Ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado 31 de agosto del 2020 en el Congreso Local durante la sesión que (aunque parezca imposible) había iniciado el 15 de julio. Bajo el pretexto de cumplir con “las declaratorias” que establece la ley de fiscalización, la diputada Erika García Zaragoza comenzó a soltar nombres a diestra y siniestra, de quienes aparentemente tienen cuentas pendientes con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

La vicepresidente de la Mesa Directiva en funciones, Xochiquetzal Sánchez, dijo: “Estamos en el punto relativo a las declaratorias. Se instruye a la secretaria dar lectura a las versiones sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las auditorías practicadas a las entidades y entes públicos”.  Y siguió manipulando su teléfono celular.

Enseguida, la diputada Erika García comenzó a leer: “Se remitió a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos del informe de resultados derivado de la auditoría especial a la revisión a la cuenta pública del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Fondemor) correspondiente al ejercicio presupuestal del uno de enero al 31 de diciembre de 2017 (cuando el director era Rodolfo Tapia López).

“Razón por la cual, en ejercicio de las atribuciones constitucionales de evaluación y legales de revisión conferidas, respectivamente, se procedió a realizar el estudio y análisis pormenorizado correspondiente a esos informes de conformidad con lo dispuesto con la ley de fiscalización… “.

Y remató: 

“De acuerdo con las cuentas del estado de situación financiera el total del pasivo debería reflejar una cantidad de 32 millones 259 mil 194 pesos y no únicamente dos millones 584 mil 218 pesos de pasivo no circulante, en tal virtud existe una inconsistencia en la formulación de los estados financieros por la cantidad de 29 millones 674 mil 976 pesos “.

Luego repitió exactamente el mismo formato para referirse a la auditoría ordinaria, concluyendo que “se podría incurrir en una responsabilidad por la eventual omisión de registro contable a una obligación por un pasivo a corto plazo por la cantidad de 29 millones 674 mil 976 pesos, cantidad que al reflejarse en la cuenta de pasivo circulante traerá consigo otras afectaciones no confiables ni transparentes para su modificación a la cuenta pública y por supuesto al informe de resultados, así también a la ESAF por la difiriencia (sic) sobre el total de las observaciones resarcitorias por un millón 931 mil 440 pesos, cantidad que no fue justificada de acuerdo con la opinión emitida del entonces auditor general, licenciado Vicente Loredo Méndez en cumplimiento a la normativa aplicable”.

El lenguaje es rebuscado, más bien exageradamente técnico, pero sin ser contador cualquier persona advierte que el director del IDEFOMM en 2017 está metido en aprietos.

Con el mismo método, la ESAF concluye que hay inconsistencias en la cuenta pública 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos , cuando el presidente era Jorge Arturo Olivares Brito.

Luego se va contra el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala, donde también advierte “falta de transparencia en sus estados ” por 286 mil pesos y da el nombre de la titular: Yuni Silva Sakamoto Quintero.

Enseguida, da cuenta de la revisión a la cuenta pública hasta mayo del 2012 del Tribunal Superior de Justicia (cuando era presidente Miguel Ángel Falcón Vega), y señala que “del dictamen del proceso de solventación al arrendamiento de Infraestructura tecnológica a internet móvil S. de CRL de CV por la cantidad de 4 millones 610 mil 673 pesos, situado (sic) que resulta improcedente ya que la empresa referida refleja como socio al ciudadano Miguel Ernesto Rivas Cuevas, servidor público del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ante la prohibición de celebrar contratos con aquellas personas con quienes el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, mencionando también que se prohíbe arrendar a los magistrados, jueces o cualquier otro servidor público”.

No dice más de esa irregularidad que se supone ocurrió ¡hace ocho años!

Y el “balconeo” continuó:

A la revisión de la cuenta pública del Fondemor 2018 le encontraron falta de justificación por 9 millones de pesos; al Poder Ejecutivo del 2018 le descubrieron “excedente presupuestal de egresos por la cantidad de dos mil 662 millones 64 mil pesos”; que el IDEFOMM en el 2018 presentó comprobantes de gastos que no reúnen los requisitos fiscales por más de tres millones de pesos.

 La diputada leyó el resultado del informe correspondiente a la cuenta pública del TSJ en el 2017 (Carmen Verónica Cuevas López), según el cual “tanto la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia como del auditor general en turno, podrían incurrir en posibles responsabilidades; la primera por la eventual omisión del excedente presupuestal de egresos por la cantidad de 25 millones 59 mil 25 pesos por haber excedido en el presupuesto y el segundo por la eventual omisión en las inconsistencias detectadas”.

También salieron mal financieramente hablando el municipio de Coatlán del Río en 2016 (César Augusto Franco Pérez) y el de Emiliano Zapata (Fernando Aguilar Palma) en 2016 por excedente presupuestal de 22 millones.

Al referirse a la cuenta pública 2015 del Poder Judicial dice que “la entonces magistrada presidenta del TSJ, maestra en Derecho Nadia Luz Lara Chávez podría incurrir en responsabilidades, especialmente por la eventual inconsistencia respecto al destino de gastos por la cantidad un millón 950 mil pesos”.

“En la observación 4 de carácter administrativo presentado en el acta de solventación por irregularidades en la adquisición de diez vehículos terrestres el auditor observa un control administrativo de resguardo del usuario correspondiente pero no determinó o evaluó la facturación comprobatoria en el aspecto confiable y financiero referente al gasto público del capítulo cinco mil de bienes muebles, inmuebles e intangibles, es por ello que de las observaciones detectadas por esta comisión el entonces auditor general de la entidad superior de auditoría y fiscalización del Congreso, José Vicente Loredo Méndez podría incurrir en una responsabilidad por la eventual omisión de los errores detectados en el informe de resultados de la cuenta pública del TSJ para el periodo de enero-diciembre de 2016”.

¿Por qué hacer público esto precisamente cuando la magistrada Nadia Lara está “sonando fuerte” para un cargo de elección popular o una diputación plurinominal? ¿Coincidencia o pago de facturas?

Resulta también sospechoso que en algunos casos no se menciona el nombre del servidor público responsable de la irregularidad, y en otros casos sí se dice nombres y apellidos (¿aquí no aplicará el derecho a la presunción de inocencia?) como en el caso de la alcaldesa de Puente de Ixtla en 2016, Dulce Medina Quintanilla, de quien se afirma que hizo las retenciones de impuestos sobre ISR, sueldos y salarios, por 480 mil pesos, pero que no enteró al SAT así como el exceso presupuestal por 62 millones de pesos.

Igual le fue a la alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo Maldonado, actual presidenta del IDEFOMM, a quien le hicieron observaciones del ejercicio 2016.

En todos los casos, los responsables de las auditorías hicieron notar que, al no haber procedido en los casos ya mencionados, “podría haber responsabilidad” del ex director de la ESAF, Vicente Loredo Méndez, considerado siempre protector de Graco Ramírez y sus alcaldes perredistas.

HASTA MAÑANA.