Ayer nos despertamos con la noticia de que fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiza, en el estado de Colima, y casualmente un día como hoy pero hace 30 años, el estado de Morelos amanecía con la impactante noticia de que una jueza, Reyna Ocampo Rojas, había sido ultimada a balazos, en una más de las historias reales que superan cualquier guion cinematográfico.

Fue el 17 de junio de 1990 (tercer domingo de junio, por lo tanto Día del Padre) que siendo aproximadamente las 21:00 horas, la licenciada Celia Fernández Coss, agente del Ministerio Público del primer turno del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, fue informada verbalmente por el licenciado Antonio Nogueda Carvajal, Director General de la Policía Judicial del Estado, que la licenciada Reyna Ocampo Rojas, Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, había sido lesionada en las afueras de su domicilio por un proyectil de arma de fuego, y al cabo de una hora falleció en el hospital.

El homicidio de la juez provocó indignación en el Poder Judicial y en general en el gremio de los abogados, uno de los cuales ocupaba el cargo de gobernador. Sí, era el abogado Antonio Riva Palacio López, quien ordenó a su amigo el también abogado Antonio Nogueda Carvajal que hiciera todo lo necesario para resolver ese homicidio y detener al responsable.

Ese mismo día (18 de junio a las 23 horas) Nogueda Carvajal puso a disposición del Ministerio Público a Guadalupe Gómez Montúfar y Elsa Joaquina Castillo Gómez (madre e hija) como presuntas responsables del crimen. ¿Orden de aprehensión? ¿Orden de cateo? No era necesario en ese tiempo. Primero la Policía actuaba, detenía, arrancaba la confesión y luego los funcionarios de la Procuraduría se encargaban de que todo cuadrara jurídicamente.

Riva Palacio López tenía un juguete nuevo: el grupo Escorpion que encabezaba un coronel de apellido Encinas. Era un grupo de élite supuestamente entrenado para enfrentar delincuentes de la más alta peligrosidad, pero que en esta ocasión fue usado para detener a dos mujeres, una de ellas de la tercera edad. Cuentan que para ingresar a la casa de la señora Guadalupe usaron técnicas de rappel e iban armados hasta los dientes.

A la vieja usanza, la Policía Judicial interrogó a las dos mujeres y les arrancó la confesión que más tarde firmaría un defensor de oficio como si hubiera estado presente en la diligencia.

En su declaración ministerial la inculpada Guadalupe Gómez Montúfar manifestó que el día 14 de junio de 1990 llegó hasta su domicilio, en donde vive con su hija Elsa Joaquina Castillo Gómez, la señora Emma López Ortiz, secretaria de acuerdos del Juzgado de Jojutla, y que al poco rato arribó la señora Petra Manjarrez con otra mujer que identifica como su nuera.

La señora Petra Manjarrez es madre de Sixto Quintero Manjarrez, quien en ese momento estaba preso, acusado por el delito de homicidio, y el caso estaba en la Secretaría de Acuerdos de Emma López Ortíz, quien era muy amiga de la abogada Elsa Joaquina Castillo, defensora particular de Sixto.

La versión oficial que dio la Procuraduría de Justicia es que en esa reunión, Emma López les manifestó a la abogada y familiares de Sixto que mientras estuviera Reyna Ocampo Rojas al frente del Juzgado éste no podría salir de la cárcel.

Petra y su nuera le recordaron a la secretaria de Acuerdos que ya le habían dado mucho dinero, tanto a ella como a la abogada particular para que Sixto pudiera salir libre.

“Está bien cabrón, mientras ella esté de juez no vamos a poder hacer nada”, se quejó Emma López.

“Hay que darle en la madre a la juez”, dijo la madre de la abogada, según quedó asentado en la declaración de Petra Manjarrez. “Si no hay de otra yo me encargo de la juez”, ofreció Francisco, hermano de Sixto.

“Que su hijo hacía aproximadamente ocho días le había comprado una pistola a un amigo, y que el domingo siendo aproximadamente las 22:00 horas llegó su hijo Francisco a la casa de la declarante en una motocicleta color amarillo, y en la puerta de la casa le informó que ´ya estuvo´, que ya le había dado en la madre a la Juez”, quedó asentado en la declaración.

Con esas declaraciones los policías se fueron en busca del autor material, a quien encontraron comiendo en una de las fondas del mercado Adolfo López Mateos. 

Así fue como en junio de 1990 se juntaron en la Penitenciaría de Atlacomulco (donde hoy está el parque ecológico de Acapantzingo), los dos hermanos Quintero, la madre de éstos, la abogada y su mamá.

Ante el Juez Primero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado en Cuernavaca, Juan Manuel Ramírez Gama, la inculpada Elsa Joaquina Castillo Gómez rindió declaración preparatoria el 21 de junio de 1990, habiendo manifestado que sólo ratificaba en parte su declaración rendida ante la Representación Social, “ya que se la tomaron en los separos de la Policía Judicial y en presencia de varios agentes de esa corporación policíaca, aclarando que desde el momento de su detención fue coaccionada moral y físicamente por sus aprehensores, ya que estos se introdujeron en su domicilio en forma violenta y arbitraria, rompiendo vidrios y chapas de la casa, profiriendo injurias e insultos, amagándola con armas de alto poder, procediendo de la misma manera con su hermano Pedro Joel Castillo Gómez, a quien tenían en el suelo, siendo agarrada fuertemente de los senos por uno de ellos, además de que en la parte baja de la casa varios sujetos tenían a su madre y a su hermana, Carmen Castillo Gómez, a quienes injuriaban, asestándole, incluso, un cachazo a su mencionada hermana”.

Lo anterior provocó que la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la primera de varias recomendaciones al gobierno de Antonio Riva Palacio López, quien terminó por desaparecer al grupo Escorpion y cambiar al director de la Policía Judicial.

Los abogados que conocieron del hecho coinciden en que la responsable indirecta del crimen fue la secretaría de acuerdos, quien le dio falsas esperanzas a los familiares del procesado, haciéndoles creer que con dinero podrían lograr que una juez emitiera sentencia absolutoria en un delito de homicidio con todas la agravantes.

Afortunadamente es el único caso en la historia del Poder Judicial de Morelos en que un miembro de esa institución fue privado de la vida por cuestiones relacionadas con su actividad jurisdiccional.

HASTA MAÑANA.