Ahora resulta que la cópula puede tener tintes electorales. Al menos así lo sugiere el diputado Marcos Zapotitla Becerro, quien le atribuye al acto sexual ilícito que le imputa una mujer a la venganza de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia como consecuencia de su actividad como legislador.
Alguien debería decirle al diputado que para ser considerados delitos, estos deben cumplir con ciertos elementos, y que en el caso de la violación el artículo 152 señala claramente que “al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco años”.
Y para que no quepa la menor duda, el Código Penal para el Estado de Morelos aclara:
“Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. También comete el delito de violación la persona que utilizando la violencia física o moral penetre con uno o más dedos por vía vaginal o anal al sujeto pasivo”.
Entonces, si el legislador hizo alguna de las conductas aquí mencionadas es responsable del delito de violación. Si no, no.
Sale sobrando su aseveración de que “casualmente se sueltan los demonios cuando su servidor está generando operación política respecto del tema del Poder Judicial y respecto al tema de la Fiscalía del Estado y de algunas otras investigaciones que tendrían repercusión política”.
Resulta el colmo del cinismo que ahora diga que “hay una mente perversa o varias, que se han concatenado para desestabilizar a este grupo parlamentario, pero sobre todo para que yo no pueda seguir estas reformas en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia”.
Atendiendo a esa hipótesis, estaríamos hablando de que Uriel Carmona y Rubén Jasso se reunieron para planear cómo contrarrestar las acciones del legislador en contra de sus instituciones respectivas y decidieron enviarle a una dama a que lo provocara al acto sexual y así poder acusarlo de violación.
En lo que sí tiene razón es en que la conferencia de prensa en la que se da a conocer la denuncia ocurre “casualmente” a días de haberse declarado el inicio del periodo con miras a las elecciones del 2021, cuando —hasta donde se sabe— el ataque sexual ocurrió desde el pasado mes de julio.
Convenientemente, los abogados Sebastián Izunza y Gibran Haro hicieron valer los derechos humanos de la víctima para evitar dar detalles de los hechos y principalmente el nombre.
También, respetaron al pie de la letra el derecho a la presunción de inocencia del imputado, para lo cual mencionaron en todo momento que se trataba de “Marcos N”, aclarando —eso sí— que es integrante activo de la Cuadragésima Cuarta Legislatura Local del Estado.
Al otro día, Marcos Zapotitla salió a decir una sarta de tonterías acompañado de su abogado, el prestigiado penalista Cipriano Sotelo, quien poco pudo comentar porque no se saben detalles de la denuncia, los que habrán de conocer hasta que se judicialice la carpeta de investigación.
Por la tarde, el show continuó con la decisión de sus compañeras diputadas y compañeros diputados, que por mayoría de votos lo expulsaron de la Comisión de Equidad de Género.
Los diputados a favor del punto de acuerdo fueron: Ariadna Barrera Vázquez, Alejandra Flores Espinoza, Elsa Delia González Solórzano y Héctor Javier García Chávez de Morena; Ana Cristina Guevara y José Casas González, sin partido; Naida Josefina Díaz Roca y Rosalinda Rodríguez Tinoco, PRD; Blanca Nieves Sánchez Arano, Nueva Alianza; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Humanista; y Maricela Jiménez Armendáriz, Movimiento Ciudadano.
Seis integrantes del Pleno, entre ellos dos mujeres, se abstuvieron de votar.
Como si se tratara de una acción orquestada (un complot pues), a las 15:35 horas se recibía en la oficialía de partes del Congreso un escrito firmado por el fiscal regional metropolitano, Carlos Andrés Montes Tello, en el que le decía al secretario de Servicios Legislativos, César Betancourt López, que le diera fecha para y hora para llevar a cabo la ratificación de la solicitud de declaración de formación de causa en contra del ciudadano Marcos Zapotitla Becerro.
Llama la atención que dicho oficio menciona que hay otro (identificado con el número FGE/FRM/1787/2020-09) en el que se supone que hubo la petición formal y que éste es “en seguimiento”.
Pero lo que resalta más es que el funcionario de la FGJE le aclara al servidor público del Congreso, que la única facultada para hacer el pronunciamiento correspondiente es la Junta Política y de Gobierno del Congreso, “y ni a usted ni diversos servidor público (sic) o instancia serían competentes para ello”. En negritas y subrayado.
Y todavía remata:
“En consecuencia, no omito mencionar que cualquier vicio o violación procesal que pudiera derivar de la falta de señalamiento del momento para la ratificación de la solicitud, o de su remisión a los órganos legislativos competentes con la oportunidad debida, sería imputable a Usted en todo caso; y, por tal motivo, su colaboración institucional garantizará que ello no ocurra así”.
Con copia para todos y cada uno de los miembros de la Junta Política y de Gobierno del Congreso.
¿Se observa rudeza innecesaria en las formas? Sí. Está politizado el asunto? Sí. Está mediatizado? Sí. ¿Es venganza contra el partido en el gobierno? Sí.
Sin embargo, todo ello parte de la pregunta principal:¿El legislador tuvo cópula por medio de la violencia física o moral? Eso solamente él lo sabe.
HASTA MAÑANA.
