El 13 de diciembre del 2017 se publicó en noticieros Televisa un reportaje titulado “Investigan a grupos invasores de viviendas en CDMX; adultos mayores, principales víctimas”.

El reportero Arturo Sierra entrevistó al abogado Luis Miguel Campos, quien declaró que “hay una empresa que se llama Administradora de Inmuebles Fernández, el titular se llama Joaquín Guillermo Fernández Urban, este sujeto obtiene información a través del Registro Civil, del Registro Público… y se percata que una persona mayor, de 80 años, sus hijos están en el extranjero y falsifica, obviamente con notarios que se prestan a esta circunstancia, y hacen la escritura de tu casa”.

La Procuraduría tiene conocimiento que Administradora de Inmuebles Fernández opera en Las Lomas, Lomas de Chapultepec, Polanco y colonias de la delegación Benito Juárez, agrega la nota.

Guillermo Fernández Urban es morelense —yautepequense para ser más precisos—. Actualmente está casado con Maica Borbolla, quien fuera esposa del entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal.

Tal como lo menciona la nota de Televisa nacional, el caso del señor de 80 años no es el único en el que aparece como imputado el personaje antes mencionado. También está la carpeta de investigación JC/061/19 por el delito de fraude procesal en agravio de la empresa Oaks Leadership School, con domicilio en la ciudad de México y en contra de Joaquín Guillermo Fernández Urban.

En esa denuncia se establece que el 30 de junio de 2016 se formalizó la compraventa respecto del inmueble ubicado en Calle Explosivos sin número, Colonia Lomas Chamizal, delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, siendo Guillermo el vendedor y Oaks Leadership la compradora

 El 2 de agosto se presentó para inscripción al Registro Público de la Propiedad, sin que hasta ese momento tuviera anotaciones preventivas, por lo que la empresa tomó posesión del predio y contrató a un velador.

Sin embargo, posteriormente apareció una demanda civil en la que otra empresa, Llanto Caf S.A. de C.V. demandaba a Fernández Urbán ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos, bajo el número 416/2016-3 el pago de 60 millones de pesos.

Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2016, a través de su apoderada, Fernández Urbán exhibió certificado de gravamen expedido por la Dirección de Acervos Registrales y Certificados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con respecto al inmueble con fecha de elaboración 27 de junio de 2016, en el que falsamente se asentó que existía anotación preventiva de dación en pago ante el notario uno de la Ciudad de México a favor de Organización Llanto Caf S.A. de C.V.

El 20 de enero de 2017 el Juez Cuarto Civil dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción y condenó a Joaquín Guillermo Fernández Urban a firmar las escrituras que contengan el reconocimiento de adeudo y la dación en pago a favor de la persona moral mencionada y a entregarle la posesión del inmueble objeto del juicio.

En diligencia practicada el 18 de octubre de 2017 “con lujo de violencia y en uso excesivo de la fuerza, sin respetar el contrato en virtud del cual poseía el inmueble y sin seguir las formalidades del procedimiento, en clara violación de los derechos humanos desalojaron el inmueble y lo pusieron en posesión de la empresa Llanti Caf”.

Según la empresa denunciante, Joaquín Guillermo Fernández Urbán y dos personas más, “simularon un procedimiento por la vía civil” para despojar del predio a la empresa que lo había adquirido con anterioridad.

Y es que resulta que Myriam Mar Vázquez Rizo, quien aparece como su apoderada legal de Guillermo, es al mismo tiempo secretaria del Consejo de Administración de Organización Llanti Caf S.A. de C.V.

“Por otra parte, debe advertirse que el Juez Cuarto de Cuernavaca se percató del fraude procesal que se refiere, y no obstante que mediante auto del 12 de diciembre de 2016 requirió a Joaquín Guillermo Fernández Urbán por conducto de su apoderada Myriam Mar Vázquez Rizo, para que le acreditara fehacientemente que el demandado era propietario del inmueble sobre el cual se pretendía se dictara sentencia para formalizar la supuesta dación en pago”, dice la querella.

La empresa denunciante señala también a Héctor Alonso Yonca, Mari Carmen García Hernández y Laura Helena Gasca Méndez en su carácter de registradores del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, pues desplegaron diversas conductas delictivas que ayudaron a que se ejecutara el despojo en agravio de la empresa mencionada.

La denuncia penal fue primeramente presentada en la Fiscalía de la Ciudad de México, misma que declinó competencia a favor de la Fiscalía de Morelos.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en una de las salas de juicio oral del Penal de Atlacholoaya. Los abogados de la empresa Oaks Leadership School, encabezados por Jorge Delfín Sánchez, exigen que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación contra los aquí mencionados, pues ya se ha diferido hasta en diez ocasiones, lo que demuestra lo reñido de este asunto judicial en el que está en juego una propiedad cuyo valor está calculado en 90 millones de pesos.

HASTA MAÑANA.