Sistema de justicia no está respondiendo a las expectativas de la sociedad, expresan integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

Integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos exigieron a los tres Poderes del estado establecer políticas públicas eficaces en materia de seguridad, en virtud de que no hay resultados perceptibles y la sociedad está preocupada.

Ante la ausencia de posturas crítica del actual dirigente de la organización, Cristian Iván Velasco Alcocer, un grupo de abogados barristas realizó un análisis de la fragilidad en que se encuentra la administración y procuración de justicia estatal.

Los ex presidente de la Barra de Abogados José Luis Urióstegui Salgado y Alejandro Smith Vázquez, así como Marisela Camacho Castro, delegada de la organización en la región oriente,  y el litigante Ángel Enrique Arizmendi, coincidieron en que el sistema de justicia no está respondiendo a las expectativas de la sociedad.

José Luis Urióstegui Salgado expresó que  ni los presidentes municipales ni el comisionado estatal de Seguridad, ni los legisladores, ni los poderes Ejecutivo y Judicial cumplen con su función y sólo realizan acciones apenas suficientes para calmar a la sociedad.

“Exigimos al gobernador, alcaldes y áreas encargadas de seguridad que implementen programas efectivos y eficaces, establezcan líneas claras de cómo la población evite ser víctimas de delito, políticas de información para ser víctimas de robo de vehículo o comprar vehículos que han sido remarcados o re-documentados”, dijo.

Señaló que existe preocupación porque “no hay un programa o una política criminológica que nos permita establecer el devenir, en esa transformación psicológica de los delincuentes. Los que antes se complacían solo con robar ahora hacen daño, aunque sea innecesario, golpean o matan, y eso es también un trastorno social que nos va a golpear a todos, en Morelos o en cualquier parte de la República”.  

También exhortó a la población a colaborar en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia con su denuncia, pues sólo así se pueden focalizar acciones  en las zonas donde operan los delincuentes y generar lazos de solidaridad entre los colonos.

Los barristas exhortaron al Congreso a vigilar el desempeño del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, responsable de la procuración de justicia, así como del Poder Judicial del Estado de Morelos, que se encuentra en una crisis interna y externa que se ve reflejada en la escalada de amparos y controversias constitucionales, así como las resoluciones judiciales que le han sido adversas a la propia magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López.

“El tema de los jueces del fuero común es fundamental para lograr orden en el estado en los asuntos individuales, el tema de la fiscalía encargada de la investigación de los delitos, que no están dando los resultados deseables y el tema de justicia penal, que se ha convertido en esa famosísima puerta giratoria que permite que entren y salgan los delincuentes y que tengamos en Morelos un grado de inseguridad elevado. El tema de inseguridad nos ocupa y nos hace exigir a las autoridades que haya resultados”, resaltó Urióstegui Salgado.

Marisela Camacho Castro, delegada de la Barra de Abogados en la zona oriente, apuntaló:  “Hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial para que, en primer término, la magistrada presidente, así como los magistrados en Pleno se hagan responsables del daño que han causado al Poder Judicial, no solo al administrar justicia, sino también en su situación económica”.

Subrayó que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar con transparencia y pidió que los jueces sean seleccionados por exámenes de oposición, y no por amiguismos y compadrazgos como ha venido ocurriendo.

Incluso, resaltó que a personal con carrera judicial se le ha cerrado la puerta para aspirar a cargos de mayor rango, porque carecen de influencias políticas o “padrinos”.