Creada en 2014 bajo la premisa de garantizar una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, “que permitiera la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”, en los hechos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso Local (ESAF), se ha convertido en una “manzana de la discordia” que se disputan grupos políticos y de poder.
Recordemos que el 11 de diciembre de 2014, el Pleno de la LII Legislatura aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del órgano superior de fiscalización, dando lugar a la creación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
“La transformación del Ente Fiscalizador, conlleva a un gran reto y compromiso social con todos los Morelenses, ya que a través de este Órgano se deposita la confianza y credibilidad de las Instituciones Públicas”, se presumió en aquella ocasión.
Pero en realidad, de lo único que se trataba era de desaparecer a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado que en ese momento representaba un riesgo para el gobierno de Graco Ramírez, pues ya había emitido un dictamen con irregularidades en el gasto de aquel famoso préstamo (el primero del sexenio) por dos mil 500 millones.
En cuestión de horas, la hoy senadora Lucía Meza llevó a cabo el plan para desaparecer todo vestigio de la institución creada en 2008 por los panistas y que en ese momento estaba en manos de los priístas en la persona de Luis Manuel González. En su lugar pusieron a un perredista, José Vicente Loredo, quien se encargó de limpiar de toda culpa al gobernador y se puso al servicio de sus jefes, los diputados perredistas que recibían línea directa de Rodrigo Gayosso, hijastro de Graco.
Con la llegada de la actual legislatura -como en casi todo- no hubo orden ni control porque nunca pudieron ponerse de acuerdo en nada. Un año completo la ESAF estuvo a la deriva, con un encargado de despacho que seguía obedeciendo a Loredo.
Fue hasta octubre de 2019 que 12 de los 20 legisladores prácticamente “tomaron por asalto” las instalaciones de la ESAF y se repartieron los cargos.
Para saltarse el protocolo que establece la constitución, los diputados nombraron a puros “encargados de despacho”: América López Rodríguez en la Auditoría General; Samuel Álvarez Miranda en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal; Lenin Gómez Saldaña en la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal; Anahí Coral Castillo Martínez en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; Uriel Estrada Jaime en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; y, Olivia Georgina Bobadilla Miranda en el Consejo de Vigilancia.
Las integrantes del Frente Progresista de Mujeres en el Congreso local que encabezaba Tania Valentina Rodríguez, reprobaron los cambios en la ESAF: “Violando todo procedimiento legal y parlamentario, pretendieron sin legitimidad nombrar a encargados del despacho en la ESAF, de quienes desconocemos su nombre, su perfil y menos si tienen la capacidad para desempeñar un cargo”.
En un comunicado, consideraron que la toma de las instalaciones de la ESAF además de ilegal, “refleja el verdadero interés de todas estas acciones, que no es otro que apoderase de esa institución a la que ven como botín político y de guerra”. Lo que no dijo es que ella la quería para lo mismo.
América López Rodríguez llegó al Congreso hace muchos años con los panistas que pusieron al frente de la Auditoría a Gerardo Casamata y logró sostenerse cuando le cambiaron el nombre. Ya en la actual legislatura, se quedó gracias a la recomendación del diputado José Luis Galindo.
Hoy es una de las firmes candidatas a quedarse en el mismo cargo pero ya no como encargada de despacho, sino como titular definitiva. Obviamente eso no les conviene a algunos diputados que —a trasmano— le están poniendo piedras en el camino.
Por otra parte, la Fiscalía General se ha negado rotundamente a ser revisada por la ESAF, argumentando que es una institución autónoma y que América ostenta un cargo que no existe, pues en la Ley Orgánica no se contempla la figura del encargado de despacho.
Pero no sólo eso. En una demostración de poder, la Fiscalía Anticorrupción que depende de la Fiscalía General, le inició una carpeta de investigación (la FECC/356/2019/09) amparada en una “denuncia anónima” y con ese pretexto la está hostigando.
El 28 de septiembre le solicitó documentación, y al no entregarla, el 5 de octubre elementos armados con R-15 llegaron hasta las oficinas de la Entidad Superior y le entregaron una notificación dirigida al encargado de la Dirección General Jurídica, Alberto Salgado Pérez, en la que le comunican que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”.
El problema no es la multa (200 UMAS), sino que la medida de apremio que sigue es el arresto. Y se ve que el fiscal está decidido a demostrar que es capaz de todo.
El hecho ocurre a unas semanas de que se lleve a cabo la designación en forma del titular de la ESAF para lo cual ya se emitió la convocatoria correspondiente.
Y por supuesto que la actual encargada tiene mucha oportunidad de quedarse en el mismo cargo pero ya con el voto de la mayoría de los diputados. Y entonces sí, los fiscales no tendrán pretexto para que les revisen sus finanzas.
HASTA MAÑANA.
