Cuando estaba por definirse quién sería el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDH-Mor) y las redes sociales eran escenario de una verdadera batalla campal donde exhibían lo peorcito de cada candidato, al aspirante a reelegirse en el cargo, Jorge Arturo Olivares Brito lo comenzaron a tildar de “graquista” o que estaba al servicio del sistema.
“Jorge Arturo tendrá muchos defectos y en su periodo tuvo algunas omisiones, pero nunca le podrán reprochar que haya estado al servicio del gobierno, y como prueba ahí está la Acción de Inconstitucionalidad que promovió en contra de la confabulación del Poder Legislativo con el Ejecutivo para beneficiar al Poder Judicial”, escribí en aquella ocasión.
Y el tiempo nos dio la razón, pero sobre todo le hizo justicia a Olivares Brito.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, resolvió la Acción de inconstitucionalidad 20/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, demandando la invalidez del Decreto número 1613 por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del mencionado Estado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 24 de febrero de 2017.
“La mayoría votó por la inconstitucionalidad del artículo transitorio que ampliaba el periodo de nombramiento de los magistrados en funciones. En consecuencia, se acordó que la invalidez decretada surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos y que los magistrados continuarían con las condiciones que tenían previo a la reforma impugnada”, dice el boletín de la SCJN.
El asunto tiene su origen en lo que en su momento titulamos como “el regalo de Dios” (en virtud de que varios magistrados son sumamente devotos de la religión) y que les fue concedido sin que hubiera nunca una petición formal de ellos, sino que llegó así nada más “como caído del cielo”.
Fue el 24 de febrero de 2017 cuando apareció en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, un decreto que reformaba la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que concedía a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.
En la iniciativa se establecían algunos argumentos financieros válidos, como es el hecho de que “actualmente el monto que se destina al pago de pensiones de los Magistrados que se encuentran en situación de retiro, es similar a la que se destina para cubrir los emolumentos de los Magistrados en activo, debiéndose considerar además que para el mes de mayo del año dos mil veinte, otros cuatro Magistrados habrán concluido su periodo de catorce años pasando a situación de retiro”.
Sin embargo, donde sí se notaba la intención de beneficiar a los actuales magistrados, era en el tercer artículo transitorio, en el que ordenaba que los Magistrados que se encontraran en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al hacerse la Declaratoria a la que se refiere la Disposición Transitoria Primera, por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos”.
De inmediato surgieron las suspicacias del por qué el Poder Legislativo (en ese tiempo totalmente “comprado” por el Ejecutivo) le estaba dando tan suculento regalo a los magistrados. “El gobernador Graco Ramírez se está amarrando el dedo por si en unos meses llega en calidad de acusado al juicio político y estará en manos de los magistrados pues el TSJ se erige en jurado de sentencia”, decían algunos conocedores del derecho.
Pero la razón era otra, o el entonces mandatario quería “matar dos pájaros de un tiro”. Resulta que por esas fechas los enemigos de Cuauhtémoc Blanco por fin habían logrado que el Congreso local le iniciara juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, y los magistrados debían darle entrada de acuerdo a la ley.
Se trataba entonces de un soborno planeado por el Ejecutivo con la ayuda del Legislativo para beneficiar al Poder Judicial a cambio de incoar el juicio político contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.
Lo anterior era muy evidente, pero quien se encargó de confirmarlo fue la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Lara Chávez, quien el 11 de septiembre del año pasado, en una conferencia de prensa donde se iba a tocar otro tema, reconoció públicamente que la disposición para que los actuales magistrados pudieran quedarse 20 años en el cargo, fue resultado de una “negociación” entre el gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, para que se admitiera el juicio político en contra del entonces presidente municipal de Cuernavaca (hoy gobernador) Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Por suerte para los magistrados no hubo necesidad de que se exhibieran tan feo, pues los abogados del alcalde se movieron y consiguieron sendas suspensiones de la justicia federal hasta que se llegó el tiempo de las elecciones y nunca pudieron tumbarlo.
Hoy ya no está Graco, tampoco los diputados de la LIII Legislatura, y lamentablemente Jorge Arturo Olivares Brito no fue reelecto en la Comisión de Derechos Humanos. Su puesto fue ocupado por un notario público que varias veces ha utilizado el trabajo de su antecesor para lucimiento personal y cuyo trabajo ha dejado mucho qué desear.
A Jorge Arturo Olivares Brito le quedará la satisfacción de haber cumplido con su obligación de velar por el interés público por encima de los intereses particulares, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia deja al descubierto la gandallez de quienes gobernaron este estado los últimos años.
Todavía falta ver si los magistrados afectados por la resolución del máximo tribunal del país deciden irse dignamente, o si se aferrarán al cargo mediante argucias legaloides.
HASTA MAÑANA.
