Inicia controversia constitucional por el presupuesto que recibió en 2020.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la asignación de recursos presupuestada en el Ley de Egresos estatal para este 2020 y acusó que los Poderes Ejecutivo y Legislativo modificaron el anteproyecto que presentó con base en la autonomía financiera que le otorga la Constitución local.

Al promover la controversia constitucional 42/2020, la representación del Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales  25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En los argumentos jurídicos plasmados en la controversia constitucional, insistió en que el presupuesto asignado “evidencia el vicio constitucional de subordinar al Poder Judicial a través de la reducción de los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden”.

La Policía Cibernética lo ubicó; está acusado de hacer apología del delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue detenida la primera persona que, a través de redes sociales, incitaba al saqueo de centro comerciales y tiendas de departamentales.

Tras la detención, las autoridades advirtieron que procederán legalmente contra las personas que hagan apología del delito a través de ciberespacio, con llamado a perpetrar atracos a establecimientos comerciales aprovechando la contingencia sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo con la FGE, El detenido es un menor de edad identificado como de Isaac “N”, de 17 años, quien fue puesto a disposición del ministerio público por la presunta comisión de apología del delito, cuya conducta está tipificada en el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Morelos.

Con base en el seguimiento realizado por la Policía Cibernética, se detectó que el adolescente a través de Facebook incitaba a otros a perpetrar saqueos contra tiendas departamentales y de conveniencia en el municipio de Temixco.

Derivado de los saqueos ocurridos en el Estado de México y la Ciudad de México, y las incitaciones detectadas en redes sociales en otras entidades del país, autoridades estatales y federales que participan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz acordaron implementar operativos de prevención y vigilancia, para evitar que se cometan delitos durante la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

Además, lanzaron la advertencia de que procederán legalmente en contra de las personas que incitan a los ciudadanos a cometer robos y causar daños.

Hay amenazas de saqueos; se coordinan Guardia Nacional, CES y empresas.

Centros comerciales y tiendas departamentales reforzaron sus medidas de seguridad para prevenir cualquier intento de saqueo, luego de que las autoridades estatales detectaron en redes sociales a usuarios que incitan a cometer el delito, como ha ocurrido en otras entidades.

Personal administrativo de algunos los establecimientos confirmaron que elementos de la Guardia Nacional advirtieron a las gerencias de los mensajes detectados y de que era necesario reforzar las medidas de seguridad, en coordinación con las autoridades, para tener una pronta reacción en caso de que se consume algunas de las amenazas de atraco.

“El día sábado vinieron tres oficiales de la Guardia Nacional con la intención de prevenirnos acerca de las amenazas que tienen de que el día 10 de abril, puede ser antes, puede ser después, no estaban muy seguros, habrá saqueos, asaltos y disturbios en centros comerciales, en supermercados, tienditas del centro de Cuernavaca y de sus alrededores”, confirmó una persona responsable de la administración de una plaza comercial, que pidió mantener la reserva de su identidad y nombre del lugar.

Ante las advertencias de las autoridades locales y federales, algunas tiendas departamentales y zonas comerciales han reforzado la seguridad y los guardias privados permanecen alerta, además de que han establecido líneas de comunicación y actuación en caso de que personas en pandilla pretendan perpetrar un saqueo.

Por lo pronto, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) desde la semana pasada puso en alerta a sus elementos sobre las amenazas, para prevenir o actuar en caso que ocurra algún saqueo a estabelecimientos comerciales.

Desde que inició la contingencia por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), a través de redes sociales algunos usuarios han formados grupos para incitar y perpetrar robos a tiendas de conveniencias y supermercados. Estado de México y Ciudad de México, han registrado varios saqueos, mientras que en varias entidades hay alerta.

En el caso de Morelos, se activó un operativo discreto de monitoreo de los establecimientos comerciales durante el periodo de resguardo en casa recomendado por el sector salud, que pretende desmovilizar a la población para evitar la propagación de contagios.

El organismo abre expediente para conocer la situación en que se encuentran los hospitales públicos de la entidad, ante la contingencia sanitaria.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de  Morelos e integrantes del su consejo consultivo recorrieron las instalaciones del hospital General José G. Parres y solicitaron a las autoridades sanitarias proporcionar el equipo y los insumos indispensable para que el personal médico pueda hacer frente a la contingencia por el coronavirus (Covid-19).

El organismo informó que abrió el expediente CDHM/SE/061/079/2020, con el propósito de conocer la situación en que se encuentran los hospitales públicos de la entidad, ante los pronósticos de contagios en las próximas días y semanas.

Además de verificar las condiciones físicas del nosocomio, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz y los consejeros de la CDHEM se entrevistaron con el personal de las diferentes áreas, para conocer de manera directa su preocupación.

Ante las peticiones de los propios trabajadores y usuarios, la CDHEM solicitó al Poder Ejecutivo y específicamente a los responsables del sector salud, “dotar de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios a cada uno de los hospitales generales y unidades hospitalarias a cargo del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de atender la presente contingencia de salud, de forma adecuada, privilegiando que la atención se proporcione bajo los principios de igualdad y no discriminación”.

El organismo informó que, dentro de sus facultades normativas, continuará con el monitoreo del resto de las unidades hospitalarias y médicas, con el fin de verificar que el personal médico cuente con lo mínimo indispensable para hacer frente a la contingencia. 

Amplían plazos dos meses para realizar el trámite.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable autorizó una nueva prórroga para la verificación vehicular de todas las terminaciones de placa y engomados, únicamente con respecto al primer semestre, como parte de las medidas emergentes por la contingencia y medidas preventivas contra el coronavirus (COVID-19).

El acuerdo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, estableció que obedeció al cierre temporal de los centros de verificación, como parte de las medidas para mitigar la concentración de personas y los riesgos para la salud, dada la evolución de la pandemia.

Por ello se consideró pertinente ampliar el plazo para los vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo; 7 y 8, engomado rosa; 3 y 4, engomado rojo; 1 y 2, engomado verde; 9 y 0, engomado azul, que cuenten con la verificación vehicular vigente correspondiente al segundo semestre 2019, con certificados y hologramas de verificación tipo 1, 2 y 0.

Lo anterior, “con el objeto de que el plazo otorgado, sea igual en tiempo y condiciones para todos los propietarios y poseedores de vehículos automotores y, con ello, se logre el cumplimiento oportuno de la obligación de verificar, sin hacerse acreedores al pago de la multa por el incumplimiento de la verificación vehicular obligatoria”.

En consecuencia, los propietarios de vehículos con terminación 5 y 6 y engomado amarillo, así como terminación 7 y 8, y engomado rosa, tendrán hasta el 31 de mayo para verificar.

Los propietarios de autos con terminación 3 y 4 y engomado rojo tendrán hasta el mes de junio; los propietarios de vehículos con terminación 1 y 2, y engomado verde; 9 y 0, y engomado azul, y permisos, tendrán hasta mayo para verificar.

Esto significa que conforme al calendario establecido, se concedió una ampliación del plazo para verificar hasta por 60 días más, a partir del día siguiente del término del plazo o vigencia.

En tanto que los Centros de Verificación Vehicular autorizados en el estado de Morelos mantendrán sus operaciones suspendidas del 24 de marzo al 30 de abril del 2020.

El organismo, alerta ante conato de enfrentamientos con pobladores de Hueyapan por disputa del agua.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó al gobierno del Morelos a implementar medidas cautelares para evitar un enfrentamiento entre los pobladores de los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán, ya que mantienen una disputa por los recursos naturales y, particularmente, por el agua.

Por medio de un oficio, el organismo requirió a los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Sustentable, al comisionado estatal de Seguridad y al fiscal general del estado, instalar un módulo de seguridad en el área de conflicto, tendiente a monitorear o disuadir cualquier clase de hecho violento o alteración al orden público, activar protocolos en materia de atención a casos de violencia colectiva y evitar las conglomeraciones o desplazamientos por razones de salud.

A la Secretaría de Desarrollo Sustentable le fue requerido que en términos de lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico, realice los procedimientos de inspección y vigilancia necesarias para la protección y cuidado del medio ambiente, en virtud de los posibles actos de deterioro o afectación derivados del conflicto relativo al aprovechamiento de las aguas del río Amatzinac, zona alta y de los manantiales “Cruxtitla”, mejor conocido como Las Minas, y “Shantamalco”, así como de las barrancas “Aguayocan, Amatzinac y Tenango”, ubicadas en el municipio de Hueyapan.

A la Fiscalía General del Estado le fue solicitado que en el ámbito de sus facultades, investigue la comisión de actos o hechos constitutivos de delitos, derivados de la conflictiva descrita en el presente instrumento entre las personas que habitan los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán.

El organismo dio a las autoridades estatales un plazo de tres días naturales para responder a las medidas cautelares solicitadas.

Aportan nuevas documentales a denuncia inicial.

La autoridad municipal impulsa campaña de prevención de coronavirus.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado solicita que la Federación tome el control de ese centro de reinserción social, ante la crisis de seguridad que enfrenta.

El organismo nacional reitera preocupación por la falta de mecanismos oficiales para prevenir y evitar homicidios y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.

El gobierno estatal emite las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal.

El gobierno de Morelos emitió las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, con el fin de mitigar los efectos en la entidad ante la pandemia por enfermedad por Coronavirus (COVID-19).

Atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la administración estatal también entró en cuarentena, al  suspender labores del 24 de marzo al 19 de abril, con excepción de las áreas prioritarias y de emergencia.

De acuerdo con las medidas estipuladas, los titulares de las secretarías, dependencias y entidades descentralizadas determinarán qué áreas continuarán en servicio, considerando las medidas sanitarias dictadas por las autoridades sanitarias.

Cada una de las dependencias deberá fijar avisos al público y  difundir por los medios electrónicos qué áreas se mantendrán en operación, ya sea regularmente o sujeto a determinados horarios, guardias o condiciones y medidas sanitarias específicas.

Además, no correrán los plazos y términos procesales en los procedimientos de investigación, sanción, auditorías, revisiones, verificaciones, acciones de vigilancia y, en general, en todos aquellos procedimientos substanciados y ejecutados por la Secretaría de la Contraloría y por el resto de las Secretarías, Dependencias o Entidades que tramiten procedimientos administrativos conforme a la normativa local.

De manera específica y derivado de las funciones prioritarias en materia de salud, seguridad, administración, transporte público y hacienda, los secretarios y secretarias de despacho mantendrán la prestación de servicios tendientes a la atención médica, protección y seguridad pública, pago de nóminas, servicios generales esenciales, movilidad y transporte y recaudación, tomando las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad tanto de los servidores públicos como del público en general, promoviendo el uso de medios electrónicos y digitales, así como la atención por vía remota, en los casos a que haya lugar.

Quedan exceptuados para ser considerados en la prestación de servicios prioritarios y de emergencia, los burócratas que tengan más de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, y quienes padezcan enfermedades crónico degenerativas o cuya morbilidad los ponga en riesgo de contagio.

El gobierno del estado exhortó a los ayuntamientos a tomar las mismas medidas de manera provisional, las cuales estarán sujetas a lo que determinen las autoridades sanitarias estatales y federales conforme a la evolución de casos de coronavirus.

Anteponen TSJ y TJA controversias constitucionales contra el decreto que fija en 30 por ciento el porcentaje de las multas cobradas que irá al Poder Ejecutivo.

Los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA) promovieron controversias constitucionales contra las nuevas disposiciones fiscales que facultan a la Secretaría de Hacienda estatal a cobrar una “comisión” por gastos de ejecución de sanciones económicas impuestas a las personas físicas o morales por incumplimiento de órdenes judiciales o sentencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las controversias constitucionales 41/2020 y 43/2020 promovidas por los titulares del TSJ y TJA, María del Carmen Verónica Cuevas López y Manuel García Quintanar. Sin embargo, a ambos les negó la suspensión contra la aplicación de la norma impugnada.

Los tribunales inconformes reclamaron la invalidez del decreto 659, publicado el 20 de enero del 2020 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que  se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos y de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

En particular, los tribunales manifestaron su inconformidad con la falta de motivación y fundamentación de la reforma al artículo 170 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, en la que se estableció el cobro de una “comisión” a los tribunales por la ejecución de multas.

“Las autoridades administrativas o jurisdiccionales que soliciten el auxilio de las autoridades fiscales para hacer efectivo el cobro de sanciones económicas o multas que no sean de carácter fiscal, deberán establecer relaciones de colaboración, mediante la suscripción de los convenios respectivos, en los que se establecerán los lineamientos para el ejercicio del procedimiento económico coactivo; y, en su caso, los porcentajes que correspondan a la autoridad fiscal por la administración, control, ejercicio y cobro coactivo de las mismas, no será menor al 30 por ciento del importe de cada multa o sanción”, dice la norma impugnada.

Los tribunales inconformes alegaron que el legislador morelense no estableció parámetros, disposiciones, reglamentación o lineamientos específicos para el cobro de la “comisión”, cuyo monto se fijó de manera unilateral.

Además de que ni el Código Fiscal de la Federación contempla gastos de ejecución, auxilio, administración, control, ejercicio y cobro de las multas o sanciones impuestas por las autoridades jurisdiccionales.

Otro argumento previsto en ambas demandas constitucionales fue que hubo invasión de competencias y vulneró la autonomía de integración presupuestal de ambos tribunales.

En tiendas departamentales de venta al mayoreo comienzan a escasear los productos de higiene, desinfectantes y alimenticios.

En tiendas departamentales de venta al mayoreo comienzan a escasear los productos de higiene, desinfectantes y alimenticios, mientras que en los tiendas de venta al menudo los consumidores denunciaron por redes sociales el incrementos de los productos hasta en un 40 por ciento.

Durante el fin de semana se notó un menor flujo de personas en supermercados debido a que consumidores con alto poder adquisitivo en días anteriores realizaron compras masivas de productos básicos.

En las dos principales cadenas departamentales de venta al mayoreo, los estantes y frigoríficos con productos como leche, frijol, arroz, huevo, pastas, carne, verduras y otros productos enlatados lucieron vacíos o fueron sustituidos con productos de baja demanda.

En el caso de los supermercados con venta al menudeo, se observó una afluencia menor a la habitual y en algunos casos se notó la escasez de varios productos alimenticios.

Sin embargo, a través de las redes sociales los usuarios pedían la intervención de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que se notó un co0nsiderable aumento de precios con respecto a la semana anterior.

Por ejemplo, los productos sanitizantes o detergentes tuvieron aumentos de entre 10 y 40 por ciento con respecto a los precios anteriores.

Las autoridades federales y estatales han instado a la población a mantener la calma y evitar las compras de pánico, para prevenir desabastos y afectaciones a las personas de escasos recursos mientras dura la contingencia, y la implementación de medidas de distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el sector salud estatal, en Morelos se tienen registrados dos casos confirmados del Covid-19, dos casos sospechosos y 24 negativos o descartados.

Buscan garantizar el pago de pensiones alimenticias.

Los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mantendrán guardias durante el periodo que dure la contingencia por el coronavirus (Covid-19), con el propósito de garantizar el pago de las pensiones alimenticias a menores.

El TSJ informó que, con el fin de velar por el interés superior de los infantes y adolescentes, se establecieron guardias con personal “mínimo indispensable” en los 25 juzgados familiares ubicados en los distritos judiciales con sede en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Jiutepec y Yautepec.

Detalló que el personal laborará  de lunes a viernes para garantizar el pago de las pensiones alimentarias, conforme al acuerdo del 17 de marzo  emitido por el Pleno del TSJ como parte de las acciones preventivas para prevenir la propagación  del covid-19, que  el pasado 11 de marzo fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como parte de las medidas preventivas a favor de los trabajadores de guardia y los justiciables que asisten a los tribunales familiares, en las instalaciones judiciales se implementaron filtros en todas las entradas, con acciones como el lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial y la medición de la temperatura corporal, pues en caso de que una persona tenga una fiebre superior a los 38 grados no se le permitirá el ingreso.

Al igual que otras instituciones, en el Poder Judicial declaró inhábil el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, con posibilidad de modificación con base en las determinaciones de las autoridades federales y estatales del sector salud.

En el caso de los trabajadores del TSJ, además de no permitirles la entrada, se le exhorta para que acudan inmediatamente a su  clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se realicen las revisiones médicas correspondientes.

Al menos diez reos más, y un custodio, lesionados.

Acusa al fiscal anticorrupción de utilizar esa posición para revanchismos políticos.

Roberto Coranguez Esquivel, quien se ostenta como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), retó al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y lo acusó de abusar de su posición para emprender una persecución política en su contra.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa en la que denunció la supuesta desaparición de Edgar López Betanzos, integrante del CPC-SEA, y con quien promovió una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA y dos miembros del CPC, por supuestamente haberlo relevado ilegalmente de su cargo de presidente y permitido que Penélope Picazo Hernández asumiera la presidente del órgano ciudadano, pese a que eso significaba usurpar funciones.

Más tarde, la propia Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta desaparición, pero que López Betanzos había sido localizado en su domicilio.

Coranguez Esquivel acusó que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, “hace foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de los ciudadanos y la gente honesta”.

Y lo retó: “No podemos seguir tolerando esta terrible persecución de Juan Salazar y sus compinches, que ya sabemos quiénes son. Ya estamos cansados. Ya estamos hasta la madre de este fiscal, se tiene que ir porque se tiene que ir.

“Y aquí estoy, que me venga a detener, a ver si tiene los pantalones para venirme a detener. Sigo siendo el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. No he sido separado y no me he ausentado nunca. Que compruebe el señor que me he ausentado de mi cargo y que yo no soy”.

Afirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente instalado, pero hay personajes ligados al exgobernador Graco Ramírez, como el propio Salazar Núñez, y otros funcionarios que buscan obstaculizar investigaciones contra exservidores de la anterior administración.

Acusó a Penélope Picazo Hernández de usurpar funciones al ostentarse como presidente del CPC-SEA, e insistió en que es ella a quien se tiene que investigar y fincar responsabilidades.

La fiscalía anticorrupción no fijó postura al respecto y sostuvo que no puede dar información sobre si existe o no alguna investigación en torno a Roberto Coranguez Esquivel.

El partido debe recibir las prerrogativas retenidas por el instituto electoral.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Instituto Morelense de Participación Ciudadana (Impepac) entregar las prerrogativas que le corresponden al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al resolver el juicio de reconsideración TEEM/REC/01/2020-2 promovido por Marco Polo Morales Flores en representación el partido político, el tribunal local determinó que fue ilegal la retención que hizo la consejera presidente del Impepac, Ana Isabel León Trueba, del financiamiento público que le correspondía al PRI en Morelos en el mes de febrero.

Declaró fundado el agravio expuesto por el partido tricolor, que acusó que la consejera presidente no fundó ni motivó la decisión de retener las prerrogativas del partido, además de que carece de facultades legales para hacerlo.

Por tal razón, por unanimidad, el TEEM ordenó a la titular del Impepac hacer la entrega de las prerrogativas reclamadas, ya que al partido le asistió la razón y el derecho de recibir su respectivo financiamiento público para la realización de sus actividades partidistas.

La suspensión de la entrega de recursos, de acuerdo con la versión del Impepac, obedeció a la falta de certeza jurídica sobre la representación estatal del partido, debido al conflicto interno por la dirigencia que desde octubre de 2019 protagonizaron el otrora delegado Cirilo Valdés Hueso y Alberto Martínez González, quien hace un par de días renunció como presidente del PRI en Morelos y en su lugar fue designado Jonathan Márquez Godínez.

El TSJ Morelos establece rol de guardias en salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

El Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia de Morelos  (TSJ) suspenderán las actividades jurisdiccionales a partir de hoy, como parte de las medidas preventivas para evitar brotes de Coronavirus (Covid-19).

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que se suspenden las funciones jurisdiccionales en todo el país a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta domingo 19 de abril de 2020.

La suspensión decretada implica que no correrán plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes.

Detalló que estarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en los grupos identificados como “vulnerables” al coronavirus como personas adultas mayores de 60 años, con diabetes o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodeficiencias, así como mujeres embarazadas o en lactancia.

El horario laboral presencial de los juzgados de distrito y colegiados será de 9:00 am a 3:00 pm y, en la medida de lo posible, deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias.

Por la tarde, el Pleno del TSJ sesionó para tomar medidas preventivas y también optó por decretar la suspensión de labores a partir de este miércoles, y estableció un rol de guardias de las distintas salas y juzgados para atender asuntos urgentes.

El expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rechaza haber incumplido sus funciones y afirma que todavía ostenta su cargo.

Anuncia una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

La destitución de Roberto Coranguez Esquivel reavivó el conflicto en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya que el ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA (CPC-SEA) contratacó a su detractores con una denuncia penal y un solicitud de juicio político contra los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

Acompañado por miembros de la organización Amigos de Cuauhnáhuac, Roberto Coranguez Esquivel y Edgar López Betanzos, ex presidente y actual integrante del CPC-SEA, respectivamente, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para iniciar la carpeta de investigación SC01/ 2394/2020 por los presuntos delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y lo que resulte.

Ambos acusaron como presuntos responsables de los ilícitos a la encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez; al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez; al secretario de la Contraloría, César Santana Nava; a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López; a la comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública, Mireya Arteaga Dirzo; a Manuel García Quintanar, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y a América Jiménez Molina, titular de la contraloría municipal de Cuernavaca, quienes integran el Comité Coordinador del SEA.

Además, también acusó a Penélope Picazo Hernández, Alejandro Enríquez Hermida y María Juana Damiana Herrera Mota,  presidente sustituta y miembros del CPC-SEA, quienes impulsaron el relevo de Coranguez Esquivel como presidente del comité ciudadano, al aplicarle el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y cesarlo de la presidencia por “falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”.

Posteriormente, Roberto Coranguez y Edgar López acudieron a la sede del Poder Legislativo para presentar una solicitud de juicio político contra el resto de los miembros del CPC-SEA y de todos los titulares de las instituciones miembros del Comité Coordinador del SEA.

Ahí, Coranguez Esquivel acusó que hubo confabulación para relevarlo del cargo, el cual asumió que todavía ostenta porque le corresponde al Congreso retirarlo de la presidencia del CPC-SEA y ese proceso no ocurrió.

Rechazó haber incumplido sus funciones y aseguró que los últimos meses convocó a diversas sesiones al comité ciudadano.

“Aquí manifiestan que nada más se han llevado a cabo dos sesiones del comité ciudadano, lo cual es totalmente falso,  ya que se han llevado cuatro sesiones ordinarias y extraordinarias, y además la última sesión que se llevó fue el 10 de diciembre”, dijo y señaló que las actas fueron firmadas por la propia Penélope Picazo Hernández, quien se ostenta desde el fin de semana como presidenta del comité ciudadano.  

“Ese cargo lo sigue teniendo Roberto Coranguez Esquivel, no podemos tener una duplicidad de presidente, no se ha hecho el proceso adecuado para desconocerlo, para revocarle el nombramiento”, secundó Edgar López Betanzos, miembro del CPC-SEA, quien señaló que sería el Congreso local quien tendría que revocar la presidencia a Coranguez Esquivel y, si bien por orden de prelación Penélope Picazo sería la próxima presidente del órgano ciudadano, su periodo comenzaría hasta el próximo 2 de mayo.  

De esta manera, solicitaron la intervención del Congreso local, ante el conflicto que mantiene enfrentados a dos bandos y que los llevó a acusarse mutuamente de incurrir en responsabilidades penales, administrativas y políticas.

Comité Coordinador desecha terna para la designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

Mientras que Roberto Coránguez Esquivel fue destituido como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), el Comité Coordinador desechó la terna que le fue enviada en octubre de 2019 para la designación del secretario técnico del SEA, por no cumplir con los requisitos previstos en la ley.

A través de un comunicado firmado por tres de los cinco integrantes del CPC-SEA, se dio a conocer el relevo de Coránguez Esquivel por “la falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”, por lo que “con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”

Por lo tanto, Picazo Hernández, será presidente sustituta hasta el 30 de abril, fecha en que culminaba el periodo de su antecesor, y posteriormente se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril de 2021, ya que en orden de prelación le toca asumir la representación del CPC-SEA por un año.

Concretado el relevo, la presidente sustituta convocó a sesión del Comité Coordinador del SEA, integrado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaria de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y Contraloría Municipal de Cuernavaca.

Por unanimidad, el Comité Coordinador determinó que la terna que le envío el CPC-SEA en octubre pasado para la designación del secretario Técnico de la Secretaría  Ejecutiva del SEA “no se encuentra legalmente conformada, en virtud de que las personas que la integran, no reúnen los requisitos que exige el artículo 36 de la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”.

En consecuencia, desechó la terna y conminó al CPC-SEA a presentar lo más pronto posible una nueva, integrada con personas que cubran los requisitos de ley, como ser mexicano y preferentemente morelense; tener al menos cinco años de experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de políticas públicas; tener más de 35 años al día de su designación y gozar de buena reputación, entre otros requisitos.

Además, se informó que lo actuado por el Comité Coordinador será informado al Juzgado Octavo de Distrito, donde los aspirantes al cargo de secretario técnico promovieron un juicio de amparo, con la finalidad de dar cuenta a la autoridad judicial que dicho comité expidió ya los lineamientos para el nombramiento.

“Los que suscribimos, hacemos votos para que ésta nueva etapa del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro Estado, sea el inicio de la conformación de una instancia de vinculación que cumpla con las expectativas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. Y que a través de este Sistema logremos posicionar a nuestro Estado a la vanguardia de esta lucha”, afirmaron en su comunicado Penélope Picazo Hernández, Alejandro Enríquez Hermida y María Juana Damiana Herrera Mota, miembros del CPC-SEA.

A finales de 2019, se dio un fuerte conflicto entre el otrora presidente del CPC-SEA, Roberto Coránguez Esquivel, y algunos de los integrantes del comité ciudadano y el Comité Coordinador, debido a que se forzó la integración de una terna para la designación del secretario técnico del SEA (quien será el responsable de la operatividad del sistema anticorrupción).

Posteriormente, Coránguez Esquivel impulsó el nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino”, lo que avivó los desencuentros entre los integrantes del SEA porque esa figura no está prevista en la ley.

Incluso, González Chévez hace unos días fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por ostentarse con un cargo inexistente y haber emitido oficios y haber realizado gestiones ante diversas instancias gubernamentales.  

Desde el fin de semana es notoria en tiendas departamentales la compra inusual por volumen de cloro, desinfectantes en aerosol, agua embotellada, papel higiénico y alimentos enlatados.

Tiendas departamentales adoptaron medidas para racionar la venta de desinfectantes, ante la compra masiva que se desató el fin de semana tras el anuncio de gobierno federal de la implementación de la fase de “distanciamiento social” y la suspensión de clases como medida preventiva para evitar brotes de coronavirus.

Desde el fin de semana las tiendas departamentales de venta al menudo y mayoreo estuvieron abarrotadas por los consumidores, que acudían a comprar desinfectantes y especialmente gel antibacterial.

Ante la alta demanda, particularmente en las tiendas de productos al mayoreo, limitaron, por ejemplo, la venta de gel sanitario a dos botellas por membresía. También fue visible la compra inusual por volumen de cloro, desinfectantes en aerosol, agua embotellada, papel higiénico y alimentos enlatados.

Ante ello, en las redes sociales hubo reacciones de usuarios que pedían a la población no realizar compras de pánico, sobre todo de desinfectantes, jabones, mascarillas y productos sanitizantes, porque generarían escasez.

“A los que compran 30 jabones y dejan los estantes vacíos para los demás ¿Sabías que para protegerse del coronavirus se necesita que los demás también se laven las manos?”, fueron algunas de los comentarios que circularon en la redes sociales.

Las autoridades del sector salud han insistido en pedir a la población mantener la calma, reforzar las medidas de higiene, evitar lugares concurridos, no  generar alarma, no hacer caso a las noticias falsas y atender la información que las autoridades generen de manera oficial.

En su lugar se usará la figura “de resistencia de particulares y “desobediencia”, que tiene menor penalidad.

El delito de ultrajes a la autoridad quedó oficialmente eliminado del Código Penal del Estado de Morelos y fue sustituido por la figura de resistencia de particulares y desobediencia, como una “forma aminorada” de sancionar a quienes agredan o desacaten el mandato de una autoridad”.

La reforma se realizó con base en el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2016, cuando declaró la inconstitucionalidad del delito de “Ultrajes a la Autoridad” previsto y sancionado por el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal con seis meses y hasta dos años de prisión, porque era contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, por considerar que era demasiado amplio y era una bolsa en la que cabía prácticamente cualquier conducta.

El legislador morelense calificó como inoperante la tipificación de la conducta en el Código Penal de Morelos, que establecía de uno a seis años de prisión, ya que entre 2014 y 2015 se iniciaron 185 carpetas de investigación por ultrajes a la autoridad, de las cuales solo 10 fueron judicializadas y ninguna concluyó en sentencia.

Además de ser violatorio del principio de taxatividad, el legislador razonó que dicha figura penal atentaba contra el principio fundamental de expresión.

“El delito de ultrajes a la autoridad, dentro de nuestra legislación se encuentra establecido como una conducta generadora de responsabilidad penal en el entendido de que la misma consistirá en injuriar, ofender o insultar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones.

“En ese sentido, se considera que dicho tipo penal es una limitante a las ideas que deseen expresar los gobernados vulnerando los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna, así como lo establecido en los instrumentos internacionales aplicables en la materia, ya que, si bien es cierto la libertad de expresión, de conformidad a las normas señaladas, puede ser restringida si así se encuentra establecido en la ley, si persigue un fin legítimo y si es necesaria en una sociedad democrática, no menos ciertos es, que en efecto el delito en estudio cumple con los primeros dos requisitos señalados resulta insuficiente para tener por satisfechos los requisitos de necesidad e idoneidad de la medida en consideración a lo siguiente.

“La medida contenida en la ley resulta ser de las más lesivas en virtud de que puede llegar a afectar la libertad del ciudadano que decide expresar sus ideas a través de ultrajar a la autoridad sin que esto sea verdaderamente justificado o necesario en una sociedad con un sistema meramente democrático”, fundamentó.

Así, con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma por la que se derogó el artículo 294 que contemplaba la figura de ultrajes a la autoridad, y modificó el artículo 288 para proteger a los funcionarios que ejecuten un mandato de autoridad y establecer nuevas sanciones “como una forma aminorada de esa resistencia, insultar a las autoridades, cuando estas actúan en el cumplimiento de un mandato legítimo”.

En consecuencia, “al que sin causa legítima y por primera vez rehusare prestar un servicio al que la ley le obliga, desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad o la insulte en su cumplimiento, se le impondrá de treinta a ciento veinte días de semilibertad.

“Si la desobediencia ocurre con violencia por segunda ocasión o en relación con otros participantes, se duplicará la sanción, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido”.

Catorce empleados de la Fiscalía serán presentados como testigos.

Orlando “N”,  perito de la Fiscalía General del Estado, será sometido a juicio oral como presunto responsable del hurto de un arma de fuego que estaba asegurada en el cuarto de evidencias de Fiscalía Regional Sur Poniente.

Al ex servidor público se le atribuyen los delitos de ejercicio indebido del servicio público y robo calificado, por lo cual el agente del Ministerio Públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó pruebas de su presunta responsabilidad y 14 servidores públicos de la fiscalía serán presentados como testigos.

Durante la apertura de la audiencia de juicio oral, la fiscalía anticorrupción solicitó al tribunal de enjuiciamiento imponer al imputado una pena de  23 años de prisión, ocho por el delito de ejercicio ilícito y 15 por el robo calificado.

En julio de 2019, la fiscalía anticorrupción ejecutó la orden de aprehensión girada por un juez de control contra el perito identificado como Orlando “N”, cuando caminaba sobre la calle Constitución del 57, en el centro de la cabecera municipal de Jojutla.

El servidor público fue implicado en la carpeta de investigación FECC/104/2019, iniciada por personal de la propia FGE, que se percató de  la ausencia de armamento asegurado y resguardado en el cuarto de evidencias de la fiscalía regional de la zona surponiente, el cual habría sido sustraído y sustituido dentro de los embalajes por objetos y armas de fuego viejos.

Desde 2014 se han practicado supuestas auditorías en los cuartos de evidencia de la fiscalía, pero los últimos tres titulares, incluidos Carmona Gándara, no han hecho públicos los resultados ni han abundado sobre la gravedad de la sustracción, pérdida y alteración de evidencias, especialmente de armas de fuego.  

Incluso, está pendiente el deslinde de responsabilidades por la sustracción de objetos y armas del cuarto de evidencias detectado también en la fiscalía metropolitana.

Fue el mismo fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, quien reveló en mayo pasado que el arma usada por el joven Maximiliano “N” para asesinar en pleno zócalo de Cuernavaca a los líderes sindicales Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón, habría sido  sustraída de uno de los cuartos de evidencia de la fiscalía.

Entraron en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada y la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Morelos.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tendrá la regulación y control en ambos temas.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entraron en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada y la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad la regulación y control en ambos temas.

De acuerdo con la ley de Seguridad Privada,  su objetivo es regular, controlar, y en su caso autorizar y revalidar las actividades y prestación de los servicios de seguridad privada por parte de personas físicas y morales en sus modalidades de reguardo de bienes, de valores, de reguardo de vehículos y personas, blindaje y seguridad electrónica.

El nuevo marco jurídico permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) crear el Registro Estatal de Prestadores, Personal y Equipo de Seguridad Privada, para disponer de una base actualizada de datos del personal directivo, técnico, administrativo y personal operativo, así como del equipo y, en su caso, los datos de la asignación del armamento utilizado, así como los servicios y la cobertura de los servicios de seguridad privada.

Además, impone la obligación que los elementos de seguridad privada obligadamente sean sometidos a los exámenes de control de confianza, y sólo que apruebe la evaluación podrán ser habilitados y obtener su cédula de identificación.

También, el personal contratado para prestar este servicio deberá ser capacitado en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, previo el pago de derechos, en materia de derechos humanos, violencia de género, relaciones Humanas, primeros auxilios, técnicas y tácticas, radio comunicación, entre otros rubros.

La ley también contempla la creación del Consejo de Seguridad Privada del Estado, como órgano de consulta y opinión de la CES y la mejora continua de los servicios de seguridad privada que se presten en el Estado de Morelos.

Las empresas o personas físicas prestadoras del servicio serán sancionadas desde una “amonestación con difusión pública” hasta la clausura de instalaciones y revocación de la autorización para operar, en caso de transgredir las disposiciones legales que rigen su funcionamiento.

 En los artículos transitorios se estableció que quienes brinden servicios de seguridad privada y no cuenten con registro, tendrán 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para tramitar y obtener la autorización.

En un plazo máximo de 180 días naturales el Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos.

Paralelamente entró en vigor la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad pública del Estado de Morelos, que establece las bases de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la entidad, los municipios y los prestadores de servicios de seguridad privada, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

Son imputados como presuntos responsables de homicidio y violación de la pequeña.

Exigen al Congreso y al Ejecutivo más presupuesto para obtener aumento salarial.

Trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizaron un paro de labores y una marcha para pedir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que etiqueten presupuesto adicional para que puedan tener al menos un diez por ciento de incremento salarial, después de dos años de “castigo”.

Encabezados por la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, Leticia Castro Balcázar, los trabajadores realizaron un breve bloqueo sobre la calle Francisco Leyva del centro de la ciudad, frente a la sede del  Tribunal Superior de Justicia, para después iniciar una marcha con destino al Congreso del estado, ubicado a unas cinco cuadras del Palacio de Justicia.

La líder sindical expresó que la representación de los trabajadores sindicalizados estableció el diálogo con los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos para presentar su pliego de demandas y aumento salarial, pero la respuesta tajante fue que no hay presupuesto para atender las pretensiones de los trabajadores.

“No hay diálogo y los pocos que ha habido, pues aunque la Junta de Administración esté en la mejor disposición nos dice que el presupuesto ha disminuido y no hay para la base trabajadora aumento salarial. Con independencia de eso, no hay una etiqueta (de presupuesto) como tal y eso creo que es responsabilidad del patrón”, dijo.

Señaló que la movilización no es un reclamo, “lo que nosotros estamos pidiendo es el apoyo de los tres poderes para que hagan una consideración y se nos pueda dar esa partida presupuestal para un aumento salarial, ya que estamos castigados desde hace dos años”.

Consideró que hay discriminación hacia los trabajadores del Poder Judicial, porque mientras los burócratas del gobierno estatal y el Congreso local sí han recibido aumento a sus salarios y mejoras en sus prestaciones,  los empleados del Tribunal Superior de Justicia son olvidados en los presupuestos anuales.

A la marcha se sumaron trabajadores sindicalizados de las sedes judiciales de Jojutla y Cuautla; luego partieron con rumbo al Congreso, donde realizaron otro  bloqueo  breve en la calle Guillermo Gándara y sobre la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel. Posteriormente, el contingente  marchó hacia el centro de la ciudad, y estableció  por varios minutos un bloqueó la calle de Galeana, a la altura del Palacio de Gobierno.

De acuerdo con los miembros de la dirigencia sindical, se tienen programados nuevos paros laborales y movilizaciones para el próximo 17 de marzo y 13 de abril.  Además, se prevé invitar a los trabajadores de confianza a que se sumen a este esfuerzo por conseguir un partida presupuestal adicional para el Poder Judicial y lograr este año un aumento salarial digno.

Al medio día, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que expresó su respeto al derecho a la manifestación pacífica de los trabajadores sindicalizados y, pese al paro laboral, informó que  los empleados de confianza otorgaron el servicio a los justiciables en todas las áreas.

Recalcó que la petición de “un incremento del 10 por ciento al salario de los 400 trabajadores que integran dicha organización sindical por el momento es inviable”, en virtud de que para el ejercicio fiscal 2020 el Congreso local sólo etiquetó 549 millones de pesos para el Poder Judicial, de los cuales  25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 70 millones para el pago de decretos pensionarios.

Acusó que el Congreso no cumplió con la reforma constitucional que otorgó autonomía financiera al Poder Judicial y que previó que anualmente su presupuesto sería equivalente al 4.7% del presupuesto estatal.

“La Constitución Política del Estado de Morelos garantiza la autonomía financiera del Poder judicial, ya que de acuerdo al artículo 32 párrafo 2º  y del artículo 40 fracción V, de la misma, establece que al Poder Judicial se debe asignar lo equivalente al 4.7 por ciento del gasto programable; cerca de 850 millones de pesos”, señaló.

Y es que, de acuerdo con el cálculo del Poder Judicial, para cumplir con la reforma constitucional y la autonomía financiera faltan 301 millones de pesos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado pide a instituciones ser sensibles al movimiento #UnDíaSinNosotras y evitar presiones sobre trabajadoras que deseen manifestarse; el organismo invita a denunciar coacción o amenazas

Foro Morelense de Abogados acusa a la magistrada presidenta del TSJ por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, inició una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, por falsificar o alterar documentos presuntamente para modificar su nombre y fecha de nacimiento. En respuesta, Cuevas López desestimó la querella y se dijo víctima de violencia de género.

Indicó que existen indicios de que la representante del Poder Judicial habría incurrido en una conducta ilícita, lo cual resulta muy grave porque es la represente de un poder de Estado y la representante la institución responsable de velar por el respeto a la legalidad.   

“Acabamos de presentar una denuncia en contra de la magistrada presidente, María del Carmen Verónica Cuevas López, por los delitos que nosotros consideramos se pueden identificar, como es la falsificación de documento y el uso indebido del mismo documento, conforme se establece en los numerales que contempla el Código Penal Federal en sus artículos 243, 244 , 246.

“Recordemos que ella cuenta con dos actas de nacimiento, una de fecha de 1962 y otra de 1963, como consecuencia, ella también obtuvo, también tramitó dos CURP (Cédula Única de Registro de Población) y en el momento de hacer una búsqueda digital en internet, nos damos cuenta de que uno de los CURP corresponde a una persona diferente, a un tal Rodrigo Medrano.

“Entonces esta situación tiene que ser ventilada en las instancias jurídicas adecuadas como lo es el Ministerio Público Federal, para que le requiera a la presidente del tribunal y explique lo ocurrido con este tema. Lo delicado es que la titular del Poder Judicial se vea envuelta en situaciones de comisión de hechos delictivos y eso me parece que debe ser investigado”, explicó.

Subrayó que ante la presunción de que durante muchos años Cuevas López utilizó dos identidades y una de ellas corresponde a otra persona, el caso debe ser dirimido y aclarado ante el Ministerio Público Federal.

Consideró prudente que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso exhorten a la magistrada aclarar el tema y a separarse del cargo mientras transcurre la investigación.

Respecto a la posibilidad de que Cuevas López inicie acciones legales por considerar que hay un daño a su imagen, Martínez Bello sostuvo que sería acertada la decisión de usar la vía legal e insistió que con ello se podría dirimir en las instancias investigadoras y jurisdiccionales el caso.

A través de un comunicado y un video difundido por el TSJ, su titular, Carmen Cuevas López desestimó la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados e insistió en que, si hubiese algún error en sus documentos de registro de nacimiento, sería responsabilidad y competencia del registro civil.

Reiteró que los ataques en su contra provienen de “la perversidad que existe por parte de algunos actores políticos, que en medio de una serie de crisis sociales y económicas por la que atraviesa actualmente el estado de Morelos, así como de temas relacionados con la violencia hacia las mujeres, algunos prefieran darle importancia a este tipo de temáticas.

Además,  dijo ser víctima de violencia de género: “Que lamentable que en festejo del Día Internacional de la Mujer yo esté siendo violentada de mis derechos y que se estén dedicando a desprestigiarme, una y otra vez, al hablar de cuestiones que sólo me atañen a mí y no de las problemáticas sociales que realmente es de interés de todos los ciudadanos morelenses y que lacera a nuestras familias” 

Indicó que el tema de sus documentos de registro es “netamente personal”  y confió en que la autoridad federal desechará la denuncia.

En su derecho de réplica, María del Carmen Verónica Cuevas rechaza que haya alterado documentos para modificar su nombre y año de nacimiento.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, rechazó que haya alterado documentos para modificar su nombre y año de nacimiento.

En relación con la información difundida sobre la alteración de su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, y la modificación de su nombre (para agregar el nombre de Verónica) sin previo un juicio, señaló que son ataques infundados para desprestigiar su imagen de mujer honesta y aseguró que, si hubiese un error, sería atribuible al registro civil.

“Sería como ilógico el hecho de que yo me aumentara un nombre, yo tengo mis documentos desde la primaria y toda mi documentación con el nombre (Verónica). Si la CURP se sacó bien o mal, o que si en algún momento determinado hubo un error, es por parte del registro civil, lo cual no existe ningún dolo de mi parte (…) 

“Yo no veo ningún menoscabo, ningún perjuicio en detrimento en perjuicio de la institución, me parece una forma muy perversa de denostar mi imagen, tengo más de 28 años dentro del Poder Judicial y una de las características que se me ha reconocido es que soy una mujer honesta, porque a mí me gustan hacer las cosas de manera correcta”, dijo. 

Afirmó que hay una “guerra sucia” en su contra y se reservó su derecho a ejercitar acciones legales por los ataques a su imagen.

“Que lamentable es que quienes están atrás de todo esto se enfoquen en mí para poder hacer esa guerra sucia, creo que hay más temas que nos deben de avocar. Me parece muy extraño que este tema les llame tanto la atención como otros tantos temas que son de relevancia e importancia para el estado.

“Entonces lamento mucho que las cosas se manejen así y sobre todo que se denosten a las instituciones y las personas, en todo caso también me queda la acción que ejercitar en contra del daño moral que ejercen en mi persona”, estimó.

Insistió en que de ser necesario hará los trámites administrativos ante el Registro Civil para aclarar la situación y demostrar que no hubo tal alteración de nombre y fecha de nacimiento. 

De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, en el acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, con fecha 27 de junio de 1962, se inscribió el registro de María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

Pero la polémica surgió cuando un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma e-CURP la clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López con fecha de nacimiento  19 de enero de 1963, lo que supuso que habría modificado el año de nacimiento de 1962 a 1963 y agregado el nombre de Verónica.

Francisco Salinas Sánchez, exedil de Zacatepec, es acusado por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público.

El exsecretario de Turismo fue imputado por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por autorizar el pago de varios millones de pesos a “empresas fachada” para la realización de un concierto en la Arena Teques en mayo de 2014.

Jaime Álvarez Cisneros, ex  diputado por el partido Movimiento Ciudadano y ex secretario de Turismo,  fue imputado por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público por autorizar el pago de varios millones de pesos a “empresas fachada” para la realización del concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares en la Arena Teques en mayo de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se presentaron  ante la juez de control  más de 30 pruebas que implican al ex colaborador de Graco Ramírez en la autorización del pago de más de 12 millones de pesos a tres “empresas fachada" (están legalmente constituidas pero no realizan actividades económicas) por la organización, contratación y presentación de los artistas.

En la audiencia de imputación, la fiscalía argumentó ante la juez que la contratación de las empresas se realizó sin licitación y la presentación de los cantantes costó diez veces más que en otras entidades, pues por el espectáculo realizado  en Puebla,  los cantantes cobraron dos millones 400 mil pesos.

La fiscalía detalló que, de acuerdo al testimonio del representante de los cantantes, el costo por concierto incluyendo producción,  logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Ante la solicitud del agente del Ministerio Público, Álvarez Cisneros fue sujeto a medidas cautelares como no salir del país ni acercarse a la Secretaría de Turismo. La jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La FECC recalcó  que el artículo 20 constitucional establece que toda persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".

Hay cuatro personas bajo investigación; continúan indagatorias: FGE.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó que hay cuatro personas bajo investigación por el feminicidio de una niña, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del 28 de febrero en un campo de cultivo del municipio de Temixco.

No dio detalles de los avances de la investigación, pero  adelantó que las cuatro personas están siendo interrogadas para determinar su participación o no en la muerte de la pequeña de cinco años y existen sospechas sobre una de ellas.

“Tenemos personas aseguradas, estamos confirmando datos, todavía se continúa recabando información y yo creo que vamos a presentar cuando menos a una persona ante la juez de la causa hoy mismo”, dijo.

Sobre el tema, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, lamentó la muerte de la pequeña, quien aparentemente fue sustraída de su domicilio mientras se encontraba sola con su hermano de ochos años, ya que su madre salió a trabajar como vendedora de flores en uno de los puestos ubicados sobre la carretera.   

“Sin duda, él o los que hicieron esto sabían que la señora no estaba en casa, ella, hasta donde sabemos, se dedicaba a vender flores en la carretera y los dejaba solos. Entonces alguien de malos pensamientos y de mala entraña vio que estaban solos y se llevó a la niña”, explicó.

Dijo que, tras la ubicación del cuerpo de la menor y el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del estado, el hermano de la víctima fue puesto bajo la custodia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución encargada de velar por el bienestar de los niños.

“La ley también protege a los menores y aunque la señora no tenga los recursos necesarios debió haber previsto que no se quedaran solos los hijos. Sabemos que es una situación difícil por la condición de que tienen que salir a buscar el pan”, sostuvo.

Sistema de justicia no está respondiendo a las expectativas de la sociedad, expresan integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

Integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos exigieron a los tres Poderes del estado establecer políticas públicas eficaces en materia de seguridad, en virtud de que no hay resultados perceptibles y la sociedad está preocupada.

Ante la ausencia de posturas crítica del actual dirigente de la organización, Cristian Iván Velasco Alcocer, un grupo de abogados barristas realizó un análisis de la fragilidad en que se encuentra la administración y procuración de justicia estatal.

Los ex presidente de la Barra de Abogados José Luis Urióstegui Salgado y Alejandro Smith Vázquez, así como Marisela Camacho Castro, delegada de la organización en la región oriente,  y el litigante Ángel Enrique Arizmendi, coincidieron en que el sistema de justicia no está respondiendo a las expectativas de la sociedad.

José Luis Urióstegui Salgado expresó que  ni los presidentes municipales ni el comisionado estatal de Seguridad, ni los legisladores, ni los poderes Ejecutivo y Judicial cumplen con su función y sólo realizan acciones apenas suficientes para calmar a la sociedad.

“Exigimos al gobernador, alcaldes y áreas encargadas de seguridad que implementen programas efectivos y eficaces, establezcan líneas claras de cómo la población evite ser víctimas de delito, políticas de información para ser víctimas de robo de vehículo o comprar vehículos que han sido remarcados o re-documentados”, dijo.

Señaló que existe preocupación porque “no hay un programa o una política criminológica que nos permita establecer el devenir, en esa transformación psicológica de los delincuentes. Los que antes se complacían solo con robar ahora hacen daño, aunque sea innecesario, golpean o matan, y eso es también un trastorno social que nos va a golpear a todos, en Morelos o en cualquier parte de la República”.  

También exhortó a la población a colaborar en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia con su denuncia, pues sólo así se pueden focalizar acciones  en las zonas donde operan los delincuentes y generar lazos de solidaridad entre los colonos.

Los barristas exhortaron al Congreso a vigilar el desempeño del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, responsable de la procuración de justicia, así como del Poder Judicial del Estado de Morelos, que se encuentra en una crisis interna y externa que se ve reflejada en la escalada de amparos y controversias constitucionales, así como las resoluciones judiciales que le han sido adversas a la propia magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López.

“El tema de los jueces del fuero común es fundamental para lograr orden en el estado en los asuntos individuales, el tema de la fiscalía encargada de la investigación de los delitos, que no están dando los resultados deseables y el tema de justicia penal, que se ha convertido en esa famosísima puerta giratoria que permite que entren y salgan los delincuentes y que tengamos en Morelos un grado de inseguridad elevado. El tema de inseguridad nos ocupa y nos hace exigir a las autoridades que haya resultados”, resaltó Urióstegui Salgado.

Marisela Camacho Castro, delegada de la Barra de Abogados en la zona oriente, apuntaló:  “Hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial para que, en primer término, la magistrada presidente, así como los magistrados en Pleno se hagan responsables del daño que han causado al Poder Judicial, no solo al administrar justicia, sino también en su situación económica”.

Subrayó que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar con transparencia y pidió que los jueces sean seleccionados por exámenes de oposición, y no por amiguismos y compadrazgos como ha venido ocurriendo.

Incluso, resaltó que a personal con carrera judicial se le ha cerrado la puerta para aspirar a cargos de mayor rango, porque carecen de influencias políticas o “padrinos”.

De igual forma, se incrementó la demanda de gel antibacterial en los establecimientos comerciales

En menos de dos meses, la Corte concede tercera suspensión contra órdenes de destitución

Integrantes de la Asociación de Jueces del Estado afirman que las resoluciones que emiten son tomadas de manera razonada, profesional y apegadas a derecho.

Jueces rompieron el silencio y exigieron respeto a su investidura, luego de que en las últimas dos semanas el desempeño jurisdiccional de once juzgadores fue puesto bajo sospecha por las autoridades estatales, ante la presunción de  actos de corrupción y de que permitieron la liberación de presuntos secuestradores.

A través de un video difundido por el área de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los integrantes de la Asociación de Jueces del Estado de Morelos expresaron su inconformidad por los cuestionamientos a su labor y sostuvieron que las resoluciones que emiten son tomadas de manera razonada, profesional y apegadas a derecho.

“Últimamente se nos ha denostado y por eso nos atrevemos, todos los que estamos aquí y somos jueces en el estado de Morelos, a pedir el respeto a nuestra investidura, estamos aplicando la justicia como debe de ser.

“Si por alguna razón alguien se aparatara de esos principios que tenemos de ética, de profesionalismo, también seremos responsables de ese actuar. Luego entonces, les pedimos que estén tranquilos y en paz, habiendo armonía, habiendo justicia, habrá paz social siempre”, afirmó Mireya Díaz Cerón, presidente de la asociación.

Secundó la postura la juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del TSJ, Nancy Aguilar Tovar, al recalcar que la respuesta a los señalamientos no tiene la intención de buscar la confrontación sino de enviar un mensaje a la sociedad para explicar que la función de un juez no es política sino jurídica y que sus resoluciones son con base en lo que las partes involucradas en un proceso penal exponen en las audiencias, la cuales son públicas y permiten vigilar el desempeño de los juzgadores, los fiscales, los defensores y los asesores jurídicos.

Además, las resoluciones de los jueces pueden ser impugnadas y revisadas por una segunda instancia y los tribunales federales.

Rechazó la generalización de los señalamientos de corrupción contra los jueces, reprochó que se ponga en tela de su juicio su investidura y aseguró que pese a ello hay disposición a revisar los puntos endebles del sistema de justicia.

“Es por todo ello, que ante los señalamientos de corrupción que se han hecho en contra de los jueces orales es que enérgicamente rechazamos los mismos.

“No nos oponemos a la investigación de los delitos, pues cualquier acto de corrupción somos los primeros  que pedimos que estos se investiguen y en su caso, se inicien los procesos penales de manera enérgica, es así que hoy les queremos decir que estamos dispuestos de manera conjunta para encontrar los puntos débiles de este sistema y así buscar que no se siga  generando impunidad

“Todos los aquí presentes  somos parte de este estado, nuestras familias y nuestros hijos aquí habitan. Lo que les duele a ustedes también nos duele a nosotros. Sólo exigimos respeto a nuestra investidura como jueces”, concluyó.

El pasado 18 de marzo, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que once jueces del sistema de justicia penal están bajo sospecha de haber dejado en libertad en el 2019 a 64 de probables responsables del delito de secuestro.

De igual forma, la Fiscalía Anticorrupción anunció que iniciará carpetas  de investigación en aquellos casos donde se adviertan probables casos de corrupción por parte de juzgadores.

En una escueta reacción, el Tribunal Superior de Justicia reaccionó a los señalamientos al exhortar “a las instituciones judiciales y a cualquier otro funcionario a presentar las denuncias correspondientes en caso de contar con pruebas contundentes en contra del proceder de algún trabajador” de la institución, pues durante el 2019 2019, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos inició 205 procedimientos por diversas quejas y denuncias ciudadanas, de los cuales se emitieron 739 resoluciones administrativas, las cuales van desde el apercibimiento, hasta la destitución del puesto.

Sin embargo, hay casos de juzgadores que han generado polémica y puesto en la mira al resto de sus homólogos. El más grave, es el de juez Roberto Becerra, quien fue suspendido de sus funciones en abril de 2019 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la sociedad, ya presuntamente habría beneficiado a cambio de dinero a uno de los acusados del secuestro y asesinato del joven Tonatiuh Tlalapango, en octubre de 2016.

Otro caso, que también ha sido criticado, es el del juez Daniel Rodríguez Apac, quien presuntamente en estado de ebriedad arrolló a Pedro Portilla Herrera, trabajador del IMSS que viajaba en su motocicleta sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017.

El juez sigue en funciones y tanto la defensa legal de la familia de la víctima como abogados han criticado un posible influyentismo, ya que éticamente el funcionario debía separarse del cargo para solucionar el conflicto legal y que el TSJ no fuese juez y parte en el asunto.

El TSJ deberá reinstalar a dos jueces y dejar sin efecto los nombramientos de otros dos.

Justicia federal decreta que hubo exceso y defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con el concurso de oposición para la designación de 13 jueces.

Otro revés jurídico asestó la justicia federal a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, quien tendrá que reinstalar a dos jueces y dejar sin efecto los nombramientos de otros dos, al decretarse que hubo un exceso y defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con el concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales, que data de 2011, que ordenó solo dar a conocer a siete amparistas los motivos de su descalificación y no designación como juzgadores.

El pasado 9 de enero, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos destituyó a los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado, y en su lugar designó a Gabriela Chang Marroquín y Agustín Villalobos Salgado, con el argumento de que los cambios eran en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

Sin embargo, el Juez Tercero de Distrito, quien amparó a los aspirantes a jueces Miguel Ángel Bahena Santana, Fabián Gómez Peralta, Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, decretó que hubo exceso y efecto en el cumplimiento de la sentencia y la dio por no acatada.

De acuerdo con los argumentos del juzgado de distrito, la concesión del amparo fue para dejar insubsistentes dos circulares emitidas en noviembre de 2011. “Única y exclusivamente por lo que respecta a los peticionarios de amparo, a fin de ceñirse al principio de relatividad de los fallos de amparo” y, en su lugar, “dé a conocer a los quejosos las causas o motivos, así como los fundamentos que tuvo para su descalificación y no designación como jueces”.

Sin embargo, la Junta de Administración optó por destituir a los dos jueces y, en su lugar, nombrar a Chang Marroquín y Villalobos Salgado (dos de los beneficiarios de la protección de la justicia federal); hizo extensivos los efectos del amparo a otras personas que no eran quejosas; e ignoró los lineamientos dados por el juzgado de distrito.

“En ese sentido, y con base en las constancias que remitió la autoridad responsable, este Juzgador determina que la ejecutoria de amparo no ha sido cabalmente cumplida, pues -si bien- la autoridad responsable deja sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, mediante Acta de sesión extraordinaria de 8 de enero de 2020, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, procede a emitir una serie de consideraciones y, tabla de evaluación, empero, no se desprende una debida valoración como se determinó en la ejecutoria de amparo, tan es así, que determina pronunciarse sobre otras personas, lo cual no fue del alcance de la ejecutoria de amparo, por lo que se advierte que la autoridad responsable dejó de observar los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo.

“Además, sigue existiendo defecto en su cumplimiento, en atención que, por lo que hace al diverso quejoso Miguel Ángel Bahena Santana, en razón a que si bien refiere y alude hacer un estudio de sus exámenes donde asienta además una tabla de calificaciones de dicho quejoso, cierto también lo es, que hace mención y valuación de cuestiones que no fueron motivo de la ejecutoria de amparo, de lo que se desprende que no hizo un debido estudio y valoración de lo solicitado en la ejecutoria de amparo, y la forma de resolver en lo que hace a dicho quejoso; dejando de observar la ejecutoria de amparo.

“Siendo así y de la lectura de su determinación y conclusiones a criterio de quien resuelve, existe un exceso y defecto, es decir, está valorando exámenes respecto a personas que no recurrieron al amparo y lo cual excede en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, procede a realizar una tabla de calificaciones, y, a hacer una narrativa de sus calificaciones eliminando a los terceros perjudicados (Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado), cuando de la ejecutoria de amparo se señalan los lineamientos a seguir”, recalcó el juzgado de distrito.

En consecuencia, la Junta de Administración -en un plazo de tres días- deberá emitir una nueva resolución apegada estrictamente a los lineamientos del juzgado de distrito. De acuerdo con juzgadores y abogados consultados, esta determinación judicial implicaría la reinstalación de los jueces cesados y la remoción de quienes fueron nombrados en su lugar. Paralelamente, Romero Ulloa y Jaimes Salgado litigan a través del juicio de amparo su remoción del cargo.

Fallas jurídicas tienen a la institución en una crisis: Martínez Bello.

El Foro Morelense de Abogados exigió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, enfrentar moral y económicamente sus errores jurídicos, que tienen a la institución en medio de una crisis.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, lamentó que las malas decisiones y los abusos de poder tengan graves consecuencia para el TSJ, como lo es la reinstalación de funcionarios judiciales que fueron cesados y ahora deben ser reincorporados, ante la insistencia de Cuevas López de mantener en funcionamiento por más de un año a la Comisión Transitoria (del 5 de abril de 2018 al 3 de junio de 2019), por encima de su deber constitucional de instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos.

“En esta ocasión, como ustedes saben, están en el TSJ, están por reinstalar a más de una decena de jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que fueron removidos de su encargo.

“La comisión tenía como objetivo ser transitoria y no permanentemente, pero estuvo trabajando en la ilegalidad por más de un año, y durante ese tiempo, ahora la justicia federal está ordenando la reinstalación de los funcionarios judiciales con la restitución de salarios y prestaciones.

“Entonces, la exigencia del Foro Morelense de Abogados (es que) asuma de su peculio los salarios caídos para los jueces, secretarios de acuerdos y, por supuesto, los actuarios del TSJ que de manera ilegal fueron removidos de su encargo”, recalcó.

Advirtió que al solucionar un problema jurídico nacerá uno nuevo,  porque “¿qué va a pasar con los jueces que actualmente están fungiendo como tal? Hay más de una decena de jueces. Tampoco van a quedar ellos contentos en el momento en que se les remueva por instrucciones de la autoridad federal”.

Insistió en que el conflicto no tiene que ser absorbido por el erario o la administración pública, porque no fue  un error de los ciudadanos, sino de la misma magistrada presidenta, porque “son omisiones y son abusos permanentes que ha cometido la presidenta del tribunal, y como consecuencia, ella tiene que asumir su responsabilidad”.

Por otra parte, Javier Salgado, juez en retiro del TSJ, lamentó las decisiones equivocadas de Cuevas López, quien orilló a la crisis económica a más de una centena de trabajadores judiciales jubilados, cuyos decretos pensionarios fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el pretexto de conseguir recursos adicionales.

Dijo que a pesar de que la SCJN ordenó cumplir con las sentencias y pagar a los trabajadores en retiro, todavía hay quienes no reciben su pago completo.

“Aún se tienen adeudos con algunos de nosotros. No cabe duda que las decisiones tomadas al interior del tribunal, además de ser equivocadas, no han sido las correctas, por arbitrarias, violatorias de los derechos laborales, humanos y de seguridad social”, dijo.

Señaló que el calvario económico que pasaron los trabajadores jubilados y sus familias, como consecuencia del litigio iniciado por Cuevas López contra los decretos pensionarios, ni siquiera tuvo efecto sobre la asignación de presupuesto, ya que el Poder Judicial no obtuvo nada de incremento a su presupuesto, como pretendía, salvo los recursos para sufragar los adeudos que se originaron por la falta de pago a los trabajadores jubilados.

María Idalia Franco Zavaleta llama a detectar y subsanar fallas.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Idalia Franco Zavaleta, llamó a las instituciones operadoras del sistema estatal de justicia a realizar una autocrítica para detectar y subsanar fallas.

Luego de que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que existen 11 jueces penales bajo sospecha de haber facilitado “por error de criterio” la liberación de por lo menos 64 presuntos delincuentes, señaló que los órganos de vigilancia del Poder Judicial no han sido omisos en sancionar a aquellos jueces que han incurrido en conductas fuera de la ley.

Reconoció que algunos jueces que han sido sancionados han ganado amparos contra las sanciones impuestas por razones administrativas, pero eso no significa que puedan quedar impunes.  

“Hay resoluciones de visitaduría en que jueces han sido cesados. Quizá no ha sido abierta la postura del tribunal de comunicar cuáles son los que han manejado una resolución de este tipo. Hay muchos que están en amparo y que quizá han ido ganado por cuestiones de carácter administrativo, pero no de cuestión de fondo; pero sí ha habido resoluciones que el Poder Judicial ha manejado con relación a conductas inapropiadas de jueces, y ha habido sanciones quizá de suspensión temporal o una sanción mayor derivado de algunas conductas”, explicó.

Cuestionada sobre las sospechas expresadas por miembros de la Mesa de Coordinación para la Construcción, integrada por autoridades estatales y federales en materia de seguridad, consideró que debe hacerse un análisis preciso de cada uno de los casos de los juzgadores en la mira, y consideró necesario que las instituciones realicen un ejercicio de autocrítica para encontrar las fallas que existen a lo largo de la cadena de justicia.

“En una opinión personal, yo creo que habría que ver todo el contexto. Quien realiza una acusación de esa naturaleza, habría que ver qué antecedentes hay, habría que ver si las puestas a disposición fueron correctas. Habría que ver si CES actúo de manera correcta al momento que genera los informes de homologación. Habría que ver si el Ministerio Público hizo las acusaciones, porque -a veces- cuando vienen las acusaciones, nos vienen con un cierto parámetro. El sistema acusatorio es muy rigorista y tú no te puedes salir del rango”, expresó.

Insistió en que el sistema de justicia no es solo responsabilidad del TSJ,  es una situación operativa que involucra a todas las autoridades desde el momento de la detención de una persona hasta el dictado de una sentencia.

Tribunal colegiado admitió juicio de amparo promovido por ejidatarios de Tenextepango, municipio de Ayala.

Un tribunal colegiado admitió el juicio de amparo promovido por ejidatarios de Tenextepango, municipio de Ayala, y concedió una nueva suspensión para evitar que el agua del río Cuautla sea utilizada o desviada para alimentar la termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Luego de que en julio de 2019 el Juzgado Quinto de Distrito desechó la demanda de amparo promovida por los ejidatarios, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa ordenó su admisión y concedió la suspensión de pleno efecto de que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del Río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”.

Esta es la segunda suspensión que la justicia federal concede a ejidatarios, ya que en julio de 2019 el Juzgado Noveno de Distrito concedió la medida cautelar a los representantes del ejido de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, luego de siete años de protestas y un largo litigio.

Juan Carlos Flores, abogado del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala, expresó que “con esta resolución del tribunal colegiado y esta suspensión que se otorga, entonces demuestra al menos ahorita que los ejidos tienen a salvo sus derechos de dotación de agua, porque tienen un decreto presidencial que no ha sido modificado, no les ha sido expropiada el agua, ni la han cedido”.

Sergio Ortiz Fernández, representante del ejido de Tenextepango, afirmó que la suspensión impide que el caudal del río Cuautla sea usado para fines distintos al riesgo de los campos de la zona y afirmó “que no estamos dispuestos a ceder el agua de los ejidos para la termoeléctrica e invitamos a el presidente de la república a ser congruente con la cartilla moral que el mismo promulga, donde en el punto 11 habla (del) derecho y obligación de defender los recursos naturales”.

Ambos rechazaron la versión del delegado federal Hugo Erik Flores respecto que el uso del agua ya fue negociado con la Asociación de Usuarios del Rio Cuautla (Asurco) a través de un convenio, en virtud de que  Asurco es la asociación de ejidos, no su directiva, y cada ejido tiene a salvo sus derechos del agua, por lo que no existe tal convenio.

 “El gobierno no ha convenido con los ejidos dueños del agua del río Cuautla, los cuales poseemos y disfrutamos del agua actualmente para la producción de alimentos en el país. Recientemente, el 30 de enero de 2020, al menos ocho ejidos asociados en Asurco le dirigieron una carta al presidente de la república, ratificando su negativa a ceder el agua y denunciando las argucias con las que se les pretende dividir y obtener el agua”, afirmó el ejidatario.

Confía en que el aumento salarial haga más atractivo ese trabajo.

José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) confió en que las nuevas condiciones que se ofrecen a los policías municipales sea un detonante para reclutar a aspirantes para reforzar y remontar gradualmente el déficit del estado de fuerza de las corporaciones locales.

Proyectó que a finales de año por lo menos se gradúen 150 nuevos elementos de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y apeló al apoyo de los presidentes municipales para canalizar a posibles aspirantes, con la promesa de que cada elemento reclutado a propuesta de los ayuntamientos regresará a prestar sus servicios a los municipios.

“Nosotros hemos hecho un compromiso con los alcaldes para que ellos recluten gente, y puedan ingresar a la academia. Si ellos reclutan gente la promesa es que los que se gradúen se los vamos a devolver al municipio.

“También los estamos apoyando con un pre-filtro, que es hacer un examen psicológico en la academia, el cual con nosotros no tiene ningún costo, de tal manera que los que pasen ese primer filtro puedan después ir al C-3 a hacer su examen de control de confianza, que como ese si cuesta, perderán menos dinero (los ayuntamientos, quienes deben pagar esta evaluación) porque ya una vez en el C-3 el que no pase, no se devuelve el dinero, entonces es una manera de ayudar a los municipio”, explicó.

Sostuvo que el reclutamiento de aspirantes a policías ha sido complicado por los bajos salarios y la ausencia de prestaciones, pero consideró que el aumento a las percepciones que en breve recibirán los elementos de los policías municipales  que tenían salarios inferiores a los cuatro mil 200 pesos será un detonante y aliciente para los nuevos reclutas.

“El incremento a las percepciones que van a tener, que ya están por pagarles, va a ser detonante para que quiera ingresar mayor cantidad de gente. No era posible que quisieran  ser policías con un sueldo de dos mil, cuatro mil pesos, cuatro mil 200 pesos, entonces nadie quería arriesgar la vida por tan poco”, dijo.

Agregó que, además de incrementar el sueldo de los policías municipales a 10 mil 10 pesos, el Congreso etiquetó una partida de ocho millones de pesos para apoyar a las familias de los elementos que fallezcan en el cumplimiento de su deber, contarán con seguro de gastos médicos  y todos estarán inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Actualmente, están en servicio tres mil 800 policías municipales, pero de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales se requiere de tres elementos por cada mil habitantes o un total de 12 mil policías (seis mil en cada turno).

RECHAZO A JUSTICIA POR PROPIA MANO

Luego de que tres asaltantes fueran linchados en el municipio de Jiutepec y rescatados por la Policía, el titular de la CES comprendió el hartazgo de la gente ante estos hechos delictivos, pero rechazó que los ciudadanos deban hacer justicia por propia mano y llamó a ayudar a las autoridad con sus denuncias.

“No aprobamos nosotros, que nadie debe ni puede hacer justicia por propia mano. Afortunadamente logramos rescatar a los que querían linchar y convencimos a los que fueron afectados a poner su denuncia”, dijo e insistió en que, si bien la gente está harta de ser víctima de los delitos,  consideró que las personas que deciden actuar por su cuenta y al margen a la autoridad, en lugar en encontrar una solución podrían toparse con problemas jurídicos.

Se cumplió un año del asesinato del activista en Temoac.

Tribunales federales protegen a jueces y trabajadores de las decisiones tomadas por la comisión de transición del TSJ, instaurada ilegalmente por la magistrada presidenta.

Tribunales colegiados confirmaron la protección de la justicia federal a favor de más de un veintena de jueces y trabajadores judiciales, e invalidaron los procedimientos administrativos y sanciones que les fueron impuestas por los magistrados de la Comisión de Transición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque dicho órgano carecía de competencia y operó ilegalmente por más de un año.

De acuerdo con información recabada, la mayor parte de las acciones disciplinarias y sanciones impuestas por la comisión que integró la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón Vega, fueron por impugnadas ante la justicia federal que, en juzgados de distrito, declaró la incompetencia e ilegalidad de la cuestionada comisión y, en tribunales colegiados, confirmó el criterio.

Lo anterior, porque, una vez extinto el Consejo de la Judicatura, debió cumplirse con la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018, que ordenó la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El criterio adoptado por los juzgados y tribunales federales fue que, del 5 de abril de 2018 al 3 de junio de 2019, fecha en que se instauró la junta y se integró (lo cual todavía se dirime paralelamente ante la justicia federal por cuanto a la designación de la magistrada Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo) la Comisión de Transición no tenía competencia para iniciar procedimientos administrativos e imponer sanciones a personal judicial.

Incluso, los tribunales colegiados, también fijaron como criterio que era inoperante el acuerdo general de Pleno del TSJ, aprobado por un grupo de magistrados y con el voto de calidad de Cuevas López como magistrada presidenta el 15 de mayo de 2019, con el que se pretendió validar los actos de la Comisión de Transición

Este acuerdo fue rechazado por los magistrados disidentes, quienes habían advertido del galimatías legal y las consecuencias jurídicas que traería para el TSJ la negativa de Cuevas López de instalar en tiempo y forma la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

En consecuencia, dicha junta ha sido obligada a reponer los procedimientos y a emitir nuevas resoluciones debidamente fundadas y motivadas.

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lanza alerta por el aumento de la violencia de género   

Tribunal de juicio oral emitió la primera sentencia en Morelos por el delito de maltrato animal.

Un tribunal de juicio oral emitió la primera sentencia en Morelos por el delito de maltrato animal en contra de un hombre que, inicialmente fue acusado por robo a casa habitación pero posteriormente se le atribuyó el ilícito en contra de un perro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que el hombre fue detenido en diciembre de 2018, luego de que una mujer llegó a su domicilio, observó que todo estaba desordenado y se percató de la presencia de Sergio “N”.

Tras llamar a la Policía, el sujeto fue detenido y al revisar la escena del delito, fue encontrada una perra de raza pitbull sin vida y con diversas mutilaciones.

El hombre fue acusado inicialmente del delito de robo a casa habitación en grado de tentativa y maltrato animal, pero posteriormente el agente del Ministerio Público solicitó en la etapa intermedia que se realizarán los ajustes necesarios para un procedimiento especial en contra de Sergio, toda vez que de los estudios realizados resultó que es inimputable por presentar trastorno mental.

En consecuencia, el Tribunal de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones condenó a Sergio “N” a cinco meses recluido en el penal de Atlacholoaya en el área especial para inimputables. Esta sentencia es la primera en el estado de Morelos por el delito de maltrato contra animales domésticos.

El Código Penal de Morelos, en su artículo 327 establece sanciones "al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie de animal doméstico provocándole la muerte, se le impondrán de seis meses a un año de semilibertad. En caso de reincidencia o que concurra alguna de las circunstancias siguientes, se le impondrán de seis meses a un año de prisión".

Consejo Ciudadano de Seguridad exige indagar irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal.

El Consejo Ciudadano de Seguridad pidió a los Poderes del Estado implementar las acciones necesarias para investigar las irregularidades o fallas en el sistema de justicia penal, que permiten que los presuntos criminales evadan la ley, luego de que públicamente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que al menos 11 jueces están bajo sospecha por la liberación de al menos 64 presuntos secuestradores en 2019.

El presidente del consejo ciudadano, Rafael Rueda Moncalián, señaló que desde la última sesión del Consejo Estatal de Seguridad se planteó la necesidad de revisar varios casos de imputados que obtienen sulibertad, “porque la misma ciudadanía nos ha comentado en donde varios de los personajes que han sido asesinados, resulta que la mayoría tenía antecedentes penales, y chistosamente  se encontraban en la calle, como el caso que tuvimos en Plaza Bugambilias (un hombre asesinado el 27 de septiembre de 2019), un caso muy sonado, una persona con droga y armas de fuego (detenido) y al mes ya estaba en la calle”.

“Esto si puso el llamado, en donde los autoridades, nosotros como ciudadanía y como Consejo pedimos que se esclarezca dónde está mal, quién esta mal, ¿la Comisión Estatal de Seguridad, la cadena de custodia, la investigación que hizo la fiscalía o qué juez dictaminó que la persona no era culpable?.

“Y algo que es muy interesantes saber, que es lo más chistoso y hay una semejanza, que varios de los grupos de abogados son al parecer los mismos que tienen este  tipo de problemas, son los que  han  tenido la gracia de decir, de sacar libre a tanta gente”.

Indicó que todas las variables e intervinientes en el sistema de justicia penal tienen que ser revisados para saber qué está sucediendo, donde están las anomalías o fallas, y tomar las medidas necesarias para evitar que delincuentes sigan libres.

Por otra parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad informó que el 2019 cerró con una incidencia delictiva ligeramente a la baja, pero se registró un aumento significativo en los delitos de alto impacto y muy particularmente  en la extorsión.

De acuerdo con el recuento estadístico realizado por el órgano ciudadano, el año pasado concluyó con una incidencia de 43 mil 191 delitos,  que significó un descenso de 3.9 por ciento con respecto al 2018, que cerró con 44 mil 936 ilícitos denunciados.

Sin embargo, los delitos considerados de alto impacto registraron una alza significativa entre 2018 y 2019. Mientras en 2018 se reportaron 693 homicidios dolosos, el 2019 cerró con 911 casos, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego. El aumento significó una diferencia de 31.5%. y ubicó a la entidad en el sexto lugar de la incidencia de este delito.

Las estadísticas oficiales indicaron que particularmente el delito de extorsión se disparó 666.7%, pues mientras en el 2018 se denunciaron 24 casos, el 2019 cerró con 184 casos. El feminicidio aumentó un 39.8% con 11 casos más que en el 2018, y el secuestro subió 56.5% al pasar de 46 casos en 2018 a 72 casos denunciados 2019, lo que ubicó a Morelos en el primer lugar en el ranking nacional en la incidencia de este ilícito por número de habitantes.

También aumentó el robo a negocio, al registrarse mil 827 casos en 2019, 24.1% más que en 2018; la violencia familiar aumentó 3.6%; y el narcomenudeo aumentó 21.8%.

Detalló que los delitos que tuvieron baja en su incidencia fueron robo a vehículo, a casa habitación, a transeúnte y a transportistas, así como robo de motocicletas y violación.

Condena es la primera impuesta por un tribunal civil a efectivos del Ejército por cometer delitos contra ciudadanos.

Tribunal unitario dicta una pena de 38 años de prisión a dos militares por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, y uno más recibe una condena de nueve años por el delito de desaparición forzada.

Un tribunal unitario condenó a tres militares por el homicidio, la tortura y la desaparición forzada del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, cuyo caso sentó precedente nacional, al ser la primera condena que impone un tribunal civil a efectivos del Ejército  por estos delitos.

El abogado de la familia de Jethro, Cipriano Sotelo Salgado,  detalló que el pasado 10 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito resolvió el recurso de apelación 127/2019 y revocó la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito, que había impuesto una pena mínima de nueve años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada, y había absuelto del delito de homicidio a los elementos castrenses del 21º. Batallón de Infantería de la 24ª.  Zona Militar.

El Tribunal Unitario impuso una pena de 38 años de prisión a los militares José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, mientras que José Guadalupe Arias Agredano recibió una condena de nueve años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada en grado de encubridor.

El litigante afirmó que se consiguió no sólo fincar responsabilidad a los militares implicados en los delitos cometidos en agravio de Jethro, sino sentar nuevamente un precedente en el país, luego de que en el 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó acotar el fuero castrense y determinar que los militares pueden ser juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra ciudadanos, justamente al resolver el primer conflicto competencial entre un juzgado de distrito y un juzgado castrense, que involucró a un coronel de infantería de la 24ª. Zona Militar acusado de encubrir el asesinato de Sánchez Santana, ocurrido el 1 de mayo de 2011 en Cuernavaca.

Pese a este logró jurídico, dijo que “hubiésemos querido una condena mayúscula” y consideró que  fue “una sentencia light”, por lo que adelantó que impugnará la sentencia por la vía del amparo y buscará que se les imponga la pena máxima que, por ejemplo en el caso de homicidio, es hasta de 50 años de prisión.

Explicó que quienes perpetraron los delitos fueron militares, que eran son servidores públicos y que, entre otras cosas, tenían la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, proteger a la población civil y respetar los derechos humanos.

Indicó que también por la vía del juicio de amparo buscarán que se cuantifique la reparación del daño (que en un peritaje oficial se calculó en 16 millones de pesos) ya que el tribunal unitario en su sentencia dejó a salvo los derechos de la familia de la víctima para realizar la reclamación por la vía legal.

El 1 de mayo de 2011, Jethro Ramsés Sánchez Santana fue detenido por la policía municipal, tras una riña en el área de alimentos de la Feria de Cuernavaca. Según la policía, Jethro supuestamente habría dicho pertenecer al Cártel del Pacífico Sur y habría amenazado de muerte a los agentes municipales.

El joven, de apenas 25 años, fue entregado a la policía federal y luego a elementos del 21º. Batallón de Infantería de la 24ª. Zona Militar, para luego ser torturado y asesinado dentro de las instalaciones castrenses y su cuerpo fue inhumando clandestinamente en un paraje de Atlixco, Puebla.

El 30 de junio de 2011, la  Procuraduría Militar detuvo a los oficiales José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, quienes golpearon hasta la muerte a Jethro y lo inhumaron clandestinamente. Posteriormente, el coronel de infantería Guadalupe Arias Agredano, también fue detenido y señalado como quien ordenó “tirar” el cuerpo del joven.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que 11 jueces del sistema de justicia penal están bajo sospecha de haber dejado en libertad a más de medio centenar de probables secuestradores.

ONG también critican la normalización de las “revisiones de rutina” basadas en estereotipos.

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias alertó que los jóvenes son las principales víctimas de detenciones ilegales y expresó su preocupación por que en estados como Morelos  se ha normalizado las “revisiones de rutina”, basadas en estereotipos y prejuicios.

El observatorio, integrado por ocho organizaciones civiles de los estado de San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, Morelos y Ciudad de México, manifestó que la intención de presentar el Diagnóstico Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (Onda) es proponer acciones que permitan reducir las malas prácticas de las corporaciones policíacas municipales, estatales y federales, que desafortunadamente en algunos casos han terminado no sólo en la perpetración de abusos sino en la muerte de las víctimas.

En el caso de Morelos, fueron aludidos los casos de Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 27 años, detenidos por la policía municipal de Cuernavaca tras una riña en la feria de Cuernavaca el 1 de mayo de 2011 y entregado a militares, que lo torturaron y asesinaron; y recientemente la detención de dos estudiantes del Tecnológico de Zacatepec, quienes por equivocación fueron detenidos y acusados del asaltar a personal que repartía recursos del programa de “65 y Más”.

Denisse Rentería Cervantes, miembro del Colectivo Algaraza y representante del estado de Morelos, explicó que, salvo los datos que recaban los organismos de derechos humanos a través de las quejas, no existen cifras que permitan dimensionar la gravedad y la frecuencia con la que las corporaciones realizan las detenciones o “revisiones de rutina”, como parte de las “políticas de seguridad” sin cumplir protocolos y violentando los derechos humanos de las personas.

Expresó su preocupación porque la población juvenil recurrentemente es víctima de “revisiones de rutina”, que se sustentan en prejuicios, estigmas y estereotipos, lo cual “deriva de un discurso que criminaliza las personas jóvenes, responsabilizándolas del deterioro del entorno, el incremento de la violencia y el incremento delictivo”.

“Lo que nosotros señalamos como observatorio es que, ante la situación de violencia ninguna política tendría que ser violatoria de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las personas jóvenes, con quienes existe una deuda histórica para para atender los rezagos que vive esta población”, dijo al lamentar que últimamente la ciudadanía morelense ve “normal” que los jóvenes sean sujetos de revisiones sólo por su aspecto o por encontrarse en un lugar público.

Expresó que ante la inexistencia de estadísticas oficiales, el observatorio nacional lanzó la aplicación “Sindea”, la cual se puede bajar en Play Store y permite a las víctimas documentar las detenciones arbitrarias.

Detalló que esta aplicación permite enviar una alerta a las personas cercanas, almacenar fotos e imágenes cuando hay una detención y los datos de las víctimas están protegidos.

Agregó que una de las metas del observatorio es construir una plataforma digital que funcione como repositorio  de la investigación que se realiza en torno al tema, para dar seguimiento y monitoreo a las detenciones arbitraras en el país y la incidencia en políticas de seguridad, desde una perspectiva de derechos humanos, juventudes y género.

Al menos dos juzgadores están bajo sospecha de beneficiar a imputados: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) tienen en la mira a varios jueces orales, quienes están bajo sospecha de beneficiar a imputados.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que el área jurídica de la Mesa para la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz “ya está vislumbrando empezar a poner las demandas correspondientes de los casos que se están analizando, en donde hay algún juez que deliberadamente se ve que los está dejando salir” a los presuntos responsables de un ilícitos.

Indicó que por lo menos hay dos juzgadores que están bajo sospecha, y el área jurídica de la Mesa de Coordinación ya habría promovido una carpeta de investigación.

De igual forma, la fiscalía anticorrupción anunció que “iniciará carpetas de investigación por probables actos deshonestos por parte de algunos jueces”.

Indicó que “el Poder Judicial de Morelos se integra, en su gran mayoría, por mujeres y hombres honestos que enaltecen la importante función de administrar justicia; sin embargo, en nuestro quehacer hemos advertido posible corrupción en la actuación de algunos juzgadores”.

El anunció de la FECC se realizó en el marco del llamado del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción y las determinaciones de algunos jueces locales en casos que implican a ex servidores públicos, como en el caso del exedil de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, en el que un juez de control decretó no vincularlo a proceso por el presunto desvío de 19 millones de pesos, que fueron obtenidos del cobro anticipado del predial.

“Es por ello que -en este sentido- la Fiscalía Anticorrupción iniciará carpetas en aquellos casos donde se adviertan probables casos de corrupción por parte de juzgadores; en tanto, apelará la decisión de un juzgador de no vincular a proceso a José Manuel "N", exalcalde de Jiutepec, e iniciará carpeta para investigar la actuación de dicho juez. 

“Ante el malestar de la ciudadanía expresado en redes sociales por la no vinculación del citado expresidente municipal, esta Fiscalía aclara que esta persona no ha sido declarada inocente”, afirmó a través de un comunicado.

Finalmente, la FECC informó que –ayer- Agüero Tovar sí fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones, ya que el exedil benefició por tres años a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio de su propiedad por más de 58 mil pesos mensuales, para usarlo como corralón municipal.

El representante de los jueces en la Junta de Administración debe asumir el cargo, aunque sigue en su contra el proceso que cuestiona la legalidad de su nombramiento.

Alejandro Becerra Arroyo entrará en funciones de representante de los jueces en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, luego de que un tribunal colegiado revocó la suspensión concedida a una juez que impugnó la designación.

De acuerdo con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito dentro del incidente en revisión  286/2019, la suspensión otorgada por el Juez Séptimo de Distrito a la juez  del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mireya Díaz Cerón, sí causa afectaciones al interés social, ya que el órgano colegiado local no está debidamente integrado al no estar en funciones   uno de sus tres integrantes.

“Empero, siendo dos únicamente los integrantes sin la participación del tercero a quien se impide su actuación por medio de la suspensión, la Junta citada, no podría funcionar por mayoría, sino que tendría que ser unanimidad de sus integrantes, esto es, de no estar en funciones los tres miembros, no podría resolver por mayoría, sino que todas las decisiones se tomarían por unanimidad o no se resolvería nada al no contar con el tercer elemento que decida a qué opinión se uniría en mayoría.

“Además, las decisiones administrativas y de vigilancia son actos de gran trascendencia institucional y jurídica, por lo que, incluso, se debe exigir que, al emitirlos, los órganos competentes estén legalmente integrados, y a mayor abundamiento, por no existir disposición que impidan resolver por mayoría, entonces como ya se dijo, dos miembros no podrían resolver por mayoría; de ahí que aun cuando respecto de las resoluciones disciplinarias el legislador estableció expresamente que podrían tomarse por mayoría, no debe perderse de vista que se requiere la presencia de todos los integrantes para resolver, ya sea por unanimidad o por mayoría, en la que cumplan, además, con las garantías de fundamentación y motivación”, argumentó el tribunal en su resolución.

Recalcó que, de mantenerse la medida cautelar, “se pondría en riesgo el derecho de acceso a la justicia de los gobernados, es decir, de toda la sociedad”. No obstante, subrayó que la revocación de la suspensión no prejuzga el fondo del asunto, ya que la legalidad o no de la designación de Becerra Arroyo será materia de la sentencia de fondo.

Pese a esta resolución, persiste la polémica jurídica sobre integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, ya que existen varios juicios de amparo en curso y en revisión, que en los que se dirime la ilegalidad de los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces en el órgano colegiado que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura.

El criterio de los juicios de amparo hasta ahora resueltos –y que se encuentran en revisión- es que fue ilegal la designación porque se realizó solo con la asistencia y voto de nueve magistrados, y no existió el quorum necesario (la presencia de 12 magistrados) para llevar a cabo los nombramientos, y por ello se ordenó la reposición del procedimiento.

El Pleno del tribunal electoral concluyó ser incompetente para conocer de reglamentación interna del Congreso del estado, ante la modificación de comisiones legislativas

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, el exalcalde de Jiutepec habría incurrido en ejercicio abusivo de la función pública.

Por segunda ocasión en menos de una semana, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formuló imputación ante un juez al expresidente municipal de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, el exedil habría incurrido en el delito de ejercicio abusivo de la función pública, por haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio, ubicado en la en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, para utilizarlo como corralón municipal.

El agente del Ministerio Público expuso ante la juez de la causa JC/1278/2019, que Agüero Tovar, durante todo su trienio, mantuvo el arrendamiento del inmueble que era propiedad de su familia por un monto aproximado de 58 mil pesos mensuales, pese a la evidente existencia de un conflicto de intereses.

Detalló que desde el 2016 y hasta el 2018, el ayuntamiento de Jiutepec elaboró contratos de arrendamiento, sin licitar la prestación de los servicios de corralón, como lo prevé la ley.

La juez otorgó a la defensa del ex servidor público un plazo de 144 horas para la celebración de la audiencia de vinculación, y a petición del Ministerio Público se impuso como medida cautelar no salir del país.

Apenas el 10 de febrero pasado se realizó la primera audiencia de formulación de imputación, en la que la FECC acusó al exalcalde de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ex funcionario municipal se presume inocente, mientras no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial.

Critican que tampoco convocó a especialistas para la elaboración de protocolo que presentó en “acto mediático”.

Abimelec Morales Quiroz, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), criticó el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, el cual no fue sometido a la consideración de los consejeros por parte del ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ni contó con la participación de especialistas.

Morales Quiroz, quien fue miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante la exhumación de los cuerpos de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla, consideró que dicho protocolo parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas.

“Si algo está afectando el proceso de justicia en este país y en este estado, es que está lleno de discursos de funcionarios con buenas intenciones pero pocos conocimientos, de declaraciones mediáticas y acciones de un día que son sólo para la foto y salir en los medios; y tristemente pareciera que este protocolo es uno de esos casos”, afirmó.

A través de su cuenta personal de Facebook, reprochó al ombudsman que el documento, presentado el pasado martes en la Casa de la Cultura Jurídica, no fue comentado con los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM y “su realización coordinada con el IMIPE fue una decisión unilateral del Presidente de la Comisión que aseguró tener la legitimidad sobre el tema por haber participado en el proceso de exhumación de las fosas de Tetelcingo y Jojutla; pero obvió detallar que fue en calidad de notario permaneciendo todo el tiempo fuera de las vallas que delimitaban la zona de trabajo”.

Además de excluir a los consejeros, cuestionó  si el documento  contó  o no con la participación de especialistas, qué colectivos y familiares de desaparecidos fueron tomados para la redacción del protocolo, porqué fue usado el término “restos” cuando la palabra demerita la dignidad de los cadáveres  y, sobre todo, cuál es la experiencia del IMIPE para participar en un protocolo especializado.

“Estas y algunas otras preguntas quedaron sin respuesta en la presentación del documento que esperemos no se convierta en letra muerta ante la falta de legitimidad y aval de profesionales en la materia y colectivos de búsqueda de desaparecidos”, asentó.

Denya Flores Rendón habría obtenido su jubilación de manera ilegal.

Una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez a la ex candidata del PRD a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” que aprobó la anterior legislatura y quien presuntamente habría obtenido la jubilación de manera ilegal.

En cumplimiento de una ejecutoria de amparo, los magistrados de la Primera Sala del TSJ revisaron el caso y, por unanimidad, resolvieron confirmar la vinculación a proceso únicamente por el delito de fraude procesal, al considerar que el segundo delito que le fue imputado (uso de documento falso) era subsumido por el primero.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), fueron recabados más de 20 datos que indicaron que la ex candidata y ex directora de Recursos Humanos del Congreso local no cumplió con los requisitos previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para obtener una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como trabajadora del Poder Legislativo.

En abril de 2019 la actual legislatura revocó varios decretos de pensión por jubilación, a cuyo paquete se le llamó “pensiones doradas”, ya que los beneficiarios no solo no cumplieron con los requisitos de ley, sino que la mayor parte de ellos eran familiares y amigos de altos funcionarios de la administración graquista.

En el caso de Flores Rendón, en la revisión de su decretó se detectó que presuntamente usó documentos con información falsa para justificar 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

En noviembre pasado, la fiscalía anticorrupción rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico, como reparación del daño, de 48 mil pesos diferidos a varios meses, cuando hasta ese momento había cobrado 293 mil 592 pesos.

Ante la nueva resolución, la FECC continuará el proceso penal relacionado con la causa penal JC/698/2019 instaurada contra la ex funcionaria, quien se presume inocente en tanto no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El registro pretende velar por el derecho a la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) presentaron el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, que pretende velar por el derecho de la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

Dicho protocolo, el primero a nivel nacional y aunque no es vinculante u obligatorio, pretende ser aplicado durante el reinicio de los trabajos de exhumación de cuerpos en la fosa irregular que “administraba” la Fiscalía General del Estado en el panteón ubicado en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, donde hasta junio de 2017 se extrajeron 84 cuerpos.

Durante el ciclo de conferencias “Cuida el Universo de tus Datos Personales”, en el marco de las Jornadas de Sensibilización de Protección de Datos Personales, fue presentado este documento que, a decir de la CDHEM y el IMPE, fue elaborado a petición de familiares de víctimas.

Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acudió a la presentación y señaló que no hay precedente en el país de un protocolo de esta naturaleza para el tratamiento de los datos e imágenes de las personas que han fallecido.

“Que pasa cuando se encuentra un cadáver en una fosa clandestina, todos los servidores públicos que saben que tienen que hacer y que la ley dice muy claramente que le toca hacer, en todo ese proceso cuide datos personales. ¿Qué es un dato personal? todo aquello que identifica o hace identificable a una persona, el rostro…hay que cuidar fotografías, el nombre, el domicilio, edad, quiénes son sus familiares, esos datos personales”.

Es decir, añadió, “si no se tienen que publicar fotografías que no se publiquen, si no se tiene que dar mayor información, que no se dé más información, en el expediente de la investigación está todo, pero no hay necesidad de que ese todo esté publicado en un periódico”.

Respecto a las personas desaparecidas, sostuvo que es suficiente la tarjeta de identificación que se emite para su búsqueda, en caso de ser hallada muerta, “no hay ninguna razón sustantiva de fondo, para publicar datos que denosten (sic) la vida de una persona”.

Precisó que el documento no es vinculante u obligatorio, sin embargo es un documento orientador que puede coadyuvar a la protección de los datos personales de las personas fallecidas y sus propios familiares.

El protocolo tendría que ser aceptado por la Fiscalía de Morelos, que ya tiene su propio protocolo para cumplir con la cadena de custodia de las evidencias y de la escena del crimen.

Sin embargo, este documento tendría como objetivo no sólo concentrar lineamientos sino armonizar a todas las instancias involucradas.

Mireya Arteaga Dirzo, comisionada  presidenta del IMIPE, rechazó que el documento pretenda censurar a los medios de comunicación e insistió que fue elaborado con base en los testimonios de familiares de víctimas, concretamente relacionados con las exhumaciones  realizadas en Jojutla y Tetelcingo y donde no hubo el cuidado suficiente para proteger los datos personales.

Además, un exasesor del Congreso fue vinculado a proceso por presuntamente haber obtenido de manera ilegal su jubilación.

El expresidente municipal de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, fue imputado ante un juez por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por los presuntos delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. Además, un exasesor del Congreso fue vinculado a proceso por haber obtenido –presuntamente- de manera ilegal su jubilación.

A través de sendos comunicados, la fiscalía anticorrupción informó que como parte de la causa penal JC/1596/2019, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en la que se acusó al edil de Jiutepec de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

Indicó que la fiscalía presentó ante el juez 14 datos de prueba para sustentar la imputación al ex servidor público, quien como medida cautelar deberá acudir periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y, a solicitud de la defensa, el juez otorgó 144 horas como plazo para realizar la audiencia de vinculación a proceso.

Respecto al caso del exasesor de la Junta Política del Congreso durante la legislatura pasada, José Miguel Murillo Pardo, la FECC detalló que la juez de la causa decretó auto de vinculación por los presuntos delitos de fraude procesal, uso de documento falso y abuso de autoridad.

Explicó que el agente del Ministerio Público aportó datos suficientes que presumen que el imputado entregó documentos dudosos para acreditar una antigüedad de 22 años de servicio y, con ello, obtener -de manera irregular- una pensión por jubilación como trabajador al servicio del Estado, equivalente al 60 por ciento de su último salario.

Ambos exfuncionarios se presumen inocentes, en tanto no se aclare su responsabilidad por parte de la autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGE confirma que han sido detenidos ciudadanos venezolanos, colombianos y salvadoreños, principalmente, que han participado en actividades delictivas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si existen grupos de ciudadanos extranjeros dedicados a cometer actividades ilícitas, luego de la detención de un hombre de origen salvadoreño que presuntamente participó en el homicidio de un comerciante en el municipio de Jiutepec, la semana pasada.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, expresó que Morelos no es un  estado de paso para los migrantes, pero se ha detectado que ciudadanos de otras nacionalidades se han asentado en la entidad y, en algunos casos, sus actividades no son lícitas.

A pregunta expresa sobre si existe una banda de salvadoreños dedicada al cobro de piso, tras la detención de un hombre de esa nacionalidad por el homicidio del dueño una fonda, señaló que el caso se investiga y se determinará si se trató o no de un caso aislado.

“Es algo que se está investigando. Es un fenómeno migratorio. Tenemos gente de fuera y vamos a investigar si se trata de un caso aislado o si existen grupos de diferentes nacionalidades operando acá”, señaló.

Reconoció que han sido detenidos ciudadanos venezolanos, colombianos y salvadoreños, principalmente, que han participado en actividades delictivas, algunos han sido repatriados y otros han sido vinculados a proceso por la presunta comisión de delitos.

La única forma de consulta es a través del ejemplar impreso.

La resolución anula nombramiento de Elda Flores León como representante de los magistrados y ratifica que la creación de la Junta de Administración fue ilegal.

El Juzgado Séptimo de Distrito del Decimoctavo Circuito concedió la protección de la justicia federal al magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, e invalidó la designación de su homóloga Elda Flores León como representante de los magistrados ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al considerar que la magistrada presidenta Carmen Cuevas López violó los derechos humanos del quejoso.

Este el cuarto amparo concedido a magistrados que integran el bloque disidente y que, de manera individual, impugnaron la integración de la junta en la sesión del 3 de junio de 2019, porque durante la votación no existió el quórum para realizar la designación de un representante de los magistrados y un representante de los jueces.

A diferencia de otras resoluciones, en este caso el Juez Sétimo de Distrito determinó conceder la protección de los justicia federal al magistrado Elizalde Figueroa en “lo que respecta al acto reclamado, consistente en el acuerdo emitido en la sesión ordinaria de tres de junio de dos mil diecinueve, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se nombra a la Magistrada Elda Flores León, como integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como sus efectos y consecuencia”.

Además de considerar  que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, al no estar presentes al momento de la votación por los menos 12 magistrados para reunir el quórum, y “al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos que invoca la parte quejosa”.

En consecuencia, el juez federal ordenó que se “dejen insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido de que deberá no sólo requerir a la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación.

En los nueve juicios de amparo promovidos contra la integración de la junta, se ha concedido la protección de la justicia federal en cuatro casos y uno fue sobreseído. Las sentencias están en revisión en tribunales colegiados y cuatro más están pendientes de resolución.

El Poder Judicial debe recuperar credibilidad y orden constitucional, afirma.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, reconoció que aspira a la presidencia del TSJ, que se renovará el próximo 17 de mayo, pero solo formalizará su candidatura si hay condiciones de unidad, para poder implementar un proyecto estratégico para recuperar el diálogo, la credibilidad y el orden constitucional en el Poder Judicial.

En los últimos días, varias organizaciones civiles y de abogados se reunieron con Arenas Ángeles para externar su preocupación por los desencuentros y la crisis por la que a traviesa el Poder Judicial, en víspera del término del periodo de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López.

Agrupaciones como el Consejo Estatal de Abogados le expresaron su apoyo en caso de que decida contender por la presidencia del TSJ, por considerar que cuenta con los atributos como trayectoria judicial, credibilidad, apertura para dialogar y sensibilidad para atender la crisis interna y externa que atraviesa la administración de justicia.

Cuestionado sobre si está en condiciones de formalizar su candidatura, Arenas Ángeles explicó que no es tiempo de un “destape”, pero no negó su intención de competir por la representación del Poder Judicial solo sí se generan condiciones de unidad,  tanto en su postulación como para la implementación de un proyecto estratégico para recuperar la credibilidad y el orden constitucional en la institución.

“No podemos generar ahorita un planteamiento de un destape, ha sido la sociedad organizada la que me han (sic) invitado y me han externado que ven un buen perfil en mi persona, y no necesariamente por mi actividad crítica sino simplemente por la trayectoria que he desempeñado en los diferentes cargos.

“Sin embargo, yo no puedo ahorita destaparme, si tengo que reconocer que sí tengo interés, eso sí lo puedo  hacer. De hecho ya empecé a hacer un plan de trabajo estratégico que está construido en 17 ejes rectores”, explicó.

Detalló que el proyecto que elabora y que presentará a sus homólogos en vísperas de la elección del nuevo presidente del TSJ, consiste en garantizar la autonomía e independencia de sus juzgadores; retomar la carrera judicial; transparentar las acciones del Poder Judicial; crear un instituto de capacitación y profesionalización para los integrantes del Poder Judicial; crear un instituto de ética y jurisprudencia; retomar la facultad de decisión del Pleno y que la toma de decisiones no recaiga sobre una sola persona; retomar el diálogo y la unidad para resolver los problemas que enfrenta el Poder Judicial; terminar con el hostigamiento y persecución laboral; y recuperar la credibilidad del Poder Judicial en beneficio de la sociedad.  

También, dijo, corregir el gobierno judicial a través de una buena administración y disciplina financiera, “porque hoy existe un gran boquete de más de 126 millones de pesos por un exceso en el número de personas que se jubilaron, que prefirieron retirarse antes que continuar siendo blanco de hostigamiento laboral”, que fue la característica de la administración de la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

Recalcó que es necesario terminar con la confrontación que existe entre los Poderes del Estado, pero eso no va a ser posible en una persona.

“Yo lo que estoy proponiendo es un proyecto de unidad, en donde se logre un candidato de unidad con el mayor número de magistrados posibles. Estaré tocando la puerta de cada uno de ellos, para poderles explicar en qué consiste este proyecto y podamos tener las coincidencias.

“Y todo depende de que se generen los consensos y coincidencias para lograr este proyecto, que no es un personal, sino es un plan estratégico de carácter institucional”, recalcó.

El organismo defensor de derechos humanos requiere informe a la FGE sobre los hechos     

Insuficientes, recursos para homologar salarios en los 36 municipios: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad  (CES) anunció un incremento, hasta de un 100% en algunos casos,  a los salarios de los policías municipales, con la finalidad de dignificar la labor que realizan todos los días.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que lo ideal hubiese sido homologar los salarios de los policías de los 36 municipios, pero no había recursos suficientes y el compromiso es que en breve se hará el anuncio oficial del incremento de las remuneraciones de los elementos.

“No se va a poder homologar, va a ser un incremento a sus percepciones ¿Por qué? Porque no alcanzó el presupuesto. Yo quería que todos ganaran mínimo 12 mil, porque eso los pondría… hay municipios donde ganan cuatro mil pesos, cuatro mil 200 pesos al mes.

“Entonces, realmente el incremento va a ser muy bueno para ellos porque el que menos va a ganar, va a ganar 10 mil 10 pesos”, adelantó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que en el presupuesto del gobierno de Morelos los diputados etiquetaron 26 millones de pesos exprofeso para  dignificar la labor de los policías municipales, sobre todo en aquellas demarcaciones donde sus ingresos son inferiores a los tres mil pesos y carecen de seguridad social y seguro de vida.

Señaló que si bien es importante prescindir de los elementos que no desempeñen sus funciones correctamente y no aprueben los exámenes de control de confianza, también “estamos reconociendo que hay policías que prestan lealmente sus servicios al estado de Morelos y que no tienen condiciones adecuadas y optimas de subsistencia.

“Entonces la prioridad fue, y ya está en el presupuesto etiquetado, un incremento en las condiciones económicas de las policías municipales, que no será a cargo de los municipios sino a cargo del gobierno del estado”, recalcó.

Analizan descongestionar el penal de Atlacholoaya.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, informó que se analizan tres propuestas para descongestionar el penal de Atlacholoaya y evitar los problemas de hacinamiento que hoy padece.

Tras la mala calificación que  este centro de reclusión obtuvo en el último Diagnóstico Estatal Penitenciario, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, reconoció que existen problemas como la sobrepoblación y la saturación de celdas, que este año pretenden solucionar con base en tres proyectos en estudio.

Detalló que la primera opción es hacer una ampliación al penal, con la construcción de dos dormitorios adicionales, para aminorar las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las personas privadas de su libertad; la segunda alternativa es gestionar que las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, que originalmente fueron construidas como centro de arraigo de la otrora PGR y luego dado en comodato al gobierno de Morelos, se conviertan en centro penitenciario; y, la tercera, es construir un nuevo penal en el municipio de Yecapixtla.

Afirmó que en el primer semestre del 2020, las autoridades deberán tomar una decisión sobre cuál opción es viable, pero todo dependerá de la disponibilidad de presupuesto y los procesos legales que se tengan que realizar.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad, de quien depende el área de reinserción social, en el último año, la sobrepoblación del penal de Atlacholoaya pasó del 27 al 29 por ciento.

El fiscal general insiste en que el cuerpo habría sido reconocido por dos familiares de Jonathan Martínez Tijera.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó que fue iniciada una investigación para saber si personal de la institución fue negligente u ocurrió una “confusión desafortunada” de la familia, al confundir a un occiso con Jonathan Martínez Tijeras, quien esta vivo y recluido en un centro de rehabilitación.

A raíz de la denuncia iniciada por Felícitas Tijera, madre de Jonathan, quien acusó de omisiones y negligencia al personal de la fiscalía, al no haber permitido a la familia hacer la identificación física del cuerpo que creyó era de su hijo y sepultó en el panteón municipal de Yautepec,  señaló que la denuncia será tomada con toda seriedad para esclarecer qué ocurrió y quién miente.

Sostuvo la versión oficial de la fiscalía, respecto a que los dos hermanos de Jonathan ingresaron la madrugada del 16 de enero al anfiteatro de la fiscalía de la región oriente y reconocieron físicamente al occiso como su familiar, según consta –dijo- en documentos que fueron firmados e integrados a la carpeta de investigación, que negó estuviese desaparecida como acusó la familia denunciante y que él como fiscal general revisó personalmente.  

“Lo que vamos a hacer es investigar, tomar en serio esa denuncia, no es un juego lo que hacemos en la fiscalía, y vamos a revisar quién miente. Los órganos de control, los órganos de disciplina, de control interno, van a hacer su trabajo para definir a través de una investigación seria y objetiva, si lo que está diciéndose en la denuncia es verdad.

“Se tendrá que acreditar que en realidad no les pusieron el cadáver a la vista de manera correcta. Si esto fuera así, solamente si se acreditara que hubo omisiones, vamos a sancionar. No vamos a tener tolerancia para servidores públicos que hagan mal su trabajo, eso no lo vamos a permitir. Sin embargo, no podemos permitir cometer una arbitrariedad ni una injustica, vamos a investigar y llegar al fondo del asunto y vamos a dejar en claro quién está mintiendo”, expresó.

Insistió en que en la carpeta de investigación, que se inició con motivo del levantamiento del cadáver localizado el 14 de enero en la calle No Relección de la Colonia Centro de Yautepec, hay documentación que indica que la familia de Jonathan tuvo a la vista el cuerpo y asintió el reconocimiento, pero no descartó que los hermanos se hayan confundido porque el difunto tenía un parecido con su consanguíneo.

“Yo de una vez les digo que la familia pudo haber caído en una confusión desafortunada, porque la persona occisa tiene un parecido muy grande, muy importante, con la persona que está viva, se parece mucho”, reiteró.

Detalló que la familia del hombre fallecido (presuntamente por infarto) ya fue ubicada y se solicitará a un juez la autorización para inhumar el cuerpo y realizar las prueba de identificación para hacer respectiva entrega.

Declaran “extraviada” la carpeta de investigación abierta por el supuesto deceso de Jonathan Martínez Tijera.

Felicitas Tijeras Carvajal, junto con su abogado Miguel Ángel Rosete Flores, formalizó la denuncia contra personal de la Fiscalía General del Estado por incurrir en graves irregularidades, al haberle entregado el cuerpo de un desconocido que no era su hijo Jonathan Martínez Tijera, quien no estaba muerto sino recluido en un centro de rehabilitación.

La mujer, acompañada por uno de sus hijos, acudió a las instalaciones de la FGE en Cuernavaca para iniciar la denuncia, luego de que la carpeta de investigación  que se inició por el supuesto “deceso” de su hijo estaba desaparecida. Ni en el Ministerio Público de Yautepec ni en el Cuautla estaba el expediente.

Debido a que aún se encontraba conmocionada, se mantuvo alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, su abogado refutó las acusaciones de la fiscalía, que –por medio de un comunicado de prensa- atribuyó el error en la entrega del cuerpo a los hermanos de Jonathan, porque supuestamente ellos en su “comparecencia” ante el agente del Ministerio Público “reconocieron sin temor a equivocarse” el cadáver de su familiar.

“Quiero decir, en primer lugar, que es una comparecencia de ‘machote’ que ya está en las computadoras, porque ellos nunca tuvieron a la vista el cuerpo de Jonathan Martínez Tijeras. Ellos recibieron de parte de una funeraria el cuerpo en una caja sellada, en una caja de féretro que estaba sellada, que no se pudo abrir y no tuvieron contacto visual con el cuerpo”.

Incluso, señaló que “la funeraria La Piedad -empresa que se hizo cargo del cuerpo sin consentimiento de los deudos y les cobró 30 mil pesos- le está hablando en este momento a la familia porque dice que no tiene ni un solo documento de esa entrega, entonces le está pidiendo a la familia que le preste los documentos”

Dijo que estas “son situaciones graves, aberrantes que deben ser investigadas en un primer momento y ser sancionadas” y pidió que la fiscalía dé trámite inmediato a la denuncia

Expresó que al suplicio de la familia afectada se sumó la “pérdida” de la carpeta de investigación abierta por el supuesto deceso de Jonathan, por lo que esta circunstancia se sumó a la denuncia que ayer se inició contra los funcionarios de la FGE que resulten implicados en la cadena de irregularidades.

Señaló que la importancia de la carpeta es para revisar las “comparecencias” de los hermanos de Jonathan y las documentales integradas, y detectar todas las irregularidades.

Además, consideró indispensable que se revisen las videograbaciones de las cámaras de seguridad, porque así se podrá corroborar que la familia nunca tuvo a la vista el cuerpo y ahí inició la cadena de errores por parte de los funcionarios de la fiscalía.

“Dejémonos de dimes y diretes con la institución. Hay cámaras de video que en su momento se dejaron instaladas, que se abran, que se vean, que se analicen, si realmente tuvieron o no acceso al cuerpo, porque no se vale jugar con los sentimientos de una persona y no se vale revictimizar a una familia”, dijo.

Indicó que intentó comunicarse con el ex notario y actual ombudsman, Israel Hernández Cruz, pero no le ha recibido las llamadas y consideró que quizá se debe a la amistad con el también ex notario y fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara. Por ello, indicó que solicitará la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante las dudas que hay en torno a la imparcialidad del ombudsman estatal.

LA HISTORIA DEL MUERTO VIVO

Felicitas sigue en crisis. Hace apenas 18 días, la Fiscalía de la Región Oriente le entregó el cuerpo de su hijo en un ataúd sellado herméticamente. Nadie en la fiscalía le permitió ver los restos de Jonathan antes de ser confinados en el féretro. Lloró y lloró. Sepultó a su hijo y se despidió de él.

Sumida en pleno duelo, pasó lo inaudito. Jonathan, quien había desaparecido en octubre de 2019, no estaba muerto, sino recluido en un centro de rehabilitación para alcohólicos y la interrogante fue ¿quién era el hombre al que había sepultado?

En un acto de buena fe, la familia publicó en las redes sociales un mensaje (junto con una foto del hallazgo del cadáver) en el que narró lo ocurrido con la intención de que, si otra familia buscaba a un joven de alrededor de 30 años, podría ir a la fiscalía a reclamar la identificación.

Lo que pretendió ser un acto de humanidad, se convirtió en terror, pues supuestos familiares del difunto destruyeron la cruz colocada sobre la tumba del desconocido, en el panteón municipal “Ixtontlal” colonia 13 de septiembre de Yautepec.

Para colmo, Policías de Investigación Criminal (PIC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio de Felicitas para “sugerirle” que olvidara lo ocurrido y no realizara acción alguna contra personal de la institución.

El caso rememoró los errores y tropelías en que incurrió la FGE, cuando aún bajo la denominación de Procuraduría de Justicia, sepultó ilegalmente 117 cuerpos de personas no identificadas en las fosas de Tetelcingo y 84 en Jojutla, donde está pendiente la extracción de más restos humanos para la toma de muestras biológicas para pruebas genéticas y otros indicios, en busca de su identificación.  

Fiscalía omisa, revira abogado de víctimas; CDHEM inicia queja de oficio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) responsabilizó  a la familia Martínez Tijera del error de identificación y recepción de un cuerpo que no era el de Jonathan, joven desaparecido desde octubre de 2019 pero que en realidad estaba internado en un centro de rehabilitación. El abogado de la familia lamentó la revictimización y que la institución que dirige el fiscal Uriel Carmona Gándara haya omitido realizar una investigación sobre la actuación de su personal. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) ya inició una queja de oficio.

En un intento por sacudirse el escándalo, que rememoró las arbitrariedades en que incurrió la otrora Procuraduría de Justicia en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, la FGE emitió un comunicado para señalar como responsables del “error” a los hermanos de Jonathan, quienes supuestamente ingresaron al anfiteatro de la Fiscalía de la Región Oriente y ahí “reconocieron sin temor de equivocarse” el cuerpo de joven.

“Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

“Los hombres que mediante reconocimiento físico, afirmaron que el cuerpo sin vida correspondía a su consanguíneo, presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento del occiso y el acta de uno de los declarantes para acreditar el parentesco, formalizando la solicitud de entrega del cuerpo que se mantenía bajo resguardo del representante social en la región oriente, entrega que se realizó al cumplir con los requisitos de ley”.

De acuerdo con la FGE, las condiciones del cuerpo (cuya causa de muerte fue un infarto al miocardio) eran óptimas para el reconocimiento físico y no era necesaria una prueba genética, ya  que “dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron”.

Expresó que la fiscalía hará las gestiones jurídicas para la recuperación del cuerpo que fue sepultado bajo el nombre de Jonathan Martínez Tijera en el panteón municipal “Ixtontlal”, en la colonia 13 de septiembre de Yautepec, para su posterior identificación y entrega a sus familiares.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) consideró insuficiente el presupuesto que le fue asignado por el Congreso en la víspera del periodo preelectoral y adelantó que será necesario tramitar una ampliación presupuestal.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que el presupuesto de 28 millones no será suficiente para hacer frente al aumento de asuntos jurisdiccionales a partir del mes de septiembre, cuando arranca el periodo de precampañas para la elección de los candidatos a alcaldes, regidores y diputados.

Indicó que el tribunal requerirá la contratación de al menos 28 abogados para atender los procesos especiales sancionadores y demás asuntos jurisdiccionales que se deriven los procesos internos de los diversos institutos políticos para la elección de sus candidatos.

Agregó que el Pleno del TEEM valorará el impacto que tendrá el presupuesto asignado y no descartó que la vía para obtener recursos adicionales sea a través de una solicitud de ampliación presupuestal. 

La CDHEM, cuyas recomendaciones no son obligatorias, le conmina a disculparse con siete diputadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió la primera recomendación por violencia política, dentro de la cual pidió al diputado José Casas González ofrecer una disculpa a sus homólogas que fueron ofendidas con expresiones sexistas y discriminatorias, durante el debate legislativo de la sesión del 10 de octubre de 2019.

Las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz, Naida Josefina Díaz Roca,  Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, y Blanca Nieves Sánchez Arano promovieron tres quejas ante el organismo por considerar que Casas González, en alusión despectiva al género femenino, en la acalorada sesión afirmó que “es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” y que fueron usadas “por el tema de género porque sus maridos no pudieron ser diputados y la pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder”.

Además de otras expresiones como “a chillidos de marrano oídos de carnicero”, “¡al chile pelón!” y “les duele y les lastima ¡Lo siento compañeras! ¿pa’ que se meten en esto?”.

En su resolución, el organismo consideró que el diputado José Casas usó un lenguaje discriminatorio, misógino, sexista y no incluyente, y determinó emitir una recomendación dirigida al legislador y a la Mesa Directivo del Congreso local.

En su recomendación, la CDHEM pidió al diputado ofrecer en la próxima sesión una disculpa pública a sus homólogas en la tribuna parlamentaria, “en la que deberá manifestar que es en cumplimiento de la presente recomendación, reflejando su compromiso en lo futuro de utilizar un leguaje incluyente y no sexista que genere equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

También se le pidió inscribirse y cursar de manera aprobatoria el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”.

A la Mesa Directiva del Congreso, la CDHEM pidió que en este periodo ordinario de sesiones  elabore y apruebe el Código de Ética Parlamentaria, que deberá incluir sanciones a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género, medidas de amonestación suficientes para garantizar que se privilegie el diálogo inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional.

Finalmente, recomendó al presidente del Congreso, José de Jesús Sotelo, que exhorte a las y los diputados de la LIV Legislatura para que en lo futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la  violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre hombres y mujeres.

Reconvertiría el centro de arraigo de la Fiscalía General de la República.

El comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, insistirá en que las instalaciones que ocupa actualmente la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro se conviertan en un centro de reclusión para reos peligrosos y con ello despresurizar el penal de Atlacholoaya.

Recordó que las instalaciones que ocupa la fiscalía especializada fueron construidas como centro de arraigo de la otrora Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, con la finalidad de confinar ahí temporalmente a personas sospechosas o bajo investigación.

Consideró que esa infraestructura esta subutilizada, ya que en ese lugar existen celdas con una capacidad de mil 200 personas y cuenta con las condiciones de seguridad para poder mantener en reclusión a personas privadas de su libertad.

Detalló que se solicitará al gobierno federal (que cedió en comodato el edificio) que esa infraestructura pueda ser utilizada con fines de reinserción social y disminuir la sobrepoblación que existe en el penal de Atlacholoaya,  un factor que propició las riñas y los enfrentamientos entre reos, que el año pasado tuvo un saldo de nueve muertos y 14 lesionados.

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El organismo exhorta a las autoridades educativas de todos los estados a abstenerse de implementar el programa, por ser una medida que violenta los derechos de los menores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades educativas de todas las entidades a abstenerse de implementar el llamado “Operativo Mochila”, por ser una medida que violenta los derechos de los menores, reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El organismo nacional expresó su rotunda oposición a esta medida,  porque existe el riesgo de generar excesos de aplicación, discriminación y estigmatización en las estrategias de revisión de mochilas pertenencias de los estudiantes.

“Como no existen protocolos homologados en la aplicación del operativo “Mochila Segura” se exponen todas las pertenencias del alumnado a la vista. Las revisiones las realiza personal de seguridad pública uniformado y en ocasiones armado, y se utilizan binomios caninos y detectores de metales. Lo cual genera temor e incertidumbre, y genera un clima amenazador entre los alumnos y alumnas.

“Asimismo, en ocasiones las revisiones han implicado tocar el cuerpo de las y los estudiantes o pedirles que se quiten la ropa, lo cual atenta contra su dignidad e intimidad, además de que se excluye en este tipo de revisiones al personal docente y administrativo”, recalcó.

Llamó a las Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los gobiernos de las 32 entidades federativas a no implementar ese tipo de medidas, por considerarlas reactivas, carentes de eficacia y que pudieran propiciar violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Pidió a las autoridades a que cumplimenten y consideren las propuestas contenidas en la Recomendación 48/2019 y, en sustitución de los operativos de revisión de las pertenencias, sugirió optar por acciones preventivas y de apoyo a los menores, a sus familias y otros cuidadores, para emprender acciones que impulsen prácticas amorosas, positivas, sin violencia y que se propicien vínculos de confianza entre familias y sus hijas e hijos.

“La CNDH impulsará un acercamiento con la Secretaría de Educación Pública, para la revisión de las acciones de prevención y protocolos para la atención de la violencia en los contextos escolares con que cuenta.

“Esto con el fin de contribuir a la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar que todas las medidas que se implementen con ese objetivo sean compatibles con la dignidad y derechos de las personas menores de edad”, concluyó.

Autoridades mantienen hermetismo sobre la posible extracción de cuerpos en la zona; diligencias iniciaron desde el martes.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno confirmaron que se realizan diligencias en el municipio de Amacuzac para la ubicación de fosas clandestinas y la posible extracción de cuerpos.

Ambas autoridades mantuvieron hermetismo sobre las actividades que comenzaron la mañana del martes y que , hasta el cierre de edición, continuaban en el municipio de la región sur que colinda con el estado de Guerrero,  donde el cártel de “Los Rojos” desde hace más de una década asentó su bastión.

Durante la inauguración de las nuevas oficinas del Ministerio Público en el municipio de Yautepec, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara confirmó a los medios de comunicación el despliegue policíaco y ministerial en aquella zona, pero rechazó dar detalles hasta que se concluyan los trabajos.

Sin embargo, se confirmó que personal de Servicios Periciales realizó diligencias en el estacionamiento del mercado municipal y el predio donde se realiza el tianguis ganadero  de Amacuzac, así como en un tercer punto no revelado.

Extraoficialmente trascendió la presunta ubicación de fosas de donde se habrían extraídos varios cuerpos, pero las autoridades rechazaron informar a los medios de comunicación sobre los avances de las diligencias ministeriales y si efectivamente fueron localizados restos humanos.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, refirió que las actuaciones que realiza al respecto la FGE están relacionadas con una investigación estatal (presuntamente por secuestro y homicidio).

- Secretario ¿qué nos podría confirmar de un operativo que se realizó ayer en Amacuzac buscando unas fosas?,  se le preguntó.

- Sí, es información que no puedo dar detalle en este momento pero se realizaron operativos y cateos en esa zona.

- ¿Cuántos cuerpos han sido localizados? se habla desde tres hasta 17 cuerpos

- No tengo la libertad de dar esa información, pero tan pronto se tengan los resultados se darán a conocer.

- ¿Tampoco hay detenidos?

- No tengo el resultado, todavía están llevándose a cabo (las diligencias), el día de hoy incluso, y entonces cuando se tengan los resultados se darán a conocer.

-  Sabemos que no puede dar datos precisos por la investigación, pero cuando menos confírmenos cuántos puntos son los que se están revisando y si se trata de una investigación federal o local en esta zona, que sabemos es el refugio de “Los Rojos”.

-  Son tres puntos donde están haciendo estas revisiones.

- ¿Sería el mercado, el tianguis ganadero y cuál otro?- se le insistió.

- No puedo dar las ubicaciones especíicas- aseveró Ojeda Cárdenas.

Cuestionado también sobre si estas diligencias están vinculadas a personajes del cartel de “Los Rojos”, el funcionario confirmó que efectivamente forman parte de las investigaciones asociadas a figuras de la organización delictiva pero rechazó dar nombres.

Hasta el momento se ha especulado que las investigaciones giran en torno al clan del ex capo Santiago Mazari Hernández y su tío, el ex diputado y alcalde electo de Amacuzac.

En el caso del primero, se le atribuyen varios delitos federales y estales, como delincuencia organizada, secuestros y homicidios, y se encuentra preso y sujeto a proceso judicial.

En el caso del ex legislador, se encuentra detenido en el penal federal de Durango, acusado del presunto delito de secuestro de un ganadero de la región sur, y está en espera que se resuelva una apelación, que determinará si continúa o no bajo proceso penal.  

Los verificentros todavía están en proceso de actualización de sus sistemas informáticos.

Temporalmente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos no realizará operativos de inspección a los automovilistas hasta que estén en funcionamiento los verificentros, que todavía se encuentran en proceso de actualización de sus sistemas informáticos.

El 25 de enero entró en vigor el decreto de expedición del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos 2020, el cual fue actualizado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017, que establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuyas entidades integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Una de las particularidades de la norma es el establecimiento de nuevos métodos de prueba para la medición de emisiones, de requerimientos mínimos de la plataforma tecnológica para el manejo de la prueba del sistema de diagnóstico a bordo (SDB u OBD II) y de procedimientos de evaluación que requieren de la supervisión de la autoridad.

El nuevo Programa de Verificación Vehicular Obligatoria estableció que los Centros de Verificación Vehicular autorizados deberán adquirir la figura jurídica de Unidad de Verificación Vehicular, y concedió una ampliación del plazo para verificar hasta el 30 de marzo del 2020, a los propietarios y poseedores de vehículos automotores destinados al transporte particular, privado o público, de carga o de pasajeros, con o sin itinerario fijo, únicamente con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo.

Sin embargo, el gobierno de Morelos publicó este lunes una adenda al decreto en la que estableció que “para que los Centros de Verificación Vehicular autorizados en el Estado de Morelos, puedan prestar el servicio de verificación vehicular se requiere que así lo determine la Secretaría (de Desarrollo Sustentable), una vez que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en el ámbito de su respectiva competencia, verifique que los proveedores de sus equipos, programas de cómputo y servicios operen correctamente los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y condiciones establecidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, las Normas Oficiales Mexicanas en materia de verificación vehicular” y otros disposiciones.

Adicionalmente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, durante el periodo en que no se puedan prestar los servicios de verificación vehicular, no llevará a cabo operativos o acciones de inspección o vigilancia a los propietarios de vehículos automotores que circulan por el estado de Morelos, para no generar  infracciones ni la consecuente imposición de las multas.

Gerardo Rivera Ayala resultó lesionado en un presunto intento de asalto a su negocio.

Vecinos del municipio de Tepoztlán exigieron a la Fiscalía General del Estado esclarecer el ataque sufrido por el ayudante municipal de Huilotepec, Gerardo Rivera Ayala, quien resultó lesionado durante un presunto intento de asalto a su negocio.

De acuerdo con los vecinos del poblado, que realizaron una protesta frente a la ofrenda a las víctimas en Palacio de Gobierno, la mañana de este lunes el ayudante municipal fue herido en una pierna dentro de su negocio.

Y, aunque aparentemente se trató de un intento de asalto, para los vecinos la agresión puede estar relacionada directamente con las actividades que Rivera Ayala realiza como autoridad auxiliar, ya que en los últimos meses realizaba gestiones para que un predio de cuatro hectáreas, que anteriormente fue un centro de producción de la empresa Bachoco y que permanecía abandonado, fuese expropiado para realizar alguna obra en favor de la comunidad.

Pero existen particulares interesados en apropiarse de ese predio y esta es una línea de investigación que debe seguir la Fiscalía General del Estado para esclarecer el delito.

“Él está llevando un proceso para recuperar un predio en favor de la comunidad, para  el bien común, para que se pueda darse uso para un hospital, una escuela y demás, y parece que también por ello había recibido amenazas. Desconocemos si de ahí partió esta agresión, pero es un punto a contemplar, por lo que sí exigimos que sí se lleve una averiguación y que se realicen las investigaciones pertinentes”, dijo Karina Vara Rodríguez, habitante del poblado de Huilotepec.

Dijo que es estable el estado de salud del ayudante municipal, pero con  pronóstico delicado porque el balazo daño la arteria femoral.

Afirmó que la petición de los vecinos es que la fiscalía integre debidamente la carpeta de investigación, sin descartar la línea de investigación relacionada con las actividades en favor de la comunidad.

“Como lo marca el bando de policía y buen gobierno de nuestro municipio, el ayudante municipal de colonias y comunidades es una autoridad auxiliar del ayuntamiento municipal en turno, por lo que exigimos que como integrante de la actual administración, se agoten todos los recursos  con los que cuente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes que lleven a la detención y posterior castigo de los responsables de los hechos.

“De igual forma, solicitamos estrategias de seguridad tangibles que puedan garantizar la seguridad de todas las personas que aquí habitamos”, recalcó.

Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.

Junto con el extesorero Eduardo Sotelo Nava, son señalados desde 2016 por el presunto delito de peculado.

Nuevamente, el  ex rector y el ex tesorero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo Nava, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de peculado.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), informó que la juez de control Nancy Aguilar Tovar resolvió vincular a proceso a ambos ex funcionarios universitarios, quienes fueron denunciados en 2016 por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) por el presunto desvío de recursos, tras haber tramitado y obtenido a nombre la UAEM un crédito por 600 millones de pesos con el Banco Interacciones, sin haber solicitado autorización del Congreso local, aunque en la época en que se gestionó el crédito ese no era un requisito.  

De estos recursos, según la FECC, se presentaron indicios de que 450 millones de pesos que debían ser usados para salarios y servicios generales, aparentemente fueron canalizados a la realización de obras.

A solicitud de la fiscalía anticorrupción, la jueza otorgó tres meses para el cierre de la investigación por el presunto delito de peculado, relacionada con la causa penal JC/860/2017.

El caso se ventila en tribunales desde 2017, cuando en octubre de ese año un juez dictó auto de no vinculación a proceso al ex rector y ex tesorero, pero en apelación una sala del TSJ revocó el fallo y ordenó emitir una nueva sentencia, que siguió el litigio hasta los juzgados federales.

Líder de la organización de litigantes critica política en materia de seguridad.

El Foro Morelense de Abogados condenó el asesinato del litigante Paul Zaragoza Popoca, y criticó los resultados de la política en materia de seguridad pública.

El presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, lamentó que el litigante haya sido cobardemente asesinado en el interior de sus oficinas en la ciudad de Jojutla y adelantó que podría promover acciones jurídicas para impulsar el esclarecimiento del crimen.

“He convocado a una asamblea extraordinaria del Foro Morelense para determinar las acciones jurídicas que vamos a emprender, porque este tema no se puede seguir permitiéndose, es decir, el deceso, el homicidio artero del licenciado Paul Zaragoza no puede seguir así”, dijo.

Exigió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del crimen.

“A la fiscalía le exigimos que lleve a cabo las investigaciones de manera correcta, para que se pueda dar con los responsables”, dijo y señaló que todos los integrantes del gabinete de seguridad están obligados a rendir cuentas y resultados a los morelenses.

A cuatro años de los hechos, la madre de la menor denuncia la indolencia de autoridades judiciales en el tratamiento y seguimiento del caso.

Por cuarto año consecutivo, Rosa Isela Sotelo recriminó la inacción de la Fiscalía General del Estado para esclarecer el paradero de su hija Yamile Sinai Silahua Sotelo, secuestrada la mañana del 11 enero de 2016 cuando se dirigía a la escuela junto con su hermana.

Frente a la ofrenda a las víctimas instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, la madre de la menor reclamó la indolencia de la fiscalía estatal y, especialmente, del Poder Judicial del Estado de Morelos, que permitieron que los sospechosos del plagio de su hija burlaran la ley y hoy gocen impunemente de la libertad.

Y es que una de las líneas de investigación es que la menor fue privada de la libertad con fines de trata de personas. La hermana de Yamile fue testigo y habría identificado a varios de los presuntos secuestradores, quienes a pesar de haber sido detenidos fueron liberados.

“Hoy, desde este lugar que es un homenaje a las víctimas de la indolencia de las autoridades de justicia de todo el país, y muy especialmente del Poder Judicial del Estado de Morelos, que deja libres a asesinos, secuestradores, tratantes, integrantes de la delincuencia organizada, o niñas de 10 a 14 años que desaparecen cotidianamente en este estado y todo el país y a quienes se les niegan las órdenes de restricción o el acceso a la justicia.

“Desde que la sala del tribunal nos negó la apelación a la indignante sentencia que dictó el tribunal de juicio oral y que dejó en libertad a los que mi hija identificó como los que se llevaron a su hermana, no tenemos conocimiento de que la Fiscalía Regional esté realizando una sola diligencia con el propósito de buscar a mi hija”, reprochó.

A cuatro años del secuestro, la madre de Yamilet afirmó que la Fiscalía General del Estado no ha agotado todas las líneas de investigación y han deslindado en la familia la responsabilidad de continuar las indagatorias, pese al riesgo que ello implica.

Sin embargo, advirtió que aún contracorriente “no nos vamos a rendir, desde este lugar, venimos a exigir la localización y presentación con vida de mi hija. Invoco en favor de mi hija la debida diligencia y el interés superior de la niñez y manifestamos nuestro compromiso con Yamile de seguir en pie de lucha hasta encontrarla”.

Tres mandos de la CES involucrados en el caso Cuautla son investigados.

El comisionado estatal de seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que tres mandos de la CES involucrados en el caso Cuautla sólo fueron suspendidos de funciones policiales y están en actividades administrativas.

Tras culminar su comparecencia ante un grupo de diputados de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso, señaló que Raúl Gómez Cruz, conocido como “El Piloto”, y encargado del área de inteligencia de la CES; Gamaliel González Ravelo, otrora responsable del Mando Coordinado en Cuautla,  y Ángel Landa Hernández, director de Proximidad, siguen bajo investigación, y mientras se desahoga el asunto permanecerán laborando en áreas administrativas.

En torno a la insistente mención de “El Piloto” en mantas colocadas en varios puntos de la ciudad de Cuernavaca, donde lo vinculan con presuntos actos delictivos, afirmó que la Fiscalía General del Estado indaga tanto la procedencia como el contenido de esos mensajes.

“Si la fiscalía le finca responsabilidad, que le apliquen la ley como debe de ser. No lo estoy protegiendo, únicamente no lo voy a dar de baja por una manta que -para mí- es un acto de cobardía, cuando pudieran ir a denunciar directamente a la fiscalía”.

Reconoció que la FGE investiga el contenido encontrado en un teléfono celular que fue dejado junto a una de esas mantas y que, supuestamente, contiene pruebas de la comisión de diversos delitos.

Señaló que en el aparato únicamente aparece una foto de Raúl Gómez Cruz, que fue descargada de Plataforma México, y en la que se le acusa de violencia familiar en el estado de Veracruz, pero no existe algún otro indicio que lo vincule hasta ahora con una actividad delictiva, pero será la fiscalía la que realice las investigaciones y determine si hay o no pruebas de las acusaciones.

El Poder Judicial presume recaudación histórica a través del órgano.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presumió una recaudación histórica en el Fondo Auxiliar, magistrados disidentes insistieron en que la administración de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, debe ser auditada, incluyendo el manejo de dicho fondo, conocido como “la caja secreta” del Poder Judicial.

A través de un boletín de prensa, por primera vez en toda la gestión de Cuevas López, el TSJ informó sobre el monto acumulado en el fondo y aseguró que en el 2019 recaudó 19 millones de pesos, cuyos recursos amortiguaron el recorte de 150 millones de pesos que sufrió su  presupuesto el año pasado.

“Encontré el Fondo Auxiliar con seis millones de pesos, nosotros terminamos con una recaudación de casi 19 millones de pesos. Eso habla de orden y disciplina en el Poder Judicial. Los recursos de copias certificadas que nunca llegaban al Fondo Auxiliar, hoy están bien invertidos para mejorar la calidad en el servicio de los justiciables”, aseveró Cuevas López a través del boletín informativo, en el que reiteró su disposición a que su gestión sea auditada, como lo solicitó un grupo de magistrados.

Los recursos del Fondo Auxiliar fueron invertidos en la implementación de salas lúdicas y sala de lactancia; habilitación de espacios para el Centro Morelense de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos; y el Juzgado en materia de oralidad mercantil.

Además, se invirtió en la capacitación de jueces, secretarios de acuerdos y  personal judicial; la realización del Congreso Euroamericano de Derecho de la Familia; proyectos de tecnología de la información y comunicación para mejorar las condiciones de conectividad entre los inmuebles del Tribunal; el sostenimiento del CENDI y gastos operativos del TSJ como servicios de luz, agua, telefonía y seguridad.

En contraste, el grupo de magistrados disidentes reiteró su petición al Congreso local para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realice una auditoría especial a la gestión de Cuevas López.

De acuerdo con los opositores de la magistrada presidenta, en los últimos cuatro años no existió una verdadera rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos y el Fondo Auxiliar fue ocupado como “la caja secreta” del Poder Judicial, cuyos ingresos y egresos se desconocen, ante la opacidad que prevaleció en esta administración.

Desde el hostigamiento hasta la divulgación de imágenes sexuales sin el consentimiento de la persona, se castigarán hasta con cuatro años de prisión y multa económica

Para permanecer 20 años como magistrada.

Fiscalía podrá solicitar la información financiera necesaria relativa al presunto desvío de recursos imputado a la exdiputada.

Una juez de control repone el procedimiento que permite nuevamente a la Fiscalía anticorrupción formular imputación al exrector de la UAEM y al extesorero Eduardo Sotelo Nava, por presunto peculado.

La promoción de un nuevo juicio de amparo mantiene en vilo el concurso de oposición convocado desde el 2017 para la selección de 13 jueces mixtos y menores.

La promoción de un nuevo juicio de amparo mantiene en vilo el concurso de oposición para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que desde el 2017 fue convocado por la magistrada presidente, María del Carmen Cuevas López.

En septiembre de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión 171/2019, confirmó el amparo concedido por el Juez Noveno de Distrito a uno de los aspirantes a juez y ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, publicar la lista de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa (evaluación psicométrica) y dar continuidad al proceso hasta concluir con la designación.

Aunque se reactivó el proceso y se realizó la prueba psicométrica, en octubre pasado el litigante Jaime Castera Moreno promovió el juicio de amparo 1563/2019, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, que concedió la suspensión y el concurso de oposición volvió a trabarse.

El litigante, que fue descartado para pasar a la siguiente etapa, consideró que había obtenido los resultados suficientes para continuar en la contienda e impugnó el proceso nuevamente.

Cuestionada al respecto, la magistrada presidente del TSJ Carmen Cuevas López señaló que la intención era continuar y concluir la designación de los jueces, pero debido al nuevo juicio de amparo –que está siendo combatido ante el juez federal- se tuvo que suspender.

“El concurso se reactivó, lo que pasa es que hubo uno de los aspirantes que solicitó la suspensión porque él no pasó a la siguiente etapa, entonces nosotros estamos debatiendo ante el juez federal precisamente esa suspensión, porque lo que queremos nosotros es concluir esos concurso”, indicó.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia defiende su gestión y dice estar dispuesta a ser sometida a una auditoría.

La CDHEM reclama por el nombramiento por nueve años del titular de la Fiscalía General del Estado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que resuelva la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), luego de que la Segunda Sala turnara el asunto al máximo órgano de justicia.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN consideraron relevante el caso, relativo a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por ello el proyecto amerita ser debatido y resuelto en el Pleno del Tribunal Constitucional.

“Agréguese al expediente para que surta efectos legales, el oficio del actuario judicial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a través del cual envía el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración que mediante proveído de 16 de enero del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó enviar dicho asunto al Tribunal Pleno para su radicación y resolución”, estableció el acuerdo expedido por los ministros integrantes de dicha sala.

En la acción de inconstitucionalidad, el ex ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, a petición de más de 20 organizaciones civiles y de abogados, impugnó las reformas a los artículos 32, párrafo primero, 100 y 101 de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5611 de fecha 11 de julio 2018, que facultaban al fiscal general -y no al Congreso- designar y ratificar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias al titular de la FGE y a los fiscales especializados.

A la postre, la actual legislatura realizó una contrarreforma para establecer que el presupuesto de la FGE no será menor al del año pasado y eliminar la pensión vitalicia a los fiscales.  

El comisionado de seguridad reconoce que la falta de comunicación fue uno de los factores que influyeron en la pérdida de la vida del policía que intentó frustrar un asalto.

El comisionado estatal de seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que la falta de comunicación fue uno de los factores que influyeron en la pérdida de la vida del policía de tránsito municipal de Cuernavaca, quien fue abatido y despojado de su arma de cargo al intentar frustrar un asalto la noche del 17 de enero en un comercio en la avenida Morelos del centro de la ciudad.

Describió que el elemento portaba el chaleco antibalas, pero sin las placas que sirven para detener los impactos, y consideró que la falta de una comunicación adecuada y oportuna, así como la precipitación del agente para enfrentar a los criminales solo, desembocó en la lamentable pérdida de la vida.

“Faltó comunicación, faltó comunicación entre el tiempo que él ve que estos ladrones entran al negocio y luego, pues, el no esperar; él quiso actuar solo. Fue muy valiente, pero perdió la vida”, dijo, al señalar que a través del 911 se comunicó el asalto en progreso y en menos de 10 minutos llegaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Reconoció que la detención de dos de cuatro presuntos asaltantes obedeció a la intervención fortuita de elementos del Ejército Mexicano, ya que en ese momento circulaba sobre la avenida Morelos un convoy de músicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con una escolta militar, la que al percatarse del atraco y el ataque al policía, emprendió la persecución para lograr el aseguramiento.

Indicó que los dos sujetos fueron detenidos con dos armas, una que portaban para cometer el asalto y el arma de cargo que le arrebataron al oficial de tránsito para después asesinarlo.

El titular de la CES afirmó que existe la posibilidad que los presuntos asaltantes sean parte una banda que opera en el Centro Histórico de la capital morelense, sin embargo, las pesquisas están a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Sobre la designación de quién será el titular de Policía de Cuernavaca, tras el homicidio en diciembre pasado del jefe de la Policía capitalina, Juan David Juárez López, señaló que está a la espera de que el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, presente su propuesta.

Consideró urgente que se defina quién ocupará este cargo, pues no debe permanecer acéfalo por mucho tiempo.

Ante crisis financiera, un grupo de magistrados pide al Congreso del estado investigar el uso de fondos durante la gestión de la presidenta María del Carmen Cuevas; se retrasó el pago de jubilaciones a pesar del suministro extraordinario de recursos.

Se pretende preparar a operadores y litigantes en torno a la extinción de las Juntas de Conciliación y la transición hacia salas especializadas en materia laboral.

Los pequeños comercios tienen de plazo dos años para cambiar a materiales reciclables.

De 12 a 24 meses tendrán los pequeños comercios, ambulantes y establecimientos comerciales de cualquier giro, como plazo de  transición para la sustitución de plásticos de un solo uso por materiales reutilizables.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” desde esta sábado entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, que prohíben a los establecimientos mercantiles, pequeños comercios y a comerciantes ambulantes proporcionar de manera gratuita u onerosa (venta) el uso de plásticos desechables (como bolsas, popotes y unicel) para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos o bebidas.

Esto incluye a los plásticos de un solo uso para el acarreo de los productos comercializados o artículos que hayan recibido un servicio suministrado dentro de un establecimiento.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, sólo se podrán utilizar bolsas reutilizables elaboradas de materiales no derivados del petróleo, que para tal efecto establezca la Secretaría de Desarrollo Ambiental.

Los establecimientos mercantiles, tiendas departamentales, centros comerciales y comercios ambulantes deberán presentar a la autoridad competente, según el tipo de generador, un plan de sustitución de los plásticos de un solo uso, y no se sancionará a aquellas unidades económicas que proporcionen para el acarreo de los productos bolsas reutilizables.

A partir de la vigencia de las nuevas disposiciones, los pequeños y medianos comercios, tiendas, abarrotes, fruterías, verdulerías, fondas de comida, loncherías, cafeterías, cocinas económicas y taquerías, así como el comercio ambulante y en general todo el comercio de menudeo que por su actividad otorgue plástico de un solo uso, para el acarreo o empacado de productos, ya sea de manera gratuita o a la venta, tendrán un plazo de 24 meses para transitar hacia el uso de materiales reusables.

Los establecimientos mercantiles de mayoreo, supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y farmacias, tendrán un plazo de 12 meses para adaptarse a las nuevas normas.

Quienes incumplan con estas disposiciones, podrán ser acreedores a sanciones que van desde las cinco a las 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que oscila entre 436.4 pesos y 2 millones 172 mil pesos.

El Ejecutivo estatal y cada uno de los ayuntamientos tendrán  90 días para realizar adecuaciones en los reglamentos y para realizar campañas permanentes de difusión para que toda la población conozca de la importancia en la migración de hábitos y costumbres para combatir el cambio climático.

Una vez que fenezcan los plazos de transición, los municipios deberán inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones e impondrán las sanciones administrativas y pecuniarias a quienes no cumplan con la reglamentación en la materia.

Protección Civil del estado conmina a los municipios a cumplir con la entrega del programa preventivo de carnavales

Autoridades municipales deben resguardar puntos como venta de comida, juegos mecánicos, bailes y conciertos 

El Ayuntamiento debe pagar prestaciones adeudadas a exfuncionaria.

La sanción impuesta al ex alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, y el ex tesorero municipal, Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo, por incurrir en violencia política en contra de la ex síndico municipal, Paola Cruz Torres, quedó firme, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso de reconsideración promovido por el ex edil.

El pasado 2 de enero, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF confirmó, por unanimidad de votos la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos  (TEEM) en la que ordenó al Ayuntamiento de Cuautla el pago de más de 400 mil pesos por concepto de remuneraciones adeudadas a la ex síndico durante el trienio 2016-2018 y mantuvo la sanción, consistente en una amonestación pública, impuesta al expresidente municipal y al ex tesorero por violencia política en razón de género.

Además, ordenó dar vista a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen si existió alguna conducta sancionable, así como la Fiscalía General del Estado de Morelos, para el caso específico de violencia política de género perpetrada por Raúl Tadeo Nava y Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo en contra de María Paola Cruz Torres.

Pese a que el ex edil promovió un recurso de reconsideración ante la Sala Superior, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral resolvió desechar la demanda de Tadeo Nava, porque la presentó de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de tres días hábiles -contados a partir del día siguiente de la notificación- que la normatividad electoral fija para realizar la impugnación.

Al agotarse la cadena de impugnación, quedó firme la sentencia en contra de los ex funcionarios, y la actual administración del Ayuntamiento de Cuautla deberá de pagar las prestaciones adeudadas por la gestión anterior a la ex síndica.  

Argumentan que la decisión es ilegal e inconstitucional.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron un amparo contra la prórroga, por un año más, de la adscripción  asignada a los magistrados en 2019, por considerar que fue una decisión ilegal e inconstitucional.

Por oficio, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, comunicó que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2019, se determinó mantener las adscripciones de los magistrados hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que durante el año puedan hacerse modificaciones.

En los casos de los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Carlos Iván Arenas Ángeles, los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Sexto y Noveno admitieron las demandas de amparo, mientras que en el caso del magistrado Ángel Garduño González, fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito –por lo cual ya promovió recurso de queja- y en el caso de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, se le realizó una prevención.

Los magistrados inconformes consideraron ilegal la determinación de prorrogar por una año más las adscripciones, pues la decisión se tomó en una “sesión de Pleno” que no reunió el quórum de dos terceras partes de los magistrados del TSJ, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

No ha convocado a sesión del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

No pueden ser removidos porque promovieron juicios y amparos: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) confirmó que casi dos centenas de policías estatales y municipales son investigados por sospechas de protección a células criminales. Sin embargo, no pueden ser removidos porque promovieron juicios y amparos.

“Hay indicios que tenemos nosotros, en la Comisión Estatal de Seguridad, de que varios elementos de la Policía, tanto municipal como estatal, han estado dando protección a algunos grupos delictivos, sin tener la evidencia fehaciente que nos permita ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros.

Informó que la mayoría de esos elementos bajo investigación no lograron acreditar los exámenes de control de confianza, pero debido a que los policías promovieron recursos legales  no fue posible darlos de baja.

“Hay muchísimos policías de bastantes años que no necesariamente se dedican a hacer su trabajo, algunos, y dentro de esos 180, la mayoría son los que no han pasado sus exámenes de control y confianza y, que por ese simple hecho, deberían de haber estado ya de baja, que no se han ido de baja porque se ampararon”, dijo y señaló que existe la necesidad de incrementar la matrícula en la Academia de Policía Estatal para tener nuevos elementos.

“Es un trabajo de investigación que le presenté al señor gobernador y le dije mi preocupación de incrementar la matrícula en la academia para producir nuevos policías, dada la cantidad de policías que yo estoy viendo que están involucrados en actividades de protección a la delincuencia”, expresó.

Riña entre particulares, y no un secuestro, motivaría una presunta actuación irregular de la Policía municipal; continúan indagatorias oficiales.

No fue un caso de secuestro sino una riña entre particulares por la presunta compra-venta fraudulenta de un vehículo lo que motivó la presunta actuación irregular de la Policía Municipal de Cuautla, cuya corporación quedó bajo sospecha mientras se desarrolla la investigación penal y administrativa por los hechos ocurridos el pasado 11 de enero.

Así lo dieron a conocer el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES); y el fiscal estatal, Uriel Carmina Gándara, a cuatro días de los acontecimientos.

De acuerdo con la versión oficial del gobierno del estado, “la investigación preliminar del caso, arroja que no se trató de un caso de secuestro o privación de la libertad, sino de un conflicto entre particulares que derivó en hechos violentos y deficientes procedimientos policiales que ya han sido denunciados”.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, refirió que las bitácoras de radio, los reportes del Informe Policial Homologado (IPH) y diversos testimonios contradicen la versión del director operativo de la Policía Municipal de Cuautla, Isael Pliego Nieto, quien aseguró que los agentes municipales actuaron como consecuencia del reporte de detonaciones de arma de fuego y la petición de auxilio por un presunto secuestro, y denunció que supuestamente altos mandos de la CES habrían dejado libre a los supuestos secuestradores y detenido a las víctimas.

Sostuvo que lo dicho por el jefe policíaco es contrario a la información recabada en la investigación en curso, pues nunca ocurrió el secuestro pero sí una riña entre particulares, en la que ambos bandos se amenazaron con armas de grueso calibre.

“Resultado de las investigaciones hasta ahora realizadas, se establece preliminarmente que personas provenientes del Estado de México acudieron a un taller mecánico ubicado en la colonia Iztaccíhuatl de Cuautla a buscar a la persona que les vendió un vehículo tipo Bora de color rojo, modelo 2008, para reclamarle porque presentaba fallas mecánicas.

“Ante la inconformidad de los compradores, se generó una riña con integrantes del mencionado taller, que dio como resultado que uno de los compradores provenientes del Estado de México, sacara de su vehículo tipo Aveo, color blanco con una franja azul, un arma tipo AK-47, conocida como cuerno de chivo, con la que amenazó a los trabajadores del taller, siendo un trabajador del mismo que sacó un arma corta con la que amagó y desarmó a los primeros agresores, además de golpearlos varios familiares del dueño del establecimiento.

“Del conflicto suscitado, se solicitó apoyo de la policía uniformada; cuando los elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, un grupo de 20 a 25 personas entregaron a los policías a quien portaba el arma larga, persona que presentaba visibles huellas de violencia, y también les entregaron el arma corta, lo que contradice la versión pública narrada a los medios de comunicación por el director operativo de la policía municipal”, detalló el responsable de la política interna.

De acuerdo con Ojeda Cárdenas, la versión ofrecida por el jefe policiaco fue para intentar encubrir actos irregulares de los agentes municipales, como allanamiento de un inmueble sin orden de cateo y justificación; hurgamiento y robo superior a los 700 mil pesos en efectivo; daños al inmueble; detención de dos personas sin encontrarse en alguna de las hipótesis de flagrancia y violaciones al debido proceso.

Dijo que la investigación en curso busca llegar a la verdad histórica de los hechos y establecer las responsabilidades tanto de los elementos como de quienes participaron en la riña, y para generar las condiciones para integrar la indagatoria, Gamaliel González Ravelo fue separado como comandante del Mando Coordinado en el Municipio de Cuautla, y la CES emitió un oficio dirigido al alcalde, Jesús Corona Damián, para que proceda de igual forma con su director operativo de seguridad, Isael Pliego Nieto.

“No podemos aceptar conductas que (son) contrarias a los preceptos de legalidad con las que deben regirse las corporaciones morelenses y que lejos de hacer prevalecer el estado de derecho, violenten las garantías individuales de la ciudadanía.

“Reprochamos estas acciones y el intento de cubrir actuaciones ilegales que afectan a la sociedad en su conjunto y que entorpecen la procuración y la impartición de justicia”, afirmó y sostuvo que, en el ámbito de su competencia, interviene en el caso la Dirección General del Asunto Internos de la CES y las fiscalías estatal y General de la República.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, reprochó que se le haya dado crédito a la versión del jefe policíaco, “porque nadie se esperó a que hubiera una investigación” pero ahora será la Dirección de Asuntos Internos y las autoridades competentes las que determinen si hubo o no irregularidades y la imposición de responsabilidades.

Informó que los comandantes de la CES Gamaliel González Ravelo, Ángel Landa Hernández y Raúl Gómez, esté último responsable del área de inteligencia y conocido con el mote de “El Piloto”, fueron suspendidos temporalmente para ser investigados por su intervención en el operativo y las acusaciones realizadas por el director de la policía municipal, Isael Pliego Nieto, quien también ya fue suspendido de sus funciones, según le conformó el propio edil.

El titular del organismo propone que las escuelas compren detectores de metal para los accesos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) sugirió el uso de detectores de metal en los centros educativos para prevenir el ingreso de objetos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Tras el ataque armado en contra de sus compañeros y el suicidio de un menor en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, ocurridos el viernes 10 de enero, el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, rechazó la reactivación del “Operativo Mochila”, que consiste en revisar el contenido de los maletines de los alumnos, por considerar que es una medida invasiva que atenta contra la intimidad y dignidad de los menores.

Recordó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también rechazó la implementación de este programa en los centros educativos, porque criminaliza a los estudiantes, no cumple con exigencias constitucionales ni tratados internacionales y por eso no es la medida idónea para inhibir casos de como el de Torreón.

Dijo que existen instrumentos tecnológicos como los detectores de metal, que pueden ayudar a reforzar la seguridad y prevenir incidentes violentos en los centros educativos y que si bien puede representar un gasto adicional para la autoridad educativa, pueden ser una alternativa viable.

“Me estoy refiriendo a los filtros de seguridad, en donde sabemos que pueden con un grado de efectividad altamente probado detectar metales, detectar armas u objetos que puedan utilizarse como herramientas, como instrumentos para cometer un delitos y hacer daños a las personas”, señaló.

Subrayó que “la autoridad tiene un deber de agotar medidas para que eso no suceda, porque en el caso de los niños su custodia es su responsabilidad en el tiempo que se encuentran en los centros educativos. Entonces, la  medida que se debe de adoptar debe ser la menos gravosa dentro de las distintas opciones posibles que hay en el mundo fáctico (sic).

“En ese sentido sí existen, gracias a los avances de la ciencia, digamos (que) hay herramientas que pueden detectar metales sin necesidad de invadir las posesiones de la personas, sin lesionar su privacidad, sin lesionar sus datos personales, su intimidad. Debe optarse por eso porque es menos gravoso.

“Si ello, también somos conscientes, redunda en un gasto, eso es algo que debe asumir la autoridad educativa y que no se puede oponer como una justificación para no hacerlo, porque es una obligación del Estado respetar los derechos humanos”.

El ombudsman hizo un llamado a las familias para involucrarse en el cuidado de la comunidad escolar y actuar para prevenir  cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Por lo pronto, en algunas escuelas públicas y privadas los directivos pidieron el apoyo de los padres de familia para la revisión de mochilas, y desde casa vigilar que los alumnos no lleven a los planteles objetos no permitidos o que pongan en riesgo a los estudiantes y docentes.

En redes sociales, ciudadanos expresan apoyo a policías de Cuautla.

La Barra de Abogados y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) exigieron una investigación profunda e imparcial sobre el caso de los policías de Cuautla que denunciaron que altos mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ordenaron la liberación de dos secuestradores y a quienes, aparentemente en represalia, se les inició un procedimiento de Asuntos internos por presunto allanamiento y EL robo de más de 700 mil pesos. En tanto, en redes sociales diversos ciudadanos han expresado su apoyo a los policías municipales.

El presidente de la CDHEM, Israel Hernández Cruz, señaló que, conforme a las atribuciones del organismo, inició una investigación oficiosa sobre el polémico caso para saber qué fue lo que ocurrió y llegar a la verdad histórica.

Enfatizó que la investigación se realizará de manera imparcial “porque consideramos que la sociedad tiene el derecho a conocer cuál es la verdad de lo que ocurrió y es la razón por la que hemos decidido iniciar una investigación de manera oficiosa”, y recalcó que en este momento “no confirmamos ni avalamos ninguna de las posturas (versiones) pero si tenemos que garantizar que prevalezca la verdad, y es de ahí que nosotros estamos investigando”.

Detalló que el caso fue expuesto en la reunión de este lunes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, integrada por autoridades federales y estatales, en la que se expuso las dos versiones.

Por un lado, la versión de los policías municipales de Cuautla que habrían acudido a un auxilio por un caso de un secuestro de dos ciudadanos originarios del Estado de México, que se encontraban en un domicilio de las inmediaciones del recinto ferial y luego altos mandos de la CES habrían liberado a los supuestos secuestradores y amenazado a los policías locales; y la versión de la intervención de mandos de la CES, quienes presuntamente acudieron en un auxilio por el presunto allanamiento  y robo por parte de los policías municipales.

Dijo que la CDHEM solicitó informes a la Policía de Cuautla, a la CES, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Antisecuestros y otras autoridades que intervinieron en los hechos, con el fin de verificar los acontecimientos y el cumplimiento de los protocolos de las fuerzas de seguridad.

Prometió una investigación autónoma e independiente de parte del organismo que dará a conocer en el momento oportuno, pero también pidió a las autoridades responsables de fincar responsabilidades que realicen una investigación imparcial y que garanticen la seguridad pública en la región oriente de la entidad.

También confirmó que los policías municipales que participaron en el operativo fueron suspendidos de sus funciones, en tanto se desahogan las investigaciones por parte del área de asuntos internos.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos también pidió imparcialidad en las investigaciones y que las autoridades esclarezcan los hechos con total apego a la legalidad.

“Que se respete el Estado de Derecho, que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades que les compete como es asuntos internos, la Fiscalía General de la República (sic) y la Fiscalía General del Estado.

“Una vez que aporten las pruebas necesarias y se encuentre ya un expediente que nos proporcione lo más cercano a la verdad histórica en cómo sucedieron  los hechos, la Barra de abogados del Estado de Morelos presentará un posicionamiento jurídico y apegado a derecho como siempre lo hemos realizado”, señaló el dirigente de los abogados barristas, Cristian Iván Velasco Alcocer.

Por redes sociales, ciudadanos de la región oriente expresaron su solidaridad con los agentes y con el director de la Policía municipal, Isaac Nieto Pliego, quien públicamente denunció que altos mandos de la CES liberaron a dos secuestradores y que los intentaron presionar para mentir y cambiar la versión del secuestro.

Un juez federal rechazó la petición de la defensa  de cinco ex secretarios y ex funcionarios de las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, para atraer la causa penal en la que se le imputó el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.