Ya los vimos controlar puertos marítimos, gasolineras, centros de reclusión y hasta sistemas de agua potable, pero lo que nunca nos imaginamos es que ahora estuvieran detrás de los grupos que toman las casetas de peaje y obligan a los usuarios a pagar una “aportación a la causa”.
De acuerdo a las investigaciones de la nueva Fiscalía de Delitos de Alto Impacto que encabeza Adriana Pineda Fernández, detrás de los grupos de jóvenes y adolescentes —hombres y mujeres—que se apostan en las casetas de Capufe y piden dinero para “la gente pobre de la Sierra de Guerrero”, estaría un grupo de la delincuencia organizada.
Aunque la funcionaria no lo declaró, hay videos que circulan en redes sociales donde estos muchachitos reconocen pertenecer a los “Guerreros Unidos”, uno de los cinco grupos que se disputan el control de las drogas en la región centro-sur del país.
De acuerdo a esa versión, los narcos se encargan de reclutar a menores de edad y jóvenes de la Sierra de Guerrero, a los que ofrecen pagos de mil 500 pesos por día. A cambio, los hombres y mujeres deben secuestrar autobuses para llevarlos a las diversas casetas de Capufe y ahí recabar todo el dinero que puedan.
Al principio esa medida fue tomada con aceptación por parte de la ciudadanía, pues en lugar de pagar 100 pesos de peaje dejaban un billete de a 20 y se quedaban con la idea de que estaban ayudando a la gente pobre de la Sierra de Guerrero.
Sin embargo, después ya no era una cooperación voluntaria, sino un “derecho de paso” casi equivalente a lo que cuesta el peaje. Una extorsión pues.
No acceder a sus pretensiones era arriesgarse a insultos, rayones a los vehículos y atravesar las vallas de plástico que hay en las casetas para impedirles el paso. Las denuncias anónimas se multiplicaron y en las redes sociales comenzaron a hacerse virales los videos donde aparecen estos jovencitos en actitudes agresivas.
Por si no fuera suficiente, se tuvo conocimiento de que había tres choferes con igual número de autobuses que permanecían privados de su libertad desde el pasado 12 de octubre en espera de que los falsos activistas terminaran de “botear” para regresarlos a sus lugares de origen.
La mañana de este martes 20 de octubre se denunció en la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, el secuestro exprés de una víctima por parte de las personas que mantienen tomada la plaza de cobro 184, Francisco Velasco Durán, también conocida como “Alpuyeca” (aunque se encuentra en territorio de Ahuehuetzingo, municipio de Puente de Ixtla) desde el pasado 5 de octubre.
Derivado de lo anterior, las corporaciones que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz realizaron un operativo que tuvo como resultado la liberación de las víctimas, así como la detención de 78 presuntos secuestradores; 43 hombres, 14 mujeres y 21 menores de edad.
De las 78 personas detenidas, 61 son originarias del Estado de Guerrero, 15 originarios del Estado de Morelos, una persona del Estado de Michoacán y uno más proveniente de la Ciudad de México, mismos que fueron llevados al edificio de la UECS para hacer la puesta a disposición correspondiente.
La noche de este miércoles, un grupo de personas se manifestó en las instalaciones de la UECS, en donde bloquearon el acceso a las instalaciones y autopista, exigiendo la liberación de las personas detenidas durante el operativo realizado el pasado martes.
Los manifestantes agredieron a policías y reporteros arrojándoles piedras, por lo que se realizó un segundo despliegue policial en el que logró la detención de un total de 69 personas; 46 procedentes del Estado de Guerrero, 21 originarios del Estado de Morelos, una persona del Estado de Oaxaca y uno más procedente del Estado de Veracruz. Entre los detenidos hay 39 hombres y 16 mujeres adultos y en total 14 menores de edad, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.
En las próximas horas los adultos serán remitidos a los jueces del Tribunal Superior de Justicia para imputarles los delitos de secuestro y extorsión, en tanto que los que fueron detenidos la noche del miércoles tendrán que responder por los daños a las patrullas.
Afortunadamente el operativo fue exitoso y “quirúrgico”, sin dar margen a que pudieran argumentar una represión policiaca. En redes sociales la gente aplaudió que por fin alguien hiciera valer el estado de derecho.
“En Morelos no hay cabida para la impunidad”, afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo luego de la explicación que dio la fiscal Adriana Pineda y que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, informara que hasta ese momento no había ninguna caseta tomada por grupo alguno.
Ojalá que se tome el ejemplo de Morelos en Michoacán y Guerrero, donde grupos supuestamente de activistas siguen imponiendo su ley ante la mirada impávida de los elementos de la Guardia Nacional.
Y aunque la instrucción del presidente de la República sigue siendo la de “abrazos, no balazos”, y que ya no se le puede llamar “Chapo” al Chapo, sino señor Joaquín Guzmán, esperemos que las autoridades federales le den seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, sobre la participación de grupos de la delincuencia organizada en la toma de las casetas.
Recuérdese que cuando aparecieron los grupos de autodefensas en Michoacán y Guerrero se descubrió que algunos de esos estaban soportados económicamente por cárteles antagónicos.
Y si pueden financiar a grupos de autodefensas, que no puedan financiar también a candidatos a diputados y presidentes municipales en las próximas elecciones del 2021.
HASTA EL LUNES.
