El pasado 30 de junio, en la sesión virtual del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Andrés Hipólito Prieto hizo una propuesta ante sus compañeros que desgraciadamente nadie secundó, pero que de haber fructificado habría sido un paliativo para la crisis económica que sufren la mayoría de abogados litigantes ante el cierre de tribunales con motivo de la pandemia por el Covid-19.

“Tomando en cuenta la gran necesidad que tienen los abogados de obtener ingresos por un trabajo que es muy digno, si quisiera que tomaran en cuenta lo que yo ya había propuesto desde hace bastante tiempo: que en segunda instancia que es materia de competencia de este pleno, se amplíe el periodo de excepción de casos para aquellos en los que haya citación para sentencia y se pueda habilitar a la sala para que puedan emitir sus resoluciones que ya tienen acordadas. Hay muchos asuntos en los que ya circularon los proyectos e incluso –por lo que toca a la Primera Sala- ya los aprobamos y es lo que muchos abogados esperan que por lo menos esas resoluciones que estaban pendientes de publicarse, se habilite para que se puedan emitir”.

En opinión de Hipólito Prieto, los jueces podrían emitir las resoluciones de los juicios que ya estén concluidos e incluso los actuarios podrían notificarlas tomando todas las precauciones para evitar contagios, para que de esa manera los litigantes puedan cobrarle a sus clientes.

El magistrado hizo notar que, de no hacerlo así, cuando se regrese a la normalidad, los jueces, magistrados y notificadores tendrán demasiado trabajo, pudiendo aprovechar estos días en los que están percibiendo un sueldo pero están en sus casas porque así lo dispuso la autoridad sanitaria.

Sin embargo, la propuesta no fue secundada por ninguno de los magistrados que participaron en el Pleno del pasado 30 de junio en el que lo único que se acordó fue que se amplía el periodo iniciado el 18 de marzo pasado con motivo de la contingencia sanitaria hasta el 12 de julio. Sin embargo, al día siguiente comienza el periodo vacacional que establece el contrato colectivo de trabajo, es decir, que si bien les va, se podrían reanudar las actividades hasta los primeros días de agosto.

Esto es muy grave si consideramos que de por sí la impartición de justicia en México es lenta; los secretarios de acuerdos y jueces tardan semanas para acordar una promoción y pasan meses para que un ciudadano pueda conocer la sentencia de su asunto. Ahora, con el acuerdo emitido por todos los tribunales en el que se ordena suspender los plazos y términos procesales establecidos por la ley, la justicia en Morelos está prácticamente paralizada.

No se tiene el dato exacto, pero se calcula que son miles los profesionistas del Derecho los que se están viendo afectados por la falta de actividad jurisdiccional que inició el 16 de marzo pasado, y que se ha ido prorrogando durante meses y no se ve para cuando pueda terminar.

Como ocurre en todas las actividades productivas y sectores sociales, los que se ven más afectados son los que menos ingresos tienen. Algunos de los abogados desempeñan cargos o comisiones en la administración pública; otros más tienen negocios alternos que les permite obtener ingresos, pero la gran mayoría se dedica únicamente al litigio, por lo que prácticamente viven “al día”.

Con los tribunales cerrados los litigantes no pueden dar impulso procesal a sus asuntos, como tampoco interponer los recursos que sean necesarios, y por lo tanto, no pueden cobrarles a sus clientes por un trabajo sin resultados.

Lo anterior, sin contar con la desaceleración económica que afectó a toda la sociedad; es decir, que nadie tiene dinero para invertir en juicios, de ahí que la actividad sea únicamente para asuntos realmente urgentes.

Ayer, litigantes agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales. 

Los manifestantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto.  “La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, dijo Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que participó en dicha protesta.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Tras su protesta frente al Palacio de Justicia los inconformes fueron recibidos por el presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, pero su respuesta no fue convincente. “Realmente solo nos dieron un informe de lo que están haciendo, pero lo llegamos a ningún acuerdo ni a ningún convenio, solo nos están informado lo que se ha estado haciendo a partir de un mes y medio a la fecha. Esto nos tomó de sorpresa, pero se confiaron en que durante un mes volverían las actividades y en ese lapso no se tomaron ninguna medida”, dijo María Elena Medina Vargas, quien encabeza este movimiento.

Las protestas seguirán, según lo advirtió Norma Delgado Díaz, quien encabeza una nueva agrupación denominada Colegio de Postulantes del Estado de Morelos, pues en muchos estados de la República la “justicia digital” ya es una realidad, mientras en Morelos los funcionarios del Poder Judicial están en sus casas respetando la orden de las autoridades sanitarias, y contando los días para que inicie el periodo de vacaciones.

De todos modos –es la justificación de los jueces- nada se puede hacer si no se reforman las leyes y eso es facultad exclusiva de los diputados, quienes también nada más están contando las horas para irse de vacaciones después de un arduo y productivo periodo ordinario de sesiones.

HASTA MAÑANA.