La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos investiga si la Fiscalía de la Región Oriente cumplió o no con los protocolos para la identificación de cuerpos, luego de que una familia denunció que les fue entregado un cuerpo equivocado y que el joven que buscaban resultó que estaba vivo y recluido en un centro de rehabilitación.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que se reunirá el lunes con la familia afectada, con el fin de que ratifiquen la queja que se inició con motivo de la denuncia pública de la presunta irregularidad y violación de derechos humanos.

Indicó que el organismo requirió a la fiscalía regional una serie de informes para indagar si el personal actuó de acuerdo con los protocolos o si, efectivamente, ocurrió una negligencia.  

“Los procedimientos de identificación de los generales de una persona, de un cuerpo, en este caso son tareas y actos administrativos que están regulados y reglamentados y que deben de constar en documentos”.

“Estamos pidiendo un informe de los hechos, las evidencias, para que nosotros, en función del orden jurídico, establecer si se respetó la ley o se violó la ley. O, en su caso, si existieron violaciones a los derechos humanos que ameriten ser señaladas y atribuidas a un servidor público vía un recomendación”, indicó.

La Fiscalía General del Estado ha sostenido la versión de que la familia de Jonathan Martínez Tijera, quien está vivo, reclamó el cuerpo de un hombre localizado sin vida el pasado 14 de enero y que había muerto en vía pública en el centro de Yautepec.

Según la institución, la familia tuvo a la vista el cuerpo y lo identificó plenamente como Jonathan. Incluso, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aseveró que el occiso tenía un parecido importante con Jonathan y probablemente se trató de una “confusión desafortunada” de la familia.

En tanto, la familia sostuvo su versión de que el personal de la fiscalía nunca le permitió la identificación física del cuerpo y éste le fue entregado en un féretro sellado por una funeraria que nunca contrató.

En tanto, el personal implicado en el caso continúa sus labores habituales y por el momento no se ha instruido ninguna medida por parte del titular de la FGE.