pudimos saber más de la vida del decano del periodismo morelense, en virtud de que ambos tomaron un curso de narrativa y don Benito hizo una especie de autobiografía que compartió a sus compañeros de mayor confianza.

Ahí relataba cosas muy íntimas, como que estuvo enamorado de una mujer joven, descendiente de una familia muy rica, estudió con ella desde la primaria, fue su amor platónico, el gran amor de su vida, pero la acaudalada familia de la joven lo despreció por no tener fortuna e hicieron todo lo necesario para terminar con esa relación.  Un tiempo se refugió en el alcohol como vía de escape, luego rectificó pero ya nunca se casó, ni volvió a pretender a otra mujer para convertirla en su esposa, según Kronos.

Por eso nunca tuvo descendencia y su única casa, que heredó de su madre, se le quedó a sus sobrinos. De todos modos, a Benito no le importaba lo material. Era feliz con su pensión como burócrata y reporteando todos los días, hasta que el creador lo llamó a cuentas.

“Benito, amigo descansa en paz, aunque tu espíritu nos rondará por esas calles del Centro Histórico como un fantasma que nos cuida. A lo mejor algún día, cuando andemos pasados de copas te podremos volver a ver, y escucharemos algunos más de los secretos que te llevaste al más allá. Hasta siempre Don Benito hijo ilustre de esta tierra….”, escribió Eusebio Gimeno el 14 de septiembre del 2016.

Desde este modesto espacio hacemos un reconocimiento y a la vez homenaje a don Benito García Barba, a cuatro años de su desaparición física, por su invaluable aporte al periodismo morelense.

HASTA MAÑANA.

Deberíamos empezar por la capital del estado, pero en virtud de que no nos alcanzaría el espacio para enumerar la cantidad de personas que aspiran a gobernar Cuernavaca, hemos decidido iniciar el análisis pre-electoral con Temixco, donde la lista de aspirantes se reduce a cuatro: Jazmín Solano (reelección), el hoy diputado Andrés Duque Tinoco, el abogado Wilbert García Orozco y el hoy síndico Ángel Cortés.

En la práctica estaríamos hablando de una “segunda vuelta” de aquella jornada comicial del uno de julio del 2018, cuando Jazmín Juana Solano López se benefició con la “ola morena” y se impuso al priísta Andrés Huicochea Santaolaya, el perredista David Martínez y Wilbert García Orozco, quien iba por la alianza Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.

Recuérdese que en este municipio, al igual que en la mayoría de la entidad, fueron juntos los partidos Morena, PT y PES, incluso le concedieron la primer regiduría a la locutora Damaris Romero, quien ya se había destapado como aspirante a la alcaldía por el Partido Encuentro Social y de esta forma, en lugar de ser una competencia, fue una aliada.

Por otra parte, Solano López venía de ser la oficial mayor del gobierno que debía encabezar Gisela Mota (quien compitió bajo las siglas del PRD, pero no de la corriente de Graco Ramírez, sino de su acérrimo rival, Fidel Demédicis) pero que se vio abruptamente interrumpido por las balas de la delincuencia organizada.

En las negociaciones para que la presidenta municipal suplente, Irma Camacho, pudiera tomar protesta, resultó nuevamente beneficiada Solano López, al quedar en el primer círculo, ese que siguió firmando documentos aún después de muerta la profesora Camacho.

Así, la que fuera administradora del Sistema de Agua Potable de la colonia Rubén Jaramillo de pronto se vio fortalecida con la imagen de Gisela Mota, el apoyo económico de la alcaldesa suplente Irma Camacho y el espaldarazo del diputado federal (primero perredista y después morenista) Javier García “El Gato” así como del ex diputado federal Anastacio Solís Lezo.

La administración de Jazmin Juana ha resultado de regular a mala, según la opinión de los temixquenses, aunque habría que reconocer que no todo es culpa de ella. Las anteriores administraciones (panistas, priístas, perredistas) han saqueado a Temixco a mas no poder, y la nómina se ha duplicado varias veces en los últimos años sin que haya ingresos propios más que los que se generan por la llegada de tiendas comerciales y unidades habitacionales. 

La delincuencia organizada se ha asentado en el territorio temixquense y hasta la fecha sigue controlando diversas áreas del Ayuntamiento.

Por si no fuera suficiente con todo lo anterior, la pandemia vino a afectar todas las actividades y obligó al Ayuntamiento a reducir el sueldo a sus trabajadores, lo que provocó inconformidades.

El Palacio Municipal que tanto había prometido, quedó sólo en proyecto, al igual que otras obras que le pidieron en campaña.

En resumen, su trabajo como presidenta municipal difícilmente le servirá como bandera para buscar la reelección. Su estrategia será el disculparse por lo que no hizo y pedir una segunda oportunidad para realizarlo del 2021 al 2024. Eso sí, ha ayudado a mucha gente (clientelismo) y cada sábado se pone a barrer las calles.

Pero en esta ocasión ya no tendrá el respaldo de las figuras de Andrés Manuel López Obrador y el futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Eso es algo que podrían aprovechar sus competidores, principalmente Wilbert García Orozco y Andrés Huicochea, pues en el caso de los otros dos que mencionábamos están a expensas de lo que decidan sus dirigencias estatales y tanto Andrés Duque como Ángel Cortéz podrían recibir una candidatura a la diputación como premio de consolación.

Wilbert García Orozco se ha estado moviendo y ya tiene bien analizado qué fue lo que le faltó hacer en el 2018 y hoy lo vemos con mucho entusiasmo para lograr -ahora sí- la presidencia municipal de la localidad donde radica desde hace muchos años.

Es un hombre bien preparado académicamente y ha tenido una trayectoria limpia en la administración pública, aunque la mayor parte de su vida la ha dedicado a la postulancia como representante legal de importantes empresas a nivel nacional.

Y es que lo que requiere Temixco es tener estabilidad política y social, la que parecía que iba a tener con el médico Miguel Ángel Colín pero que resultó un fiasco. A ese municipio, considerado “dormitorio” de la capital de Morelos y cuya ubicación geográfica es de vital importancia, lo han saqueado a más no poder.

Ya es justo que tengan un alcalde (varón, porque ya lleva cuatro mujeres al hilo y nada más no pueden) con la suficiente inteligencia para hacer proyectos productivos que realmente beneficien a los que residen en Temixco, y que reduzca sustancialmente los niveles de delincuencia. Con esos dos rubros ya están del otro lado.

Andrés Duque Tinoco es la antítesis del abogado Wilbert García Orozco en todos los aspectos, hasta físicamente. Es un “hombre de rancho” que le gusta montar a caballo y tiene un hijo que canta música de banda. Desde mucho antes de que fuera diputado ayuda a la gente que menos tiene y es “el compadre que todos quisieran”.

Bien haría en cambiar de “look”; dejar de vestir como narco y alejarse de quienes tienen fama de serlo. Finalmente es representante (tanto él como su esposa Fabiola Urióstegui) del instituto político al que pertenece el gobernador del estado, y debe dar una imagen acorde con el Partido Encuentro Social (con orígenes cristianos, no se nos olvide).

Finalmente mencionaremos los nombres de personajes que seguramente veremos en las boletas de las elecciones del seis de junio del año próximo, como pudiera ser David Martínez, Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, Nereo Bandera o sus parientes, Yuriana Lázaro Landa y hasta la ex diputada Silvia Irra Marín.

HASTA MAÑANA.

Si a alguien ha beneficiado la contingencia sanitaria derivada del Virus SARS-Cov 2 es a la actual presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo. 

Si usted entra a su página de Internet www.imipe.org.mx verá que ahí dice que “el Pleno del Instituto es la máxima autoridad del mismo, para el despacho de sus asuntos se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias y para que exista sesión de trabajo es preciso que estén presentes, en principio sus tres integrantes y que las sesiones las presida su Presidente”.

Enseguida viene la siguiente leyenda:

“Actualmente el Pleno está conformado por: Comisionada Presidenta: M. en E. Dora Ivonne Rosales Sotelo”.

Tal como lo lee, la única que está a cargo de todo es la plenipotenciaria maestra en educación que logró el cargo por gracia del Partido Acción Nacional en 2014. 

En honor a la verdad, debemos decir que ella no es la culpable de que hoy todo el manejo de la institución esté en sus manos. No tiene la culpa de que el Congreso local haya sido omiso en cubrir las dos vacantes que quedaron porque los titulares se fueron, uno porque ya había concluido su periodo y otra por renuncia aduciendo motivos personales.

Tampoco es su culpa que todas las instituciones hayan declarado suspensión de plazos legales para todo tipo de trámites y recursos legales desde el 18 de marzo pasado, es decir, que para solicitudes de información pública y denuncias el reloj se paralizó hace exactamente seis meses y hasta hoy, 17 de septiembre del 2020, vuelve a funcionar.

De lo que sí es responsable, es de la administración del IMIPE, la que ha estado manejando a su antojo desde que se fue Mireya Arteaga Dirzo, la última quincena de marzo. Es la única responsable de haber contratado al médico cirujano Víctor Díaz Vázquez como asesor del IMIPE con un salario de 30 mil pesos mensuales. 

También, es la única responsable de no haber contestado solicitudes de información pública y resuelto recursos de inconformidad a la organización ciudadana “Morelos Rinde Cuentas”.

Por eso es urgente que la LIV Legislatura lance la convocatoria para elegir a los dos comisionados del IMIPE que lleguen a cubrir esos espacios que servirían de contrapeso a la actual presidenta, quien por cierto termina su periodo el próximo año.

Sin embargo, no se ve para cuando se pueda realizar este proceso que se junta con la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el nombramiento de titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

Los diputados ya están enfocados a su campaña para una posible reelección en 2021 o bien, una candidatura a presidencias municipales, por lo que hacen todo lo posible en aparecer en medios de comunicación, ya sea con declaraciones espectaculares que ni tienen que ver con Morelos o con fotografías de entrega de despensas..

Ejemplos:

• La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de Morelos, Rosalina Mazari Espín, entregó 300 batas quirúrgicas especializadas, a las y los médicos, enfermeras, así como a todo el personal de salud del Hospital General de Zona C/M.F No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zacatepec.
• En rueda de prensa, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado, presentó de manera formal a la diputada Érika García Zaragoza como nueva integrante de su bancada ante el presidente estatal del instituto político al que pertenecen, el diputado federal Jorge Arturo Argüelles Victorero.
• La Diputada Dalila Morales Sandoval, en conjunto con la Coordinación Nacional de Diputados Locales del PAN, lamentó que el Gobierno Federal a través de la CONAGUA, pretenda entregar el agua de las presas Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, del estado de Chihuahua, a Estados Unidos y dejar sin el vital líquido a cientos de productores de la región.
• Reprueba diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez el actuar de las autoridades del Sector Salud de Tlaltizapán, por los hechos ocurridos el 15 de agosto, cuando una mujer dio a luz en la calle y ante las inclemencias del tiempo.
• La diputada de Morena Alejandra Flores Espinoza los invita a la instalación de la mesa para recabar firmas y solicitar una consulta popular con la que se autorice que los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas sean procesados por corrupción.
• Esta mañana la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del estado de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, participó como invitada especial del presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán en la entrega de equipo, uniformes y vehículos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca.
• La diputada Maricela Jiménez Armendáriz continuó el domingo con la entrega de abono, con lo que suma ya más de 15 toneladas distribuidas en beneficio de cientos de agricultores de las colonias del Distrito XII que ella representa y que corresponde a los municipio de Yautepec y Jiutepec.

Por lo menos ya no han enviado boletines con declaraciones del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Omar Alfonso Barrera Hernández, quien es firme aspirante a cualquiera de los puestos vacantes que serán cubiertos en las próximas semanas en el TSJ y el IMIPE.

Y es que el IMIPE tiene la “tradición” de que casi todos sus consejeros y comisionados tienen un antecedente en común: haber colaborado con alguno de los diputados en turno.

Ojalá se pudiera romper esta tradición y lleguen al órgano garante de la transparencia en Morelos los mejores hombres y mujeres que reúnan el perfil idóneo para desempeñar un encargo de tanta responsabilidad.

HASTA MAÑANA.

(Nota de la Redacción: Al momento de escribir esta columna no se habían emitido las convocatorias para elegir nuevos consejeros del IMIPE).

Después de gobernar durante siete décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sacado abruptamente del Palacio de Gobierno de Morelos en el año 2000 y desde entonces ha sido sustituido por tres institutos políticos diferentes. Hoy, un grupo de jóvenes (algunos no tantos) busca afanosamente revivir a ese ente que languidece, pero que todavía respira, y su prueba de fuego es el 2021, que aunque no se juega la gubernatura, será un buen termómetro para medir su influencia con miras al 2024.

Al frente del partido está un hombre de 33 años que cuando Ernesto Zedillo estaba ganando las últimas elecciones presidenciales tras la muerte de Luis Donaldo Colosio él estaba comenzando la primaria, por lo que sería injusto acusársele de cualquier tropelía que hubieran cometido sus antecesores y compañeros de partido.

Ayer, Jonathan Márquez Godínez le tomó protesta a quienes representarán al tricolor en todo el estado:

Delegados Distritales, I Cuernavaca, Alfredo Morales Villegas; III Tepoztlán, Karla Parra González; IV Yecapixtla, Jesús Contreras Arias; VI Jiutepec, Erasto Morales Álvarez; VII Cuautla, Isabel Cristina Orozco Suarez; VIII Xochitepec, Ana Paola Martínez Franco; XI Axochiapan, Roberto Córdova Melgar y XII Elías Polanco Saldívar.  

Delegado Distrital Federal, Distrito III, Antonio Domínguez Aragón, presidente de los Comités Municipales; Cuernavaca presidente Lourdes Rivapalacio Lavín y secretaría general Rodrigo Puebla Paredes; Ocuituco, secretario general, Melina Solís Morales; Temixco, Mirian Olivia Reyes García, Xochitepec; José Antonio Rivera Zepeda y secretario general, Dennis Mora Morales; Coatetelco, María de la Luz Gervacio Alcalá y Secretario General, Graciano Mejía Ceballos y Temoac, Victorino de León Carbajal.

En esa lista destaca Lourdes Rivapalacio Lavín, nieta de quien fuera el último gobernador priísta que terminó su sexenio, Antonio Rivapalacio López; hija de Carlos Rivapalacio Than y Lourdes Lavín.

En su discurso, Jonathan Márquez afirmó que ha quedado atrás ese partido con lugares donde solo había oficinas, pero no quien atendiera a la gente.

Explicó que a la fecha ya se tienen conformados 34 comités, en su mayoría mujeres y jóvenes, superando el 30 por ciento que estatutariamente se debe cumplir, para dejar atrás esa mentalidad de las regidurías y buscar ganar todo, y “la única forma de avanzar es con experiencia y juventud”.

Pero además, el presidente estatal del PRI, advirtió “donde haya caras nuevas no significa simplemente jóvenes, caras nuevas significa darle oportunidad a aquellos militantes que siempre han estado en nuestro instituto político y que por mucho tiempo han estado al pie de cañón y lo que hoy estamos haciendo es darles la oportunidades que se merecen y empoderando a la militancia”.

A los nuevos líderes municipales de Cuernavaca, Ocuituco, Temixco, Xochitepec, Coatetelco y Temoac los llamó al reencontrarse con la militancia, a hacer un diagnóstico en sus municipios para que en las próximas semanas, que inician las giras municipales, se pueda acudir a la casa de los priistas, a tomarles protesta a las secretarias y secretarios de los comités así como a los seccionales que harán la tareas y redoblarán el esfuerzo para tener promotores del voto, representantes de casilla, y estar pendientes de las necesidades que se debe replantear a la sociedad para el próximo proceso electoral.

Anteriormente, estos cargos eran peleados para reservar un espacio, hoy se entiende, que los cargos nos deben servir para rescatar el poder, “queremos tener presidentas y presidentes de Comité para que vayan al encuentro de los priistas y ganar todo en los municipios”.

Demandó de los priistas con responsabilidades en los municipios, aceptar que militan del partido más importante de México, y por eso su mentalidad no debe estar reducida a pelear las dos primeras regidurías, hoy más que nunca es importantes escuchar a todos esos personajes que siempre apoyaron a PRI, pero el partido se alejó de ellos, reconoció con profunda autocrítica.

“Ya inició el proceso electoral la semana pasada y estamos a nada para que a finales de año, estar eligiendo candidatas y candidatos, el tiempo es muy corto, la tarea es mucha, pero sin duda el talento que está en este salón es mucho más para lograr esta meta”, dijo.

Antes, en entrevista con los medios, comentó que estarán atentos a las reglas que sean emitidas por las autoridades electorales y al semáforo epidemiológico, “sin embargo nosotros seremos muy responsables de no hacer ninguna reunión de carácter masivo, que exceda las 50 personas, el uso de cubrebocas, el constante lavado de manos y demás recomendaciones ya conocidas desde el inicio de la contingencia sanitaria  y hacer uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para llegar  la militancia y lograr los entre 150 mil y 200 mil votos.

Respecto a los nuevos partidos, apuntó que la estructura sólida y el voto duro en todo el estado del PRI puede representar una ventaja “porque con tantas opciones políticas para la ciudadanía, lo que nos marca la experiencia es que el voto tiende al pulverizarse, diciéndoles a la sociedad morelense que es lo que ha hecho bien el partido, cual es nuestro proyecto a mediano y largo plazo a nosotros nos puede beneficiar en esta pulverización del voto”.

El reto de los nuevos partidos es demostrar su proyecto, porque muchos son creados por quienes no lograron proyectos o candidaturas en otros partidos, en alusión a Matías Nazario, Julio Espín, Manuel Martínez Garrigós y Diego Gómez que –aseguran las malas lenguas- están atrás de los partidos de nueva creación.

 “Nosotros le ofertaremos a la ciudadanía de manera abierta cuadros jóvenes, mujeres, hombres, que nos van a ir a representar en todos los cargos para ser una opción fresca dinámica y a la altura de las circunstancias, vamos a estar trabajando mucho en nuestra estrategia interna, sin dejar de ver lo que está sucediendo allá afuera, pero estamos centrados en ir en la búsqueda de todos esos que en algún momento votaron por nuestro partido ir al encuentro de ellos para poder ganar las elecciones en este 2021”, dijo para finalizar.

La intención es buena, y es más que evidente que Jonathan cuenta con el apoyo del máximo líder priísta del país, Alejandro Moreno, con quien trabajó muy de cerca en la capital del país. Ya solamente falta establecer una estrategia de posicionamiento y que ésta funcione. HASTA EL JUEVES.

Los ingredientes están puestos para que el conflicto social por la puesta en operación de la termoeléctrica construida en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, se eleve a su máxima potencia en los próximos meses.

Por un lado están (extrañamente en el mismo extremo), las empresas extranjeras, la CFE y su desprestigiado director, Manuel Bartlett, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus dos principales armas: “la mañanera” y la Guardia Nacional.

En el lado opuesto se encuentran los pueblos en defensa del agua, con un mártir (Samir Flores) cuya muerte la Fiscalía no ha sido capaz de aclarar; con un supuesto descendiente de Zapata listo para encabezar la revuelta, a la que podrían sumarse ecologistas de todo el mundo y –no podían faltar- los del Frente Nacional AntiAMLO.

No podríamos emitir una opinión técnica al respecto porque no somos expertos en el tema, sólo nos queda reproducir lo que dicen los que saben, tanto de un lado como del otro.

Por ejemplo, el catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (y dueño de una de las empresas más beneficiadas por CEAGUA cuando él fue titular, pero esa es otra historia), Juan Carlos Valencia Vargas, se apresuró a dar una opinión técnica en cuanto el presidente anunció el reinicio de actividades en la planta:

“La CCC Huexca usará 245 litros por segundo (lps) de agua para enfriamiento, de los cuales retornarán 60 lps después del proceso. Es decir, habría una disminución efectiva de solo 185 lps por evaporación, que equivalen a menos de 6 millones de metros cúbicos anuales. Este volumen es mínimo si se considera que ASURCO tiene un volumen anual concesionado de 247 millones de metros cúbicos, es decir, representa solo el 2.3% del volumen concesionado.

“Los beneficios son mayores: por una parte, la CCC Huexca generará en una primera fase 642 MW, que es el equivalente al 80% del consumo de todo el estado de Morelos, y por la otra, la Comisión Federal de Electricidad pagará un total de $5.57 ( Cinco pesos 57/100 m.n) por cada metro cúbico de agua utilizado, mismo que se dividirá por partes iguales entre el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO). Esto equivale a un total de más de 2.5 millones de pesos mensuales para cada uno. Un total de casi 30 millones de pesos al año, que puesto como contraparte de los programas federales y estatales puede significar una inversión de casi 120 millones de pesos anuales en sus sistemas hidráulicos. Inversión nunca antes vista.”, escribió en su boletín que coincide casi totalmente con el comunicado del gobierno federal.

Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos y ex jefe del antes mencionado, se apresuró a tuitear eufórico: “Teníamos razón. Por eso la hicimos. Con diálogo y acuerdos”. Pero en el mismo tuit el ex secretario de Desarrollo Económico en el gobierno panista, Rafael Tamayo, le reviró: “La iniciativa de hacer la Termoeléctrica y el gasoducto fue del gobierno de @MarcoAdame así como toda la planeación, gestión del derecho de vía, acuerdos con municipios y comunidades. A ti solo te toco ver como se construía y no pudiste concluir el tema del agua”.

Aurelio Fernández, Fundador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), escribió en La Jornada (el periódico consentido de AMLO, a juzgar por las facturas pagadas):

“Los análisis y discusiones hechos con los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y otros centros de educación superior llevan a una conclusión inequívoca: el problema principal de la obra es que se trata de un ramal de distribución de gas a lo largo de un trayecto de 180 kilómetros que pasa por los estados de Tlaxcala, Puebla y, en menor medida, Morelos, negocio que llevaría adelante una filial de las empresas españolas Elecnor y Enagas. Estas firmas, tan criticadas por el presidente López Obrador, cuentan con la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Energía (CRE) en el año 2012 (permiso G/292/TRA) para distribuir por su cuenta el hidrocarburo en los ramales que ya están construidos en el trayecto del ducto.

“El desarrollo está diseñado para abastecer de gas natural a futuros parques industriales, como el que se encuentra trazado ya en las proximidades de Huexca, y con ello el desarrollo urbano sería inevitable del lado sur y del oriente del Popocatépetl, pero también a casas habitación. Imaginemos asentamientos humanos, industriales, habitacionales y de servicios localizados en los puntos de avalancha de escombros, lahares o proyectiles balísticos arrojados por don Gregorio cuando buenamente disponga”.

Mónica Romero, de las más férreas defensoras de los recursos naturales, aporta un dato importante:

En el expediente 1181/2019 del Juzgado Quinto de Distrito, con fecha de acuerdo 10/09/2020 (o sea, hace apenas tres días, se asienta, y se transcribe textual: “Finalmente, respecto a su solicitud de revocar la suspensión de plano decretada, dígase a la autoridad oficiante que no es posible acordar favorablemente, en razón de que esta juzgadora, atendiendo al principio de certeza jurídica, no puede revocar sus propias determinaciones, salvo por causas extraordinarias (hechos novedosos o supervenientes) o bien por resolución emitida en queja o revisión, situación que en el caso concreto no acontece”.

Lo anterior confirma lo declarado por varias personas que se oponen a la termoeléctrica: es falso que los amparos estén concluidos como dijo el presidente en su mañanera.

El portal de Carmen Aristegui (otra de las consentidas de AMLO, pero que al igual que la revista Proceso enfrenta las críticas de los “chairos” por publicar verdades), da cuenta de la posición extremista de muchos pobladores de la zona oriente de Morelos.

 “Pondremos nuestros cuerpos si es necesario como lo hizo Samir”, le declaró Jorge Velázquez, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos a la reportera Estrella Pedroza.

Luego lanza una explicación de lo que está pasando políticamente y lo remata con una premonición:

“Con esto podemos decir que (el presidente) tiene el garrote por el mango en dos caras. Uno, “la mañanera” con los medios para mentir porque dice cosas que no son verdad, y (dos), las fuerzas represivas. Regresemos al 10 de febrero de 2019 cuando López Obrador dijo que aunque hubiera gritos y sombrerazos el proyecto iba, y antes del 23 de febrero (día que se realizaba la consulta ciudadana), el 20 de febrero Samir fue asesinado. Entonces con esto sabemos que antes del mes de diciembre habrá una represión”, añadió.

HASTA MAÑANA.

Una mujer que reside en Morelos y tuvo una relación con un hombre casado durante doce años abrió el camino jurídico para que les puedan reconocer derechos como concubinas, independientemente del estado civil de sus parejas.

Hace un par de semanas fue noticia nacional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una mujer con objeto de que pueda demandar pensión alimenticia al hombre con quien vivió en concubinato por 12 años, pese a que él ya estaba casado.

Esta es la primera decisión que la SCJN toma respecto al artículo 65 del Código Civil de Morelos, por lo cual solo beneficia a la mujer que promovió el amparo, pero marca la brecha que deben seguir aquellas féminas que estén en las mismas circunstancias.

La sentencia aprobada señala que la SCJN “ya ha reconocido la posibilidad de que en una relación de matrimonio se establezca a su vez una relación extramarital, que bien puede concluir en la configuración de un concubinato, por lo que los derechos reconocidos a partir de una y/o otra figura no debe implicar un trato distinto”.

Se explica que al excluir del concubinato a las mujeres que tienen este tipo de relación con hombres casados, se les margina de sus derechos: “La norma, al establecer un requisito para la actualización de la figura de concubinato, como lo es que ambos concubinos no estén casados o con impedimento para ello, se verifica que dicho requisito constituye un acto susceptible de vulnerar diversos derechos fundamentales , como lo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a los alimentos, el derecho a la convivencia familiar, y en sí la protección a la familia”.

Logramos localizar el expediente de origen y aquí exponemos la cronología de los hechos, guardando la confidencialidad de los datos personales:

El dos de marzo de dos mil quince, una persona demandó por propio derecho, en la vía de controversias del orden familiar, el pago de una pensión alimenticia definitiva, bastante y suficiente y como hechos de su acción relató que desde el seis de enero de dos mil dos, se unió en concubinato con el demandado, y a partir de septiembre de dos mil catorce comenzaron los problemas, presentó pruebas documentales y diversos medios de prueba para acreditar doce años de concubinato.

 De la demanda conoció el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos (con sede en Jiutepec), quien admitió en la vía y términos propuestos y, con copia de la misma, ordenó emplazar y correr traslado al demandado, además, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación y Depuración.

 El veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, el demandado dio contestación, alegando la improcedencia de la existencia de la relación del concubinato y la pretensión reclamada, haciendo valer, entre otras, las excepciones de falta de legitimación ad causam de la actora, así como la diversa denominada “que la actora carece del carácter de acreedora alimenticia, toda vez que puede bastarse a sí misma ya que cuenta con trabajo remunerado…”

Seguido el juicio por sus trámites y desahogados que fueron los medios de convicción ofertados por las partes, el veinte de enero de dos mil diecisiete, la juez natural dictó la sentencia correspondiente, en la que, al ser procedentes las excepciones opuestas por la demanda, determinó declarar procedente la falta de legitimación de la parte actora.

Inconforme con tal manera de resolver, la actora interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien por resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida.

Sus argumentos:

“No se demostraron los extremos del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos, necesarios para demostrar la existencia del concubinato, en tanto el demandado está unido en matrimonio civil con diversa persona, y por ende la actora no se encuentra facultada para demandar alimentos con el carácter de concubina del demandado, toda vez que en términos del artículo 35 de la ley sustantiva familiar en vigor, el origen de dar alimentos se deriva del matrimonio, del concubinato, del parentesco o por disposición de la ley, hipótesis que en el caso no se actualizan”.

La mujer y su abogado se fueron al amparo, mismo que les fue negado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, cuya presidencia lo admitió por auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, y lo registró con el número 682/2017.

Así llegó hasta el máximo tribunal del país, donde tres ministros de la primera sala analizaron el caso, siendo el ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En sus agravios, el abogado de la quejosa alegó que la sentencia recurrida es ilegal, inconstitucional e inconvencional, porque vulnera especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la Mujer, al establecer una distinción desigual entre una mujer casada y otra unida en concubinato, lo que coloca a las mujeres según su estado o condición de su relación marital o extramarital en mujeres de primera y segunda categoría.

“Esta Primera Sala encuentra fundados los agravios antes señalados, en atención que se advierte que efectivamente el exigir un estado civil de la pareja en cuestión para el reconocimiento de un concubinato y con ello garantizar los derechos derivados de su extinción sí representa una distinción basada en categoría sospechosa que obstaculiza ejercicio de derechos y por ende resulta inconstitucional y contraria a los principios de igualdad y no discriminación, sobre lo cual efectivamente debido a la desigualdad estructural por razones de género, es la mujer quien generalmente es víctima de esa discriminación, lo que regularmente ocurre por estereotipos de género, en los que culturalmente es normalizado y aceptado culturalmente, esto es, se tolera que el hombre tenga dos casas u hogares, el marital y el extramarital”, dice la sentencia.

Por lo tanto —agrega—, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, “para que nuevamente analice la litis de amparo partiendo de la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos, y al resolver la controversia se apegue al método de impartición de justicia con perspectiva de género”.

Hasta este momento permanece en el anonimato la identidad de la mujer que luchó por sus derechos en contra de la costumbre y las conveniencias sociales, así como el abogado que supo plantear correctamente sus argumentos ante la SCJN, pero ojalá que decidan presentarse públicamente porque muchas mujeres y profesionistas del derecho querrán hacerles el reconocimiento que se merecen.

HASTA EL LUNES.

El presidente del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Argüelles Victorero, “se fue de pesca” el pasado lunes al municipio de Tepoztlán pero no le fue muy bien. Agarró puro “cascajo” y uno de los alcaldes que supuestamente se había pasado de Morena a ese instituto político —Rogelio Torres Ortega— aclaró que él sólo acudió como anfitrión. 

Acudimos al evento del PES sólo por curiosidad para ver si el retén instalado en la entrada de Tepoztlán dejaría pasar a los invitados dado que sería un acto programado para más de cien personas y eso se supone que está prohibido, máxime en ese municipio que se ha tomado muy en serio lo de evitar aglomeraciones.

Bastó con decir que íbamos a la reunión del PES en “La Buena Vibra” para que las dos señoras que permanecían de guardia en el retén ordenaran paso libre a la Van que contrató el partido para llevar a la prensa.

Un verdadero paraíso el lugar que escogió Argüelles Victorero para su evento político y con exageradas medidas sanitarias. Hubo personajes que no se quitaron la careta ni para engullir los itacates y los sopes que sirvieron a manera de tentempié mientras comenzaba el acto principal.

Desde muy temprano comenzaron a arribar los invitados especiales. “La crema y nata” del PES en Morelos, aunque la presencia del gobernador hubiese sido ideal.

Abel Espín García, el ex presidente del PRD y actual alcalde de Miacatlán fue el primero que llegó. Fue abordado por los reporteros a los que habló de algunas obras que está realizando y de cómo está enfrentando la pandemia. Cuestionado sobre la inseguridad sólo atinó a decir: “Ahí la llevamos”.

Hasta ese momento desconocíamos que el que fuera suplente de Graco Ramírez en el Senado iba a ese evento a “cambiarse de camiseta” por mera conveniencia.

El diputado José Luis Galindo Cortez también llegó puntual y fue entrevistado sobre el tema de los ocho nuevos partidos, lo que propiciará -dijo- la pulverización del voto en las próximas elecciones.

“Partiendo plaza” arribó el diputado Andrés Duque Tinoco, rodeado de colaboradores, enjoyado como siempre, y con su esposa la directora del Instituto de Crédito, Fabiola Urióstegui, pero que en esta ocasión iba en calidad de comisionada de la contraloría del Partido Encuentro Social. “Si se puede, voy a ser alcalde de Temixco”, le confió a los reporteros.

Muy pegado a él, el también temixquense y seguro aspirante a una diputación, Noel Salgado Mora. La regidora Damaris Romero, molesta porque no fue mencionada en el evento del gobernador en el que repartieron gallinas, siendo que ella es de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de Temixco.

Grethel Nancy Streber Ramírez, ex regidora de Cuernavaca y actual directora del INEA, con cubrebocas y careta para descartar cualquier riesgo.

Todos llevaban cubrebocas y algunos caretas, pero a la hora de la foto bien que se abrazaban, como si el virus no se contagiara de costado. 

Ya con la presencia del líder estatal, Jorge Argüelles Victorero, y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, dio inicio el acto protocolario.

Luego del discurso de bienvenida del alcalde anfitrión, Rogelio Ortega, tocó el turno al diputado federal y coordinador de la bancada pesista en San Lázaro.

“Durante muchos años, los partidos de siempre han dicho los discursos de siempre; al paso del tiempo, los partidos de siempre, siguen haciendo las cosas de siempre: velar por sus intereses, velar por los intereses de unos cuantos sin importarles lo que pase a su alrededor”, dijo.

Luego contó cuando conoció, hace apenas un par de años, al hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. “Me dio la impresión de ser una persona derecha, una persona de buen corazón sin perjuicios políticos, un ser humano sencillo y de buenas intenciones. Hoy, a dos años de distancia, confirmo esa primera impresión”.

Luego comparó a Cuauhtémoc con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que ambos han luchado contra la adversidad, “los dos han superado burlas, han superado denostaciones, acusaciones y habladurías, y a pesar de ello siguen siendo hombres de una sola pieza”.

“No sé para ustedes, pero para mí hay dos clases de políticos: los que siempre están y no hacen nada, y los que hacen mucho aunque no estén y muchas veces no los veamos”, agregó.

Luego, dijo que para todos lo más importante es la familia, y siempre hay alegría cuando la familia crece. “Hoy quiero anunciarles con una gran alegría que la familia de Encuentro Social tiene a cuatro nuevos integrantes, todos hombres de trabajo, pero sobre todo hombres con valores; servidores públicos más humanos que políticos que hoy se adhieren con total libertad y convicción: Leonel Zeferino Díaz, presidente del Consejo Municipal Indígena de Xoxocotla; Abel Espín García, presidente municipal de Miacatlán; Alfredo Domínguez Mandujano, nuestro amigo “Cuananis”, alcalde de Tlaltizapán, y nuestro anfitrión de lujo, nuestro amigo Rogelio Torres Ortega”.

El anuncio estaba hecho. Aunque los funcionarios del Ayuntamiento de Tepoztlán que acompañaron a su jefe a ese evento aplaudían al igual que todos los asistentes, entre ellos intercambiaban miradas de desconcierto. “¿Cómo que ahora ya somos del PES?”, se escuchó decir.

La ceremonia concluyó y las redes sociales comenzaron a dar cuenta de lo ocurrido y el teléfono del alcalde de Tepoztlán comenzó a sonar.

“No, yo no me pasé al PES, sólo acudí como anfitrión de esa reunión pero el diputado federal se confundió”, se justificó con uno de los que le reclamaron.

Rogelio Torres (quien se hizo famoso a nivel nacional por cerrar el pueblo a visitantes que no tuvieran reservación de hotel), prometió a sus conciudadanos enviar una aclaración respecto a su filiación partidista, pero hasta el momento de redactar la presente columna, no había ningún comunicado oficial que desmintiera lo dicho por Jorge Argüelles Victorero.

HASTA MAÑANA.

El convoy del gobernador se paró frente a “Las Mañanitas” y de la camioneta principal descendió Graco Ramírez seguido de Jorge Messeguer. Tenía tres meses de haber asumido el cargo y disfrutaba a plenitud de la llamada “luna de miel”, cuando todo mundo le rendía pleitesía.

En una de las mesas del restaurante que Graco ocupaba como su segunda oficina (no en balde se haría leyenda urbana de que lo había comprado) ya lo esperaba el senador Fidel Demédicis Hidalgo, su rival político en el Partido de la Revolución Democrática donde ambos militaban.

“Danos un minuto” le pidió a su secretario de Gobierno y éste se cambió de mesa de inmediato.

—Graco, yo creo que debemos hacer un evento que refleje la unidad entre las diversas fuerzas políticas al interior del partido —le dijo el senador—.

Pero el tabasqueño lo paró en seco.

—No necesito asesores Fidel —contestó alzando la voz— yo soy el gobernador y sé lo que tengo que hacer.

—Pues no se te olvide que yo soy senador de la República y represento al pueblo, y estaré muy atento a lo que hagas en tu gobierno —dijo Fidel antes de levantarse de la mesa visiblemente molesto.

Fue la última vez estuvieron juntos en una mesa de restaurante. El rompimiento fue evidente y cada vez que podían ambos se lanzaban indirectas en la prensa.

Fidel Demédicis y Graco Ramírez habían llevado una trayectoria paralela al interior del PRD, carrera que debía coronarse con la Gubernatura de Morelos, aunque sus características eran diametralmente opuestas.

Fidel, nacido en Temixco en una familia modesta; Graco descendiente de gobernadores y generales del Ejército. El primero se abrió paso como maestro en primarias y secundarias; el segundo fue diputado a los 28 años y siempre ha vivido de la política.

Ambos estudiaron en la UNAM (Ciencias Políticas y Derecho, respectivamente) pero no se titularon. Graco tramitó un título “por reconocimiento de saberes” ante la SEP, ya siendo gobernador.

La carrera política de Fidel se inició en 1997 cuando intentó ser presidente municipal de su natal Temixco, sin conseguirlo. Años después tuvo la oportunidad pero ya el cargo le quedaba chico, así que gobernó a través de terceros: su “ahijada” Gisela Mota, su concuña Irma Camacho, su hija TeiKo, su sobrina Mariela y los parientes de su esposa, quien falleció en 2013.

Para esos momentos su situación política y sobre todo económica había cambiado. Dos veces diputado local plurinominal y con una estructura diseminada en todo el estado, le indicaba que ya podía aspirar a la gubernatura. Pero no contaba con la astucia de su eterno rival político, Graco Ramírez, quien supo maniobrar a nivel nacional para lograr la candidatura y –con mucho dinero para su campaña y candidatos débiles- el gobierno de Morelos.

Después de aquel desencuentro en “Las Mañanitas” Graco y Fidel se volvieron a ver hasta finales de 2014, tres días antes de aquella multitudinaria marcha contra la inseguridad que partió de la Universidad hasta el zócalo de Cuernavaca.

            —Recibe a una comisión de los organizadores, Graco. Todavía se puede parar esa marcha —recomendó Fidel—.

            —Son puros grillos cabrón. Ahí está Gerardo Becerra y el rector, todos mis enemigos políticos. No les hagas “el caldo gordo” tú también —contestó Graco, minimizando la movilización—.

El senador perredista se sumó a la marcha, lo que provocó la ira del gobernador. La guerra estaba declarada entre los dos perredistas. Para las elecciones de 2015 cada uno presentó sus respectivos candidatos y los sometieron a votación. Los de Graco cerraron campaña en Plaza Solidaridad, en tanto que Fidel y sus correligionarios abarrotaban el zócalo de Cuernavaca.

“Graco Ramírez es un autoritario y antidemocrático”, decía a voz en cuello el senador, flanqueado por su precandidata a la presidencia municipal de Temixco, Gisela Mota.

Perverso, Graco Ramírez no solamente aprovechó la desafortunada muerte de la alcaldesa (asesinada en su propia casa en su primer día en el cargo) para decir que la habían matado porque comulgaba con su proyecto de Policía de Mando Único, sino que mandó a un testaferro a declarar que el homicidio “pudo haber sido mandado por Fidel Demédicis”.

También, operó para que se magnificara un desafortunado episodio que el senador protagonizó en el estacionamiento de Walmart-Jiutepec, cuando fue sorprendido por policías con una dama.

En contraataque, Demédicis aprovechaba cada error del gobernador de su estado para evidenciarlo ante el Senado de la República. El 10 de abril de 2017 anunció su salida del PRD no sin antes pronunciar un enérgico discurso en el que comparó a ese partido con “La Cueva de Alí Babá”.

Así llegaron al 2018 y Fidel Demédicis se registró como candidato independiente al gobierno de Morelos. Fácilmente cubrió el requisito de las 40 mil firmas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y en las elecciones del primero de julio del 2018 obtuvo 45 mil 280 votos, quedando en quinto lugar.

Tras dos años de ostracismo Fidel Demedicis Hidalgo reapareció en público ayer, cuando ofreció una conferencia de prensa en su calidad de fundador del Partido “Futuro, Por un Morelos para Todos”, uno de los ocho que en días pasados el Impepac reconoció como instituto político al cumplir con todos los requisitos para competir en las votaciones del seis de junio del 2021.

“No seremos un partido comparsa, vamos a poner el dedo en la llaga y señalar las cosas que estén mal y buscaremos su solución”, dijo embozado con un cubrebocas en el restaurante Los Arcos.

            —Y de qué vive Fidel Demédicis?— le cuestionamos al término de la rueda de prensa.

            —De mi pensión como maestro de secundaria—contestó de inmediato, mientras         mostraba una tarjeta bancaria—. Con ésta cobro cada quincena y con esto vivo     modestamente.

HASTA MAÑANA

“Sui géneris”, locución adverbial procedente del latín que significa ‘de su propio género o especie’, y que se usa en español para denotar que aquello a lo que se aplica es de un género o especie muy singular y excepcional —único, sin igual e inclasificable—.

Así va a ser el Proceso Electoral 2021 que comenzó ayer con una sesión que por sí misma es representativa de que nada será igual que antes: en lugar de la ceremonia típica en un salón de eventos, fue a través de la plataforma Zoom y se pudo ver en Facebook Live y Youtube.

La “nueva normalidad” tiene sus ventajas y desventajas. Ayer mismo nos dábamos cuenta de la dificultad que tenemos todos aún para el manejo de esta nueva herramienta de la comunicación. Al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el micrófono “lo pilló” dando órdenes a gritos a sus subalternos y varios más dieron muestra de que la tecnología no es lo suyo.

La propia presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, seguramente odiará toda su vida esta aplicación informática que la exhibió en una sesión de Consejo y nos permitió a todos conocer su sentir acerca de algunos de sus compañeros consejeros, aunque ella jura y perjura que no iba dirigido a nadie de los presentes.

Se puede considerar que el proceso electoral comenzó la semana pasada, cuando fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la convocatoria a ciudadanos y a partidos políticos a participar en el proceso electoral ordinario 2021, para elección de diputados y diputadas del Congreso local, así como de integrantes de los ayuntamientos.

El acuerdo parlamentario publicado incluye las bases del proceso electoral, y establece que el proceso electoral iniciará con la Sesión de Instalación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), lo que ocurrió ayer al mediodía.

Este día se instaló la sesión solemne extraordinaria del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en la que se dio la declaratoria del inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Presentes, además de los consejeros electorales y representantes de todos los partidos con registro (19 en total y uno más que no tarda en llegar, según adelantó León Trueba) los representantes de los tres poderes del estado: el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz y el diputado José Luis Galindo Cortez.

Como invitadas especiales las magistradas electorales Marta Elena Mejía e Ixel Mendoza Aragón (ésta última ex consejera del Impepac).

Durante su mensaje de declaratoria de instalación del proceso, la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, admitió que Morelos y todo el país enfrentan una situación complicada para llevar a cabo elecciones; sin embargo, aseguró que las instituciones garantizarán a la ciudadanía su seguridad sanitaria para que salgan a votar el próximo seis de junio.

Para las elecciones del seis de junio se elegirán 315 cargos municipales y 20 diputaciones locales, que se disputarán 20 partidos políticos y un número indeterminado de candidatos independientes. Algo nunca antes visto.

Alfredo Javier Arias Casas, consejero del Impepac, hizo un llamado a todos los presentes para poner el mejor de sus esfuerzos en este proceso electoral, “con independencia de las adversidades a que nos vamos a enfrentar, en aras de que sea lo más exitoso posible; que cumpla con la finalidad de instalar el Poder Legislativo que tendrá que designarse nuevamente por el electorado, los ayuntamientos de nuestro estado, pero más allá de ello, mantener la paz social y la Gobernabilidad; hoy el estado de Morelos necesita de instituciones sólidas y tenemos la oportunidad de consolidarlo”.

Siempre crítico, Arias Casas reprochó que, si bien ninguna institución de México ni del mundo estaba preparada para una situación como la que nos enfrentamos, la pandemia dejó ver la debilidad con la que se ha trabajado en la construcción de la equidad social.

“Hoy están al descubierto las desigualdades económicas, sociales, culturales”, acotó. Insistió en que hoy tenemos la posibilidad de volver a plantearnos un plan, una estrategia, porque el reconocimiento de las diferencias a las que hoy nos estamos enfrentando es la única vía para poder hablar de democracia en el estado de Morelos”.

El representante del PRI, Jonathán Márquez Godínez, lo sintetizó aún mejor: “Los morelenses tenemos el mayor desafío democrático en el marco de uno de los contextos políticos, sociales, económicos y sanitarios más complicados que hayamos vivido”.

En su discurso, aprovechó para promocionar que la estructura político-electoral del Partido Revolucionario Institucional se encuentra lista para el proceso electoral 2020 -2021 y que apoyará indefectiblemente a las mujeres, jóvenes e indígenas que jugarán un papel trascendental en este proceso.

Una mujer que viene desde abajo y que hoy ocupa una de las tres magistraturas del Tribunal Estatal Electoral, Martha Elena Mejía, dijo a nombre de sus compañeros que esa institución que el próximo 8 de octubre cumplirá 27 años de existencia, “camina con pasos firmes, con bases sólidas para el proceso que hoy comienza, estamos preparados para emprender este ejercicio democrático, con profesionalidad, objetividad e imparcialidad para ejercer nuestro papel como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado, guiando nuestro actuar bajo la premisa democrática de que sea únicamente la voluntad de los morelenses la que defina quién les representa, garantizando con ello la paz social y la armonía en nuestro Estado”.

Comentó que en esta elección de 2021, las autoridades administrativas y jurisdiccionales llegan con nuevos retos y desafíos, uno de ellos las candidaturas indígenas, la erradicación de la violencia política en razón de género, el cumplimiento del principio de paridad, no sólo en el registro, sino en la integración del Congreso y los Cabildos, por mencionar algunas.

Una cosa que se perdió con esta modalidad de ceremonias virtuales es el “aplausómetro”, que permitía medir el grado de aceptación o indiferencia que provocan los discursos. Ahora el orador se limita a dar las gracias y apagar su micrófono.

Todo parece indicar que la costumbre de llevar “acarreados” para que aplaudan, también se acabó con la pandemia.

HASTA MAÑANA.

La red de corrupción funcionaba así: cuando Graco y/o Gayosso requería dinero con urgencia sólo tenía que telefonear a cualquiera de las dependencias y se generaba una factura a un prestanombres por un servicio simulado. Se hacían de inmediato las transferencias bancarias y ellos podían disponer de ese dinero a su antojo, mientras que los departamentos de administración de la institución “saqueada” se encargaba de hacer el papeleo para sustentar ese gasto.

Una de las dependencias que más utilizaron para esas operaciones ilícitas fue el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) donde el director era Fernando Pacheco GodÍnez (egresado de la Normal de Ayotzinapa, diputado local por un partido de izquierda y ex secretario de Finanzas del SNTE-Morelos) pero a quien le impusieron como directora de Administración a Yaneli Fontes Pérez, esposa de Javier Pérez Durón, sobrino de la primera esposa de Graco.

 Antes de finalizar el sexenio a Yaneli la ascendieron como titular del IEBEM y al profesor Pacheco le concedieron su pensión vitalicia.

Para justificar esas transferencias por cientos de miles de pesos, Yanely contaba con un grupo de empresas que ella manejaba a través de prestanombres desde que era directora de Administración. Ya como directora general del Instituto, puso al frente de la administración a su incondicional Katery Isamara Castillo Urióstegui, quien conocía a la perfección el manejo financiero de la institución.

Estos son algunos ejemplos:

El 20 de marzo del 2018, el IEBEM pagó vía transferencia bancaria 380 mil pesos por concepto de “Mantenimiento y cambio de la red hidráulica en las oficinas de la regional Yautepec” a la empresa Expo Arme Comercializadora S.A. de C.V.

El 11 de abril del mismo año, le hicieron dos transferencias más, una por 290 mil pesos por concepto de “Reparación de barda perimetral, demolición incluye reforzamiento de columnas en la Esc. Prim. Francisco Bocanegra de la Col. Altavista”, y otra por 336 mil 400 por “Reparación de barda perimetral de colindancia en 350 Mts. Incluye cadena de cerramiento repellado de ambas caras y reforzamiento de castillos de la Sec. Tec. 23 de la Col. Antonio Barona”.

De acuerdo a la auditoría externa que le practicaron al IEBEM, ninguna de las tres obras antes mencionadas se realizó, según pudieron constatar en visitas a las escuelas que aquí se mencionan.

Otra empresa, Construcciones del Valle de Apan S.A de C.V. cobró 696 mil pesos el 16 de febrero del 2018, por el servicio “Mantenimiento y conservación de las cisternas (recubrimiento con cemento) de las oficinas centrales del IEBEM”.

Con diferencia de minutos, ese mismo día recibieron otra transferencia por 290 mil pesos por “Impermeabilización, mantenimiento y conservación del exterior de las oficinas centrales del IEBEM”. Ninguno de los dos servicios se realizó, según constataron los auditores.

Como se puede observar, los conceptos por los que se pagaban eran lo suficientemente ambiguos para que no se notaran. Sólo quien tuviera un interés especial andaría metiéndose a las cisternas para ver si habían recibido mantenimiento, o si una barda que siempre había estado ahí, fue “reforzada”. 

Una factura pagada a la empresa Frazul Corp. S.A. de C.V. dice que fue por la “impresión de material informativo para padres de familia sobre el nuevo modelo educativo y su aportación a la sociedad”, sin dar mayores detalles.

La auditoría concluyó que no se efectuaron los procesos de licitación de ley para la selección de los proveedores de estos servicios requeridos por el Instituto, y que por su monto debieron haberse efectuado y en consecuencia las asignaciones de compra se hicieron mediante adjudicación directa.

No existe evidencia de la entrega-recepción de las obras, y tampoco se encontraron los expedientes técnicos de estas obras. Las fotografías que anexaron a las pólizas los de contabilidad como supuesta prueba del servicio que se pagó son falsas, toda vez, que fueron descargadas de diferentes páginas de internet.

Los presupuestos presentados por personal del Instituto son falsos, ya que no contienen las firmas de los funcionarios que intervinieron en la preparación de estos, además, el membrete de los presupuestos tiene domicilio diferente al de los contratos celebrados.

“En nuestra inspección ocular a los contratos de las empresas de las que aquí se mencionan, el domicilio fue el mismo, por lo que suponemos que se trata de un mismo proveedor con diferente razón social para pulverizar los montos de los servicios cobrados a fin de evitar realizar licitaciones para los mismos y los procedimientos de contratación por parte del departamento de adquisiciones del IEBEM”.

En varios casos, se descubrió que después de haber cobrado por el servicio que no se realizó, las empresas transfirieron casi las mismas cantidades a otras empresas que también aparecen como proveedoras del IEBEM.

En esta red de complicidades aparecen las empresas DPL Construcciones; Edificaciones y Desarrollo MURS S.A. de C.V.; Terracerías y Construcción AGM S.A. de C.V. y TROG Construcciones S.A. de C.V.

El monto de estas operaciones es de 11 millones 92 mil pesos, tan sólo de las facturas por obras y servicios que nunca se realizaron.

“Las múltiples deficiencias del control interno del IEBEM que se comentan en nuestros informes, son responsabilidad de los funcionarios que se desempeñaron durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018 y son los siguientes: Departamento de adquisiciones, Castillo Uriostegui Katery Isamara en 2017 y Loyo Nava Claudia en 2018; Departamento de servicios, Betanzos Delgado Fernando en 2017 y Villavicencio Carbajal Verónica en 2018; Departamento de tesorería y finanzas, Farías Victoria Fernanda y Vázquez Rodríguez Elsa en 2018; Departamento de contabilidad, Salgado Liberta Lucena en 2017 y Vargas Rodríguez Edimael en 2018; Unidad jurídica, Fuentes Benítez Oscar en 2017 y Morales Figueroa Juan Carlos en 2018”, dice el documento.

Todos, bajo la batuta de la abogada Yanely Fontes Pérez, quien primero fue directora de Administración y posteriormente directora general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Si no pisa la cárcel, pasará muchos años en diligencias administrativas y judiciales.

HASTA MAÑANA.

El pasado miércoles, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria solidaria de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, ex funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El ex rector Alejandro Vera Jiménez recibió sentencia en el mismo sentido hace algunos días.

Ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado 31 de agosto del 2020 en el Congreso Local durante la sesión que (aunque parezca imposible) había iniciado el 15 de julio. Bajo el pretexto de cumplir con “las declaratorias” que establece la ley de fiscalización, la diputada Erika García Zaragoza comenzó a soltar nombres a diestra y siniestra, de quienes aparentemente tienen cuentas pendientes con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

La vicepresidente de la Mesa Directiva en funciones, Xochiquetzal Sánchez, dijo: “Estamos en el punto relativo a las declaratorias. Se instruye a la secretaria dar lectura a las versiones sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las auditorías practicadas a las entidades y entes públicos”.  Y siguió manipulando su teléfono celular.

Enseguida, la diputada Erika García comenzó a leer: “Se remitió a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos del informe de resultados derivado de la auditoría especial a la revisión a la cuenta pública del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Fondemor) correspondiente al ejercicio presupuestal del uno de enero al 31 de diciembre de 2017 (cuando el director era Rodolfo Tapia López).

“Razón por la cual, en ejercicio de las atribuciones constitucionales de evaluación y legales de revisión conferidas, respectivamente, se procedió a realizar el estudio y análisis pormenorizado correspondiente a esos informes de conformidad con lo dispuesto con la ley de fiscalización… “.

Y remató: 

“De acuerdo con las cuentas del estado de situación financiera el total del pasivo debería reflejar una cantidad de 32 millones 259 mil 194 pesos y no únicamente dos millones 584 mil 218 pesos de pasivo no circulante, en tal virtud existe una inconsistencia en la formulación de los estados financieros por la cantidad de 29 millones 674 mil 976 pesos “.

Luego repitió exactamente el mismo formato para referirse a la auditoría ordinaria, concluyendo que “se podría incurrir en una responsabilidad por la eventual omisión de registro contable a una obligación por un pasivo a corto plazo por la cantidad de 29 millones 674 mil 976 pesos, cantidad que al reflejarse en la cuenta de pasivo circulante traerá consigo otras afectaciones no confiables ni transparentes para su modificación a la cuenta pública y por supuesto al informe de resultados, así también a la ESAF por la difiriencia (sic) sobre el total de las observaciones resarcitorias por un millón 931 mil 440 pesos, cantidad que no fue justificada de acuerdo con la opinión emitida del entonces auditor general, licenciado Vicente Loredo Méndez en cumplimiento a la normativa aplicable”.

El lenguaje es rebuscado, más bien exageradamente técnico, pero sin ser contador cualquier persona advierte que el director del IDEFOMM en 2017 está metido en aprietos.

Con el mismo método, la ESAF concluye que hay inconsistencias en la cuenta pública 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos , cuando el presidente era Jorge Arturo Olivares Brito.

Luego se va contra el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala, donde también advierte “falta de transparencia en sus estados ” por 286 mil pesos y da el nombre de la titular: Yuni Silva Sakamoto Quintero.

Enseguida, da cuenta de la revisión a la cuenta pública hasta mayo del 2012 del Tribunal Superior de Justicia (cuando era presidente Miguel Ángel Falcón Vega), y señala que “del dictamen del proceso de solventación al arrendamiento de Infraestructura tecnológica a internet móvil S. de CRL de CV por la cantidad de 4 millones 610 mil 673 pesos, situado (sic) que resulta improcedente ya que la empresa referida refleja como socio al ciudadano Miguel Ernesto Rivas Cuevas, servidor público del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ante la prohibición de celebrar contratos con aquellas personas con quienes el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, mencionando también que se prohíbe arrendar a los magistrados, jueces o cualquier otro servidor público”.

No dice más de esa irregularidad que se supone ocurrió ¡hace ocho años!

Y el “balconeo” continuó:

A la revisión de la cuenta pública del Fondemor 2018 le encontraron falta de justificación por 9 millones de pesos; al Poder Ejecutivo del 2018 le descubrieron “excedente presupuestal de egresos por la cantidad de dos mil 662 millones 64 mil pesos”; que el IDEFOMM en el 2018 presentó comprobantes de gastos que no reúnen los requisitos fiscales por más de tres millones de pesos.

 La diputada leyó el resultado del informe correspondiente a la cuenta pública del TSJ en el 2017 (Carmen Verónica Cuevas López), según el cual “tanto la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia como del auditor general en turno, podrían incurrir en posibles responsabilidades; la primera por la eventual omisión del excedente presupuestal de egresos por la cantidad de 25 millones 59 mil 25 pesos por haber excedido en el presupuesto y el segundo por la eventual omisión en las inconsistencias detectadas”.

También salieron mal financieramente hablando el municipio de Coatlán del Río en 2016 (César Augusto Franco Pérez) y el de Emiliano Zapata (Fernando Aguilar Palma) en 2016 por excedente presupuestal de 22 millones.

Al referirse a la cuenta pública 2015 del Poder Judicial dice que “la entonces magistrada presidenta del TSJ, maestra en Derecho Nadia Luz Lara Chávez podría incurrir en responsabilidades, especialmente por la eventual inconsistencia respecto al destino de gastos por la cantidad un millón 950 mil pesos”.

“En la observación 4 de carácter administrativo presentado en el acta de solventación por irregularidades en la adquisición de diez vehículos terrestres el auditor observa un control administrativo de resguardo del usuario correspondiente pero no determinó o evaluó la facturación comprobatoria en el aspecto confiable y financiero referente al gasto público del capítulo cinco mil de bienes muebles, inmuebles e intangibles, es por ello que de las observaciones detectadas por esta comisión el entonces auditor general de la entidad superior de auditoría y fiscalización del Congreso, José Vicente Loredo Méndez podría incurrir en una responsabilidad por la eventual omisión de los errores detectados en el informe de resultados de la cuenta pública del TSJ para el periodo de enero-diciembre de 2016”.

¿Por qué hacer público esto precisamente cuando la magistrada Nadia Lara está “sonando fuerte” para un cargo de elección popular o una diputación plurinominal? ¿Coincidencia o pago de facturas?

Resulta también sospechoso que en algunos casos no se menciona el nombre del servidor público responsable de la irregularidad, y en otros casos sí se dice nombres y apellidos (¿aquí no aplicará el derecho a la presunción de inocencia?) como en el caso de la alcaldesa de Puente de Ixtla en 2016, Dulce Medina Quintanilla, de quien se afirma que hizo las retenciones de impuestos sobre ISR, sueldos y salarios, por 480 mil pesos, pero que no enteró al SAT así como el exceso presupuestal por 62 millones de pesos.

Igual le fue a la alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo Maldonado, actual presidenta del IDEFOMM, a quien le hicieron observaciones del ejercicio 2016.

En todos los casos, los responsables de las auditorías hicieron notar que, al no haber procedido en los casos ya mencionados, “podría haber responsabilidad” del ex director de la ESAF, Vicente Loredo Méndez, considerado siempre protector de Graco Ramírez y sus alcaldes perredistas.

HASTA MAÑANA.

A dos años de distancia, las investigaciones de diversas dependencias de la actual administración comprueban que durante su sexenio, Graco Ramírez Garrido Abreu utilizó una forma de operar muy similar a la de Javier Duarte en Veracruz para apoderarse de los recursos del erario, sin embargo, la diferencia es que el veracruzano utilizó toda una red de empresas “fantasmas” en tanto que el tabasqueño que gobernó Morelos durante seis años utilizó a personas comunes y corrientes para “lavar” millones de pesos.

En los próximos días el gobierno de Cuauhtémoc Blanco presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso de los 380 mil uniformes gratuitos para alumnos de primaria de los cuales no se entregó ni el 10 por ciento, de los que se presume un desfalco superior a los 40 millones de pesos

Lo más indignante es que quizás resulte que las únicas penalmente responsables sean dos mujeres que fueron utilizadas para cobrar el dinero, mientras que los ex funcionarios del IEBEM, de la Secretaría de Desarrollo Social, y el propio Graco Ramírez hoy están disfrutando y riéndose de la “mini estafa maestra” que ellos operaron.

Le explico: de acuerdo a la documentación que obra en los archivos del IEBEM, y que fueron objeto de una “auditoría forense”, las únicas personas que recibieron dinero para la confección de uniformes y distribución de los mismos fueron Julia Domínguez Miranda y María del Carmen Alcantar de Luna, respectivamente.

La primera aparece como “secretaria C de la Secretaría de Desarrollo Económico, Social, Movilidad Urbana y Transporte del Ayuntamiento de Jiutepec” y vive en una casa muy modesta de la colonia Constitución de esa misma localidad.

El 23 de octubre del 2017 se le pagó una factura por un monto de un millón quinientos mil dos pesos por concepto de “Pago parcial correspondiente a la maquila de 380,000 piezas de uniformes escolares. Primer pago”.

El 1 de diciembre del 2017 recibió siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos; el 12 de febrero del 2018, un millón tres mil trescientos setenta y cinco pesos; el 25 de abril del 2018, un millón tres mil trescientos setenta y cinco pesos.

Extrañamente, el 25 de abril del 2018 la tesorería del IEBEM emitió cinco pagos el mismo día de un millón tres mil trescientos setenta y cinco pesos y el noveno pago fue el 28 de septiembre del 2018.

Al analizar las facturas se observa que se emitieron con número de folio consecutivo, lo cual indica que este proveedor no emitió facturas a otros clientes durante este periodo y que los números de facturas son del 1 al 10, “lo que hace suponer que podría tratarse de una empresa prestanombres”, concluye la Auditoría.

La otra proveedora, María del Carmen Alcantar de Luna (entrenadora de Tiro con Arco, según una nota en la sección deportiva de La Unión de Morelos) fue electa por la comisión de adquisiciones para dos contratos, el primero por novecientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y tres pesos por concepto de “Armado, Etiquetado y Almacenaje”, y otro por un millón sesenta y siete mil doscientos pesos por concepto de “Logística y Entrega de Uniformes Escolares a Nivel Primaria del Estado de Morelos”.

Si bien es cierto que su registro ante el SAT fue hace mucho tiempo, el domicilio fiscal dista mucho de lo que debe ser una empresa que factura esas cantidades de dinero, pues se ubica en una privada de la colonia Acapantzingo y el IMSS reportó que no tiene ningún trabajador dado de alta.

Y lo que es peor: no se entregó ni el 10 por ciento de las 380 mil prendas estipuladas en el contrato.

El resto del dinero se pagó a una empresa fabricante de telas (Mayar S.A. de C.V.) que parece tener todo en regla, salvo que por la cantidad de compra —25 millones de pesos—, debió licitarse y no aplicarse el método de invitación a tres proveedores.

“La Lic. Yanely Fontes Pérez quien se desempeñaba como Directora de Administración informó que previo estudio del mercado, se decidió mediante la minuta de trabajo de fecha 31 de julio de 2017, que sea el proveedor MAYAR DE MEXICO S.A. DE C.V., quien surta el material e insumos en la fabricación de los Uniformes Escolares”, fue lo que le informaron al despacho externo que se encargó de hacer la auditoría, mismo que dejó asentado que “no hay documentos que acrediten dónde se recibió el material adquirido a Mayar de México S.A. de C.V.”.

Como podrá advertirse, el asunto de los uniformes escolares gratuitos resultó una “estafa maestra” en chiquito, pues además de los 45 millones de pesos autorizados por la LIII Legislatura para los uniformes, hubo otra partida de 20 millones de pesos para la adquisición de máquinas de coser industriales cuya compra fue amparada con facturas impresas en papel, de esas que tiene años que se dejaron de usar.

Al final (como ocurrió en el megafraude que le imputan a Rosario Robles) nadie sabe y nadie supo dónde quedaron las máquinas de coser ni los uniformes. La última versión oficial del gobierno de Graco fue que las prendas no fueron entregadas “porque los niños ya habían crecido y no les iban a quedar”.

¿Qué pasará con estas dos mujeres que a todas luces fueron usadas para disponer del dinero? ¿La Fiscalía Anticorrupción les dará un “criterio de oportunidad” tipo Emilio Lozoya para que digan a quién le entregaron el dinero? Muy pronto lo sabremos.

No es el único caso en que personas comunes (casi siempre mujeres) aparecen como beneficiarios de millonarios pagos erogados por el gobierno de Graco Ramírez. El nombre de Gabriela Yadira González Trujillo aparece en infinidad de contratos por todo tipo de productos y siempre en adjudicación directa o invitación a tres proveedores, y si buscamos en el Google Maps el domicilio fiscal podremos darnos cuenta que se trata de una tiendita en una colonia del poblado de Tejalpa.

Todo eso nos demuestra —una vez más— que Graco Ramírez se dedicó a saquear al estado durante los seis años de su gobierno, pero fue muy cuidadoso de no cometer los mismos errores que su homólogo de Veracruz, Javier Duarte.

Por ello —lo dijimos y lo seguiremos diciendo— Graco no pisará la cárcel.

HSTA MAÑANA.

“Pepe Martínez ya se vendió al gobierno”, fue el comentario que escuchamos y vimos en redes sociales (ese espacio cibernético donde la gente opina lo primero que se le viene en mente, sin razonarlo) cuando anunció que se incorporaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No coincidimos pero guardamos silencio, a sabiendas de que tardaría muy poco su incursión en el servicio público, o más bien dicho, en la burocracia que todo lo pervierte.

Conocemos a José Martínez Cruz desde hace por lo menos 30 años, y nunca lo vimos ir y venir de la sociedad civil al gobierno sistemáticamente como sí lo han hecho muchos. Siempre estuvo del lado de los indefensos, primero en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y luego como fundador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Su forma de vida siempre ha sido congruente. Sus fuentes de ingresos son las que permiten la legalidad (aportaciones de fundaciones nacionales e internacionales, o el restaurancito que por algunos meses tuvieron en la calle Morrow).  Además, no dejó la CIDH para irse a trabajar a la FGR o a la Secretaría de Gobernación para que se pudiera decir que “volteó bandera”, sino que se fue a la instancia creada por el gobierno federal para defender los derechos humanos, con la diferencia de que aquí sí tendría sueldo del erario.

Las aguas regresaron a su nivel y el pasado fin de semana Martínez Cruz anunció su salida de la CNDH, pero antes le escribió una carta de despedida a la presidenta de la Comisión, misma que a continuación reproducimos:

Querida Rosario.

Así como inicie mis actividades en la CNDH por invitación tuya, hoy es el último día en que permanezco al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría, después de 8 meses de trabajo con integridad, con convicción de siempre hacer lo correcto, con el compromiso de lucha que únicamente proviene de la conciencia de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de hacer todo lo que está en nuestras manos para transformar la realidad, desde cualquier lugar donde nos encontremos.

Me voy profundamente agradecido contigo por la oportunidad que me diste de asumir una responsabilidad y de compartir la experiencia de estar al frente de los trabajos de cientos de personas que diariamente reciben, atienden, investigan y resuelven las quejas de miles de víctimas que acuden a la CNDH, en ocasiones, como la última instancia para obtener justicia, ser escuchadas y lograr que se respeten sus derechos humanos violados por autoridades a lo largo y ancho de éste país que se desangra y desgarra cotidianamente.

Como tú sabes, acepté tu invitación luego de reflexionarlo profundamente, ante los severos cuestionamientos que hicimos al papel que desempeñaba la CNDH durante años, sobre todo debido a la falta de una verdadera autonomía frente al poder, como lo establece la Constitución pero se pervierte por la orientación y conducción de sus titulares, como lo señaló claramente tu mamá, Rosario Ibarra de Piedra, y el Comité Eureka a lo largo de tres décadas.

Me entusiasmó la idea y la propuesta de transformar la CNDH en un verdadero órgano autónomo al servicio de las víctimas y de todas y todos los que sufren una violación de sus derechos humanos, combatiendo sin ambigüedad alguna a cualquier autoridad, del partido que sea, que cometiera abusos de poder.

Asumí esta responsabilidad que me ofreciste por la coincidencia de propósitos de lograr la justicia y la verdad por la que hemos luchado juntos desde los años 70s, cuando desaparecieron a tu hermano Jesús piedra Ibarra en abril de 1975, cuando en 1977 formamos parte del Frente Nacional Contra la Represión y en julio de 1978 cuando tu y yo fuimos con la Delegación del Comité 10 años de Lucha Revolucionaria al Onceno Congreso Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se realizó en La Habana, Cuba, cuando impulsamos y logramos en 1978 la ley de Amnistía que obtuvo la liberación de más de 1500 presos, perseguidos y exiliados políticos y la presentación con vida de más de 140 desaparecidos durante la época de la llamada Guerra Sucia que fue en realidad del terrorismo de Estado.

Esa amistad basada en principios de lucha y no de intereses mezquinos, nos ha unido durante más de cuatro décadas y no se romperá por diferencias reales o ficticias ocurridas en unos cuantos meses. Lo sabes bien tú y las entrañables Doñas del Comité Eureka donde está tu mamá Rosario Ibarra de Piedra y tus hermanos Carlos y Claudia Piedra Ibarra. Entiendo que cuando hay diferencias para llevar a cabo las tareas encomendadas por ti, te corresponde decidir mi permanencia o no dentro de la CNDH, razón por la cual hablé personalmente contigo y decidí presentar esta carta de renuncia, sin tener por qué aceptar indicaciones de otras personas que no tienen atribuciones dentro de la CNDH para decírmelo. Acostumbrados a analizar, reflexionar, compartir y debatir ideas y propuestas, como lo hicimos durante más de cuatro décadas contigo en el seno del movimiento, asumimos que ésa era la forma democrática adecuada para construir y fortalecer una CNDH autónoma, y no la decisión jerárquica y burocrática que tu misma dijiste que íbamos a combatir y que desafortunadamente se ha impuesto para tomar decisiones que afectan y laceran su función sustantiva de defender a las víctimas y no subordinarse a nadie.

Por esa confianza y cercanía es que expresamos siempre observaciones críticas a decisiones que trascendieron al ámbito público y pusieron en entredicho el alcance de los objetivos planteados. Decir la verdad entre personas queridas ayuda más que utilizar discursos para quedar bien y mantener un empleo. Este conflicto toca la fibra moral del organismo porque cualquier tipo de intervención ajena a un proyecto de autonomía y a favor de las víctimas y de la reparación del daño, representa una amenaza seria a su supervivencia a largo plazo. Durante éstos 8 meses de arduo trabajo e intensa actividad que se llevó a cabo por todo el personal de la CNDH aún en medio de la pandemia, no se dejó de trabajar un solo día sin atender de manera responsable todas las miles de quejas que llegaron, y que fueron resueltas durante el trámite de las gestiones, documentadas e investigadas con rigor y emitimos las Recomendaciones sobre violaciones graves cuando se llegó a utilizar este recurso establecido en las atribuciones legales que tiene la CNDH.

Me voy con la alegría de conocer y compartir tantas experiencias de lucha y vinculación con organizaciones defensoras de derechos humanos y de acompañar a víctimas y colectivos de familiares, de los 43 de Ayotzinapa y de miles de personas desaparecidas, de quienes defienden derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y quienes sufren el estigma por padecer VIH y siguen luchando contra la discriminación por su orientación sexual, entre muchos otros de los temas que nos tocó atender desde la primera Visitaduría de la CNDH que hoy te entrego, no como la recibí, sino fortalecida y con el compromiso de continuar y redoblar esfuerzos para acabar con la impunidad, la injusticia, la violencia feminicida y la violencia institucional, entre otros muchos abusos de poder que laceran la dignidad que está en la base de los derechos humanos.

Hemos realizado nuestro mejor esfuerzo. Que no quepa duda alguna. Cuando tocamos las fibras sensibles del corazón y ayudamos a reparar en algo los dolores de almas destrozadas, no hay motivo alguno para dejar este sitio con tristeza a otras personas que esperamos superen con creces lo hasta el día de hoy realizado, por el contrario, por la alegría hemos luchado, por la alegría para todas y todos seguiremos viviendo y amando.

Como lo sabes, querida Rosario, siempre luchamos porque las cosas sean mejores y así como deseamos que tengas salud, fortaleza y decisión para asumir plenamente tus tareas como presidenta de la CNDH, para lograr que verdaderamente esté al servicio de las víctimas y no sucumba frente a quienes la quieren conducir por caminos de sumisión al poder.

HASTA MAÑANA.

En nuestro diario trajinar en busca de información con valor periodístico suele suceder que buscando una cosa se descubra otra igual o más importante que lo que se indagaba originalmente. Así nos sucedió recientemente y tiene que ver con los archivos de la Dirección de Catastro del Municipio de Jiutepec.

Resulta que –por mera coincidencia- cayó en nuestras manos un documento firmado por el entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro (ese era su cargo), arquitecto José Antonio Albarrán Contreras, en el que dice lo siguiente:

“…cuando se llevó a cabo la entrega-recepción entre la administración saliente del Municipio de Jiutepec, Morelos, y la nueva administración, en fecha 14 de enero del año 2016, existió un faltante de 2,687 expedientes…”.

Sí, leyó usted bien. Son dos mil 687 archivos de igual número de predios que, así nada más, desaparecieron de las oficinas de Catastro del municipio de Jiutepec. Eso es gravísimo, pues se trata de los documentos que dan certeza jurídica a los propietarios.

¿Qué sucedió con esos documentos? ¿Desaparecieron o se los robaron? ¿a quién le convenía que desaparecieran? ¿Se los robaron “salteados” o pertenecen a una misma colonia? Fueron algunas de las interrogantes que nos surgieron y que nos llevaron a hacer una investigación al respecto.

Primero teníamos que confirmar si lo dicho por el funcionario de Jiutepec en abril de 2015 era cierto o sólo estaba tratando de evadir su responsabilidad en la contestación de una solicitud de información pública y en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

Y efectivamente, tuvimos a la vista el documento que ampara la entrega-recepción de la Dirección de Catastro, el 14 de enero de 2016, donde se asienta la falta de dos mil 687 expedientes.

Todo ello se deriva de la necesidad de un ciudadano de contar con una copia certificada del contrato privado de compraventa o cesión de derechos relacionado con el predio identificado con clave catastral 1400-04-286-043, para lo cual hizo una solicitud de información “habeas data”.

Ante la falta de respuesta, interpuso el recurso de inconformidad ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.

La respuesta al IMIPE consistió en proporcionarle copia del “ACTA DE SESIÓN del CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS”, llevada a cabo el 19 de abril de 2016 por el entonces Presidente Municipal C. José Manuel Agüero Tovar, junto con otros participantes, en la que se declaró inexistente el expediente catastral solicitado.

Dentro de los documentos que entregaron como prueba para demostrar la inexistencia del expediente mencionado, iba el acta de entrega-recepción donde se habla de los expedientes extraviados.

Obviamente que preguntamos quién estaba en la Dirección de Catastro cuando se supone fue el incidente y descubrimos que Asenet Albavera Ávila fue directora General de Predial y Catastro de 2009 a 2012 con Miguel Ángel Rabadán Calderón, y que fue ascendida a Contralora Municipal por Silvia Salazar Hernández y después se convirtió en su asesora.

Hoy aparece como suplente de la diputada local morenista Ariadna Barrera.

Es grave que desaparezca un expediente pero más todavía cuando esto ocurre todos los días en todos los municipios de la entidad, lo que se evitaría o por lo menos disminuiría si se contara con una Ley de Archivos que establezca los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad de todos los poderes (funciones del estado), así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, también de los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos.

La Ley General de Archivos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 y establece en su artículo Transitorio Cuarto, que hasta el mes de junio de 2020, el Congreso del Estado de Morelos, debió haber armonizado la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos a la norma General.

Es decir, que la armonización legislativa en materia de archivos es una más de las tareas que tiene pendientes la actual legislatura, que entre pandemia y falta de acuerdos este día podría reanudar la sesión que se quedó pendiente desde el pasado 15 de julio.

Con el caso aquí descrito de la solicitud del expediente catastral en Jiutepec, queda expuesta de forma práctica cómo en su momento la falta de iniciativas legales que aseguren la adopción e implementación de los preceptos constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, afectan al patrimonio de la ciudadanía, pues este es uno de los 2,687 casos del mismo tipo.

Asimismo, este caso denota la preocupante situación en materia de Rendición de Cuentas en nuestro estado, es decir, que el mismo Poder Legislativo local ha sido omiso en garantizar el buen funcionamiento de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, por la falta de designación legal, transparente, pero sobre todo con base en competencias e integridad de su titular.

De igual forma, vemos con tristeza que los Órganos Internos de Control no contribuyen al buen funcionamiento de los Ayuntamientos, pues obedecen a intereses personales o de grupo, dejando de lado el cumplir su responsabilidad.

Hoy buscaremos información en el Ayuntamiento de Jiutepec para ver si ya se hizo algo con esos 2 mil 687 expedientes “extraviados”; si ya se encontraron o si ya se presentó la denuncia penal correspondiente, pues a leguas se nota que hay hechos que pudieran constituir un delito, ya sea por acción u omisión.

Y seguramente usted, estimado lector, al igual que quien esto escribe, se hace la misma pregunta:

¿Y quién está en posesión del predio identificado con clave catastral 1400-04-286-043 de Jiutepec?

HASTA MAÑANA.

En cumplimiento a la Ley Reglamentaria del artículo sexto párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de Réplica, publicamos lo siguiente:

“Jesús Castillo, en su nota titulada “La Justicia tarda, pero llega”, se aparta de los hechos en torno al caso del magistrado José Francisco Nieto González.

Efectivamente el magistrado enfrenta un procedimiento disciplinario en el Consejo de la Judicatura Federal. A esta fecha ni siquiera le ha sido notificada la resolución en la que se le sanciona. Y en cualquier caso la misma podrá ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, Jesús Castillo aprovecha aquella circunstancia para presentar al magistrado Nieto González como alguien que permanentemente se ha comportado en forma inapropiada. Sin rigor periodístico, sin buscarlo para conocer y presentar su versión de los hechos, Castillo abusa de la referencia de supuestos dichos de terceras personas que nunca identifica.

Una amistad suya, testimonios en sus redes sociales, personas que le cuentan cosas, son las tres fuentes desconocidas que emplea para afirmar que el magistrado Nieto tiene fama de hostigador en el Poder Judicial de la Federación, que es de lo peor, que trabajar con él era un verdadero suplicio, que eran constantes las insinuaciones sexuales a las mujeres que laboraron en su equipo, que se ufanaba de estar protegido desde los más altos niveles de nuestra Suprema Corte, que hasta su jubilación perdió poder y pudieron aplicarle la ley , y que la sanción recibida es ínfima en contraste con el daño que hizo, pero ejemplar para quienes tratan a sus empleadas como si fueran trabajadoras domésticas (sic; parece despectivo el modo en el que Jesús Castillo se refiere al trabajo del hogar y que ignora que las personas que realizan esa labor tienen derechos humanos reconocidos que deben respetarse) y que pretenden saciar con ellas sus bajos instintos.

El magistrado José Francisco Nieto González es una persona de casi 64 años dedicados al servicio público. Según declaró a este medio, jamás hostigó sexual ni laboralmente a ninguna persona, pero sí fue exigente con las personas con las que trabajó, en aras de cumplir su encomienda.

Como respaldo de su carrera, el magistrado señaló que no hubiera podido alcanzar tanta antigüedad en el servicio público, ni ejercer la alta responsabilidad confiada por tanto tiempo, si su comportamiento coincidiera con el descrito por Jesús Castillo.

Comentó a este medio que cada año se podían practicar visitas de inspección y jamás se presentó queja alguna respecto de su trabajo o persona. Tan sólo en Morelos fueron 22 visitas anuales y ninguna reclamación.

Como cualquier persona, el magistrado Nieto González acepta que cometió errores. Declara: “Si durante mis años de servicio alguna persona subordinada pudo abusar de mi confianza en detrimento y afectación de más personas, es un descuido que deberé asumir. Mi puerta siempre permaneció abierta para todas las personas que solicitaron hablar conmigo, y de haberme enterado de alguna conducta irregular, le hubiera puesto remedio”.

En ese contexto, el magistrado Nieto ejerció su derecho de réplica ante este medio para que el público interesado pueda confrontar su versión con lo escrito por Jesús Castillo.

Finalmente, el magistrado reflexiona “los hechos de mi caso distan mucho de la forma en la que los ha presentado Jesús Castillo. Lo suficiente para presentar este escrito de réplica y reservarme el derecho de exigirle responsabilidades ulteriores por su proceder informativo”. 

Hasta ahí el derecho la carta del magistrado José Francisco Nieto González.

A continuación, el comunicado oficial emitido por el Consejo de la Judicatura Federal  que puede ser consultado en el link https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado31.pdf mismo que originó la columna a la que hace referencia el magistrado Nieto González:

“El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió inhabilitar por un año a un magistrado federal, quien actualmente se encuentra jubilado, así como a quien se desempeñaba como uno de sus secretarios en el Tribunal Unitario de Circuito del estado de Morelos.

“Lo anterior, derivado de actos graves de hostigamiento sexual y laboral, así como infracciones relacionadas con el profesionalismo con el que deben de conducirse los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“El CJF ha adoptado, y seremos firmes en ello, un compromiso de cero tolerancia ante la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones. Queremos ser muy claros: como PJF nos sentimos muy orgullosos y expresamos nuestro mayor reconocimiento a las y los juzgadores federales.

“La inmensa mayoría guarda no solo un respeto a la investidura sino también tiene un profundo compromiso con la justicia y la dignidad de la gente. Por ello, conductas como las de hostigamiento sexual y laboral, así como faltas al estándar de profesionalismo que hemos trazado, no serán toleradas por principio al servicio público de justicia que prestamos y por respeto al trabajo de los cientos de juzgadores y juzgadoras que día a día demuestran su responsabilidad con una sociedad más justa e igualitaria”.

Si bien es cierto que en el comunicado no se menciona los nombres de los servidores públicos sancionados, sí se informa que se trata del titular del Tribunal Unitario de Circuito en Morelos (jubilado), además de que en su carta aclaratoria el magistrado Nieto González admite que “efectivamente, enfrenta un procedimiento disciplinario en el Consejo de la Judicatura Federal”.

Estaremos atentos a la resolución final del procedimiento y buscaremos a la persona que interpuso dicha queja para que dé testimonio periodístico de los hechos que en su momento denunció.

HASTA EL LUNES

Érase una vez un muchacho con secundaria trunca dedicado al noble oficio de la herrería, cuya popularidad en su pueblo era tal que fue dos veces ayudante municipal, luego coordinador de ayudantes municipales hasta que, en su segundo intento y por circunstancias del destino, se convirtió en alcalde de su ciudad natal, Tlaltizapán de Zapata. Se llama Alfredo Domínguez Mandujano pero todos lo conocen como “Cuananis”.

En el 2015 se postuló por el Partido Encuentro Social pero perdió contra el priísta y ex diputado local David Salazar Guerrero. A partir de entonces se dedicó a reunir un equipo que le permitiera arribar a la presidencia municipal, además de que tenía muy buena relación con el entonces secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, quien había sido alcalde años antes.

Esa relación y la popularidad de la que gozaba “El Cuananis” hizo que obtuviera sin mayor dificultad la candidatura por la coalición “Juntos por Morelos”, conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSD).

Desde entonces, “Cuananis” contó con el apoyo y asesoría del matrimonio conformado por Nancy Gómez Flores y Germán Rodríguez Sánchez. Ella, nacida en Zacatepec, Morelos el 15 de noviembre de 1978, regidora por el PRD durante el período 2003-2006, licenciada en Administración con especialidad en recursos humanos y administradora durante muchos años del balneario ejidal Santa Isabel.

Él, con 16 años menos que ella y con estudios básicos de contabilidad. Decidieron unirse en matrimonio en 2017 y esa relación fue determinante para que Alfredo Domínguez ganara las elecciones de junio del 2018. En las reuniones de campaña, ella ponía las instalaciones del balneario y él se encargaba de emborrachar a los invitados.

Fue así como “El Cuananis” ganó con seis mil 463 votos contra cuatro mil 721 de Aristeo Rodríguez (PRI) su más cercano perseguidor. Según analizaron sus asesores, Alfredo Domínguez Mandujano pudo haber ganado desde la primera vez que se postuló, pero la gente no lo reconocía por su nombre de pila, de tal manera que cuando incluyeron en la boleta el apodo de “Cuananis”, la gente le dio el voto mayoritariamente. 

Finalmente, el 31 de diciembre de 2018 “El Cuananis” tomó protesta con una plaza cívica llena de ciudadanos de las distintas comunidades del municipio, personalidades de la política, familiares, amigos y el cabildo que lo acompañará en la administración 2019-2021.

“En su mensaje ya como presidente constitucional Alfredo Domínguez Mandujano dijo que su gobierno será apegado a los lineamientos que dictó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador basado en la austeridad, cero corrupción, cercano a la gente y al servicio de los que menos tienen”, publicó el portal “El Pulso en Morelos”.

Hasta ahí la historia de ese ejemplo de superación personal de un hombre que, carente de estudios académicos, pudo llegar hasta el máximo cargo a nivel municipal, pero lo que vino después es digno de un guión de una película de Luis Estrada, el de “La Ley de Herodes”.

Y es que, al igual que Juan Vargas (el personaje central de La Ley de Herodes), Alfredo Domínguez comenzó a gobernar con su muy peculiar estilo. Repartió los cargos entre sus amigos y compañeros de campaña sin importar si reunían los perfiles para ellos. Para empezar, nombró a Germán Rodríguez Sánchez como tesorero municipal.

Su principal error es que “Cuananis” lleva un año festejando su triunfo, y cuando decimos festejando nos referimos a verdaderas borracheras en los establecimientos de la región, con cuentas de muchos miles de pesos, y algunas veces en las propias instalaciones del Ayuntamiento.

A esas francachelas nunca faltan el tesorero German Rodríguez y el regidor priísta Cristian Gutiérrez, quien se ha convertido en su principal aliado en el Cabildo que le ha permitido absolutamente todo.  Esas celebraciones se han trasladado hasta el vecino país del norte, a donde los funcionarios antes mencionados han ido por lo menos dos veces en el último año, o ya de menos al puerto de Acapulco.

Su afición a las bebidas alcohólicas (y todo lo que venga después) pudieran no tener importancia si ellos cumplieran a cabalidad con sus responsabilidades como servidores públicos. Sin embargo, el problema es que “El Cuananis” está gobernando “como Dios le dio a entender”, sin cumplir la normatividad aplicable en cada uno de sus actos.

Para empezar, ha incumplido sistemáticamente con el envío de información a la Plataforma Nacional de Transparencia. En el apartado donde deberían estar las declaraciones patrimoniales de cada uno de los funcionarios de Tlaltizapán, hay tres hojas donde viene borrado hasta la cantidad que devengan quincenalmente. De toda la información que debería hacer pública (por ejemplo, la ficha personal de todos los servidores públicos con sus sueldos), no hay prácticamente nada.

Hoy, el herrero que por azares del destino llegó a ser presidente municipal, está preocupado. Y no tanto por haber aparecido en una “narcomanta” donde lo acusan de estar “pagando piso” al Carrete; tampoco por la Carpeta de Investigación FECC/2020-01 que se está integrando en la Fiscalía Anticorrupción, y mucho menos por el atentado que sufrió su subordinado Efraín Castrejón.

La preocupación que no lo deja dormir es que, la pareja que lo ayudó a llegar a la presidencia municipal -y que decide mucho de lo que se hace en ese Ayuntamiento- se agarró a golpes.

“El Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, Germán Rodríguez Sánchez fue acusado por la posible comisión del delito de violencia familiar, en agravio de su pareja sentimental. El pasado 22 de agosto, la víctima presentó querella en contra del hombre de 26 años a quien señaló de agredirla física, verbal y psicológicamente, dentro del domicilio que habitan en la colonia Otilio Montaño, de Tlaltizapán”, dice una nota publicada en el portal “24 Horas”.

Los días de su compañero de parrandas (y por lo tanto poseedor de toda la información comprometedora) como tesorero municipal están contados. Y no porque esté bajo proceso penal y tenga que ir a firmar cada mes a Atlacholoaya, sino porque la que sabe cómo administrar el municipio es Nancy Gómez, y ella no quiere volver a ver a Germán Rodríguez.

Así, un problema marital que se supone es parte de los “datos personales protegidos por la ley”, se convierte en información de interés público por las connotaciones antes descritas. Todo Tlaltizapán está atento al desenlace.

HASTA MAÑANA.

El lunes muy temprano el ex diputado local y federal por el PRI, Matías Nazario Morales, publicó en sus redes sociales una carta con la que presenta su renuncia al Partido Revolucionario Institucional aduciendo que había concluido su ciclo en ese instituto político y que buscaría “nuevos horizontes”.

Al mediodía el presidente del PRI en Morelos, Jonathan Márquez demostraría con documentos que desde hace dos años Matías Nazario ya no es miembro del PRI, pero eso en nada cambia el sentido de la presente columna.

Lo importante es demostrar que –una vez más- el oaxaqueño de nacimiento y morelense por adopción, aplicó la vieja máxima de no dar un paso sin huarache y no soltar un remo hasta que ya tenga bien afianzado el otro. 

Y es que para ese momento a Matías ya le habían pasado “el pitazo” de que su agrupación había aprobado prácticamente todas las etapas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Política (Impepac) lo que fue confirmado el mismo lunes en la tarde-noche.

En sesión extraordinaria virtual, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del IMPEPAC aprobaron la creación de ocho nuevos partidos políticos locales que estarán en las boletas de la elección de 2021 en Morelos.

Estos son: Movimiento Alternativa Social (MAS), Sumando Voluntades Podemos Construir (SVPC), Morelos Progresa (MP), Fuerza Morelos Joven (FMJ), Partido Bienestar Ciudadano (PBC), Más Más Apoyo Social A.C. (MMAS) y Renovación Política Morelense (RPM).

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) informó que estos nuevos partidos se repartirán la bolsa de prerrogativas que anteriormente solo se dispersaba entre 11, por lo que descartó que se vayan a solicitar más recursos para estas nuevas agrupaciones.

Se les concedió el registro ya que cumplieron con el número de asambleas, entrega de un padrón integrado por personas que no estuvieran vinculadas a otras organizaciones o partidos políticos, documentación en tiempo y en forma, así como informes administrativos-contables en orden, entre otros requisitos legales, según informó el IMPEPAC.

Fue en el mismo PRI donde se dio a conocer que la carta de intención que entregó MAS fue signada por Enrique Paredes Sotelo; Francisco León y Vélez, Ana Bertha Haro e Isaac Pimentel Rivas, respectivamente, ex alcaldes de Tetecala, Tetela del Volcán y Ciudad Ayala. Matías Nazario no aparece en los documentos pero todos afirman que él es “el dueño”.

Es evidente que Matías Nazario se dio cuenta que no tenía caso buscar una posición en un partido de los que ya existen, donde los escaños están muy peleados, cuando él puede tener su propio instituto político y disponer de diputaciones y regidurías a su antojo.

Pero no es el único que así lo piensa. Cada uno de los partidos políticos que están prácticamente aprobados (me dicen que sólo falta una sesión extraordinaria del Consejo del Impepac) tienen uno o varios nombres que son las “cabezas visibles”, pero detrás de ellos hay conocidos personajes de la política estatal.

¿Por qué no aparecen los verdaderos dueños en los documentos de las organizaciones que pretenden ser reconocidos como partidos políticos? Suponemos que es para mantener “dos velitas prendidas” y no descartar alguna posición en alguno de los institutos políticos viejos.

A continuación los nombres de los nuevos partidos políticos, luego los nombres de quienes aparecen como representantes legales en sus documentos presentados al Impepac, y luego el personaje que está atrás de ello, según versiones obtenidas por gente cercana a ellos.

Movimiento Alternativa Social (MAS) Enrique Paredes, Isaac Pimentel, Ana Bertha Haro Sánchez, pero que sería de Matías Nazario Morales; Sumando Voluntades Podemos Construir (SVP) Yuriana Lázaro Landa con el apoyo de Manuel Martínez Garrigós (aunque ella lo niega); Morelos Progresa (MP) Miguel Ángel López Arellano  y Rubén Morales Labariega pero que supuestamente es de Julio Espín, Enrique Lafitte y Hortencia Figueroa.

Fuerza Morelos Joven (FMJ) está representado por José Manuel García Cruz, Christopher Israel Torres Ocampo y Ecliserio Linares Angulo, sin embargo, se trataría de las bases de “las Mariselas” en combinación con grupos cristianos, sin que nos conste.

Partido Bienestar Ciudadano (PBC) aparecen como representantes Marco Gustavo Álvarez Vilchis y Omar Jorge Méndez Trujillo pero están siendo patrocinados por empresarios del estado de México, posiblemente de lo que queda del grupo Atlacomulco.

Por lo que respecta a Más Más Apoyo Social A.C. (MMAS) aparecen Salvador Gregorio Vázquez Galván y Tania Barragán Jiménez, en tanto que Renovación Política Morelense (RPM) está representado por Luis Alberto Estrada Ramos y Misael Uzziel Ocampo Torrescano, pero en alguno de los dos (la información es confusa todavía) está el tenebroso Diego Gómez Enriquez, ex secretario de Finanzas del PRI y hoy enfundado en la camiseta de Morena.

Finalmente, Futuro, Por un Morelos para Todos, donde aparece (y eso hay que reconocérselo) con todas sus letras Fidel Demédicis Hidalgo, quien tiene una larga trayectoria en la izquierda morelense, y que ahora aspira a tener su propio partido.

Así las cosas, la boleta electoral de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en junio del próximo año tendrá alrededor abundantes propuestas entre partidos políticos y candidatos independientes. Por eso dicen, a manera de broma, que la boleta no va a ser boleta, sino catálogo, y que habrá más candidatos que electores.

De confirmarse la información que hemos recabado entre los comentarios del Facebook y entre los opinólogos de cafetería, comprobaríamos que hay políticos que insisten en seguir viviendo de la ubre gubernamental y que son capaces de utilizar todas las marrullerías a su alcance para continuar en el poder.

HASTA MAÑANA.

El 24 de agosto del 2020 resultará inolvidable para alumnos, maestros y padres de familia de todo el país. Nunca olvidaremos el día que regresamos a clases sin regresar a la escuela, y que en lugar de llegar a un salón de clases dentro de un edificio, nuestro comienzo escolar fue prendiendo una computadora, encendiendo un programa de internet, y esperando a que del otro lado apareciera la imagen de una atribulada maestra que les daba la bienvenida.

Seguramente dentro de 20 años los que hoy son niños recordarán aquella ocasión en que sus papás prendieron la televisión y vieron al presidente de la República dar por iniciado el ciclo escolar 2020-2021 y luego ver pasar una escolta conformada por estudiantes con medio rostro cubierto, llevando la bandera nacional.

El primer día de clases –máxime cuando se ingresa al primer grado de primaria- es un día que para la mayoría de nosotros nos deja marcados para toda la vida. Algunos llegan con miedo a lo desconocido, pero otros lo toman con optimismo pues sus padres los convencen de que van a conocer nuevos amigos y experiencias que no habían tenido en el kínder.

Una mochila con su personaje de televisión favorito y unos zapatos nuevos puede ser un excelente incentivo para que el niño no haga berrinches en el primer día de clases.

Para el maestro también es un día lleno de emociones. Ver llegar a los niños con sus uniformes impecables, todos y todas con sus mejores peinados y sus zapatos bien lustrados. Cada año es un reto, pues generalmente los profesores no le dan siempre a un grado, sino que los van rolando de tal manera que un año pueden estar a cargo de un grupo de casi bebés, y al otro tienen que lidiar con pre-adolescentes de 12 años.

Para los padres el primer día de clases es una locura. Despertarse con el alba para asegurarse de que todos se levanten, se bañen, desayunen algo y no falte nada en su mochila. A pesar de todo el esfuerzo siempre hay algo que provoca que se te haga tarde y los que pagan las consecuencias son los automovilistas que están más adelante y que tienen que aguantar tus claxonazos.

La escena de la despedida entre una madre y su hijo en el primer día de clases es siempre tierna. Generalmente son los niños los que chillan o hacen pucheros, pero también hay casos en los que ellos están muy tranquilos y es la madre la que rompe en llanto.

Pues nada de eso hubo ayer. En el caso de quien esto escribe, la despedida con mi hija de secundaria fue en la entrada de su cuarto. Debidamente uniformada (de la cintura para arriba, claro) y peinada, se despidió con un “voy a clases” y cerró la puerta para estar a solas frente a su computadora.

Los estudiantes de secundaria son más conscientes, además de que ya tienen la práctica adquirida durante los últimos meses del ciclo escolar pasado. 

El problema es con los niños más pequeños a los que difícilmente puedes mantener atentos a una pantalla por más de 15 minutos. Imagino la impotencia de las maestras que ven en sus pantallas cómo los niños están atentos a todo, menos a su clase. No saben si el niño que está mirando fijamente la pantalla está poniendo atención a la clase o es que está viendo una película de caricaturas.

“Si es difícil tener quietos a 30 niños en un salón, ahora imagínate tenerlos de manera virtual, sin poder soltarles un grito para que pongan atención”, me confía una amiga educadora.

El primer día fue un desastre. Aunque la mayoría de maestros y padres de familia dominan medianamente las aplicaciones como “Zoom” y “Google Meet”, todavía hay tanto docentes como paterfamilias que nunca pudieron acceder a las clases, además de que la sobrecarga de usuarios provocó fallas a nivel mundial.

Los grupos de WhatsApp creados para coordinar las clases a distancia se vieron abarrotados de quejas y expresiones de desesperación de los usuarios por las fallas en esos programas informáticos.

Hasta aquí hemos narrado cómo fue el primer día de clases para los niños que tienen la fortuna de tener una laptop, una Tablet o un Smartphone, pero no olvidemos que en este país la desigualdad social es un gravísimo problema.

Hay niños que no tienen una computadora y mucho menos servicio de internet. Para ellos, el gobierno federal contrató los servicios de las principales cadenas de televisión abierta, y convirtió a actores en maestros y maestros en conductores de televisión.

Pero no fue nada fácil.

Los chats de internet de los grupos escolares sonaban toda la mañana, desde muy temprano. El común denominador en WhatsApp fueron dudas como: "alguien me puede orientar, no encuentro el canal", "maestra, ya me cansé de buscar en telecable, alguien me puede orientar", entre otros.  Ante el inicio del ciclo escolar, algunos padres de familia confundieron los canales y sintonizaban algunos que no correspondían al nivel educativo; sin embargo, minutos más tardes pudieron colocar a sus hijos frente a la televisión.

Con computadoras o con televisión, lo único que no cambia es que la principal responsabilidad para que los niños aprendan depende de sus padres, o más específicamente de sus madres, pues en este país todavía prevalece el modelo en el que los padres salen a trabajar y las madres se quedan a cuidar a los hijos.

Pero ¿qué sucede cuando ambos tienen la necesidad de trabajar? Ahí es cuando descubrimos que en la mayoría de los casos las escuelas estaban convertidas en “guarderías” para que los niños pudieran estar ocupados y cuidados mientras sus padres estaban encargándose de obtener el dinero necesario para subsistir.

Como ocurre en casi todos los ámbitos, ahí es donde se va a notar que “no todos estamos en el mismo barco”, y mientras que para algunas familias el regreso a clases fue hasta divertido, para otras es un verdadero martirio pues tienen que dejar a los niños “estudiando” solos en su casa (con todos los peligros que ello conlleva) o dejarlos encargados con algún familiar.

En el peor de los casos, muchos padres de familia prefirieron no inscribir a sus hijos a la escuela hasta que pase la pandemia, pues no tienen computadora, ni internet, ni siquiera energía eléctrica.

Por eso decimos que este inicio del ciclo escolar 2020-2021 nunca lo vamos a olvidar.

HASTA MAÑANA.

El otrora modesto profesor de primaria Felipe Castro Valdovinos ha iniciado de lleno su campaña para tratar de relevar en el puesto a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos, Gabriela Bañón Estrada, y lo está haciendo con todo el sello del ex gobernador Graco Ramírez Garrido y su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda. De hecho, su campaña es una copia de aquella que encabezó Gayosso en el 2018 que se caracterizó por el derroche de dinero y la compra de conciencias, pero que perdió estrepitosamente porque estaba basada en la corrupción.

Dinero sin límite para eventos en los mejores salones y jardines, equipo profesional para grabar videos, publicidad pagada en redes sociales y medios de comunicación, y sobre todo el acompañamiento de "líderes" en sus eventos, para hacer creer a las bases que Felipe "es el bueno para relevar a Gabriela Bañón".

Sin embargo, Castro Valdovinos representa todo lo malo del sindicalismo que se supone es lo que se pretende desterrar. Es parte de aquel sindicalismo gansteril que encabezó la maestra Elba Esther Gordillo y que se caracterizó por el dispendio en los "gastos de representación" con cargo a las cuotas de los maestros, lo que derivó en el encarcelamiento de la lideresa nacional aunque fue liberada por un acuerdo político con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados, el Salón Santa Lucía de Cuautla fue el escenario de un multitudinario evento que, para empezar, debió ser dispersado por la guardia nacional por ubicarse en uno de los municipios más afectados por la pandemia del Coronavirus, pero ¿qué creen? el responsable de la salud a nivel municipal, el alcalde Jesús Corona Damián, se encontraba entre los invitados especiales.

En ese evento Felipe Castro Valdovinos no solamente "se destapó" como aspirante a secretario general de la Sección XIX del SNTE, sino que "se le fue a la yugular" a la todavía dirigente de la organización magisterial, para tratar de forzar su salida que estatutariamente debió haberse dado desde el 20 de diciembre pasado, pero que ha extendido con argumentos como el proceso de renovación a nivel central y últimamente con el tema de la pandemia que -a ella sí- le vino "como anillo al dedo".

En su publicidad pagada, el aspirante justificó que la comilona en Cuautla fue un "evento sorpresa" que le organizaron los maestros de aquella región con motivo de su cumpleaños y destacó que se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias.

"Al hacer uso de la voz a petición de los presentes, el maestro Felipe Castro Valdovinos dijo que la Sección XIX del SNTE se ha corrompido y prostituido", dice la voz en off de un supuesto medio de comunicación de Facebook que se hace llamar "el reflector News", y que aparece con la leyenda "publicidad", es decir, que alguien pagó para que apareciera intermitentemente en todos los muros de esa red social.

Enseguida entra el "insert" y se escucha de viva voz a Felipe diciendo: "No podemos estar generando alversaciones (sic) en el estado y con una secretaria general omisa". El narrador prosigue y señala que los maestros de Morelos tienen inteligencia y capacidad para organizarse sin necesidad de que venga alguien de fuera a decir quién será el próximo secretario general del SNTE, como ha sucedido en los últimos 20 años que por dedazo se ha elegido al secretario general.

Luego menciona a "las personalidades" que estuvieron presentes en la celebración, comenzando por el senador Ángel García Yáñez, la magistrada Nadia Lara Chávez y su inseparable pareja Jorge Arturo Olivares Brito, la alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo; el presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, Adrián Cázarez; el de Amacuzac, Ramiro Iturbe Parra y Enrique Alonso Plascencia, al que anunciaron como presidente del IDEFOMM.

Presentes también el diputado Pepe Casas, el ex secretario del Trabajo en la anterior administración, Francisco Santillán Arredondo, y el presidente municipal en funciones de Cuautla, con varios de sus colaboradores.

Salvo Enrique Alonso, que fue perseguido durante los tres años de su gobierno municipal en Tlaquiltenango por no haber aceptado el Mando Único, todos los demás tuvieron, en diferentes momentos y por diferentes circunstancias, relación con el gobernador Graco Ramírez y el candidato a la sucesión, Rodrigo Gayosso.

Sin embargo, más que cualquier referencia, circulan todavía por ahí los videos donde Felipe Castro Valdovinos pide a los maestros votar por el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Gayosso Cepeda. Dicen que le pagaba 60 mil pesos mensuales por ese trabajo.

Pero sobre todo, muchos maestros pueden dar testimonio del notorio cambio de vida de aquel profesor oriundo de Apaxtla, Guerrero que trabajó varios años en la primaria "Juan N. Álvarez", de La Joya, y luego en la "15 de Mayo" de Tejalpa, pero que modificó radicalmente su modus vivendi a partir de que se integró al sindicato de maestros.

Habría que preguntarles a los meseros de los establecimientos de giros rojos de toda la avenida Cuauhnáhuac si es que lo recuerdan y qué referencias pueden dar de él. O los policías municipales que lo interceptaron en estado inconveniente pero nunca llegó a los separos porque siempre ha estado ligado al poder.

Resulta extraña la presencia del senador Ángel García Yáñez a la comilona de Cuautla en su calidad de miembro del Partido Nueva Alianza, pues cabe recordar que ese instituto político expulsó al cumpleañero debido a diversas conductas anómalas.

"Castro Valdovinos causó baja oficialmente de la lista de miembros de Nueva Alianza, a través de una resolución de la dirigencia nacional que estudió su caso, así como la serie de elementos administrativos y contables, de su paso como dirigente estatal, así como denuncias directas sobre sus chantajes a representantes populares para mantenernos en las “expectativas partidistas” para obtener una candidatura o mantenerse en una posición", dice una nota publicada por el periodista David Monroy el 17 de diciembre de 2017.

Felipe Castro Valdovinos llegó a la dirigencia estatal del Nueva Alianza en 2014, y fue destituido en junio pasado debido a los señalamientos de corrupción en su contra, los cuales, varios de ellos, se tradujeron en escándalos al interior de su partido: el desvío de los recursos del partido, que provocó la falta de pago de salarios a los trabajadores o del pago de servicios como agua, luz e internet, o el hurto de mobiliario y equipo de oficina como impresoras y computadoras.

Sin embargo, algunos de los casos más sonados fue el acuerdo que logró con la diputada local Edith Beltrán para nombrarla coordinadora parlamentaria a cambio de una cantidad de dinero que podría haber llegado a los 100 mil pesos, circunstancia que no fructificó debido a la intervención del comité nacional a favor de quien representaba a Nueva Alianza en el Congreso estatal: Francisco Santillán, también ex dirigente estatal y secretario del Trabajo durante el gobierno de Graco Ramírez, refiere la mencionada nota.

"Por ello, la investigación que Nueva Alianza realiza, se extenderá a las finanzas de la Normal Superior “Benito Juárez”, propiedad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya que el “crecimiento económico” de Castro Valdovinos puede venir desde que ocupó la secretaría de Finanzas de dicha institución educativa", terminaba diciendo la nota que puede ser vista en el link http://davidmonroydigital.com/2017/12/17/panal-expulsa-ex-dirigente-investigan-enriquecimiento/

Es evidente que nunca hubo investigación, o si la hubo no tuvo ninguna consecuencia, al grado de que el señalado como corrupto encabeza hoy las preferencias (o al menos eso es lo que él quiere que crean) para dirigir a los más de 20 mil maestros sindicalizados de Morelos.

HASTA MAÑANA.

Ya leímos la denuncia de Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual no tiene ningún mérito, pues la querella circula en internet como si fuera un documento público. Podríamos decir que es un excelente artículo periodístico (incluso viene dividido con subtítulos), que nos permitirá saber a detalle cómo funcionaba “la mafia del poder”, pero que —desgraciadamente—no redundará en encarcelamientos, por lo menos no de “peces gordos” sino de los últimos eslabones de ese mar de corrupción.

Hay párrafos que cualquiera diría que los escribió el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque involucra solamente a aquellos personajes que todos sabemos que no quiere: Carlos Salinas, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, incluso uno de su equipo, Miguel Barbosa, y hasta una periodista, Lourdes Mendoza.

Esto último es realmente digno de análisis: ¿por qué señalar específicamente a una mujer (e incluso ponerla como acusada) por haberle regalado una bolsa por muy cara que ésta sea? ¿Por qué Lourdes Mendoza y no Adela Micha?

También nos llama la atención que menciona al periódico El Financiero, a quien dice que el gobierno apoyó con un crédito para el que no reunía los requisitos. ¿Por qué el Financiero y no Reforma, Milenio o El Universal que todos sabemos que fueron mucho más beneficiados?

Le pido por favor leer lo siguiente:

“RECURSOS ADICIONALES PARA SOBORNAR AL PAN, DIFERENTES A LOS DE ODEBRECHT, PERO CON EL MISMO PROPÓSITO

En el marco de dicha reunión, Luis Videgaray Caso se alteró sensiblemente —ya había muchos compromisos con grupos empresariales extranjeros— y me reclamó respecto a por qué yo no había resuelto esa falta de recursos. Me exigió entonces que yo se los pidiera a otros contratistas de Pemex”.

¿Verdad que parece más un reportaje de Proceso o de Animal Político que una denuncia penal?

En otra parte de la denuncia, dice:

"Conforme a lo antes señalado, yo le pedí a Luis Weyll que apoyara la campaña y/o precampaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que para tales efectos Odebrecht aportara 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS)".

"Así mismo, le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara", se lee en el documento.

Lozoya agrega que hizo dicha petición a Luis Weyll puesto que el jefe de este, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Peña desde que fue gobernador del Estado de México.

"En el marco de esa conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso quien, aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza", agrega la denuncia que más bien pareciera un libro por la forma en que está redactado.

En México están ocurriendo cosas muy raras. Un día dice el presidente en su conferencia mañanera que estaría muy bien que el pueblo de México conociera el video donde se demuestra la corrupción, y a las pocas horas surge en una cuenta anónima de Youtube un video tipo René Bejarano.

Luego dice que estaría bien que se conocieran las declaraciones de Lozoya ante la Fiscalía General de la República y al rato el documento en PDF con el sello de recibido de la FGR rola en todas las redes sociales.

Y si bien es cierto que la querella no puede ser anulada en automático por haberse hecho pública, también lo es que habrá más consecuencias mediáticas, sociales y electorales, que jurídicas.

Ya lo estamos viendo: los señalados en ese documento ya comenzaron a deslindarse y hasta a amenazar a Lozoya con una demanda por daño moral. Y tienen razón, la ley les permite que exijan un pago cuando una afirmación les afecte en su imagen.

Ojalá nos equivoquemos, pero al final de cuentas esa querella quedará como un testimonio de cómo se puede saquear a un país impunemente, pues ninguno de los imputados los veremos tras las rejas. Quizás sí los empleadillos que se encargaron de entregar y recibir las maletas llenas de dinero.

Las acusaciones se irán diluyendo a medida que pase el tiempo, en amparos, revisión de amparo, y todo ese mar de recursos jurídicos que prevé nuestra ley, al que sólo tienen acceso quienes tienen dinero para pagar buenos abogados.

Pero el propósito de López Obrador se está cumpliendo. No hay nadie en la cárcel (más que Rosario Robles, por no haber acreditado su domicilio, no por la estafa maestra, que quede claro) pero los partidos de oposición están en la lona.

Sólo votarán por el PRI y el PAN aquellos ciudadanos que estén convencidos de que la corrupción es aceptable cuando “salpica”, y que más vale tener en el gobierno a corruptos que a pen… tontos.

La denuncia en comento pareciera ser la venganza de Lozoya contra Videgaray y otros funcionarios cercanos a Peña Nieto, aderezada con algunas recomendaciones del presidente de la República (“tienen que involucrar a CSG a como dé lugar, y de pasada también a Barbosa, por irrespetuoso”, pareciera haberles dicho), a sabiendas de que jurídicamente no tiene mucho valor, pero como tema de sus conferencias mañaneras es un verdadero banquete.

Nos da la impresión de que en su testimonio dejan muchos nombres fuera. No aparece para nada el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, quien fue uno de los más férreos defensores de la reforma energética. Ni modo que no haya pedido “una maletita” para gastos de representación en su cabildeo con gobernadores perredistas que gustosos aceptaron el proyecto priista.

O quizás esto apenas sea al comienzo.

HASTA EL LUNES. 

A invitación del titular de la Unidad de Gestión Universitaria de la UAEM, José Luis Rodríguez Martínez, participamos ayer en un novedosa conferencia virtual con el tema “periodismo y redes sociales” en la que analizamos fenómenos de la comunicación como la “posverdad” y el empoderamiento de la sociedad a través de las “malditas” o “benditas” redes, según la perspectiva de cada persona.

Primeramente hicimos un recuento de nuestros 30 años en el periodismo, que casualmente va a la par con el uso de las tecnologías de la comunicación. Es decir, comenzamos en 1989 cuando las computadoras estaban reservadas para las capturistas de los centros de cómputo de cada periódico (y nosotros teníamos que escribir en máquinas mecánicas), hasta hoy que los reporteros de la nueva generación no saben qué hacer cuando pierden su teléfono celular. 

Cuando dicen que los periodistas somos el cuarto poder yo les contesto que ya no, alguna vez lo fuimos, pero hoy el cuarto poder es la sociedad a través de las redes sociales, y creo que hay infinidad de ejemplos que lo demuestran. Humberto Eco decía que en internet todos somos iguales, y que todos podemos ser emisores de un mensaje, y eso te pone a la altura de un presidente o de un premio nobel, y tiene razón.

Seguramente recordarán aquel caso en Chiapas donde un niño que vendía dulces en la calle fue maltratado por un inspector de un Ayuntamiento, le tiró sus dulces y le dijo que no volviera a ejercer el comercio ambulante en ese lugar. Eso ocurre todos los días en todas las ciudades de este país, pero la gran diferencia es que en esta ocasión un turista lo grabó y lo subió a las redes sociales. La consecuencia fue que el empleado fue despedido y sancionado por el Ayuntamiento, y hasta el gobierno estatal le otorgó una beca para que el niño estudiara.

Ese fue un ejemplo de cómo las redes sociales sirvieron para castigar una injusticia y beneficiar a un niño, pero hay muchos otros casos en los que han servido para linchar a personas inocentes, incluso no solamente en sentido figurado (lo que se conoce como los scraches virtuales), sino físicamente. En varios casos, a través de Facebook y Whatsapp se ha azuzado a la muchedumbre a perseguir, detener y quitarle la vida a personas sin siquiera saber si era culpable o no.

¿Por qué compartimos información que no nos consta que sea cierta? Según estudios de diferentes instituciones, una motivación es la diversión o entretenimiento; otra es el resentimiento social (como ocurre todos los días entre seguidores y detractores de Andrés Manuel López Obrador), y la última motivación es el dinero.

Esto nos lleva a una palabra que es nueva pero que  ha sido muy utilizada en los últimos años, y se llama “posverdad”, que es cuando las emociones, las circunstancias y las creencias personales importan más que el hecho objetivo. Es decir, ves una supuesta noticia que desconoces si es verdadera, pero sientes satisfacción con el contenido y lo compartes y hasta le pones un comentario.

Y eso lo vimos en las pasadas elecciones para la presidencia de la República, cuando los partidos políticos contrataron empresas especializadas en viralización de mensajes para inundar las redes de noticias falsas, tanto en contra de López Obrador como de los otros candidatos.

De acuerdo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, las noticias falsas tienen 70 por ciento más posibilidades de ser replicadas que las noticias verdaderas. Han surgido organizaciones dedicadas a verificar la veracidad de las informaciones que aparecen en redes sociales, pero si ustedes comparan el número de compartidas verán que la nota donde se explica que dicha noticia es falsa, la replican solamente el 30 por ciento de quienes compartieron la noticia falsa.

Seguramente vieron la noticia de la golpiza que le propinaron los pasajeros de una combi a un joven que intentó asaltarlos. La golpiza fue real, pero seguramente vieron una supuesta noticia que también se hizo viral en la que decían que unos abogados iban a demandar a los pasajeros justicieros y les iban a pedir una reparación del daño por dos millones de pesos. La noticia no traía nombre del medio ni firma del reportero, estaba muy mal escrita, pero provocó que miles de personas se enardecieran e insultaran a las autoridades a través de esa red social.

¿Las redes sociales no vinieron a sustituir a los medios de comunicación?.

No. Las redes sociales empoderaron a la ciudadanía y obligaron a los medios tradicionales de comunicación a cubrir hechos que de otra manera no serían de su interés. Hoy en día todo medio de comunicación tiene a una persona exclusivamente para estar al pendiente de las tendencias en las redes sociales, y tiene la obligación de hacer nota de cualquier hecho, por estúpido que parezca, pero que se haya hecho viral.

 El que esto escribe sostiene que Facebook no es para hacer periodismo. Por eso van a encontrar en nuestro muro cosas chuscas o polémicas.  Es una excelente herramienta para hacer llegar información a aquellos sectores que tradicionalmente no les gusta leer periódicos.

La Pandemia del Coronavirus va a hacer que las campañas políticas con miras al próximo proceso electoral del 2021 sean mayormente en redes sociales con todas las ventajas y desventajas que ello significa. En Facebook, principalmente donde están prácticamente todos, desde la abuelita, el nieto, los sobrinos, todos tienen su cuenta de Facebook. Ventaja: que es muy barato. Desventaja: que ya va a decir cuando es publicidad y quién la está pagando.

Otra ventaja: que hasta la mascota tiene cuenta de Facebook. Desventaja: que a la mayoría de la gente le da por opinar aunque no tenga la menor idea de lo que se está hablando, así que esperemos que los aspirantes no se saquen de onda si postean una foto suya y la gente los empieza a insultar. En Facebook la gente no tiene miedo, sólo vean la sección de comentarios del noticiero de Ciro Gómez Leyva para que se den una idea de lo que se van a enfrentar.

Ocurre algo similar a lo que hemos visto cuando un candidato acude a un espectáculo masivo. ¿Cuándo han visto ustedes que la gente reciba bien a un político o candidato en un jaripeo, baile, función de lucha libre o partido de futbol? Los reciben a chiflidos y mentadas.

¿Entrará la aplicación de “Tik Tok” a la lista de herramientas tecnológicas usadas para hacer famosa a una persona con aspiraciones políticas? Esa es la gran pregunta que será contestada en unas cuantas semanas cuando comience la gran batalla cibernética y los “comunity managers” saquen a relucir sus mejores ideas.

HASTA MAÑANA.

Por increíble que parezca, hay gente que ha salido beneficiada con la pandemia que mantiene en confinamiento a millones de personas en el mundo y que sigue causando muertes en nuestro país y por supuesto Morelos. Y no hablamos de las funerarias ni de los vendedores de cubrebocas, sino de personajes que debieron haber dejado cargos de elección, pero que, ante la prohibición gubernamental de realizar eventos que implicaran aglomeraciones, decidieron continuar al frente.

El primer caso que se nos viene a la mente es el de Cristhian Iván Velazco Alcocer, quien debía dejar el cargo de presidente de la Barra de Abogados el 2 de junio pasado, pero antes de que se llegara esa fecha avisó a sus agremiados que, ante la imposibilidad de llevar a cabo las asambleas que establecen los estatutos, se quedaría en la presidencia hasta que existieran las condiciones para convocar a elecciones.

Y fue hasta el 1 de agosto cuando él vio las condiciones no solamente para llevar a cabo las elecciones dentro de la Barra, sino para reelegirse por otros dos años, aunque fuera con un grupo de 25 barristas que lo siguen y que se repartieron los cargos entre ellos. Pero esa es otra historia.

La que también fue beneficiada con el confinamiento y la suspensión de clases presenciales fue la dirigente de la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Gabriela Bañón, a quien la pandemia salvó de movilizaciones de maestros que ya piden que se vaya.

“El comité nacional será electo hasta dentro de 4 años, en el 2024, en estos momentos no, estatutariamente es legal y legítimo; por el momento a todos los que andan ansiosos a nivel nacional y local de que se cambie y se modifique el Comité Ejecutivo Nacional no será así, será hasta dentro de cuatro años”, declaró recientemente.

Otro caso se dio en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyos consejeros decidieron que, ante el riesgo de provocar un brote de coronavirus por andar llevando a cabo las asambleas distritales y municipales para elegir candidatos a diputados federales, locales, y regidores, por esta única ocasión dichos puestos serían repartidos entre ellos.

El “agandalle” anunciado no se ha consumado, pues el proceso de selección apenas está comenzando y ya un grupo de morenistas instaló un plantón frente a la sede del partido en protesta por lo que a leguas se nota que es un ejercicio abusivo de sus funciones por parte de la dirigencia que encabeza un señor de apellido Albarrán.

Pero existe una organización donde parece que quieren aplicar ese mismo método del “agandalle” y aprovechar la situación de emergencia para sacar provecho, y eso es en el Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales, que dirige todavía Denia Torres Rivera.

Entre los burócratas corre el rumor de que Denia Torres está maquinando la forma de perpetuarse en el cargo, o por lo menos alargar su periodo que concluye el 31 de enero del próximo año.

En marzo pasado publicamos en este mismo espacio que la actual mesa directiva pretendía llevar a cabo una asamblea que tenía como punto central la reforma de sus estatutos, misma que estaba programada para el tres de abril, pero no se llevó a cabo porque entró la prohibición de realizar actos masivos.

Nos filtraron el documento que pretendía presentar la dirigente como propuesta de reformas, y que en su artículo 13 contemplaba que  “los integrantes del Comité Ejecutivo podrán participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa, para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo entrante”, y en artículo 14 lo recalca al señalar que “el secretario general que haya desempeñado, cumplido o concluido el cargo encomendado, podrá participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo”.

Los nuevos estatutos que serían discutidos y votados contemplan “facultades especiales” para el secretario general, como es la posibilidad de “desistirse de todo tipo de querellas” a nombre del Sindicato, lo cual a todas luces abre la posibilidad de que se le perdonen los malos manejos a administraciones anteriores, como los del tristemente célebre Daniel Hernán López Rodríguez.

Las transas de don Daniel Hernán López Rodríguez están siendo documentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta de investigación FECC/031/2019-3, pero parece que él es uno de los que más se vieron beneficiados con la pandemia, pues el expediente se mantiene intacto en la Fiscalía que encabeza Jesús Salazar Núñez.

El ex dirigente sindical y también músico, ni suda ni se acongoja, pues goza de una jugosa jubilación que le concedió la anterior legislatura gracias a una “ayudadita” que le dieron desde la secretaría de Administración que encabezaba el hoy notario público Alberto Barona Lavín, aumentándole su sueldo de manera considerable para efectos de cotización con fines jubilatorios.

Está demostrado que el sindicato de burócratas es fábrica de nuevos ricos, y quizás por esa impunidad es que la actual lideresa, Denia Torres Rivera, pretende continuar en el cargo.

Quizás considere que puede convencer a los más de mil 600 agremiados de que hacer el proceso de renovación de la dirigencia los puede poner en peligro de contagiarse de Covid-19 y que es mejor esperarse unos meses o de una vez alargar el periodo de su permanencia en el cargo.

Sin embargo, se están viendo casos en los que agrupaciones con muchos más miembros que el sindicato de burócratas de Morelos han realizado sus procesos de renovación de las dirigencias en plena contingencia. El ejemplo más claro fue el del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde el pasado 10 de julio reeligieron a Martín Esparza para otro periodo que concluye el 2025.

Otro caso lo vimos el pasado sábado, cuando el Partido del Trabajo (PT) llevó a cabo su convención estatal en un salón del Hotel Holliday In de la avenida Díaz Ordaz. Fueron más de 500 los asistentes que tuvieron que formarse para entrar guardando metro y medio entre uno y otro, además de que fueron sanitizados al entrar, se les tomó la temperatura y se les dotó de un cubrebocas para quienes no llevaban.

Lo anterior demuestra que cuando se quiere ser legal, se puede; pero cuando alguien quiere mantenerse en el cargo con aviesas intenciones, la pandemia es el pretexto perfecto.

HASTA MAÑANA.

El ex secretario de turismo y ex diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, lleva un año escondiéndose de la ley, recurriendo a argucias legales y viéndose beneficiado por la red de protección que tejió durante muchos años, y hasta por la pandemia que paralizó la impartición de justicia.

Pero no hay plazo que no se cumpla, y el 23 de septiembre próximo al mediodía, Álvarez Cisneros deberá comparecer ante la juez Nancy Aguilar Tovar, la misma que lo ha venido favoreciendo hasta el extremo de lo absurdo: suspender una audiencia por falta de sala. 

El ex diputado y patriarca moral del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos ha recurrido a todo tipo de marrullerías para evadir la acción de la justicia que lo busca como probable responsable de haber contratado a Manuel Mijares y Emmanuel a un precio muy por encima del real para un concierto en la Arena Teques el 17 de mayo del 2014.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no ha cejado en su pretensión de tenerlo tras las rejas, para lo cual ha echado mano de recursos legales poco comunes.

Por ejemplo, ¿había sabido usted de una orden de aprehensión para notificarle de que hay una acusación en su contra?

Pues así lo hizo el fiscal anticorrupción Rodolfo Nuñez Urquiza, quien se aventó la puntada de solicitar a un juez que le concediera una orden de aprehensión en contra de Jaime Álvarez Cisneros para poder notificarle que hay una acusación en su contra interpuesta por el gobierno del estado a través de la consejería jurídica.

La solicitud recayó en la juez Nancy Aguilar Tovar, quien negó rotundamente la petición que a simple vista se nota que es absurda. Eso ocurrió el 20 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el recurso de apelación, mismo que fue desahogado en audiencia de fecha 29 de octubre del 2019 en la Sala dos de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.

En dicha audiencia, los magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, resolvieron por unanimidad ratificar la decisión de la jueza, negando la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Turismo.

Por si las dudas, Jaime Álvarez tramitó un amparo ante la Justicia federal, mismo que fue negado simplemente porque ninguna autoridad admitió haber librado orden en su contra.

Por fin pudieron hacerle la notificación para que compareciera ante un juzgado penal el 19 de febrero de este año. Propios y extraños se quedaron con la boca abierta cuando la jueza Nancy Aguilar Tovar salió al pasillo a gritar que se suspendía la audiencia programada para ese día a esa hora “porque no hay sala disponible”. Nunca se había visto algo así.

El dos de marzo, en audiencia ante la misma jueza, la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba para sustentar la acusación contra el exsecretario de Turismo, quien presuntamente aprobó el pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas.

“Hoy 2 de marzo, en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se realizó la audiencia de imputación relacionada con la causa JC/1207/2019, en la que se estableció que la contratación de las empresas para el espectáculo, se realizó sin licitación y se pagó mucho más que en otros estados, como Puebla, donde los cantantes cobraron dos millones 400 mil pesos”, informó la Fiscalía Anticorrupción mediante un boletín.

También mencionó que, de acuerdo con el testimonio del representante de los cantantes, el costo por concierto incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Ante la solicitud del agente del Ministerio Público, se fijaron como medidas cautelares que el imputado no puede salir del país y tampoco puede acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto la jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La audiencia fue pospuesta para el 29 de abril, pero entonces vino la suspensión de labores por la pandemia del coronavirus, y Jaime Álvarez pudo pasar la cuarentena en alguna de sus ocho casas (al menos esa fue una de las dificultades que tuvieron los actuarios para poder notificarlo).

El pasado 5 de agosto, la jueza consideró que, en virtud de que el Tribunal Superior de Justicia ordenó la reanudación de plazos y términos procesales a partir del 17 de agosto del 2020, se señalan las doce horas del día 23 de septiembre del 2020 para que tenga verificativo la formulación de imputación.

“…debiéndole hacer del conocimiento al imputado de mérito, que queda subsistente del apercibimiento decretado en audiencia de fecha ocho de marzo de dos mil veinte, en el sentido que en caso de no comparecer sin causa justificada, será declarado sustraído de la acción de la justicia y previa petición de la Fiscalía se girará orden de aprehensión en su contra”.

Es decir, no tiene escapatoria. Y en una de esas, le aplican la de “Rosario Robles” y no lo dejan salir.

Y es que en seis meses las cosas han cambiado mucho en el Poder Judicial de Morelos. La magistrada que cuidaba los intereses del grupo graquista, Carmen Cuevas, ya no es presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Es más, ya ni es magistrada.

En su lugar está Rubén Jasso Díaz, quien ocupa la presidencia pero está como “condicionado” por sus compañeros magistrados para ver si lo dejan o no en el cargo.

Y la polémica jueza Nancy Aguilar Tovar es una de las integrantes del Poder Judicial que creen tener los merecimientos para ocupar una de las magistraturas que quedaron vacantes luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diluyó aquel regalo que les dio el gobernador Graco Ramírez a los integrantes del pleno.

Una resolución mal fundada podría echar por tierra sus aspiraciones, sobre todo cuando la decisión final está en manos de otro poder, el legislativo. O sea que esa audiencia, programada para el 23 de septiembre, será un acto eminentemente jurídico, pero con muchas connotaciones políticas.

HASTA MAÑANA.

Por mera coincidencia nos tocó presenciar la asamblea estatal del Partido del Trabajo el pasado sábado en el Hotel Holliday In de Cuernavaca. Fue una enriquecedora experiencia sobre qué pasa cuando a un partido venido de abajo se le inyectan recursos financieros y entonces se convierten en todo lo que criticaron.

“El Partido del Trabajo es democrático, popular, independiente y antiimperialista”, dice en su presentación en su página oficial de internet, pero el sábado se pudieron ver detalles bastante sui géneris. Fue un evento en el que se mezcló lo “chairo” con lo “fifí”, en el que el lujoso estacionamiento del hotel con nombre en inglés, se llenó de combis del transporte colectivo y camionetas último modelo.

Fue muy parecido a los eventos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que durante años se hacían en plazas públicas con gente de huaraches, pero que ya las últimas veces (con Graco Ramírez Garrido en la gubernatura), los asistentes eran “güeritos”con chalecos Tommy Hilfiger.

Fueron más de 500 personas las que asistieron al evento —eso sí, con las más rigurosas medidas sanitarias— en el que quedó definido el plan de trabajo de ese partido para los próximos años.

En la entrada, “haciendo talacha”, el que fuera brazo derecho del gobernador panista Marco Adame Castillo, Javier López Sánchez, hoy con la camiseta de un partido que ideológicamente es contrario al que militó toda su vida. Pero de algo hay que vivir, eso que ni qué.

Entre los asistentes había de todo. Desde gente que cree verdaderamente en la Línea de Masas (que consiste en apoyarse en la movilización de los grupos sociales más humildes, para conseguir la transformación del país, dicen los documentos básicos del partido), hasta personas que ya llevan como tres camisetas de diferentes partidos en su haber y van por la cuarta.

Presente, la activista y abogada María Ampudia (quien nos invitó a dialogar previo al evento y por ella nos quedamos un rato más), nacida en Cocoyoc en una familia adinerada, considerada ya candidata a una diputación federal.

También, Raúl Tadeo Nava, saqueador del municipio de Cuautla; recordado por sus escándalos en los viajes a Estados Unidos; alcalde por el PRD, rechazado por Morena, hoy aspirante a legislador federal por el PT… o por el que se pueda.

Asimismo, Félix Sánchez Espinoza, alcalde de Axochiapan, quien llegó a bordo de un vehículo oficial del Ayuntamiento a un evento evidentemente partidista.

Fiel a su costumbre de llegar tarde o no llegar, la dirigente y diputada Tania Valentina Rodríguez hizo su arribo casi una hora más tarde de lo programado, pero primero atendió a los medios de comunicación que ansiosos esperaban su declaración.

Ya en la tribuna dio un discurso muy bien elaborado, prácticamente destapándose como candidata a la gubernatura para el 2024.

“…los más de 55 mil afiliados al Partido del Trabajo, estamos llamados a llevar nuestros ideales a los gobiernos municipales y estatal, y a encarnarlos en mujeres y hombres libres y comprometidos, que sean capaces de trasformar nuestra realidad desde las presidencias municipales, desde el Congreso y desde luego, desde la gubernatura de la entidad, a la cual aspiramos a gobernar a partir del año 2024”, dijo ante los aplausos de los presentes.

“Hoy nos levantamos, de manera pacífica pero enérgica, para desmontar los pilares de la corrupción, de los privilegios de unos pocos en detrimento de enormes masas de ciudadanos que a veces no tienen nada para la alimentación de sus hijos, ni para su educación, ni para los elementos más sencillos de la salud", concluyó la Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz.

Al verla llegar en su vehículo de lujo, rodeada de ayudantes, con el cabello teñido, ropa de marca, muy diferente a aquella mujer de cabello negro y trenzas que conocimos hace años, no pudimos evitar compararla con Rosario Robles.

Y es que los periodistas Andro Aguilar y José Ignacio de Alba escribieron el año pasado un estupendo reportaje titulado “Rosario Robles, la maoísta del BMW” (https://piedepagina.mx/rosario-robles-la-maoista-del-bmw/?fbclid=IwAR09Dnh5UEiwFIYXw43XWDfkZqIlrEalzDZv6kvbBjPvPt6vDcEGZ1WOQXA) en la que recorren las diferentes etapas de su vida a Rosario Robles.

Aquí un fragmento:

Asistida por uno de sus seis abogados, Rosario Robles Berlanga desciende de su BMW que conduce el litigante Julio Hernández Barros. Atrás, otra camioneta tipo Suburban los escolta. Es el 8 de agosto de 2019, fecha de la primera audiencia en el Reclusorio Sur para enfrentar las acusaciones de ejercicio indebido del servicio público.

Robles porta un elegante vestido blanco con olanes, el mismo que vistió en octubre en su comparecencia como secretaria de Desarrollo Territorial ante la Cámara de Diputados. Y calza unos zapatos que cuestan más de 13 mil pesos, de acuerdo con versiones periodísticas.

La imagen es muy distinta de otra, ocurrida casi medio siglo antes: el 17 de enero de 1974, cuando una Rosario Robles de 17 años, rodeada de otros estudiantes, trabajadores y académicos reclama en la explanada del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan por el despido de un empleado de su escuela. Y otras imágenes de ese mismo año, como la del 14 de junio, cuando junto con su hermano Francisco encabezó el cierre de la Facultad de Economía de la UNAM; para exigir la destitución de la directora.

El espionaje que la Dirección Federal de Seguridad le hizo de 1974 a 1979 como documenta El Universal describe a la joven Rosario como acompañante de una huelga laboral en Guerrero, defensora de planes de estudio de corte marxista, opositora a la rectoría de Guillermo Soberón o al frente de contingentes en marchas para conmemorar la matanza del 68 y el Halconazo.

La Rosario de ahora, a sus 63 años, en nada se parece a la activista universitaria que, con una base ideológica maoísta, quería cambiar este país.

HASTA MAÑANA.

La noticia cayó como balde de agua fría en el sector sindical del estado de Morelos, donde algunos ya se veían como representantes de la organización más poderosa del país y que cuenta “con la bendición” del presidente de la República.

“El Ejército mexicano, en colaboración con autoridades de la Ciudad de México, detuvo al líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM) conocida también como Sindicato Libertad, Hugo Bello Valenzo”, informaron los diarios nacionales la tarde-noche del miércoles.

Horas antes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó sus cuentas porque detectaron presuntas operaciones irregulares a seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas a él y a la CLTM.

La UIF dio a conocer que el líder sindical usó al sistema financiero para dispersar recursos por mil 252 millones de pesos obtenidos por sus actividades criminales, mediante prestanombres, su esposa, dos de sus hijos y otras personas.

También lo señaló por haber hecho retiros en efectivo por 844 millones de pesos. Usó ese dinero para comprar diez bienes inmuebles por 44 millones de pesos, así como ocho vehículos por 15 millones.

Hugo Bello (homónimo de un reconocido abogado en el estado de Morelos) estuvo en Morelos a mediados del año pasado y sostuvo reuniones con diversos personajes de la política, el sindicalismo y la comunicación de esta entidad.

Estaba que no cabía de felicidad y su futuro era más que promisorio. Se presentó como “el líder sindical más cercano a Andrés Manuel López Obrador”, tras haberle generado más de un millón de votos en las pasadas elecciones.

Su orgullo era haber empezado desde abajo. “No me da vergüenza decir que fui vendedor de periódicos, carpintero, albañil, de todo. Tenía 17 años cuando llegué a la ciudad de México porque yo nací y me crie en un pueblito de Mochitlán, Guerrero”, decía mientras sostenía un puro entre sus dedos con abundantes anillos y su reloj Rolex brillaba como si tuviera luz propia.

Y fueron muchos los que le creyeron. Uno de ellos el joven abogado laboralista Luis Manuel Rodríguez Bernabé, quien aceptó el cargo de dirigente en Morelos de la Federación de Sindicatos Libertad.

Otro fue Rassiel Castrejón, (hermano de Roberto, asesinado junto con Jesús García, en mayo del año pasado, en pleno zócalo de Cuernavaca) quien de inmediato ofreció la adhesión de los Sindicatos Unidos Nueva Generación (SUNG), con más de trescientos trabajadores afiliados.

“La Confederación Libertad de Trabajadores de México cuenta con más de 2 millones de agremiados, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de estatales, en 20 estados del país, incluido Morelos en el que ya se han afiliado a sus filas trabajadores provenientes de varios sectores e industrias entre los que destacan actividades comerciales, de la construcción, transporte de agua en pipas, taxistas, transportistas de carga además de comerciantes ambulantes y semifijos de todos los municipios de la entidad”, presumía una nota publicada en la edición digital de “El Txoro Matutino”.

Pero esa era solamente una cara del Sindicato Libertad. Detrás de esa benefactora agrupación sindical hay una estructura que opera muy parecido a la delincuencia organizada.

“Las acciones violentas de Hugo Bello a través de sus grupos de choque, como lo ha hecho recientemente en la Ciudad de México y antes también en Oaxaca, podrían ahora ser inclusive contra sus propios integrantes para acrecentar el conflicto. Los bloqueos ubicados en los accesos de la capital de esa entidad sureña, como son Hacienda Blanca, el crucero al Aeropuerto, la avenida Símbolos Patrios y sobre la carretera 190 a la altura de Huajuapan de León, se mantienen desde la mañana de hoy. Por ello, la PGR continúa las investigaciones que permitan su inmediata presentación ante las autoridades competentes, luego de que sus sicarios han sido detectados en esta entidad”, publicó el Portal Ciudadanía-express.com

“De los excesos recientemente conocidos a estos dos delincuentes amparados en los gremios sindicales se sabe que en lo que va del año, llegaron a adquirir hasta 4 vehículos blindados de reciente modelo, con un valor superior a los 3 mdp cada uno, los cuales eran desechados al día siguiente de quedar inhabilitados después de una buena borrachera en las que desde luego el alcohol, las drogas y los sexoservidores, para todos los gustos, era lo que imperaba”, reportó SDP Noticias.

Además de Oaxaca, Bello Valenzo operó en Puebla, donde desarrolló proyectos de la industria militar, y trabajos carreteros en Esperanza, El Seco y la central fotovoltaica de Iberdrola.

Se le atribuye la comisión de un homicidio, aunque no se menciona cuál, pero podría tratarse del asesinato del exalcalde de Valle de Chalco Solidaridad, Francisco Tenorio Contreras, quien murió el 2 de noviembre de 2019, tras cinco días de permanecer hospitalizado por disparos en la cabeza realizados en su contra el 29 de octubre de ese año.

Posteriormente, el 25 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aprehendieron a dos muchachos de 16 y 18 años que habían sido levantados, torturados, baleados y abandonados en las calles de la alcaldía Tláhuac. Uno de ellos, mal herido, confesó ser el autor material del exalcalde.

Es decir, hay una perversa relación entre los cárteles de la droga y las organizaciones sindicales. Ambos tienen sicarios que extorsionan, amenazan y asesinan, y el producto de esos delitos es “lavado” de una forma muy parecida.

Queremos pensar que de ello fue informado el presidente de la República y decidió mandar un mensaje de que no va a proteger a delincuentes, por lo que le ordenó a Santiago Nieto Castillo que les congelara las cuentas y después la Fiscalía General de la República se encargó de detenerlo.

Pero no hay que cantar victoria con la detención de este presunto delincuentazo. Falta ver qué trato le dan las autoridades, si ponen al aparato de justicia en “modo Emilio Lozoya”, o en “modo Rosario Robles”, porque ya vimos que en este país la aplicación de la ley no es la misma para todos.

HASTA EL LUNES.

El pasado 4 de agosto hizo su reaparición en público el ex titular de la Comisión Estatal del Agua durante el sexenio de Graco Ramírez. En su calidad de presidente de un Club de Rotarios, y como representante de la Comisión Nacional Hídrica (CNH) en Morelos, Juan Carlos Valencia Vargas, advirtió de un colapso total del sistema de agua potable en la capital morelense.

Es innegable su preparación académica y experiencia en el rubro hidráulico. Ingeniero industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y maestro en ingeniería, con honores, por la UNAM, donde actualmente es profesor de Maestría.  Durante 16 años trabajó para la Comisión Nacional del Agua, donde su última posición fue la de director general del Organismo de Cuenca Balsas. Durante todo el sexenio de Graco Ramírez fue secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

Como muchos funcionarios en este país, Juan Carlos Valencia Vargas lleva una trayectoria paralela como empresario y es muy cuidadoso de no incurrir en conflicto de intereses.

Es tan escrupuloso en sus manejos, que cuando el gobierno de Cuauhtémoc Blanco comenzó a insinuar que había irregularidades en prácticamente todas las dependencias de la administración de Graco Ramírez, a través de sus abogados Valencia Vargas hizo algo sin precedentes hasta este momento:

“El exsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua en Morelos, Juan Carlos Valencia Vargas presentó una queja ante una jueza de control, del Primer Distrito Judicial, a fin de que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) le informara sobre las investigaciones que pudieran existir en su contra”, se publicó en un medio de comunicación especializado en juicios orales.

En la audiencia pública, celebrada el 18 de junio del 2018 en la Sala 4 del Juzgado de Atlacholoaya, el exservidor público, a través de su abogada defensora, solicitó también la reserva de sus datos personales y que no se informe a la opinión pública sobre el cargo que él ostentó con el gobierno de Graco Ramírez.

Es decir, le pidió a la autoridad que le dijera si tienen algo en su contra, y si no que no lo molesten.

Ya con esa tácita exoneración, Juan Carlos Valencia Vargas puede ostentarse públicamente como director general de la empresa Aquator, tanto en su cuenta de Twitter como en la red social Linkedin.

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la empresa “Consultoría y Desarrollo de Infraestructura Aquator S.A. de C.V.” se constituyó el 10 de agosto del 2010 por Héctor Javier Ibarrola Reyes y Maricruz Botello Amaro, quedando el primero como administrador único. Además se otorgaron nombramientos a Sandra Janete Delgado Valverde como gerente general de la sociedad y Marcos Hernández Rivera, como comisario.

En mayo de 2014 renuncia Ibarrola Reyes a la administración única y se designa en su lugar a José Ventura Lima Montaño, quien a su vez renuncia en mayo de 2017 y en su lugar queda Moisés Oswaldo Domínguez Álvarez. En esa misma asamblea, la señora Maricruz Botello Amaro manifiesta su deseo de vender sus acciones de la empresa y se las compra Héctor Javier Ibarrola Reyes.

Finalmente, el 18 de septiembre del 2018 deja la administración Domínguez Álvarez y queda en su lugar Gilberto Guatzozon Absalón (quien a su vez tiene otra empresa denominada Comercializadora Intermerc S.A. de C.V.). Suponemos —porque la pandemia nos impide checar el registro público de la propiedad—que ahora quien aparece como administrador único es Juan Carlos Valencia Vargas, quien se ostenta públicamente como director de dicha empresa.

El domicilio fiscal se ubica en la calle Portugal de Las Brisas, municipio de Temixco. Coincidentemente esa dirección también aparece como sede de otra empresa: “Gerencia y Administración de Proyectos S.A. de C.V.”.

Durante la administración de Graco Ramírez la empresa antes mencionada recibió pagos por 262 mil 585 pesos (sólo recibió contratos durante 2014), en tanto que Aquator facturó siete millones 936 mil 674 entre 2017 y 2018. Esa fue la información que proporcionó la Secretaría de Hacienda del actual gobierno en respuesta a una solicitud de información que fue contestada de inmediato.

Donde no contestaron de inmediato fue en la Comisión Estatal del Agua. Ahí la Unidad de Transparencia se negó a contestar hasta que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) los obligó a entregar una relación de los pagos a las empresas antes mencionadas del 2013 al 2018.

Los datos son los siguientes:

A Gerencia y Administración de Proyectos le pagaron siete contratos que sumados dan la cantidad de catorce millones 194 mil 971 pesos.

A Aquator le otorgaron (no aclara si mediante licitación o por adjudicación directa, a pesar de que la solicitud lo mencionaba) un total de 28 contratos  que sumados dan la cantidad de noventa millones de pesos.

El hecho de que durante el tiempo que Valencia Vargas se desempeñó como titular de la CEAGUA, la empresa Aquator haya estado a nombre de su compadre Héctor Javier Ibarrola Reyes fue mera coincidencia, como también que una de las accionistas haya sido su estilista Maricruz Botello Amaro, y que su esposo de ella, Heriberto de Jesús Juárez Rodríguez, sea empleado de Conagua.

Y con tantos años trabajando en el servicio público tanto federal como estatal, no resulta para nada extraño que el Registro Público de la Propiedad cuente con varias propiedades a su nombre, incluyendo tres lotes en la zona denominada “Club de Yates” del Fraccionamiento Lago de Tequesquitengo que adquirió en mayo de 2013.

Podríamos decir que Valencia Vargas es un hombre con mucha suerte, pues otro de sus compadres, Federico Gamboa Sánchez (a quien ayudó dándole trabajo a su esposa, Liset Díaz Crespo), a la postre resultó hermano de la actual alcaldesa de Metepec, estado de México, Gabriela Gamboa Sánchez.

HASTA MAÑANA. 

Generalmente, el karma se interpreta como una «ley» cósmica de retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de «acción» entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. En palabras coloquiales: “lo que siembras, cosechas”.

El pasado lunes comentábamos el caso del magistrado federal José Francisco Nieto González y del abogado Ángel Junquera Sepúlveda, que tras años de cometer injusticias, hoy se ven desprestigiados, el primero con una inhabilitación por acoso sexual, y el segundo con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en agravio de la cooperativa Cruz Azul.

Ayer, por mera casualidad, nos encontramos a una persona que asegura haber sido testigo de cómo Graco Ramírez, Elena Cepeda y Rodrigo Gayosso, pusieron “como lazo de cochino” al que parecía ser su subordinado, en un hotel de Nueva York, sólo porque las habitaciones no estaban disponibles en ese momento.

“Fue algo humillante. La señora gordita y el joven calvo le comenzaron a gritar que era un inepto, que cómo era posible que no pudiera hacer una reservación de hotel; el señor alto y calvo también le dijo de cosas pero fue menos. Lo peor es que fue enfrente de empleados y huéspedes que en ese momento estábamos en el lobby”. 

Nuestro informante reconoció de inmediato a los autores de tan despiadada regañiza cuando le mostramos la fotografía de “la familia real” —como la conocíamos en Morelos— cuando hicieron traer desde España a Plácido Domingo para cumplirle una promesa de Graco a su esposa e inventaron una función “a beneficio del DIF” en la “Arena Teques”.

“Son los mismos —dijo el testigo— son inconfundibles sus aires de realeza”. 

No fue difícil saber la identidad del subordinado que pagó caro no haber tenido listas las habitaciones del emperador Graco y su familia. En nuestros archivos guardamos los documentos que en su momento solicitamos a través de la Ley de Información Pública y que tras meses de litigarlo ante el IMIPE, nos fueron entregados.

“…el  Gobernador del Estado de Morelos en lo que respecta a su oficina, fue acompañado por el Dr. Alejandro Álvarez Ramírez, Coordinador General Adjunto y la C. Mariana Alva Cal y Mayor, Representante del Poder Ejecutivo en el Distrito Federal, ambos dependientes a la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura”, indica la respuesta a una solicitud de información.

En aquella ocasión (finales del 2013) logramos documentar que el entonces gobernador Graco Ramírez y su familia, inventaron un viaje oficial a Chicago, para “escaparse” unos días a la ciudad de Nueva York, ya que la señora Elena Cepeda era amante de la buena ópera y deseaba ir a ver una función en el Teatro Metropolitan de la ciudad de los rascacielos.

“Este viaje de trabajo no tendrá mayores gastos que los necesarios, y serán cubiertos de manera legal y trasparente ya que su carácter es oficial; a su regreso expondrá los resultados concretados a favor de los morelenses”, anunciaba un boletín de la extinta Secretaría de Información y Comunicación Social que encabezaba Jorge López Flores. A la fecha no hay información de los beneficios de ese viaje.

Tanto en Chicago como en Nueva York, Graco y su familia recibieron trato de reyes. Para trasladarse del hotel Westin a la Universidad de Chicago el gobernador de Morelos utilizó una camioneta Suburban cuya renta costó 106 mil 149 pesos, misma que fue contratada desde la ciudad de México.

La Gubernatura entregó una factura del Hotel Westin por 27 mil 950 pesos a nombre de Graco Ramírez y dos invitados. Llego el jueves 10 de octubre y salió el lunes 14 de octubre del 2013.

La factura muestra cargos de habitación con desayuno incluido por 373.85 dólares más impuestos, parrilladas de hasta 151 dólares y servicios de Internet, “In room movie” y lavandería.

Tal como lo comprueba el documento que expide el Hotel Westin, el gobernador de Morelos reportó su salida el lunes 14. La agenda del gobernador (que forma parte de la información pública de oficio que debe estar en la página de internet) no dice nada sobre sus actividades de esos días. De hecho, ni siquiera menciona las actividades realizadas en Chicago. Aparece vacía del 10 al 20 de octubre.

¿Dónde estuvo el gobernador de Morelos esos días?

Una fuente del gobierno estatal de aquellos años informó a este reportero que “el gobernador se tomó unos días de asueto con su familia pagados de su propio peculio”. Sin embargo, otra fuente nos confió que Graco y su familia había sido invitado por un importante inversionista que pretendía instalar un negocio en Morelos. 

Y Rodrigo Gayosso, hijastro del mandatario morelense, presumió en su cuenta de Facebook que estaba comiendo con sus padres en el Hotel “The Carlyle” y que más tarde irían a ver la obra “A Midsummer night´s dream” en el Teatro Metropolitan de Nueva York.  Acompañó el comentario con una foto del boleto en el que aparece el precio que es de 192.50 dólares cada uno.

Han pasado siete años de ese viaje de ensueño. Graco Ramírez ya no es gobernador porque le falló su estrategia de que su hijastro lo sucediera en el poder como se acostumbraba en los imperios y reinados. Sus excesos los condenaron al fracaso electoral y hoy el partido que los llevó al poder (PRD) está muy cerca de perder su registro, aunque jurídicamente no les han podido hacer nada.

¿Y qué pasó con aquel subordinado al que trataron peor que a un sirviente?

Lo que hemos podido investigar es que, al regresar de aquel viaje donde fue humillado (no por su jefe, sino por la familia de su jefe), presentó su renuncia y se fue a trabajar a la Secretaría de Salud.

Si usted “googlea” el nombre de Alejandro Álvarez Ramírez, aparecerá que actualmente ocupa el cargo de “coordinador de Crónica Presidencial” en la oficina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo un escalón debajo de Jesús Ramírez.

No cabe duda: la vida es una “rueda de la fortuna”.

HASTA MAÑANA.

La próxima vez que vaya al supermercado encontrará que muchos de los productos que consume, mostrarán en su empaquetado leyendas como “exceso de azucares”, “exceso de edulcolorantes, evitar en niños” o “exceso de grasas”. Esto tiene que ver con una política de “etiquetado claro” que está poniendo en práctica el gobierno federal.

La medida responde a la hipótesis de que durante décadas el público consumidor ha sufrido de una “publicidad engañosa” por parte de la mayoría de empresas productoras de alimentos, ya que si tuviera información suficiente y clara de lo que está comiendo, quizás no lo hubiera adquirido.

Se trata de algo parecido a lo que ocurrió con la industria tabacalera, que durante muchos años, a través de millonarias campañas de publicidad, hizo creer a la sociedad que fumar daba “caché” y que a las mujeres les gustaban los hombres que consumían Marlboro porque se imaginaban al vaquero de los anuncios en televisión.

Después de que provocaron adicción en millones de personas, hoy los gobiernos de todo el mundo han decidido que no solamente hay que quitar toda publicidad de los cigarros en medios de difusión, sino que incluso es necesario que el consumidor sepa claramente que fumar da cáncer.

Lamentablemente hoy podemos ver a mucha gente con sus cajetillas de cigarros donde vienen fotos de mujeres sin senos, hombres con un agujero en la tráquea, fetos, etc., pero que no dejan la adicción al tabaco.

Las autoridades esperan que la gente consuma menos alimentos chatarra si traen una advertencia de buen tamaño y en la parte de enfrente que advierta sobre los daños que le va a causar ese producto a su salud. Ya sí aun así decide consumirlo, no podrá quejarse de que no se le informó.

El 1 de octubre es la fecha en que entrará en vigor la modificación a la NOM-051, aunque el pasado 31 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo Interinstitucional entre la Secretaría de Economía, Cofepris y Profeco que establece plazos y criterios para no sancionar a productores, importadores o comercializadores durante las actividades de verificación que realicen estas autoridades.

De esta manera, desde hoy los consumidores mexicanos verán el nuevo sistema de etiquetado frontal en miles de productos que exhibirán sellos de advertencia, octágonos negros y leyendas precautorias. Así, desde ahora se mostrará al consumidor de una manera clara y sencilla cuando los productos contengan exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, y también cuando contengan edulcorantes o cafeína.

De esta manera se prevé que hasta el 30 de noviembre de 2020, en los anaqueles de los establecimientos comerciales coexistirán productos para la venta al consumidor final que cumplan con el nuevo sistema de etiquetado frontal de advertencia o con el etiquetado actual.

Por otra parte, dichos productos no podrán hacer uso de estrategias publicitarias que se usaron durante décadas. ¿Quién de ustedes no compró un producto alimenticio sólo por el personaje que venía en el empaque? ¿Cuántos coleccionábamos corcholatas de refresco que debajo traían fotos de jugadores de futbol?

La nueva normatividad establece que si un alimento o bebida porta tan solo un sello frontal de advertencia, su etiqueta no podrá utilizar personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos.

Tampoco podrán exhibir ofertas relacionadas con el precio o el contenido del producto, así como juegos visual-espaciales o anuncios de redes sociales que fomenten su consumo.

La pregunta es ¿de qué van a vivir las personas que hoy se dedican a la mercadotecnia? En un entorno tan competitivo, la publicidad es una de las formas más eficaces de atraer a los consumidores de una manera legítima y legal.

Ahora bien, partiendo de que la normatividad que estamos analizando tiene como objetivo final la salud de los mexicanos, a través de la generación de nuevos paradigmas en materia de publicidad, surge la pregunta: ¿Y si esto mismo se hiciera en materia de publicidad política?

Me explico:

Cada tres y seis años los ciudadanos nos vemos inundados de anuncios en estructuras espectaculares y en los medallones de los microbuses (hasta hace unos años también se utilizaban los pendones, pero ahora ya están prohibidos), en los que aparecen hombres y mujeres sonrientes, con cara de triunfadores, prometiendo cientos de cosas a cambio del voto.

¿No cree usted estimado lector que esa publicidad es tan engañosa como la de los refrescos y los pastelitos que no nos dicen que su consumo causa diabetes?

En las escuelas de mercadotecnia nos enseñan que los publicistas no mentimos, no engañamos, pero nos pagan por mostrar lo más positivo de un producto. Si hay daños colaterales no nos corresponde mostrarlos.

Ocurre exactamente lo mismo cuando el producto no es un objeto sino una persona, un candidato. A su gente de propaganda le corresponde resaltar lo positivo de ese personaje; de lo negativo se habrán de encargar los demás candidatos.

¿Se imaginan que la legislación que hoy se está aplicando en materia de productos alimentarios se pusiera en práctica también en materia electoral?

Imagínense que al poner un anuncio espectacular el candidato de tal o cual partido, tenga que darse a conocer también cuáles son sus “excesos” o “debilidades”. 

“Tiene pensiones alimentarias pendientes”, “cuando se emborracha hace barbaridades” “ha salido mal en todos los cargos que ha tenido”, “cuidado: está loco”,  “100% misógino”, serían algunas de las etiquetas que tendrían que ponerles a los anuncios de los aspirantes a cargos de elección popular.

Así, los votantes no podrían argumentar que cuando emitieron su voto no sabían los antecedentes de tal o cual candidato, y por lo tanto no podrían decirse engañados.

Pero como esa normatividad sólo está en nuestra mente, tendremos que conformarnos con lo que hay, y tratar de elegir a los mejores aunque no tengamos información clara y confiable de sus orígenes y comportamiento.

HASTA MAÑANA.

La semana pasada trascendieron dos noticias -independientes entre sí- que nos vienen a demostrar una vez más que la justicia puede tardar, pero que finalmente alcanza a quienes han cometido delitos o acciones deshonestas.

El primer caso salió a la luz pública el jueves 6 de agosto, cuando el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado informando que dicho organismo del Poder Judicial Federal había resuelto inhabilitar por un año a un magistrado federal, quien actualmente se encuentra jubilado, así como a quien se desempeñaba como uno de sus secretarios en el Tribunal Unitario de Circuito del estado de Morelos.

“Lo anterior, derivado de actos graves de hostigamiento sexual y laboral, así como infracciones relacionadas con el profesionalismo con el que deben de conducirse los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”, agrega el boletín oficial.

La política del Poder Judicial Federal en materia de comunicación social consiste en dar a conocer el hecho, pero no los nombres de los involucrados. Sin embargo, no fue difícil investigar de quién se trata, máxime cuando en el décimo octavo circuito de Morelos sólo existe un Tribunal Unitario.

“Sí, es el magistrado José Francisco Nieto González y el secretario de acuerdos Ricardo Pérez Montufar, todos en el Poder Judicial Federal de Morelos saben de su fama de hostigadores”, nos dijo una servidora pública que nos honra con su amistad desde hace varios años.

Después de que dimos a conocer la noticia a través de nuestras redes sociales, comenzaron a llegar una gran cantidad de testimonios sobre el comportamiento del magistrado y su secretario. Son de lo peor.

Trabajar con ellos era un verdadero suplicio -según nos cuentan hombres y mujeres- pues si de por sí los juzgados de Distrito siempre tienen una enorme carga de trabajo que implican jornadas de hasta 18 horas de labor, a eso se le agregaba la presión de los jefes, la constante humillación, burlas, acusaciones de corrupción y, lo peor, las insinuaciones a las damas de que todo podía arreglarse si cedían a sus pretensiones sexuales.

Lo peor de todo es que nadie podía hacer nada contra el magistrado Francisco Nieto González, quien a lo largo de varias décadas fue adquiriendo un poder casi absoluto en el estado de Morelos. Se ufanaba de tener la protección de los más altos niveles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que era prácticamente omnipotente.

¿A cuántas mujeres obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de tener condiciones aceptables de trabajo? Nunca lo sabremos. Las que aceptan las propuestas indecorosas generalmente callan porque se ven beneficiadas y prefieren resignarse, pues “así es en todo el gobierno”.

Afortunadamente hubo una que no aceptó quedarse callada y lo denunció ante el Consejo de la Judicatura. El expediente tardó mucho tiempo en el órgano sancionador en la ciudad de México, hasta que el magistrado quiso jubilarse. Hasta entonces perdió poder y pudieron aplicarle la ley.

Suponemos que también tuvo que ver que el Poder Judicial Federal le quiere demostrar al Poder Ejecutivo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que hay una verdadera batalla contra la corrupción (un día antes dieron a conocer la destitución de otro funcionario que vendía los exámenes en los concursos para jueces), y vieron que ahí tenían un caso donde existían pruebas, pero nunca hubo voluntad política de aplicar la justicia.

La sanción es ínfima en comparación con el daño que hicieron, pero es un acicate para los funcionarios que todavía están en activo, que tratan a sus empleadas como si fueran sus trabajadoras domésticas, y que pretenden saciar con ellas sus instintos más bajos.

El otro caso donde hubo justicia divina o simplemente actuó “el karma”, fue con el abogado Ángel Junquera Sepúlveda.

Este señor es propietario de la revista “El Mundo del Abogado”, de circulación nacional, misma que en 2017 demandó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la revista “Sólo para Abogad@s” que editaba este columnista a nivel regional.

Alguna persona que nos tiene mala fe le envió a Junquera Sepúlveda una foto de la portada de “Sólo para Abogad@s”, lo que bastó para que el magnate iniciara una persecución legal en contra de nuestra modesta publicación. Según su demanda (presentada a través de un prestigiado despacho de la ciudad de México), la revista de un servidor era una “copia pirata” de la suya, por lo que reclamaba varios millones de pesos por el uso de “su marca”. 

Esa injusta demanda nos obligó a dejar de imprimir dicha revista y sacar otra ahora con el nombre de “Cauce Legal”. Nos obligó a contratar abogados y pagar copias y viáticos para ir a litigar a la ciudad de México.

Después de dos años el IMPI resolvió que la revista “Sólo para Abogados” no se parece en nada a la revista “El Mundo del Abogado”, pero el despacho interpuso el recurso de revisión que se vio paralizado por la pandemia.

Esta semana, trascendió en los medios de comunicación que un juez federal emitió una orden de aprehensión contra Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, director general de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. y presidente del Cruz Azul CD, por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

“La orden de captura también va contra el director financiero de la cooperativa, Mario Sánchez, el director jurídico, Eduardo Borrel; el exdirector jurídico, Víctor Garcés, y el abogado externo de Cruz Azul, Ángel Junquera Sepúlveda”.

Sí, de acuerdo a la denuncia presentada por los cooperativistas, el abogado y director de la revista “El Mundo del Abogado”, se encargaba de “lavar” los ingresos mal habidos del presidente del Cruz Azul, y todo parece indicar que la publicación mensual a nivel nacional e impresa con los materiales más caros del mercado, era uno de los instrumentos que el grupo delincuencial utilizaba para disfrazar sus verdaderas actividades.

Así, lo más seguro es que “El Mundo del Abogado” desaparezca, y nosotros estemos en condiciones de decidir si optamos por el regreso de “Sólo para Abogad@s” o seguimos con “Cauce Legal”.

Se tardó, nos hizo sufrir, pero finalmente la justicia se impuso.

HASTA MAÑANA.

En cumplimiento a la Ley Reglamentaria del artículo sexto párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de Réplica, publicamos lo siguiente:

Estimado Jesús Castillo agradezco la oportunidad de esta réplica a su columna del pasado Miércoles 16 de agosto llamada “ La Guerra por los Implantes” tratándose de un asunto que compete al Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos del Estado de Morelos en mi calidad de Presidente y que me han mencionado la Presidenta de esta Asociación Landy Ángulo debo de hacer las siguientes aclaraciones mismas que ella ya conoce pues fueron invitadas a un Foro organizado por nosotros en el Congreso del Estado en Octubre de 2019 donde presentamos la Iniciativa a la Comisión de Salud y en el cual los deje callados y sin argumentos:

1.- Esta Iniciativa es parte de un trabajo Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva para armonizar la Ley General de Salud a la de los Estados porque indica muy claramente en sus Artículos 272 bis y 272 bis1 “Que para poder practicar CIRUGIA PLASTICA ESTETICA y RECONSTRUCTIVA relacionada con cambiar o corregir la cara y cuerpo así como realizar actos médicos quirúrgicos de esta ESPECIALIDAD deberán de contar con Cedula de ESPECIALIDAD y CERTIFICACIÓN vigente que acredite capacidad y experiencia en la práctica de estos procedimientos expedido por un Consejo de la especialidad”

2.- En el mes de Junio de 2016 COFEPRIS que es Organismo Gubernamental de Protección contra Riesgos Sanitarios en México establece en su XXIX reunión Nacional “Que a partir de esa fecha en cualquier establecimiento que se ofrezca servicios de Cirugía Plástica Estética o se practiquen actos quirúrgicos el responsable sanitario deberá de acreditar la Licenciatura en Medicina, especialidad en Cirugía General y especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva y en caso de no acreditarse se deberá proceder a la suspensión total del establecimiento, así mismo en relación a los Médicos que NO ACREDITEN los requisitos señalados en la Ley General de Salud en sus Artículos 272 bis y 272 bis1 NO DEBEN LLEVAR A CABO ESTOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS”

3.- En base a lo anteriormente descrito ni el Colegio de Cirujanos Plásticos de Morelos ni la Asociación Mexicana a la que estamos agrupados pretendemos prohibir a otros profesionales que trabajen lo que queremos es que se aplique para evitar que Médicos intrusionistas que sin preparación académica y que en un curso de 6 meses a un año pretendan hacer lo que a una Cirujano Plástico Estético y Reconstructivo le ha tomado 12 a 13 años.

3.- Es mentira que sea anticonstitucional y vulnera el libre ejercicio de una profesión pues solo se les pide que hagan lo que ellos dicen saben hacer Medicina Estética y dejen de hacer lo que NO saben hacer Cirugía Plástica Estética por lo tanto su libertad de trabajo no está siendo coartada. Ya perdieron un Amparo el 144/2008 donde concluye el Juez “que esta restricción al trabajo de los Médicos es válida al exigirles a aquellos que practican cirugías Estéticas y/o Cosméticas que satisfagan condiciones mínimas necesarias de CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN, EXPERIENCIA y TECNOLOGÍA y lo hagan en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y aprobadas es decir ofrezcan servicios médicos de CALIDAD lo cual protege el DERECHO A LA SALUD.

4.- La Presidente de esta Asociación no les dice que su problema principal es ellos los Maestros en Medicina Estética y Antienvejecimiento en su mayoría o probablemente TODOS no aprobaron  el obstáculo que nosotros los Cirujanos Plásticos si aprobamos para obtener esta especialidad y que es el Examen Nacional de Residencias Medicas y que después de pasarlo examen para Cirugía General debemos de pasar el examen para Cirugía Plástica y terminando debemos de hacer examen para estar Certificado y después de Certificado debemos hacer examen cada 5 años para continuar Certificándote y si quieres ser Miembro Internacional como mi caso además cumplir con TODOS los requisitos Académicos.

5.- Se los pedí y se los reitero Dra. Landy Angulo y Mesa Directiva y todos sus asociados APRUEBEN el Examen Nacional de Residencias, hagan la especialidad de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y serán bienvenidos al “jugoso” negocio como lo ha categorizado, aunque la realidad es que el NEGOCIO lo están haciendo ustedes al engañar a la gente haciéndose pasar por Cirujanos Plásticos, basta ver su publicidad subterránea, no aparece sus nombres, operan en la clandestinidad y su principal gancho? Precios bajos que solo dejan secuelas y complicaciones en la mayoría de los paciente porque están aprendiendo con ellos, aquí está el testimonio de una de sus víctimas y que procedió y sigue vigente la demanda Marcela Alfaro.

6.- Los Maestros en Estética saben que no solo hay pacientes seriamente dañados y ya sin posibilidad de corrección por la pérdida de tejidos causado por ellos sino también muertes, la última apenas hace un par de meses que no procedan las denuncias por fallas en el sistema o arreglos extrajudiciales ya no nos compete.

7.- Al no tener la respuesta del Diputado Presidente de la Comisión de Salud José Luis Galindo Cortes demostrando con ello su falta de compromiso y misoginia, se presentó a la Diputada Tania Valentina Rodríguez quien ha entendido muy claramente que esto no es una lucha de gremios o por las cirugías Plásticas que se realicen en el Estado como pretenden hacerlo verlos Médicos con Maestría en Estética sino es la defensa de dos Derechos Humanos que están siendo vulnerados por sus prácticas irresponsables y con marcado interés económico y son los de la Salud y la Vida.

8.- No permita que los sorprendan de esta manera, la Iniciativa que armonizara la Ley General de Salud en sus Artículos 81 y 272 bis y 272 bis1 vendrá a beneficiar a muchas mujeres principalmente que son víctimas de este grupo confiamos en su Ética profesional avalada por su trayectoria en el periodismo local.

Dr Rolando Samper Mendoza

Cirujano Plástico Certificado 1947 por el Consejo Mexicano de CPER

Presidente 2020-202 Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos del Estado de Morelos AC

HASTA EL PRÓXIMO LUNES.

En un evento en el que participaron los tres poderes del estado, todo el gabinete y representantes de los organismos autónomos, ayer se anunció el inicio del programa “Golazo contra la corrupción”, que tiene como objetivo erradicar cualquier indicio de prácticas desleales dentro del ejercicio de la administración pública.

Durante el acto realizado en el Centro Cultural Teopanzolco, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reafirmó su compromiso para construir un país y un estado con mayor honestidad, transparencia y sin dar cabida a viejas prácticas que han enriquecido solo a unos cuantos a costa de la marginación de las mayorías.

Dicha estrategia contempla una serie de acciones que se llevarán a cabo conforme a los ejes rectores de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, e integra referencias visuales y conceptuales del futbol ligadas a acciones que promuevan la claridad en la ejecución de las políticas públicas, según se explicó en la presentación.

Blanco Bravo aseguró que el gol a la corrupción será el que más habremos de celebrar por lo que significa para México; “no tengo duda de que cimbrará a todo el país”, destacó.

No sabemos de quién fue la idea que en lo general es bastante buena, pues la gente identifica inmediatamente al gobernador con el tema del futbol, el deporte más popular en este país. 

Sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, la palabra “golazo” habla de un triunfo consumado, cuando “el partido” apenas está comenzando.

El portal “espanolavanzado.com” señala que la expresión “meter gol” es “ganarle o sacarle ventaja a alguien, normalmente con astucia o cuando éste no está preparado; obtener un éxito o triunfo sobre otra persona”.

En publicidad, “meter gol” es hacer un anuncio sin que la empresa se dé cuenta, y popularmente se dice que un funcionario “le mete gol” al gobierno cuando roba y nunca es sancionado.

Sin embargo, el nombre de la campaña es lo de menos. Lo que realmente importa es que redunde en la disminución de los actos de corrupción.

La titular de la Secretaría de la Contraloría, América Berenice Jiménez Molina, explicó que este plan destacará los valores principales estipulados en el “Código de Ética y Reglas de Integridad” del Gobierno del Estado: honradez, legalidad, disciplina, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, transparencia, integridad, equidad, rendición de cuentas, lealtad, economía, liderazgo, competencia por mérito, eficacia, respeto e igualdad.

Para ello, mencionó, se realizarán diversas acciones como son las Caravanas contra la Corrupción por parte de la Contraloría Social; concursos ciudadanos que contribuyan a prevenir las malas prácticas del servicio público; y capacitaciones al funcionariado sobre sus obligaciones éticas.

Además, se construirá una nueva sala de audiencias a la que acudirán a comparecer los servidores públicos que son sujetos de un procedimiento administrativo, con puertas de cristal y grabación de audio y video, con el fin de promover la transparencia de los procesos y combatir la opacidad, detalló Jiménez Molina.

También se habilitarán distintas herramientas, entre ellas, los nuevos sistemas digitales para la fiscalización ciudadana del Gobierno; el Sistema de Quejas y Denuncias, a través de teléfonos rojos ubicados en las dependencias del Ejecutivo; así como buzones itinerantes, en los cuales las personas podrán anotar un gol a la corrupción con el balón de la honestidad.

Asimismo, se desarrollarán contenidos infantiles, como historietas, materiales y juegos didácticos, que generen conciencia sobre el tema en los más pequeños.

Es decir, es una campaña publicitaria para inculcar en la población la importancia de no participar en actos de corrupción y denunciarlos cuando alguien se entere de que un servidor público está incurriendo en ello.

Al término del evento, Blanco Bravo recibió la playera de capitán del equipo con la palabra “Honradez”, mientras que él mismo entregó a la secretaria de la Contraloría una más que incluía impreso el término “Legalidad” con el número uno, con lo que oficialmente se dio por iniciada la campaña presentada.

Esa camiseta es más importante que todas las que ha vestido nuestro gobernador en su carrera futbolística, y también la de mayor compromiso para la contralora América Berenice Jiménez, pues ella literalmente se está presentando como “la portera” de ese equipo llamado pueblo de Morelos.

Irónicamente, a quienes no les dieron camiseta fue al fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara ni al magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, quienes son los que deben “ponerse la camiseta” y exigirle a sus fiscales y jueces —respectivamente—, que apliquen la ley con un sentido de justicia.

Por cierto, estaba invitado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, pero anda muy ocupado y sólo envió a su representante, Enrique Ingelmo Michaca, director de Análisis de la dependencia mencionada.

Casi a la misma hora en que se estaba llevando a cabo el evento en el Auditorio Teopanzolco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, cumplimentaban una orden de aprehensión en contra de Francisco Salinas, ex alcalde de Zacatepec.

¡Ese sí es un golazo a la corrupción! Bueno, falta ver que el árbitro no decida revisar “El VAR” y determine anularlo.

En conclusión, lo que la ciudadanía quiere es precisamente ver resultados. Mucho se ha dicho que tal o cual funcionario o ex servidor público robó tantos millones de pesos, pero hasta ahora no tenemos a nadie en la cárcel.

Es decir, que hasta este momento, el partido está cero-cero.

HASTA MAÑANA. 

Los implantes mamarios son “dispositivos médicos inventados para mejorar la forma de la mama o para crear un volumen mamario ausente o distorsionado por diferentes causas” y tiene un costo de alrededor de 50 mil pesos.  En muchos países, las jovencitas prefieren que sus padres les regalen “bubis” en lugar de un coche o una computadora, y las operaciones estéticas “mommy make over” son cada vez más frecuentes, principalmente en la clase política y empresarial.

Pero no son solamente aumento de senos, también se pueden quitar las “llantitas” del abdomen a través de una liposucción que anda sobre los 50 mil pesos, o una abdominoplastía por 80 mil. Enderezar la nariz cuesta 25 mil pesos y quitar la “papada”, 30 mil pesos.

Mencionamos lo anterior para dar al lector una idea de que tan jugoso puede resultar el negocio de la cirugía estética, pues todo ser humano sueña con mostrar un aspecto físico mejor que el que tiene.

Ahora bien, ¿quién puede realizar este tipo de operaciones?

Hasta donde hemos investigado, los primeros en hacer este tipo de operaciones fueron médicos cirujanos plásticos reconstructivos, que originalmente fueron capacitados para resolver problemas de labio leporino, amputaciones, quemaduras, malformaciones congénitas, etc., y que con el paso del tiempo —y al ver que había gente que pagaba bien— comenzaron a hacer intervenciones quirúrgicas de tipo estético como las arriba mencionadas.

Ya en los últimos años, cuando se hicieron populares este tipo de operaciones, surgió una rama de la medicina que se denominó “cirugía estética”. Una escuela particular denominada Instituto de Estudios Superiores en Medicina, que comenzó en Veracruz y posteriormente puso una sucursal en la ciudad de México, comenzó a impartir la Maestría en Cirugía Estética y la Maestría en Medicina Estética no quirúrgica, y sus egresados son los que están realizando dicha actividad.

Debemos aclarar que para estudiar esta Maestría es requisito tener la licenciatura en Medicina, según nos informaron.

Un tercer grupo son los que no son médicos, sino cosmetólogos, nutriólogos, estilistas y hasta “couchs” de gimnasios, que comienzan poniendo dietas y terminan aplicando “botox” y haciendo liposucciones, sin tener los conocimientos médicos necesarios para ello.

Para evitar esta competencia desleal que se menciona en el párrafo anterior, los médicos decidieron organizarse y conformar el Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, que actualmente preside el doctor Rolando Samper.

Luego surgió otra agrupación denominada Colegio de Maestros en Medicina y Cirugía Estética del Estado de Morelos, a cuya cabeza está la doctora Landy Jeanette María del Rocío Angulo Hinojosa.

Ambas agrupaciones se disputan el jugoso negocio de las operaciones de implantes (y todo lo demás) en Morelos.

Sin embargo, los médicos que lidera Samper consiguieron una aliada: la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien recientemente anunció una “propuesta de reforma a la Ley de Salud para garantizar que los procedimientos de cirugía plástica, estética o reconstructiva, sean practicados por profesionales certificados”.

La legisladora petista destacó que en México cada año hay más personas que buscan realizarse un procedimiento de cirugía plástica, estética o reconstructiva de hecho, “el problema, es que han proliferado la oferta de servicios de esta especialidad, que se practica por médicos que no están certificados y carecen de la pericia para resolver las complicaciones que se pueden presentar, causando mayores riesgos a la salud y la vida, especialmente de las mujeres”.

La Coordinadora del PT en la cámara de diputados destacó que la Ley General de Salud se reformó desde el año 2011 para hacer obligatoria la certificación de las especialidades médicas, y desde luego las de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, con lo que se garantiza que los procedimientos que se realizan, ocurran por especialistas que están constantemente actualizados y capacitados.

“En Morelos, por cada cirujano plástico certificado hay 11 no certificados que han causado daños y lesiones a las personas. Esto crea un problema de salud pública, porque los daños terminan resolviéndose en hospitales del sector salud con cargo al erario. La mala praxis ha llegado a un escandaloso 15% de los pacientes, con respecto al universo de cirujanos certificados” señaló la legisladora.

Sin embargo, de aprobarse la iniciativa que presentó la diputada petista, los médicos que encabeza la doctora Angulo Hinojosa no podrán realizar ese tipo de operaciones, pues se entiende que Samper y sus compañeros serán los únicos facultados para otorgar una especie de licencia o certificación.

“Vale la pena preguntarle a la diputada Tania Rodríguez ¿cuál es su interés en monopolizar los procedimientos quirúrgicos estéticos a favor de un grupo minoritario? ¿En qué se beneficia usted? Porque la población morelense no se ve que esté interesada, ni que sea de alta prioridad en la agenda parlamentaria, legislar a modo para un grupo de médicos que sólo muestran su interés en llenarse las bolsas de dinero y llenarse de pacientes a sabiendas de que ellos no son los únicos que pueden realizar dichos procedimientos quirúrgicos estéticos”, le reprocharon ayer los maestros en medicina y cirugía estética.

Le pidieron que primero escuche a todos los actores y las distintas posturas de los profesionales de la salud, antes de aprobar una reforma que viola derechos humanos y atenta contra el libre ejercicio de la profesión consagrada en la constitución de la república.

Tanto los médicos que encabeza Samper como los de la doctora Angulo son médicos, por lo que deberían enfocarse a evitar la competencia desleal de gente que no tiene la carrera de medicina y que pone en riesgo la salud de la población.

Sin embargo, ambos bandos buscan monopolizar esta actividad bastante lucrativa, por lo que los diputados (no solamente Tania Valentina que ni siquiera integra la Comisión de Salud) deberán buscar una solución “salomónica” con una ley donde se privilegie el bien común y no se vulneren derechos contemplados en las convenciones internacionales y la carta magna. 

HASTA MAÑANA.

En la columna del pasado 22 de julio comentamos sobre las diferentes vías que en la práctica existen para llegar a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia, y cómo se ha ido modificando con el paso del tiempo. En resumen, decíamos que puede arribar a través de la carrera judicial, por el impulso de un partido político, o mediante el pago de dádivas a diputados. 

Decíamos que hasta antes del año 2000 para ser magistrado era requisito ser priísta, que era de lo más natural que un abogado que se le veía en las campañas del candidato priísta, posteriormente se le viera como juez o como magistrado. No había de otra.

Eran los tiempos en que la división de poderes era una inalcanzable utopía. El gobernador en turno hacía y deshacía en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las magistraturas eran “conquistas alcanzadas en campaña” y no se tomaba en cuenta ningún otro mérito que no fuera la cercanía con el gobernador.

Con la llegada de la “alternancia en el poder” -a partir de 1997 en Morelos y el 2000 a nivel nacional- cambió el mecanismo de selección, y ahora los lugares vacantes en las magistraturas eran repartidos entre los partidos políticos con mayor representación en el Congreso Local.

Así fue como llegaron al poder judicial magistrados identificados con el Partido Acción Nacional y uno que otro del Partido de la Revolución Democrática. (Aprovecho para una fe de erratas: quien sustituyó a Jesús Bello Espíritu en la presidencia del TSJ fue Jorge Arturo García Rubí y no Jesús Vallejo, como lo escribí).

En los últimos años todo se descompuso y ya no era el gobernador ni los partidos políticos los que ponían a los magistrados, sino el poder económico. Diputados le pusieron precio a las magistraturas. Es algo que no se puede probar porque una de las características de los “moches” es que no se acostumbra que te firmen de recibido.

El hecho es que hay -hasta el momento- cuatro lugares vacíos en el Tribunal Superior de Justicia y dos más en el Tribunal de Justicia Administrativa, o al menos eso dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es cuestión de días para que el Congreso del Estado emita la convocatoria correspondiente.

Los requisitos que exige la Constitución son:

 I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del Servicio Público; III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Autoridad o Institución legalmente facultada para ello: IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la designación; V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha dedicado a la Judicatura.

Lo anterior significa que habrá como dos mil licenciados en derecho que cumplen con los requisitos.

Sin embargo, una disposición reciente establece que “los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente acreditados, observando el principio de paridad de género en las designaciones”.

Lo anterior nos permite arribar a la conclusión de que por lo menos dos de las magistraturas deberán ser ocupadas por mujeres, y que una de ellas tiene que ser juez. Eso reduce la lista a una lista de 20 aspirantes que actualmente trabajan en el Poder Judicial.

La lista, en nuestra opinión, la encabezan las jueces (o juezas para las feministas), Rosenda Mireya Díaz Cerón, María Luisa Sánchez Osorio y Nancy Aguilar Tovar.

La primera es actualmente la presidente de la Asociación de Jueces del estado de Morelos; la segunda también es juzgadora pero actualmente tiene un permiso para “atender el changarro (una Notaría) de su esposo, el fiscal Uriel Carmona. Nancy es famosa en Youtube por su destreza en las audiencias orales aunque algunos la consideran demasiado protagonista.

También, aunque no es juez pero sí integrante del Poder Judicial, la actual directora del departamento de orientación familiar, Bertha Paredes Noyola, quien además podría ser impulsada por una de las dos barras de abogados.

La lista de jueces varones la encabeza (otra vez), Alejandro Hernández Arjona, quien tendría su tercera oportunidad y Antonio Pérez Ascencio, quien tiene cierta cercanía con los partidos de izquierda.

Un ex subprocurador de Delincuencia Organizada en la otrora Procuraduría de Justicia, Ricardo Tapia Vega (doctor en Derecho), también anda haciendo su lucha y tiene posibilidades.

Más con “mala leche” que con buenas intenciones, andan divulgando que la diputada Alejandra Flores estaría impulsando a su actual pareja, Omar Barrera, quien quizás reúna los requisitos (actualmente es director de Investigaciones Legislativas del Congreso Local) pero se vería atacado por “la maldición de Hortencia”, aquella diputada que nunca pudo hacer que su esposo fuera magistrado, y que el estigma alcanzó hasta a su cuñada, que tampoco pudo llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, ambos connotados juristas.

¿Se acuerdan del maestro José de Jesús Guízar Nájera? Fue consejero jurídico del gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco del que se ganó su confianza, tanto que se lo llevó como subsecretario de la Secretaría de Gobierno después de ganar las elecciones del 2018.  Su cercanía con el jefe del Ejecutivo, así como su preparación académica, lo hace “candidato natural” a ocupar una magistratura, aunque falta ver lo que diga el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.

¿Y las asociaciones de abogados no van a mandar a sus candidatos? Por supuesto que sí, ya verán ustedes que todos los dirigentes se van a anotar en la lista de aspirantes.

En las próximas entregas, iremos “barajando” más nombres de posibles magistrados y magistradas.

HASTA MAÑANA.

La semana pasada ocurrió un hecho inusual en el gremio de los litigantes en Morelos. En redes sociales comenzaron a divulgarse dos convocatorias emitidas por la Barra de Abogados del Estado de Morelos, para igual número de eventos que se llevarían a cabo el sábado a la misma hora pero en diferentes lugares.

Una de ellas citaba a la asamblea mensual ordinaria de los barristas en un jardín de fiestas por el rumbo de San Gaspar, municipio de Jiutepec, y anunciaba la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz; firma como convocante José Luis Urióstegui Salgado, presidente interino.

La otra convocatoria la firmaba “el consejo electoral en funciones” integrado por los abogados Manuel Salgado Beltrán, Alejandro Tola Vázquez y Olimpia Caballero Fuentes”, y anunciaba como uno de los puntos a tratar “votaciones para las elecciones de la nueva Mesa Directiva”, e incluso la toma de protesta de los que resultaran electos.

La cita era en un domicilio particular en el poblado de Ocotepec, advirtiendo en Facebook que no habría acceso a la prensa, pues “en ninguna parte de los estatutos dice que se debe permitir el acceso a periodistas”.

Ambos eventos se llevaron a cabo, y tal como se esperaba, Cristhian Iván Velazco Alcoser fue reelecto como presidente de la Barra por dos años más. A juzgar por las fotografías que fueron divulgadas en Facebook, lo acompañan en la mesa directiva su hermano Jair, Karina Espadas, María Eugenia Boyas, Edgar López Betanzos, Roque González Barreiro y Javier Valle, entre otros que no alcanzamos a reconocer porque todo fue con el tapabocas puesto. No tenemos el dato exacto de cuántas personas  votaron, pero es evidente que el único candidato fue el presidente en funciones.

Mientras tanto, en San Gaspar, la Barra de Abogados  que encabeza en forma interina José Luis Urióstegui Salgado, era recibida (y avalada) por el alcalde Rafael Reyes Reyes. Enseguida, el titular del Poder Judicial, Rubén Jasso Díaz, les dio una explicación de lo que va a ocurrir este lunes cuando se reinicien las actividades en los tribunales de la entidad, a fin de prepararse para la reapertura al público programada para el próximo 17 de agosto.

Al hacer uso de la palabra, Urióstegui Salgado les informó a los presentes que con fecha 16 de julio se notificó a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia (Felipe Jasso y Santiago Romero) que habían sido sustituidos por Adela Manzanarez y Miguel Ángel Rosete.

También se refirió al proceso de designación de los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia y de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La Barra de Abogados se tiene que pronunciar de manera clara, contundente y con apego a la ley, exigiendo a los legisladores que realicen un procedimiento en el que se privilegie la sapiencia jurídica, la honorabilidad y se lleve a cabo de manera imparcial sin tomar en cuenta influencias, amiguismo, tráfico de relaciones partidistas, etcétera”, dijo.

En este sentido, se ha preparado un documento que será enviado a cada uno de los 20 diputados y diputadas de la actual legislatura. 

Presentes en la asamblea los expresidentes de la Barra, Alejandro Smith, Adela Manzanarez, Miguel Ángel Rosete y María Elena Galindo; el ex presidente del IMIPE, Eleael Acevedo; el ex director de Derechos Humanos, Antonio Sorela Castillo; el ex diputado Carlos de la Rosa, entre muchos otros que acudieron con el rostro cubierto.

Insistimos: cada grupo asegura ser “la única y auténtica (como la Sonora Santanera) Barra de Abogados”, y da argumentos de por qué el otro es “espurio”.

Sobre Cristhian Ivan Velazco se afirma que su periodo como presidente terminó el dos de junio pasado, y todo lo que haya hecho a partir de esa fecha carece de validez, incluyendo por supuesto su reelección.

Sobre José Luis Urióstegui se argumenta que los expresidentes no tienen facultades para nombrar un presidente interino.

No sería la primera vez que existan dos barras de abogados exactamente iguales. A principios de los noventas hubo una desavenencia entre los barristas que los hizo dividirse en dos: la Barra que dirigía César Salgado Pérez y la que encabezaba un abogado de apellido Salgado Basave, ya fallecido.

Y fue precisamente Urióstegui Salgado quien se encargó de reunificarlas en una sola Barra de Abogados, que si bien es cierto que no es la agrupación más antigua de litigantes (ese honor le corresponde al Colegio de Abogados del Estado de Morelos), sí es la que cuenta con más agremiados en todo el estado.

Además, es la única de donde han salido un gobernador (Antonio Rivapalacio), varios secretarios de Gobierno, subsecretarios y, prácticamente todos los procuradores de justicia de esta entidad.

Hace unos años hubo una escisión similar que tuvo como consecuencia que un grupo importante de barristas se salieran y conformaran el Consejo de Juristas del Estado de Morelos bajo el liderazgo de los abogados Raúl Benítez Ocampo y Gerardo Arrieta Fuentes.

De hecho, actualmente también hay dos Federaciones de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FECAP), cuya titularidad está siendo ventilada en tribunales.

A nivel nacional, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) se la disputan dos grupos.

El divisionismo en la Barra de Abogados de Morelos parece que va para largo, y dependerá mucho del liderazgo y la inteligencia de quienes encabezan esos grupos para verse fortalecidos o desaparecer.

Máxime cuando se aproximan designaciones de magistrados y otros puestos que escoge el Poder Legislativo, así como el proceso electoral para elegir presidentes municipales y diputados en junio del próximo año.

HASTA MAÑANA.

Cuando en marzo del 2012 el entonces diputado federal por el PRI, Francisco Moreno Merino, fue obligado a renunciar a la candidatura al Senado por haber citado un refrán muy popular en el estado de Guerrero dentro de una sesión legislativa, me pareció francamente una injusticia. Y no porque esté de acuerdo con la literalidad del dicho mexicano en comento, sino porque del análisis del video se desprende que lo dijo sin pensar, queriendo quedar bien con sus compañeros de partido, sin analizar previamente el contenido del refrán que iba a reproducir. 

Juzgue usted la frase textual:

“Perdón que concluya con una frase que dice: que no hay caballo fino que no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz, y hombre bueno que no tire a penco. No sea usted un hombre bueno, sea usted un buen director general del instituto” (ISSSTE).

Más barrabasadas han dicho muchos otros y no les ha costado el cargo. Creo que la misoginia no se demuestra en una frase, sino en la convivencia diaria con las mujeres, y en ese sentido Paco no era el machista que pareció ser en ese momento. Aun así, presentó su renuncia al entonces presidente del PRI nacional, Pedro Joaquín Coldwell, para permitir la llegada en su lugar de la desconocida (hasta entonces) Lisbeth Hernández Lecona.

Estuvo poco tiempo en la banca. A varios les sorprendió su nombramiento como titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre todo en Cuernavaca. Cuando corrió como reguero de pólvora la versión de que Paco Moreno, a quien todos conocimos en Morelos como delegado del IMSS, era titular de Profepa todos imaginaron que se trataba de la vieja oficina de la avenida Cuauhtémoc. Pues no, se trataba nada menos que de la dependencia que sanciona los delitos contra el medio ambiente en todo el territorio nacional.

Pero extrañamente sólo estuvo un año en ese cargo, de diciembre del 2012 a diciembre del 2013, cuando fue removido. Nunca sabremos la causa.

Fue a principios del 2015 cuando entró a mi teléfono celular una llamada con número del Distrito Federal. De inmediato reconocí la voz. Quería que platicáramos porque deseaba regresar a Morelos a buscar un cargo de elección popular. Se despidió con su clásico “sé feliz” y no volvió a hablar en varias semanas.

Luego me volvió a buscar y platicamos. “Quiero que me apoyes, creo en ti porque eres un hombre de familia”, me dijo en una de las reuniones en el Vips de Río Mayo. Le creí.

En una ocasión nos encontramos a Gerardo Becerra Chávez de Ita frente al Starbucks. “Vas bien. Duro contra ese cabrón”, dijo en referencia a la lucha que desde el principio del sexenio libraba Gerardo contra el gobernador Graco Ramírez.

Me presentó a su hijo Rodrigo, un joven estudiante de Derecho muy sencillo y amable. También a su más cercano equipo de colaboradores.

Publicamos una entrevista con temas relativos al medio ambiente en su calidad de ex titular de Profepa y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en mi revista “Sólo para Abogados”.

Me dijo que buscaría la presidencia municipal de Cuernavaca, pero luego confesó que le resultaría muy problemático, así que fijó sus aspiraciones en el Congreso local como parte de un proyecto que –según él- culminaría en la gubernatura.

“Sabes qué, estoy pensando que podría servir más como líder del Congreso local. ¿Y sabes por qué? Porque sólo yo podría rechazar un cañonazo de los que manda el gobierno para que aprueben sus iniciativas”, comentó.

Tomando en cuenta que proviene de una familia pudiente, y que ha tenido cargos importantes, no se me hizo descabellada su teoría.

Ya no me volvió a llamar y dejé de verlo por un tiempo. Hasta que llegó el periodo de registros, y cuando todos los precandidatos llegaban a la sede estatal del PRI a registrarse acompañados de sus contingentes, Paco llegó solitario y se escabulló pegado a la pared hasta alcanzar la puerta. Después supe que iba en primer lugar de la lista de plurinominales para el Congreso local.

Todavía en los primeros meses de la Legislatura pensé que cumpliría su promesa de convertirse en un contrapeso del poderosísimo gobernador perredista, pero oh decepción, se volvió su más acérrimo defensor. Nunca sabremos a cambio de qué, pues si algo tiene Paco Moreno es que sabe hacer sus enjuagues para no dejar huellas de sus raterías.

Cuando cansados de sus desplantes y groserías sus compañeros diputados lo obligaron a renunciar a la presidencia de la Mesa Directiva, un amigo mutuo me dijo: “Paco no va a aceptar ser uno más de la bancada, él está acostumbrado a ser jefe o nada”.

Por eso no me sorprendió cuando anunció que dejaría la diputación para incorporarse al gobierno de Graco Ramírez como secretario del Trabajo. Era la salida perfecta. En lo que se suponía iba a ser su última sesión como presidente de la Mesa Directiva, hasta puso a entonar al resto de los diputados el Himno Nacional para despedirlo.

Pero el nombramiento que tanto había presumido nunca llegó. Sólo Graco Ramírez sabe por qué lo dejó “vestido y alborotado” y haciendo el peor de los ridículos.

Sin la dignidad que nuestro amigo mutuo le concedía, Paco esperó sentado en su curul “del montón” a cobrar hasta la última quincena de la legislatura y se fue por la puerta de atrás, dejando al Congreso endeudado y sin ningún documento que comprobara sus malos manejos.

Recientemente, el periodista y politólogo Domitilo Evangelista le publicó una especie de radiografía que lo describe perfectamente:

“Aun cuando fue formado como político en la vieja escuela priísta, esa que gobernó más de 70 años, como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, como delegado del IMSS en Morelos, como delegado del PRI en diversas entidades, como diputado local y federal, Francisco Moreno siempre ha estado al servicio de quien gobierna, sea del PAN, como con Sergio Estrada Cajigal o del PRD como con Graco Ramírez”, escribió el autor de “Sombrerazos”.

“Así, sin más méritos que los que él sólo se construye, con su voz grave y su altanera actitud que buscan crear un muro que oculte su molestia -al nivel de trauma- por su baja estatura y alusiones en diminutivo, Francisco Moreno Merino busca una vez más ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, vestido de "ciudadano" y rodeado de parte de lo peor de la dizque clase política de Cuernavaca, como Manuel Martínez Garrigos, Alfonso Pedroza Ugarte y Jorge Messeguer Guillén”, agregó.

Y remató:

“Sin duda la apuesta electoral de Moreno Merino, es a la desmemoria ciudadana, a que olviden al votar su pasado priísta, su fama de misógino, su trayectoria de excesos, sus mentiras, su paso como presidente de la Mesa Directiva en la ‘honorabilisima‘ anterior legislatura”.

HASTA EL LUNES.

Quienes conocen a Fernando Blumenkron Escobar coinciden en que es un excelente profesionista pero sobre todo una buena persona. Sin embargo, por azares del destino en los últimos años atraviesa por una mala racha, primero como director del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC) y últimamente como secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del  Sistema Anticorrupción en Morelos.

Advertimos en su momento que nunca debió aceptar la dirección del SAPAC, no solamente por los antecedentes que existen (una ex directora y varios funcionarios muertos en condiciones sospechosas), sino porque políticamente quedó en medio de un pleito entre el alcalde Antonio Villalobos y el que fuera su jefe de asesores, Omar Maganda, por motivos que sólo ellos conocen.

Ahora, de la misma manera que en su momento Alejandro González Chévez estuvo bajo proceso penal “sin deberla ni temerla”, también quedó como imputado en una denuncia penal interpuesta ayer por un grupo de abogados en contra de Eva Penélope Picazo Hernández, América López Rodríguez, César Santana Nava, Dora Ivonne Rosales Sotelo, América Berenice Jiménez Molina y el propio Blúmenkron.

El documento, del cual tenemos copia con el sello de recibido de la Fiscalía General de Justicia (no la Fiscalía Anticorrupción, a la que parecen no tenerle nada de confianza) menciona que a los antes nombrados se les imputan “ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos”. La denuncia quedó radicada con el número de carpeta de investigación SC01/8289/2020.

A decir de los denunciantes (Marco Antonio Salgado Gama, Ruth Arias Aceves, Antonio Miranda Sotelo, Ricardo Popoca González y Miguel Ángel Osorio Aldama) Fernando incurrió en los delitos mencionados al aceptar el cargo de secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Exactamente igual que González Chévez.

La historia ya la conocemos:

Un grupo de nueve ciudadanos –apartidistas y sin cobrar un solo centavo por ello- analizaron los currículums de quienes se inscribieron para ocupar los cinco espacios del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y eligieron a Roberto Coranguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida, cuya presidencia es rotativa, en ese orden.

Según la ley de la materia, los antes mencionados sí tienen derecho a un sueldo. También contempla la existencia de un Comité Coordinador que está integrado por el presidente del CPC (Roberto Coranguez); el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (con una encargada de despacho);  el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez; el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; que era César Santana Nava; la representante del Consejo de la Judicatura estatal (o su equivalente) María del Carmen Verónica Cuevas López (que tampoco está ya); la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo (hoy sustituida por Dora Ivonne Rosales Sotelo); el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Manuel García Quintanar, y la representante común de los Contralores Municipales del Estado, América Berenice Jiménez Molina (hoy contralora estatal).

En marzo pasado, a través de un comunicado firmado por tres de los cinco integrantes del CPC-SEA, se dio a conocer el relevo de Coránguez Esquivel por “la falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”, por lo que “con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”

“Por lo tanto, Picazo Hernández, será presidente sustituta hasta el 30 de abril, fecha en que culminaba el periodo de su antecesor, y posteriormente se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril de 2021, ya que en orden de prelación le toca asumir la representación del CPC-SEA por un año”, decía el documento.

Tras el “madruguete” de Penélope a Coranguez, entonces se dio la designación del secretario técnico del CPC con el voto de Eva Penélope Picazo Hernández, América López Rodríguez, César Santana Nava, Dora Ivonne Rosales Sotelo, América Berenice Jiménez Molina, sin seguirse el procedimiento establecido por la ley, consumándose así –según los denunciantes- el delito de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos.

Es de esperarse que, de la misma manera que la Fiscalía Anticorrupción procedió a investigar y a judicializar la carpeta en contra de González Chévez, en esta ocasión también se ponga a disposición de un juez penal el expediente contra Blumenkron y los demás acusados, para estar en igualdad de circunstancias.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que “la manzana de la discordia”, es decir, el Comité de Participación Ciudadana, desaparezca. 

La diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Barrera Vázquez, dejó entrever esa posibilidad el pasado fin de semana en entrevista (tras una conferencia de prensa en torno a la ley Olimpia).

Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está convencido de que ese organismo anticorrupción, tanto a nivel nacional como en los estados, “no debería existir, pues sólo causan gastos onerosos y no sirven para nada”.

De darse la desaparición del CPC, sería la segunda vez que el ex diputado priísta Víctor Hugo Manzo Godínez logra meter a su esposa a un órgano de gobierno a cobrar y le dura muy poco el gusto. Primero lo intentó hacer en el IMIPE, donde no fue seleccionada; después logró que quedara en la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas pero sólo estuvo un año pues la desaparecieron porque no tenía razón de existir. Y ahora el CPC-SEA, donde Penélope  quería ganar como diputada pero sólo le aprobaron 50 mil pesos mensuales, que pagados en forma retroactiva será una buena lana… mientras le dure.

En el caso de Fernando Blumenkron, parece que la suerte le regresa y ahora está entre los 12 finalistas para ocupar una posición en un órgano relacionado con la materia electoral, que es lo suyo y se lo merece.

Quizás en algunos estados el sistema estatal anticorrupción sí haya servido de algo, pero al menos en lo que a Morelos toca, todos los protagonistas están reprobados.

HASTA MAÑANA.

El presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Francisco Javier Acuña, publicó esta semana un artículo muy interesante sobre el caso Odebrecht y la detención (en un hospital) del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el que deja en claro que el hecho de que haya información en todos los medios sobre las supuestas declaraciones del recién extraditado, no significa que haya transparencia por parte de la Fiscalía General de la República.

“Urge conocer la versión pública de esa averiguación previa -instrucción del INAI, a la fecha incumplida- precisamente, para que se conozca a qué funcionarios públicos se incluyó en la lista de presuntos responsables y testigos, así como la clase y el número de diligencias que se practicaron hasta octubre de 2018. Clave para que exista un control social pendiente de la evolución de los juicios y sus resultados”, establece el servidor público.  

Explica que el acuerdo de extradición conseguido con el exdirector de Pemex bajo el principio de oportunidad (que entraña una negociación de condiciones favorables para Emilio Lozoya) se ha difundido bajo los cánones de la filtración, las especulaciones y las revelaciones formalmente no autorizadas por la autoridad ministerial a cargo de la indagatoria que forma parte de la Fiscalía General de la República.

“Esa autoridad ministerial, de la que ahora se han filtrado —al parecer— las supuestas declaraciones del recién extraditado, es la misma que, desde hace tres años, se ha negado a responder con transparencia y en rebeldía a la orden del INAI de brindar información precisa mediante versión pública de la multicitada averiguación previa”, señala.

Y remata:

“Resulta inaceptable que de la hermética Fiscalía General de la República hayan salido versiones que inundan los medios de comunicación con conjeturas prejudiciales, dispersadas exprofeso antes de llevar el asunto a la correspondiente autoridad jurisdiccional. Eso favorece los conocidos “juicios paralelos”, los cuales tienen consecuencias absolutamente contraproducentes.

Y es que, para acabarla de regar, el presidente de la República recomendó ayer que los ciudadanos den seguimiento a todo el juicio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, ya que al ser un caso que involucra a la sociedad política podría haber la intención de que pase de noche o no se informe la suficiente.

“El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco”, dijo durante la conferencia matutina.

Qué peligroso resulta eso. Pareciera que se hará realidad aquella frase que dijo hace muchos años sentenciando que “al diablo las instituciones”, y que sea el pueblo el que juzgue la culpabilidad o inocencia de una persona.

Ya lo ha dicho valientemente el fiscal general Alejandro Gertz Manero: la Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias sin pruebas contundentes.

"Nos presentan las denuncias sin las pruebas de Hacienda, tenemos que ir a su propia secretaría a que nos den las pruebas, entonces la secretaría no nos da las pruebas y entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque no tenemos las pruebas que nos debían haber entregado, eso no se vale”, declaró recientemente.

Y en Morelos el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez no ha tenido la valentía de declarar lo mismo, pero lo que ocurre a nivel local es muy similar.

Al Poder Ejecutivo se le hace muy fácil imputar delitos a diestra y siniestra, redactar querellas y depositarlas en la Fiscalía Anticorrupción, y “echarle la bolita” a la Fiscalía Anticorrupción. Si el caso no es judicializado es culpa de esa institución, y si se cae en las audiencias judiciales es por complicidad de los jueces o ineficacia de los fiscales, pero nunca de quien hace la denuncia.

Tanto a nivel nacional como en el plano estatal, parece que solo importa el impacto mediático, no la contundencia legal.

Y eso se ha notado en el caso de la denuncia contra el presidente municipal Antonio Villalobos Adán, hecha por ex servidores públicos de la propia comuna sin presentar las pruebas.

“El show” de soldados y elementos ministeriales armados hasta los dientes para ir por una computadora a la tesorería del Ayuntamiento capitalino tuvo un buen impacto mediático, pero hasta ahí se quedará si no hay pruebas contundentes.

Lo que se está haciendo, tanto con Lozoya como con Villalobos Adán, es lo que se conoce como “justicia paralela”, que aborda el jurista Francisco Letoria en su artículo “La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española”.

Menciona el doctor en derecho que uno de los asuntos que más ha llamado la atención de la opinión pública durante las últimas décadas es la creciente tensión que existe entre los tribunales de justicia y los medios de comunicación.

“Se ha acuñado la expresión “justicia paralela” o “justicia mediática” para referirse a todas aquellas actuaciones realizadas al margen del proceso jurisdiccional, y que en alguna medida se superponen a la misma, investigando, aportando pruebas y realizando juicios de inocencia o culpabilidad que no siempre coinciden, generando una situación compleja y que puede afectar a una serie de derechos”, menciona.

“Es claro que entre ellos estarán el derecho a un proceso debido y a un juicio justo, el derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar, y la presunción de inocencia”, acota el jurista.

Desgraciadamente, eso no lo entienden los que conducen los destinos de este país, o si lo entienden no les importa, pues primero están los intereses económicos y/o políticos.

Por otro lado y al hablar de intereses económicos, parece que el daño en materia de dinero provocado al Congreso local por Francisco Moreno Merino y sus sucesoras en los órganos de control legislativo apenas –varios años después-  se comienza a superar. De los 80 millones que dejaron de déficit a los actuales diputados  se ha pagado casi todo –parece que queda un porcentaje del cinco por ciento- mientras Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera Alatriste están bajo proceso, no así su compañero de curul Francisco Moreno.

HASTA MAÑANA.

En el futbol se llama “Draft” o “Mercado de Piernas” y es la etapa previa al inicio de un campeonato. Consiste en que los representantes de todos los equipos venden y compran jugadores, pero para saber si lo hicieron correctamente tienen que esperar a que termine el torneo y ver en qué lugar de la tabla quedaron, o si fueron campeones.

Lo mismo ocurre en estos momentos en Morelos y en todos los estados donde habrá elecciones en junio del 2021. Los franquiciatarios de los partidos ya comenzaron a salir —a pesar de la pandemia—en busca de aquellos candidatos que les resulten más redituables.

Tanto en términos futbolísticos como electorales, una buena adquisición es aquel elemento en el que se gasta lo menos posible y la ganancia es muy superior. Un jovencito “canterano” que casi paga para jugar en primera división y que se conforma con verse en las primeras planas de los periódicos, pero que resulta el campeón de goleo, es una verdadera joya para los que se dedican al negocio del futbol.

En cambio, si contratas a un jugador con mucho renombre, pero resulta que por la edad ya no da el ancho, o que incluso a media temporada se lesiona, es una pésima adquisición.

Tanto en el draft deportivo como en el mercado electoral existe una figura singular. En los deportes se llama “agente” en tanto que en la política se llama “operador”, y generalmente es quien se lleva la mayor ganancia en este tipo de transacciones. También les llaman “coyotes” cuando sus formas de trabajo no soy muy ortodoxas.

Y es que este tipo de personajes, cuando carecen de escrúpulos suelen hacer algunas trampas para beneficiarse de la venta de un jugador. Son como los corredores de bienes raíces o los “brokers” en las casas de Bolsa.

Algo que ocurre con mucha frecuencia en el “mercado de piernas” es que el intermediario “infla” intencionalmente al jugador que está ofreciendo para obtener así un precio más alto. Una portada en una revista especializada o una entrevista en televisión; o un hashtag en redes sociales donde se diga que “ha nacido el nuevo Pelé”, es perfecto para impresionar a los dueños de los grandes equipos y que suelten la dolariza.

En la política pasa exactamente igual. Lo peor es que los partidos políticos se dan cuenta de ello hasta que se dan las elecciones y se dan cuenta que su candidato no ganó ni en su colonia.

Y de la misma manera que en el futbol todos quieren “ser fichados” por el equipo que ganó el campeonato anterior, en la política todos quisieran ser candidatos del partido político que arrasó en las pasadas elecciones, lo que no siempre significa que en esta ocasión vaya a arrasar en las urnas.

En ese caso está el partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual ganó hasta sin candidatos o con candidatos presos en el 2018. Todos sabemos que esa ola (o más bien tsunami) la provocó el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que difícilmente se mantendrá en las elecciones del próximo año.

Sin embargo, Morena se está dando el lujo de “darse a desear”, y no acepta candidatos que no hayan hecho méritos para ello. Van a estar muy peleados esos lugares y hasta podría haber zafarranchos con tal de obtener el derecho a competir por una presidencia municipal o una diputación, ya sea local o federal.

Con el resto de los partidos sucede al revés. Todos andan buscando “candidatos redituables” que les garanticen un buen número de votos que les permita mantener el registro y proveerles de regidurías y diputaciones plurinominales.

El instituto político que ya tomó la delantera en el proceso de selección de candidatos fue el PT. El pasado miércoles estuvo en Morelos el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, quien  sostuvo una reunión de trabajo con la estructura de la militancia petista, donde hizo entrega de reconocimientos a los coordinadores de afiliación municipal.

Durante el encuentro, el Comisionado Político Nacional del PT, Alberto Anaya manifestó su respaldo al trabajo de la Comisionada Política Nacional del PT en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y señaló que en Morelos la estructura del Partido del Trabajo se fortalece con hombres y mujeres comprometidos con las causas sociales. No podía ser de otra manera.
Señaló que el Partido del Trabajo seguirá trabajando de la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho durante 18 años, y juntos lograr la cuarta transformación del país. No podía ser de otra manera, si se sueltan de Morena dejan de existir.
En este mismo evento quedó fincada la alianza política con el Movimiento Nacional por la Esperanza, donde tomaron protesta los coordinadores (y posibles candidatos para el próximo año) Paty Torres Rosales, de Cuernavaca, Agustín Alonso de Yautepec; Raúl Tadeo Nava, Arturo Abúndez y Félix Sánchez, entre otros.

Unos días después comenzó a moverse en el escenario político el dirigente del PRI en Morelos, Jonathan Márquez, quien “placeó” a la secretaria general de la CNOP Cristina Ruiz Sandoval.

La dirigente del sector popular del PRI aseguró que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha caído en más del 20 por ciento, y lejos de atender la pandemia para recuperar la aceptación del electorado ha emprendido una campaña contra el PRI basada en supuestas filtraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Por su parte, y siguiendo la línea del PRI a nivel nacional, Jonathan Márquez no descartó que se conforme una alianza de partidos para lograr una mayoría opositora en la próxima legislatura, que acote el poder que actualmente tiene el gobierno estatal. 

Veremos cuáles partidos salen al escenario político en los próximos días en busca de buenos “fichajes”, y seguramente también tendremos la aparición de personajes que solamente vemos cada tres años, y que presumen tener arrastre sin importar el partido político que representen. Son los mercenarios de la política, que no tienen una ideología definida y sólo buscan las prerrogativas de los partidos.

A esos, tanto en el futbol como en la política se les llama “cartuchos quemados”.

HASTA MAÑANA.

Tradicionalmente la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA) ha sido manejada como una empresa particular, pues su operación se asemeja a cualquier compañía de seguridad privada al cobrar por sus servicios, con la salvedad de que las pérdidas las absorbe el erario, de tal manera que nunca quiebra. 

Para los empresarios de la seguridad privada “la PIBA” representa una competencia desleal, pues es la única empresa que cuenta con un permiso para que sus elementos puedan portar armas. Las demás sólo pueden portar toletes y gas lacrimógeno, lo que resulta irrisorio para enfrentar a la delincuencia.

Cualquier persona puede contratar a un policía armado por tarifas que van desde 524 pesos diarios hasta mil 612 según el grado de peligrosidad que se determine, de tal manera que hay empresas que pagan hasta 100 mil pesos mensuales por seguridad intramuros o de escoltas.

¿Cuánto ingresa a las arcas del gobierno estatal por el pago de los servicios de seguridad que brinda la PIBA? ¿A qué se destina ese dinero? Nadie sabe y también a nadie le importa, pues cualquiera que sea la cantidad no se compara con los más de dos mil millones de pesos que la Comisión Estatal de Seguridad Pública maneja de presupuesto.

Por lo anterior, esa área de la CES es donde mayor margen de corrupción se puede dar (sin contemplar a Reinserción Social, que “se cuece aparte”) debido a que sus medidas de fiscalización son muy vulnerables. 

Pero además, cuando se han tenido indicios de corrupción la dependencia ha contado con la protección y complicidad del área de asuntos internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Lo que vamos a presentar a continuación es la denuncia de un policía raso de nombre Raúl Alberto García Carrillo:

Siendo aproximadamente las 09:33 horas del día 22 de enero del 2019, a bordo de la unidad oficial sin balizar, marca NISSAN, modelo ARMADA, de color gris plata, con placas: PXN 1390 del Estado de Morelos, asignada a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, en específico a las funciones operativas del Sector Tres, ingresamos a la gasolinera conocida como Servicio Diez ubicado sobre la autopista México - Acapulco, como conductor y responsable el policía raso, Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López, lo acompañábamos otros cinco elementos de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, ya que tres íbamos a ser implementados en diferentes servicios y dos más se le llevaría a las oficinas de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar en C-3, en ese momento que estamos en la gasolinera antes mencionada arriba un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva color plata, placas 396 YCA del Distrito Federal (SIC) el cual conducía el elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Adrián Espinoza Gaspar, quien desciende del vehículo Chevrolet, se acerca a la ventanilla del lado del conductor de la camioneta Nissan y dirigiéndose al Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López le indica que primero pasa él a cargar y después pase la camioneta a cargar, acto seguido aborda Adrián Espinoza Gaspar el vehículo Chevrolet y lo acerca a la última bomba de la gasolinera, donde es atendido por una empleada mujer joven, de estatura baja, pelo rubio y tez clara, quien le comienza a despachar gasolina en la unidad Chevrolet, una vez que abasteció esta unidad, arranca y el Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López acerca la unidad NISSAN, en ese momento me percato que la empleada mantiene en su mano la manguera despachadora de gasolina, en ningún momento reinicia el ciclo para despachar de la bomba, solo conecta el despachador al tanque de gasolina de la camioneta NISSAN y observo que sigue corriendo el indicador de la bomba de gasolina, desde la cantidad de cuatrocientos hasta completar un total de mil, así mismo observo como le da el ticket de consumo al Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López y este lo firma por el total de mil pesos y procedemos a retirarnos. Por terceras personas tengo de conocimiento que el vehículo marca Chevrolet modelo Meriva color plata, placas 396 YCA  el cual conducía el elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Adrián Espinoza Gaspar, es propiedad de Director Operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado de nombre Fidencio Pérez Morales, así mismo que este tipo de situaciones que presencié y relato es algo que ya tiene semanas sucediendo”.

Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en represalia el mismo director operativo al que denunció le inició un procedimiento administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos que culminó con la remoción del cargo previa determinación de la Comisión de Honor y Justicia de la propia CES.

A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez tiene dos denuncias interpuestas por este elemento de la Policía Morelos, la primera que quedó radicada con el número FECC/011/2019-02 y ratificada el 5 de febrero del 2019, señalando al director operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de Morelos, Fidencio Torres Morales, por robo de combustible de uso oficial; y una segunda con el número FECC/305/2019 contra la titular de Asuntos Internos, Merary Pimentel Laynez, el director general jurídico, Oscar González Marín y el propio titular Antonio Ortíz Guarneros.

En esta última, el denunciante señala que la funcionaria incurre en el delito de ejercicio ilícito del servicio público al haber aceptado el nombramiento sin cumplir con los requisitos que establece la Ley de Seguridad Pública, como es el tener más de cinco años de residencia en el Estado o Municipio, según sea el caso, al día de la designación; tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la designación y acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública.

Raúl Alberto García Carrillo considera que si el nombramiento está firmado por el comisionado Antonio Ortíz Guarneros, también es responsable no solamente del ejercicio ilícito, sino también de coalición, por lo que involucra a Óscar González Marín, director general jurídico de la institución, pues de acuerdo al artículo 273 del Código Penal para el Estado de Morelos, “cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Es un tema controversial en el que el policía raso se enfrenta contra todo el sistema y lleva las de perder, pero también puede ser un ejemplo de que quien persevera alcanza y que la justicia tarda, pero llega.

HASTA MAÑANA.

Más de la mitad de las presidentas y los presidentes municipales de Morelos han optado por el recorte de personal para hacer frente a la crisis financiera que se agudizó con la pandemia del covid-19 y ante el nulo respaldo de los gobiernos federal y estatal, es la noticia publicada en el espacio de Carmen Aristegui a nivel nacional, que "prende los focos rojos" de que algo grave está sucediendo en Morelos. 

"Actualmente esta entidad se conforma por 36 municipios, los cuatro de más reciente creación son municipios indígenas", explica la nota enviada por su corresponsal en Morelos, Estrella Pedroza, quien cita como fuente al Instituto de Desarrollo y Fomento Municipal (Idefomm). 

“Las cosas están muy críticas y en efecto más de la mitad de los presidentes municipales ya dijeron que van a empezar a hacer despido de personal”, declaró Adrián Cázares González, presidente de la Junta de Gobierno de dicho organismo que aglutina a todos los alcaldes de Morelos. 

Detalló que la decisión la tomaron a partir del 15 de junio, cuando les hicieron efectivo el recorte de participaciones federales y tras más de tres meses de no recibir apoyo del gobierno estatal. 

Entre las municipalidades donde han iniciado o están por iniciar los despidos son Cuernavaca, Hutzilac, Jojutla, Puente de Ixtla,  Cuautla,     Tlayacapan,  Atlatlahucan, Tlalnepantla, Tepoztlán, Yecapixtla, Jantetelco y  Yautepec, pero a medida que avanza la pandemia y no se ve por ninguna parte que se esté domando, como dice el presidente López Obrador.

Algunos alcaldes, antes de dar el paso de despedir a su gente, están buscando alternativas. En Jojutla, por ejemplo, el edil Juan Ángel Flores Bustamante ofreció a sus empleados la posibilidad de pagar solo el 50 por ciento del sueldo por una temporada.

Para quienes no vean conveniente esa opción y prefieran dejar la plaza en el Ayuntamiento, se les garantizará el pago de su aguinaldo al 100 por ciento y la opción de poder reincorporarse en unos meses.

En tanto en Zacualpan de Amilpas, a cargo del propio Adrián Cázares González, se plantea tener trabajo y sueldo escalonado, es decir, trabajar una semana si y otra no, con el pago correspondiente solo al periodo trabajado.

Entre los municipios que ya han anunciado el despido, figura Cuernavaca. Antonio Villalobos Adán admitió que la gruesa nómina es la generadora de la situación financiera.

Para el presidente de la Junta del Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fomento Municipal de Morelos (Idefomm) la opción del despido no es la más adecuada porque eso implicaría más problemas al enfrentar posibles demandas y posteriormente laudos.

Por ello, llamó a sus homólogos y homólogas para que ponderen los derechos de los trabajadores y le apuesten al diálogo.

El problema que explica el alcalde de Zacualpan es muy grave y pondrá a prueba la habilidad de los ediles, pero sobre todo habrá de demostrar su liderazgo. No es nada fácil decirle a un trabajador que está despedido o que si quiere puede seguir trabajando pero con la mitad del salario. 

En Temixco, por ejemplo, hubo airadas reacciones por parte del personal, y no tanto porque no entiendan la situación de contingencia que afecta a todo el país, sino porque -según los afectados- la alcaldesa Jazmín Solano se puso de acuerdo con los líderes sindicales y juntos armaron la lista de despedidos, dejando a salvo a los incondicionales. 

Sobre este mismo tema, en el Congreso local también se están tomando medidas para paliar este problema que se evidenció recientemente en Cuernavaca pero que se podría repetir pronto en otras municipalidades, pues no son suficientes los recursos públicos, debido a dos situaciones principalmente, la primera es por los efectos de la pandemia sobre la economía, que ha obligado a parar el motor económico de México, y la caída de los precios del petróleo, situaciones que han repercutido en la caída de la recaudación de impuestos.

Para ayudar a solventar esta difícil situación económica, el gobierno del estado remitió al Congreso el pasado 29 de junio la iniciativa para que se autorice al gobernador a participar en el “Esquema de Potencialización del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)” que nace del acuerdo CCCXXVIII de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada el pasado 01 de abril de 2020, en la modalidad de videoconferencia, dentro del punto de la agenda “Medidas ante la Contingencia Sanitaria”, los miembros de la Comisión, con fundamento en los artículos 16, fracción II, 20 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, aprobaron por unanimidad el siguiente:

 “Acuerdo: “328/2.- Con el objetivo de garantizar los recursos de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, ante una eventual disminución de los fondos de participaciones referenciados a la Recaudación Federal Participable, derivado de la reducción en los precios internacionales del petróleo, así como por los efectos que está generando la pandemia del COVID-19, se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que diseñe un mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)”.

No cabe duda que esta contingencia económica nos está poniendo a prueba a todos y sólo saldrán avantes aquellos que demuestren tener la capacidad y la creatividad necesarias para enfrentar este tipo de retos. Después de la pandemia (además de ver cuántas personas fallecieron físicamente) se podrá hacer también un recuento de aquellas que -políticamente hablando- quedaron sepultados por no haber sabido enfrentar adecuadamente el problema, en tanto que algunos saldrán fortalecidos en su imagen ante la sociedad. 

HASTA EL LUNES 

Tiene razón el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que en las pasadas administraciones se crearon muchos organismos que tienen como objetivo resolver prácticamente todos los problemas del país, pero que en la práctica se convirtieron en entes burocráticos muy costosos con poca efectividad.

En una de sus conferencias mañaneras, López Obrador puso como ejemplo un caso ficticio: La creación de un instituto para atender el problema de los niños de la calle, que es una acción totalmente justificada, pero que implica la creación de una nueva dependencia que necesita oficinas, sueldo para el titular, dos asistentes, una secretaria, un chofer y tres asesores.

Entonces –dice el presidente- resulta que del dinero que se iba a destinar a los niños de la calle ya no llega porque se fue quedando en la conformación de la burocracia destinada a ese fin.

El ejemplo más claro fue el programa “Cruzada contra el hambre”, que no le sació el hambre a nadie y sí hizo millonarios a muchos.

Una de esas dependencias nuevas es la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Todos sabemos que con la “guerra de Calderón” miles de personas fueron asesinadas y sus cadáveres enterrados en todo el país (61,637 mil al 31 de diciembre de 2019, según datos de la SEGOB), por lo que hay cientos de miles de mexicanas y mexicanos buscando a sus hijos, padres y/o hermanos. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto trató de resolver todo creando dependencias de gobierno con sus respectivas leyes. Así, en 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que implica el nacimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Comisión Nacional de Búsqueda: a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con su respectivo Consejo Ciudadano.

Pero además, en el decreto que se crean dichas instituciones se establece la obligatoriedad de que cada uno de los estados cuente con organismos similares. Así nace la Comisión de Búsqueda de Morelos, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Nace sin presupuesto, sin sede, sin equipo, sin nada, como todas las oficinas de nueva creación.

Pero todavía más preocupante es que todas estas instituciones no deberían existir si las que ya existen cumplieran a cabalidad con sus funciones. Me explico: una Comisión de Derechos Humanos no tendría razón de ser si no existieran violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas. Y si no existiera la CEDH tampoco tendría por qué haber una Dirección de Atención a Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno.

La desaparición de persona es un delito, por lo tanto le corresponde al Ministerio Público investigarlo, resolverlo y sancionarlo. Pero como no lo hace, entonces tiene que surgir una instancia burocrática que le ayude.

Aquí es donde surge la duda: ¿cuál es la función de la Comisión Nacional de Búsqueda y sus similares en los estados de la República?

Seguramente me dirán que sus facultades están en las leyes, y si revisamos la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas encontraremos una serie de buenas intenciones como las siguientes:

I.Efectividad y exhaustividad: todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación.

1. Debida diligencia: todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos.

III. Enfoque diferencial y especializado: al aplicar esta Ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas.

Ahora vamos a la realidad:

Según Rafael Idiáquez, ex vocero de la Comisión de Derechos Humanos y actual Subdirector de Acciones de Búsqueda de la Comisión local, en el reciente hallazgo de restos humanos en el municipio de Puente de Ixtla, hubo un trabajo coordinado entre autoridades y familiares, y ya cuando ubicaron el lugar, pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Lo anterior por que –como se lo comentamos personalmente a Rafa- él no es Ministerio Público ni tampoco tiene el equipo necesario para buscar gente bajo la tierra.

“Al iniciar el segundo día, las familias manifestaron su interés de verificar los trabajos que se supone habría realizado Servicios Periciales en el campo el salado, por ello nos trasladamos para allá donde se constató que el área no estaba acordonada, la excavación expuesta al clima; los restos encontrados ya habían sido retirado sin escarbar más para verificar si el cuerpo estaba completo; en fin, una serie de omisiones que están fuera de protocolo”.

Directo y sin rodeos como ha sido siempre, Rafa Idiáquez afirmó:

“Sí hay coordinación entre autoridades y familiares. Quienes no se quieren sumar a esta dinámica son aquellas adscritas a la Fiscalía General del Estado cuyo titular ha manifestado su intención de colaborar, sin embargo creo que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas no le quiere hacer caso a su Fiscal General”.

HASTA MAÑANA.

Ingenuamente han comenzado a circular listas de los abogados “que suenan” para ocupar las magistraturas que están quedando vacantes derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 14 años el periodo de duración de estos servidores públicos. No se trata de que suenen o no, sino que estén en posibilidades de obtener el número suficiente de votos en el Congreso local, ya sea por influencias o mediante el pago de jugosas cantidades a personajes del Poder Legislativo.

¿Las magistraturas se compran? Por supuesto. Sabemos de magistrados que invirtieron todo su patrimonio para cubrir la cuota que les impusieron desde el edificio de Matamoros (cuando el Congreso se ubicaba en esa calle), en pagos sin firma de recibido y a través de terceras personas.

No siempre ha sido así. En algún tiempo el gobernador en turno mandaba la lista de profesionistas del derecho que debían ocupar los espacios en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia e incluso los que debían ser contratados como jueces de primera instancia. No era para nada extraño que los abogados que se veían en los eventos del candidato priísta, al ganar las elecciones y después de que el gobernador tomara protesta, automáticamente pasaban a ocupar la titularidad de algún juzgado.

Eran los tiempos en que la división de poderes era una inalcanzable utopía. El gobernador en turno hacía y deshacía en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las magistraturas eran “conquistas alcanzadas en campaña” y no se tomaba en cuenta ningún otro mérito que no fuera la cercanía con el gobernador. 

Suponemos que la última vez que ocurrió así fue en 1994, cuando las elecciones las ganó el general Jorge Carrillo Olea y el Tribunal Superior de Justicia se llenó de personajes desconocidos que tenían como característica común el haber pertenecido al Poder Judicial Federal. Eran “los amigos de Carlos Peredo Merlo”, cerebro jurídico del entonces mandatario estatal, quien de esa manera pagó favores recibidos con anterioridad en los tribunales federales.

Al frente de ese grupo conocido como “los federales”, Carrillo Olea puso a un abogado muy conocido y reconocido en la entidad morelense: don Jesús Bello Espíritu.

En aquellos años era impensable ver los debates que se arman ahora al interior del Pleno, ni las votaciones reñidas que por un voto se decide quién gana la presidencia. ¿Paridad de género? ¿Carrera judicial? Por favor! Nada de eso importaba. Bastaba con que trajera “la bendición” del gobernador.

Prueba de ello es que don Jesús Bello Espíritu fue electo presidente del TSJ sin haber sido magistrado. De la dirección de la Facultad de Derecho de la UAEM saltó al TSJ por determinación del Congreso y de ahí en automático a la presidencia del órgano colegiado. De la misma manera, después de que hizo enojar al general, al otro día los magistrados sesionaron y determinaron separarlo del cargo para poner en su lugar a Jesús Vallejo, quien se mantuvo disciplinado de principio a fin.

Con la llamada “alternancia en el poder” que se inició en el año 2000, el mecanismo para conformar el Pleno del TSJ cambió. Ahora cada partido político representado en el Congreso ponía a sus magistrados, y ya comenzaron a tomar en cuenta que los elegidos tuvieran algo de carrera judicial y que fuera una que otra mujer. Pero ya era un avance.

Los últimos años se volvió un desgarriate. Los magistrados fueron entrando por cualquiera de las vías: en reconocimiento a su trayectoria al interior del Poder Judicial; por recomendación de un partido, o mediante la compra de votos.

Suponemos que así va a darse la designación de las magistradas y magistrados que habrán de sustituir a Carmen Cuevas, Miguel Ángel Falcón, Rocío Bahena y Valentín González.

Primero se tendrá que cumplir con la cuota de género. Actualmente son ocho magistradas y una más (Guillermina Jiménez) en espera de que se resuelva su situación legal, así que seguramente quienes sustituyan a Rocío y a Carmen serán también mujeres.

Muy probablemente serán jueces, cumpliendo así con la paridad de género. Los otros dos espacios quedan libres, y en virtud de que ninguno de los partidos políticos representados en el Congreso tiene el control absoluto del mismo, tendrá que definirse por el método más antiguo de la humanidad: el dinero.

Sin embargo, antes se tendrá que cumplir con la parafernalia de las declaraciones de las diputadas y los diputados diciendo que se va a privilegiar la honradez y los conocimientos jurídicos de los aspirantes, a quienes someterán a ensayos por escrito e interrogatorios (será patético ver a doctores en Derecho humillándose ante diputad@s con secundaria trunca) para que al final se elijan a los peores.

Y es que hay varios diputados y diputadas que ya perdieron toda pizca de dignidad y se han convertido en auténticos mercenarios. Ya hasta perdieron la cuenta del número de veces que han cambiado de camiseta, ya no saben si son de izquierda o de derecha, gobiernistas o antigobiernistas, el chiste es agarrar todo lo que puedan de aquí a que termine el presente trienio, pues saben que –aunque exista la figura de la reelección- nadie volverá a creer en ellos.

Ell@s podrían ser fiel de la balanza a la hora de elegir a los responsables de impartir justicia en el más alto órgano jurisdiccional de esta entidad. Es una pena pero así es.

HASTA MAÑANA.

Primero lo vimos en la parte trasera de los camiones como cualquier campaña publicitaria de una estación de radio, pero ya cuando apareció también en anuncios espectaculares estratégicamente ubicados sobre el libramiento de la autopista caímos en la cuenta: “Ese Arturo va por una diputación”.

Seguramente lo ha visto. Es el locutor Arturo Ortíz, aparece de traje frente a un micrófono con su nombre en letras grandes, demasiado grandes como para que a la gente no se le olvide. En la radio ya es muy conocido por su similitud física con el cantante Erasmo Catarino. Y es que sí se parece, sólo que más cachetón.

Conocemos a Arturo desde que ambos cursábamos la preparatoria nocturna en la “Bernabé L. de Elías” a finales de los ochentas. Inconfundible con su peinado de copete a un lado y sus “Top Sailers” sin calcetines, porque así era la moda. En el tercer año del Bachillerato se inició como “milusos” en una estación de radio, y aunque estudió Administración en la UAEM, su sueño siempre fue ser locutor. Y lo logró.

Si mal no recuerdo, vivía en alguna de las unidades habitacionales de Jiutepec, La Rosa o la Campestre; era, como dijera Luis Donaldo Colosio, “de la cultura del esfuerzo” como todos los que acudíamos a la prepa nocturna. Los “fifís” (Julio Aranda, Tlaulli Preciado, Miguel Ángel Isidro, Isidro Calderón…) iban en el turno matutino.

Arturo fue “chalán” de Víctor Hugo Salgado Granados durante muchos años hasta que pudo volar por sí mismo. Fue creador del concepto “Minuto 57” que consistía en usar los últimos tres minutos de cada hora para dar a conocer lo más importante de la información en todas las estaciones de radio.

También fue fundador en Morelos del concepto radiofónico donde hay un conductor serio y otro que le pone “la sal y la pimienta”; lo inició con Juan José Arrese, luego con Jorge Mora (el popular “Bob Marlin”) y últimamente con personajes de la diversidad sexual.

De manera paralela, Arturo ha sido estratega de varios políticos, algunos públicamente pero otros “tras bambalinas”. De hecho, pocos saben que fue uno de los encargados del Marketing Político del hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando éste contendió para la presidencia municipal de Cuernavaca, lo que le valió salir en la portada de la revista especializada “Campaigns & Elections”.

Como podemos darnos cuenta, el comunicador Arturo Ortíz sabe más de campañas políticas que muchos políticos, así que no sería descabellado que en esta ocasión esté pensando en ser el comunity manager de sí mismo.

A los partidos políticos les conviene, pues si se busca que un candidato sea muy conocido Arturo cumple perfectamente con ese perfil.

No sería la primera vez que un comunicador salte de la radio o la televisión a la cámara de diputados. Cada vez que hablo de este tema me recuerdan que el primer periodista que se hizo político fue Trinidad Padilla Barragán, que de la subdirección de El Nacional propiedad de don Ernesto Pacheco Cedillo saltó a la presidencia municipal de Temixco y de ahí a la diputación local. Pero eso fue hace mucho, y creo que su paso por el periodismo fue más bien circunstancial.

El caso más reciente lo tenemos en el conductor del noticiero de Televisa Morelos, Omar Guerra, quien contendió para la diputación local bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional y derrotó por amplio margen a la panista Adriana Rebeca Vieyra Olivares, en el 2009.

Y más cerca todavía fue la incursión del también comunicador Alberto Mojica Linares, quien en el 2015  ganó “por una nariz”  a la candidata de la alianza PRI-PVEM. 

Desde nuestro punto de vista, ambos comunicadores tuvieron un buen desempeño individual, pero se vieron perjudicados por el descrédito que ha afectado a las últimas legislaturas.  De hecho, todos los legisladores llegan con mucho ímpetu, pero poco a poco la inercia política los va cambiando. 

Lo mismo parece estarle ocurriendo a la diputada Alejandra Flores, quien es comunicóloga de profesión y actualmente presidenta de la Junta Política del Congreso, a expensas de que la Suprema Corte de Justicia la revoque o confirme.

Otros comunicadores que han intentado incursionar en la política son Pablo Rubén Villalobos Adán en Cuernavaca y Armando Basaldúa en Cuautla. Adriana Aguirre en Emiliano Zapata y Héctor Parra en Cuernavaca y Huitzilac. Ray Cárdenas también incursionó en la política pero se retiró decepcionado porque sólo le ofrecían una regiduría en Movimiento Ciudadano.

La actual regidora por Cuernavaca, Anayeli Rodríguez, orgullosamente ex reportera de La Unión de Morelos y muy probablemente candidata a una diputación local.

Hasta ahora el comunicador Arturo Ortíz “no se ha destapado” como aspirante a ningún cargo de elección popular, pero resulta muy sospechoso que su campaña promocional se dé precisamente a unas semanas de que comience la efervescencia política con miras al proceso electoral del 2021 donde “la caballada está muy flaca” y los partidos políticos tendrán que buscar nuevas opciones, caras nuevas e ideas frescas si quieren seguir en la preferencia de los votantes.

HASTA MAÑANA. 

A contrapelo con el sentir del presidente Andrés Manuel López Obrador (quien recientemente declaró que “lo ideal es que haya sólo dos partidos: el liberal y el conservador”) en Morelos el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) analiza la posibilidad de incorporar a 35 organizaciones políticas que aspiran a llevarse una tajada de los 24 millones que el Congreso autorizó para ser repartidos entre los institutos políticos que cumplan con los requisitos, lo que se sabrá el próximo 31 de agosto.

Increíble, pero en tiempos en que suponíamos que los partidos políticos habían perdido toda credibilidad, e incluso se esperaba un “boom” con los llamados candidatos independientes, nos encontramos con la noticia de que son muchos, quizás demasiados, los que todavía aspiran a ser “franquicitario” de uno, que le permita iniciarse en el negocio de las elecciones en Morelos.

Resulta interesante analizar la lista de las 35 organizaciones que solicitaron formalmente ser tomados en cuenta para el próximo proceso electoral, pero todavía más la lista de las 11 que están en la recta final. Hay nombres conocidos, otros desconocidos y algunos más que —según nos comentan nuestras fuentes— están a trasmano por si pueden jugarla por dos lados al mismo tiempo.

Por ejemplo, el Partido Auténtico Zapatista que encabezan Jorge Zapata González, Manuel Gómez Vázquez, Erika Belem García Rodríguez y Andrea Duque Sámano. Ya en otras ocasiones se ha puesto en duda el parentesco de don Jorge con el general revolucionario, por lo que todo parece indicar que es un caso más en el que se usa el nombre de Emiliano Zapata para ganar adeptos, pero que no pasó de la primera etapa.

Futuro, Por un Morelos para Todos “Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos”, así dice el registro de esta organización en el Impepac en el que aparecen como representantes legales Fidel Demédicis Hidalgo y Federico Macías Latorre. Recordemos que Fidel es un “viejo lobo” de la política y ha ido conformando una red con la gente que ha apoyado en sus diferentes cargos que ha desempeñado bajo las siglas del PRD. Es de los que seguramente veremos en las boletas.

Movimiento Alternativa Social (MAS) es la agrupación en la que aparecen como representantes  Enrique Paredes Sotelo, Isaac Pimentel Rivas y Ana Bertha Haro Sánchez. El primero de ellos abogado litigante y ex secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca con el priísta Jorge Morales Barud; el segundo es cacique de Ayala y la señora fue presidenta municipal de Tetela del Volcán.

Llama la atención “Podemos (Por la Democracia de Morelos)” cuya representante es Yuriana Lázaro Landa, abogada de profesión; fue síndico de Temixco en el trienio de Miguel Ángel Colin y algún tiempo anduvo muy cercana al polémico Manuel Martínez Garrigós. Hoy hace labor social a través de la fundación Integración Social mientras espera a que el Impepac le otorgue el registro como partido político para contender –seguramente—a la presidencia municipal de Temixco.

Un partido político que se llamaría simplemente “Somos”, y que encabezan Juan Isaías Vargas Gutiérrez, Carlos Marcos Vargas Gutiérrez, Martha Salgado Toledo y Celia Alvarado Morales, todos ellos desconocidos para quien esto escribe (salvo el primero, que coincide en nombres y apellidos con un ex director de la Policía Ministerial) pero que ya están muy cerca de conseguir el registro.

También en la recta final está el aspirante a partido político “Morelos Progresa” cuyo representante legal es el abogado Miguel Ángel López Arellano, quien ha trabajado en el Congreso local y en infinidad de ayuntamientos, ya sea como servidor público o como asesor externo. No hay que perderlo de vista.

Vemos que hubo un intento por revivir el Partido Civilista Morelense que hace algunos años hasta contó con un diputado local. Lo registraron Amadeo Urióstegui Urióstegui, José Luis Rabadán Beltrán, Nelly Burgos Herrera y Esaú González Luna, Otilio Fuerte Mendieta y Manuel Selbach Guerrero, sin embargo, ya no aparece en la lista de los 11 “finalistas” que dio a conocer el Impepac.

El que sí aparece es el Partido Bienestar Ciudadano teniendo como representantes legales a Marco Gustavo Álvarez Vilchis y Omar Jorge Méndez Trujillo. También, uno que pretende llamarse simplemente “Partido Popular”, y que está impulsando Carlos Eduardo Sotelo Vera, ex candidato de Movimiento Ciudadano.

En el camino se quedaron proyectos interesantes como el de los jóvenes José Arturo Domínguez Quiroz, Christian Iván Torres Villalobos y José Alberto Fernández Ortiz, quienes pretendían crear el Partido Movimiento Independiente Morelos; o el Partido que se denominaría Frente Amplio por Morelos que registró Apolinar Rodríguez, el popular “Cancún”, pero ambos no aparecen en la lista de los 11 “finalistas”.

¿Quiénes son Marco Gustavo Álvarez Vilchis y Omar Jorge Méndez Trujillo? Eso es lo que nos preguntamos todos los que hemos visto la lista de los que pasaron a la última etapa para el registro de partidos locales, pues ellos dicen tener 17 mil 765 personas afiliadas al Partido Bienestar Ciudadano en todo el estado de Morelos, más que cualquier otro de los aspirantes.

Ahora bien, ¿Quiénes están detrás de estos “cuasipartidos políticos”? Por simple lógica, hacer una organización política de tal envergadura no es fácil ni barato, así que suponemos que hay gente apoyándolos económicamente pero que se mantienen en el anonimato porque tienen otras aspiraciones y estos partiditos son como su “opción b”.

Suenan muchos nombres que no aparecen en los documentos oficiales del Impepac. Lucía Meza y Ricardo Robledo, Matías Nazario, Julio Espín, Enrique Lafitte, Manuel Martínez Garrigós, Diego Gómez, Antonio Albarrán Contreras, son tan sólo algunos de políticos conocidos que se rumora están atrás de estos proyectos.

Tendremos que esperar a que el Impepac dé a conocer la lista de aceptados para que los verdaderos dueños salgan a decir “esta boca es mía” y comiencen a operar la venta de candidaturas, pues ese ha sido y seguirá siendo el verdadero negocio de los partidos políticos en México.

HASTA MAÑANA.

La entrevista se desarrolló en un restaurante del centro de Cuernavaca en abril del 2018. Atrás quedaron los tiempos en que lo rodeaba un sequito de ayudantes, guaruras, gente de comunicación social y… abogados. Esta vez llegó únicamente acompañado de un par de colaboradores, y no se opone a responder ninguna pregunta, aún aquellas incómodas.

— Sus detractores afirman que la Universidad no está para financiar causas sociales como las fosas de Tetelcingo —fue la primera pregunta—. Que la Universidad no tenía por qué pagar gastos para apoyar a víctimas que buscaban a sus familiares en fosas comunes.

—Sí, creo que esa es una visión muy miope de gente que en realidad no conoce el mundo de la academia, que no se ha inmiscuido en el universo del conocimiento y sobre todo en la utilidad del conocimiento, es una discusión hueca, estéril, el tratar de justificar que los académicos y las universidades deben de vincularse al entorno y deben de dar cuenta de todo lo que tiene que ver con el ser humano, y en ese sentido yo estoy totalmente convencido que una de las funciones sustantivas de la Universidad es poner el conocimiento al servicio de la gente y en este caso de las familias que sufren por la desaparición de un ser querido.

—¿En qué etapa de su vida es donde le surge esta intención de trabajar por el prójimo? ¿Hay algún autor o maestro que le haya dejado marcado y que ahora lo lleva a buscar la gubernatura?

—Definitivamente es mi concepción religiosa, mi formación cristiana, en mi adolescencia yo participé en algunos programas de evangelización en comunidades muy marginadas no sólo en Morelos y el contacto con la gente más pobre, marginada, vulnerable, pues hizo que yo tuviera esta sensibilidad.  También la influencia de mi abuelo (Ángel Jiménez Tapia) que fue médico de pueblo, que hizo votos de pobreza, que asumió su profesión con mucha vocación de servicio como miembro de la Tercera Orden Franciscana pues también ejerció una influencia importante sobre mi conducta, pero por otro lado también la experiencia propia que yo viví con el secuestro de mi hermano pues hicieron que yo como muchos otros académicos y gente de ciencia, me aproximara ya al problema de la violencia.

—¿Que tanto influyó en esta decisión de ser candidato a la gubernatura su ya conocido enfrentamiento con el actual gobernador Graco Ramírez?

—No fue una confrontación que se haya dado de una manera fortuita, a capricho, sino que me parece que la negación al problema de la inseguridad, la negación a las graves violaciones que subyacen en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, hicieron que yo asumiera una posición crítica frente al gobierno. Lamento que al Gobierno le haya incomodado y que a la actual administración no le haya gustado que evidenciáramos esta situación que es una realidad.

—¿Alguna vez se abrió la posibilidad de que Alejandro Vera pudiera ser el candidato del PRI a la Gubernatura de Morelos?

— Cuando estaba la alianza a nivel nacional sí se abrió la posibilidad de que yo fuera el candidato de la Coalición PRI-PVEM-PNA. Entiendo que después hubo situaciones que no permitieron y creo que por algunas diferencias entre los distintos actores políticos del PRI que impidieron que se diera mi candidatura. Siempre busqué acercarme a Nueva Alianza y desde ahí explorar la posibilidad y cuando se materializa el convenio me quedó claro que no era la opción y que no había la disposición y entonces tomé la decisión de no empujar mi postulación. Cuando se da la ruptura con el PRI me habla Luis Castro, dirigente nacional para ofrecerme la candidatura, yo estaba ya en acuerdos de registrarme por el Partido Humanista (que lamento no se haya podido materializar por cuestiones internas del partido) y bueno pues ahí se dio justo la coyuntura y ahí se da el registro con Nueva Alianza, lo cual me honra, creo que es una oportunidad de dar una respuesta ciudadana de cara a los comicios.

—Hay gente que considera que el partido idóneo para usted hubiese sido el de Morena…

—Sí, la verdad es que hubo un acercamiento al principio de mi mandato como rector, pero yo tenía muchos desafíos que resolver y consideré que en ese momento no era lo más adecuado pues la institución demandaba de mí una concentración total y agradecí en su momento la invitación pero no la consideré oportuna. Posteriormente, ya cuando había situaciones distintas pues ya estaba claramente definido que el coordinador y posible candidato iba a ser el senador Rabindranath Salazar, con quien tengo una excelente relación y a quien siempre le hice saber que yo no iba a competir contra él. 

—Y al final ni para usted ni para Rabín….

—Efectivamente, cuando se da la designación de Cuauhtémoc Blanco me doy cuenta que estuvo bien no haber aceptado porque nuestras propuestas son diferentes.

—A Cuauhtémoc y a usted los une que ambos fueron perseguidos por el gobierno de Graco Ramírez…

—La coincidencia es que Cuauhtémoc y yo representamos una oposición real y verdadera al proyecto de continuidad del actual gobierno a través de Rodrigo Gayosso, pero hay una diferencia abismal. Él está sumando el descontento en un sentido pero sin tener un proyecto claro y definido, cosa que yo sí estoy construyendo con distintos actores sociales pero también con académicos que se han ido sumando al proyecto y que creo serán una pieza muy importante para enfrentar este desafío.

—Se le acusa de haber llevado a la UAEM a la bancarrota doctor Vera.

—Ahí están los números: recibí una Universidad con 21 mil estudiantes, la entregué con casi 44 mil estudiantes; 100 mil metros cuadrados de espacios académicos la entregué con más de 180 mil metros cuadrados, ahí están las carreras que se abrieron, una matrícula reconocida por su buena calidad en más del 95 por ciento en los programas del Conacyt. Hasta el diario que siempre nos estuvo denostando y criticando mi gestión recientemente publicó que la UAEM está en séptimo lugar de todas las universidades, me dio mucho gusto ver la nota y que se reconociera aunque yo ya no esté en la rectoría.

—Doctor, viene a mi mente aquella plática que sostuvo usted con varios corresponsales a principios del 2017 en la que no descartaba la posibilidad de pisar la cárcel, incluso comentó que aprovecharía el encierro para escribir un libro. ¿En algún momento de los meses siguientes sintió usted que se haría realidad esa broma?

—Yo tenía claro que si tenía que quedarme como preso político en Atlacholoaya iba a iniciar un trabajo educativo en beneficio de los internos, pero siempre tuve muy claro que era una persecución política.

—Qué pasó por su mente aquella ocasión en que fue sacado del restaurante Iruña y subido a una camioneta en la que –en ese momento- no sabíamos a dónde lo llevarían.

—Una profunda indignación. Me sentí realmente indignado porque yo llevaba 10 amparos y me di cuenta que en 48 horas me habían fabricado otro delito en la Fiscalía Anticorrupción, lo habían judicializado y libraban orden de aprehensión por un delito que no lo ameritaba como es el abuso de confianza.

—¿No sintió miedo?

—No. Y ya sé por qué lo dices. Se manejó la versión de que por miedo había yo negociado con Rodrigo Gayosso para que se desistieran de los cargos y no pisara yo la cárcel, pero aquí te aseguro que nunca hubo negociación alguna ni la habrá. Esta es una oposición real.

—¿Hubo un complot para encarcelarlo?

—Está clarísimo. Sólo así se puede uno explicar que yo que denuncie los horrores de las fosas de Tetelcingo y a quienes ordenaron la inhumación de los cuerpos en Jojutla, en ese momento estaba detenido, y la responsable del entierro de decenas de cadáveres no solamente estaba libre, sino que hasta fue premiada con una candidatura al Senado de la República.

Opinión personal: no creo que el doctor Alejandro Vera Jiménez se haya robado los 239 millones que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que tienen que ser devueltos. Hay mucha gente que resultó beneficiada y que hoy guarda silencio.

HASTA EL LUNES.

La epidemia ya de todos conocida vino a cambiar nuestra vida cotidiana. “Clases vía zoom”, “conferencias webinar”, “transmisión Facebook Live” son términos que se están haciendo comunes en nuestra jornada diaria, y hasta los que no saben leer y escribir tuvieron que aprender a contestar una videollamada por “Whatsapp”.  Hemos optado por sustituir las compra-ventas físicas por adquisiciones “en línea” y pagos con transferencia electrónica.

Cuando analizamos todo lo anterior y vemos que algunas de esas herramientas tecnológicas pudimos haberlas utilizado desde mucho antes para ahorrarnos tiempo y dinero, surge una interrogante: ¿Y qué van a hacer los políticos ahora?

Y no nos referimos a los servidores públicos que hoy medio trabajan desde su casa y siguen ganando el mismo sueldo, sino a aquellos que ya están viendo que se acerca el proceso electoral y que tienen que buscar la forma de seguir pegados a la ubre gubernamental. Sí, esos que desde meses antes comienzan a visitar las colonias pobres para saludar gente, abrazar viejitas y cargar niños.

¿Qué van a hacer ellas y ellos ahora que ya están prohibido hasta los saludos de mano?

Deben estar muy preocupados. Recuerdo que varios candidatos medían su productividad en la jornada de campaña por el número de manos que habían estrechado, o el número de volantes que habían repartido. Doña Mariela Sánchez Cortés tenía la costumbre de regalar besos en la mejilla por igual a mujeres y hombres, y esa era su característica principal cuando andaba en campaña. No queremos pensar en la cantidad de bacterias que recolectaba en cada beso, pero ese gesto le sirvió muy bien para obtener votos.

Había candidatos que acostumbraban cambiarse la chamarra después de un día de campaña por aquello de los abrazos con palmada, así como lavarse vigorosamente las manos con mucho jabón para evitar una enfermedad.

Lo que no podía faltar era el reparto de productos utilitarios. Las cubetas, las playeras, las gorras, y últimamente hasta sombrillas, que era de lo más peleado. 

Hoy, si seguimos como vamos en la contingencia sanitaria, todo ese tipo de productos debe quedar prohibido ante la posibilidad de que el virus SARS COV 2 se cuele y provoque un brote en alguna comunidad.

En circunstancias normales, ahorita ya estuviéramos viendo recorridos por colonias por parte de ayudantes municipales con aspiraciones a regidores, regidores con aspiraciones a diputados, diputados que quieren ser alcaldes y viceversa. Pero no. La pandemia nos condenó a confinarnos so pena de pasar dos semanas hospitalizados o en el peor de los casos perder la vida.

Ahorita los aspirantes a cargos de elección popular están en sus “war rooms” rompiéndose la cabeza para idear una estrategia que tenga como resultado ganar las elecciones pero sin arriesgar su salud ni la de sus simpatizantes. Algunos ya han comenzado a repartir despensas con el pretexto del coronavirus, y lo han hecho ellos y ellas personalmente, pero ¿qué creen? El truco no tiene el mismo resultado porque lo tienen que hacer con medio rostro cubierto.

La estrategia tradicional era que la gente fuera identificando el nombre y rostro de su benefactor para que lo recordara a la hora de cruzar la boleta en la casilla electoral. Pero ahora ¿cómo lo va a recordar si llevaba una mascarilla que no le permitía ver si estaba sonriente o enojado?

¿Cuál es la solución a este terrible problema? Como en la mayoría de las actividades, en la “nueva normalidad” se tiene que inclinar por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (las famosas TICs), es decir, el uso de las redes sociales.

Sin embargo, si lo que va a buscar es una presidencia municipal o una diputación local, no tiene caso que use aplicaciones como Instagram, Twitter o algunas otras que hay por ahí. Lo recomendable es que base su campaña en Facebook y Whatsapp, así como Youtube. No pierda tiempo contratando esas empresas que por una cantidad de dinero mandan mensajes de texto como si fueran noticias, eso ya pasó de moda y nadie les hace caso, al igual que las llamadas por teléfono que fingen hacerle una encuesta pero en realidad hacen propaganda de un candidato. Cada vez menos gente contesta una llamada de un número que no conoce (gracias, extorsionadores que operan desde las cárceles).

La ventaja de Facebook es que es una red social muy barata, pero tiene como desventaja que permite la retroalimentación. Es decir, usted puede subir un video de su candidatura, pero si no tiene buena fama o su contrincante tiene más usuarios, entonces ahí mismo le sacaran sus “trapitos al sol” y le va a resultar contraproducente.

Y si usted cree que ya ganó la elección porque tiene miles de seguidores en sus tres o cuatro cuentas de Facebook que maneja mancomunadamente, se equivoca, pues bien dicen que creerse muy popular por el número de seguidores que tiene en una red social es como creerse millonario por tener muchos billetes y propiedades en un juego de Turista.

¿Será Tik Tok una herramienta de propaganda electoral? No lo sabemos pero el próximo proceso para votar nos permitirá evaluarlo.  ¿Serán los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión el vehículo perfecto para llevar el mensaje de los candidatos a sus potenciales votantes? Es una incógnita que se despejará también en los meses venideros.

Y en este espacio, como su nombre lo dice, iremos analizando las ESTRATEGIAS de los diferentes partidos políticos y candidatos independientes que buscarán ganar las elecciones del 2021, un proceso electoral en el que los paradigmas de la política y la comunicación tendrán que renovarse o morir.

HASTA MAÑANA.

La madrugada del 9 de febrero del 2017 en las instalaciones del Ministerio Público de Yautepec ocurrió un hecho nunca antes visto. El presidente municipal de esa localidad, Agustín Alonso Gutiérrez, se bajó de su camioneta, se acercó hasta la puerta de las oficinas y dijo en tono enérgico: “Vengo a que me entreguen a mis policías y no me voy a ir de aquí hasta lograrlo”.

El contexto en que se dio este acontecimiento fue el siguiente:

Durante el gobierno de Graco Ramírez Garrido inició lo que se denominó la “Policía del Mando Único”, que era (y sigue siendo) que el Ayuntamiento paga los sueldos pero operativamente sólo hay un jefe en todo el estado que recibe órdenes directas del jefe del Ejecutivo.

Muchos municipios firmaron un convenio, pero para quienes no lo aceptaron, el gobierno de Graco Ramírez emitió el decreto del 3 de enero del 2016, que es una determinación unilateral de que el gobierno estatal se encargue de la seguridad de todo el territorio morelense.

En algunos casos, los presidentes municipales intentaron mantener su Policía bajo otra denominación. En el municipio de Yautepec el presidente creó una “Dirección de Proximidad Social”, que según él era una especie de “Ángeles Verdes” que ayudan a la gente que tiene problemas en carretera.

Pero para el comisionado estatal de seguridad pública, Alberto Capella Ibarra, esa era una corporación que usurpaba las funciones de la Policía de Tránsito, que dependía del Mando Único, así que la noche del 8 de febrero de ese año elementos estatales interceptaron al director de Proximidad Social, Julio Cesar Núñez Hipólito, y a su chofer Fernando Bolaños Rosas, cuando circulaban sobre la carretera Oacalco-Tepoztlán, y los pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de Usurpación de Funciones.

Por la mañana, pobladores de Yautepec acudieron a apoyar a su alcalde, quien cumplía su promesa de no irse de las oficinas de la Procuraduría de Justicia si no era acompañado de los detenidos, aunque tuviera que bloquear la carretera federal Cuernavaca-Cuautla.

La mesa de diálogo se llevó a cabo en el interior de las oficinas de la Dirección de Impuesto Predial y Catastro, ubicadas a un costado de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Hasta ahí llegó alrededor del mediodía el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, quien le exigió a Agustín Alonso que permitiera que el proceso legal contra los falsos policías continuara.

Pero el alcalde defendió su posición de que no estaban cometiendo ningún delito, y exigió que se los entregaran. A una llamada suya, cerca de 300 personas y ocho camiones torton bloquearon la carretera federal Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la avenida Revolución de la colonia Atlihuayán, durante 15 minutos.

Nadie sabe qué sucedió en esa reunión al interior de esas oficinas, ni como se resolvió jurídicamente, pero alrededor de las 13 horas salió el edil y tomó el altavoz para dirigirse a los manifestantes. 

“Esta pequeña lucha, que hoy hicimos en contra de una injusticia de la detención de dos de nuestros compañeros Julio y Fernando, gracias a Dios, se concluyó en buena forma y en buena manera y hoy también la remoción del Señor Secretario de Seguridad Pública.  Esto nos une y nos fortalece para seguir luchando en contra de las injusticias. Así que amigos y amigas, yo creo que, denme la oportunidad, vamos a desbloquear porque ya tenemos el acuerdo que estamos buscando, eran dos los acuerdos, uno, que estuvieran libres Julio y Fernando, ya los tenemos libres, ya los dejaron salir del ministerio público, donde los tenían detenidos y el otro que el Secretario de Seguridad fuera destituido y también ya se logró, así que ya se lograron los objetivos y vamos a disolver esta manifestación”, dijo.

El secretario de Gobierno, Matías Quiroz, se fue muy contento por haber desactivado un conflicto social sin que fueran bloqueadas las vías de comunicación. Pero la sonrisa se le borró cuando llegó a Cuernavaca y el gobernador Graco Ramírez le puso una regañiza por haber contraído compromisos que no le correspondían. No era la primera vez que cumplía cabalmente como “apagafuego”, y su jefe no respetaba los acuerdos.

Nunca se supo tampoco qué le dijo Graco Ramírez a Agustín Alonso Gutiérrez, quien llegó a la presidencia municipal bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que manejaba Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador.

El hecho es que al otro día tuvo que ofrecer una conferencia de prensa en palacio de Gobierno con el alcalde a su derecha y el comisionado Alberto Capella a su izquierda, para aclarar que el nombramiento que hizo Capella seguía intacto y que era el edil quien tendría que modificar su “Dirección de Proximidad Social” para que no contraviniera ni duplicara las labores de la Policía Estatal.

El comisionado Capella esbozaba una sonrisa burlona mientras que Agustín estaba “que trinaba”, como se dice coloquialmente.

Y esa cara no la habíamos vuelto a ver hasta hace unos días, cuando volvió a “explotar”, y nuevamente por uno de sus policías. Resulta que el pasado domingo 5 de julio fue asesinado un policía vecino de Yautepec cuando se dirigía a su trabajo a bordo de su vehículo.

El alcalde volvió a montar en cólera, pero ahora lo reflejó en su muro de Facebook:

“Estoy hasta la madre de que en esta lucha en la que estamos solos los municipios“, escribió.

Y agregó:

“En lo que va del año ya son más de 780 muertos por violencia, más los desaparecidos, más los secuestrados, más los asaltados, más los carros y motos robados, más los extorsionados, etc. Salgan y digan algo los responsables directos de la seguridad, para qué carajos querían el Mando Coordinado, ¿para administrar el dinero que llega a seguridad pública o para dar resultados?”, escribió molesto, mencionando además que sólo una vez se ha reunido con alcaldes el comisionado Antonio Ortíz Guarneros.

Las dos anécdotas anteriores nos pintan de cuerpo entero al alcalde de Yautepec. Es entrón, tozudo, perseverante, lo que para algunos son defectos, pero para otros cualidades que se requieren en la política.

Por cierto, a partir de su publicación en Facebook el almirante Ortíz Guarneros lo invitó a recorrer el C5 y al parecer habrá mayor seguridad en Yautepec.

HASTA MAÑANA.

Cuando estaba por definirse quién sería el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDH-Mor) y las redes sociales eran escenario de una verdadera batalla campal donde exhibían lo peorcito de cada candidato, al aspirante a reelegirse en el cargo, Jorge Arturo Olivares Brito lo comenzaron a tildar de “graquista” o que estaba al servicio del sistema.

“Jorge Arturo tendrá muchos defectos y en su periodo tuvo algunas omisiones, pero nunca le podrán reprochar que haya estado al servicio del gobierno, y como prueba ahí está la Acción de Inconstitucionalidad que promovió en contra de la confabulación del Poder Legislativo con el Ejecutivo para beneficiar al Poder Judicial”, escribí en aquella ocasión.

Y el tiempo nos dio la razón, pero sobre todo le hizo justicia a Olivares Brito.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, resolvió la Acción de inconstitucionalidad 20/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, demandando la invalidez del Decreto número 1613 por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del mencionado Estado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 24 de febrero de 2017.

“La mayoría votó por la inconstitucionalidad del artículo transitorio que ampliaba el periodo de nombramiento de los magistrados en funciones.  En consecuencia, se acordó que la invalidez decretada surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos y que los magistrados continuarían con las condiciones que tenían previo a la reforma impugnada”, dice el boletín de la SCJN.

El asunto tiene su origen en lo que en su momento titulamos como “el regalo de Dios” (en virtud de que varios magistrados son sumamente devotos de la religión) y que les fue concedido sin que hubiera nunca una petición formal de ellos, sino que llegó así nada más “como caído del cielo”.

Fue el 24 de febrero de 2017 cuando apareció en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, un decreto que reformaba la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que concedía a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.

En la iniciativa se establecían algunos argumentos financieros válidos, como es el hecho de que “actualmente el monto que se destina al pago de pensiones de los Magistrados que se encuentran en situación de retiro, es similar a la que se destina para cubrir los emolumentos de los Magistrados en activo, debiéndose considerar además que para el mes de mayo del año dos mil veinte, otros cuatro Magistrados habrán concluido su periodo de catorce años pasando a situación de retiro”. 

Sin embargo, donde sí se notaba la intención de beneficiar a los actuales magistrados, era en el tercer artículo transitorio, en el que ordenaba que los Magistrados que se encontraran en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al hacerse la Declaratoria a la que se refiere la Disposición Transitoria Primera, por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos”.

De inmediato surgieron las suspicacias del por qué el Poder Legislativo (en ese tiempo totalmente “comprado” por el Ejecutivo) le estaba dando tan suculento regalo a los magistrados. “El gobernador Graco Ramírez se está amarrando el dedo por si en unos meses llega en calidad de acusado al juicio político y estará en manos de los magistrados pues el TSJ se erige en jurado de sentencia”, decían algunos conocedores del derecho.

Pero la razón era otra, o el entonces mandatario quería “matar dos pájaros de un tiro”. Resulta que por esas fechas los enemigos de Cuauhtémoc Blanco por fin habían logrado que el Congreso local le iniciara juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, y los magistrados debían darle entrada de acuerdo a la ley. 

Se trataba entonces de un soborno planeado por el Ejecutivo con la ayuda del Legislativo para beneficiar al Poder Judicial a cambio de incoar el juicio político contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Lo anterior era muy evidente, pero  quien se encargó de confirmarlo fue la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Lara Chávez, quien el 11 de septiembre del año pasado, en una conferencia de prensa donde se iba a tocar otro tema, reconoció públicamente que la disposición para que los actuales magistrados pudieran quedarse 20 años en el cargo, fue resultado de una “negociación” entre el gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, para que se admitiera el juicio político en contra del entonces presidente municipal de Cuernavaca (hoy gobernador) Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Por suerte para los magistrados no hubo necesidad de que se exhibieran tan feo, pues los abogados del alcalde se movieron y consiguieron sendas suspensiones de la justicia federal hasta que se llegó el tiempo de las elecciones y nunca pudieron tumbarlo.

Hoy ya no está Graco, tampoco los diputados de la LIII Legislatura, y lamentablemente Jorge Arturo Olivares Brito no fue reelecto en la Comisión de Derechos Humanos. Su puesto fue ocupado por un notario público que varias veces ha utilizado el trabajo de su antecesor para lucimiento personal y cuyo trabajo ha dejado mucho qué desear.

A Jorge Arturo Olivares Brito le quedará la satisfacción de haber cumplido con su obligación de velar por el interés público por encima de los intereses particulares, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia deja al descubierto la gandallez de quienes gobernaron este estado los últimos años.

Todavía falta ver si los magistrados afectados por la resolución del máximo tribunal del país deciden irse dignamente, o si se aferrarán al cargo mediante argucias legaloides.

HASTA MAÑANA.

Después de muchas décadas de trabajo, el doctor González logró el sueño de cualquier profesionista: tener una casa de fin de semana en el Valle de Tepoztlán. Nada como alejarse de la ruidosa ciudad y disfrutar del aire todavía limpio de los cerros que rodean este lugar, que para el doctor y su familia es un verdadero paraíso.

Aunque ya no ejerce por haberse jubilado, el doctor González está atribulado por el tema de la pandemia, sus amigos se están muriendo y la ciudad es un caos. En esos días recibe la visita de su hijo, quien por fin pudo salir de Italia, donde trabaja como ingeniero.

Es el momento perfecto para ir a la casa de Tepoztlán. “Vas a ver qué bonita está quedando la casa, el arquitecto le está poniendo cada detalle que yo le digo”, le comenta a su hijo.

Muy contentos llenan la cajuela de víveres, algunas artesanías, un botiquín por cualquier cosa y abordan la camioneta. La carretera está prácticamente vacía así que en menos de una hora ya están en tierras tepoztecas.

Hacen una escala en la gasolinería que está en la entrada de Tepoztlán y enfilan hacia San Juan Tlacotenco. Ya casi para llegar a su destino advierten que hay lo que parece ser un retén, aunque no observan elementos uniformados de ninguna corporación, sino unos ocho “civiles”, principalmente jóvenes y señoras.

• Hacia dónde se dirige- preguntó una señora con aspecto de ama de casa.
• A mi casa- contestó el doctor, con suma tranquilidad.
• ¿Cómo lo puede demostrar?- interrogó la mujer.
• Pues aquí traigo una constancia que me expidió el comisariado cuando compré el terreno. Siempre lo cargo por cualquier cosa.
• Usted sí puede pasar, pero el joven no- contestó la “aduanera”.
• ¿Cómo que no puede pasar mi hijo? Ésta es una flagrante violación a la libertad constitucional al libre tránsito- alzó la voz el automovilista.

Al momento se acercaron varios jóvenes que le advirtieron al médico “que no se pusiera al pedo porque le podía ir mal”. 

Por su trabajo, ambos han visitado infinidad de países, incluyendo los que tienen gobiernos considerados “dictatoriales”, y nunca habían estado en esa situación. Perdieron media hora de discusión, incluyendo amenazas de mandar traer a la patrulla para que se los llevara.

-Es que en este pueblo no hay ley- inquirió ya enojado el doctor González.

- Sí, aquí nosotros somos la ley- dijo el más prepotente de los jovenzuelos.

Finalmente los dejaron pasar y pudieron disfrutar del resto del día en su casa de campo, aunque ya con el coraje “entripado”.

Al volver a la ciudad, el profesionista contó lo sucedido a sus amigos y compañeros en las redes sociales, y en respuesta conoció las historias más inverosímiles de lo que ocurre en “la aduana” de Tepoztlán.

“Si, ya me tocó, hace dos semanas nos invitaron a una comida en un hotel de allí y los que nos invitaron, los dueños del hotel tuvieron que sacarnos una autorización del ayuntamiento. ¡Una visa por un día!”, escribió uno de sus amigos.

“En la aduana que está frente a la gasolinera son peores. Ahí sí tienen a policías que están al servicio de esos lugareños, en cuanto les dan la indicación se llevan a quien se ponga rejego y lo remiten al juez calificador donde tiene que pagar su multa. Negocio redondo del Ayuntamiento que cobra por “visas” y por multas”, escribió otro usuario de Whatsapp.

-Amigo, hubieras hecho lo que hice yo. Que tu invitado se meta a la cajuela en lo que pasa el retén- sugirió el integrante de un grupo.

- De haberlo sabido así lo habría hecho, pero recuerda que llevaba mi cajuela llena de víveres.

- Por una lana cualquier taxista se convierte en “pollero” y pasa la aduana. Así le están haciendo muchos.

El pasado fin de semana Milenio publicó una nota informando que pese a que las autoridades sanitarias han movido el semáforo covid-19 de rojo a naranja, el principal centro turístico de Morelos aún no está disponible para los visitantes, por lo que la entrada del municipio de Tepoztlán, aún es vigilado por pobladores y miembros del gobierno local.

“Ofrecemos disculpas a la gente que nos visita, pero no podemos arriesgarnos. Si estamos en un semáforo naranja (que permite el regreso de ciertas actividades con restricciones sanitarias severas) pero -en realidad- estamos más en un semáforo rojo”, dice la nota firmada por el corresponsal David Monroy.

“Si abrimos, esto se congestiona”, expresó el munícipe, quien destacó que hasta que no haya una reducción sensible en los contagios y las muertes, el municipio permanecerá cerrado: “No es abrir por abrir. Vamos avanzando, no es fácil. No nos vamos a arriesgar”.

De acuerdo con las cifras o conteos del gobierno municipal, durante el último fin de semana pasado, fueron regresados a sus lugares de origen, más de mil vehículos, la mitad de ellos, motociclistas que intentan ingresar al municipio en la inteligencia de que el semáforo ha cambiado en el estado de Morelos.

“Estamos en semáforo naranja, pero es más un semáforo rojo”, dijo Rogelio Torres, quien destacó que pese a la “nueva normalidad” no habrá apertura.

Los habitantes de Tepoztlán que no son nativos, (a los que llaman “tepoztizos” y éstos les dicen a los otros “tepoztercos”) saben que lo que hacen –aun justificándose en un tema de emergencia sanitaria-  es una flagrante violación a la libertad de tránsito que está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también recuerdan que “Tepoztlán tiene sus propias reglas, es como un país dentro de otro”. 

Y es que el alcalde no quiere seguir los pasos de su colega Alejandro Morales Barragán, quien en agosto de 1995 fue sacado a empujones de la presidencia municipal por haber autorizado el establecimiento de un campo de golf sin el permiso del pueblo.

HASTA MAÑANA.

Para fortuna del fiscal general Uriel Carmona Gándara, para modificar los procedimientos de recepción de denuncias y querellas sólo se requiere publicar un acuerdo en el periódico oficial y no esperar a ver si quieren los diputados reformar las leyes, como sí ocurre con el caso de los tribunales civiles y familiares.

Por eso el miércoles pasado se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo firmado sólo por el titular de la Fiscalía General, para la creación del Sistema Electrónico de Denuncia y Querella en Línea (SEDyQ), mismo que ya debería de estar funcionando pues el mismo establece que entraría en vigor “desde el momento de su emisión y divulgación, y hasta en tanto dure la contingencia ocasionada por COVID-19”, pero hasta ayer por la tarde no aparecía el formato en su página de internet.

En teoría, este mecanismo facilitará a la ciudadanía a realizar la denuncia correspondiente a través de internet y sin que tenga que salir de su domicilio, evitando de esta manera el riesgo de contagio del citado virus; sin que ello implique, en lo absoluto, que se dejarán de recibir denuncias de manera presencial. Es decir, se propone que, con el uso de la Firma Electrónica Avanzada, se puedan presentar denuncias o querellas, o bien, si no se cuenta con la misma, se genere una cita para su formalización, evitando aglomeración en las instalaciones de la Fiscalía General y, con ello, observar las medidas de sana distancia determinadas por las autoridades sanitarias.

Cabe aclarar que los únicos delitos que podrán ser denunciados vía electrónica son los siguientes: Abuso de confianza; Daño; Fraude; Robo; Abigeato; Sustracción o retención de menores e incapaces; Suplantación de identidad; Administración fraudulenta; Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores; Despojo; Inseminación artificial sin consentimiento; Peligro de contagio; Privación ilegal de la libertad personal; Incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria; Discriminación; Amenazas, y  Asalto.

 En todos los casos, para que sea procedente la presentación de denuncias o querellas a través del SEDyQ y no presencialmente, los hechos denunciados deben haberse cometido sin violencia.

Una vez que la persona denunciante haga del conocimiento a la Fiscalía General los hechos constitutivos de un posible delito, así como aquellos datos que le sean solicitados en los formatos existentes en la plataforma y demás documentación necesaria requerida de acuerdo a los hechos denunciados; la Unidad de Recepción enviará a la persona denunciante un acuse de recibo con número de folio, al correo electrónico que haya proporcionado para tal efecto, informándole que se procederá al análisis de los hechos narrados para determinar la viabilidad de su tramitación vía internet y, en su caso, la Fiscalía Regional competente para el seguimiento de su asunto.

Cuando el delito que se denuncie sea robo de vehículo cometido sin violencia, y dicha denuncia se realice con el uso de la Firma Electrónica Avanzada, la Unidad de Recepción deberá turnar el asunto inmediatamente a la Fiscalía Regional competente a efecto de que esta última realice los trámites correspondientes para dar aviso a la Dirección General de Plataforma México, así como generar los reportes de robo a que haya lugar.

Si la narración de los hechos no permite determinar la competencia o se requiere que la persona denunciante esclarezca alguna situación, se le solicitará vía correo electrónico una aclaración. Una vez hecho lo anterior y de estar satisfecha la aclaración que fue solicitada, la Unidad de Recepción hará la remisión correspondiente.

Una vez iniciada la carpeta de investigación, se generará un número de identificación de esta, con una nomenclatura especial que contenga datos de la Fiscalía Regional, la unidad de investigación, el número consecutivo, año y mes, así como cualquier otro dato útil para la identificación de la carpeta.

Dice el documento que el Agente del Ministerio Público valorará la necesidad y urgencia de citar, inmediatamente, a la persona denunciante de manera física a efecto de obtener la información y datos que considere necesarios para la investigación de que se trate. En todo caso, podrán realizarse las comunicaciones que se estimen pertinentes a través del SEDyQ y al correo proporcionado por la persona denunciante, a efecto de disminuir la presencia física de las personas denunciantes y el riesgo de contagio de covid-19.

Si de los hechos denunciados se reúnen los requisitos, la persona denunciante tendrá la opción de manifestar su voluntad para que el asunto sea solucionado mediante algún Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias en cuyo caso se remitirá al Centro de Justicia Alternativa,  pudiendo hacerse uso de las tecnologías de la información y la comunicación (videoconferencia), si así lo manifestaren las partes, o señalando fecha y hora para la diligencia presencial a que haya lugar, observándose además las medidas adicionales legales o sanitarias que se hayan implementado por el referido Centro.

No sabemos qué tanto vaya a funcionar, y sería injusto descalificarlo “a priori”. Es un esfuerzo de todos los que conforman la actual Fiscalía General y es una respuesta a las exigencias de los litigantes, lo que servirá como “válvula de escape”.

El riesgo es que la infraestructura sea rebasada y suceda como en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), cuya plataforma colapsó cuando llegaron más de 10 mil solicitudes; o bien lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia donde los primeros días se llenó el software diseñado para la recepción de demandas y expedición de citas.

Siendo realistas, si yendo los litigantes varios días a la semana no avanzan las carpetas de investigación, qué podemos esperar si no hay ninguna presión aunque las bandejas de correos electrónicos del Sistema estén llenas de querellas.

Sin embargo, hacemos votos porque este novedoso sistema (que debería ya quedarse en forma permanente y no como una respuesta a la pandemia), ayude a una verdadera procuración de justicia, y de paso sirva para que los litigantes puedan hacerse de recursos financieros, aunque sea para subsistir en lo que abren los juzgados del Poder Judicial.

HASTA EL LUNES.

El pasado 30 de junio, en la sesión virtual del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Andrés Hipólito Prieto hizo una propuesta ante sus compañeros que desgraciadamente nadie secundó, pero que de haber fructificado habría sido un paliativo para la crisis económica que sufren la mayoría de abogados litigantes ante el cierre de tribunales con motivo de la pandemia por el Covid-19.

“Tomando en cuenta la gran necesidad que tienen los abogados de obtener ingresos por un trabajo que es muy digno, si quisiera que tomaran en cuenta lo que yo ya había propuesto desde hace bastante tiempo: que en segunda instancia que es materia de competencia de este pleno, se amplíe el periodo de excepción de casos para aquellos en los que haya citación para sentencia y se pueda habilitar a la sala para que puedan emitir sus resoluciones que ya tienen acordadas. Hay muchos asuntos en los que ya circularon los proyectos e incluso –por lo que toca a la Primera Sala- ya los aprobamos y es lo que muchos abogados esperan que por lo menos esas resoluciones que estaban pendientes de publicarse, se habilite para que se puedan emitir”.

En opinión de Hipólito Prieto, los jueces podrían emitir las resoluciones de los juicios que ya estén concluidos e incluso los actuarios podrían notificarlas tomando todas las precauciones para evitar contagios, para que de esa manera los litigantes puedan cobrarle a sus clientes.

El magistrado hizo notar que, de no hacerlo así, cuando se regrese a la normalidad, los jueces, magistrados y notificadores tendrán demasiado trabajo, pudiendo aprovechar estos días en los que están percibiendo un sueldo pero están en sus casas porque así lo dispuso la autoridad sanitaria.

Sin embargo, la propuesta no fue secundada por ninguno de los magistrados que participaron en el Pleno del pasado 30 de junio en el que lo único que se acordó fue que se amplía el periodo iniciado el 18 de marzo pasado con motivo de la contingencia sanitaria hasta el 12 de julio. Sin embargo, al día siguiente comienza el periodo vacacional que establece el contrato colectivo de trabajo, es decir, que si bien les va, se podrían reanudar las actividades hasta los primeros días de agosto.

Esto es muy grave si consideramos que de por sí la impartición de justicia en México es lenta; los secretarios de acuerdos y jueces tardan semanas para acordar una promoción y pasan meses para que un ciudadano pueda conocer la sentencia de su asunto. Ahora, con el acuerdo emitido por todos los tribunales en el que se ordena suspender los plazos y términos procesales establecidos por la ley, la justicia en Morelos está prácticamente paralizada.

No se tiene el dato exacto, pero se calcula que son miles los profesionistas del Derecho los que se están viendo afectados por la falta de actividad jurisdiccional que inició el 16 de marzo pasado, y que se ha ido prorrogando durante meses y no se ve para cuando pueda terminar.

Como ocurre en todas las actividades productivas y sectores sociales, los que se ven más afectados son los que menos ingresos tienen. Algunos de los abogados desempeñan cargos o comisiones en la administración pública; otros más tienen negocios alternos que les permite obtener ingresos, pero la gran mayoría se dedica únicamente al litigio, por lo que prácticamente viven “al día”.

Con los tribunales cerrados los litigantes no pueden dar impulso procesal a sus asuntos, como tampoco interponer los recursos que sean necesarios, y por lo tanto, no pueden cobrarles a sus clientes por un trabajo sin resultados.

Lo anterior, sin contar con la desaceleración económica que afectó a toda la sociedad; es decir, que nadie tiene dinero para invertir en juicios, de ahí que la actividad sea únicamente para asuntos realmente urgentes.

Ayer, litigantes agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales. 

Los manifestantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto.  “La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, dijo Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que participó en dicha protesta.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Tras su protesta frente al Palacio de Justicia los inconformes fueron recibidos por el presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, pero su respuesta no fue convincente. “Realmente solo nos dieron un informe de lo que están haciendo, pero lo llegamos a ningún acuerdo ni a ningún convenio, solo nos están informado lo que se ha estado haciendo a partir de un mes y medio a la fecha. Esto nos tomó de sorpresa, pero se confiaron en que durante un mes volverían las actividades y en ese lapso no se tomaron ninguna medida”, dijo María Elena Medina Vargas, quien encabeza este movimiento.

Las protestas seguirán, según lo advirtió Norma Delgado Díaz, quien encabeza una nueva agrupación denominada Colegio de Postulantes del Estado de Morelos, pues en muchos estados de la República la “justicia digital” ya es una realidad, mientras en Morelos los funcionarios del Poder Judicial están en sus casas respetando la orden de las autoridades sanitarias, y contando los días para que inicie el periodo de vacaciones.

De todos modos –es la justificación de los jueces- nada se puede hacer si no se reforman las leyes y eso es facultad exclusiva de los diputados, quienes también nada más están contando las horas para irse de vacaciones después de un arduo y productivo periodo ordinario de sesiones.

HASTA MAÑANA.

Después de varias semanas de dimes y diretes, por fin parece que los gobiernos estatal y municipal están en la misma sintonía y con un mismo objetivo: reactivar la economía de un estado que no aguanta más sin trabajar.  El discurso de ayer del jefe del Ejecutivo hace resurgir la esperanza de que la situación en Morelos va a mejorar, y eso es un buen principio.

A nadie le conviene que el semáforo establecido por las autoridades federales de salud regrese a color rojo después de que el lunes cambió a color naranja. Por eso es que todos debemos colaborar en la medida de lo posible en nuestras respectivas actividades y espacios físicos.

El mecanismo es simple: si puedes mantenerte sin salir de tu casa (porque quizás tienes las posibilidades económicas o tu trabajo lo puedes realizar por internet) mantén el confinamiento; si requieres salir hazlo con todas las precauciones como si estuviéramos todavía en semáforo rojo.

Desgraciadamente muchos ciudadanos han salido prácticamente en tropel a abarrotar bares y restaurantes,  o siguen organizando sus pachangas en sus residencias sin ninguna medida de higiene. Eso es lo que no se debe hacer.

Pero más que pensar en divertirnos, los morelenses debemos pensar en cómo vamos a reactivar la economía que se vio tan afectada por el confinamiento de los últimos meses. En ese sentido, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó un Plan Integral para la Reapertura y Reactivación Económica del Estado de Morelos, a través del cual se otorgará financiamientos a la iniciativa privada, se fortalecerá el consumo local, promoverá la atracción de inversiones y la generación de empleos.

El Plan Integral, presentado en el Centro de Convenciones Morelos, ante autoridades federales, estatales y municipales, está conformado por cuatro ejes: Salud, Reapertura y Reactivación Económica, Bienestar Social, Gobierno y Legislación.

A través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) y del Fondo Morelos, se creó una bolsa de 350 millones de pesos para créditos por hasta 2.5 millones de pesos, con condiciones preferenciales, para la reactivación de los sectores productivos: comercio, servicios, industria, agrícola o agroindustrial.

Dichos créditos son para personas físicas o morales y están destinadas a capital de trabajo.  A través del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) se diseñó el programa Emergente para MiPyMEs, de apoyo para pago de gasto corriente; programa de adquisición de materia prima para MiPyMEs e IMPULSA JOVEN, para jóvenes de entre los 19 y 29 años de edad.

Mediante el Fondo Morelos se tiene una nueva bolsa de 50 millones de pesos, para financiamientos de hasta por 75 mil pesos por empresa para el pago de sueldos y salarios, así como para adquirir materias primas o mercancía. Para apoyar a las empresas afectadas por la contingencia se ordenó bajar la tasa de interés del 12% anual al 6%, y de 0% por pago puntual.

Así mismo, se tiene una bolsa de 50 millones de pesos más para apoyar a empresas de actividades productivas prioritarias, que generen entre 1 y 10 empleos, para conceptos como pago de sueldo, salarios, adquisición de materias primas o mercancías y gastos de operación.

Lo anterior, independientemente del apoyo de 25 mil pesos que otorgó el gobierno federal a pequeños negocios.

Y tiene toda la razón el gobernador cuando dice que "ha llegado el momento de tomar el destino en nuestras manos. Ante las difíciles circunstancias de las finanzas federales que repercuten en las estatales y municipales debemos tomar decisiones a favor de nuestro estado".

Los que siguen mascullando las circunstancias como se conformó la actual estructura gubernamental deben de darle vuelta a la página por su propia salud mental. Los votos hablaron y la única forma que tienen de cambiar el escenario político es con un voto mayoritario en el proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina.

A ellos, los que viven soñando en que ocurra algo que cambie radicalmente el escenario político de este estado, es a quienes dirigió el mensaje de que “dejemos la crítica y el oportunismo político y trabajemos juntos para atraer inversión, reactivar económicamente al estado y sacar adelante al pueblo de Morelos, porque al final del día, para eso fuimos todos electos”.

El mandatario estatal sostuvo que la reactivación no solo es una demanda social, sino la única posibilidad que tienen miles de morelenses para subsistir, mantener a sus familias y recuperar su vida, y en eso coinciden todos los alcaldes de esta entidad.

Por eso decimos que por primera vez están avanzando en el mismo sentido. En el Ayuntamiento de Cuernavaca desde el pasado fin de semana están trabajando en la reapertura que formalmente inició el lunes, pero en la práctica tiene dos semanas que la gente ya anda en las calles.

Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo que encabeza Andrés Remis, ha llevado a cabo diferentes reuniones y visitas de supervisión y capacitación impactando, en una primera etapa, a más de 4,500 negocios y establecimientos de comercios y servicios de Cuernavaca.

En Jiutepec también hacen lo propio. Ayer fuimos testigos del simulacro para mostrarle a los prestadores de servicios los protocolos de higiene y sana distancia que se deberán implementar en los establecimientos para privilegiar la salud de los asistentes y los trabajadores.

Durante el evento, la secretaria municipal Itzel Sotelo Pastrana destacó la importancia que tienen para la economía estatal los 250 jardines y salones ubicados en el municipio, ya que contribuyen con una derrama de aproximadamente mil 800 millones de pesos anuales por concepto de “turismo de reuniones y turismo de romance”, segmentos en los que Jiutepec es el líder estatal.

Ojalá que los tres niveles de gobierno ya se dejen de grillas estériles en las que los únicos perjudicados somos los ciudadanos que sólo queremos trabajar y vivir en paz.

HASTA MAÑANA.

Ayer comentábamos en este mismo espacio de cómo la actual titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, ha sabido utilizar muy bien sus conocimientos aprendidos en el tenebroso Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para mantenerse en la dependencia a la que entró hace 20 años como auxiliar de Ministerio Público, y convertirse en una funcionaria “imprescindible” para los últimos gobiernos estatales.

Pues bien, hoy les presentamos la institución que le mandó hacer expresamente para ella el actual fiscal Uriel Carmona Gándara, misma que tiene su origen en el “Acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para su armonización normativa y crear la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI)”, publicado el pasado miércoles en el periódico oficial Tierra y Libertad.

En ese documento se afirma que la FIDAI es la unidad administrativa “de investigación élite” dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; “competente en todo el estado” de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial, sin perjuicio de la competencia de las citadas Fiscalías Especializadas y Regionales.

Para que se entienda: le están dando todo el poder a Adriana Pineda Fernández. Sobre ella sólo estará el propio Uriel Carmona, pero conociendo a ambos, es evidente que será ella la que lleve las riendas de la dependencia.

Es por eso que, cuando supimos que desde ahora ya se está manejando su nombre como titular de la nueva dependencia, tuiteamos: “Si la Fiscalía Anticorrupción la maneja Juan Salazar Núñez, y ahora Adriana Pineda Fernández tendrá a su cargo la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, ¿entonces qué va a ser Uriel Carmona?”.

Juzgue usted:

La persona titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: Homicidio; Robo de vehículos; Asociación delictuosa; Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General. ¡O sea todos!

Es un secreto a voces que en la práctica es Adriana Pineda quien se encarga de cualquier investigación que sea importante para el fiscal.

¿Recuerda usted que la semana pasada hubo cuatro homicidios más en el interior del Penal de Atlacholoaya? ¿Quién cree que se está encargando de las investigaciones? Pues la UECS. Y eso lo supimos por quejas de los familiares que fueron a reclamar los cadáveres a Semefo y resulta que ahí no estaban, y los mandaron a las instalaciones de la Unidad Antisecuestros que está junto a Plaza Jacarandas.

Resulta interesante leer el acuerdo emitido por el titular de la FGE para la creación de esta “superfiscalía”, en el que queda de manifiesto que la señora podrá “hacer y deshacer” en la institución, pues desde ahora le están dando facultades para solicitar por oficio a la Fiscalía correspondiente, remita todas las actuaciones realizadas para continuar con la investigación de los hechos delictivos a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto. “En dicho oficio hará constar las razones en las que funda su facultad dada la trascendencia, relevancia, complejidad o impacto social de los hechos. La Fiscalía de que se trate, deberá remitir a la brevedad lo solicitado”, dice el acuerdo, donde no se establece ninguna posibilidad de que alguien pueda recurrir tal determinación.

Otra de las novedades es que tendremos nuestra propia unidad de inteligencia financiera al estilo de Santiago Nieto. Aquí se llamará “Unidad de Análisis Financiero” y tendrá como objetivo el manejo de la información financiera y contable relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita competencia de la Fiscalía General conforme al Código Penal para el Estado de Morelos; y, en su caso, de la persecución de ese delito; asimismo es el vínculo con las autoridades federales para coadyuvar con los asuntos competencia de estas últimas, de conformidad con la normativa aplicable.

También, en razón de la creación de la FIDAI y sus unidades de investigación se destaca que por virtud de este Acuerdo, se suprime la actual Dirección de Cooperación Internacional, Extinción de Dominio y Técnicas de Investigación hasta ahora adscrita a la Secretaría Ejecutiva, efectuando la armonización correspondiente en el resto del cuerpo normativo.

Y otra cosa muy interesante:

“se determina la abrogación del Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delega en los Titulares de las Fiscalías Regionales y Especializada, la facultad para realizar requerimientos a los Concesionarios de Telecomunicaciones, en su caso, los Autorizados y Proveedores de Servicios de Aplicaciones y Contenidos la Localización Geográfica en Tiempo Real de los Equipos de Comunicación Móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática‖, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5278, el 08 de abril de 2015, una vez que inicie operación la FIDAI”.

Y como si no fuera suficiente este poder, se establece que la persona titular de la FIDAI (o sea, Adriana Pineda Fernández) deberá proponer al Fiscal General a los Agentes del Ministerio Público que estarán a cargo de las Unidades Especializadas en investigación de delitos de Alto Impacto, Tortura y Trata de Personas, así como de las Unidades de Análisis Financiero, Extinción de Dominio, de Cooperación Internacional y de Técnicas de Investigación. Por eso está tan solicitada la funcionaria.

¿Cuánto ganará? Eso no lo menciona el acuerdo, pero se advierte que tendrá oficinas nuevas y los vehículos y escoltas que quiera.

Sin duda que Adriana Pineda será la mujer más influyente en esta entidad. De hecho, actualmente ya tiene ese poder “de facto”, sobre todo después de que el marino que estaba como director de la Policía de Investigación Criminal, Francisco de la Paz Molina Villalobos, fue despedido el pasado 5 de junio y en su lugar fue designado Héctor René Barreto Orihuela, hechura de la polémica funcionaria.

HASTA MAÑANA.

“Jefa, quiero que escuche esto que captamos. Creo que van a matar a un ex alcalde”, le dijo en voz baja el operador del aparato interceptor de llamadas a la entonces fiscal antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.

Lo vimos en Plaza Cuernavaca, luego en el Club de Golf de Tepoztlán y ahora el río Cuautla. La historia se repite: unos quieren desarrollo y otros se empeñan en conservar los recursos naturales tal como están por cuestiones históricas o de cualquier índole.

La lucha del pueblo tepozteco para impedir que el Grupo KS (Kladt Sobrino) estableciera un campo de Golf es un referente a nivel mundial, y a la fecha continúa el pleito jurídico por esas 280 hectáreas de tierra ubicadas en un lugar privilegiado.

El clímax de la inconformidad se produjo el domingo 3 de septiembre de 1995, cuando la comunidad tepozteca frustró la asamblea donde funcionarios del gobierno estatal pretendían legalizar el proyecto con apoyo de comuneros traídos de otros poblados. En la acción tuvo lugar un enfrentamiento con granaderos del gobierno local, al término del cual los habitantes retuvieron a cinco funcionarios y lograron repeler a las fuerzas públicas.

De inmediato se instalaron retenes de seguridad para evitar el paso de los grupos policíacos que en el acto rodearon las tres entradas de la cabecera municipal. En asamblea pública los habitantes condicionaron la libertad de los retenidos, principalmente, con la destitución del presidente municipal, Alejandro Morales Barragán, lo que lograron en menos de 24 horas; y con la suspensión de los trabajos de construcción, mismos que se habían iniciado ilegalmente.

De haberse concretado el proyecto, hoy sería el principal destino finsemanero de los millonarios que viven en la capital del país y que practican ese carísimo deporte. Y los tepoztecos se ocuparían de mantener limpios y bien podados los jardines de lo que alguna vez fue su tierra. 

Un movimiento similar se está dando en Cuautla, donde un grupo de ejidatarios se oponen a que el agua del río sea utilizada en otra cosa que no sea el riego agrícola. Y es que el río Cuautla abarca tierras de Ocuituco, Yecapixtla, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, y que ha alojado poblaciones muy importantes como Olintepec, según describe la arqueóloga Giselle Canto.

Tuvo dos periodos de gran auge, el primero entre el 500 y 150 a.C. y el segundo en el Posclásico Tardío: 1350-1521 d.C. Este sitio participa en lo que se conoce como estilo cerámico Río Cuautla. Se puede deducir que mientras Olintepec ya era una población importante, hacia el año 1350 se da la huida de los tlacochcalcas hacia Culhuacán a donde llegan refundando la ciudad con otro nombre: Yacapitztlán, en honor a su jefe tribal Yacapitzáoac. Surge así la actual Yecapixtla.

Hoy, como la mayoría de los ríos, el de Cuautla es usado como canal de desagüe industrial y doméstico.  Ha habido muchas promesas de que van a rescatarlo, pero siempre quieren sacar provecho de ello. La última vez fue cuando Graco Ramírez incluyó en un paquete de 150 millones de pesos el Parque Ecológico del Río Cuautla pero a la postre, los recursos anunciados para la obra fueron disminuyendo de 34 a 15 y ocho millones de pesos hasta que finalmente nadie quiso tocar más el tema.

Es del dominio público que hay una termoeléctrica de capital español que trajeron Graco Ramírez y Enrique Peña Nieto, pero que extrañamente contó con la simpatía del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. El argumento de AMLO tiene lógica: “ya se gastó mucho dinero en ese proyecto y no lo podemos desperdiciar”, pero ese criterio no ha sido aplicado en otros casos donde había más dinero y tiempo invertido, como el Aeropuerto de la Ciudad de México, por citar un ejemplo.

El caso es que AMLO quiere que la termoeléctrica se eche a andar y hasta se hizo una “consulta ciudadana” que obviamente resultó favorable. Luego el asunto se enrareció con el asesinato de Samir Flores, uno de los líderes opositores, el cual sigue impune.

El tema se había dejado de tocar hasta hace unos días, cuando trascendió que el gobierno federal propuso el revestimiento y entubamiento de aproximadamente 30 km de canales de riego de ASURCO con inversión de hasta 102 millones de pesos; la tecnificación de riego de 300 hectáreas por goteo o microaspersión en el área de circunscripción de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)  con una inversión de hasta 16 millones 500 mil pesos, y la construcción de una presa de almacenamiento en la barranca de Ahuehueyo.

El monto total comprometido en las obras referidas en la cláusula segunda será hasta por 118 millones 500 mil pesos, sujeto a la disponibilidad presupuestal, desglosados por dependencia; 94 millones por la CFE, ocho millones de pesos por Conagua aportados mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola ejercicio 2020, subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de riego, componente rehabilitación y tecnificación de distritos de riego y 16 millones 500 mil pesos por SADER. Todo ello a cambio de que los ejidatarios permitan que la termoeléctrica reciba agua del río Cuautla.

El pasado miércoles, ejidatarios de 40 núcleos ejidales de cinco municipios que se benefician del agua del río Cuautla se manifestaron en las instalaciones de ASURCO para exigir a las autoridades de dicho organismo que se desistan de realizar la firma de un convenio con las diferentes dependencias del gobierno federal.

Asimismo, los ejidatarios manifestantes señalaron que actualmente se tienen varios amparos ganados contra la obra del acueducto y la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, según la nota de Guadalupe Álvarez, corresponsal de La Unión en la zona oriente.

Además, agregaron que la concesión del vital líquido del río Cuautla determina su uso exclusivo para cuestiones agrícolas y se encuentra vigente hasta el año 2035 por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que añadieron que en este sentido, no son los campesinos quienes pretenden quebrantar la ley, sino los propios gobiernos.

Así habló un campesino:

“Sigue siendo vergonzoso que aún con las conclusiones de estudios científicos que señalan que no es un proyecto viable y económicamente tampoco, aún así nos prestamos a ello. Hay otros aspectos de carácter histórico, es vergonzoso que en la tierra de Zapata se quieran llevar el agua. No nos oponemos al crecimiento y desarrollo, pero tiene que ir parejo para todos, desde el más humilde hasta el que tiene 20 hectáreas”.

Desarrollo industrial o preservación de los recursos naturales, ese es el eterno dilema en el que casi siempre terminan ganando los primeros.

HASTA EL LUNES.

En un día como hoy pero de hace dos años, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaba lo que se había venido diciendo desde el domingo uno de julio por la tarde: en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia de México.  A dos años de distancia, el país está dividido en dos extremos, los que ven a un México “cayéndose a pedazos”, y los que ven a una nación que inicia un sexenio con cambios trascendentales.

“Montado en una ola de descontento colectivo por la corrupción y la violencia desenfrenadas, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de México este domingo 1 de julio con una victoria aplastante, que da un vuelco al sistema político dominante del país y le otorga un amplio mandato para reformar al país”, anunciaba la portada del influyente periódico The New York Times.

“La victoria de López Obrador lleva a un líder de izquierda al mando de la segunda economía más grande de América Latina por primera vez en décadas, una posibilidad que ha embargado de esperanza a millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor)”, agregaba.

Y es que, después de los dos primeros intentos en los que espantó al electorado por su amenaza de mandar “al diablo las instituciones”, en esta ocasión fue cuidadoso de no pelearse con nadie, ni siquiera con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Resistió todas las provocaciones que le hacían sus adversarios políticos y los conductores de televisión y radio (que veían en López Obrador un serio peligro para sus convenios publicitarios) y no dijo ninguna palabra ni frase que la oposición pudiera utilizar en su contra. Así logro ganarse a “los indecisos”, quienes además estaban decepcionados del cambio prometido por los dos gobiernos panistas y que nunca llegó.

En el 2012 los electores le habían dado una oportunidad al PRI que aseguraba haber aprendido la lección, pero que a lo largo de los últimos seis años había caído en escándalos como “la casa blanca” y la empresa OHL.

El reconocido sociólogo Roger Bartra dijo que el presidente electo "dio un viraje a la derecha tan grande que se acercó al viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI)".

"Este acercamiento al antiguo PRI le ayudó a captar simpatías de priístas descontentos con el giro tecnocrático del PRI actual", opina. Dice que AMLO es una "nueva encarnación de la tradición latinoamericana del populismo", según publicó la BBC de Londres.

¿Recuerdan el cierre de campaña de AMLO en el estadio Azteca?  Una foto tomada desde abajo del templete donde el candidato alza la mano en señal de victoria mientras miles de papelitos de colores caen al suelo y al fondo se observan las gradas llenas de gente.

“El día que hagan una película de la vida de Andrés Manuel López Obrador, que termine con ésta imagen”, sugerimos en un tuit.  Y es que, desde nuestro punto de vista, hasta ese momento todo le había salido bien al oriundo de Macuspana, y el final de la película (si se le quería ayudar para que quedara como un héroe) tendría que ser en ese momento, cuando el pueblo entero se le entrega.

Y eso lo decíamos porque era evidente que la situación no sería nada fácil. El país no cambiaría como por obra de magia a partir de que AMLO asumiera el poder, mucho menos cesaría la violencia que azota al país desde hace varias décadas.

“Me van a odiar, pero le estoy encontrando similitudes a AMLO con Graco Ramírez”, publiqué en mi cuenta de Twitter. Y es que recordarán ustedes que Graco prometió “terminar” (ni siquiera reducir, sino eliminar por completo) con la delincuencia en Morelos; luego comenzó a dar largas y terminó por decir que se había equivocado, y que eso lo había dicho “en la euforia de las campañas electorales”.

Fue él también quien dijo que “una cosa es lo que se dice en campaña y otra la que se hace como gobernante”.  Entonces quedaba claro que todo lo que dijo AMLO en su campaña era solamente para obtener el voto.

El más claro ejemplo fue en el tema de la militarización de la Policía. Durante todas sus campañas insistió en que el Ejército debía volver a sus cuarteles, y ya como presidente lo primero que hizo fue crear la Guardia Nacional, integrada por soldados y marinos.

A dos años de distancia pareciera que hay dos Méxicos. Uno el de los “fifís” que protestan desde la comodidad de sus camionetas y que dicen que a México se lo está llevando la fregada, y otro el de los “chairos” que se regodean cada vez que detienen a un ex funcionario y no parece importarles mucho las estadísticas económicas.  Ya hasta están pensando en desaparecer el PIB como mecanismo para medir la economía.

Los periodistas que veíamos en los horarios estelares de los noticiarios de televisión, hoy están “autoexiliados” y desde su lugar de residencia hacen investigaciones periodísticas como las que hacía Carmen Aristegui, quien hoy guarda silencio.  Los medios públicos, que tradicionalmente han sido utilizados para difundir las notas positivas del gobierno, hoy no le piden nada a los medios de comunicación de Cuba y Venezuela que más que informar, adoctrinan.

Para regocijo de los opositores, la pandemia del coronavirus se vino a dar al principio del sexenio, generando una crisis económica y un índice de desempleo sin precedentes, pero que es una situación atípica. Insisten en que se debe cambiar la estrategia de seguridad, pero no dicen cómo, pues saben que a ellos tampoco les funcionó la suya cuando gobernaban.

El sexenio apenas inicia y es poco tiempo para calificar al gobierno cuantitativamente, máxime cuando se tiene una pandemia que ocurre cada 100 años a nivel mundial; pero lo que nadie puede negar es que sí tenemos una forma diferente de gobernar el país.

Y cada vez estamos más seguros de que cuando termine el sexenio de AMLO seguirá polarizado el país, por un lado los que ven políticamente una génesis y por el otro los que ven el apocalipsis.

HASTA MAÑANA.

Recientemente recordamos en este espacio el homicidio de la juez Reyna Ocampo Rojas al cumplirse 30 años de los fatídicos hechos, el pasado 17 de junio. Hoy relatamos otro hecho que ocurrió en Morelos y en el que la víctima también fue un juzgador, pero del fuero federal, igual que Uriel Villegas, quien recientemente fue asesinado junto a su esposa.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1987, entre las 22:00 y 23:30 horas, cuando fue privado de la vida el licenciado Pedro Villafuerte Gallegos, quien entonces se desempeñaba como Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, perpetrándose el delito frente a su domicilio, ubicado en la calle de Tepozteco número 104, colonia Reforma, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El licenciado Villafuerte fue victimado, al parecer, por dos personas que le dispararon con armas calibre 380, provocándole 14 impactos. Para esclarecer este homicidio, la Procuraduría General de la República asignó un grupo de agentes judiciales a fin de que se abocaran a las investigaciones, quedando al mando el Primer Comandante Florentino Ventura, grupo que investigó en los Estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero.

Producto de tales indagaciones, se consideró que en el homicidio del licenciado Pedro Villafuerte Gallegos estaban involucrados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes previamente se les había instruido el proceso número 15/86, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a cargo del propio juez Villafuerte, por su participación en la comisión de delitos contra la salud, en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El día 29 de enero de 1987 fueron sentenciados a compurgar penas de 11 años de prisión, el primero, y 7 años de prisión los dos últimos, y no estando conformes con las condenas que les fueron impuestas, amenazaron de muerte al Juez de Distrito de la causa, licenciado Pedro Villafuerte Gallegos.

El 26 de junio de 1987, los mencionados Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, se fugaron del Centro de Readaptación Social del Estado de Morelos, ayudados por los custodios Saúl Gerardo García, José Abdón Arteaga Ocampo y el excustodio Laureano Fuentes Vargas, quienes fueron contratados por los señores Roberto Guzmán Urióstegui "El Macheteado" y Héctor Rodríguez Tapia "La Sábana".

Estas personas les dieron a los custodios la cantidad de treinta millones de viejos pesos y un vehículo terrestre (sic) para realizar la fuga. Por comparación entre retratos hablados y fotografías, se identificó a Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado que, días antes al 20 de septiembre, rondaban las inmediaciones del domicilio del juez, ubicado en la calle Tepozteco de la colonia Reforma.

Un dato que hasta ayer desconocíamos, es que en el transcurso de las investigaciones para esclarecer el homicidio del juez Pedro Villafuerte Gallegos, Florentino Ventura y Mario Daniel Montiel Ortiz, interrogaron a los reclusos Fidel García Mata y Juan Velázquez Cruz. Nunca se supo de qué hablaron, pero estas personas fueron asesinadas en el interior del penal el mismo día que tuvieron la mencionada reunión. La versión oficial del entonces director de la Penitenciaría de Atlacomulco, Enrique Corona Morales, es que Juan Velázquez Cruz y Fidel García Mata, atacaron la guardia del penal, privando de la vida a uno de los custodios ya que uno de ellos y otros internos estaban armados. Al contestar los custodios la agresión, mueren los citados reclusos.

En agosto de 1990 vinieron a Morelos visitadores de la CNDH en busca del expediente que se inició a partir del levantamiento del cadáver del juez Villafuerte, pero lo que se encontraron los dejó estupefactos.

“Preguntamos insistentemente sobre el expediente que contiene la Averiguación Previa 30/I/II/6639/987, relativa al homicidio del Juez Pedro Villafuerte Gallegos, en los distintos juzgados penales de la ciudad de Cuernavaca, recibiendo como respuesta que en ninguno de ellos se había consignado tal expediente. Ante tales respuestas se indagó sobre dicho expediente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en donde se afirmó que no se conocía el Agente del Ministerio Público a cargo de tal averiguación. Por ello, se recurrió al archivo de la mencionada Procuraduría, encontrando que el expediente había sido turnado a la reserva”, dice el informe de la CNDH.

Sólo a partir de las investigaciones realizadas por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 14 de agosto de 1990 el Agente de Ministerio Público adscrito a la 7º mesa, Lic. José Manuel González Velázquez (¿les suena conocido?), giró orden de investigación judicial al Jefe de la Policía Judicial del Estado.

Pedro Villafuerte Gallegos recibió 14 impactos de bala que le provocaron la muerte. El parte médico reporta que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico por hemorragia interna y externa, consecutiva a las heridas por proyectil de arma de fuego que, en base a su número, se clasificaron de mortales. Por lo anterior, los licenciados Wilfrido Castañón León, José Alejandro Luna Ramos y el magistrado Amado Yáñez, solicitaron la dispensa de la necropsia.

La versión más consistente fue que el juez Villafuerte Gallegos recibió amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes Pedro Díaz Parada, Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, a quienes él mismo procesó por delitos contra la salud.

Al inicio de las investigaciones de la CNDH no se encontró relación entre el primero de los mencionados y los otros tres pero los visitadores descubrieron que todos pertenecían a una banda de traficantes de drogas y armas que operaba en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero, teniendo como centros de operaciones los municipios de Teloloapan y Tlapa, Guerrero.

“Los hechos parecen vincularse también con el caso de la detención de un avión norteamericano, marca Beecherar-B80, matrícula N-254-K, que forzadamente aterrizó en los alrededores de Tequesquitengo, Morelos. Al parecer, la carga del avión era contrabando de armas que serían entregadas en un rancho de Teloloapan.

“El piloto de la aeronave, Robert Nelson Read, fue procesado por el Juez Villafuerte y el 16 de septiembre de 1987 fue asesinado de 15 puñaladas en el Reclusorio de Morelos, cuando por información de compañeros de presidio estaba teniendo comunicaciones, a través de terceros, con el Juez Villafuerte Gallegos. De todos estos hechos se deriva la presunción de la participación de una o varias autoridades en la protección de estas actividades ilícitas, lo cual nunca ha sido investigado con el cuidado que requiere el caso, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos”, decía el informe de la CNDH que concluyó con la recomendación 015/1990 que le enviaron al gobierno de esta entidad, encabezado por el abogado Antonio Riva Palacio López.

Pero ya desde entonces las recomendaciones de Derechos Humanos eran como “llamadas a misa” para los gobiernos estatales.

HASTA MAÑANA. 

Ayer, después de varios meses sin actividad, algunos negocios del centro histórico se atrevieron a subir sus cortinas en acatamiento a las indicaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, y con la esperanza de obtener algunos ingresos que les permita seguir subsistiendo durante la contingencia sanitaria, pero inmediatamente tuvieron que bajarlas ante lo que parecía ser un enfrentamiento entre comerciantes y policías.

Las imágenes de policías con escudos y toletes resguardando el centro histórico no abona para nada a una ciudad que lo que requiere es reactivarse económicamente, y ahora al miedo al contagio se suma el miedo a recibir alguna “pedrada perdida” o un aventón por el zafarrancho.  Así se veía ayer el centro de Cuernavaca.

Luego, el video del colega José Luis Rojas, que fue uno de los primeros en difundirse en las redes sociales, hacía parecer que una patrulla había atropellado a una indefensa mujer. “Si está lesionada pues siéntese señora”, le dijo el avezado reportero de Zona Centro. 

La mujer no tenía las huellas típicas de un atropellamiento, y los videos que aparecieron después demostraban claramente que la señora junto con otros comerciantes cayó al suelo al intentar detener a una de las camionetas de Protección Civil con la intención de linchar a sus ocupantes.

En una reacción natural de supervivencia, se observa cómo el conductor de la camioneta maniobra para quitarse de enfrente a hombres y mujeres que le estaban cerrando el paso mientras otros se subían a la batea.  Afortunadamente para ellos lograron escapar de la turba, y si algún abuso cometieron minutos antes, con el susto ya están a mano.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores, pero no debe perderse de vista quién está atrás de todo esto. Se trata del Nuevo Grupo Sindical  (NGS) del que ya nos hemos referido  en muchas ocasiones en este espacio, y no quitaremos el dedo del renglón: están creando un monstruo que al rato nadie va a poder controlar.

Y es que el Nuevo Grupo Gansteril (porque lo Sindical se refiere a trabajadores y estos manejan comerciantes, prostitutas, indigentes y todo lo que se deje), trató de sacar provecho de la contingencia provocada por la epidemia del coronavirus, y al principio aceptó quitar los puestos que ya tenían, pero ahora que regresaron pretendían instalar todavía más. No tienen llenadera pues.

Ayer mismo, el Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero Benítez, explicó que todo derivó de que se iba a dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo, aprobado por unanimidad, en el sentido de no permitir el regreso a las calles del comercio ambulante (conocido como “tolerados”) mismos que carecen de permisos o licencias de funcionamiento para ocupar la vía pública.

Sin embargo, integrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS) salieron a las calles y agredieron a personal de la Subsecretaría de Protección Civil y de Gobernación Municipal, que sólo realizaban su trabajo.  Estas personas agredieron físicamente a los inspectores municipales y provocaron daños a una unidad vehicular (en el parabrisas, torreta y espejos laterales) y todavía se hicieron los agredidos.

“Ante el ataque, se procedió a replegar a nuestro personal y abandonar el lugar para evitar consecuencias mayores, ante el incremento de la violencia por parte de los mencionados afiliados al NGS”, informó Romero Benítez. Como consecuencia de lo antes narrado, se retuvo mercancía (cubre bocas, lentes y caretas) que pretendían vender sin permiso, misma que se puso a disposición del juez calificador.

El funcionario aprovechó la conferencia de prensa para recordar que previamente se han tenido varias reuniones garantizando el derecho de audiencia de todos estos grupos, a los que se les dio a conocer que derivado de la primera etapa de reapertura que inició el 21 de junio, el presidente municipal Antonio Villalobos emitió un mensaje para la apertura gradual del comercio, por lo que el diálogo se ha privilegiado y se garantiza el pleno respeto a los derechos humanos y en esta ocasión no fue la excepción.

“La semana pasada se tuvieron sendas reuniones informativas y de concientización con estos grupos y por nuestra parte, el titular de Seguridad Pública y de las Subsecretarias de Gestión Política y de Protección Civil, donde les expusimos los alcances del acuerdo de Cabildo, todos los líderes se comprometieron a respetarlos, lo que no ha sido así. Y el único grupo que salió de manera violenta y por la fuerza (a) instalarse en la vía pública es el Nuevo Grupo Sindical (NGS): la Consejería Jurídica estará presentando las denuncias correspondientes por lesiones y por daño en los bienes propiedad del municipio para que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones que correspondan”, apuntó.

Pero independientemente de ello no hay que olvidar quién es Ben Hur Hernández Bringas. Es el líder del NGS, organización que todo el sexenio pasado estuvo ligado al gobierno de Graco Ramírez. Ellos ya tenían “concesionado” el primer cuadro de la ciudad cada 15 de septiembre y 16 de septiembre para vender artículos de las fiestas patrias, además de los lugares que ya tienen en forma permanente en las plazas del centro.  Y de las concesiones de taxis y de los contratos para el acarreo de materiales de construcción ya ni hablamos.

El NGS le apostó todo al PRD y al PSD de los hermanos Yañez. Tan es así que la esposa de Ben Hur iba en la fórmula para la presidencia municipal de esos partidos. ¿Se imaginan si hubieran ganado las elecciones? Ahorita la ciudad sería suya.

Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de organizaciones “sindicales”, pues la historia ha demostrado que cuando la autoridad no le pone freno a sus ansias de poder, pueden llegar a confabularse con grupos de la delincuencia organizada y convertirse en criminales para quitar a quienes les estorban.

Luego no digan que no se los advertimos.

HASTA MAÑANA.

El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el morelense de nacimiento Omar García Harfuch, dejó al descubierto una terrible realidad que durante muchos años se pretendió ocultar: la existencia de cárteles de la droga en la capital del país. Pero también –como seguramente trascenderá en los próximos días a medida que avancen las investigaciones- evidencia la infiltración que tiene el crimen organizado en prácticamente todas las corporaciones policiacas.

Como ya es del dominio público, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:38 horas de este viernes entre la avenida Paseo de la Reforma y Sierra Madre, con saldo de tres muertos (dos escoltas y una mujer totalmente ajena al hecho) y siete heridos.

Antes que ninguna autoridad lo hiciera oficial, fue el propio agredido el que culpó del ataque al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de su cuenta de Twitter. “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas”, dice su mensaje, sin que se sepa a ciencia cierta si él lo escribió personalmente o le pidió a alguien más que lo hiciera, ya que él resultó herido de un brazo.

Como ya se ha publicado en todos los medios de comunicación, para el atentado en contra de Omar García Harfuch, los sicarios contratados por José Armando “N”, alias “El Vaca”, utilizaron un arsenal consistente en 5 rifles Barret .50, 1 lanzagranadas, 7 granadas, 35 armas largas, 8 pistolas, 39 chalecos, 51 bombas molotov, 96 cargadores, 2 mil 800 cartuchos, 1 inhibidor de señales, para lo cual requirieron un camión de 3.5 toneladas a la que le pintaron las siglas de Grupo Carso, así como dos suburban y varios vehículos compactos.

¿Cómo pudieron mover todo este arsenal, vehículos y hombres para perpetrar el ataque contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México? No lo podrían haber hecho sin la colaboración de gente de la SSC pagada por el CJNG (asumiendo como cierta la aseveración de García Harfuch).

¿Cómo supieron el trayecto diario del jefe policiaco? ¿Cómo supieron la hora en que saldría ese día? Obvio que requirieron de varios espías disfrazados de ciudadanos comunes, pero también forzosamente tuvieron que contar con el apoyo de policías.

Tras este lamentable hecho es imposible no compararlo con el asesinato del entonces subprocurador de Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Justicia de Morelos, Andrés Dimitriadis Juárez, quien no contó con la misma suerte que García Harfuch y murió junto con sus dos escoltas el 23 de octubre del 2008.

Una investigación periodística (que nos hizo acreedores al Premio Estatal de Periodismo 2010) sacó a relucir que esa noche prácticamente todas las corporaciones policiacas sabían que iba a ser asesinado el servidor público porque así lo había ordenado el jefe de plaza de la organización de los Beltrán Leyva, apodado “El Borrado”.

Un policía ministerial avisó cuando el vehículo oficial (un auto compacto cualquiera) del subprocurador salió de las instalaciones de la PGJE en la avenida Emiliano Zapata. De inmediato “se le pegó” una camioneta Ecosport color rojo que estaba esperando en la calle Tabachin, frente al edificio de la dependencia y los siguió por Colegio Militar hasta tomar la autopista.

Dos vehículos más se incorporaron a la persecución kilómetros adelante, de tal manera que cuando llegó al entronque con la avenida Diana ya eran tres los que lo perseguían, de tal manera que no hubo forma de escapar. Los alcanzaron unos 200 metros adelante y los masacraron. Se encontraron más de 200 casquillos de AR-15 y “cuernos de chivo”.

Las declaraciones ministeriales de algunos policías municipales que fueron detenidos años después, dejaron en claro que prácticamente todas las corporaciones policiacas, el Ejército y la Policía Federal, estaban en una “narconómina” que pagaba mensualmente Arturo Beltrán Leyva, quien vivía en Morelos hasta diciembre del 2009 en que fue acribillado por los marinos en las Torres Altitude.

Por eso es que ninguna corporación detectó las tres camionetas con sicarios armados que estaban “campaneando” al subprocurador de Delincuencia Organizada desde días antes, y todavía se tardaron varios minutos en llegar al lugar de la balacera.

Sólo unos despistados motociclistas de la Policía de Tránsito de Cuernavaca llegaron cuando las armas de los sicarios estaban todavía humeantes. Vieron impávidos cómo abordaban sus vehículos y se alejaban tranquilamente. Entre los sicarios iban policías municipales en activo, lo que quizás fue el motivo por el que no los mataron también a ellos.

Es por todo lo anterior que llegamos a la conclusión de que el pasado viernes, policías, comandantes y hasta directivos de la SSC-CDMX sabían que esa mañana iban a matar a su jefe, lo que irá saliendo a la luz en la medida en que los sicarios detenidos (19 hasta hoy) decidan soltar la lengua. 

Y ojalá que conforme avancen las investigaciones podamos encontrar respuesta a diversas interrogantes que se ciernen sobre este hecho.

¿Por qué querían matar a Omar García Harfuch? Si ya habían logrado que se detuviera la camioneta blindada, y los escoltas estaban muertos ¿por qué no lo remataron? De ahí se desprende la interrogante de si realmente querían terminar con su vida o sólo enviarle un mensaje.

¿Por qué Omar García Harfuch se apresuró a culpar al CJNG del atentado en su contra? ¿Hubo una advertencia antes? ¿Qué pedían a cambio de no atentar con su vida?

Actualmente en los medios de comunicación y las redes sociales hay todo un debate sobre este joven policía que dice haber nacido en Cuernavaca pero que no existe registro de ello. Ya están mencionando aspectos como que su abuelo fue jefe militar durante la represión del 68, que su padre encabezó la desprestigiada Dirección Federal de Seguridad (DFS), y que un medio hermano al que mataron estaba ligado al narco en Guadalajara. Lo peor: que fue subordinado del hoy enemigo número uno de México, Genaro García Luna.

Desde nuestro punto de vista Omar García Harfuch no debe ser enjuiciado mediática ni políticamente por lo que hicieron sus familiares, y tampoco creo que alguien deba quedar estigmatizado por haber trabajado con alguien.

Lo que sí se debe investigar es por qué lo quisieron matar. No olvidemos que antes de aceptar ser el titular de la Seguridad Pública de la capital, recibió una oferta del gobierno de Jalisco (que encabeza el tenebroso Enrique Alfaro) para hacerse cargo de la Policía de esa entidad, cuna del cartel que encabeza Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, ofrecimiento que rechazó.

Pero una investigación no puede ser objetiva si ya el jefe del ejecutivo federal, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dieron por hecho que García Harfuch es “el héroe” de esta historia, que está más interesante que una de las narcoseries de Epigmenio Ibarra.

HASTA MAÑANA.

Es cuestión de horas para que el Poder Judicial de la Federación emita el acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de inactividad con motivo de la contingencia causada por la epidemia del coronavirus, y a partir de ello harán lo propio los tribunales de todo el país, incluyendo el de Morelos. Es decir, que los abogados deberán seguir esperando para reiniciar sus litigios y, por lo tanto, continuarán sin ingresos monetarios.

Los litigantes no están exentos de la crisis económica generada por el Covid-19, y así lo han manifestado diversas organizaciones que están proponiendo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado pongan en marcha una serie de mecanismos cibernéticos que les permita hacer su trabajo.

El problema es que, por ahora, la autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones, por más voluntad política que haya.

Así lo explica el abogado morelense Omar Mondragón López, (con quien tuve el gusto de compartir el aula en la UAEM y que posteriormente estudió una Maestría en la prestigiada Universidad de Harvard) en un artículo publicado recientemente en la revista Nexos.

“El problema durante la pandemia no ha sido la falta de interés para innovar; más bien, se trata de la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local”, advierte.

Explica que la pandemia logró en unas semanas lo que cientos de publicaciones y decenas de congresos académicos no lograron durante los últimos veinte años: el salto de un tema académico, a uno de interés general.

Y es que, la inclusión digital es un derecho humano reconocido a nivel internacional desde 2012 y recogido en la Constitución en 2013, cuando dice en su artículo sexto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

“Aquí vale la pena descartar el debate desinformado que contamina la discusión del tema: no se trata de abandonar los actos y formalidades pensados para dar certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso, esto es, la justicia electrónica no es y nunca ha sido —al menos en México— una batalla contra el principio de legalidad. La adopción de la justicia electrónica en nuestro país no ha pasado por el desplazamiento sino por su redefinición. Dicho de otra manera, la implantación exitosa de la justicia electrónica en México no ha requerido restar valor a las formalidades del procedimiento, sino que sólo ha demandado replantearlas en el contexto de la obligación constitucional de integrar las tecnologías de información y comunicación al trabajo de los tribunales”, afirma.

El 8 de junio de 2020, cuando el Consejo de la Judicatura Federal anunció la tramitación en línea de todos los asuntos presentados en sus órganos jurisdiccionales, independientemente de su instancia y materia, varios poderes judiciales de los estados lo imitaron.

La mayoría, no obstante, desperdició el periodo de cuatro años que medió entre el nacimiento de la obligación constitucional en junio de 2013 y el retiro de la potestad legislativa en las materias civil y familiar en septiembre de 2017. “Hoy la posibilidad de innovación está cerrada para esas dos materias”, sentenció el jurista.

En su opinión, México transita entre dos extremos: por un lado, el México desarrollado de la justicia federal y la justicia local de algunos estados diligentes como Coahuila y Nuevo León y; por el otro, “el México retrasado de todos los poderes judiciales locales impedidos para ofrecer servicios remotos, como Morelos y Chiapas”.

Sin que parezca una defensa para el Poder Judicial de Morelos, el actual presidente tomó el cargo el 18 de mayo pasado en medio de la pandemia, de ahí que no se le pueda achacar responsabilidad alguna, máxime que apenas unas semanas después de recibir la presidencia, remitió al Congreso Local una propuesta de reformas que permita reactivar algunas de las funciones de los tribunales.

Recientemente el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, presentó ante la Quincuagésima Cuarta Legislatura dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Respecto al Código Procesal Familiar se solicitan reformas a diversos artículos los cuales tienen como finalidad primordial incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica.

En torno al Código Procesal Civil la finalidad es concretar reformas a varios artículos que permitan la implementación de igual forma, de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones. 

Refirió que si bien existe la reforma al Artículo 73 Fracción XXX y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 la cual fue en tiempos de “normalidad” se consideran que por la cuestión de la pandemia del virus covid-19 no se ajusta a la realidad que se vive actualmente y se tienen que buscar controles para acceder a los órganos  jurisdiccionales, como estas propuestas ante el Congreso del Estado.

Vale la pena mencionar que, con anterioridad (específicamente el 22 de abril pasado) el maestro Omar Mondragón López interpuso un recurso de amparo para obligar al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones a las que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017.

“Como en toda acción contenciosa, es imposible conocer su resultado con antelación, pero no hace falta tener certeza de que un juez de distrito compartirá nuestros argumentos. Con suficientes ciudadanos que compartan la voluntad de reclamar, exigir, de demandar la inclusión digital en la impartición de justicia local, el poder legislativo federal escuchará y no cometerá el error de posponer más la implementación de la justicia electrónica local. No es momento de pedir, menos aún de esperar, es momento de demandar”, concluye su artículo Omar Mondragón.

Ahora el balón está en la cancha del Poder Legislativo. Esperemos que así como interrumpieron su cuarentena y/o sus vacaciones para tratar de reformar la Constitución para aumentar el número de diputados, los integrantes de la actual legislatura trabajen hasta la madrugada para modificar las leyes que sean necesarias a fin de que el estado garantice el derecho a la justicia, y de paso los abogados litigantes puedan tener trabajo para llevar el diario sustento a sus casas.

HASTA MAÑANA.

A partir del surgimiento de las redes sociales, pero específicamente en la comunidad de Twitter (con 340 millones de usuarios) han surgido una serie de entes cibernéticos antes desconocidos para la mayoría de nosotros. “Trolls”, “Bots”, “spammers” y toda una granja de personajes que a los políticos de la vieja guardia pareciera tener sin cuidado, pero que los estudiosos del marketing político consideran como determinante para las próximas elecciones.

La fortaleza de esta red social es su capacidad de difundir una información en tiempo real. En cuestión de minutos una información, foto o video puede estar en el teléfono celular de millones de personas, convirtiéndose en un “trending topic” (tendencia).

Como mecanismo de publicidad es útil, pero como mecanismo de dispersión de información negativa es letal. Es decir, si un candidato desea difundir sus actividades necesitará que algunos tuiteros con un buen número de seguidores repliquen sus mensajes. Pero si por el contrario hay un acontecimiento que no desea que se haga público, eso mismo hará que la foto o el video en cuestión se reproduzca como un virus, de ahí que se llame “viralizar” a la acción de reproducir masivamente una información. 

El presidente de la República está preocupado porque diariamente es objeto de “hashtags” (etiquetas) en Twitter que atacan sus acciones de gobierno, y la única salida que han encontrado sus colaboradores de justificarlo es que sus detractores utilizan robots cibernéticos denominados “bots”.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador invitó de manera pública, al director de la red social Twitter, a participar en su conferencia de prensa matutina, a fin de que explique el uso de robots para incidir en los temas que se vuelven tendencia.

“Que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son las limitaciones? O ¿por qué no pueden dejar de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle al respeto a las personas?”, cuestionó el mandatario.

Los reclamos del mandatario a la red social Twitter llevan varios meses porque no puede entender cómo es que millones de personas se ponen de acuerdo para escribir sobre un mismo tema. Pero eso sí, asegura que los que hablan bien de él son personas de carne y hueso.

Se ha comprobado que ambos bandos utilizan “bots”, que son cuentas falsas cuya única función es replicar un mensaje y aparentar que un usuario tiene muchos followers o bien, provocar que un “hashtag” se convierta en “trending topic”.

No confundir con los llamados “trolls” o “troles” que son cuentas con datos falsos que se dedican a insultar a los usuarios cuando lo publicado no les conviene.

Y aquí viene una subdivisión que no está bien definida, y que son aquellas cuentas “enmascaradas” que de manera anónima permanecen en la comunidad tuitera, pero que su función no se limita al insulto o la descalificación, sino que aportan información realmente valiosa, con el único inconveniente de que el autor no tiene nombre, ni apellido, y mucho menos rostro.

A nivel nacional el caso más ilustrativo es el personaje llamado “Tumbaburros”, con más de 300 mil seguidores, y cuyo mérito es tener información de primerísima mano. Según el gobierno de AMLO, atrás de este personaje está el hijo del expresidente Felipe Calderón.

En Morelos, podríamos afirmar que el precursor de este tipo de herramientas cibernéticas fue el tristemente célebre Gustavo Martínez González, asesor del entonces gobernador Graco Ramírez. El psicólogo de profesión al principio adoptó un papel de “escudero” del mandatario estatal, rebatiendo con argumentos a todo aquel usuario de Twitter (y también en Facebook) que se atreviera a escribir algo que él considerara sin fundamentos.

Los primeros debates fueron interesantes, pero cada vez se fueron haciendo más ríspidos hasta llegar al insulto. Poseedor de un acervo lingüístico muy amplio, Gustavo Martínez insultaba al contrincante de tal forma que éste se tardaba varios minutos en descifrarlo. 

Aunque se defendía diciendo que lo hacía desde su cuenta personal y no en representación del gobierno en el que trabajaba, Graco Ramírez terminó por pedirle que ya no lo hiciera. A partir de entonces, el funcionario público abrió varias cuentas con otros nombres, desde donde siguió rebatiendo a los entonces enemigos del sistema.

Aunque ya mencionamos que no es lo mismo Troll que Bot, en la práctica se confundieron los términos y entonces se acuñó el mote de “gracobots” para referirse a todos los personajes que desde una cuenta anónima defendían al gobernador y atacaban a sus detractores.

Muy pronto esa costumbre se generalizó y entonces nacieron los “Verabots”, personajes que durante el conflicto del entonces rector Alejandro Vera con el gobierno estatal, se encargaban de atacar al jefe del Ejecutivo, obviamente con cargo al erario universitario.

Con la llegada del proceso electoral del 2018 el mundo del Twitter en Morelos se convirtió en un desastre, por decir lo menos. A través de cuentas anónimas, los candidatos de todos los partidos se echaron y recibieron estiércol, haciendo uso de un artefacto cibernético también de reciente creación: el meme.

Así, entre broma y broma, haciendo gala de creatividad pero también de malicia, transcurrió el proceso electoral con los resultados ya conocidos.

Hoy, para quien quiera adentrarse en ese mundo alterno llamado Twitter, le advertimos que se encontrará con personajes como “Teresa de la Merced”, “Tadeo de la Madrid”, “El Chinelo Morelense”, “Pedro Navajas”, “Changoleonmor”, “Memelítica” “Princexitaffi”, “Luis Mora” y muchos otros que por el tipo de información que manejan suponemos que son políticos o periodistas reconocidos, pero que por alguna razón prefieren subir al ring “enmascarados”.

Y seguramente serán ellos los que en unos meses más estarán lanzando al mundo cibernético la información más escandalosa y comprometedora de los ciudadanos que busquen un escaño en el Congreso Federal o local, así como en los 36 ayuntamientos de la entidad.

Es la nueva modalidad de hacer política. Y usted ¿ya tiene su cuenta de Twitter?

HASTA MAÑANA.

La epidemia ocasionada por el virus SARS COV 2 tiene a nuestro país entrampado en un escenario en el que ya nadie sabe qué estrategia aplicar, además de que todo lo que se haga o se deje de hacer tendrá implicaciones políticas con miras a las elecciones intermedias del próximo año. El coronavirus vino a romper todos los escenarios que se tenían previstos y obligó a los gobiernos de los tres niveles a reorientar sus acciones sin tener la seguridad de que al final tendrán un resultado favorable.

Por ejemplo, los alcaldes que ya tenían planeado reelegirse o bien buscar un escaño en la siguiente legislatura ya tenían todo bien planeado: comenzar a mediados de año con la entrega de despensas y con obras de relumbrón, bailes, funciones de lucha libre, jaripeos y todos esos eventos masivos para lucirse y ganar adeptos.

Lo mismo los diputados y las diputadas que soñaban con buscar una alcaldía, o bien la reelección como legisladores: eventos masivos para repartir artículos con su nombre para que no se les olvidara a los posibles votantes.

Pero la epidemia les cambió todo. El poco dinero que había se tuvo que utilizar en la compra de material de protección sanitaria, y el colmo: las despensas se tuvieron que entregar con el rostro cubierto. ¿Así cómo va a saber la gente que el favor se lo debe al diputado fulano?

Una de las diputadas, Tania Valentina para ser exactos, se le ocurrió la idea de acompañar a un grupo de comerciantes que exigían la reapertura de negocios en una marcha hacia el palacio municipal. Fue una osadía de la diputada, seguramente por recomendación de su flamante asesor, Javier López. Dirían los jóvenes: “Se la rifó”.

No sabemos si alguna de las 200 personas aproximadamente que participaban en la manifestación se integrará a las filas del Partido del Trabajo o votará por Tania Valentina en las próximas elecciones, pero lo que sí logró fue que surgiera el rumor de que a partir de esa movilización el alcalde aceptó reabrir los establecimientos comerciales no sólo para los manifestantes, sino para todo el comercio en general.

El presidente municipal Antonio Villalobos Adán, anunció a través de un video difundido en redes sociales, el reinicio de las actividades comerciales en Cuernavaca a partir del lunes 22 de junio. Señaló que así lo han solicitado, urgido y demandado los sectores de nuestra sociedad, ante la desesperación por la pérdida de su poder adquisitivo, la afectación de su economía familiar o de sus fuentes de sustento.

Villalobos Adán cerró su mensaje subrayando: “que quede claro: no somos un gobierno impositivo. Hemos sido un gobierno propositivo. Y por ello apelo a su voluntad porque no restringimos ninguna actividad comercial; proponemos regular la movilidad individual y colectiva”, recalcó.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar, a pesar de que “El Lobito” sigue los mismos criterios que el presidente de la República, quien desde hace una semana dijo que ya debemos ir saliendo, “poco a poco y tomando las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud”.

Fue necesario que diera una conferencia de prensa el mismo lunes al mediodía para disipar algunas dudas. Aclaro que no se ha convocado a la población a salir ni a relajar los protocolos sanitarios, sino a implementarlos responsablemente ante la Nueva Normalidad, pues es necesario un nuevo orden ante la pandemia y sus efectos.

Y dio a conocer algo que no había mencionado antes: se trata de un periodo de prueba durante 21 días, tiempo en el cual se evaluará si la corresponsabilidad social permite pasar al siguiente nivel de operaciones comerciales, o se regresa a un esquema más riguroso de restricciones.

“El Ayuntamiento permite la reapertura gradual, segura y responsable, pero, atención: cada quien debe aplicar protocolos específicos para cada rubro, giro y actividad profesional. La comuna asesora y marca políticas basadas en lo que recomienda el sector salud, pero cada uno debe procurarse información, manuales, o tutoriales en lo individual, familiar y colectivo para no bajar la guardia en la prevención y protección de nuestra salud”, advirtió.

A pesar de lo anterior, no faltó quien dijera que el alcalde de Cuernavaca sería el responsable de los fallecimientos que haya a partir del lunes pasado. O sea, como dicen las feministas, no entienden que no entienden.

Por la tarde, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, leyó un comunicado en el que advirtió que al día de hoy, Morelos está en un grado de alerta máxima; es decir, la salud y la vida de las y los morelenses se encuentran en el máximo nivel de riesgo por el virus SARS-CoV-2.

“En este escenario, todas las autoridades del Estado tenemos la obligación legal, ética y social de continuar con la suspensión de actividades no esenciales, para salvaguardar la salud de la población”, apuntó.

Recordó que los acuerdos emitidos por los gobiernos federal y estatal son de observancia obligatoria tanto para los integrantes del Sistema Estatal de Salud, como para las autoridades civiles y los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, quienes estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia.

“El incumplimiento de dicha obligación en el orden municipal implicará la responsabilidad directa de los presidentes municipales sobre las consecuencias que el desacato pudiera generar”, advirtió, en obvia referencia a los alcaldes de Cuautla y Cuernavaca (ambos de Morena).

Dijo Ojeda Cárdenas que la propuesta para reiniciar actividades económicas no esenciales debe ser “cauta, responsable y gradual” tal como lo ha establecido el gobierno federal. Aquí cabría preguntarle, cuando habla del gobierno federal si se refiere a Hugo López Gatell o al presidente López Obrador.

Ambos funcionarios tienen razón. El gobierno del estado de Morelos reconoce que existen exigencias de reapertura, motivadas principalmente, por los efectos económicos de la pandemia, a los que es sensible. Sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento, implicaría un costo altísimo en términos de salud, como por ejemplo, la posible saturación hospitalaria, y una prolongación aún mayor de los efectos económicos adversos.

Pero el alcalde de Cuernavaca también tiene razón cuando dice que la economía de Cuernavaca está quebrada y ya no aguanta más. 

De todos modos, tanto Villalobos como Ojeda quedarán “como el cohetero”, y cualquiera que sea el desenlace recibirán críticas por lo que hicieron o dejaron de hacer.

HASTA MAÑANA.

La designación de Rabindranath Salazar Solorio como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación ha tenido las más diversas interpretaciones a partir de que lo anunció ayer por la tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Hay quienes lo ven como un ascenso, pero también los que advierten que se trata de un movimiento que lo aleja del manejo de recursos financieros, que lo quita del escritorio para mandarlo a un cargo menos burocrático.

Por principio de cuentas habría que hacer notar que Rabindranath es contador público de profesión, y llega a sustituir a una licenciada en Derecho, por lo que se antoja un enroque que no tiene sentido ni explicación alguna. Lo lógico era que la abogada (especialista en temas jurídico-políticos) se quedara en la Subsecretaría de Gobernación y el contador público siguiera atendiendo el Banco del Bienestar.

¿Algo no le gustó del manejo de Rabín en el Banco o de Diana Álvarez en la Subsecretaría? Difícilmente lo sabremos, pues “los designios de AMLO son inescrutables” y sólo él sabe por qué los hace.

Sólo quienes son sus seguidores o miembros de su vastísima familia lo consideran un súper ascenso que lo pone en la antesala de la gubernatura de Morelos.

Desde nuestro punto de vista, la subsecretaría de Gobernación sí es una excelente palestra que lo pone en las grandes ligas a nivel nacional (en el Banco del Bienestar también pero no tenía tanta oportunidad de aparecen en los medios).

Sin embargo, también es un cargo muy peligroso políticamente hablando, que si no lo sabe manejar bien puede convertirse en su tumba política. No lo vemos como una maniobra con miras a la elección del 2024 en Morelos, pues en cinco años pueden suceder muchas cosas.

Nos queda claro que el oriundo de Tejalpa es el morelense más cercano al presidente López Obrador, y el militante de Morena con más posibilidades de llegar a la gubernatura. Sólo un hecho extraordinario evitará que Rabín sea el candidato a gobernador en el 2024, con muy amplias posibilidades de obtener un triunfo.

Aclaramos: estamos hablando de la candidatura, no del gobierno de Morelos. Y es que, de la misma manera que la ola Morena llevó a la gubernatura a Cuitláhuac García en Veracruz o a Miguel Barbosa en Puebla, también podría llevar a la derrota a quienes se postulen por ese partido si es que AMLO continúa desilusionando a quienes votaron por él. Ahorita podría tomarse como una idea descabellada, pero -insistimos- en cinco años pueden pasar muchas cosas.

Como sea, la designación de Rabín al frente de una de las  dos subsecretarías de Gobernación es una forma de “echarlo al ruedo” como si fuera un torero que habrá de demostrar de qué es capaz. Igual sale “en hombros”, igual se lo lleva una cornada que lo aleja de la fiesta brava por un tiempo, o de por vida.

De cualquier forma, estar en la Secretaría de Gobernación es un gran salto para el morelense cuyo currículum comienza diciendo que fue “director del Sistema de Agua Potable de Tejalpa”, antes de ser tesorero de Jiutepec y Cuautla, alcalde del municipio que lo vio nacer y diputado local.

Ningún otro personaje (con excepción de Jorge Carrillo Olea, de quien hablamos ayer en este espacio) ocupó un cargo de esa envergadura en la Segob.

Aunque la Senaduría le dio la oportunidad de manejarse en “las grandes ligas”, Rabindranath Salazar Solorio tiene en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, una excelente oportunidad de desenvolverse todavía más alto.

Pero -insistimos- los riesgos son todavía mayores pues estará en la mira de los grandes protagonistas de la política a nivel nacional y de organismos no gubernamentales que igual le dan una buena carta de recomendación, que terminan con su ascendente carrera.

Y el riesgo es todavía mayor si tomamos en cuenta que –aunque su jefa será Olga Sánchez Cordero, una excelente persona con una larga carrera en el Poder Judicial Federal- finalmente más arriba está el mismísimo presidente de la República, quien es algo terco y no acepta otra verdad que no sea la suya.

¿Qué deja pendiente Rabín en el Banco del Bienestar? Deja sin terminar el proyecto para construir sucursales en comunidades del país en donde no se cuenta con servicios financieros para la dispersión de recursos de los programas sociales del gobierno federal y otros servicios de bancarización.

El pasado 28 de mayo, el titular de la Bansefi participó en la conferencia de avances y resultados de los Programas del Bienestar, donde informó que de las 427 sucursales, 37 ya fueron terminadas, 287 están en construcción y 103 están por iniciar, la mayoría se encuentra en la zona centro y sur de la república.

Recordó que, para este año la meta es llegar a mil 350 sucursales del Banco del Bienestar y a 2021 con dos mil 700 sucursales, como fue anunciado en enero pasado, siendo la institución financiera con el mayor número de sucursales físicas en el país, con un presupuesto de cinco mil millones de pesos, programa que se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

De haber logrado lo anterior, ese cargo lo hubiera catapultado todavía más arriba, de no ser porque ayer, sin dar mayores explicaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter:  “Anuncio un cambio o enroque, pero obviamente republicano: la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, ocupará la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar, actual director de dicho banco, será el nuevo subsecretario de Gobernación”.

Sólo el tiempo y las circunstancias nos dirán si el cambio fue benéfico para el morelense que acostumbra disciplinarse a las órdenes de sus jefes, tal como ocurrió cuando se quedó en el camino para la gubernatura del estado de Morelos bajo las siglas del PRD, y posteriormente aceptó ceder su lugar a Cuauhtémoc Blanco para que fuera el candidato de la coalición Morena, PT y PES.

HASTA MAÑANA.

Terminé de leer el último libro de Jorge Carrillo Olea, titulado Torpezas de la Inteligencia, donde explica cómo nació el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con anécdotas de sus tiempos de jefe de escoltas de Echeverría y José López Portillo; su excelente relación con el presidente Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, y sus desencuentros con Ernesto Zedillo y Manuel Bartlett.

Carrillo Olea, a quien la periodista y escritora Anabel Hernández ha definido como “el padre de la Inteligencia en México”, recuerda que su vocación inicial por estudiar “Estado Mayor” se despertó en 1955, (a sus 17 años, cuando iba en el segundo año del Colegio Militar), sin saber exactamente de lo que se trataba y mucho menos sus implicaciones. En 1970 se incorporó al Estado Mayor Presidencial y en esa época tuvo su primer contacto formal con el concepto básico de inteligencia estratégica en la Escuela Superior de Guerra.

Su cargo específico en el EMP fue “jefe de la Sección Segunda”, que los militares identifican perfectamente como el área de inteligencia y seguridad al servicio del presidente, aunque esto último en la práctica lo hacía un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad.

Una fecha que quedó marcada en su historia fue el 14 de marzo de 1975, día en que se llevó a cabo un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando todavía estaban frescos los recuerdos de lo acontecido en Tlatelolco en 1968 y en San Cosme en 1971, el llamado “Halconazo”.

Jorge Carrillo Olea narra cómo sacó de ese auditorio al presidente Luis Echeverría cuando una turba de estudiantes comenzó a romper los vidrios con tepalcates de los macetones que habían roto previamente, uno de los cuales le dio al presidente en la frente y lo hizo sangrar.

Prácticamente en vilo llevaron al presidente al estacionamiento y no alcanzaron a llegar a donde estaban los vehículos oficiales, sino que al entonces coronel Carrillo Olea se le ocurrió utilizar un vehículo Maverick rojo que su propietario (un muchacho dedicado a imprimir tesis y que esa tarde debía entregar varias) ya había puesto en marcha.

“El presidente reía a carcajadas. Llegamos al final del estacionamiento y aprovechamos una especie de rampa de tierra para brincar la banqueta y entrar en una mezcla de floresta y pedregal, tan propia de la Ciudad Universitaria. Desde luego, yo no sabía, porque nunca lo calculé, a dónde llevaba aquella brecha. Lo único seguro era que nos alejaba de los estudiantes que aún nos perseguían. Luego de un kilómetro, llegamos a Insurgentes, pero en sentido contrario”.

Relata que el presidente se carcajeaba y gritaba: “¡Igual que en Los Intocables!”.  ¿Por qué lo hacía? El autor del libro no lo sabe, pero supone que era porque el presidente se sentía seguro y confiaba plenamente en su equipo de seguridad, por lo que se le hacía divertido todo lo que estaba pasando.

Para quienes no fue divertido fue para su familia y gabinete, pues durante casi una hora (tomando en cuenta que no existían teléfonos celulares) el presidente de la República estaba “desaparecido” tras un incidente con estudiantes. Ya en la residencia oficial de Los Pinos, lo primero que hizo Luis Echeverría fue pedir que localizaran al proyeccionista porque deseaba ver una película.

Pero si Echeverría estaba medio loco (al menos así lo demuestra su comportamiento anterior), José López Portillo era peor, por lo que Carrillo Olea define a ese sexenio como “desastroso”, y no tanto por el titular del Ejecutivo, sino por la turba de delincuentes que entraron con él.

“Para no dejar cabida a interpretaciones, la DFS era simplemente una organización criminal”, afirma categórico.

El mérito de Jorge Carrillo Olea –según advertimos a lo largo del libro- fue hacerse amigo de Miguel de la Madrid Hurtado, desde que éste era un eficiente funcionario en la Secretaría de Hacienda. Desde entonces sostenían encuentros en los que JCO le platicaba a su amigo de sus intenciones de crear una verdadera institución de inteligencia, equivalente a la CIA de Estados Unidos.

Un dato relevante: un día antes de tomar posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid desayunó con Jorge Carrillo en Cuautla, lo que era señal de que por fin iba a poder hacer realidad su proyecto.

El Sistema Nacional de Inteligencia consistiría en la creación de tres centros: el CISEN, el Cendro y el Centro Nacional de Inteligencia Criminal, lo que implicaría la desaparición, de una vez por todas, de la DFS.

Fue un sábado de mayo de 1985, cuando en su carácter de subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea se dio el lujo de acudir hasta las oficinas de la DFS y ordenar a todo el personal formado: “Coloquen sus charolas y pistolas a sus pies”. Con el metal fundido de las charolas se hizo un busto de Benito Juárez que a la fecha permanece en la sede del CISEN.

En su libro, JCO da cuenta de una reunión con Carlos Salinas de Gortari a unos días de tomar posesión como presidente de la República. Dice que fue en la calle de Cracovia, en San Ángel, y que ahí le planteó la creación del CISEN, cargo que ostentó hasta octubre de 1991, cuando lo mandó a la PGR.

A lo largo de 293 páginas, el general en retiro aporta una serie de propuestas de cómo debe manejarse lo que él llama “Inteligencia Estratégica”, que no es otra cosa que la sistematización de la información para la correcta toma de decisiones.

En algún momento pensé que la intención del ex gobernador de Morelos era que el libro llegara a manos del nuevo presidente de la República, quien fuera, y que lo regresaran al CISEN, institución de la que presume ser el fundador.

Así parece cuando dice que “la presente obra (…) tiene la intención de ser una serie de consideraciones constructivas para pensar en el futuro de la inteligencia estratégica. Aunado a ello, ofrece un planteamiento idealista sobre lo que el país podría intentar al respecto y lo que merece, necesita y puede obtener en esa materia, incluso en términos de seguridad nacional”.

Sin embargo, quienes lo conocimos en su trunca administración 1994-1998 nos seguimos preguntando ¿y por qué no utilizó toda esa capacidad y experiencia para permanecer como gobernador de Morelos hasta el fin de su sexenio?

HASTA MAÑANA.

A partir de que publicamos el pasado martes el caso de un trabajador del Ayuntamiento de Xochitepec, que murió esperando su pago de pensión retroactivo a cuatro años, nos ha comenzado a llegar información que definitivamente demuestra que la imagen de “incluyente y solidario” que alguna vez dio el alcalde Alberto Sánchez Ortega, fue sólo demagogia, pues en realidad es un tipo insensible y materialista.

El caso que abordamos –por si el lector no lo recuerda- es el de Vicente Valdepeña Rey, quien de acuerdo al decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de julio de 2016, cumplió los requisitos para recibir la pensión jubilatoria por 28 años de servicio en la Policía Municipal de Xochitepec.

Pero de acuerdo a la versión de su hijo Jesús Valdepeña, el alcalde Alberto Sánchez Ortega, el contralor Bernabé Álvarez Almazán y el tesorero Adolfo Aguilar Figueroa, les pusieron como condición para entregarles el cheque correspondiente a la pensión en forma retroactiva.

“Nos dijeron que si no dábamos dicha cantidad nunca saldría el cheque y presumían que tienen excelentes abogados para no dar la pensión si no accedíamos, y que se iba a morir primero antes que cobrar su pensión. Y lo consiguieron, pues mi padre murió el 25 de abril del 2020”, dice la denuncia por escrito que el quejoso interpuso en diferentes instancias.

Esperábamos una versión oficial del Ayuntamiento que contrarrestara las acusaciones, pero tanto el alcalde como los regidores guardaron un silencio cómplice.

Y por el contrario, los espacios de comentarios en las redes sociales se llenaron de quejas que van en el mismo sentido de la columna ya mencionada.

“Así le pasó a un trabajador que no le quisieron pagar su pensión, igual en mismo municipio, el mismo alcalde en su primer trienio, y terminaron pagando vía juicio de amparo que promovimos”, comentó el abogado JM Guzmán en Facebook.

“Desafortunadamente, no encontramos el hilo negro; me atrevo a decir que en todos los ayuntamientos del Estado se viven estas situaciones y peores... Personas enfermas, viudas y hasta niños dependientes de elementos policiales sufren los abusos de las autoridades municipales. Este asunto no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Ojalá y la persona fallecida tenga beneficiarios, de los estipulados en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social o haya designado a alguna persona, de lo contrario se enfrentaran a un juicio muy prolongado, tortuoso, enfrentándose no sólo a la insensibilidad de las municipales, sino también a la poca efectividad y criterio escaso de casi todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos”, apuntó el también litigante Francisco Javier Salgado Guzmán.

Otro abogado muy conocido entre los policías, Alejandro Legorreta, escribió: “Mi estimado Jesús Castillo, justamente hoy me contactó una Policía de ese Ayuntamiento, cercana colaboradora del Director Jurídico recién asesinado, a quién le están pidiendo su renuncia sin causa justificada, solo por no ser cercana al equipo de trabajo. No dudo de la buena voluntad de este Presidente Municipal, pero creo que debería estar más al Pendiente de su círculo cercano, pues a veces en su nombre, cometen abusos”.

“Qué triste historia. Qué injusto para el que ya falleció. Qué pena por la familia andar en estás penurias desde hace tantos años. Con NADA le devuelven los malos ratos a la familia. Ojalá haya sanciones severas a quien obstruyó el proceso”, comentó la ciudadana Laura Gallart.

Hasta ahí los comentarios con nombre y apellido. El resto son quejas anónimas que llegaron a través de diversos medios, que retratan a un hombre muy diferente al que vimos en sus comerciales de campaña, tanto en 2015 como en 2018.

“Yo laboré 6 años en el ayuntamiento de Xochitepec en seguridad pública el año pasado al acudir a un auxilio me recibieron a balazos y recibí dos impactos que pusieron en peligro mi vida al momento en que le ambulancia me trasladaba al hospital a Cuernavaca me iba a ingresar al Henry ya que no contamos con seguro social y comentaron que dijo el presidente Beto Sánchez que ahí no porque tenían que depositar 60000 pesos para la atención inicial y me ingresaron al parres donde gracias a dios y a unos compañeros fue que recibí buena atención, en ningún momento me fue a visitar el alcalde, ni a mi domicilio en el tiempo que estuve convaleciente que dieron dos meses.

“Al regresar me requieren un auxilio en el centro de Chiconcuac por unas personas que estaban tomando y alterando el orden, llegué al lugar y contacté con dichas personas a las cuales se les hizo la invitación de que se retiraran y uno de ellos manifestó que no sabía con quién me estaba metiendo que eso me costaría el trabajo y acto seguido se nos van a golpes yo en todo momento me replegaba y rehuía a los golpes en virtud de que aún no me reponía de la fractura de costilla producto de uno de los balazos que recibí dos meses atrás y me reincorporé por qué ya no me dieron incapacidad en el ayuntamiento, pues al vernos superados por los agresores se solicita más apoyo ya que al final eran de 25 a 30 personas agrediéndonos y nosotros éramos solo doce policías y en la trifulca se detiene a dos personas entre ellos al que se decía influyente, resultando ser sobrino del presidente, y por esa riña, el presidente me despidió del ayuntamiento”, dice un mensaje anónimo.

Otro más que refiere que la familia del alcalde tiene un negocio de comida y que utiliza sus influencias para perjudicar a los que considera sus competidores. También comentan que el alcalde es déspota en su trato, que antes era bondadoso pero que ahora “ya se le subió” y a todo quiere sacarle un provecho económico.

“El presidente municipal aprovechó su imagen de discapacitado para llegar al poder en 2015 a pesar de provenir de un partido tan desprestigiado como es el PRI, luego utilizó los recursos del Ayuntamiento para financiar su campaña y conseguir la reelección. Antes buscaba la forma de ayudar a la gente de Xochitepec, pero hoy todo parece indicar que sólo busca cómo hacerse de recursos para él y su familia, ya sea para retirarse de la política o buscar una diputación local”, dice otro de los comentarios que pidieron el anonimato.

HASTA EL LUNES.

Ayer nos despertamos con la noticia de que fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiza, en el estado de Colima, y casualmente un día como hoy pero hace 30 años, el estado de Morelos amanecía con la impactante noticia de que una jueza, Reyna Ocampo Rojas, había sido ultimada a balazos, en una más de las historias reales que superan cualquier guion cinematográfico.

Fue el 17 de junio de 1990 (tercer domingo de junio, por lo tanto Día del Padre) que siendo aproximadamente las 21:00 horas, la licenciada Celia Fernández Coss, agente del Ministerio Público del primer turno del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, fue informada verbalmente por el licenciado Antonio Nogueda Carvajal, Director General de la Policía Judicial del Estado, que la licenciada Reyna Ocampo Rojas, Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, había sido lesionada en las afueras de su domicilio por un proyectil de arma de fuego, y al cabo de una hora falleció en el hospital.

El homicidio de la juez provocó indignación en el Poder Judicial y en general en el gremio de los abogados, uno de los cuales ocupaba el cargo de gobernador. Sí, era el abogado Antonio Riva Palacio López, quien ordenó a su amigo el también abogado Antonio Nogueda Carvajal que hiciera todo lo necesario para resolver ese homicidio y detener al responsable.

Ese mismo día (18 de junio a las 23 horas) Nogueda Carvajal puso a disposición del Ministerio Público a Guadalupe Gómez Montúfar y Elsa Joaquina Castillo Gómez (madre e hija) como presuntas responsables del crimen. ¿Orden de aprehensión? ¿Orden de cateo? No era necesario en ese tiempo. Primero la Policía actuaba, detenía, arrancaba la confesión y luego los funcionarios de la Procuraduría se encargaban de que todo cuadrara jurídicamente.

Riva Palacio López tenía un juguete nuevo: el grupo Escorpion que encabezaba un coronel de apellido Encinas. Era un grupo de élite supuestamente entrenado para enfrentar delincuentes de la más alta peligrosidad, pero que en esta ocasión fue usado para detener a dos mujeres, una de ellas de la tercera edad. Cuentan que para ingresar a la casa de la señora Guadalupe usaron técnicas de rappel e iban armados hasta los dientes.

A la vieja usanza, la Policía Judicial interrogó a las dos mujeres y les arrancó la confesión que más tarde firmaría un defensor de oficio como si hubiera estado presente en la diligencia.

En su declaración ministerial la inculpada Guadalupe Gómez Montúfar manifestó que el día 14 de junio de 1990 llegó hasta su domicilio, en donde vive con su hija Elsa Joaquina Castillo Gómez, la señora Emma López Ortiz, secretaria de acuerdos del Juzgado de Jojutla, y que al poco rato arribó la señora Petra Manjarrez con otra mujer que identifica como su nuera.

La señora Petra Manjarrez es madre de Sixto Quintero Manjarrez, quien en ese momento estaba preso, acusado por el delito de homicidio, y el caso estaba en la Secretaría de Acuerdos de Emma López Ortíz, quien era muy amiga de la abogada Elsa Joaquina Castillo, defensora particular de Sixto.

La versión oficial que dio la Procuraduría de Justicia es que en esa reunión, Emma López les manifestó a la abogada y familiares de Sixto que mientras estuviera Reyna Ocampo Rojas al frente del Juzgado éste no podría salir de la cárcel.

Petra y su nuera le recordaron a la secretaria de Acuerdos que ya le habían dado mucho dinero, tanto a ella como a la abogada particular para que Sixto pudiera salir libre.

“Está bien cabrón, mientras ella esté de juez no vamos a poder hacer nada”, se quejó Emma López.

“Hay que darle en la madre a la juez”, dijo la madre de la abogada, según quedó asentado en la declaración de Petra Manjarrez. “Si no hay de otra yo me encargo de la juez”, ofreció Francisco, hermano de Sixto.

“Que su hijo hacía aproximadamente ocho días le había comprado una pistola a un amigo, y que el domingo siendo aproximadamente las 22:00 horas llegó su hijo Francisco a la casa de la declarante en una motocicleta color amarillo, y en la puerta de la casa le informó que ´ya estuvo´, que ya le había dado en la madre a la Juez”, quedó asentado en la declaración.

Con esas declaraciones los policías se fueron en busca del autor material, a quien encontraron comiendo en una de las fondas del mercado Adolfo López Mateos. 

Así fue como en junio de 1990 se juntaron en la Penitenciaría de Atlacomulco (donde hoy está el parque ecológico de Acapantzingo), los dos hermanos Quintero, la madre de éstos, la abogada y su mamá.

Ante el Juez Primero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado en Cuernavaca, Juan Manuel Ramírez Gama, la inculpada Elsa Joaquina Castillo Gómez rindió declaración preparatoria el 21 de junio de 1990, habiendo manifestado que sólo ratificaba en parte su declaración rendida ante la Representación Social, “ya que se la tomaron en los separos de la Policía Judicial y en presencia de varios agentes de esa corporación policíaca, aclarando que desde el momento de su detención fue coaccionada moral y físicamente por sus aprehensores, ya que estos se introdujeron en su domicilio en forma violenta y arbitraria, rompiendo vidrios y chapas de la casa, profiriendo injurias e insultos, amagándola con armas de alto poder, procediendo de la misma manera con su hermano Pedro Joel Castillo Gómez, a quien tenían en el suelo, siendo agarrada fuertemente de los senos por uno de ellos, además de que en la parte baja de la casa varios sujetos tenían a su madre y a su hermana, Carmen Castillo Gómez, a quienes injuriaban, asestándole, incluso, un cachazo a su mencionada hermana”.

Lo anterior provocó que la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la primera de varias recomendaciones al gobierno de Antonio Riva Palacio López, quien terminó por desaparecer al grupo Escorpion y cambiar al director de la Policía Judicial.

Los abogados que conocieron del hecho coinciden en que la responsable indirecta del crimen fue la secretaría de acuerdos, quien le dio falsas esperanzas a los familiares del procesado, haciéndoles creer que con dinero podrían lograr que una juez emitiera sentencia absolutoria en un delito de homicidio con todas la agravantes.

Afortunadamente es el único caso en la historia del Poder Judicial de Morelos en que un miembro de esa institución fue privado de la vida por cuestiones relacionadas con su actividad jurisdiccional.

HASTA MAÑANA.

El presidente municipal de Xochitepec, el priísta Alberto Sánchez Ortega, se ha caracterizado por su sensibilidad humana, lo que le ha valido no solamente el triunfo en las elecciones del 2015, sino que fue uno de los pocos que logró su reelección en los comicios del 2018. De ahí que resulte sorprendente la acusación de la que está siendo objeto por parte de familiares de un ex trabajador a la que le fue negada su pensión, desde que se publicó en el periódico oficial, hasta que –lamentablemente- falleció. 

Se trata de una grave acusación aparentemente bien fundamentada por parte del ciudadano Jesús Alejandro Valdepeña Perucho, a nombre de su señor padre, Vicente Valdepeña Rey, en contra del alcalde Sánchez Ortega, a quien acusa de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y daño moral.

Los documentos que acompañan la acusación no dejan lugar a duda. Está el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de julio de 2016 en el que se menciona que mediante escrito de fecha 5 de febrero del 2015, Vicente Valdepeña Rey presentó ante ese Ayuntamiento solicitud de pensión por jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 16 fracción I inciso C, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, el acta de la sesión de Cabildo de fecha primero de junio del 2016 en el que se aprueba el pago de la pensión por Jubilación a favor de Vicente Valdepeña Rey, en el que se comprueba fehacientemente que a la fecha de su solicitud tenía 28 años de servicio como policía raso de esa municipalidad.

En ese mismo documento, “se instruye al titular de la Tesorería Municipal y a la Dirección de Administración para su cumplimiento”, y firman de conformidad el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, la síndica María del Rosario Flores Gaona, y los regidores Cristina Salazar Flores, Regino García Meza, Daniel Ernesto Gómez Noriega, Susana Cruz Guzmán y Horacio Rojas Alba, así como el secretario del Ayuntamiento, Ramón Ocampo Ocampo.

Entonces ¿cuál fue el motivo de que no se cumplió con este acuerdo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero el hijo del pensionado asegura que los antes mencionados se burlaron de don Vicente Valdepeña y hasta el día de su muerte no le entregaron un centavo.

“Mi padre empezó a tener problemas de salud agravándose día con día, y él sufriendo las burlas y engaños de las autoridades de este municipio encabezadas por el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, ya que fue citado reiteradamente mi señor padre diciéndole que ya le iban a entregar su pensión, teniéndolo que llevar yo ya que él no se podía valer por sí mismo. Lo tenían horas afuera de la presidencia en uno de los pasillos y al final le decían que todavía no le podían entregar su cheque”, menciona el escrito que tiene sello de recibido en la presidencia de la república.

Agrega el quejoso que debido a sus enfermedades su padre requirió de varios tratamientos, además de que necesitaba de cuidados especiales por lo que la familia tuvo que recurrir a préstamos de diversas instituciones privadas, mismos que con el tiempo se hicieron impagables.

“Además, cabe mencionar que mi padre perdió el miembro pélvico izquierdo, y estando en ese estado lo citaron reiteradamente en la Presidencia Municipal haciéndole esperar en esa condición, prometiéndole que le iban a ayudar para ponerle una prótesis además de ya darle su pensión pero nunca se le dio cumplimiento ni atención médica”, agrega.

Jesús Alejandro Valdepeña Perucho asegura que el alcalde Alberto Sánchez Ortega, el contralor Bernabé Álvarez Almazán y el tesorero Adolfo Aguilar Figueroa, les pusieron como condición para entregarles el cheque correspondiente a la pensión en forma retroactiva, el pago de 200 mil pesos para ser repartidos entre los funcionarios mencionados.

“Nos dijeron que si no dábamos dicha cantidad nunca saldría el cheque y presumían que tienen excelentes abogados para no dar la pensión si no accedíamos, y que se iba a morir primero antes que cobrar su pensión. Y lo consiguieron, pues mi padre murió el 25 de abril del 2020”.

Esa es una acusación muy grave, no solo jurídicamente hablando, sino que viene a echar por tierra la imagen que teníamos y que tienen muchos ciudadanos del acalde xochitepequense, quien –como todos sabemos- forma parte del sector poblacional que tiene una discapacidad, igual que la que tenía el hoy finado Vicente Valdepeña.

Alberto Sánchez Ortega conoce bien de ese tema, dado que como consecuencia de un accidente, forma parte de un amplio grupo de discapacitados que existen en la comunidad. Esta situación, lo ha llevado a impulsar ahora, a crear un gobierno con sensibilidad social y años atrás, a él, a participar en la política.

Hoy en día, en la comuna de Xochitepec, se tiene a 17 personas con discapacidad en la plantilla de la administración municipal, pero también en los programas relacionados con la generación del autoempleo y otras acciones, se les prioriza, se les toma en cuenta.

Entonces ¿qué pasó con don Vicente Valdepeña? Por qué lo hacían esperar en los pasillos anhelando un pago que nunca llegó?  No encontramos una razón válida para ello, y ahí la responsabilidad no sólo recae en el alcalde, sino también en los regidores, muchos de los cuales seguramente tendrán aspiraciones políticas.

Buscando antecedentes del alcalde me encontré con una entrevista que le concedió al periodista David Alanís, donde cuenta cómo es que perdió su pierna.

“Antes de que me pasara el accidente yo era quien iba a la escuela, a las juntas y un día fui con mis muletas y cuando regreso casa, (mi esposa) me pidió que ya no fuera con las muletas, me pidió de favor que yo ya no fuera a esa escuela. La verdad, me lastimó mucho y entendí lo que le pasaba como un niño de seis años”, dijo.

“Al principio me martiricé un poco porque me gustaba mucho el futbol. No era tan malo, pero ir a los partidos de futbol cuando ya no podía jugar (tenía 33 años cuando me pasó el accidente), se me salían las lágrimas”, recordó.

Pues algo pasó que le hizo perder esa sensibilidad que le caracterizaba y que fue lo que le faltó en el caso de don Vicente, quien entregó toda su vida al Ayuntamiento de Xochitepec y murió esperando un pago que le hubiera servido de mucho.

HASTA MAÑANA.

Javier García Chávez, quien se autoapoda “El gato”, es un hombre con mucha suerte y –políticamente hablando- muchas vidas. En las últimas, fue operador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para llevar a la Gubernatura a Graco Ramírez, quien le pagó con una candidatura a diputado federal, elección que ganó, pero unos meses antes de terminar su periodo “saltó” del barco perredista antes de que se hundiera y alcanzó a asirse al navío del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y hoy busca acuerdos con el Partido Encuentro Social.

Igual que un gato, Javier García no sienta cabeza en un solo lugar. Nació en Michoacán pero desde joven vivió en la ciudad de México, donde ingresó al Instituto Politécnico Nacional a la carrera de Economía. No terminó la carrera porque lo suyo lo suyo era la grilla, tal como quedó de manifiesto en las notas periodísticas que lo ubican como dirigente del Comité de Lucha Estudiantil y fundador de la Organización Nacional de estudiantes del IPN.

Del movimiento estudiantil paso al movimiento de damnificados del sismo del 85. Carlos Monsivais lo menciona en su libro “No sin nosotros” como uno de los privilegiados que representó a los afectados por el terremoto en una reunión con el presidente de la República. Casualmente, en 1988 aparecía ya como precandidato a diputado, aunque no ganó. Lo intentaría nuevamente en 1994 pero tampoco tuvo suerte.

Fue miembro del Sindicato de Telefonistas hasta que lo invitaron a dar clases en Nicaragua, ya que desde 1980 era simpatizante del Comité de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua. A su regreso, se integró a la administración del Gobierno del Distrito Federal como subdirector de Regularización Territorial, y luego como director general de Desarrollo Social, coordinador de asesores en la delegación de Milpa Alta y director de Participación Ciudadana en Coyoacán, cuando el PRD era gobierno.

En el 2007 apareció como director general del Sistema DIF-Guerrero con Zeferino Torreblanca, el primer gobernador perredista. Cual mercenario de la política, en 2010 se fue a su natal Michoacán para apoyar a otro perredista, Leonel Godoy. Le dieron la Dirección de Análisis y Desarrollo Político en el gobierno michoacano, un cargo que más bien parecía una “aviaduría”, después le inventaron el cargo de “coordinador general de relaciones interinstitucionales”, pero para ese momento ya tenía en mente otro proyecto: la gubernatura de Morelos para su amigo Graco Ramírez, quien lo había designado subsecretario de asuntos electorales del PRD.

Así, se vino a vivir a Morelos y comenzó a operar la organización “Gente x Gente”, una red de ciudadanos en apoyo a la candidatura de Graco Ramírez. En 2012 el michoacano le levanta la mano al tabasqueño en tierras morelenses.

En pago, le tuvieron que inventar un cargo que justificara su salario, que no era cualquier cosa. Le pusieron “Coordinación General de Análisis Político y Proyectos Estratégicos”, pero que en la práctica servía para seguir coordinando las redes de apoyo “GxG”.

Una de sus primeras pruebas fue la ceremonia de “El Grito” el 15 de septiembre de 2013 en el zócalo de Cuernavaca. Esa noche, desde el balcón paralelo a donde el gobernador iba a ondear la bandera y tocar la campana, el michoacano vigilaba que todo estuviera en orden. La plancha del zócalo estaba dividida en tres zonas: en la primera sólo entraban miembros del “GxG” que se identificaban con una pulsera morada; en la segunda estaban perredistas de todo el estado y a partir de la tercera ya se permitía la entrada a cualquier persona. Así evitaron cualquier abucheo al gobernante.

Con ese tipo de acciones “El Gato” demostró que podía mover a la gente a beneficio del gobierno perredista, e incluso pretendió dirigir al PRD, pero no contaba con que Graco tenía asignado esa misión para su hijastro Rodrigo Gayosso. Le dieron la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, lo que se le hizo poco.

Para el 2015 logró sin problemas la candidatura a diputado federal por el distrito que abarca Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata. Uno de sus contrincantes le puso una trampa: mandó a una de sus trabajadoras a que le coqueteara al candidato a través de Whatsapp  y “El gato” cayó.  Un grupo de abogadas se encargó de denunciar por acoso sexual al candidato a diputado federal, y expuso como pruebas las fotos pornográficas que le mandó a la guapa estudiante de bachillerato.

A pesar de esa trampa García Chávez logró el triunfo por un amplio margen en las elecciones intermedias, convirtiéndose en diputado federal, aunque su paso por el Congreso Federal transcurrió sin pena ni gloria.

En el 2017, el ya candidato al gobierno de Morelos por el PRD, Rodrigo Gayosso, le pidió a Javier que le entregara la base de datos de “Gente por Gente” y éste se negó. Ahí vino el rompimiento, pero no entre Graco y Javier, sino con su hijastro.

Los favores hechos a Morena como diputado federal le valieron la diputación local para el proceso electoral del 2018, a pesar de que –como ya se dijo- El Gato llegó a Morelos en 2011. El nuevo sexenio pintaba bien para el ex perredista, pues no solamente sería diputado local, sino presidente de la Junta Política. Sin embargo, unos días antes de la definición el grupo de Morena se comenzó a desmoronar. Se salió Pepe Casas, luego Andrés Duque, hasta que perdió fuerza y sólo quedó como presidente de una comisión, a la que renunció hace unos días.

Recientemente “El Gato” emitió un extraño comunicado en el que hace un llamado a los principales actores políticos de la sociedad morelense para establecer un diálogo que permita construir un gran pacto de unidad, que deje a un lado las diferencias, al tiempo de discutir reformas y leyes que resulten necesarias para las y los morelenses.

“Hoy hace falta en Morelos establecer un diálogo en el que impere la confianza y buena fe; basta ya de disputas y de descalificaciones, lo que se debe hacer es sentarnos a dialogar por el bien de nuestro estado”, dice.

Y remató:

“Se debe entender que si pierden los municipios, pierden los morelenses; que si pierde el Ejecutivo, perdemos todos, y si pierde el congreso, pierde Morelos”.

No hay que perder de vista que Javier, además de “gato” es un “viejo lobo” de la política que pretende quedar como el conciliador y salvador de la gobernabilidad en Morelos o ya está pensando en su siguiente salto a otro partido.

HASTA MAÑANA.

¿A qué nivel de stress tuvo que estar sometida la joven para reaccionar tan violentamente porque no le querían vender una pizza? Ese fue el comentario que puso su servidor en el video que ya todos conocemos porque se volvió viral bajo el hashtag #LadyPizza, y que arreció el linchamiento en redes sociales contra una mujer que lo único que quería era comer.

Pero no es el único caso. Cheque usted, estimado lector, cualquier video polémico, y verá que las reacciones de la gente son de lo más variadas, y en muchos casos, preocupantes.

Podemos poner sobre la mesa la hipótesis de que con la libertad de las redes, en este territorio casi anónimo, nuevo, vacilante, la sociedad retoma una figura abandonada ya hace siglos: la figura punitiva salvaje del Siglo XVII, donde cualquier criminal podía ser un monstruo y cuyo crimen, que representaba una lesión, un perjuicio contra los intereses de la sociedad en su totalidad, debía ser castigado con derecho a toda desproporción guardada.

El castigo en ese caso no es reparación a los daños ni búsqueda genuina de reivindicación de los derechos fundamentales de la sociedad. El castigo, más bien se transforma en venganza, en revancha, en contragolpe de fuerza.

Es entonces (como dijo Foulcault mucho antes de que se inventara la Internet)  una inversión ceremonial del crimen. “En el castigo del criminal, se asistía a la reconstrucción ritual y regulada de la integridad del poder”. Entre crimen y castigo, había igual una especie de rivalidad. El exceso de castigo debía responder al exceso de crimen y tenía que imponerse a él. En consecuencia, había necesariamente un desequilibrio en el corazón mismo del acto punitivo. Era preciso que hubiera una suerte de plus del lado del castigo. Ese plus era el terror, el carácter aterrorizador del castigo.

La Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC) (www.amdc.org.mx) realizó a principios de este mes el Foro Virtual sobre Redes Sociales, Manipulación y Libertad Periodística y dejó sobre la mesa temas candentes en el ejercicio periodístico.

El primer grupo de especialistas que habló sobre redes sociales, resaltó que el uso de los algoritmos para el bombardeo de la información puede provocar la “infoxicación” (nuevo término que nunca habíamos escuchado pero que seguramente se quedará en el argot actual)  por la cantidad, diversidad y consumo de los contenidos en redes sociales.

Se destacó que internet es la vuelta a la Torre de Babel, y que el ciudadano de a pie con un teléfono inteligente se convierte en emisor en una gran ágora que es el reflejo de la sociedad, en la que todo está permitido y la que amplifica el mensaje.

Hablaron de la reputación en línea y cómo se utilizan las redes sociales por diversos actores de la sociedad.  Los medios digitales –dijeron- han dado voz a quienes no la tenían y con un micrófono se vuelven más famosos que las figuras públicas por antonomasia.

Temas regulatorios, activismo, ciberseguridad, fake news, libertad de expresión y el nivel de filtrado de los contenidos realizado desde la tecnología también fueron abordados. Los ponentes hablaron que la realidad no refleja lo que nos dicen los voceros, exigieron el derecho a la verdad, este fenómeno que era análogo y que es manipulado en las redes sociales.

Se razonó la evolución de los medios digitales como facebook, twitter e instagram desde su nacimiento a principios del siglo XXI, hasta la más reciente Tik-Tok de ahora, y los millones de usuarios alrededor del mundo que cada una tiene, haciendo la analogía del “Ciudadano Kane” de Orson Welles -que escogía desde su escritorio las noticias que se publicaban en el diario- al “Ciudadano Bite” de hoy que publica un acontecimiento en tiempo real desde cualquier lugar.

Se enfatizó el activismo y la propaganda digital, las granjas de bots, la guerra de trolls, la agresión on-line y de poner en la agenda pública algo que está a favor o en contra de los intereses comunes; de la evolución de ideologías para tener dos posturas, menos acuerdos y de la construcción artificial de la opinión pública.

El derecho al olvido, el bulling digital, de los algoritmos y de la inteligencia que nos da el Big Data y que nos hace vulnerables dejándonos a merced del mejor postor también fueron abordados. El Foro Virtual de la AMDC dejó claro que debemos hacer conciencia de la necesidad de autorregulación por parte de los usuarios de redes sociales para proteger la libertad de expresión. Los temas planteados dejaron ver que nos encontramos ante una infodemia, en un momento histórico interesante que continua su proceso de maduración, que los ciudadanos debemos ser más selectivos en el consumo de información, verificar fuentes, estandarizar procesos; pero sobre todo, mantener la libertad de expresión en un exhorto de usar las redes sociales para mantener la construcción social.

El internet nos ofrece el poder; el reto, es conjuntar a través de la pedagogía digital tres elementos: gobierno, medios y sociedad sin renunciar a nuestros derechos elementales para establecer puentes democráticos y civilizados para convencer a través de la comunicación como instrumento de la razón.

Desde nuestro particular punto de vista, las redes sociales son un arma de doble filo. Ha logrado que se haga justicia en casos como aquel niño que vendía dulces en Oaxaca y que fue humillado por inspectores municipales, y últimamente en el caso de Geovanni, el muchacho asesinado por Policías en el estado de Jalisco, pero que fue hasta que el asunto se hizo viral que el gobierno de Enrique Alfaro comenzó a reaccionar.

Pero también han ocurrido infinidad de injusticias. Cientos de personas han sido “linchadas” en redes sociales por la muchedumbre cibernética, la mayor parte sin saber ni siquiera las circunstancias específicas como ocurrieron los hechos. Se me imaginan como aquellas personas que están hasta la parte de atrás de una manifestación y que sólo gritan “que lo cuelguen” sin saber ni qué está ocurriendo en la parte de enfrente.

Quien acostumbre escribir en los comentarios de Facebook o Twitter frases como “que lo maten antes de que se reproduzca”, o “hay que ver dónde vive para ir a quemarle la casa”, debe estar consciente de que un día puede ser él quien esté en el papel de acusado.

El internet nos da un poder, pero debemos utilizarlo como un instrumento de la razón, no de la barbarie.

HASTA MAÑANA.

La epidemia del coronavirus vino a apresurar un cambio en el paradigma de la impartición de justicia que ya era inevitable. El litigio como lo conocimos, con enormes tomos de papel cosidos con hilo y aguja, entresellados página por página y los sellos de goma que quedan marcados con la tinta, ya deben quedar como un recuerdo del siglo pasado.

El destino nos alcanzó y si la vida no será la misma de antes para nadie, los abogados también tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, sobre todo cuando no hay condiciones para reabrir un Poder Judicial que recibe –en promedio- mil 500 personas diariamente. Reiniciar actividades sería una irresponsabilidad de las autoridades y un suicidio por parte de los litigantes.

Sin embargo, ¿de qué vamos a comer los abogados? Es lo que se cuestionan lo cientos de profesionistas que viven de promover divorcios, sucesiones testamentarias y demandas mercantiles, entre muchos otros actos jurídicos, quienes hoy permanecen confinados como el resto de la población, en espera de que reabran los tribunales.

Ayer, en representación del “Movimiento Litigantes por Morelos”, la abogada Norma Delgado Díaz hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General y al Poder Legislativo, para que se realicen las acciones necesarias que permitan reactivar la economía de los profesionistas del derecho.

“La justicia es un derecho y debe ser garantizado, no puede detenerse en ninguna de las condiciones, aún con la pandemia”, aseveró Norma Delgado, quien propone que se implementen a la brevedad el uso de las tecnologías web, para tramitar todo tipo de juicios y recursos, el uso de la firma electrónica, así como digitalizar los acuerdos para que sean descargables desde cualquier equipo.

Recordó que en el caso de la Fiscalía General del Estado, el Código de Procedimientos Penales prevé el uso de la tecnología para la integración de carpetas, denuncias y la investigación.

“Que el Congreso realice las modificaciones correspondientes, para que los procesos en materia civil, mercantil y familiar puedan operar bajo la tecnología web, y también dotarles de los recursos necesarios para que operar el sistema de manera diferente”, acotó.

Antes, el vicepresidente del Consejo de Juristas del estado de Morelos, Gibrán Haro Álvarez, envió una propuesta a los tres poderes del estado, a fin de mantener en funcionamiento los órganos jurisdiccionales para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la población, pero a la vez mantener las medidas de distanciamiento social, de promoción y protección a la salud recomendadas en los decretos del sector salud.

“Como operadores del sistema judicial, sugerimos la implementación de medidas, como el habilitar una oficialía de partes por materia, así como la ampliación del horario de operación de la misma a fin de evitar aglomeraciones; así como privilegiar el uso del buzón para la presentación de demandas y promociones”, apuntó.

Propuso realizar, en la medida de lo posible, las audiencias vía remota dejando las presenciales como caso de excepción, cuando por su naturaleza deban celebrarse de esa forma.

El Tribunal Superior de Justicia ya comenzó a dar respuesta a esas peticiones de los litigantes. Puso en marcha un sistema informático que permite otorgar citas para la presentación de las demandas de manera automática, a fin de que a partir del próximo lunes los abogados puedan acudir en forma presencial a los tribunales.

El presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, informó ayer que esta semana inició el Tribunal Superior de Justicia, a través de su equipo de Informática, la capacitación a todo el personal que va a recibir las demandas a partir del día 15 de junio.

Jasso Díaz señaló que los jueces han desahogado los trabajos pendientes tanto en promociones como sentencias hasta el 18 de marzo, cuando se inició la suspensión de labores debido a la pandemia del covid-19, por lo que con la integración de estas nuevas demandas, una vez que sean recibidas en los juzgados correspondientes, los Secretarios de Acuerdos realizarán los proyectos de acuerdos para que cuando se levante la suspensión de labores puedan ser admitidas inmediatamente.

 “No solamente es la recepción de las demandas, los jueces hacen el compromiso de que se van a revisar estas demandas para que en su momento procesal oportuno ya estén admitidas, prevenidas o desechadas, para conocimiento de los abogados o público en general que las hayan presentado”, abundó.

Previo a estos cursos de capacitación, informó el titular del Poder Judicial en Morelos, se han realizado reuniones virtuales donde han participado todos los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina el Poder Judicial para disipar las dudas de los jueces en torno a estas nuevas disposiciones para reactivar de manera progresiva las labores en el TSJ, además de suministrarles todos los utensilios preventivos necesarias para su seguridad laboral, como son termómetros, cubre bocas y gel antibacterial.

Aunado a las capacitaciones, personal de limpieza de la Dirección General de Administración del TSJ, continúa con el proceso de sanitización en todas las áreas públicas de los distritos jurisdiccionales y labora en las implementaciones de señalización, limpieza y colocación de acrílicos que permitan garantizar la sana distancia que recomiendan las autoridades del sector salud para la reapertura de espacios públicos.

Llegará el momento (según lo podemos ver en otros tribunales que van más adelantados), en que ya no será necesario acudir a los tribunales a interponer una demanda ni meter escritos para solicitar copias, mucho menos para conocer una resolución.

¿Recuerdan cuando se tenía que perder medio día para tramitar una chequera, cobrar un cheque o pagar un servicio en la ventanilla de un banco? Hoy todos esos movimientos se pueden hacer a través de una aplicación en un teléfono celular.

Algo similar tendrá que ocurrir en el Poder Judicial y en la Fiscalía General de Justicia. Hay muchos trámites que se pueden hacer usando la tecnología, y quizás ese sea uno de los beneficios que nos deje esta pandemia que tanto sufrimiento ha causado a la humanidad.

HASTA EL LUNES.

Tradicionalmente nos imaginamos a los psicópatas como hombres “feos”, de mirada torva y de clase social baja, pero nunca reparamos en que un homicida en potencia puede ser joven, atractivo físicamente y de un nivel económico medio o alto. Lo peor es que lo podemos tener muy cerca y no nos imaginamos su peligrosidad.

Un ejemplo de ese tipo de personas es Jhonny Jeffrey, un muchacho de 24 años que hoy es buscado por la Interpol acusado de asesinar a su ex novia, Lesley Ayleen, estudiante de odontología de una universidad particular ubicada en la colonia Teopanzolco, hechos ocurridos el 6 de junio del 2018.

Ese día, la joven de 20 años ya no llegó a la casa donde vivía con su madre. Preocupada, comenzó por buscarla en la universidad donde estudiaba, pero ahí el dijeron que Lesley se había retirado al terminar sus clases, alrededor del mediodía.

Sus familiares y amigos comenzaron a buscarla y difundieron su fotografía en redes sociales. La Fiscalía del Estado iba a emitir la ficha de búsqueda pero ya no fue necesario. A las 19 horas se reportó el hallazgo del cadáver de una joven en la avenida Vía del Ferrocarril, colonia Tesoros de Tepoztlán, Barrio San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán.

A la mujer le pusieron una bolsa en la cabeza, la golpearon con una piedra hasta matarla y luego le prendieron fuego, pero no alcanzó a quemarse por completo.

La Policía de Investigación Criminal inició con las indagatorias, comenzando en la Universidad, donde las cámaras de vigilancia demostraron que abordó una camioneta de transporte de esa institución educativa, misma que la dejó sobre la avenida Plan de Ayala, donde la recoge un vehículo Chevrolet Sonic color blanco.

A la búsqueda se unió el abogado Gibrán Haro Álvarez, quien de manera gratuita se ofreció a asesorar jurídicamente a la madre de Lesley.

Afortunadamente en una cámara de videovigilancia pudo verse claramente las características del vehículo y seguir su trayecto, que fue al norte de la ciudad.

“Ahí es cuando se decide iniciar la búsqueda de diversos negocios de Ocotepec, sobre la carretera hacia Tepoztlán, donde en diversos videos se observa a Lesley y a una persona al parecer hombre; en una de las cámaras se ve cómo se dirigen hacia el municipio de Tepoztlán ambos, y después de algunos minutos, el vehículo vuelve a pasar por la cámara pero ahora sin la presencia de Lesley”, recuerda el litigante.

Una cámara capta muy cerca el vehículo y es entonces cuando la madre de la hoy occisa reconoce plenamente al hombre como Jhonny Jeffrey, un muchacho con el que anduvo su hija algún tiempo, pero que tuvo que cortarlo porque era demasiado celoso.

A partir de ese momento la búsqueda se enfocó hacia Jhonny Jeffrey. La Fiscalía logró obtener una orden de cateo para tratar de detenerlo en la casa donde el joven vivía con su madre, pero cuando llegaron lo único que encontraron fue el vehículo Sonic que utilizó para llevar a su ex novia al lugar donde la mataría.

Llamó la atención de los investigadores que la madre de Jhonny se mostró muy segura en sus declaraciones, afirmando que desde ese día, 6 de junio de 2018, no había vuelto a ver a su hijo, pero que dudaba que él fuera el responsable del crimen.

Las pruebas presentadas por el fiscal y el asesor jurídico fueron contundentes, y apenas unos días después del asesinato obtuvieron una orden de aprehensión contra Jhonny Jeffrey, sin embargo, no ha podido ser localizado ni siquiera a través de la Interpol, que ya emitió una ficha roja.

Aparejado a la investigación se inició la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, esto para que emitiera una resolución a fin de que la madre pueda acceder al Fondo de Víctimas de Delitos del Estado de Morelos, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta satisfactoria.

Es evidente que el presunto feminicida está siendo protegido por su familia, ya que sólo así pudo evadir la acción de la justicia. Hijo de padres divorciados, Jhonny Jeffrey siempre fue un muchacho conflictivo que no fue canalizado adecuadamente y que hoy lo siguen ayudando para que pueda continuar su vida en otra entidad o quizás en otro país.

Al concluir la preparatoria ya no quiso seguir estudiando y se dedicaba a trabajar en una empresa de transporte público por aplicación, utilizando el coche que le prestaba su cuñado.

Durante la investigación, con el apoyo de la Fiscalía de Querétaro se pudo contactar con su padre, quien radica desde hace varios años en aquella ciudad, pero éste refirió que su hijo llegó de visita por esas fechas y le dijo que se quedaría con él unos días, pero justo antes de que llegara la Policía a buscarlo, le pidió dinero y ya no regresó.

A dos años de distancia la madre de Lesley sigue pidiendo a las autoridades una respuesta a sus peticiones. Al fiscal Uriel Carmona, quien conoce perfectamente el caso, le insiste en que continúe con las acciones de búsqueda pues se deduce que sigue en contacto con sus familiares.

Al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, que emita la resolución que se requiere para acceder al Fondo de Ayuda a Víctimas, y al gobernador Cuauhtémoc Blanco que la reciba como lo han estado solicitando desde que ocurrieron los lamentables hechos.

Y es que desde que fue la desaparición de la joven, grupos opositores al gobierno intentaron abanderar la causa, pero la familia pidió que no hicieran marchas ni manifestaciones, sino que dejaran trabajar a las autoridades hasta esclarecer el caso.

Ya pasaron dos años, ya se sabe quién fue el responsable, pero no se ha logrado dar con su paradero para llevarlo ante la justicia.

Así que hoy un psicópata con cara de muchacho bueno anda suelto, haciendo su vida normal en alguna ciudad de este país, y así como mató a Lesley por celos, puede atentar contra la vida de cualquier otra mujer que caiga en sus garras.

HASTA MAÑANA.

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Aquel 7 de junio de 1994 se respiraba un ambiente tenso en el tradicional desayuno para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión. Aunque predominaban las escenas de periodistas y funcionarios sonrientes saludándose efusivamente previo al encuentro con el gobernante en turno, entre cuchicheos se mencionaba un hecho incómodo: el día anterior habían matado a Jorge Martín Dorantes, director del semanario “El Crucero de la Ciudad”.

Como era costumbre desde 1951, ese día el gobierno ofrecía un desayuno (básicamente) para los dueños de los medios de comunicación a fin de agradecerles su colaboración durante todo el año. En esta ocasión el desayuno fue en uno de los salones del Hotel Suites Paraíso, chilaquiles con pollo para no variar, y era prácticamente la presentación del equipo de Jorge Carrillo Olea, quien había tomado posesión el 17 de mayo de 1994 tras arrasar en las elecciones del 20 de marzo de ese mismo año.

Su jefe de prensa, Moisés Lozano Villafaña, había logrado que el hecho sangriento prácticamente pasara desapercibido, pues sólo los periódicos Excelsior y Summa habían publicado la muerte de un periodista, a 24 horas de que se celebrara el Día de la Libertad de Expresión.

Ese 7 de junio, pasada la ceremonia donde periodistas y servidores públicos intercambiaron elogios y parabienes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibía –vía fax- un escrito firmado por Sergio Díaz, Magali Cuadra, Pave Soberanes, Rafael Laddaga y Jesús Zavaleta Castro, todos ellos colaboradores del semanario El Crucero de la Ciudad, pidiendo su intervención para el esclarecimiento del homicidio.

Jorge Martín Dorantes fue acribillado a dos fuegos dentro de su vehículo estacionado sobre la avenida Teopanzolco en la colonia Lomas de Cortés, hechos ocurridos durante las primeras horas del 6 de junio, según quedó asentado en la averiguación previa SC/5354/94-06 que inició la Procuraduría de Justicia, en ese momento encabezada por el abogado Jorge Arturo García Rubí.

“Esta representación social, en compañía de elementos del Servicio Médico Forense, realizó las diligencias de inspección ocular y ampliación de la misma, fe de cadáver y su levantamiento, siendo identificado como el cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Jorge Martín Dorantes. De igual forma, se dio fe del vehículo en el que se encontró el cuerpo y de las pertenencias que fueron encontradas en el lugar de los hechos, entre las que destacan una cámara fotográfica con rollo y una grabadora con casette”, informó posteriormente la PGJ al ombudsman nacional.

Como ocurre en muchos casos, hubo controversia al interior del gremio periodístico local sobre si se debía considerar el homicidio de Jorge como una afrenta común, ya que “era director de un simple semanario y lo más seguro es que lo hayan matado por causas ajenas a su actividad periodística”, pero finalmente su nombre fue ingresado a las listas del Committee to Protect Journalists como una víctima más del periodismo mexicano.

La CNDH no quitó el dedo del renglón. A fin de dar mayor celeridad al trámite e integración del expediente de queja, el 18 de julio de 1994, en brigada de trabajo, visitadores adjuntos de ese organismo se trasladaron directamente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca, a efecto de recabar personalmente la documentación y el informe solicitado a esa autoridad.

Para integrar debidamente el expediente, se solicitó, nuevamente al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, un informe adicional en el que se precisara el avance en la investigación dentro de la indagatoria referida, así como copia de las diligencias practicadas por la Representación Social a partir del 27 de junio de 1994.

Dice el informe de la CNDH que durante la visita se sostuvo entrevista con el licenciado Alfonso Hernández Gurrola, enlace entre esa Procuraduría Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien informó que los oficios de solicitud de información no habían sido recibidos por esa dependencia. Por ello, en ese momento, se le dejó una copia fotostática de los oficios referidos y se obtuvo el compromiso de atender la petición de la Comisión Nacional.

En respuesta, el 27 de septiembre de 1994, se recibió en ese Organismo el oficio PGJ/DH/697/994 del 22 de septiembre de 1994, suscrito por el licenciado Carlos Peredo Merlo, Subprocurador General de Justicia del Estado de Morelos, al cual anexó copia de la averiguación previa SC/5354/94-06, pero ningún avance.

Ante la falta de respuesta, el 18 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 128/94 al gobierno de Jorge Carrillo Olea para que exigiera a la Procuraduría de Justicia la agilización de las investigaciones a fin de dar con los responsables del asesinato del periodista.

Y así lo hizo. Fue tanta la presión que la Policía Judicial a cargo de Darío Lugo Sánchez tuvo que buscar un “chivo expiatorio”.

Semanas después de recibir la recomendación de la CNDH la Policía detuvo a un ciudadano alemán radicado en Cuernavaca acusado del homicidio del periodista supuestamente porque lo extorsionaba. Estuvo varios meses en la cárcel pero finalmente el Ministerio Público no pudo acreditar su responsabilidad y obtuvo su libertad por falta de elementos.

Al gobierno del general Carrilllo Olea eso ya no le importaba, pues ellos habían dado por cumplida la recomendación al momento de esclarecer el caso y detener al presunto culpable. Lo que pasara después ya no era asunto del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.

Irónicamente, Jorge Arturo García Rubí recibió la recomendación de la CNDH siendo procurador de justicia y posteriormente tuvo que conocer del asunto como titular del Poder Judicial, también como secretario de Gobierno y hasta como gobernador en el breve lapso que estuvo al frente de la administración estatal.

Descartada esa hipótesis de que el responsable había sido el ciudadano alemán, la Procuraduría de Justicia ya no siguió otras líneas de investigación y el caso fue cerrado, por lo que el homicidio del periodista Jorge Martín Dorantes quedó en los terrenos de la impunidad como muchos otros en este país.

HASTA MAÑANA.

El mundo está al revés, no cabe duda. Nunca hubiéramos imaginado leer un comunicado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los términos en los que viene redactado el que envió ayer el presidente de ese partido en Morelos, Jonathan Márquez Godínez:

El encono entre poderes en Morelos y de los tres niveles de gobierno tiene al estado en parálisis absoluta, afirmó el presidente estatal del PRI, Jonathan Márquez Godínez. Hoy más que nunca hace falta buena política con el fin de alcanzar acuerdos a favor de los morelenses, por lo que propuso al ejecutivo estatal convoque a una reunión urgente a la Mesa para la Gobernabilidad que permita definir un Programa Estatal de Reactivación Económica. Los titulares de los poderes y de las instancias de gobierno tienen la responsabilidad de generar beneficios a favor de la gente, y para no estancarse en discusiones, es prioridad concentrarse en seguir enfrentando la crisis que se vive por la pandemia, y lo que vendrá en el corto plazo, de allí que es urgente el dialogo entre los morelenses. El espacio de la mesa para la Gobernabilidad, confió, es ideal para establecer el dialogo entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los presidentes municipales, partidos políticos, las cámaras empresariales, y todos los sectores involucrados en el camino hacia la recuperación y reactivación económica. Y es que agregó, “en el PRI estamos convencidos de que hace falta dialogo entre todos los morelenses, del gobierno y de los sectores, de los municipios y con la gente, para alcanzar el bienestar de todos; es cierto que hasta hoy no ha habido una respuesta por parte del ejecutivo estatal a los llamados de trabajar de forma coordinada, mientras en el legislativo ha proliferado una parálisis que no ha sido superada, y los ayuntamientos claman por recursos para atender las necesidades de la población, por todo lo anterior hoy es necesario, superar enconos que tienen a la entidad en una parálisis; es necesario saber cuál será el plan que debemos seguir de forma conjunta para la crisis que estamos viviendo, y la que vendrá una vez que se normalice la situación y regrese la normalidad”. Jonathan Márquez, dijo, que la propuesta de PRI en la entidad es incluyente, y la convocatoria a la reactivación de Mesa para la Gobernabilidad debe ser programada de inmediato por parte del ejecutivo y a la brevedad puedan encontrarse coincidencias, que ayuden a definir un Plan Estatal de Reactivación Económica que de tranquilidad a las familias morelenses.

LA RÉPLICA DEL PRESIDENTE DE LA BARRA DE ABOGADOS

El pasado 3 de junio publicamos en este mismo espacio lo siguiente:

En honor a la verdad, el gremio de los litigantes atraviesa por una crisis de liderazgo, y eso beneficia a los tres poderes del estado. En la Barra de Abogados todavía es presidente Christian Iván Velazco Alcoser, pero si no se hubiera atravesado la pandemia ya se estuviera llevando a cabo el proceso de renovación de la dirigencia. La gestión de Velasco Alcoser pasará a la historia como una de las peores, ya que de lo que más se acordarán los miembros de la Barra es de las álgidas discusiones durante las sesiones mensuales y de sus arranques “dictatoriales”.

En este caso la pandemia sí le quedó “como anillo al dedo” al dirigente de los barristas, pues debía emitir la convocatoria para las asambleas de abril (instalación de la comisión de elecciones), mayo (asamblea de depuración) y junio (asamblea de elecciones).

Sin embargo, emitió una circular con fecha 29 de mayo en la que informa que el proceso de renovación se llevará a cabo a partir de que las autoridades sanitarias retiren las restricciones para la celebración de eventos con más de 50 participantes.

Dice que a partir de que el Poder Ejecutivo lo decida, el primer sábado se llevará a cabo la instalación de la comisión de elecciones, en el segundo sábado la asamblea para ver quiénes reúnen los requisitos para ser candidatos, y el tercer sábado “las elecciones y toma de protesta del nuevo comité directivo”.

En opinión de algunos barristas, al haber concluido el periodo para el que fue electo el consejo directivo 2018-2020, “la institución se encuentra acéfala en su consejo directivo así como en su comisión de honor y justicia por lo que los asociados tendrán que reunirse y nombrar un consejo directivo interino mientras dura la contingencia y una vez  concluida convocar a elecciones de manera pacífica y en ambiente armónico”.

Veremos a quién dirige Rubén Jasso la invitación a acudir al TSJ para sostener una reunión como la de ayer, toda vez que, de acuerdo a algunos barristas, Christian Iván Velasco Alcoser ya no es el presidente de la agrupación de abogados con mayor representatividad en el estado, además de que su imagen pública está por los suelos tras ser denunciado por diversos delitos en Cuautla.

El aludido, Cristhian Iván Velazco Alcoser, envió su réplica, misma que a continuación publicamos en forma textual:

Haciendo uso de mi derecho de réplica, manifiesto qué es la amistad y compadrazgo que une a Jesús castillo quién es el columnista de este periódico, con un expresidente que fue antagónico de esta administración, no tiene porqué hablar sin sustento, ya que nuestras asambleas ordinarias son privadas y el columnista nunca estuvo presente en ninguna de nuestras asambleas ordinarias, debe de resaltarse que nunca la asociación denominada Barra de abogados del estado de Morelos cuál presido, había tenido un crecimiento tan grande en sus finanzas  y llegar a alcanzar por primera vez llega a tener más de $340,000 en tesorería en 45 años, cada mes se presentaron en el informe de actividades más de 22 actividades cada mes,  contamos con el programa YouTube que se creó en este periodo de directiva, diálogos de la barra de abogados con la unión de Morelos, se estableció las conmemoraciones del día internacional mujer en las 2 delegaciones y  zona metropolitana, se trabajo en la iniciativa de la ley de participación ciudadana, se apoyó en foros para la socialización de dicha ley, se creó el registro como una de las únicas tres asociaciones que cumplieron los requisitos ante la Fiscalía General del Estado, por primera vez se cumplieron con todas las asambleas ordinarias que están establecidas en nuestro estatuto incluyendo las de diciembre, se trabajo en las diversas actividades del Tribunal Superior de Justicia con la obra de teatro expediente León, Reuniones de trabajo con los jueces señalando las deficiencias que envían poder judicial y haciéndolo de manera propositiva y respetuosa, se realizaron rueda de prensa, se llevaron a cabo actividades en las dos Delegaciones y la zona metropolitana, por primera vez el convenio y congreso Internacional con la federación internacional abogados, con que calidad califica como una de las peores en la historia denostando, cuando él no pertenece a la asociación, no puede haber arranques dictatoriales como él dice ya que todo debe de ser aprobada y propuesto en la asamblea ordinaria mensual o aprobado por la mesa directiva de manera democrática, no puede hacer un señalamiento sin haber estado presente en las asambleas de la Barra de abogados, en redes sociales es conocido en todo momento el trabajo que se realizó durante la gestión por parte de nosotros como mesa directiva (2018-2020) atentamente Licenciado y Contador Público Cristhian Ivan Velazco Alcoser, presidente de la Barra de abogados del estado de Morelos (2018-2020).

HASTA MAÑANA.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a nivel federal se crearon diversos órganos que tuvieron que ser replicados a nivel estatal, pero que a la larga están representando más gastos que beneficios, y que ahora con la pandemia todos están en crisis y a punto de colapsar.

Un caso emblemático es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que desde su nacimiento tiene problemas económicos pero que con la pandemia, casi el 60% del personal perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles.

Funcionarios de la propia comisión dieron a conocer que se notificó a más de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos. Además, no hay recursos para pagar ni la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país. Por ende, tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 víctimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.

Incluso, al no haber dinero para mantener sistemas informáticos, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.

“La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, advirtió el organismo en un comunicado.

La CEAV reconoce que este nivel de afectación tiene su origen en el mal diseño con el que fue construido el organismo hace unos años. Se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, donde la gran mayoría de sus servicios son subcontratados y donde dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsourcing”.

Debido a esto, la nómina de esos colaboradores, las rentas y servicios esenciales se cubren justamente con las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que el gobierno decidió recortar a un 75%. La Comisión subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.

“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, dijo la CEAV.

Algunas de las consecuencias que traerá consigo este recorte al presupuesto del organismo son los siguientes:

*La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.

*No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.

En Morelos su similar se denomina Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, y su principal función es repararle el daño a las personas que han sido víctimas de un delito, y que no hay quien se haga cargo de ello. Es decir, que asume la responsabilidad del victimario, si es que éste no tiene dinero para hacerlo.

Recordemos que inicialmente este organismo tenía cinco comisionados y una coordinadora ejecutiva que desde su creación es Nadxieelii Carranco Lechuga. Los comisionados eran Norma Delgado Díaz, Angélica Rodríguez Monroy, Concepción de la Rosa Bernal, Penélope Picazo Hernández y Juan Carlos Morales Figueroa.

La ley de víctimas (por la que Graco Ramírez le pagó cinco millones de pesos al ex juez Baltasar Garzón), no establecía con claridad cuáles eran las funciones específicas de los comisionados, así que prácticamente los dejaba a su gusto personal de cada quien.

Así, tenemos desde las comisionadas que hacían más de lo que la ley les concedía, convirtiéndose prácticamente en asesoras jurídicas de las víctimas (tal es el caso de Norma Delgado y Angélica Rodríguez); las que hacían solamente lo que la legislación dice (Penélope Picazo y Concepción de la Rosa) y el que no hacía más que asistir a las sesiones y los días de quincena (Juan Carlos Morales, pariente político de Olga Durón, la primera esposa de Graco).

En un evento al que asistió Elena Cepeda, esposa del entonces gobernador, dijo que los comisionados no deberían cobrar porque no hacían nada, y que la única que trabajaba era la coordinadora ejecutiva. Y su voz fue profética: pocos meses antes de concluir el sexenio, los diputados reformaron la ley y desaparecieron la figura, conservando a Nadxieelii Carranco Lechuga en su cargo.

Extrañamente, a pesar de que “Nad” es una de las personas más cercanas a Graco Ramírez y Elena Cepeda, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas la ha mantenido en el cargo en la presente administración “nadando de a muertito”, lo que le ha servido para mejorar sustancialmente su nivel económico.

Recuérdese que en el sexenio de Graco Ramírez los recursos financieros los movía Jorge Michel Luna a su antojo o según se lo requiriera el gobernador. De ahí que tuvieron que pasar dos años para que la CEARV pudiera emitir el primer pago para indemnizar a una víctima.

La CEARV  tiene un presupuesto de poco más de ocho millones de pesos, pero la mayor parte se le va en pago de salarios y en la renta del inmueble que ocupan en la avenida Galeana. 

Su página de internet está caída y en su “fanpage” de Facebook sólo replican información del gobierno estatal.

Su último post propio fue del 21 de mayo a las 13:28 horas, para informar que a Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas #Morelos la Lic Nadxieelii Carranco Lechuga, junto con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado, sostienen reunión de trabajo para dar seguimiento a casos de personas en situación de víctima. Así mismo, durante la reunión se llevó a cabo la revisión e integración de la documentación necesaria para llevar a cabo Sesión Ordinaria 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos”.

Y en la misma situación están otros organismos de reciente creación como es la Comisión de Búsqueda de Personas y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de los que hablaremos en entregas posteriores.

HASTA EL LUNES.

Que nos disculpen las diputadas y diputados de la actual legislatura, pero sus antecesores nos dejaron acostumbrados a que cuando iban a “robar” sesionaban en la madrugada, en un lugar diferente al recinto legislativo y sin público, por eso es que ahora, cuando los vimos llegar al Congreso con el rostro cubierto todos pensamos: “Estos salieron peores”.

Aparentemente, ayer en la madrugada lo único que hicieron los legisladores fue dar marcha atrás a aquella ocurrencia de Rodrigo Gayosso, quien ya pensaba como futuro gobernador y estaba preocupado porque no le iba a alcanzar el dinero para comprar (otra vez) a 30 diputados, por lo que dispuso que se redujeran a 20, y modificó la ubicación de los distritos a su conveniencia.

La reforma constitucional aprobada ayer en la madrugada pretende eliminar la mayoría calificada para la creación de una ley o decreto, que sólo necesitará la votación nominal de la mayoría simple del total de las y los diputados integrantes de la legislatura y sólo para la aprobación de una reforma a la Constitución se requerirá el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

Pero volvemos a lo mismo: fue aprobada por 13 votos.

De igual forma, el Partido Encuentro Social (PES) propuso reformar la Constitución y permitir que "los partidos políticos nacionales que habiendo participado en una elección anterior obteniendo el umbral de votación en el Estado y hayan optado por su registro local, no serán considerados de nueva creación, respetándose su antigüedad y pudiendo fusionarse o incorporarse con uno o más partidos locales o nacionales".

Lo anterior es lo único donde vemos que el partido en el poder pretende sacar ventaja.

De ahí en fuera la Reforma Político Electoral y de Violencia Política por Condición de Género no tiene mayor trascendencia, y además, todavía falta lo que digan los Ayuntamientos. Pero conociéndolos, van a pedir “moche” por la aprobación y los van a mandar muy lejos, al cabo que aplica la “positiva ficta”.

La modificación al marco jurídico electoral incrementa solo cuatro diputados para garantizar la atención ciudadana y hacer eficiente la redistritación, “dejando claro que esto no significa la ampliación del presupuesto del Poder Legislativo”, dice el boletín del Congreso. No hay ampliación porque nunca hubo reducción. Aun así, salen ganando porque seguirán gastando como si fueran 30 legisladores.

Se aumenta de 12 a 16 Distritos de Mayoría Relativa, lo que le facilitará las cosas a los alcaldes que pretendan ser diputados. 

Seguirán ocho diputados de Representación Proporcional, sólo que ahora se elegirán cuatro por la Lista A, que es la lista tradicional de los Partidos y otros 4 de la Lista B, que son los candidatos que obtuvieron las votaciones más altas de sus propios partidos. Esto permitirá que cuatro diputados que fueron por la ciudadanía de manera directa lleguen a la Cámara, lo que beneficia a los presidentes municipales que buscarán la diputación.

Las presidentas o presidentes municipales, síndicas o síndicos y regidoras o regidores de los ayuntamientos, por elección directa podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de gestión consecutiva.

El número de regidores en cada municipio no se modifica, pero en Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, dos serán electos por el principio de mayoría relativa en la fórmula de la presidencia municipal y sindicatura, y uno lo será por este principio en los municipios de Ayala, Emiliano Zapata, Temixco, Xococotla, Yautepec, Axochiapan, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Al sector femenino por fin se le hizo justicia: la reforma considera como violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, entre otras, las siguientes conductas: obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades; ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres.

También, proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

Y por si fuera poco, considera impedimento para ser candidato a un cargo de elección popular el haber sido condenado en una sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, la reforma político electoral sienta las bases para que los partidos políticos garanticen a la ciudadanía indígena su participación en los procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular de diputados y diputadas, y los ayuntamientos, a través del sistema de partidos políticos, respetando sus tradiciones, usos y costumbres, y observando el principio de paridad de género.

Pero, más allá de lo evidente, habrá que hurgar en lo que pasó “tras bambalinas” en esa madrugada. ¿A cambio de qué dieron su voto las diputadas y diputados que ya conocemos que “no dan paso sin huarache”?

¿Qué paso con las siete diputadas progresistas que permanecieron unidas hasta que sus intereses económicos las separaron? ¿Será cierto que las respectivas esposas de Julio Yáñez y Matías Quiroz siempre votan en pareja?

Y la más importante: ¿Quién lleva las riendas en ese Congreso que a veces pareciera un barco sin capitán que navega a la deriva según las corrientes externas y las conveniencias de cada diputado?

El presente periodo ordinario de sesiones prácticamente ha llegado a su fin, y si hacemos un análisis numérico de las leyes que se han aprobado y lo que le ha costado al erario sostener a ese congreso, llegaríamos a la conclusión de que estamos frente a la peor legislatura de la historia.

HASTA MAÑANA.