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Condena es la primera impuesta por un tribunal civil a efectivos del Ejército por cometer delitos contra ciudadanos.
Tribunal unitario dicta una pena de 38 años de prisión a dos militares por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, y uno más recibe una condena de nueve años por el delito de desaparición forzada.
Un tribunal unitario condenó a tres militares por el homicidio, la tortura y la desaparición forzada del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, cuyo caso sentó precedente nacional, al ser la primera condena que impone un tribunal civil a efectivos del Ejército por estos delitos.
El abogado de la familia de Jethro, Cipriano Sotelo Salgado, detalló que el pasado 10 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito resolvió el recurso de apelación 127/2019 y revocó la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito, que había impuesto una pena mínima de nueve años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada, y había absuelto del delito de homicidio a los elementos castrenses del 21º. Batallón de Infantería de la 24ª. Zona Militar.
El Tribunal Unitario impuso una pena de 38 años de prisión a los militares José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada, mientras que José Guadalupe Arias Agredano recibió una condena de nueve años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada en grado de encubridor.
El litigante afirmó que se consiguió no sólo fincar responsabilidad a los militares implicados en los delitos cometidos en agravio de Jethro, sino sentar nuevamente un precedente en el país, luego de que en el 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó acotar el fuero castrense y determinar que los militares pueden ser juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra ciudadanos, justamente al resolver el primer conflicto competencial entre un juzgado de distrito y un juzgado castrense, que involucró a un coronel de infantería de la 24ª. Zona Militar acusado de encubrir el asesinato de Sánchez Santana, ocurrido el 1 de mayo de 2011 en Cuernavaca.
Pese a este logró jurídico, dijo que “hubiésemos querido una condena mayúscula” y consideró que fue “una sentencia light”, por lo que adelantó que impugnará la sentencia por la vía del amparo y buscará que se les imponga la pena máxima que, por ejemplo en el caso de homicidio, es hasta de 50 años de prisión.
Explicó que quienes perpetraron los delitos fueron militares, que eran son servidores públicos y que, entre otras cosas, tenían la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, proteger a la población civil y respetar los derechos humanos.
Indicó que también por la vía del juicio de amparo buscarán que se cuantifique la reparación del daño (que en un peritaje oficial se calculó en 16 millones de pesos) ya que el tribunal unitario en su sentencia dejó a salvo los derechos de la familia de la víctima para realizar la reclamación por la vía legal.
El 1 de mayo de 2011, Jethro Ramsés Sánchez Santana fue detenido por la policía municipal, tras una riña en el área de alimentos de la Feria de Cuernavaca. Según la policía, Jethro supuestamente habría dicho pertenecer al Cártel del Pacífico Sur y habría amenazado de muerte a los agentes municipales.
El joven, de apenas 25 años, fue entregado a la policía federal y luego a elementos del 21º. Batallón de Infantería de la 24ª. Zona Militar, para luego ser torturado y asesinado dentro de las instalaciones castrenses y su cuerpo fue inhumando clandestinamente en un paraje de Atlixco, Puebla.
El 30 de junio de 2011, la Procuraduría Militar detuvo a los oficiales José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, quienes golpearon hasta la muerte a Jethro y lo inhumaron clandestinamente. Posteriormente, el coronel de infantería Guadalupe Arias Agredano, también fue detenido y señalado como quien ordenó “tirar” el cuerpo del joven.
