Identifican modo de operar de presuntos delincuentes en el interior de los establecimientos.

Usuarias de las redes sociales denunciaron que carteristas perpetran sus robos en una cadena de tiendas autoservicio, pese a las restricciones y los filtros sanitarios para ingresar a los establecimientos.

A través de diferentes cuentas, varias mujeres contaron sus malas experiencias en los supermercados ubicados en Cuernavaca, en las avenidas Cuauhnáhuac, Plan de Ayala, Domingo Diez y Ávila Camacho, donde han sufrido el robo de carteras.

En la mayor parte de los casos denunciados, el modus operandi de los delincuentes es casi el mismo. De acuerdo con el testimonio de la usuaria Paty Lucas, hace unos días acudió a una sucursal de la cadena de supermercados Walmart, ubicada en la avenida Domingo Diez, y ahí fue víctima de robo.

“Hace unos días me robaron mi cartera, sacándola de mi bolsa sin que yo me percatara. Ustedes se preguntarán: ¿Cómo es que no te diste cuenta? Les platico: A mí me sucedió en el pasillo de papelería; sin embargo, seguro que puede ocurrir en cualquier otro. Pasé junto a dos señoras que tenían sus carritos y estaban viendo los artículos; en ese momento un señor entró por el final del pasillo en sentido contrario.

“Ese señor traía el carro lleno y me detuve para dejarlo pasar, pero él también se detuvo sin orillarse por completo y me cedió el paso. Pero no pude pasar, el carro chocaba con algo, entonces él se mueve a su izquierda (aparentando mover el carrito) y me dice nuevamente: “Pase”.

“Intento pasar de nuevo y observo perfectamente que mi carrito no está chocando con el otro, sin embargo algo me impide el paso. Y ahí viene el “modus operandi”. Yo me agacho para ver qué es lo que me impide el paso y este señor trae un costal de croquetas estratégicamente colocado para que estorbe en la parte inferior del carrito. Al agacharme mi bolsa queda hacia atrás y alguien que está detrás de mí mete la mano roba mi cartera. En cuanto me di cuenta avisé y me brindaron ayuda, sin embargo, no pude recuperar nada de lo que llevaba”.

Otras usuarias también lanzaron alertas del modus operandi de los delincuentes en los supermercados, para que otras mujeres tomen precauciones y eviten ser víctimas, ya que en la mayoría de los casos los criminales huyeron y las víctimas no pudieron recuperar sus carteras donde, además de efectivos o tarjetas bancarias, portaban otros documentos importantes de identificación personal.

Hay similitud con el Movimiento Alternativa Social, que podría provocar confusión entre el electorado, plantean; el MAS original había pedido la desaparición de su competencia.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó el cambio de nombre al partido Más Apoyo Social por su similitud con el Movimiento Alternativa Social (MAS), porque podría provocar confusión entre el electorado.

En cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el tribunal electoral emitió una nueva resolución a favor del partido Movimiento Alternativa Social, que impugnó el acuerdo por el que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) concedió el registro a Más Apoyo Social.

Por unanimidad, el TEEM declaró improcedente la pretensión de Movimiento Alternativa Social de anular el registro a Más Apoyo Social, pero le concedió la razón respecto a que ambos partidos tienen denominaciones y emblemas similares.

Al resolver el expediente TEEM/REC/12/2020-2, el Pleno estableció que los elementos determinantes lo constituyen el acrónimo “MAS” utilizados en ambos emblemas, aunado a las similitudes visuales, gráficas y fonéticas que provocarían un alto grado de confusión en la ciudadanía en general y en el electorado.

En consecuencia, revocó parcialmente el acuerdo del Impepac por el cual se concedió registro al partido Más Apoyo Social solo para efecto del cambio de nombre y ordenó al instituto político, dirigido por ex militantes y ex funcionarios priistas como Manuel Martínez Garrigós, modificar lo relacionado con la denominación y el emblema de Más Apoyo Social y realizar las adecuaciones necesarias en sus documentos básicos.

Comerciantes acuerdan exigir cubrebocas y sana distancia a turistas

Se registran aglomeraciones en el Paso Exprés y en plazas comerciales de Cuernavaca

Uriel Carmona rechaza fijar "posicionamiento personal".

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, se abstuvo de fijar un “posicionamiento personal” sobre la solicitud de declaratoria de procedencia que, de acuerdo con lo anunciado por el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados federal, Ignacio Mier Velazco, fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, el fiscal estatal dijo desconocer la existencia de investigaciones en su contra y que la institución no ha sido notificada en torno la solicitud, la cual debe pasar por un proceso legislativo.  

“Hasta el día de hoy, en la Fiscalía General del Estado no ha sido recibida notificación oficial sobre el inicio de algún procedimiento en contra del titular de la institución, el cual al encontrarse regido por una serie de principios y formalidades constitucionales y legales, obligaría a que se llevara a cabo mediante notificación personal; no obstante, a la fecha no ha acontecido así”, indicó.

Afirmó que “se reserva cualquier tipo de posicionamiento personal con respecto a lo publicado por el diputado federal”, que a través de sus redes sociales anunció la recepción de la declaratoria de solicitud de procedencia, y reafirmó “su respeto por las instituciones democráticas y reiterar que como morelense, su compromiso es y siempre será con las y los morelenses”.

Insistió en que la autonomía constitucional de la FGE no está sujeta a cuestiones políticas ni de intereses personales o de grupo, toda vez a través de ella se garantiza la independencia en el ejercicio de la procuración de justicia y la defensa a los intereses de las víctimas en la entidad. 

Sobre el caso hay gran hermetismo, ya que solo ha trascendido que fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (SEIDO-FGR) quien presentó al Congreso de la Unión la solicitud de declaratoria de procedencia contra el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, con el fin de que sea separado de su cargo y proceder penalmente en su contra, ante un supuesto cúmulo de denuncias en su contra.

Hay prórroga para cumplir sentencia de amparo que ordenó la reinstalación de 21 profesores que fueron cesados en 2016.

El Juzgado Segundo de Distrito otorgó al Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos (IEBEM) una prórroga para cumplir la sentencia de amparo que ordenó la reinstalación total de 21 docentes que fueron cesados en el año 2016 por no presentarse a ninguna de las etapas de la Evaluación de Desempeño 2015.

La autoridad educativa adujo ante el juzgado federal que se encontraba aún en vías de cumplimiento de la sentencia y solicitó un plazo adicional para ejecutar por completo la resolución.

En consecuencia, el juzgado concedió una prórroga pero advirtió al IEBEM que, en caso de incumplimiento, habría consecuencias legales en contra de funcionarios de la institución.

“En atención a su contenido y, por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior.

“En la inteligencia que, de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia”, estableció el acuerdo expedido por el Juzgado Segundo de Distrito dentro del expediente 1142/2016.

En junio de 2016, la Coordinación Nacional de Servicio Profesional docente ordenó al IEBEM cesar a 21 profesores y profesoras, con el argumento de que no se habían presentado a ninguna de las etapas de la Evaluación de Desempeño Docente 2015.

Sin embargo, los maestros demostraron que, previo al proceso de evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en Educación media básica y media superior, el IEBEM, dentro de los procedimientos administrativos incoados (iniciados)a los quejosos, determinó que no existían elementos suficientes para sancionarlos, pues se les justificó su inasistencia para presentarse a la evaluación.

El IEBEM paso por alto este hecho y ejecutó el cese de los docentes, razón por lo cual la justicia federal les otorgó el amparo y ordenó su reinstalación.

Plantean impugnación ante SCJN.

El Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) analizan la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el presupuesto que les fue asignado por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, el Poder Judicial tendrá un presupuesto para el próximo año de 474 millones, de los cuales 449 serán para el Tribunal Superior de Justicia y 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. En tanto, que el organismo de derechos humanos, mantendrá el mismo presupuesto de 15 millones 803 mil pesos.

El representante del Poder Judicial y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, no descartó la posibilidad de recurrir a la SCJN, ya que la administración de justicia enfrenta una complicada situación financiera y en el 2021 tendría que absorber la justicia laboral, conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde mayo de 2019.

Indicó que no solo no aumentó sino que el Congreso decidió restar a su presupuesto alrededor de 60 millones y no etiquetó recursos para instaurar los juzgados especializados en justicia laboral.

“Con el presupuesto que se aprobó haremos nuestra corrida financiera, pero creo que sí este año no tenemos para pagar aguinaldos, no tenemos para pagar sueldos, no tenemos para contratar gente”, dijo en alusión a los recursos humanos y materiales que se necesitarán para el rubro de justicia laboral.

Además, conforme a la autonomía financiera otorgada al Poder Judicial, legalmente su presupuesto debería ser equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable.

La CDHEM, a través de un comunicado, también expresó su inconformidad con el presupuesto asignado, ya que por varios años la institución no recibe aumento y se atenta contra su autonomía.

“Por tanto, estaremos valorando acudir a la SCJN a defender la autonomía financiera de la Comisión porque no debemos olvidar, que las y los morelenses serán los perjudicados, al no ver fortalecida la Comisión para hacer frente a la gravísima crisis de violación sistemática a DDHH, principalmente por las autoridades que tienen la tarea de garantizar los derechos sociales como la salud, trabajo, seguridad pública, vivienda, educación, entre otros”, afirmó.

La Subprocuraduria especializada en Delincuencia Organizada afirma que hay denuncias en contra de Uriel Carmona Gándara.

Esperan hoy el pago de aguinaldo.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial  (SUTSPJEM) canceló las movilizaciones previstas para este miércoles, luego de recibir la promesa del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, de que hoy estará depositado el aguinaldo de los empleados sindicalizados.

Por la mañana, la dirigencia del SUTSPJEM comenzó con los preparativos de los actos de protesta ante la falta de pago de la prestación de fin de año, pero alrededor de las 15:00 horas fue convocada a una reunión por el titular del TSJ para desactivar los actos de inconformidad, que contemplaban desde una huelga de hambre y un plantón en la explanada del Palacio de Justicia hasta el cierre de vialidades.

A través de un comunicado emitido por la tarde, la líder sindical Leticia Castro Balcázar informó a sus agremiados que en la reunión se decidió dar un voto de confianza a Jasso Díaz, en espera de que cumpla el compromiso de que este mismo miércoles los trabajadores sindicalizados tengan depositado su aguinaldo.

“Siendo las 15:00 horas, los representantes del SUTSPJEM fuimos convocados a una reunión con el magistrado presidente e integrantes de la Junta de Administración, Vigilan y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dándose como respuesta a nuestra petición de pago de aguinaldo conforme a la ley, comprometiéndose al depósito de dicha prestación a más tardar el día de mañana 16 de diciembre de 2020, por lo que se dará el voto de confianza”, dijo al anunciar la cancelación de las movilizaciones.

El recurso es contra una probable orden de presentación o detención por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía, promovió un amparo contra cualquier orden de presentación o detención por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

De acuerdo con el expediente 1136/2020, el Juzgado Segundo de Distrito otorgó una suspensión provisional al alcalde y fijo una garantía económica de tres mil pesos, en tanto se determina si procede o no conceder la medida cautelar.

La promoción del juicio de amparo tiene como objetivo conocer si existe alguna investigación en contra del presidente municipal que pudiera comprometer su administración.

El juzgado federal de momento le concedió la medida provisional, en tanto las autoridades señaladas como responsables – la FECC- entregan sus informen al órgano jurisdiccional para determinar si procede o no a otorgar la suspensión definitiva.

Dan plazo al TSJ hasta el día 16 para cobrar el aguinaldo; el Poder Judicial aguarda liberación de recursos para cumplir con los pagos: Jasso Díaz.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM) postergó los actos de protesta previstos para este jueves y dio a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina seis días para cumplir con el pago del aguinaldo.

A través de un comunicado dirigido a sus agremiados, la líder sindical Leticia Castro Balcázar informó que la dirigencia se reunió con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y titular de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, para expresar su inconformidad porque no ha sido pagada la primera parte del aguinaldo y no hay una justificación para que la parte patronal incumpla con sus obligaciones, toda vez que en el presupuesto de la institución estaba contemplada el pago de esta prestación.

Detalló que el magistrado presidente explicó que espera que la Secretaría de Hacienda estatal realice la liberación de recursos para el pago del aguinaldo, por lo que el sindicato decidió prorrogar las acciones de protesta.

“Por lo que se informa y se comunica que los movimientos anunciados de huelga de hambre, paro de labores, plantón permanente y cierre de vialidad en la explanada de este recinto judicial en plena contingencia, referido en el comunicado del día de ayer 8 de diciembre del 2020, se llevarán a cabo a partir del 16 de diciembre del año en curso, siempre y cuando la institución judicial sea omisa en dar cumplimiento a la prestación del aguinaldo.

“Por lo que este SUTSPJEM da un ultimátum a los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para que cumplan en tiempo y forma la prestación de referencia en beneficio de la base trabajadora, siendo responsabilidad de esta Junta la omisión de dar debida administración de justicia para los gobernados.

“Cabe recordar que el magistrado presidente, así como lo integrantes de dicha Junta acordaron en forma clara y precisa que esta institución judicial no suspende labores en lo que resta del año”, recalcó el SUTSPJEM en su comunicado.

SUTSPJEM amaga con paro de labores y protestas.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos (SUTSPJEM) advirtió que iniciará una huelga de hambre así como un paro de labores y protestas si en las próximas horas la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no paga el aguinaldo a los trabajadores. 

Luego de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y presidente de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, declaró públicamente que la institución carece de fondos para el pago de esta prestación y espera una ampliación presupuestal de 120 millones de pesos, la dirigencia sindical realizó una serie de peticiones a la Junta de Administración para asegurarse de que el personal recibiera su aguinaldo a tiempo.

A través de un comunicado, el SUTSPJEM informó que no hubo respuesta certera de la parte patronal y por ello fue necesario fijar una postura, ante la incertidumbre que priva en medio de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Y es que en el Poder Judicial tradicionalmente el aguinaldo se paga en dos ministraciones: una parte durante la primera semana de diciembre y, la segunda,  antes el periodo vacacional del fin de año. Sin embargo, hasta el momento los trabajadores no han recibido la primera parte.

 “Esta representación sindical ha peticionado los recursos económicos para el pago de dicha prestación ante los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, estos últimos se han pronunciado constantemente con evasivas al tema del aguinaldo, siendo un perjuicio total y flagrante para la base trabajadora, ya que hasta el día de hoy 8 de diciembre de 2020, no se ha obtenido respuesta favorable a lo solicitado”.

Acusó a la administración de Jasso Díaz de irresponsable en el manejo de los recursos del TSJ, en virtud de que no hay explicación de por qué no hay fondos para pagar el aguinaldo de los trabajadores, cuando es un rubro que anualmente se contempla en el presupuesto de la institución.

“Asimismo y derivado de los anterior, dicho actos omisorios ocasionan un grave perjuicio a la colectividad sindical, ya que no tendremos el pago de nuestro aguinaldo a pesar de estar debidamente presupuestado y que la administración que ha tenido esta institución ha sido la más irresponsable en el manejo de los recursos en el que nos dejan sin el correspondiente pago de aguinaldo, dejando a un lado nuestra(s) prestaciones laborales, ya debidamente etiquetadas en el presupuesto de este año.

“Incluso, hemos sido discriminados y olvidados para dar incremento de los años 2019 y 2020, perjudicando así a toda la base trabajadora”, explicó la dirigencia sindical.

El SUTSPJEM lanzó un ultimátum a la Junta de Administración y le dio un plazo de 24 horas para que den respuesta y certeza al pago de aguinaldos, así como una respuesta a su petición de incremento salarial para el 2021.

Advirtió que de no obtener una respuesta positiva, los trabajadores sindicalizados comenzarán con una huelga de hambre, un plantón en la explanada del TSJ, un paro de labores en plena contingencia sanitaria y otras movilizaciones, que incluirán el cierre de vialidades.

También exhortó a los trabajadores de confianza y no sindicalizados a unirse al movimiento de protesta contra autoridades del TSJ y la Junta de Administración, para exigir el pago de aguinaldo y mejora salarial.  

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz pide que el juzgador sea suspendido de sus funciones.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz solicitó la suspensión provisional del juez de control, Daniel Rodríguez Apac, ante un evidente conflicto de interés con el Ministerio Público, al ser juzgador e imputado a la vez.

En la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el magistrado y representante del Poder Judicial ante la mesa de coordinación, Jorge Gamboa Olea, presentó ante sus homólogos la solicitud para efecto de que el Pleno diera vista a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para que inicie una investigación y proceda a la separación provisional del cargo del juzgador, quien el jueves pasado fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de homicidio culposo de un motociclista.

La petición planteada causó incomodidad entre algunos magistrados por considerar que se ponía en riesgo la presunción de inocencia y que el asunto no era competencia del Pleno; otros magistrados apoyaron que la solicitud planteada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz fuera turnada la Junta de Administración, como órgano responsable.

En su intervención, el magistrado Gamboa Olea expuso los argumentos de los miembros de la mesa de coordinación (integrada por autoridades del gobierno del Estado, CES, FGE, 24 Zona Militar, entre otras), ante el conflicto de intereses que presenta el juzgador, al ser literalmente juez y parte.  

Advirtió que la Fiscalía General del Estado presentará recusaciones en los casos en los que Apac Rodríguez esté implicado como juzgador.

“Aquí lo que se está planteando es que partir del día de hoy, en todos los asuntos en los que intervenga ese juez, se van a replantear las recusaciones porque él tiene un evidente conflicto de interés.

“Hoy empiezan a plantear en todas las fiscalías regionales las excusas para que él no conozca de esos asuntos ¿Por qué? Porque él evidentemente está siendo vinculado a proceso, lo que no había existido desde hace tres años con este asunto y que no tiene nada que ver con lo que planteó la segunda o tercera sala, porque ese era una excusa, y no es hoy por hoy una vinculación a proceso, él está en un periodo de investigación complementaria en donde tiene un evidente conflicto de interés con el agente del Ministerio Públicos de cualquiera de las fiscalías.

“La pregunta sería, ¿qué va a pasar cuando él tenga sometido a su consideración un hecho de tránsito, un homicidio culposo, un homicidio simple, con una fiscalía que es la misma que lo está acusando a él? es un evidente conflicto de interés. Yo no estoy hablando de que él sea responsable o no, eso lo decidirá un tribunal de enjuiciamiento, eso lo decidirá la autoridad que le corresponda este tema”, explicó.

Incluso, durante la sesión hubo un momento de tensión cuando el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, consideró que el tema debió ser conocido por los magistrados antes de la sesión de Pleno. En respuesta, el magistrado Gamboa recordó que desde el viernes lo buscó en al menos tres ocasiones para tratar este tema en específico pero no recibió respuesta del magistrado presidente. Luego, según Jasso, buscó a Gamboa en su ponencia sin encontrarlo.

Hasta la semana pasada, el magistrado presidente del TSJ sostenía que no había argumentos legales para separar al juez de sus funciones.

Ante la solicitud de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Jasso Díaz sostuvo que el asunto se habrá de analizar: “Creo que es un conjunto de lo que se tiene que analizar y no hacer cuestiones solo por estas determinaciones o estas peticiones. Yo lo he comentado, creo que no puede el Poder Judicial trabajar bajo presión, bajo cuestiones que se piden buscando alguna situación en contra de nosotros”.

En su auxilio, fijó postura el magistrado Norberto Calderón Ocampo, quien señaló que, tras conocerse el auto de vinculación a proceso del juez Rodríguez Apac, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se avocó de oficio al caso y “en cuanto ocurrió el lamentable suceso de vinculación, inmediatamente el equipo de la propia presidencia del tribunal empezó a hacer el análisis correspondiente a efecto también de darle condiciones al presidente de atender la problemática que enfrenta particularmente un operador del sistema de justicia penal”.

Tras un largo debate, finalmente por mayoría, el Pleno determinó darse por enterado y hacer del conocimiento de la Junta de Administración de la solicitud de la mesa de coordinación, a quien a su vez se le solicitará que formalice la petición.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, el ciudadano Pedro Portilla se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a la víctima. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio al hombre, cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica. Kilómetros más adelante fue detenido por la Policía como presunto responsable del accidente de tránsito y de la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado y protección desde el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable del fatal accidente.  

El pasado 20 de octubre, la agente del Ministerio Público, Martina “N”, fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Rodríguez Apac, quien finalmente, después de tres años del accidente, fue imputado y el 3 de diciembre vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo.

Mediante esa práctica se pretende coadyuvar en la localización de desaparecidos y criminales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió el acuerdo por el que estableció los “Lineamientos para el ofrecimiento, entrega y monto de recompensas para quien aporte información útil relacionada con las investigaciones que realice la FGE para la localización, detención o aprehensión de probables responsables o imputados de la comisión de delitos, así como para la localización de personas desaparecidas”.

Según el acuerdo 13/2020, el ofrecimiento de recompensas “podrá realizarse respecto de delitos de prisión preventiva oficiosa o que sean de trascendencia e importancia para la sociedad, considerando para ello las circunstancias o complejidad para la localización, detención o aprehensión de probables responsables o imputados por la comisión de delitos, así como la localización de personas desaparecidas”.

La propuesta de ofrecimiento y otorgamiento de recompensa solo podrá realizarla los titulares de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y las Fiscalías Regionales o Especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, que remitirán su solicitud a la Unidad  de Técnicas de Investigación para su análisis y, en caso de reunir los requisitos, proceder a la elaboración de la propuesta de acuerdo específico correspondiente y establecer el monto a ofrecer, con base en la suficiencia presupuestal.

La información que se reciba, con motivo del ofrecimiento de la recompensa, deberá ser verificada; la identidad del informante y los medios de contacto o recepción de datos se mantendrán bajo total confidencialidad; el servidor público que reciba la información deberá resguardarla bajo su más estricta responsabilidad; la veracidad y utilidad de la información, y la eficacia, eficiencia, efectividad y oportunidad del auxilio al Ministerio Público, para efectos del pago, serán determinadas por el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación, con base en las diligencias que se hayan practicado.

La entrega de la recompensa se realizará mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación, asignado al informante.

Para tal efecto, el servidor público que reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer la entrega en efectivo, con apoyo de la Coordinación General.

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este numeral, la persona a quien debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita, sin causa justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa.

Otro grupo de la organización está representado por Cristian Iván Velazco Alcocer

Por mayoría de votos, Miguel Ángel Rosete Flores fue electo como nuevo presidente de la Barra de Abogados de Morelos para el periodo 2020-2022. En asamblea, se comprometió a promover la unidad y a fortalecer a la organización, a ser crítico propositivo de las instituciones y a defender la democracia y la participación ciudadana.

Rosete Flores fue designado presidente de la Barra de Abogados con 29 votos, frente a los 11 obtenidos por el abogado Alfonso Mejía, quien consideró que la elección fue un ejercicio democrático, reconoció la labor desempeñada por los integrantes del consejo interino y dio un voto de confianza al nuevo representante de los barristas.

Al tomar protesta junto con el resto de la mesa directiva, Rosete Flores destacó que durante 48 años de existencia de la Barra de Abogados, hombres y mujeres profesionales del derecho han aportado su legado al desarrollo del estado y hoy enfrentan grandes retos ante el debilitamiento de las instituciones.

“La Barra de Abogados no es una persona, la Barra de Abogados es una identidad, es una fuerza, es una unidad, y por eso hoy caminamos para construir puentes con las instituciones, hoy debilitadas, y, principalmente, para recobrar el origen y la identidad de nuestra asociación”, resaltó ante los agremiados.

Destacó que asumirá una postura crítica ante los tres Poderes del Estado, pero también habrá de la Barra de Abogados propuestas y soluciones a los problemas que enfrenta el estado de Morelos, ante las vicisitudes provocadas por la pandemia del covid-19, los retos de la democracia participativa y la cohesión social que los tiempos exigen para contrarrestar las desigualdades económicas y sociales.

Cabe destacar que la Barra de Abogados se encuentra dividida en dos grupos. El primero, el que encabeza Cristian Iván Velazco Alcocer, cuyo periodo culminó en junio pasado, pero alargó su periodo con el argumento de la pandemia, y en el mes de agosto se reeligió con 28 votos de los 33 asistentes a la asamblea por él convocada.

El segundo estaba representado por el consejo interino presidido por José Luis Urióstegui Salgado e integrado por expresidentes de la Barra de Abogados, quienes desconocieron a Velazco Alcocer como representante de la organización.  

Ahora, este grupo, que agrupa a la mayoría de los integrantes de la Barra de Abogados, estará representado por Rosete Flores. 

Es vinculado a proceso por un juez de control; otro funcionario municipal enfrentará proceso bajo prisión preventiva.

Un juez de control vinculó a proceso al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, podrá continuar despachando en sus oficinas debido a que dos jueces federales le otorgaron sendas suspensiones para continuar en el ejercicio de sus funciones como representante popular y evitar cualquier medida privativa de la libertad.

En contraste, el subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, quien es co imputado en la misma causa penal, enfrentará su proceso bajo la medida de prisión preventiva.  

El edil de Cuernavaca acudió a la audiencia de vinculación a proceso citada a las 8:00 horas y presidida por el juez de control Isidoro Edie Sandoval Lome, pero la defensa del alcalde llegó preparada con dos suspensiones concedidas por dos jueces federales, para contrarrestar las probables medidas cautelares a imponer por parte del juzgador local.

La primera, una suspensión provisional, concedida por el Juez Séptimo de Distrito dentro del expediente 1118/2020, contra la medida cautelar impuesta por el juez de control local que impedía al edil acercarse a las oficinas del ayuntamiento, por considerar que “lejos de afectar al interés social, con su negativa, se causaría a dicho conglomerado una mayor afectación, y causar al quejoso perjuicios de difícil reparación”.

“En las relatadas condiciones, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, hasta en tanto se notifique a las autoridades lo que se tenga a bien resolver en la suspensión definitiva, y para el efecto de que la medida cautelar impuesta por la responsable dentro de la causa penal, en audiencia de fecha 27 de noviembre de 2020, consistente en no permitir al quejoso que se acerque a las oficinas que ocupa la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, como Presidente Municipal de dicha ciudad, y la diversa por decretarse (que este juzgador considera de realización futura e inminente, con los cuales sí tiene cabida la medida suspensional) esto es, la que pretende imponerle el Juez Oral responsable, el día uno de diciembre del año que corre, prevista en el artículo 155 fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en su separación del cargo de Presidente Municipal, esta última luego de que se revise la medida cautelar de que se trata no se materialicen y no se lleven a cabo”.

La segunda, una suspensión definitiva concedida por el juzgado Segundo de Distrito dentro del expediente 1014/2020, para evitar que se ejecutara cualquier orden de aprehensión o medida privativa de la libertad en contra de Villalobos Adán.

La audiencia duró alrededor de siete horas, con dos recesos, en la que las partes aportaron sus argumentos ante el juez, respecto de la probable comisión del delito de cohecho por parte del alcalde y el subsecretario de Protección Civil Municipal, a quienes el empresario Cristián Luna denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) porque supuestamente el edil le habría pediddo “reportarse” con él y luego ambos funcionarios le habrían exigido, a través de personal del ayuntamiento, el pago de 200 mil pesos para dejarlo operar un autocinema, ubicado en la calle San Diego de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, con la amenaza de clausurar el lugar.

El juez consideró que el agente del Ministerio Público aportó elementos de prueba suficientes sobre la presunta comisión del delito de cohecho, por lo que finalmente determinó sujetar a proceso penal al alcalde de Cuernavaca y al subsecretario de Protección Civil.

En vista de las suspensiones concedidas por la justicia federal, el juez de control no impuso ninguna medida cautelar al alcalde, pero sí corroboró la prisión preventiva para Barquín Granados, quien enfrentará su proceso privado de su libertad en el penal de Atlacholoaya. Además, otorgó tres meses para el cierre de la investigación.

 Al concluir la audiencia, el abogado defensor del alcalde, Jesús García Aguilar, adelantó que apelará el auto de vinculación a proceso y confirmó que, gracias a la suspensión provisional dictada por un juez federal, Villalobos Adán regresará a sus funciones y despachará en sus oficinas del ayuntamiento capitalino.

En contraste, el empresario y denunciante, Cristian Luna, celebró la vinculación a proceso, pero lamentó que jueces de distrito hayan otorgado suspensiones al alcalde y dijo que sostendrá sus acusaciones.

TEPJF pide a TEEM pronunciarse sobre medidas cautelares solicitadas por el diputado contra sus homólogas.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) pronunciarse sobre las medidas cautelares  solicitadas por el diputado, Marco Zapotitla Becerro, quien afirmó ser víctima de violencia de género, luego de que el 4 de noviembre un grupo de diputadas al grito de “no es legal, es moral”, exigieron su salida del salón de Plenos  del Congreso y que el legislador enfrente como ciudadano un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación.

Al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-214/2020, promovido por Zapotitla Becerro contra la determinación de la magistrada instructora del TEEM de reservar la admisión de su demanda y la negativa de implementar medidas cautelares, “para que las autoridades responsables se inhibieran de practicar actos de violencia en su contra” que le impiden ejercer el cargo en el Congreso, la sala revocó parcialmente el acuerdo dictado por el tribunal local.

Determinó que es facultad de la magistrada reservar la admisión hasta que la parte actora cubra los requisitos que establece la norma local en la materia, sin embargo, estableció que no tiene atribuciones para pronunciarse respecto a la solicitud de medidas cautelares porque es una facultad del Pleno del TEEM.

“En ese sentido, las medidas cautelares son uno de los mecanismos de tutela preventiva de los derechos humanos. Se otorgan mientras se resuelve el fondo de una controversia y su finalidad es tutelar de manera preventiva y oportuna los derechos que están en juego y prevenir que una conducta probablemente ilícita se siga ejecutando u ocurra una posible vulneración irreparable en los derechos (…).

“Ahora bien, el acuerdo impugnado, la magistrada instructora, determinó, de forma particular, que no era procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por el actor; sin embargo, dicha decisión no forma parte de la  sustanciación ordinaria del juicio local y es una resolución definitiva, por tanto, al ser una situación extraordinaria debía ser el Pleno del tribunal local quien tomara la decisión correspondientes.

“Por lo tanto, esta Sala Regional concluye que la negativa carece del requisito de validez, consistente en ser emitida por una autoridad competente, conforme al artículo 16 de la Constitución y el principio de legalidad”, estableció la sentencia que ordenó al Pleno de TEEM pronunciarse respeto a si procede o no la aplicación de las medidas solicitadas por el legislador.

La Sala Regional también rechazó la petición del diputado para que el TEPJF asumiera jurisdicción sobre su solicitud de medidas cautelares, porque consideró que para asumir competencia directa en estos casos debe advertirse una posible afectación a la vida, la integridad o la libertad de la persona, pero en este caso el diputado lo que solicita es restitución en su derecho de ser votado en la vertiente de desempeñar el cargo para el que fue electo.

El marco legal vigente desde ayer impone sanciones que van desde una amonestación hasta una multa económica a quienes no usen mascarilla en sitios públicos y en el transporte

La Comisión de Derechos Humanos busca hacer valer autonomía constitucional.

El Poder Judicial del Estado de Morelos confió en que el próximo año el Congreso duplicará su presupuesto, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos espera tener recursos suficientes y hacer valer su autonomía constitucional, en vísperas de la resolución de las impugnaciones promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuyo proyecto se propuso declarar la invalidez de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos por vicios en el proceso legislativo.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, consideró poco probable una modificación del presupuesto 2020 del Gobierno de Morelos, pero lo que resuelva la SCJN podría tener un impacto en la Ley de Egresos del próximo año en favor del Poder Judicial, a quien, conforme a la Constitución local, le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Dijo que será relevante la resolución del tribunal constitucional, porque hay diferencias de criterio entre los Poderes Judicial y Ejecutivo respecto de los rubros y conceptos que forman parte del presupuesto estatal programable, para calcular en pesos los recursos que le corresponden al Poder Judicial.

Expresó que el Poder Judicial estima que el 4.7% equivale en este momento alrededor de 900 millones de pesos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo considera que la cifra es inferior.  

Descartó que la controversia constitucional en víspera de resolución por parte del Pleno de la SCJN, signifique una confrontación con el resto de los poderes. Por el contrario, existe una buena relación, que ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación para exponer y justificar por qué la administración de justicia requiere más recursos.

“Nosotros, independientemente de esta cuestión legal, nosotros estamos en la cuestión política en muy buenos términos tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, estamos en pláticas para que vean nuestra realidad.

“No es que el Poder Judicial quiera un presupuesto nada más porque sí. Traemos un estudio, traemos cifras de lo que necesita el Poder Judicial para salir. Hoy no tenemos para pagar aguinaldos, ya nos apoyó el Poder Ejecutivo con algunas ampliaciones y nos ha seguido apoyando. Estamos hablando de una realidad, no estamos en estirar, jalar para ver quién gana, sino cuál es la realidad que tiene el Poder Judicial y qué necesita para poder terminar el año”, explicó.

Para el 2020, el Congreso asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y 524 millones para el TSJ,  de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial aspira que para el 2021 con la resolución de la SCJN, fundamentada en la reforma constitucional que le dio autonomía financiera y estipuló un presupuesto equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable, se le asignen por lo menos 900 millones de pesos.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, celebró la decisión del Pleno de la SCJN de dar legitimación al organismo para impugnar, mediante una acción de inconstitucionalidad, el deficiente presupuesto asignado y abrir la puerta para que otras comisiones locales de país puedan defender su presupuesto y autonomía constitucional.

Recordó que la CDHEM desde hace años recibe un  presupuesto deficitario, al grado de ser el orsanismo local del país con menos recursos. “A la comisión, en el transcurso de su existencia, de los años, se le ha asignado el peor presupuesto que existe en todas las comisiones de la República Mexicana. Somos la comisión más castigada en ese sentido, y eso se traduce en darle la espalda a los derechos de las personas, porque eso es lo que al final de cuentas nosotros venimos a defender”, dijo.

Celebró que el Pleno del tribunal constitucional haya dado legitimidad al organismo para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso de Morelos y confió que, al igual que el Poder Judicial, pueda duplicar sus recursos.

“De manera inédita, por primera ocasión la SCJN en función de los planteamientos hechos por la CDHEM, ha dejado atrás una tendencia jurisprudencial para negarles a las comisiones la posibilidad de defender nuestra autonomía (…)

 “Esto implica una decisión inédita en la cultura jurídica del país, en la historia nunca se ha invalidado un presupuesto de egresos y eso es digno de reconocer a esta comisión, porque a final de cuentas habrá un antes y un después y abrirá la puerta y la ruta jurídica para que no solo la CDHEM, sino todas nuestras hermanas en todo el país puedan defender sus autonomías, porque insistimos en que, si no hay autonomía, difícilmente podremos cumplir con nuestras funciones”, sostuvo.

Luego de que la resolución de acción de constitucionalidad 116/2020 fue pospuesta para este jueves, Hernández Cruz consideró que existen tres escenarios posibles: 1) que el Pleno de la SCJN invalide  el presupuesto 2020 del estado de Morelos para que se respete autonomía y asigne presupuesto suficiente; 2) obligar al Congreso a que en el próximo presupuesto no se vuelva a incurrir en el mismo exceso y atentar contra la autonomía del organismo; 3) que se le obligue a legislar al Poder Legislativo para que la CDHEM tenga autonomía financiera como tienen otros organismo autónomos locales.  

Recordó que para 2020 le fueron asignados 15.8 millones de pesos y para el 2021 solicitó un presupuesto de 30 millones.

El Poder Judicial del estado y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) impugnaron la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020.

El proyecto de resolución presentado este lunes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, de manera inédita e histórica, invalidar la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020 por violaciones al proceso legislativo, derivado de las impugnaciones promovidas por el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra el presupuesto que les fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

El proyecto expuesto en el Pleno sobre la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la CDHEM corrió a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó invalidar el presupuesto estatal 2020 por diversos vicios.

Aunque una minoría de ministros consideró que el organismo local carecía de legitimidad para promover la acción para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Poder Legislativo local, la mayoría  de los integrantes del Pleno votó por la legitimidad de la comisión para promover la impugnación, ya que –de acuerdo con el ministro ponente- el reclamo de presupuesto es una defensa en abstracto de los derechos humanos, ya que a partir de un bajo presupuesto la CDHEM no puede cumplir con su objetivo y se vulnera su autonomía constitucional.

Sin embargo, el Pleno no entró al análisis de fondo y pospuso el debate para la siguiente sesión, debido a la conexidad de la acción de inconstitucionalidad con la controversia constitucional 42/2020 (también enlistada en segundo lugar para resolución) promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, y el impacto que tendría la invalidez de la Ley de Ingresos estatal, pues sería la  primera vez en la historia del país  que la SCJN invalidaría un presupuesto gubernamental por vicios legislativos.

“Señoras y señores ministros, como ustedes saben, este proyecto trae un tema delicado, importante de violación a proceso legislativo. Tuvimos una ardua y extensa sesión previa, en la cual algunas ministras y ministros consideraron importante darnos un espacio para reflexionar, ver constancias, tomar en consideración cuáles serían las constancias jurídicas de este asunto, no solo para este caso en concreto, sino como un precedente muy trascendente en un sentido o en otro que fuera la votación (…).

“Voy a proceder a levantar la sesión toda vez que este asunto está vinculado íntimamente con el asunto que tenemos listado en  segundo lugar, para que podamos dedicar un espacio a analizar y reflexionar sobre las diversas posturas y consecuencias que traería  la votación de este asunto, sobre todo por lo que hace a la violación del proceso legislativo que, hasta donde recuerdo, sería la primera vez que eventualmente este tribunal constitucional invalide un presupuesto de egresos por violaciones al procedimiento legislativo”, explicó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al dar por concluida la sesión.

PRESUPUESTO FUERA DE TIEMPO E IMPUGNACIONES

La aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos se dio fuera de plazo y en medio de una disputa política por la representación del Congreso y la titularidad de diversas comisiones legislativas.

El presupuesto debió ser aprobado el 15 de diciembre de 2019. Sin embargo, fue  hasta el 28 de enero de 2020 que se logró el consenso y la aprobación de la Ley de Egresos, con diversos ajustes notables que impactaron a diversos organismos autónomos y al Poder Judicial.

Inconformes, por separado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la CDHEM promovieron la controversia constitucional 42/2020 y la acción de inconstitucionalidad 116/2020, para impugnar ante la SCJN los presupuestos que les fueron asignados.

En el Presupuesto de Egresos 2020 aprobado por el Congreso del Estado y publicado el pasado 29 de enero de 2020 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, se asignaron 549 millones de pesos para el Poder Judicial, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y 524 millones para el TSJ, de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

Demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el caso de la CDHEM, para este año recibió un presupuesto de 15 millones 803 mil pesos, lo cual le serviría para hacer frente a los gastos operativos y la colocó como el órgano defensor con menor presupuesto del país.

El año pasado, el organismo local había solicitado un presupuesto de 50 millones de pesos para adquirir un inmueble como sede propia y aterrizar varios proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el Congreso decidió mantener el presupuesto que tiene la comisión desde hace varios años.

Entra en vigor reforma al Código Familiar del Estado de Morelos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la reforma al Código Familiar del Estado de Morelos que quieta el derecho a cónyuges e hijos violentos a recibir alimentos y herencia.

De acuerdo con el legislador, hasta antes de la reforma, aun cuando existía violencia familiar las obligaciones alimentarias no cesaban y no existía en la norma una disposición expresa que restringiera al generador de violencia el derecho a la sucesión testamentaria o a reclamar herencia.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de un total de 5,632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76.2% fueron hombres y un 23.8% mujeres.

En violencia familiar, Morelos tiene el sexto lugar nacional con 137 delitos por cada 100 mil habitantes, siendo los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec los de mayor incidencia.

El legislador consideró que existía un vacío legal en lo que se refiere a las conductas de violencia familiar previstas en el artículo 24 del Código Familiar estatal, que pueden ser demostradas directamente ante el juez de la materia y que pareciera que no había una consecuencia de su comisión.

Por ello, determinó necesario “complementar las causales de pérdida de derechos alimentarios y hereditarios de los responsables de violencia familiar, logrando una mayor protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que resultan los más afectados por dichas conductas”.

En consecuencia, se reformó la fracción III del artículo 55, y se modificó  la fracción III y derogó la fracción IV del artículo 506 del Código Familiar local, para establecer que cesará la obligación alimentaria “en caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el juez inferidos intencionalmente por el acreedor alimentario contra el que deba prestarlos, el que haya incurrido en conductas de violencia familiar como lo marca el artículo 24 de este Código”

Además, se declarará la incapacidad para heredar por la comisión de un delito o acto ilícito “el que haya incurrido en conductas de violencia familiar como lo marca el artículo 24 del presente Código, en contra del autor de la sucesión, debidamente demostradas ante la autoridad correspondiente”.

Las autoridades no pueden actuar si no hay querellas: Ortiz Guarneros.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, responsabilizó a los transportistas de no presentar las denuncias por los hechos delictivos de los que dicen ser víctimas, ya que las autoridades no pueden actuar si no hay querellas.

Tras la manifestación en la sede de la Fiscalía General del Estado en Cuernavaca, encabezada por un grupo de transportistas que denunció públicamente la quema y robo de unidades, las constantes extorsiones de que son víctimas por parte de células criminales y la falta de prevención del delito, el almirante sostuvo que los concesionarios solo se quejan ante los medios de comunicación pero no acuden ante la autoridades.

“Se quejan ante ustedes (los medios de comunicación), no se quejan ante la fiscalía. Entonces, mientras no hay un delito que está denunciado, pues difícilmente vamos a poderlos apoyar. O sea, nosotros actuamos por orden de la fiscalía en cuestiones de órdenes de aprehensión que se generan a través de una denuncia. Si no denuncias, pues estamos incapacitados de poder someter a alguien, al menos que se dé en el momento en que se está cometiendo el ilícito”, explicó.

Recordó que en el caso de la detención de personas que tenían tomada la caseta de Alpuyeca, secuestrados a tres choferes y retenidas varias unidades de transporte de pasajeros, se actuó de inmediato, debido a que existían denuncias ante la fiscalía estatal, pero existen otros casos en los que la CES no puede actuar por falta de querella.

“Yo sé ahorita, por ejemplo, que hay 15 vehículos que están retenidos, que le sacan el combustible, bajan al pasaje. Sé que va haber una manifestación, que van a utilizar esos vehículos, por allá por el área de Puente de Ixtla, sin embargo, repito, eso lo veo yo en los medios (...) y no tenemos noticias de que haya denuncias de la línea, de los dueños de los vehículos. Entonces no podemos hacer gran cosa al menos en que sea en el momento en que se está cumpliendo (realizando) la conducta delictiva”, dijo, al señalar que también la intervención de la CES está acotada al fuero común y toca a la Guardia Nacional actuar en el ámbito federal.

Por otra parte, el titular de la CES aseguró que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Morelos disminuyó en un 23 por ciento el delito de homicidio doloso, con lo que la entidad descendió del ranking nacional del escaño 10 al 15 por número de casos, mientras que por cada 100 mil habitantes paso del quinto al octavo, y “moverse un lugarcito en esa estadística es muy difícil y nosotros ya lo logramos”.

Indicó que, conforme a los datos oficiales, en Morelos han ocurrido 97 homicidios dolosos menos que en el 2019, sin embargo, admitió el aumento de casos de secuestros, que colocó a Morelos en el primer lugar en la comisión de este delito.

“En el caso de los secuestros sí, lamentablemente estamos en el primer lugar, pero aquí habría que ver los resultados que se han tenido cuando se han rescatado a los secuestrados, el 90 por ciento de los secuestrados. Un trabajo de la fiscalía, de la Unidad Especializada contra el secuestro en cooperación con nosotros, hemos rescatado a la mayoría de los secuestrados, un 90 por ciento.

“No podemos evitar el secuestro, pero sí estamos teniendo acciones contundentes para recuperar a la gente que es secuestrada. Desgraciadamente nos mete en la estadística, porque al haber un secuestro no lo estamos impidiendo, es difícil, sin embargo, en las labores de coordinación que se realizan a través de esta mesa, estamos recuperando a las personas que son secuestradas”, aseguró.

La dinámica es parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el TSJ ante la emergencia sanitaria.

Un juez de control realizó la primera audiencia telemática para expedir una orden de cateo, como parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), forzadas por la pandemia del covid-19 y las medidas preventivas para evitar contagios.

El TSJ informó que esta audiencia fue atendida por la juez de control Gloria Angélica Jaimes Salgado, quien a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autorizó la orden de cateo a un predio ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, por el delito de robo de vehículo.

“Esta la primera audiencia que llevamos en estos términos y con esto iniciamos una nueva era, en la cual vamos poder desahogar determinadas audiencias, con la Fiscalía General del Estado principalmente, sin necesidad de movernos. Son más dinámicas, más rápidas y se puede incluso dictar la resolución en ese momento y no perderíamos el tiempo en trasladarnos”, detalló el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz.

Aseguró que la utilización de estos recursos electrónicos tiene sustento legal en el Artículo 51 del Código Nacional Mexicano de Procedimientos Penales, por lo que a través de un medio tecnológico en tiempo real se desahogarán asuntos judiciales, logrando una tutela judicial efectiva, procurando que el principio de legalidad de cada uno de los pasos estuviera cumplido.

Cuando la violencia es una conducta sistemática y persistente, hay consecuencias legales dentro de los juicios relacionados con la patria potestad de los menores.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez aseguró que los padres o madres que sean generadores de violencia pueden llegar a perder la guarda y custodia de sus hijos.

Explicó que cuando la violencia se convierte de una conducta sistemática y persistente, hay consecuencias legales dentro de los juicios relacionados con la patria potestad de los menores, porque un generador de violencia no puede estar dentro del seno familiar.

Refirió que en el momento en que los jueces o juezas analizan un caso en particular y detectan que existe un conflicto de violencia al interior de la familia, emiten una resolución, una sentencia, mediante la cual remiten a la persona generadora de violencia a integrarse al programa Convive Mujeres y Hombres (CONVIVEMH) con duración de 25 sesiones, con la finalidad de atender la violencia y promover la reeducación de personas.

“El CONVIVEMH es un convenio celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Secretaría de Salud, de esta manera el TSJ a través de sus juzgadores y juzgadoras atiende el tema de la violencia pero además es un precursor de la cultura de la paz.

“La finalidad es que a la par de que se resuelve el conflicto legal, a través de una sentencia jurisdiccional, también las familias o las personas que son generadores de violencia y quienes sufren esa violencia pueden tener una resolución de su conflicto de menara integral”, detalló.

Indicó que el personal de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del TSJ, responsable del programa CONVIVEMH, informa permanentemente el seguimiento de este programa al juez o jueza.

En caso de que esta persona haya incumplido con sus terapias, el juzgador va a tomar nota para que el agresor o generador de la violencia regrese a estos grupos de convivencia para recibir la ayuda profesional que requiere y su actuar será tomado en cuanta en la resolución final que emitan los impartidores de justicia.

“Lo que pretendemos a través de este tipo de herramientas como es el CONVIVEMH, no solamente es resolver el problema legal sino generar un ambiente de paz para todos los integrantes de la familia, que pudieron haber estado viviendo en una situación de violencia”, aseveró Lara Chávez.

El alcalde de Cuernavaca no tuvo acceso a carpeta de investigación para conocer acusaciones, señala defensa legal.

El juez de control Edie Sandoval Lome difirió la audiencia de formulación de imputación a la que fue citado el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, cuya defensa legal argumentó que no tuvo acceso a la carpeta de investigación para conocer las acusaciones.

El edil arribó a la Ciudad Judicial, contigua al penal de Atlacholoaya, en compañía de su representante legal una hora antes de la audiencia, programada para las 8:00 horas de este miércoles.

Al iniciar la audiencia, la defensa de Villalobos Adán recurrió al común alegato de que no había tenido acceso al expediente ni conocía las imputaciones que se le harían al edil y pidió tiempo para imponerse respecto de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El juez de control aceptó el argumento y difirió la audiencia de formulación para el 27 de noviembre a las 12:00 horas.

Afuera de los juzgados, un grupo de trabajadores despedidos del ayuntamiento capitalino protestaba y esperaba la salida del presidente municipal para increparlo.

A la fallida audiencia también acudió el subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, a quien la FECC también pretende imputar, y el empresario, José Alberto Contreras Luna, en calidad de parte denunciante.

De acuerdo con la fiscalía, personal del ayuntamiento intentó extorsionar al empresario, al exigirle más de 200 mil pesos, presuntamente por orden del alcalde, para evitar la clausura de su autocinema, ubicado en la avenida San Diego de Cuernavaca.

Eduardo Santamaría Chávez es señalado como responsable de agresión contra activistas en esa ciudad.

Eduardo Santamaría Chávez, ex funcionario morelense, fue destituido como secretario de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez (Cancún) en el estado de Quintana Roo, tras lo disparos realizados por elementos a su cargo para dispersar una manifestación contra la violencia de género y los feminicidios, que dejó varios lesionados.

Por la noche, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció la separación del cargo de Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad en Morelos y hasta anoche secretario de Seguridad Pública de aquella entidad, mientras se investigan los hechos ocurridos la tarde del lunes.

La separación del cargo de Eduardo Santamaría Chávez fue anunciada por la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, quien condenó la agresión policiaca contra los manifestantes y afirmó que habrá una investigación de los hechos para fincar responsabilidades.

El caso atrajo la atención nacional e internacional, debido al uso desproporcional de la fuerza pública, ya que presuntamente Santamaría Chávez ordenó a sus elementos disparar al aire para dispersar a los manifestantes que protestaban frente al Palacio Municipal, particularmente para condenar el feminicidio de la joven Alexis y exigir justicia para ellas y todas las mujeres violentadas. El resultado final fue de varios lesionados, entre ellos dos periodistas heridos a balazos.

A través de una videoconferencia realizada a nivel nacional, las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense exigieron al Congreso y al gobernador de esa entidad, Carlos Joaquín González, no sólo deslindar  las responsabilidades e los servidores públicos que materialmente perpetraron la agresión armada sino también de quienes son responsables institucionales.

Afirmaron que Capella Ibarra, ex titular de la CES durante el sexenio de Graco Ramírez, debe asumir su propia responsabilidad en los hechos, ya que la policía local opera bajo la figura de Mando Único.

Eduardo Santamaría fungió como coordinador operativo de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y fue uno de los  varios jefes policiacos que fueron invitados por Capella Ibarra para trabajar bajo su mando en Quintana Roo.

El recurso es aplicable ante cualquier orden de aprehensión.

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, promovió un nuevo juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión, a unas horas de que se realice la audiencia de formulación de imputación a la cual fue citado en calidad de acusado.

De acuerdo con el expediente 1014/2020, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, el alcalde solicitó la medida cautelar, ante el temor de que pudiera ser privado de su libertad por parte de elementos de la Policía de Investigación Criminal, como consecuencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El juez de distrito otorgó la suspensión previsional, condicionada al depósito de una garantía económica de cinco mil pesos, en caso de que exista una orden de aprehensión por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional.

En caso de que exista orden privativa de la libertad por delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional federal estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Según confirmó la FECC, el alcalde Villalobos Adán, junto con el subsecretario de Protección Civil Municipal, Gonzalo Barquín Granados, fueron emplazados como indiciados a la audiencia de formulación de imputación este 11 noviembre a las 8:00 horas, que se realizara en la Ciudad Judicial, contigua al penal de Atlacholoaya.

La audiencia de formulación de imputación se deriva de una investigación iniciada por una denuncia promovida por un empresario, que acusó que personal del ayuntamiento, presuntamente por orden el edil, le exigió 200 mil pesos para evitar la clausura del autocinema instalado en la avenida San Diego de Cuernavaca.

A PROCESO PENAL REGIDOR DE TEMIXCO

El regidor de Temixco Salvador Vargas Cabrera y cinco personas más fueron vinculadas a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público y el juez concedió dos meses de plazo para el cierre de la investigación.

El concejal fue acusado por la FECC como la persona que presuntamente autorizó la contratación de cinco personas en los meses de enero y marzo del 2019, las cuales nunca se presentaron a trabajar pero sí cobraron un sueldo como trabajadoras del ayuntamiento.

El regidor y las coacusadas enfrentarán su proceso en libertad, bajo las medidas cautelares fijada por el juez.  

Constatarán que burócratas cubran requisitos legales para tener derecho a la jubilación.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la adición a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que faculta a los cabildos y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local realizar investigaciones para corroborar que los burócratas cubran los requisitos legales para tener derecho a la jubilación.

De acuerdo con el decreto legislativo, existía una laguna legal que requería ser atendida para dar certeza jurídica tanto a la parte patronal y a los trabajadores, como a la sociedad morelense.

Y es que si bien el artículo 67, Fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, prevé esa facultad investigadora de la Comisión del Trabajo y Previsión Social respecto de las solicitudes de pensión por retiro, por edad y tiempo de servicios, fallecimiento, cesantía o edad avanzada, en la Ley del Servicio Civil no estaba estipulada esta atribución ni era extensiva a los ayuntamientos, cuyos cabildos son responsables de la aprobación de las jubilaciones de sus trabajadores. 

“(…) no menos cierto es, que dicha previsión no se encuentra establecida y regulada en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, situación que de no subsanarse puede representar un problema a futuro con las entidades obligadas a proporcionar la información correspondiente a la citada investigación, en virtud de que al momento de realizar las mismas no es suficiente el fundamento legal que previamente ya se encuentra establecido en el artículo 67, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos”, argumentó el legislador.

En consecuencia, el Congreso local procedió a la adición del artículo 57 BIS a la Ley del Servicio Civil, para establecer que: “La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y los Cabildos Municipales, en su caso, al momento de realizar el trámite de otorgamiento de una pensión a los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios de nuestro Estado, tienen la facultad de realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de la misma”.

 Dicha adición se dio luego de los tropiezos legales que enfrentó la actual legislatura, al revocar  varios decretos jubilatorios que presuntamente fueron aprobados por sus antecesores sin que los beneficiarios cumplieran con los requisitos,  y que tras los amparos promovidos por varios de los afectados, la justicia federal determinó que había yerros normativos.

El organismo exige garantizar el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para personas reclusas y personal de custodia

Justicia pronta y expedita requiere suficiencia de recursos: magistrado

Beneficios son en el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos usados, así como en el pago de derechos por servicios de control vehicular.

La Secretaría de Movilidad y Trasportes y la Secretaría de Hacienda expidieron un nuevo acuerdo por el que se otorga un subsidio fiscal en el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, así como en el pago de derechos por servicios de control vehicular y sus accesorios.

Conforme al acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se condonará al cien por ciento el pago del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, causado en ejercicios fiscales de 2020 y anteriores; en la expedición o refrendo de gafete de operador del servicio público; en las concesiones del servicio público, con itinerario fijo y sin itinerario fijo, así como su renovación, únicamente para los contribuyentes que se incorporen al Programa de Renovación de Unidades de Transporte Público que operen a base de gas natural o energía eléctrica.

La condonación se reducirá al 50 por ciento a aquellas concesiones del servicio público, con itinerario fijo y sin itinerario fijo, así como su renovación para los contribuyentes que no operen a base de gas natural o energía eléctrica; en el canje anual de tarjetón del servicio público con itinerario fijo, sin itinerario fijo y de carga, y en cesiones de derechos, tratándose de servicio público de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo.

Los recargos y actualizaciones causados por el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, se condonarán al cien por ciento a favor de los contribuyentes.

Los recargos y actualizaciones generados por adeudos en el pago de los derechos de control vehicular de los ejercicios fiscales de 2019 y anteriores se condonarán a favor de los contribuyentes a que se refiere el artículo primero de este instrumento en un cien por ciento. Los subsidios fiscales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020.

El gobierno del vecino estado confirma que dichos documentos son ilegales.

El Poder Judicial no es de consigna: Jasso Díaz.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, aseguró que el Poder Judicial no es de consigna y que cada juez tiene que hacerse responsable de sus determinaciones, tras las protestas de familiares de cuatro estudiantes de la preparatoria de la UAEM asesinados hace cuatro años para denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal en contra los supuestos homicidas.

Dijo que las familias de las víctimas están en su derecho de expresarse y, si consideran que existe alguna irregularidad en el proceso judicial, iniciar alguna denuncia o queja administrativa ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina contra el juez.

Señaló que todos los casos son relevantes y el proceso relacionado con el homicidio de los cuatro estudiantes sigue su curso, sin que la balanza este inclinada hacia una u otra parte.

“Como se ha dicho a muchas personas que han venido y mencionado sus asuntos: no es un poder (Judicial) de consigna, ni a favor ni en contra de nadie. Los jueces son responsables de sus determinaciones, sí se les dice que pongan la responsabilidad y la atención que deben de poner a cada uno de sus asuntos y ellos son responsables de sus resoluciones, pero no es un poder que dice como se debe resolver uno u otro caso, todo se resuelve con base en las pruebas”, dijo.    

Durante la vista presidencial al estado de Morelos, los familiares de los cuatro estudiantes asesinados interceptaron al mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, ante quien denunciaron supuestas irregularidades en el proceso penal por parte del juez, Daniel Rodríguez Apac, para beneficiar a los presuntos homicidas.

Incluso, las familias denunciaron ante el presidente de la República que el juez a cargo del caso atropelló en presunto estado de ebriedad a un motociclista y lo privó de la vida en diciembre de 2017, pero sigue impartiendo justicia y protegido por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

Este martes, las familias acudieron a la ofrenda dedicada a las víctimas, en el acceso principal del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, para reiterar su protesta en víspera de la apertura de juicio oral para determinar la responsabilidad de los implicados en el crimen.

De acuerdo con la versión sostenida por la fiscalía estatal, los estudiantes de la preparatoria de la UAEM en Jojutla, Alejandro Medina Juárez, Melesio Piñaza Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín habían acudido a una fiesta el pasado 2 de noviembre de 2016, y posteriormente tuvieron un altercado de tránsito con sus verdugos.

Horas después, sus cuerpos fueron localizados en un paraje de la colonia de la colonia La Nopalera del Municipio de Yautepec.

Las acusaciones de la fiscalía contra los cuatro presuntos multihomicidas se basaron en evidencias como huellas, líquido hemático, la identificación y localización del vehículo implicado en el incidente de tránsito y la identificación de los imputados con base en un video obtenido por la Policía de Investigación Criminal. 

La ayuda será entregada a los dependientes económicos de los elementos que hayan fallecido en el cumplimiento de su deber desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020

Algunos de los propósitos de la reforma legal son promover la lactancia materna y limitar la comercialización de fórmulas de ese alimento.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la reforma a la Ley de Salud del Estado de Morelos que impulsa la instalación de lactarios en los centros de trabajo en instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con la justificación de la reforma al artículo 88 duodecies de la Ley de Salud, la intención es limitar la comercialización de la venta de sucedáneos (fórmulas) de la leche materna; empoderar a las mujeres y desarrollar estrategias comunitarias que apoyen y promuevan la lactancia materna exclusiva; y mejorar la alimentación infantil.

Además, con base en estudios realizados en Reino Unido y Australia, se estima que si la tasa de lactancia se duplicara a seis meses, habría potenciales ahorros para los sistemas nacionales de salud, y para los bolsillos de las madres.

“La principal acción en materia de conservación de la salud que nos ocupa, está constituida por la sumatoria de todos aquellos elementos tendientes a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo que constituye la propuesta para la instalación de lactarios en los centros de trabajos de los sectores públicos y privados y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, debiendo reunir las condiciones mínimas que garantizan su funcionamiento óptimo como privacidad, comodidad e higiene; así como el respeto a la dignidad y la salud integral de las mujeres beneficiarias, y la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo integral del niño o niña lactante, sin que esto constituya una imposición a la beneficiaria.

“Lo que la iniciativa pretende es hacer a la beneficiaria coparticipe de los beneficios que, en su calidad de beneficiaria, la instalación de lactarios en los centros de trabajos de los sectores públicos y privados y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, implica para su salud”, se detalló en la reforma.

Considerando los diversos beneficios, fue modificada la fracción II del artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para que en la organización y operación de los servicios de salud, destinados a la atención materno infantil, la autoridad competente establecerá, “acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, para tal efecto, se impulsará la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores públicos y privados y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil”.

Exigían la liberación de los detenidos por tomar la caseta de Alpuyeca el martes pasado.

Jueces de control y especializado en adolescentes, decretaron legal la detención a 69 personas que fueron detenidas tras la violenta manifestación realizada hace unos días a las afueras de la Fiscalía Antisecuestros, para exigir la liberación de 78 personas arrestadas por la Policía un día antes por la toma de la caseta de Ahuehuetzingo, el secuestro de tres choferes, robo y daños a tres autobuses de pasajeros.

Un total de 54 adultos fueron presentados ante el juez de control y en audiencia de formulación de imputación fueron acusados por el agente del Ministerio Público de la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

En tanto, 14 menores fueron presentados ante el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), acusados también de los mismos ilícitos.  

En ambos casos, los jueces de control y especializado en menores decretaron la legal detención y el internamiento preventivo de los imputados tanto en el penal de Atlacholoaya como en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) hasta la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado,  la noche del miércoles 21 de octubre, un grupo de personas se manifestó afuera de las instalaciones Fiscalía Antisecuestro, bloqueó el acceso al inmueble y a la autopista Cuernavaca-México, agredió a policías y dañó varias patrullas de la Policía estatal, para exigir la liberación de las personas detenidas durante operativo realizado el pasado 20 de octubre, donde fueron capturadas 78 personas, que también fueron presentadas el pasado viernes ante la autoridad judicial y sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva en tanto se realiza la audiencia de vinculación a proceso.

Juez de control declara legal la detención de 76 personas y les dicta prisión preventiva; son imputados por los presuntos delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa

En curso, audiencia del segundo grupo que agredió a policías y dañó patrullas

El martes retuvieron a varios choferes y autobuses de pasajeros.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la detención de 78 personas que mantenían tomada la caseta de peaje “Francisco Velasco Durán” -ubicada en el municipio de Puente de Ixtla-  y secuestrados a varios choferes y autobuses de transporte de pasajeros.

El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara detalló que 43 de los detenidos son hombres adultos, 16 varones menores de edad, 14 mujeres adultas y cinco mujeres adolescentes, de los cuales 61 son originarios de Guerrero, 15 de Morelos, uno de Ciudad de México y otro más de Michoacán.

Explicó que el operativo realizado la tarde del martes en la caseta de peaje citada (que fue tomada por varias horas) obedeció a una denuncia de un ciudadano que fue retenido y los ahora presos fueron sorprendidos en flagrancia de varios delitos.

Detalló que durante el operativo fueron rescatados tres choferes de autobús y recuperadas tres unidades de transporte de pasajeros, dos de la línea Costaline y una de la Estrella de Oro.

Indicó que en breve se definirán exactamente los delitos que serán imputados a los detenidos, pues se tiene potencialmente acreditado el robo de dinero y las unidades de transporte, pero dependerá de las declaraciones de los choferes si se configura el delito de secuestro o privación de la libertad en cualquiera de sus modalidades.

Rechazó confirmar la cantidad de dinero asegurada a los detenidos (que inicialmente se calculó en más de 600 mil pesos) quienes cobraban una “cuota voluntaria” a los automovilistas, y señaló que en las próximas horas los peritos tendrán la cantidad exacta del efectivo incautado.  

Indicó que el proceso de certificación y puesta adisposición ha sido lento debido al número de personas, además de que se hace un cruce de información con órganos de inteligencia federales y estatales sobre los antecedentes de los detenidos, con el fin de conocer si alguno de ellos tiene antecedentes penales, si pertenece o no a algún grupo delictivo y si enfrenta algún proceso de investigación u orden de aprehensión.

Agregó que hasta el momento ni la paraestatal Caminos y Puentes Federales (Capufe) ni las empresas de autotransporte afectadas han presentado denuncias y expresó que “en el estado el Grupo de Coordinación estamos consensando que no vamos a cruzar los brazos. Lo positivo es que en este momento las casetas del estado no se encuentran tomadas”.  

El magistrado Norberto Calderón Ocampo es nuevo integrante del órgano.

El magistrado Norberto Calderón Ocampo fue designado como nuevo integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, tras la renuncia por motivos de salud de la magistrada Elda Flores León, y en medio de un debate impulsado por el magistrado, Carlos Iván Arenas, sobre que la vacante debía ser ocupada por una mujer, para cumplir con el principio constitucional de paridad de género.

En sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz anunció la renuncia de Flores León y, para hacer la inmediata sustitución, presentó la propuesta de terna integrada por los magistrados Berta Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde y Norberto Calderón.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró apresurada la presentación de la terna y propuso aplazar la designación, por dos consideraciones: la primera, para reformular la terna únicamente con mujeres para cumplir con el principio constitucional de paridad de género, de lo contrario, el órgano colegiado podría ser integrado únicamente por varones y se violentaría una disposición constitucional; y, la segunda, para generar un diálogo y que los aspirantes presentaran un plan de trabajo.

El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, declinó a su postulación, agradeció la consideración para formar parte de la terna, pero reiteró su oposición histórica a la existencia del extinto Consejo de la Judicatura y hoy Junta de Administración, como órgano intermediario que ha causado conflictos y enfrentamientos en el Poder Judicial y permitido actos deleznables.

Dijo que aceptar la postulación sería incongruente con su postura e insistió en su propuesta de la desaparición de dicho órgano, lo cual permitiría un gran ahorro económico para el TSJ.

También difirió con su homólogo Arenas Ángeles sobre el tema de paridad de género, porque la integración de los órganos de gobierno no debe estar supeditada a la condición de género sino a la capacidad de cada persona para ejercer un cargo.

“El hecho de que se haga una cuestión discriminatoria, pues podríamos decir que así como se está haciendo una cuestión discriminatoria en término al género de la mujer, pues podría decir lo propio en términos de lo que es ser hombre. Creo yo que el ejercicio, insisto, del gobierno, de las responsabilidades públicas, deben estar supeditadas a capacidades y no solamente a guardar una condición de sexo”, explicó el magistrado Elizalde, quien fue sustituido en la terna por la magistrada Carmen Aquino Celis.

El magistrado presidente Rubén Jasso Díaz coincidió con la postura de Elizalde Figueroa sobre el tema de paridad de género y expresó que la designación de un integrante de la Junta de Administración “son decisiones democráticas y creo que se debe tomar la mejor decisión”.

“Yo también estoy en desacuerdo en esta situación de equidad, (el tribunal) está en un 80 por ciento (integrado) de damas y yo no creo que tenga que ser por decreto. Las damas nos han demostrado su capacidad, sobre todo en esta institución, en este Poder”.

Recalcó que “yo no estoy de acuerdo de que tengan que llegar por decreto, es mi punto muy particular de vista, espero no meterme en problemas, es que las mujeres no necesitan llegar por decreto, llegan por capacidad y seguiré insistiendo, la mayor demostración es este Poder Judicial donde en su mayoría son mujeres, son las que mejor trabajan, son con las que se puede trabajar muy bien y día a día han demostrado su capacidad”.

Agregó que si se tuviese que aplicar el criterio de paridad de género, el Poder Judicial tendría que disminuir el número de puestos ocupados por mujeres.

El magistrado Carlos Iván Arenas fue insistente en el debate de que debía de cumplirse con la paridad de género en la integración de la Junta de Administración, pero nadie lo secundó e, incluso, magistradas disintieron sobre el tema de la paridad.

“Yo sí lamento mucho, y perdón por incomodar, es mi punto de vista, me parece que no se está observando el principio de paridad de género, porque estamos proponiendo, con el riesgo de que vamos a conformar una Junta de Administración integrada con puros varones.

“No estamos discutiendo un tema de capacidades, nadie pone en duda eso, no significa que la mujer sea más capaz o que el hombre. Pero eso no es la paridad, la paridad significa que le demos la oportunidad de que los órganos del gobierno estén integrados al mismo tiempo con hombres y con mujeres.

“Lamento mucho que no se esté observando esa situación y que estemos conscientes de las consecuencias que van a implicar, que después nos venga a señalar que tenemos un órgano de gobierno de este Poder Judicial que no respetó la paridad de género. Simplemente yo estoy cuidando el respeto a lo que marca el principio constitucional”, remarcó.   

Finalmente, por mayoría, los magistrados desecharon la propuesta de Arenas Ángeles para reformular la terna y postergar la designación, y por una mayoría de 11 votos el magistrado Norberto Calderón Ocampo fue nombrado como nuevo miembro de la Junta de Administración, que también está integrada por el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso,  y el representante de los jueces, Alejandro Becerra Arroyo.

Tenían 600 mil pesos, que habían recabado de los automovilistas en seis horas.

El juzgador atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) que presuntamente protegió a un juez de control y juicio oral que, en estado de ebriedad, atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La sala, integrada por los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto, resolvió un recurso de apelación promovida por la defensa de la agente del Ministerio Público, Martina “N”, quien fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Daniel Rodríguez Apac, como presunto responsable del atropellamiento y muerte del ciudadano Pedro Portilla.

Los magistrados consideraron que este tipo de conductas coarta el derecho de la víctima a la procuración e impartición de justicia y que la FECC presentó los datos de prueba necesarios para confirmar el auto de vinculación a proceso dictado por un juez contra la agente del Ministerio Público Martina “N”,  por el delito cometido por servidor Público, previsto y sancionado en el artículo 297 fracción IX del Código Penal de Morelos.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, la víctima se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a Pedro Portilla. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio a la víctima. Kilómetros más adelante fue detenido como presunto responsable del accidente de tránsito y la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado.

En consecuencia, inició una denuncia ante la FECC contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable en el fatal accidente.  

Mientras, organizaciones protestan para que se reactiven investigaciones sobre desaparecidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que reinició la búsqueda de fosas clandestinas en la zona sur de la entidad, como parte de las acciones para la localización de personas reportadas como desaparecidas.

Detalló que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con el apoyo de Agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), peritos, binomios caninos y elementos de la Guardia Nacional, dieron continuidad a las acciones de investigación en el municipio de Puente de Ixtla.

Explicó que personal de la fiscalía realizó un despliegue por las colonias La Providencia, Ampliación Providencia y Emiliano Zapata, como parte de las diligencias para la integración de distintas carpetas de investigación relacionadas con la búsqueda de personas.

Las diligencias se realizaron en zonas urbanas y tierras de cultivo, sin que se localizaran indicios que presumieran la existencia de fosas clandestinas o restos humanos en la zona.

Recalcó que los esfuerzos contemplan la localización con vida de las personas reportadas como desaparecidas, sin descartar cualquier acción que pudiera generar un deceso o bien, indicios que permitan ampliar la búsqueda en otros lugares o entidades federativas.

Cabe destacar que colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos han presionado a la FGE no solo para llevar a cabo este tipo de diligencias en diversas partes del estado, sino que han insistido en la reactivación de los trabajos de exhumación de cuerpos en las fosas de Jojutla, los cuales quedaron inconclusos desde marzo de 2017, y han exigido avances en el procesamiento de las pruebas genéticas a cuerpos no identificados y que fueron inhumados irregularmente por la fiscalía en fosas comunes, ante la posibilidad de que algunos de los restos sean de algunas de las personas desaparecidas y cuyas familias siguen en su búsqueda.

En el mes de julio, colectivos de familiares de desaparecidos localizaron restos humanos en un paraje del municipio de Puente de Ixtla. Al reportar el hallazgo, la FGE solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia  (INAH), ante la presunción de que los restos óseos dataran de la época prehispánica. A la fecha, la fiscalía estatal no ha confirmado ninguna teoría respecto de los huesos localizados.

El espacio ofrece a los ciudadanos la expedición de “certificados” de no antecedentes penales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó sobre un sitio web fraudulento que ofrece a los ciudadanos la expedición de “certificados” de no antecedentes penales.

Detalló que por diversas cuentas de redes sociales se detectó  que personas ajenas a la institución ofrecen la emisión de “Certificado de Antecedentes No Penales en México” y promueven la página web https://www.antecedentesmx.com/#/intro, la cual es apócrifa y no cuenta con los mecanismos de consulta y seguridad para emitir ningún tipo de documento.

Pidió a los ciudadanos estar alertas para no ser engañados y recordó que este tipo de trámites se realizan de manera presencial en la FGE y son estrictamente personales, es decir, no se permiten gestores o que sean realizados por terceras personas.

“Se invita a quienes requieren hacer el trámite para la obtención de la “Constancia de No Antecedentes Penales”, que acudan directamente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Las personas interesadas en obtener este documento pueden consultar los requisitos,  pasos a seguir y generar la cita correspondiente a través de la página web https://fiscaliamorelos.gob.mx/constancia-antecedentes/ en la que pueden obtener toda la información relacionada con este servicio”, precisó.

También invitó a las empresas que solicitan este trámite para la contratación de personal, a que realicen la validación del documento a través del portal de la FGE o directamente en la liga https://fiscaliamorelos.gob.mx/validar

La aeronave podría ser confiscada a favor del Estado.

La Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil busca al propietario de una aeronave presuntamente abandonada en el aeropuerto “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, con la advertencia de que podría ser confiscada a favor del Estado.

El aviso fue emitido tras una serie de revisiones e investigaciones iniciadas por autoridades federales en el aeropuerto local, luego de que el pasado 22 de septiembre tres personas ingresaron a un hangar privado y, literalmente,  robaron la aeronave marca British Aerospace, modelo BAE125-800 A, número de serie 258018, matrícula XB-PYZ.

El avión salió de territorio mexicano, presuntamente aterrizó en Venezuela, retornó y se estrelló en Guatemala. Entre los restos del fuselaje fueron encontrados dos cuerpos, armas y droga. La Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil y la Fiscalía General de la República iniciaron una investigación.

Tras hacer una serie de inspecciones e indagatorias en el aeropuerto “Mariano Matamoros”, la autoridad detectó una aeronave que desde hace meses permanece estacionada en un hangar, sin que se tenga certeza de la ubicación del propietario.

De acuerdo con el “Aviso de declaratoria de abandono de una aeronave”, expedido por la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil, organismo dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), se busca al propietario de la aeronave marca BOEING727- 200,  modelo BOEING 727-222CF, con número de serie19913 y matrícula XA-UII, la cual tiene más 90 días en un hangar del Aeropuerto de Cuernavaca sin que nadie le dé mantenimiento o se haga responsable del artefacto.

El aviso detalla que, conforme a la normatividad en materia de aviación civil, “las aeronaves que permanezcan en aeropuertos, aeródromos o helipuertos por noventa días naturales o más, sin estar al cuidado directo o indirecto de su propietario o poseedor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá hacer la declaratoria de abandono de la aeronave.

“Que las aeronaves declaradas como abandonadas pasarán a propiedad de la Nación y se procederá a su enajenación en subasta pública con la participación de las autoridades correspondientes y ante fedatario público”.

Las personas que tengan interés jurídico para presentar las objeciones legales respecto del procedimiento de declaratoria de abandono de la aeronave, tendrán un plazo de hasta cuarenta días, bajo el apercibimiento de declarar el abandono de la aeronave en beneficio de la nación.

El Congreso local no destinó recursos para el pago de nuevas jubilaciones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) retomó la estrategia legal para impugnar las pensiones de los trabajadores judiciales, porque el Congreso local no destinó una partida presupuestal para el pago de nuevas jubilaciones.

Recientemente, el Poder Judicial del Estado promovió la controversia constitucional 144/2020, la primera bajo la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, por la cual fue impugnado el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González, quien prestó sus servicios en el TSJ durante 23 años y cuyo último cargo fue como Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Yautepec.

En el recurso constitucional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del artículo 3º del decreto número setenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5793 de fecha once de marzo de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio”.

Esta estrategia fue aplicada por primera vez por la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quién durante su gestión promovió más de 150 controversias constitucionales contra los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso entre 2016 y 2019.

A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, inició la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial pero sin asignar presupuesto para su pago.

En 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Ante la reiterada omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el 3 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Morelos por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir las sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del TSJ, sino hasta amenazó con aplicar la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido ningún acuerdo por el que dé por cumplidas el total de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales.

Sin embargo, todo indica que Jasso Díaz, quien relevó a Cuevas López el pasado 18 de mayo, retomará la estrategia de su antecesora para presionar al Congreso para que etiquete una partida presupuestal exprofeso para cada uno de los decretos jubilatorios aprobados de trabajadores judiciales.

Incluso, también, en los últimos meses de gestión de Cuevas López fue promovida la controversia constitucional para que el Poder Judicial reciba un presupuesto superior a los 800 millones de pesos y se cumpla con lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado, y le concede el 4.7% del gasto programable estatal.

Sala Regional determina que la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos incurrió en omisión al no realizar los actos necesarios para actualizar los datos de la credencial para votar de personas que residen en el recién creado municipio indígena

Agustín Villalobos Salgado fue nombrado juez por la expresidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables.

El Juez Tercero de Distrito negó la suspensión definitiva a Agustín Villalobos Salgado, quien fue nombrado juez por la ex magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables y fue recientemente cesado de sus funciones.

De acuerdo con el juicio de amparo 737/2020, promovido por el ex juez, al ser un acto consumado su remoción, no procedía conceder la medida cautelar, además de que el acto reclamado forma parte del fondo del asunto que se resolverá en el momento procesal oportuno.

El ex juez alegó en su demanda de garantías que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de la Juez adscrita a la Visitaduría, ejecutó su “remoción, destitución o privación del derecho a seguir fungiendo como juez” sin fundar ni motivar.

En enero de 2019, en circunstancias cuestionables y con total opacidad, la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas destituyó sorpresivamente a los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado para dar sus lugares a Agustín Villalobos Salgado y Gabriela Chang Marroquín, con el pretexto de que los cambios obedecían al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, derivada de las impugnaciones que promovieron ante la justicia federal siete participantes en el  concurso de oposición para la designación de 13 Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, realizado en el año 2011.

Romero Ulloa y Jaimes Salgado iniciaron sendos juicios de amparo contra su destitución y finalmente obtuvieron la protección de la justicia federal y su reinstalación en septiembre pasado, ya que la “ejecutoria de amparo” alegada por Cuevas López no implicaba el cese y designación de nuevos jueces, sino únicamente ordenaba que se dieran a conocer las calificaciones de los aspirantes quejosos y los motivos por los cuales no obtuvieron una de las plazas concursadas.  En consecuencia, Villalobos Salgado y Chang Marroquín fueron relevados de sus cargos de jueces.

Sin embargo, el ex juez Villalobos Salgado, inconforme, promovió un juicio de amparo, en el que alegó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina dejó insubsistente su nombramiento como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones adscrito a la Tercera Sede Judicial, con sede en Cuautla, porque en el concurso de oposición no alcanzó el puntaje para obtener una plaza de juez.

“Me dio a conocer las calificaciones obtenida en los concursos de oposición en que participé para la obtención del nombramiento de Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos” y “declaró que, de las calificaciones dadas a conocer, no alcancé el puntaje para ser vencedor dentro del concurso de oposición en el que participé y que por esa razón no me designaron Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Finalmente, el juez de distrito procedió a negarle la suspensión definitiva contra el acto reclamado, “máxime que, como lo manifiesta el quejoso, ya se dejó sin efectos su nombramiento, por lo que ya no fue designado como Juez de Primera Instancia, por lo que, no es dable otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios como lo solicita, ya que no es propio de un pronunciamiento relativo al incidente de suspensión, sino materia del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia”.

La alternativa no sólo disminuye la probabilidad de contagios, sino que permite atender asuntos de manera pronta y expedita: magistrado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) discutió la posibilidad de usar el método de videoconferencia en el desahogo de audiencias de apelación en el sistema acusatorio adversarial, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva ante las circunstancias excepcionales que provocó la pandemia del covid-19.

El magistrado Jorge Gambo Olea, propuso al Pleno el acuerdo para que  órganos de segunda instancia utilicen la videoconferencia como método alterno para desarrollar audiencias de apelación y explicó que la Primera Sala –de la que forma parte- celebró ya 22 audiencias con el apoyo de la telemática, es decir, con las tecnología de la información que permiten la comunicación a distancia y transmisión datos.

Explicó que con esta alternativa, no solo disminuyó la probabilidad de contagios, sino que permitió a las partes implicadas y a los magistrados atender los asuntos de manera pronta y expedita.   

Indicó que, salvo algunas dificultades técnicas menores, las audiencias por videoconferencia se desarrollaron sin inconvenientes, con la conformidad de las partes y, hasta ahora, la justicia federal no ha tenido ningún reparo respecto al desahogo de estas audiencias por videoconferencia celebradas por la Primera Sala del TSJ.

Indicó que la crisis sanitaria obligó a empresas e instituciones gubernamentales en todo el mundo a modificar sus sistemas de trabajo y uno de las soluciones fue el uso de la telemática, que es la ciencia del uso de las tecnologías de la información y desarrollo de aplicaciones que ayudan a procesar y aplicar datos multimedia.

Gamboa Olea insistió en la necesidad de invertir en la tecnología y específicamente en la justicia digital, para hacer frente no solo a la crisis actual sino a los problemas que pudieran presentarse en un futuro.

La propuesta fue secundada por sus homólogos de sala, incluso el magistrado Andrés Hipólito Prieto reconoció que en un principio fue difícil adaptarse al uso de este método tecnológico. Sin embargo, a la postre representó un beneficio para los juzgadores y los justiciables, con el desahogo oportuno de las audiencias.

El acuerdo fue acogido por el resto de los magistrados, quienes consideraron hacer algunos ajustes técnicos y varias aportaciones y reservar su aprobación para la siguiente sesión de Pleno.

Determina que fue aprobada fuera de plazo; preveía el aumento de 20 a 24 el número de diputados, una nueva redistritación electoral y el aumento de tres a cuatro el porcentaje para obtener una diputación plurinominal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral realizada por la LIV Legislatura, por haber sido aprobada fuera de plazo y violar la veda electoral.

Por unanimidad de votos, el Pleno del máximo tribunal del país aprobó el proyecto de resolución presentado por el ministro, Alberto Pérez Dayán, por el que se decretó la invalidez del Decreto 690, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio de 2020.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 139/2020 y sus acumuladas 142/2020, 223/2020 y 226/2020, presentadas por los partidos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se consideró que la expedición y promulgación de la reforma violó el artículo 105, Fracción II, penúltimo de la Constitución federal, que establece que las leyes federales y locales deben promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral.

“En este sentido se precisa. Primero, que el decreto contiene modificaciones fundamentales en el sistema electoral del estado de Morelos, esto es, son de aquellas que altera de manera sustancial disposiciones que rigen su proceso electoral y se toma en cuenta que los 90 a que se refiere el precepto constitucional, corrió del 3 de junio al 31 de agosto de 2020, empero, el decreto combatido se publicó en el Periódico Oficial del estado el 8 de junio del 2020, esto, dentro de la veda electoral, de ahí su invalidez ante una franca violación a la Constitución Federal, pues la primera semana del mes de junio, que es la que inicia el proceso electoral, debe considerarse como la que comienza este mes”, detalló el ministro Pérez Dayán.

El ministro ponente propuso  también invalidar la reforma electoral por existir al menos ocho violaciones al procedimiento legislativo, ya que se omitió entregar las iniciativas de ley a los diputados integrantes de diversas comisiones; el dictamen no fue suscrito por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; se omitió convocar a diputados a los trabajos de esta comisión; el dictamen no se programó para su discusión en la sesión que determinara la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajo Legislativos.

Además, el dictamen no fue publicitado en el portal de internet del Congreso; fue modificada la orden del día del Pleno para incluir la reforma electoral como de urgente resolución sin que se argumentara la urgencia; el dictamen no fue distribuido entre los legisladores; el dictamen incluía reforma constitucional y, en ese caso, el reglamente prevé la realización de un receso pero no ocurrió; y porque las reformas a los artículos 16 y 18 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales careció de iniciativa.

Sin embargo, los ministros y ministras de la SCJN, al emitir su voto a favor del proyecto, consideraron innecesario entrar al fondo y debatir sobre las violaciones al proceso legislativo, ya que la violación al periodo de veda electoral era argumento suficiente para invalidar el decreto de reforma en materia electoral y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

“Este tribunal ha sido muy cuidadoso en establecer que la veda electoral impide que se modifique la legislación en todos aquellos temas que afecten sustantivamente la contienda electoral, esto es, la veda electoral no supone la posibilidad o la imposibilidad de legislar en materia electoral en cualquier momento o circunstancia, solo 90 días antes se tienen que conocer las reglas que afecten de modo sustantivo el proceso electoral”, recalcó el ministro al señalar que el proyecto consideró que la reforma, que incluyó temas de género, si afecta de manera sustantiva al proceso electoral.

Con el fin de evitar un vacío jurídico, la resolución decretó  la reviviscencia de la legislación anterior, que será la que se aplicará al proceso electoral local 2020-2021.

La reforma electoral invalidada preveía el aumento de 20 a 24 el número de diputados, una nueva redistritación electoral, el aumento de 3 a 4 el porcentaje para que los partidos o coaliciones pudieran aspirar a diputaciones plurinominales y regidurías y otorgaba la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional, entre otros cambios sustanciales.

También preveía la armonización legislativa, acorde con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, por medio del cual se define la violencia contra las mujeres que participan en procesos electorales y en cargos públicos.

El denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) conservará únicamente su personalidad jurídica para efectos de liquidación

El Poder Judicial opera con el 60 por ciento del personal de manera presencial.

En las últimas dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) registró un aumento en el aforo en su principal sede judicial, por lo que acondicionó un área en el sótano de los juzgados de Cuernavaca para el personal de la Oficialía de Partes Común, que permitió recibir un mayor número de demandas al mismo tiempo, y no a través del buzón judicial con una sola persona, como se venía haciendo desde el inicio de la pandemia por covid-19.

La Oficial Mayor del TSJ del Estado de Morelos, Carmen Paulina Toscano Vera, detalló que ahora se ingresa al sistema aleatorio y se genera inmediatamente su papeleta de turno al juzgado correspondiente.

Indicó que desde que el Pleno del TSJ aprobó por unanimidad de votos el incremento al 60 por ciento del personal para laborar de manera presencial, se comenzó con la habilitación de tres oficiales de Partes Común.

“Estamos atendiendo a tres personas al mismo tiempo en lugar de una sola, como se venía haciendo a través del buzón judicial. Dichos usuarios tendrán el conocimiento inmediatamente a qué juzgado corresponde conocer su demanda”, señaló Toscano Vera.

Manifestó que el usuario que presentó su demanda a través del buzón judicial y que no tuvo la posibilidad de obtener su papeleta de asignación de juzgado, puede comunicarse al teléfono 777 3621000, extensión 1006, donde le pueden informar el juzgado al cual le correspondió conocer su demanda.

“Únicamente les pedimos una serie de datos que están consignados en el acuse que se les entregó cuando presentaron su documento ante este Tribunal. En el último mes se han recibido un promedio de 50 demandas diarias, incluidos los exhortos”, precisó.

Recordó a los abogados y usuarios del TSJ que las demandas familiares se presentan sin la necesidad de generar una cita a través del Portal Digital, por tratarse de un tema de primera prioridad, e igualmente los exhortos pueden presentarse de manera directa.

El ex director general de la Primera Visitaduría detalla el maltrato del que fue víctima por parte de Paolo Giuseppe Martínez Ruiz, quien fue nombrado como su sucesor en ese cargo.

El ex director general de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Martínez Cruz, denunció trato vejatorio por parte de quien fue nombrado como su sucesor, tras presentarse en la sede el organismo a solventar observaciones del proceso de entrega recepción.

Martínez Cruz, también integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, detalló que a través de un oficio, dio vista al Órgano Interno de Control y a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sobre el maltrato de que fue víctima por parte de Paolo Guiseppe Martínez Ruíz, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH

“Me dirijo a usted por este medio, ya que cuando me presenté a hacer las aclaraciones personalmente en su oficina, únicamente recibí un trato soez y vejatorio por su parte, contraviniendo todas las normas reglamentarias y el más elemental trato digno que merece cualquier persona en el servicio público, más aún tratándose de la institución nacional defensora de los derechos humanos.

“Quiero dejar constancia de que le solicité a usted se me permitiera tener testigos de la entrega física de los teléfonos y que, en lugar de eso, usted de manera altanera lo impidió, a pesar de que usted tenía a dos personas a su servicio dentro de la oficina.

“A pesar de ello, le hice ver que yo había dejado el teléfono rojo dentro del escritorio, mismo que usted abrió y dijo que ahí no había nada, por lo que solicité la presencia de personal que había sido testigo de que ahí se encontraba al momento en que le entregué la oficina en la fecha acordada con la Coordinación Jurídica de la institución, por lo que una vez que insistí en contar con la presencia de un testigo “usted reconoció que había sacado del cajón el teléfono y que ya estaba en otra parte, insistiendo en cuestionar el hecho de que no estuviera asentado en el acta, mostrando en realidad el carácter punitivo que pretende realizar con el tipo de observaciones realizadas, evidenciando la falta de ética y de respeto con los procedimientos establecidos en el reglamento, razón por la cual me comuniqué al Órgano Interno de Control (OIC) y le comuniqué lo que estaba ocurriendo, justo antes de que usted cerrara violentamente la puerta de su oficina y con palabras altisonantes me dijo que no podía permanecer en ella”, narró sobre su encuentro con Martínez Ruíz .

Detalló que, ante la intolerancia de su sucesor, reiteró su disposición a hacer las aclaraciones solicitadas en el proceso de entrega recepción y dio vista  tanto al órgano interno de control como a la presidencia del organismo nacional “para que quede constancia de que nuestra labor ha sido de compromiso y buena fe en el desempeño de las actividades conferidas a mi persona como Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH durante el período comprendido entre el primero de enero y el último día de agosto de 2020, donde me desempeñé con el compromiso y responsabilidad que se me confirió y que he entregado a usted para su continuidad”.

Detenidos son liberados por errores en informes y registros.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) exhortó a los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades federativas, para que se implementen políticas y programas de capacitación dirigidos al personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, para evitar la liberación de detenidos por fallas en los informes y registros.

De acuerdo con un comunicado emitido por el órgano colegiado -integrado por fiscales y procuradores de justicia de todos los estados- los principales motivos que obligan a dejar en libertad a las personas detenidas tienen que ver con temas de derechos humanos, inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones o en el Informe Policial Homologado (IPH).  

De acuerdo con cifras del Inegi entregadas al CNPJ), en el 2018 en el país se cometieron más de 33 millones de delitos, se iniciaron más de un millón 900 mil carpetas de investigación, y alrededor de 200 mil asuntos fueron ingresadas como causas penales ante los órganos jurisdiccionales. 

El Registro Nacional de Detenciones reportó, del 23 de noviembre 2019 al 31 de julio 2020, un total 70 mil 886 detenciones por hechos del orden federal, de las cuales el 46 por ciento de las detenciones fueron efectuadas por policías municipales y el 32 por ciento por policías estatales.

Al realizar una revisión de las razones por las que se otorgó la libertad a los detenidos, se observó que en el 81 por ciento de los casos influyó negativamente la forma de presentación del informe policial homologado.

 “Este Órgano Colegiado exhorta a las y los Gobernadores de los estados de la República Mexicana, para que prioricen el desarrollo e implementación de programas de capacitación conjunta dirigidos a los agentes de las instituciones de seguridad pública y protección ciudadana del ámbito estatal, con un énfasis especial en aquéllas del orden municipal, en materia de derechos humanos, actuación del primer respondiente, registro nacional de detenciones e informe policial homologado”, recalcó el comunicado, basado en el acuerdo aprobado el pasado 4 de septiembre por los fiscales y procuradores de todo el país.

La CNPJ expresó su interés en participar en esfuerzos conjuntos “que nos permitan incrementar la confianza de la ciudadanía y reducir los casos adversos ante los órganos jurisdiccionales. Por lo que ofrecemos la colaboración de las Fiscalías y Procuradurías para generar mesas de trabajo y revisar los asuntos que se ponen a disposición, compartir los criterios de los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de evitar que se repitan los errores, lo que puede evitar el ciclo de impunidad”.