Catorce empleados de la Fiscalía serán presentados como testigos.

Orlando “N”,  perito de la Fiscalía General del Estado, será sometido a juicio oral como presunto responsable del hurto de un arma de fuego que estaba asegurada en el cuarto de evidencias de Fiscalía Regional Sur Poniente.

Al ex servidor público se le atribuyen los delitos de ejercicio indebido del servicio público y robo calificado, por lo cual el agente del Ministerio Públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó pruebas de su presunta responsabilidad y 14 servidores públicos de la fiscalía serán presentados como testigos.

Durante la apertura de la audiencia de juicio oral, la fiscalía anticorrupción solicitó al tribunal de enjuiciamiento imponer al imputado una pena de  23 años de prisión, ocho por el delito de ejercicio ilícito y 15 por el robo calificado.

En julio de 2019, la fiscalía anticorrupción ejecutó la orden de aprehensión girada por un juez de control contra el perito identificado como Orlando “N”, cuando caminaba sobre la calle Constitución del 57, en el centro de la cabecera municipal de Jojutla.

El servidor público fue implicado en la carpeta de investigación FECC/104/2019, iniciada por personal de la propia FGE, que se percató de  la ausencia de armamento asegurado y resguardado en el cuarto de evidencias de la fiscalía regional de la zona surponiente, el cual habría sido sustraído y sustituido dentro de los embalajes por objetos y armas de fuego viejos.

Desde 2014 se han practicado supuestas auditorías en los cuartos de evidencia de la fiscalía, pero los últimos tres titulares, incluidos Carmona Gándara, no han hecho públicos los resultados ni han abundado sobre la gravedad de la sustracción, pérdida y alteración de evidencias, especialmente de armas de fuego.  

Incluso, está pendiente el deslinde de responsabilidades por la sustracción de objetos y armas del cuarto de evidencias detectado también en la fiscalía metropolitana.

Fue el mismo fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, quien reveló en mayo pasado que el arma usada por el joven Maximiliano “N” para asesinar en pleno zócalo de Cuernavaca a los líderes sindicales Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón, habría sido  sustraída de uno de los cuartos de evidencia de la fiscalía.