Si algo hemos confirmado durante todos estos años de escudriñar en los manejos financieros del gobierno de Graco Ramírez es que es un experto en detectar recursos federales susceptibles de ser “bajados” para darle una “pellizcada” sin que quede rastro.

De los casos que hemos podido documentar sobresale el Rastro TIF construido en Miacatlán; el terreno adquirido en Yecapixtla para la construcción de un centro penitenciario y el estudio de factibilidad; los recursos del Fondo de Desastres canalizados a obras de acceso carretero a la Arena Teques y -el tema que abordaremos hoy- el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (Fotradis).

Sin olvidar que el propio Graco Ramírez admitió en una entrevista que había un fondo federal que no se había ejercido y que para que no se perdiera decidió hacer la remodelación del centro histórico de Cuernavaca destinando más de 45 millones de pesos.

Algunos podrán decir en su favor que las obras ahí están, y tienen razón. Lo que se sabe pero no se puede probar es que en todas y cada una de esas obras y servicios había un sobreprecio de hasta el 30 por ciento y que dichos recursos eran entregados, “libres de polvo y paja” (es decir, sin recibo ni factura, ni transferencias bancarias que pudiera detectar la UIF), a Rodrigo Gayosso, en maletas llenas de billetes.

La historia de los vehículos para discapacitados que el DIF estatal compró pero que nunca se utilizaron, es la siguiente:

Graco y su equipo de ingeniería financiera detectó que había un programa federal denominado FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 (FOTRADIS).

Como ya lo hemos mencionado en otras columnas, se cumplía con toda la normatividad existente, por lo que el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su Décima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de septiembre del año dos mil diecisiete, a través del acuerdo número 04/ORD 17/13/09/2017, autorizó por unanimidad de votos aprobar las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LA- 917054986 NI-2017, referente a la adquisición de 18 vehículos mini van adaptados para transportar personas con discapacidad, solicitados por la Coordinación de Atención a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.

El 9 de octubre de 2017 se realizó la Junta declaraciones de conformidad con la convocatoria y con los numerales 19, 19.1. 19.2. 19.3, 19.4 y 19.5 de las bases de la licitación, en la que se resolvieron todas y cada una de las interrogantes de las empresas licitantes que participaron elaborando el acta correspondiente que contiene de manera clara y precisa todas las aclaraciones y respuestas otorgadas por la Convocante.

El 13 de octubre de 2017, se llevó a cabo la entrega y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LA- 917054986 N1-2017, en las instalaciones de "EL DIF MORELOS", asistiendo a dicho acto los concursantes a la cual, comparecieron las empresas LUMI MOTORS, S.A. DE C.V. y MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V. levantándose el acta correspondiente para usos legales y administrativos.

El seis de noviembre de 2017, fue asignado el CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO VEHÍCULOS ESPECIALES ADAPTADOS PARA TRANSPORTAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, a favor de LA PERSONA MORAL DENOMINADA "MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V., por haber cumplido con los requisitos legales, especificaciones técnicas y condiciones económicas.

La empresa sí existe y sí se dedica a la compra venta de equipos médicos, es decir, no es empresa “fantasma”.

El problema fue que, a través del oficio número KAF/87-BIS/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, el coordinador de Atención a la Discapacidad del DIF MORELOS, hizo del conocimiento a Simón Andrés Medina Delgadillo, Director de Administración y Finanzas del propio sistema, que los 18 vehículos adaptados para transportar personas con discapacidad habían sido entregados al área de recursos materiales, pero que se detectó la falta de correspondencia con las especificaciones contratadas, específicamente por cuanto hace a no haberles instalado la rampa electrohidráulica pactada en el contrato.

Sin embargo, y a pesar de tener conocimiento del incumplimiento de la empresa, el uno de marzo de 2018, el DIF MORELOS había realizado el pago de cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos veintiséis pesos como pago liquidatorio del Contrato de Adquisición antes referido, por medio de Transferencia Electrónica SPEI, de la cuenta 0308189119, de la institución financiera BANORTE S.A. a nombre de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, a la cuenta a nombre de MED EVOLUTION S.A.P.I. DE C.V., del banco BANAMEX S.A.

La solicitud para la disposición de recursos detallada en el párrafo precedente fue elaborada por Fernando Ocampo Aranda, entonces responsable del departamento de contabilidad, revisada por Elena Noemy Reza Reza, entonces Sub directora de Recursos Financieros y validada por Simón A. Medina Delgadillo, entonces director de Administración y Finanzas del DIF MORELOS.

Por tratarse de fondos federales, el DIF estatal presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, mencionando como presuntos responsables a Mónica Durón Rivas y Simón Andrés Medina Delgadillo, directora del DIF y director de Administración del mismo durante el sexenio de Graco Ramírez.

Se espera que en la FGR sí se actúe con celeridad y se deslinden responsabilidades, porque en lo que respecta a las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público del Fuero Común que representa el fiscal Uriel Carmona Gándara, ya se vio que no hay voluntad.

Y es que, antes de irse, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu le incrustó a Uriel a un funcionario público para que lo mantenga al tanto de lo que ocurre en la Fiscalía General de Justicia.

Se trata de Ever Felipe Velarde Corrales, quien fue secretario particular de Rodrigo Gayosso y responsable de la Unidad de Información Pública del Partido de la Revolución Democrática. A pesar de que no contaba con la cédula profesional que exige la Ley Orgánica, fue designado titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado en 2018.

Como quien dice, “la iglesia en manos de Lutero”.

Son muchas las “travesuras” de este hijo de Graco infiltrado en la dependencia de Uriel Carmona, pero por hoy se nos terminó el espacio.

HASTA EL LUNES.