También serán acreedores de subsidios fiscales.

El Poder Ejecutivo extenderá hasta por 10 años la vigencia de las concesiones y otorgará subsidio fiscal  a los transportistas que renueven sus unidades o hagan la conversión para el uso de combustibles más económicos y menos contaminantes.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el acuerdo por el que el gobierno de Morelos autorizó a los concesionarios de rutas y taxis otorgar en garantía sus respectivas concesiones para obtener financiamiento destinado a la sustitución o adaptación de sus unidades a base de gasolina y diésel por vehículos que funcionen a base de gas natural o energía eléctrica.

Los concesionarios que decidan acogerse al acuerdo deberán presentar ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) su solicitud y detallar qué institución les otorgará el financiamiento, las características y especificaciones técnicas de la unidad que se va a adquirir.

En caso de que la dependencia autorice la solicitud,  los concesionarios no podrán adquirir unidades que tengan mayor capacidad a la que actualmente tienen autorizada y el incumplimiento de ésta disposición dará motivo a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 130 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos.

Quienes decidan sustituir sus unidades o hacer la conversión de combustible tendrán como beneficio la renovación de sus concesiones por diez años, en los casos  de aquellos beneficiarios cuyos documentos terminen su vigencia antes del 30 de septiembre de 2024, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para la renovación de concesiones que exige la Ley de Transporte del Estado de Morelos y las normas aplicables.

Además, se les otorgará un subsidio fiscal equivalente al 100% en el pago de los derechos de renovación de la concesión.

El acuerdo fue enfático en  que “tanto la renovación de la concesión como el otorgamiento del estímulo fiscal, sólo se podrán otorgar a aquellos concesionarios que sustituyan o adapten sus unidades a base de gasolina y diésel, por unidades que operen a base de gas natural o energía eléctrica”.

Y es que, a decir la autoridad,  quienes opten por energías más amigables con el medio ambiente no sólo contribuirán a la reducción de emisiones contaminantes, sino que disminuirán sus costos de operación, ya que  mientras el precio de los combustibles convencionales como diésel y gasolina fluctúan entre los 19 y 21 pesos por litro, el del gas natural es de aproximadamente 10 pesos por litro.

Los concesionarios del transporte público de pasajeros con y sin itinerario podrán acogerse a los beneficios del acuerdo a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Un juez de control vinculó a proceso penal por el presunto delito de feminicidio a Marco Gerardo “N”.

Un juez de control vinculó a proceso penal por el presunto delito de feminicidio a Marco Gerardo “N”, alias “La Kika”, quien fue detenido hace unos días en el estado de Guerrero junto con el otrora líder del cártel de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el imputado y otros de sus cómplices, el 11 de mayo de 2017 golpearon con una piedra en la cabeza a una mujer hasta matarla, para después desmembrar el cuerpo de la víctima y arrojarlo al río Amacuzac a ala altura del paraje de La Gaitana, en el poblado de Vicente Aranda del municipio de Jojutla.

Con base en el relato de la fiscalía, un juez de control determinó la vinculación a proceso en contra de Marco Gerardo “N”, mantuvo la medida cautelar de la prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Kika” y “El Carrete”, quienes participaron en enfrentamientos con grupos criminales antagónicos en la sierra guerrerense, fueron detenidos el pasado 1de agosto por las fuerzas federales que ingresaron a los municipios de Leonardo Bravo y Helidoro Castillo para pacificar la zona, aunque otra versión señala que fueron los habitantes de esos lugares los que atraparon al delincuente.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado cuestiona que los diputados federales por Morelos no aboguen por el tema desde el Congreso de la Unión.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcoser, criticó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alegue falta de presupuesto para corregir las fallas de construcción en Paso Exprés, y que los legisladores federales por Morelos no aboguen por este tema desde el Congreso de la Unión.  

Afirmó que después del socavón que cobró la vida de hombres hace dos años, la SCT no debe ser pasiva u omisa, ya que existen fallas de origen en la construcción de la obra que son un riesgo para la integridad de miles de ciudadanos que diariamente transitan por esa vía.

“El problema es que dicen que no hay dinero para poder hacer las mejoras, es increíble que nos digan que no hay un recursos y, para nosotros como ciudadanos, no solamente como abogados, sino como ciudadanos morelenses, es increíble que estemos arriesgando nuestras vidas día con día y que no haya un solución, en la cual se vean resultados a corto plazo, no es posible que sigamos arriesgándonos.

“¿Qué están esperando, que haya  otra vez otro accidente como el que hubo un 12 de julio, cuando estábamos en el festejo del día de Abogado y se nos hizo saber lo del socavón? Exigimos a las autoridades que actúen, y si no procederemos jurídicamente para que se proceda a las reparaciones y mejoras al Paso Exprés”, dijo.

También lamentó el desinterés de los legisladores federales en un tema tan importante y que desde la tribuna no pugnen por etiquetar recursos para subsanar las fallas y prevenir riesgos.

“Sean senadores o diputados federales, no es posible que no nos estén tomando en cuenta nuestras vidas y nuestra seguridad, tendrían que asignar una partida de inmediato para que no sigamos corriendo peligro, pues si ya pasó con un padre familia y un hijo (quienes murieron en el socavón de más de 12 metros de profundidad que se hizo sobre el Paso Exprés el 12 de julio de 2017) ¿Estamos esperando que le pase a más gente para dar solución? No.  Necesitamos que si no lo hacen, como Barra de Abogados estaremos interponiendo las denuncias y demandas correspondientes”.

Consideró que los representantes populares no tienen conciencia de la seriedad del tema y no visualizan que ellos también circulan por esta vía de comunicación y que un accidente derivado de las fallas de construcción también les puede pasar a ellos, a sus familias o a cualquier otro ciudadano.  

En los operativos ya incursionan elementos de la Guardia Nacional.

Con la participación de elementos de la Guardia Nacional arrancó el Programa Soldado Amigo en tres de las plazas comerciales más emblemáticas de la capital morelense, con la finalidad de acercar a la sociedad con las fuerzas armadas y reforzar la estrategia de prevención del delito.

Rafael Rueda Moncalian, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de Seguridad, informó que se sumaron a este programa Plaza Cuernavaca, Plaza Bugambilias y Plaza Casa Blanca, y existe interés de otros centros comerciales.

Indicó que la Guardia Nacional, junto con elementos de la 24ava Zona Militar y de la Comisión Estatal de Seguridad recorrerá las plazas y socializará con las personas que concurren a estos sitios y harán presencia disuasiva.

“¿Qué es lo que estamos haciendo? que ellos mismos (los elementos)  tengan un trato más directo con la ciudadanía, interactúen con ellos, y ahora sí la persona que viene con malos intenciones a este tipo de lugares, se dé cuenta de que cada día va a haber un poquito de más vigilancia por parte de las fuerzas castrenses.

Afirmó que los centros comerciales también son blanco de la delincuencia, ya que se han registrado robos de motocicletas, algunas “cristalazos” en vehículos, robo de bolsas y hasta se ha detectado a personas tomando fotos en los sanitarios.

Sostuvo que la presencia de las fuerzas federales, apoyadas por las autoridades locales, coadyuvará a la estrategia de prevención y combate a la delincuencia.

El pasado 4 de abril arrancó en Cuernavaca el Programa Soldado Amigo en el Centro Histórico de Cuernavaca y fue respaldado por diversas cámaras empresariales locales.

El programa consiste en que los soldados,  en células de tres elementos (una mujer y dos hombres), ingresan únicamente a los comercios que hayan aceptado adherirse, ya sea a través del Consejo Ciudadano de Seguridad, o de las cámaras empresariales a las que estén afiliados.

El objetivo es disuadir cualquier posible conducta delictiva y que los ciudadanos tengan empatía con los elementos castrenses, con el fin de generar confianza y colaboración. 

Por el momento, el presunto líder del cártel de “Los Rojos” enfrentará cargos federales.

La Fiscalía General del Estado anuncia “cruzada anticorrupción”; exhortan a la ciudadanía a denunciar abusos.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que hay varias investigaciones locales abiertas en contra de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” y presunto líder del cártel de “Los Rojos”, por su presunta participación en los delitos de homicidio, extorsión y secuestro.

Tras la detención del capo morelense en el estado de Guerrero la semana pasada y su traslado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, rechazó por “sigilo judicial” revelar si existen órdenes de aprehensión del fuero común por ejecutar en contra de Mazari Hernández, pero sí confirmo que existen abiertas indagatorias por “varios casos importantes” en los que se presume la participación de narcotraficante en homicidios, secuestros y extorsiones.

Por el momento, recalcó, “El Carrete” enfrentará cargos federales, pero en el estado de Morelos está siendo investigado como líder de un grupo criminal “y en esa investigación si a nosotros nos derivan elementos suficientes para proceder en contra de esta persona, lo estaríamos haciendo, pero no sería jurídicamente dable que se manejara el tema en medios de comunicación porque se trataría de la solicitud de órdenes de aprehensión si es que los jueces no las concedieran”.

Una de las indagatorias está relacionada con el homicidio de la ex alcaldesa de Temixco Gisela Mota Ocampo, ocurrido el 2 de enero de 2016, y otra más con la extorsión y amenazas que sufrió el ex alcalde de Mazatepec Jorge Toledo Bustamante, actual director estatal del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Aun cuando la administración estatal colocó a Mazari Hernández a la cabeza de la lista de los 15 hombres más buscados, el fiscal estatal insistió en que por el momento no es posible revelar si existen órdenes de aprehensión en  contra el capo.  

Cruzada anticorrupción

En otro tema, Carmona Gándara informó que se reunió con el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, porque “vamos a emprender ya una lucha contra este fenómeno al interior de la fiscalía, ya hay varias personas detectadas al interior de la fiscalía que realizan conductas desleales con la institución, y vamos a proceder administrativamente y, en su caso, penalmente, para ir depurando al personal e ir mejorando nuestro servicio”.

Recordó que el personal tuvo aumento salarial y, en algunos casos, ese incrementó se triplicó, por lo que  la institución está en condición de exigirle una conducta íntegra y por ello no habrá tolerancia para quienes cometan actos de corrupción o tengan vínculos con la delincuencia.

Exhortó a los ciudadanos a denunciar a los servidores públicos que no cumplan con su labor, con sus horarios de trabajo, la calidad de la atención o exijan dádivas para la realización de trámites ante la fiscalía.

Ombudsman sugiere digitalizar trámites como medida para evitar condicionamientos en escuelas.

La Comisión de Derechos Humanos recibió las primeras quejas por la exigencia a padres de familia de cuotas escolares a cambio de entregarles documentos o inscribir a los menores, por lo que sugirió usar la tecnología para anular este tipo de prácticas que lesionan el derecho de acceso a la educación de los menores y la economía familiar.

El ombudsman estatal Israel Hernández Cruz señaló que el organismo recibió las primeras diez quejas de padres de familia inconformes con el condicionamiento de trámites e inscripciones a los planteles de educación básica, las cuales están en proceso de integración.

Consideró necesario que las autoridades educativas adopten nuevas formas para que los padres de familia puedan realizar los trámites de inscripción y obtener la documentación, y sugirió modernizar estos procesos con el uso de la tecnología.

“Valdría la pena de echarle un poquito de talento quizás,  y ver otras maneras que inhiban este fenómeno que se da en perjuicio del patrimonio de las familias.

“¿Y a qué me estoy refiriendo? Hoy sabemos que los medios electrónicos nos permiten generar desde los certificados, como es el caso de las cédulas profesionales, como los proceso de inscripción a los distintos trámites que existen en la república.

“Yo creo que si optara, se destinaran esfuerzos para avanzar en este sentido, a lo mejor al tener un efecto positivo en la medida que ya no dependería de las autoridades condicionar la entrega de un documento o una inscripción, a cambio de una cuota escolar”, explicó.

Exhortó a los padres de familia a acudir a la CDHEM en caso de enfrentar este problema, que se da al finalizar e iniciar cada ciclo escolar, para que reciban la orientación jurídica e inicien una queja contra las instituciones o servidores públicos implicados en el cobro de cuotas escolares.

Está en curso apelación promovida contra amparo concedido al ex diputado.

Plantean dignificar la profesión y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Organizaciones de abogados se unieron por primera vez para avanzar en la colegiación de los litigantes y empoderar al gremio, con el objetivo de dignificar esta profesión y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Kenia Lugo Delgado, representante del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, señaló que la pretensión es que los abogados no sólo estén adheridos a una agrupación debidamente constituida sino que estén en constante capacitación y certificación, para que los usuarios de los servicios jurídicos tengan la certeza de que sus asuntos son litigados de manera profesional.

“Consideramos conveniente colegiarnos, precisamente para tener elementos de capacitación, de certificación que empoderen la actividad de los abogados en el estado de Morelos. No podemos seguir separados, unos por un lado, otros por otro, porque entonces no se tiene la fuerza suficiente para poder trascender, a mejorar nuestro marco jurídico hasta llegar a un Código de Deberes Jurídico o de Ética Profesional de los Abogados, en donde se establezcan los deberes de los clientes, de los abogados y entre los mismo colegas”, explicó.

A esta propuesta de trabajar por la colegiación se sumaron  organismos como la Asociación de Abogados Penalistas, la Barra de Abogados del Estado de Morelos, el Colegio de Abogados del Estado de Morelos y el Foro Morelense de Abogados.

Enrique Paredes Sotelo, representante del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, sostuvo que este es un llamado a la unidad del gremio para trabajar en un tema de interés y beneficio común.

“Varios presidentes de asociaciones de abogados reconocidas, decidimos aglutinarnos sobre esto que es un tema común, que es la colegiación. ¿Para qué la colegiación? Obviamente para que los abogados, principalmente los jóvenes, puedan tener algunos beneficios que implica la colegiación, como lo es un seguro de gasto médicos, una pensión para su jubilación”, entre otros beneficios, dijo.

Los abogados señalaron que la propuesta fue impulsada principalmente por Cipriano Sotelo Salgado, litigante y académico, en la han coincidido en trabajar conjuntamente las organizaciones, pues el beneficio mayor es tener la confianza de la sociedad.

Considera que violenta el interés superior de la infancia y carece de un protocolo homologado que permita su aplicación conforme al contexto de cada entidad federativa.

En la Plazuela del Zacate detectan la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; aperciben a establecimientos para que no incumplan normatividad

Defensores de derechos humanos  también deben ser resguardados, refiere.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó a las autoridades estatales a reactivar el mecanismo local de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, tras el homicidio del periodista guerrerense Rogelio Barragán Pérez, cuyo cuerpo fue localizado el martes del jueves dentro de la cajuela de un auto en el municipio de Zacatepec.

Informó que inició la queja de oficio 163/2019-2 por el homicidio del comunicador, e hizo patente su preocupación por el aumento de agresiones contra periodistas y defensores, así como el alto grado de impunidad que prevalece en los casos.

“Resulta alarmante que frente a esta situación de violencia generalizada por la que atraviesa nuestro país y de la cual Morelos no es ajeno, no se encuentre en funcionamiento el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de este sector, cuya actividad profesional es catalogada como de alto riesgo en México, tal como puede observarse en el informe 018 sobre la seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

“Para esta Comisión resulta fundamental la atención coordinada para la garantía y protección de los derechos humanos, toda vez que durante el año 2019 se han documentado ocho quejas por agravios a periodistas y defensores de derechos humanos”, expresó el organismo.

Por tal razón, a través de un oficio, solicitó a las autoridades reactivar el mecanismo conforme a lo previsto en la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El delincuente más buscado en Morelos fue detenido en Guerrero, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, y uno de sus principales operadores, fueron detenidos en el estado de Guerrero durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina  (Semar) y la División de Inteligencia de la Policía Federal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el líder criminal de cártel de “Los Rojos”, fue detenido junto con Marco “N”, en el municipio guerrerense de Leonardo de Bravo, donde en los últimos días grupos delictivos antagónicos protagonizaron enfrentamientos -que mantuvieron en vilo a la población de la zona- por el control del corredor Cuernavaca-Chilpancingo para el trasiego de droga.

(1/3) En acción conjunta realizada con el apoyo de elementos @SEDENA_mx, @SEMAR_mx, el Centro Nacional de Inteligencia, @PoliciaFedMx y todas las dependencias del gobierno involucradas en #Guerrero se cumplimentó orden de aprehensión contra Santiago “N” apodado el “Carrete”...

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 2, 2019

(3/3) ...fue capturado en el municipio de Leonardo Bravo junto a otro sujeto identificado como Marco “N” quien se presume podría ser su principal operador.

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 2, 2019

Tras su detención, fueron ejecutadas sendas órdenes de aprehensión en contra del capo y su principal operador por los presuntos delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, perpetrados en los estados de Morelos y Guerrero.

Serio, con la cabeza en alto y las manos cruzadas, vestido con pantalón verde militar, una gorra y una playera con estampado tipo camuflaje, y escoltado por policías de élite, fue fotografiado Mazari Hernández tras su detención.

“El Carrete” durante casi seis años fue considerado como el criminal más buscado de Morelos y también el más escurridizo, ya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de la administración del otrora gobernador perredista, Graco Ramírez, logró burlar por lo menos siete operativos.

Su base de operación fue la zona sur de Morelos, especialmente el municipio de Amacuzac, que fue gobernado por su tío, Alfonso Miranda Gallegos, quien siendo nuevamente candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia, fue  detenido el 7 de mayo de 2018, acusado de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Actualmente el tío del “El Carrete” se encuentra bajo proceso penal y recluido en el penal federal de Durango, desde donde realiza llamadas telefónicas para participar en la inauguración de obras en el municipio.

El capo era considerado uno de los principales generadores de violencia tanto en Morelos como en Guerrero, al mantener una sangrienta rivalidad con otras agrupaciones criminales por el control de zona.  

Al confirmarse la aprehensión, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció en su cuenta de tuiter el trabajo coordinado de las fuerzas federales para lograr el aseguramiento del líder criminal.

Hasta el ex comisionado Estatal de Seguridad y actual secretario de Seguridad del estado de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, lanzó un tuit de reconocimiento “a las autoridades federales por esta detención de enorme trascendencia. Lo dicho, tarde o temprano la Justicia llega a estos sujetos de gran perversidad”.

Enfrentamientos se registraron en Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.

El organismo pide medidas cautelares para proteger la vida de familiares y colaboradores de Rogelio Barragán Pérez.

Con transferencia de 47 millones de pesos se dará cumplimiento al resto de las resoluciones, señala la representación del Poder Judicial estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos informó que fueron cumplidas más del 50 por ciento de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el pago de pensiones de trabajadores judiciales en retiro, y sólo resta la transferencia de 47 millones de pesos para dar cumplimiento al resto de las resoluciones.

A través de un comunicado, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, anunció que el Poder Ejecutivo transfirió  hasta el momento 57 millones de pesos para cumplir con el pago de pensiones de 67 de los 114 trabajadores cuyos decretos jubilatorios fueron validados por la SCJN en 116 sentencias.

Precisó que el Poder Ejecutivo debe transferir al Poder Judicial poco más de 47 millones de pesos para cumplir a cabalidad el acuerdo emitido por la SCJN el pasado 25 de febrero, en el que se fijaron lineamientos a los tres Poderes del estado para cumplir con sus resoluciones y apercibió que, en caso de incumplimiento, las autoridades responsables enfrentarían cargos por desacato judicial y hasta la destitución.

“Hemos instruido al director general de administración, Octavio Rosales para que conforme van llegando los recursos económicos al Poder Judicial, se realicen de forma inmediata los trámites administrativos necesarios para poder pagarles a nuestros ex trabajadores. Hasta hoy, hemos recibido recursos para pagar diferencias y en su caso pensiones atrasadas a 67 de 114 jubilados. Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo financiero que hemos hecho al interior del Tribunal, el 100% de los jubilados están en nómina a partir de este mes de julio”, aseguró Cuevas López.

Agregó que sólo en algunos casos lo único pendiente por pagar son las actualizaciones a su pensión, porque la propia ley obliga a actualizarlas conforme se incrementa el salario mínimo año con año.

Sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación, dice fiscal estatal; el vehículo de la víctima no ha sido localizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que el robo de vehículo es la principal hipótesis del homicidio de un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, afirmó que el caso tiene prioridad porque hay un reclamo muy importante de familiares y compañeros de Julio Huerta Vivar, quien desapareció el pasado 25 de julio en el municipio de Ayala, tras culminar su jornada laboral, y cuyo cuerpo fue localizado la tarde del domingo en la colonia Campo de En Medio del municipio de Cuautla.

Indicó que no descarta ninguna otra línea de investigación, pero hasta ahora el vehículo oficial que conducía el trabajador del Inegi no ha sido localizado y “lo que tenemos más adelantado y hacia donde apuntan las cosas más fuertemente, es que se trató de un robo de vehículo”.

Señaló que, aun cuando no hay denuncias formales, la autoridad conoce que servidores públicos que realizan trabajo a pie en los municipios -desde encuestadores hasta policías- son víctimas de diversos delitos.

Expresó que tras el lamentable homicidio de Julio Huerta Vivar, es la Comisión Estatal de Seguridad la dependencia que tiene contacto directo con la representación del Inegi en Morelos, para evaluar las medidas a tomar para proteger la integridad de los encuestadores, pues la fiscalía únicamente tiene competencia en la investigación del asesinato.

Esperanza “N”, de 33 años, fue trasladada del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, al Centro de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río.

La presunta homicida de dos ciudadanos israelíes fue trasladada del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, al Centro de Readaptación Social Femenil número 16 en el Coatlán del Río, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confirmó que Esperanza “N”, de 33 años y  hasta ahora la única detenida por el homicidio de dos israelíes en Plaza Artz Pedregal en la capital del país, fue reubicada en el penal federal de máxima seguridad en el sur del estado de Morelos, donde se encuentran recluidas las mujeres que han cometido delitos como tráfico de droga o armas y que son consideradas de alta peligrosidad.

Indicó que hasta el momento no hay instrucciones para reforzar la seguridad en las inmediaciones del centro penitenciario federal y “en este caso está llegando apenas, no ha habido ningún tipo de amenazas, no ha habido absolutamente nada, entonces hay vigilancia normal, no podemos montar un equipo de seguridad, si en este momento no nos lo están solicitando”.

El pasado 24 de julio, Esperanza “N”,  junto con otro hombre, habría perpetrado el homicidio de Alon Azulay y Jhon Ben Suki (cuyo nombre real sería Benjamín Yeshurun Sutchi). El móvil, de acuerdo con la procuraduría capitalina, estaría vinculado al crimen organizado.

La mujer fue capturada y vinculada a proceso por el homicidio, sin embargo, las autoridades investigan su probable participación en otras ejecuciones ocurridas en tres alcaldías de la Ciudad de México.

Exhortan a sus clientes a llevar sus propias bolsas y recipientes para transportar sus mercancías.

Algunos pequeños comercios y tiendas departamentales comenzaron a sumarse a las medidas para reducir la utilización de los plásticos de un solo uso y a exhortar a sus clientes a prescindir de bolsas de plástico para empacar y transportar productos.

Diversas tortillerías y cocinas económicas de varias colonias populares de Cuernavaca colocaron en sus locales letreros en los que se insta a los consumidores a llevar sus propias servilletas y recipientes, ya que en los próximos días comenzarán a cobrar el papel, la bolsa o los desechables, en cantidades que oscilan entre uno y diez pesos.

El pasado 20 de junio,  el Congreso de Morelos aprobó las modificaciones a las leyes de Residuos Sólidos y de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir la distribución comercial de bolsas de plástico, popotes y unicel, así como restringir a los establecimientos comerciales su producción, venta, uso y entrega a consumidores finales.

La reforma legislativa, impulsada por un grupo de activistas y agrupaciones ambientalistas locales, fue bien recibida por los pequeños comercios que comenzaron a pedir a su clientes sumar esfuerzos para proteger el medio ambiente.

También, a través de redes sociales, usuarios han informado que algunas cadenas de tiendas departamentales en Cuernavaca y Temixco colocaron letreros que anuncian que, a partir de agosto reducirán el uso de bolsas de plástico para empacar sus productos y pidieron a sus consumidores llevar sus propias bolsas para transportar sus mercancías, para sumar esfuerzos y cuidar el planeta.

También se integrará el Consejo Estatal Ciudadano.

El Cabildo autorizó una prórroga para realizar la designación.

Erik Santiago Romero Benítez, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que aún no se elige a los delegados municipales de Cuernavaca, pero aseguró que no hay ninguna violación a la ley debido a que el Cabildo autorizó una prórroga indefinida para realizar esa designación.

Recordó que las propuestas para ocupar los puestos de delegados en la capital, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, son responsabilidad del presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, pero hasta la fecha no se han dado las condiciones para determinar quiénes son las personas que ocuparán los cargos de autoridades auxiliares en las ocho delegaciones de la capital.

Reconoció que aunque es responsabilidad del edil, debe haber consensos con los integrantes del Cabildo, y el tema hasta la fecha no ha sido discutido porque han existido otros asuntos que han sido prioritarios.

Aseguró que mientras tanto las delegaciones Benito Juárez García, Emiliano Zapata Salazar, Antonio Barona, Lázaro Cárdenas, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo, Plutarco Elías Calles y Vicente Guerrero operan adecuadamente e incluso ha sido él quien personalmente ha atendido las peticiones que llegan a cada una de las demarcaciones.

Consejo Ciudadano de Seguridad pide que se regule el uso de escoltas.

El Consejo Ciudadano de Seguridad consideró necesario regular a los escoltas y establecer criterios que permitan a las autoridades determinar qué personas son susceptibles de tener seguridad, para evitar distraer personal policíaco y atropellos en contra de la ciudadanía.

El presidente del consejo, Rafael Rueda Moncalian, dijo que actualmente elementos de la policía estatal y de la Policía de Investigación Criminal (PIC), adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado son asignados a labores de protección y custodia de funcionarios o personajes públicos, en detrimento de las corporaciones de por sí mermadas en número.

“Es un tema que nosotros también queremos llevar a las mesas (sobre) los escoltas, debería haber un cuerpo especial de escoltas para funcionarios y lamentablemente lo que se ha hecho desde hace muchos años, se toman los policías preventivos, se toman los ministeriales (hoy agentes de investigación criminal), y entonces esos son los que están de escoltas de funcionarios”, explicó.

Consideró que uno de los graves yerros de los ayuntamientos en el manejo de las policías municipales fue utilizar discrecionalmente a los policías preventivos como guaruras de ediles, regidores y hasta de familiares de los servidores públicos, además de asignarles labores ajenas a su labor policial.

En su opinión, debería generarse un marco normativo que regule a los escoltas, desde qué dependencia sería la encargada tener un cuerpo especializado de protección y custodia, hasta el tipo de capacitación y las reglas de conducta que deben seguir para evitar prepotencia y abusos con la ciudadanía sólo por portar una placa, un arma y tener la comisión de escolta.

Recordó los problemas que se suscitaron en la pasada legislatura, cuando algunos diputados tenían asignados escoltas que cometieron abusos, incluso, contra miembros de la prensa.

Ante la inseguridad que priva en todo el país, reconoció que es frecuente encontrar personajes o funcionarios públicos con escoltas, pero es necesario regular a estos elementos como se hizo en el Estado de México, donde hasta los vehículos son rotulados para cuestiones de identificación y para que ser escolta no sea sinónimos de abuso e impunidad.

Agregó que en el caso de la CES y la FGE, un marco regulatorio en este tema les sería de mucha ayuda, pues no sólo se evitaría distraer sus recursos humanos para cumplir con sus funciones y objetivos, sino para tener mayor control sobre el personal de protección y custodia y disponer de criterios de riesgo para evaluar en qué casos efectivamente es necesario asignar escoltas a una persona.

Organismo fue criticado por una víctima, a la que se le propuso conciliar con su agresor.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró necesario revisar los procesos de conciliación cuando se trate de casos de violencia contra la mujer, luego de que el organismo dijo que continúa con la integración de la queja promovida en contra de un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro,  

El pasado 15 de julio, Abigail Castro Román denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja y agente antisecuestro, Ángel Olivo Ramírez, quien presuntamente la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo, y echó mano de su cargo para entorpecer el proceso legal instaurado en su contra.

Incluso, la mujer reprochó a la Comisión de Derechos Humanos, a la que recurrió para pedir ayuda e iniciar una queja, que le haya pedido conciliar con el presunto agresor.

Cuestionado al respecto, el ombudsman Israel Hernández Cruz señaló que la normatividad que rige al organismo obliga a darle parte de la queja a la contraparte -en este caso al agente antisecuestro implicado, quien negó las acusaciones- y continuar con el proceso de integración de queja.

También señaló que el procedimiento legal también establece la necesidad de conciliar entre las partes implicadas, es decir, “es una etapa previa al seguimiento de la investigación por parte de la comisión”.

Cuestionado sobre porqué tratándose de casos en se presume hubo violencia física y emocional, una víctima es obligada a agotar la etapa de conciliación con el probable agresor, señaló que este caso lo recibió ya con todas esas actuaciones, “pero en efecto comparto la posición de ustedes en que se tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado, y quizá en un primer momento no, si bien no llamar a las partes directamente involucradas  y sobre todo provocar ese enfrentamiento en algo tan delicado como lo es la violencia familiar, violencia de género, quizá través de un superior jerárquico primero”.

Derivado de este caso, consideró necesario revisar los procesos internos del organismo en torno al tratamiento de los casos de víctimas violencia familiar o de género.

La resolución tuvo su origen en una demanda que interpuso un hombre contra su esposa y otra persona por una infidelidad que derivó en la procreación de una hija

Rechaza que la entidad figure en el tercer lugar nacional en ese rubro.

La fiscal Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, informó que Morelos ocupa el lugar 13 en el ranking nacional de feminicidios y no en el tercero, como lo ubicó el Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Precisó que originalmente se abrieron carpetas de investigación por 17 feminicidios (ya que el protocolo exige que todos los asesinatos de mujeres así sean clasificados hasta que el avance de las investigaciones lo confirmen o reclasifiquen como homicidio), pero sólo 14 de ellos fueron corroborados como tales y tres casos fueron reclasificados.

“En este último año llevamos 17 feminicidios, ya se mandó una aclaración al Secretariado sobre la reclasificación de tres casos que ellos están reportando y que, sin embargo, ya con la investigación que hemos realizado, pues ya se ha hecho esta reclasificación, va (a) aparecer yo creo el próximo mes la aclaración con la reclasificación”, dijo.

Afirmó que, con la corrección de la cifra, Morelos tiene una disminución en la incidencia de este delito pero recalcó que no sólo se trata de reclasificar el ilícito de acuerdo con el avance de las investigaciones, sino también de homologar la clasificación con el resto de las entidades.

“Al hacer la revisión de la estadística nacional pues estamos en el lugar número 13, a mayo estamos en el número 13 junto con otras entidades federativas con las que compartimos la misma situación.

“Pero también es importante decir que el delito de feminicidio no está homologado en todo el país y que cada uno tendrá sus propias hipótesis (en los códigos penales estatales), y lo que para nosotros es feminicidio, tal vez para otros no lo sea”, explicó

Aseguró que la eficiencia en la investigación de este tipo de delitos es alta, lo que ha permitido alcanzar un 80 por ciento de resultados con detenido y con procesos abiertos ante un juez.

Cabe destacar que en los ámbitos nacional y local, existe un debate sobre la certeza de las estadísticas sobre feminicidio, ya que las fiscalías reportan un número inferior a los registrados por organizaciones civiles, que demandan homologar y establecer criterios claros, amplios y transparentes para la tipificación y clasificación de los asesinatos de mujeres, ya que la opacidad y la disparidad en las cifras no sólo ha obstaculizado la valoración de la dimensión del violencia contra la mujeres, sino generar políticas públicas adecuadas, oportunas y certeras.

Además, la Fiscalía del Estado informó sobre la detención de un hombre implicado en el homicidio de un ciudadano europeo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación a los tres presuntos  responsables del secuestro de un grupo de migrantes guatemaltecos, y en los próximos días se realizará la audiencia de vinculación a proceso. Además, la fiscalía informó de la detención de un hombre implicado en el homicidio de un ciudadano europeo.

En la sede de la Ciudad Judicial de Cuatla, Telésforo “N”, de 44 años y vecino del municipio de Ocuituco; Javier “N”, de 42 años, y Guadalupe Irma “N”, de 39 años de edad y originarios del municipio de Tepetlixpa, Estado de México, fueron señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables del secuestro agravado de los migrantes guatemaltecos Luis Arturo y Rudy Aroldo González Huite y de sus hijos de 17 y 10 años.

Los imputados fueron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva hasta que un juez determine si son o no sujetos a proceso penal por el delito imputado.

De acuerdo con la fiscalía, en la audiencia de vinculación a proceso la representación social definirá si cuenta con elementos para atribuir a alguno de los tres detenidos el delito de homicidio, en agravio de Rudy Aroldo, quien perdió la vida tras ser degollado y cuyo cuerpo se localizó en un paraje del municipio de Ocuituco, junto con su hijo, que logró sobrevivir.

Por otra parte, la FGE también anunció la detención de José Antonio o Luis “N” por su posible participación en el homicidio de un ciudadano ítalo-español, Alberto Villani Olivares, de 37 años de edad.

El hombre fue privado de la vida con arma de fuego y su cuerpo fue dejado dentro de bolsas plásticas a un costado de la carretera Temilpa Viejo-San Rafael, en Tlaltizapán.

El imputado  fue puesto a disposición de un juez, quien ordenó mantenerlo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó para el 26 de julio la audiencia de vinculación a proceso.

El argumento oficial es la falta de recursos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adeuda pagos al menos a tres magistrados en retiro y alega que no cuenta con presupuesto para el pago de las pensiones.

Los magistrados Samuel Sotelo Salgado, actual consejero Jurídico del gobierno del estado, Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar y Wilfrido López Luna, desde junio de 2016 promovieron un juicio de amparo, al no recibir el pago completo de sus pensiones.

Pese a obtener la protección de la justicia federal, recientemente el tribunal informó al Juzgado Primero de Distrito, en el que fue radicado el juicio de amparo 460/2016,  que “se han realizado diversos pagos a los quejosos por concepto de pensión y aguinaldo del periodo comprendido de abril de dos mil quince a mayo de dos mil dieciséis.

“Además, hace del conocimiento que no cuenta con recursos económicos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo” con respecto a los adeudos pendientes. Hasta el momento se desconoce el monto de los adeudos a los magistrados en retiro, pero el TSJ ha insistido en que el Congreso debe etiquetar recursos suficientes para hacer frente a todos los decretos pensionarios que aprueba.

Cabe destacar que está en curso el cumplimiento de 116 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores judiciales jubilados, lo cual tiene en aprietos jurídicos a los tres Poderes del Estado, quienes están obligados a etiquetar y transferir recursos por un monto total de 105 millones pesos para el pago de las pensiones, pues en caso contrario, sus titulares podrían ser destituidos y enjuiciados por desacato judicial.  

La SCJN establece la prohibición del cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la prohibición del cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios.

La Primera Sala de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 294/2015, sostuvo que los intereses ordinarios constituyen el rédito que produce o debe producir el dinero prestado, es decir, el precio pagado por el uso del dinero, mientras que los intereses moratorios consisten en la sanción que debe imponerse por la entrega tardía del dinero según lo pactado en el contrato.

En tanto, la usura es entendida como una explotación del hombre por el hombre, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, y se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.

Con base en lo anterior, la Sala determinó que la usura puede ser configurada por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en los intereses ordinarios como en los intereses moratorios, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada.

Auxiliará en la localización de cadáveres, restos humanos y narcóticos.

La Fiscalía General del Estado creó su unidad canina, con la finalidad de realizar de manera eficaz sus investigaciones, principalmente en aquellas en las que se requiera la localización de cadáveres, restos humanos y narcóticos.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo 10/2019 por el cual el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, instauró esta nueva unidad, aunque desde el 2011 la FGE incorporó por primera vez la utilización de perros a través de la técnica científica criminal denominada odorología criminalística, para la identificación molecular del olor humano a través del olfato canino.

La fiscalía recordó que la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Cruz Roja se apoyan en binomios caninos para la realización de operativos y acciones de prevención de delitos y para auxiliar a la población en caso de desastres, por lo que la nueva unidad será de gran utilidad para la institución.

El acuerdo estableció que la unidad canina alojará principalmente a canes de la raza pastor belga malinois y su entrenamiento consistirá principalmente en la búsqueda y rescate de personas con vida, cadáveres o restos óseos humanos y narcóticos, sin perjuicio de proporcionar un entrenamiento para la detección de armamento, artefactos explosivos, y papel moneda, cuando las necesidades de las investigaciones lo requieran.

El manejo de los perros estará a cargo de los elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes deberán ser capacitados y certificados previamente por personal calificado.

Además, la PIC estará obligada a proporcionar los cuidados y buen trato a los elementos caninos, y evitar lastimarlos, causarles dolor o cualquier agresión, sufrimiento o trato inhumano.

Activista amplió queja por presuntas amenazas contra el actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

La activista y representante de la organización defensora de derechos humanos “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) a ampliar su queja por las amenazas que recibió del ex rector de la UAEM y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

Acompañada por miembros de la Asociación Cívica “Gustavo Salgado”, acudió a la sede central del organismo estatal, donde fue recibida por Víctor Maruri Alquisira, secretario ejecutivo de la CDHEM, quien explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió al organismo local la queja iniciada por la activista, por tratarse de un funcionario de la administración pública estatal.

Díaz Pineda señaló que realizó una ampliación de la queja ante la comisión estatal, en virtud de que las autoridades estatales toleraron la amenaza y protegieron a Vera Jiménez en lugar de frenar la agresión.

Recordó que en mayo pasado en su cuenta personal de Facebook criticó los “faros de paz” y los diagnósticos de violencia que realiza ex rector de la UAEM sin la inclusión de mujeres, pese a la ola de agresiones contra mujeres y el incremento de los feminicidios en Morelos.

Posteriormente, recibió una llamada telefónica de Alejandro Vera reclamando el “periodicazo”. Afirma que el funcionario le dijo que ella no era nadie en comparación con su trayectoria académica y política y que él también sabía cosas para regresarle el “periodicazo”.

Díaz Pineda lamentó que su derecho a disentir y expresar su opinión a través de una red social haya ocasionado la reacción del servidor público y sostuvo que ni en los peores tiempos de Graco Ramírez, de cuyo gobierno fue una fuerte crítica, recibió una amenaza velada.

También criticó que, siendo Vera Jiménez un funcionario subordinado del Poder Ejecutivo estatal, se le permita asumir este tipo de actitudes, cuando lo único que se le pidió fue la inclusión de mujeres en esa estrategia de pacificación y diagnóstico sobre violencia, porque es justo este sector de la población el que sufre la violencia en todos sus tipos y el número de feminicidios es preocupante.

Hizo un llamado a frenar las amenazas y a respetar el derecho a la libertad de expresión, así como prevenir que en lo sucesivo ocurran más casos como el de ella.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CDHEM señaló que se dará el debido cauce a la queja presentada por la activista y se instará al gobierno de Morelos a establecer el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en virtud de que esperan atención el caso de Susana Díaz y varios más.

Uno de los detenidos es de Ocuituco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la aprehensión de tres presuntos implicados en el secuestro de cuatro migrantes guatemaltecos y el homicidio de uno de ellos en un paraje del municipio de Ocuituco.

De acuerdo con la fiscalía estatal, agentes de la Policía de Investigación Criminal arrestaron en un domicilio de la colonia Francisco I. Madero de Cuautla, a Telesforo “N” de 44 años y vecino del municipio de Ocuituco;  a Javier “N” de 42 años y a Guadalupe Irma “N” de 39 años de edad, ambos habitantes del municipio de Tepetlixpa, Estado de México, a quienes se les aseguró un vehículo de la marca Chevrolet tipo Tahoe de color café, con placas de circulación MHV-6301 del Estado de México.

La mujer y los dos hombres fueron ingresados a la cárcel distrital de Cuautla, donde quedaron a disposición del juez de la causa y en las próximas horas se definirá su situación jurídica por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado y lo que resulte en agravio de los cuatro migrantes guatemaltecos.

El fiscal de la Región Oriente de la FGE, Alejandro Chávez Carmona, detalló que la investigación del caso se realizó en coordinación con la fiscalía del Estado de México, donde dos de los migrantes fueron hospitalizados tras sufrir un intento de homicidio, mientras que en territorio morelense fue localizado un menor herido junto el cuerpo sin vida de su padre.

Detalló que, tras ingresar a territorio nacional, los migrantes Luis Arturo y Rudy Aroldo González Huite, junto con sus hijos menores de 17 y 10 años, fueron abandonados por el “pollero” en el estado de Jalisco y por sus propios medios se trasladaron al Estado de México, donde el 23 de junio contactaron a Javier, quien prometió llevarlos hasta Estados Unidos para reunirlos con el resto de su familia, pero primero tendrían que hacer una escala en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México.

Ya en territorio mexiquense, Javier, con ayuda de  Telésforo y Guadalupe Irma, los mantuvo secuestrados y exigió a sus familiares en Estados Unidos, con la amenaza de asesinarlos, un rescate de 12 mil dólares, cuya cantidad se desconoce si fue pagada en su totalidad, ya que se hicieron depósitos bancarios en diversas entidades, que fueron cobrados por otros implicados.

El 5 de julio los migrantes fueron sacados de la casa donde estaban retenidos. Luis Arturo y su hijo adolescente fueron llevados a una zona boscosa de Amecameca, en el Estado de México, donde fueron víctimas de un intento de degüello, pero afortunadamente fueron localizados con vida por las autoridades y trasladados a un hospital de la zona. 

Rudy Aroldo y su hijo Cristian Iban fueron trasladados al municipio de Ocuituco, Morelos, donde también sus agresores les cortaron el cuello. Sólo sobrevivió el menor, quien fue localizado el 6 de julio abrazado del cadáver de su padre y fue trasladado de inmediato a un hospital.

El fiscal Chávez Carmona indicó que la fiscalía continúa las investigaciones y por el momento no hay indicios que vinculen a los detenidos en otros casos similares.

El representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Erick Flores, destacó que este fue un caso sui géneris y descartó que Morelos sea paso de migrantes. “Estamos muy atentos al tema migratorio y no es Morelos un estado paso de migrantes que quieran llegar a los Estados Unidos, esto es un caso absolutamente atípico, es un caso único, lo que no quiere decir que no pongamos atención”, dijo.

El fiscal general ratifica que la institución a su cargo admite la recomendación emitida por la CNDH para la investigación de la masacre ejecutada por policías de la CES contra una familia en noviembre de 2017.

En un primer momento, la indagatoria se focaliza en los autores materiales de los hechos, dice el titular de la FGE.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, descartó por el momento llamar a declarar ante el Ministerio Público a su antecesor, Javier Pérez Durón, y al extitular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, porque no hay indicios que los impliquen en la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia en el municipio de Temixco, y aseguró que las indagatorias se focalizarán primero en determinar quiénes y con qué armas se perpetró la masacre.

Expresó la aceptación total de la recomendación 21VG/2019, emitida hace unos días por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se confirmó que elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para intentar inculpar a las víctimas.

Sostuvo que hasta ahora no hay indicios que vinculen a los ex titulares de la CES y la FGE en el multihomicidio y la serie de irregularidades documentadas por la CNDH, y sólo si en el transcurso de la investigaciones surge algún elementos jurídicos, serán llamados a declarar sobre el caso.

“Hasta ahorita nada más tenemos los indicios que implican a los policías que materialmente intervinieron en el hecho, pero en el caso de que la investigación arroje que sus mandos tienen responsabilidad vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, trátese de quien se trate, incluido el comisionado, (y el ex fiscal estatal) Javier Pérez Durón también, si es que jurídicamente ellos tienen alguna responsabilidad los vamos a citar en la medida de que sea fundado y motivado, no vamos a caer nunca en tema político ni de golpeteo político, no nos vamos a prestar a eso pero, sí vamos a hacer una investigación a fondo en lo que falta y a quien corresponda la responsabilidad, se la vamos a fincar.

“Entonces tengan ustedes de la certeza de que no va (a) haber impunidad en ningún caso, pero en este momento soy muy claro: no tenemos razones para definir ni para decir que vamos a citar  a los anteriores cabezas de estas instituciones, hasta ahorita no estamos en ese punto.

“Ahorita estamos trabajando con los elementos que intervinieron materialmente en los hechos, porque ellos no han referido que hayan recibido una orden superior. Entonces, mientras no tengamos ese dato, no podemos decir que vamos a proceder a la investigación en relación con los mandos que tenían a su cargo las instituciones en la administración pasada”.

Sobre las armas entregadas por la CES a la FGE que no coinciden con las usadas en la ejecución de la familia, el fiscal explicó que eso es “la parte fina de esta investigación, es donde tenemos el problema”, ya que las pruebas periciales efectivamente comprueban que las armas entregadas por la comisión a la fiscalía no corresponde a los indicios balísticos localizados en la escena del crimen.

De acuerdo con la investigación que dio origen a la recomendación de la CNDH, elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

El organismo nacional sostuvo que fueron los elementos de la CES quienes la madruga del 30 de noviembre de 2017 entraron con violencia a la casa que habitaba José Valdez Chapa y su familia en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, y echó abajo la versión oficial del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño se reguardaron.

Además, el análisis químico aplicado a la vestimenta de las víctimas reveló que, al menos de una de ellas, recibió un disparo a quemarropa;  y que en la zona del baño, donde se resguardaron las cuatro mujeres, la bebé y el niño asesinados, por lo menos se utilizaron cuatro armas de fuego calibre nueve milímetros y ninguna correspondió a la supuesta arma encontrada a un costado de una de las mujeres acribilladas, lo que descartó la versión de que haya atacado a los policías.

Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existió concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; por los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas descartaron que hayan accionado armas de fuego y se corroboró que en el baño, donde se resguardaron del ataque policíaco, las víctimas no podían ver a los policías y mucho menos tenían espacio y ángulo de tiro.

Necesaria, la compra de vehículos: FGE

En otro tema, el fiscal estatal detalló que la institución adquirirá 40 autos compactos y 40 camionetas para la movilidad del personal administrativo y operativo, lo que permitirá mejorar el servicio a la ciudadanía, ejercer adecuadamente el presupuesto y evitar subejercicios.

Indicó que no está prevista la compra de unidades de lujo, salvo algunas camionetas blindadas que serán asignadas a las tareas o personal que requiera medidas de seguridad.

Por el momento, dijo, se realizan las proyecciones financieras y definen los procesos de adquisición de las unidades que son necesarias, ya que la mayor parte del parque vehicular de la fiscalía es obsoleto.

Respecto a las investigaciones sobre el atentado a la diputada, Erika García Zaragoza, aseguró que la principal línea de investigación se remite a un asunto personal de la legisladora, pero se negó a dar detalles.

Plantean desaparecer las cárceles distritales.

El sistema estatal penitenciario retomará el proyecto de la construcción de un nuevo penal en el oriente del estado, con miras a desaparecer las cárceles distritales.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce Bórquez, indicó que está prevista la construcción del nuevo centro penitenciario, cuyo proyecto fue planteado por la administración estatal anterior y exprofeso fue adquirido un predio en el municipio de Yecapixtla.

“Ya se tiene el terreno, ya solamente falta la decisión de la construcción y recursos, que es lo más importante”, señaló.  

Indicó que las cárceles distritales tienen una sobrepoblación aproximada del 26.7 por ciento, cuyo parámetro es mínimo en comparación con otras entidades.

Por lo pronto, sostuvo que para despresurizar los centros penitenciarios se continuará con la gestión ante el gobierno federal para el traslado de los reos peligrosos a centros de alta seguridad, cuyo proceso se realiza cuidadosamente para que los internos susceptibles de reubicación no recurran al juicio de amparo.

Colectivos demandan celeridad en la designación de un titular para dicha instancia, así como en la asignación de presupuesto.

Los colectivos Regresando a Casa Morelos y la Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos reprocharon al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, la dilación en la emisión de la convocatoria para designar a quien dirigirá la Comisión de Búsqueda de Personas y la obtención de recursos federales para su operación.

En rueda de prensa, Lisbeth Cerón Salinas y Ana Luisa Garduño, representantes de ambos colectivos, explicaron que el decreto de creación estipuló que habría una persona encargada en tanto se designaba a un titular, sin embargo, desde el 18 de junio –en que entró en vigor la creación del nuevo organismo- se desconoce quién está temporalmente a cargo, y exigieron a Ojeda Cárdenas una reunión inmediata “para que se nos informe e incluya en el proceso de preparación de la búsqueda” de personas desaparecidas.

Señalaron que han transcurrido 24 de los 30 días hábiles previstos en el decreto para la emisión de la convocatoria para designar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda, pero a unos días de fenecer el plazo no hay visos de que la Secretaría de Gobierno aliste el documento.

También reprocharon la opacidad respecto a los recursos federales y estatales que, de acuerdo con la propia Secretaría de Gobierno, se obtendrían con la expedición del decreto de creación de la comisión estatal.

Señalaron que las comisiones estatales de búsqueda de nueve entidades han obtenido 11 millones de pesos -cada una- de fondos federales para su operatividad, mientras que el secretario de Gobierno aseguró que Morelos “estaba en pláticas” para obtener el financiamiento, pero hasta ahora nada se sabe sobre esos fondos.

Por ello, ambos colectivos exigieron una reunión inmediata con el responsable de la política interna, porque el tema no puede ser minimizado cuando las cifras oficiales indican que de 2018 a la fecha hay 450 personas reportadas como desaparecidas, y no han sido identificados los cuerpos localizados en fosas comunes.

Están en vigor lineamientos sobre antigüedad máxima de “rutas”, taxis y unidades de carga; el incumplimiento es motivo de sanciones a partir de enero del próximo año

La Secretaría de Movilidad y Transporte publicó en el periódico oficial los requisitos para la colocación de anuncios en las unidades del servicio público.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) autorizó a los concesionarios de rutas y taxis la colocación de publicidad de productos y servicios en sitios específicos los vehículos.

Con base en los artículo 14 y 117 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que faculta a la secretaría a regular la publicidad en el transporte público, la dependencia emitió el “Acuerdo que establece y autoriza los espacios que las unidades del servicio público de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo en el estado de Morelos, podrán utilizar para la colocación de publicidad”.

Según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, las  unidades que prestan el servicio de taxi podrán  fijar  publicidad únicamente en la parte del medallón del vehículo. Las rutas tipo Van y autobuses  únicamente tendrán autorizado la fijación de anuncios en la parte trasera del vehículo.  

En todos los casos, al retirar el material de publicidad deberán mantener limpia la unidad, y la publicidad será colocada sin afectar la visibilidad del vehículo.

El acuerdo estipuló que los concesionarios del transporte público de pasajeros que pretendan colocar publicidad en sus unidades deberán solicitar la autorización de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transportes, y sujetarse a las supervisiones que realizarán las áreas de revista mecánica y de supervisión operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, para  verificar que la publicidad colocada en las unidades del transporte público la publicidad no obstruya o desvirtúe las características y cromática que identifican a los vehículos.

También precisó que las tarifas establecidas por la autorización para la colocación de publicidad en las unidades del transporte público de pasajeros con y sin itinerario fijo son las establecidas en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

Advirtió que las rutas y taxis que no cumplan con lo establecido en las disposiciones del acuerdo, emitido por el titular de la dependencia, Víctor Mercado Salgado, serán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de Transporte del Estado de Morelos.

El acuerdo incluyó anexos gráficos para que los concesionarios conozcan con precisión las áreas autorizadas para la colocación de publicidad.

La exdiputada busca mantener la protección de la justicia federal y que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Alberto Capella se exonera; al menos cuatro policías que participaron en los hechos siguen en activo en la CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) recopila toda la información que obra en su archivos sobre el operativo de la madrugada 30 de noviembre de 2017 en el que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una familia fue ejecutada arbitrariamente por elementos policíacos adscritos a la CES, que entonces dirigía Alberto Capella Ibarra, quien a través de su cuenta de tuiter se desmarcó de cualquier responsabilidad sobre el  caso.

Tras la recomendación 21VG/2019 emitida por el organismo nacional por violaciones graves a derechos humanos, el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros,  informó que dio la instrucción a la Dirección de Asuntos Internos para recopilar toda la información del caso y, en la reunión de ayer con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se comprometió a entregarle toda la información que sea requerida para la debida integración de las capetas de investigación, como lo requirió la CNDH.  

“No reabrimos ningún caso, únicamente nos enteramos de lo que hay en expedientes. Ahora cambia la cosa, porque la CNDH está dando una recomendación para que intervenga asuntos internos de la Comisión Estatal de Seguridad.

“El día de ayer se le ordenó por escrito a la directora de Asuntos Internos, que empiece a hacer la investigación. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, entonces vamos a tener lista la investigación para cuando el fiscal lo requiera”, afirmó.

Confirmó que al menos cuatro policías que participaron en ese operativo siguen en activo en la CES, uno dejó la Policía y otros más fueron a colaborar con Alberto Capella Ibarra, actual secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

A través de su cuenta de tuiter @kpya, Capella Ibarra reiteró su aversión hacia el gobernador de Morelos y afirmó que “el apellido de mis hijos lo voy a defender hasta mi último suspiro”.

Sostuvo que “ante los lamentables hechos de Temixco fui yo el 30/11/17 quien públicamente solicitó la intervención de la CNDH para darle transparencia a la investigación” y “en todo momento como obra en el exp (sic) de la CNDH presentamos los informes y la información que fue solicitada a la CES en varias ocasiones. Todos los funcionarios estamos sujetos a la responsabilidad de nuestros actos. En mi caso actúe dentro de la ley y en base a mi criterio”.

Subsidios estarán vigentes hasta el 29 de noviembre.

La Secretaría de Hacienda estatal emitió un acuerdo por el que otorga un subsidio fiscal al pago de derechos por la realización de diversos trámites ante la Dirección General de Registro Civil, lo que permitirá a los ciudadanos obtener documentos sin costo.

De acuerdo con el documento expedido y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el objetivo es apoyar a las personas que se encuentren en condiciones vulnerables y que requieran obtener o regularizar la documentación oficial que les proporcione identidad y certeza jurídica para el pleno ejercicio de sus derechos.

El subsidio fiscal en el pago de los derechos aplicará para los trámites de: aclaración o rectificación de actas; constancia de inexistencia de registros; búsquedas de registros de nacimiento, matrimonios, defunciones y otros; copias certificadas de actas del estado de Morelos y de otras entidades del país, cuando se expidan en las oficinas del Registro Civil.

Las personas que deseen obtener el beneficio deberán presentar solicitud por escrito a través del Módulo Móvil con el que cuenta la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos o directamente en las áreas correspondientes en que se deba llevar a cabo el trámite solicitado.

El acuerdo de la Secretaría de Hacienda está vigente desde este martes y hasta el 29 de noviembre.

Persiste disputa en tribunales entre municipios de origen y de nueva creación.

La disputa legal entre municipios de origen y de nueva creación no para y esta vez el Ayuntamiento de Tetela del Volcán impugnó el acuerdo modificatorio que expidió hace unos días la Secretaría de Hacienda estatal para asignar presupuesto a los municipios indígenas recién instaurados.

El ayuntamiento promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 256/2019, a través de la cual pretende reclamar la invalidez del acuerdo publicado el 25 de junio, por el que fue modificado el acuerdo de 15 de febrero de 2019 y se dio a conocer el calendario de entrega, así como los nuevos porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables y las aportaciones estatales que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019.

En el acuerdo impugnado, la Secretaría de Hacienda estableció la redistribución de recursos que corresponderán a los municipios de origen y a los de reciente creación, lo que propició que los primeros tuviesen una reducción de recursos.

Los montos totales determinados que les corresponde para el ejercicio 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos son: para Miacatlán, municipio de origen, serán 30 millones 882 mil pesos, mientras que para el territorio escindido y fundado como municipio indígena de Coatetelco, serán 20 millones 220 pesos; para Puente de Ixtla, 49 millones 104 mil pesos, mientras que para Xoxocotla, 29 millones 599 mil pesos; para Tetela del Volcán, 29 millones 355 mil pesos, mientras que para Hueyapan, 16 millones 18 mil pesos.

Dado el impacto financiero para Tetela del Volcán es que, a través de la síndica municipal, Mirella Castro Mendoza, el ayuntamiento decidió impugnar el acuerdo de redistribución presupuestal por la vía de la controversial constitucional.

Proceso judicial está detenido y víctima solicita protección oficial.

Un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) fue acusado por su ex pareja de violencia familiar y de usar sus armas de cargo para cometer la agresión, así como de gozar de protección oficial para evitar enfrentar a la justicia.

Abigail Castro Román, acompañada de su abogado, dio una rueda de prensa frente a la ofrenda a víctimas del delito en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para hacer público su caso y su temor a ser nuevamente agredida por su ex pareja y padre de su hijo menor.

De acuerdo con la víctima, el pasado 14 de abril el presunto agresor y agente antisecuestros en activo, Ángel Olivo Ramírez, acudió a su domicilio, donde la insultó y la humilló, la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo.

“Él se atrevió a agredirme con sus herramientas de trabajo, que fue con un bastón retráctil en mis piernas, donde todavía tengo una marca visible, y las lesiones internas que no son visibles, por las cuales yo sigo acudiendo a terapia física”, dijo y aseguró que el elemento policiaco utiliza su cargo para conseguir protección institucional, al grado de que en dos ocasiones el médico legista de la fiscalía estatal aseguró en sus dictámenes que sus heridas fueron leves y que sanarían en menos de 15 días.

El abogado de la víctima, Luis Ignacio Reyes Andraca,  informó que fue judicializada la carpeta de investigación CJM/524/2019 por las agresiones que sufrió Abigail el 14 de abril, pero existen diversas irregularidades en la integración de la carpeta, ya que el agente del Ministerio Público omitió incluir pruebas y declaraciones de testigos de los hechos

Por ejemplo, señaló, el vigilante del lugar donde vive la víctima, “junto con otros vecinos, pidió la ayuda de la Policía, llegaron, hasta donde tengo conocimiento, dos patrullas estatales y dos patrullas municipales, y este cuate (el presunto agresor) se identificó como miembro de la UECS (otrora unidad antisecuestro) y los policías dijeron ´no podemos hacer nada porque es compañero, hablen a C-5, a la UECS, a ver que pueden hacer’ y no lo detuvieron”.

La mujer acudió a la Cruz Roja a recibir atención médica pero el presunto agresor ingresó hasta la camilla donde se encontraba Abigail e impidió que el médico revisara sus lesiones, por lo cual se dio vista al Ministerio Público ante la evidencia de que Abigail había sido víctima de violencia.

Criticó la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a la cual recurrió Abigail el 24 de mayo pasado para solicitar ayuda, porque ahí la emplazaron a conciliar con su agresor, lo cual rechazó de inmediato, ante el riesgo a su integridad física y su vida.

Señaló que el médico legista de la fiscalía insistió en calificar las lesiones como leves, pero han trascurrido dos meses de la agresión y no sólo no han sanado sino que la víctima requiere de terapias de  rehabilitación.

Sin embargo, pese a ello en la fiscalía hay una resistencia por proceder contra el agente antisecuestro por los delitos cometidos en agravio de su ex esposa y madre de su menor hijo.

Insistió en que la carpeta  de investigación no ha sido integrada debidamente ni cumple con las normas ni protocolos para la protección de víctimas, para el acceso a las mujeres a una vida de libre de violencia, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales, razón por la cual la víctima decidió hacer público su caso.

Pidió la intervención del gobierno de Morelos, la fiscalía estatal y la misma titular de la UECS, Adriana Pineda Fernández, para que se le proporcione las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida y la de su hijo, así como para que el proceso judicial prospere y su agresor enfrente a la justicia por los delitos de que se le acusa.

El litigante agregó que el agente antisecuestro está implicado en dos carpetas de investigación más y su grado de violencia lo hace un sujeto peligroso.

Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Reformas al Código Penal también castigan con rigor el uso de armas de juguete para cometer delitos y el desvalijamiento y venta de partes de automóvil.

El TSJ reportó la tendencia en un 30 por ciento en el primer semestre del año

El secretario municipal afirma que han visto las dificultades que enfrentan los nuevos municipios indígenas.

El secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, José Alfredo Escalona Arias, afirmó que no hay condiciones para la división del municipio y la creación del municipio indígena de Tetelcingo, debido la escasez de recursos y las enormes deudas heredadas.

Afirmó que ya está enlistado para su análisis y resolución el proyecto de sentencia de la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la creación del municipio indígena y, cual sea el fallo, el ayuntamiento lo acatará.

Indicó que entre la población prevalece la polémica debido a que varios de los promotores de la división y creación del nuevo municipio indígena han cambiado de opinión, por los problemas financieros y administrativos que presentan los otros tres municipio de reciente creación.

“Muchos ciudadanos se han acercado a nosotros para manifestarnos que no están de acuerdo con la división del municipio de Cuautla, porque han visto como en los municipios  que se crearon no ha habido esa paz social o esa tranquilidad ni ese progreso que se iba a tener. Sin embargo, así como hay ciudadanos que están a favor, hay ciudadanos que están en contra, y es muy respetable la opinión de cada uno de ellos y el ayuntamiento de Cuautla lo que están (sic) haciendo es darle seguimiento a la controversia, que ya se encuentra en la SCJN y está por decidirse”, explicó.

Indicó que el ayuntamiento no tiene intención de desistirse del recurso de control constitucional, porque –insistió- no existen condiciones para la división de Cuautla y la fundación de una nueva demarcación, “por la falta de recursos que se tiene, creemos que sería importante mantener a la ciudad hasta sanear los recursos en general, y entregar una verdadera división, en su momento, sana”.

Está acusado de sustraer armas de fuego y cambiar evidencias con armamento viejo.

Un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue aprehendido por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, tras ser señalado como responsable de sustraer armas de fuego aseguradas del cuarto de evidencias y cambiarlas por armamento viejo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través de un comunicado, informó que la Policía de Investigación Criminal (PIC) ejecutó la orden de aprehensión girada por un juez de control contra el perito identificado como Orlando “N”, cuando caminaba sobre la calle Constitución del 57, en el centro de la cabecera municipal de Jojutla.

El servidor público está implicado en la carpeta de investigación FECC/104/2019, iniciada por personal de la propia FGE, que se percató de  la ausencia de armamento asegurado y resguardado en el cuarto de evidencias de la fiscalía regional de la zona surponiente, el cual habría sido sustraído y sustituido dentro de los embalajes por objetos y armas de fuego en mal estado.

El perito fue ingresado a la cárcel distrital de Jojutla, en espera de que un juez de control defina su situación jurídica.

Este caso toma relevancia, luego de que el mismo fiscal general, Uriel Carmona Gándara, reveló en mayo pasado que el arma usada por el joven Maximiliano “N” para asesinar en pleno zócalo de Cuernavaca los líderes sindicales, Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón, habría sido  sustraída de uno de los cuartos de evidencia de la fiscalía.

Desde 2014 se han practicado supuestas auditorías en los cuartos de evidencia de la fiscalía, pero los últimos tres titulares, incluidos Carmona Gándara, no han hecho públicos los resultados ni han abundado sobre la gravedad de la sustracción, pérdida y alteración de evidencias, especialmente de armas de fuego.  

Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

La presidenta del TSJ ha impugnado todas las pensiones aprobadas anteriormente, por lo que esperan que haga lo mismo con su familiar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de pensión por viudez a favor de  Ana María de Jesús López Enríquez, madre de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López. Sin embargo, trabajadores judiciales en activo y en retiro cuestionaron si éste decreto será impugnado por el Poder Judicial, como el resto de los decretos de los trabajadores que en los últimos años tramitaron su pensión por jubilación.

El decreto fue aprobado por el Congreso en la sesión del 1 de mayo y fue hasta este miércoles que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se otorgó a la beneficiaria una pensión al 100%  de la última de que hubiere gozado Juan Manuel Cuevas Jiménez, padre de la titular del TSJ, quien se jubiló como oficial mayor del TSJ  y falleció el pasado mes de febrero.

Trabajadores activos y en retiro, así como algunos funcionarios del TSJ, coincidieron que, si bien la pensión es un derecho que tiene la madre de Cuevas López, la interrogante es si la magistrada hará uso de su influencia o si impugnará el decreto pensionario para exigir al Congreso presupuesto para su pago, como lo hizo con decenas de trabajadores que durante su gestión tramitaron su retiro y hasta ahora no han recibido sus pensiones por las controversias constitucionales que promovió.

Los trabajadores solicitaron el anonimato por posibles represalias por tratarse de un tema que toca la esfera familiar de Cuevas López, y recordaron que por los menos tres trabajadores del TSJ jubilados fallecieron sin poder gozar de los frutos de su trabajo y sufriendo penurias económicas porque no recibían su pensión, ya que la magistrada presidente impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus decreto de retiro, para exigir al Congreso una partido para el pago de jubilaciones.  

Hay elementos para enjuiciar a María del Carmen Cuevas López, insiste Leonel Díaz Rogel.

El abogado Leonel Díaz Rogel promovió un juicio de amparo por el desechamiento del Congreso de su solicitud de juicio político contra la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López.

El litigante insistió en que aportó al Poder Legislativo elementos suficientes y fehacientes para acreditar la responsabilidad de la representante del Poder Judicial por violaciones a la Constitución Política del Estado, usurpación de atribuciones, violación grave a las garantías y derechos fundamentales de magistrados, y el abandono o desatención injustificada de sus funciones.

Recalcó que un ejemplo de las irregularidades cometidas por Cuevas López fue mantener ilegalmente en funciones a la Comisión Transitoria (integrada por ella y dos magistrados más) y la resistencia a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura y que por disposición constitucional debió entrar en funciones desde el 5 de abril del año 2018, pero fue hasta el día 3 de junio que se instauró en condiciones legales cuestionables.  

Recordó que su solicitud de juicio político estuvo soportada por 57 pruebas y 28 anexos que acreditaban la responsabilidad política de la magistrada presidente, pero el Congreso decidió desecharla sin fundamentación ni motivación.

Por tal razón, promovió el juicio de amparo 949/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, para impugnar el desechamiento dictado por los diputados integrantes de la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos.

Se condicionó a gasolinera a restitución arbórea: Solano López.

Estable, el estado de salud de menor; dos hombres más están bajo custodia policiaca.

Autoridades investigan si fueron miembros de una mafia local o de una trasnacional los que atentaron contra la vida de un grupo de migrantes guatemaltecos, para determinar si el caso se mantiene en el fuero común o es posible su atracción por parte de la Fiscalía General de la República.

En rueda de prensa, médicos del Hospital del Niño y Adolescente Morelense informaron que es estable el estado de salud de Cristian Iban, de 10 años, quien fue encontrado el sábado pasado abrazado del cadáver de su padre, Rudy Aroldo González, en un paraje del municipio de Ocuituco.

En tanto, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, detalló que Luis Arturo González Huite y su hijo adolescente Bayron Almícar, tío y primo del menor, ya se encuentran en Morelos bajo custodia policiaca para salvaguardar su integridad física -conforme lo solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos- y acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar su declaración ministerial sobre lo ocurrido.

Adelantó que la FGE tiene avances importantes en la investigación del caso, pero estimó que la integración de la carpeta de investigación -iniciada por el homicidio de Rudy Aroldo y el ataque al menor- llevará un mes aproximadamente.

“El proceso de investigación estaríamos calculando que dure alrededor de un mes, ojalá podamos lograr la permanencia de ellos y la colaboración de familiares que viven fuera de México, para que esto se desahogue de la forma más rápida posible y podamos terminar la investigación”, dijo.

Señaló que, debido a que las víctimas apenas rinden su declaración, aún  no se tiene claro cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los autores del crimen, pero tanto la fiscalía de Morelos como del Estado de México (donde fueron ubicados Luis Arturo y Bayron Almícar con heridas en el cuello, hospitalizados y hace poco dados de alta) realizan las pesquisas necesarias, para determinar si  los responsables son miembros de una banda criminal local o trasnacional dedicada al tráfico de personas.

“Se está integrando una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de México y también se tiene una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Morelos, derivado de esa investigación dependiendo de cómo se hayan dado los hechos también podrá intervenir y se podrá pedir la atracción de la Fiscalía General de la República, en la que tiene la Fiscalía Especial para la atención a Migrantes”.

Confirmó que este mismo miércoles fue entregado el cadáver del migrante asesinado a las autoridades consulares de Guatemala, para su inmediata repatriación.

 “El cuerpo ya se determinó 8que) se le va entregar a una funeraria que determinó la embajada de Guatemala, ellos mismo hicieron la solicitud del cuerpo para estarlo trasladando inmediatamente a Guatemala, hoy mismo se entrega a la funeraria que es la que determinó la embajada para que ellos hagan ya el trámite de repatriación del cuerpo”.

Puntualizó que los migrantes no han solicitado la visa humanitaria para permanecer en el país y que están considerando su repatriación a Guatemala, pero si ellos solicitan permanecer en territorio nacional, el gobierno de Morelos hará las gestiones con el Instituto Nacional de Migración para que se les conceda una estancia legal en México, tras ser víctimas del delito.

Por lo pronto, el menor Cristian Iban se encuentra fuera de peligro pero todavía bajo tratamiento médico en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense, ya que –además de la herida en el cuello- presentaba una infección respiratoria.

Su estado psicológico por el momento es estable, ya se le informó que se reunirá con su tío y su primo, y habló por teléfono con su madre, quien se encuentra en Guatemala.

De acuerdo con información recabada por la CNDH, los hermanos Luis Arturo y Rudy Aroldo, junto con sus hijos menores Bayron Almícar y Cristian Iban, de 17 y 10 años, salieron de Guatemala el 28 de mayo para cruzar México con destino a Estados Unidos.

Fue hasta el 1 de julio que la familia de los migrantes recibió llamadas de supuestos miembros del grupo criminal de “Los Zetas”, que solicitaron dinero a cambio de no hacerles daño y liberarlos. A pesar del pago del rescate, fue hasta el 6 de julio que supieron que Cristian Iban se encontraba herido en un hospital morelense y que Rudy Aroldo estaba muerto.

Luego de que fue localizado el menor, quien fue atacado con arma punzo cortante en el cuello, se supo que su tío y su primo se encontraban hospitalizados en Amecameca, Estado de México, que se encuentra a poco más de una hora de Cuautla, Morelos.

Reclaman por bajos salarios y malas condiciones laborales.

Nuevamente, un grupo de elementos de la Policía Industria Bancaria (Piba) adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad protestaron por sus bajos salarios y malas condiciones laborales.

Esta vez la protesta se realizó en la glorieta de la Paloma de Paz, donde un pequeño grupo de agentes mostró a los automovilistas carteles con sus demandas a los mandos de la CES, quienes –aseguraron- en lugar de escuchar su pliego petitorio y atenderlo, han comenzado a hostigarlos por atreverse a demandar mejoras a su salario y condiciones de trabajo.

“Solución ya, no intimidación, basta de amenazas, basta de engaños”, fueron algunas de las consignas de los inconformes.

Algunos elementos prefirieron mostrar su rostro y otros cubrirlo o mantener el anonimato detrás de sus carteles, porque dijeron ser blanco  de amenazas de mandos superiores, como reubicarlos en lugares lejanos o modificarles sus turnos.

Insistieron en el aumento y homologación de salarios, porque a pesar de que la PIBA es una corporación que genera recursos propios, sus elementos reciben sólo siete mil pesos de salario y sus condiciones laborales son malas.

“Carecemos de todo, de buen trato, quisiera que alguien tuviera tantito valor civil o algunos de los medios viniera a ver las funciones que yo desempeño, donde no tengo donde atajarme de la lluvia, donde no tengo un lugar para comer, donde tengo que estar las 24 horas parado, cosa que ellos (los mandos de la CES) no ven”, dijo uno de los inconformes, que llamó al gobernador, Cuauhtémoc Blanco a intervenir en favor de  los elementos de la Piba.

Participó activamente en la sesión para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, pero es posible que careciera de las facultades legales.

Magistrado disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitaron a la magistrada presidente Carmen Cuevas López convocar a una sesión urgente de Pleno para aclarar bajo qué condiciones jurídicas la magistrada, Leticia Taboada Salgado, emitió el pasado 3 de junio su voto para instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial,  ya que en esa fecha aparentemente no surtía efecto la sentencia de amparo en la que se le reconocía su calidad de magistrada de número.

Nueve magistrados, por escrito, solicitaron convocar en un plazo de 48 horas la sesión de Pleno urgente, “con el propósito de atender tema relativo al requerimiento realizado al Congreso del Estado de Morelos por la autoridad federal, en términos del acuerdo emitido el día 5 de julio del año en curso, en el juicio de amparo número 556/2018.

“Reservándonos el derecho para acudir a las instancias competentes y ejercer las acciones jurídicas conducentes en defensa del Tribunal Superior de Justicia”.

La solicitud surgió debido a que, aparentemente, Taboada Salgado habría ejercido derecho a voz y voto como magistrada de número con el argumento de que tenía una sentencia de amparo a su favor, pero en la fecha en que se convocó la sesión para instaurar e integrar la Junta de Administración (órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura) la resolución aún no surtía efecto o no había ejecución de la misma, porque hasta ese momento el Congreso local no le había expedido su nuevo nombramiento en términos de la sentencia de la autoridad judicial federal.

De acuerdo con fuentes del TSJ consultadas, en caso de corroborarse esta sospecha podría configurarse una violación a la Constitución y hasta dar lugar a un proceso administrativo, por haber ejercido un voto sin tener facultades constitucionales para ello.

Juzgados de distrito admitieron juicios de amparo promovidos por magistrados disidentes del Poder Judicial de Morelos 

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejarán que sea la justicia federal quien resuelva sobre la legalidad o no de la instauración e integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación.

Los juzgados de Distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno admitieron los juicios de amparo promovidos por los magistrados del TSJ, Rocío Bahena Ortiz, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Ángel Garduño González, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Norberto Calderón Ocampo.

Los nueve inconformes esperan que el Poder Judicial de la Federación resuelva si fue o no  legal la continuación de la sesión de Pleno del 3 de junio sin el quórum legal que exige la ley orgánica del Poder Judicial (al menos dos terceras partes de los magistrados); si fue legal o no la designación como representante de los jueces ante la Junta de Alejandro Becerra Arroyo, quien no estaba en funciones de juzgador y en ese momento fungía como representante legal de la magistrada presidenta y el TSJ; y si fue o no legal que la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, asumiera la presidencia del nuevo órgano sin haber protestado el cargo durante esa sesión.

De esta manera, Cuevas López podrá presentar ante los juzgados federal sus argumentos, pues ella y los magistrados de su bloque han insistido que fue legal la sesión, la instauración e integración de la junta.

Sala Regional del TEPJF modificó sentencia del TEE por invadir competencia 

La diputada Naida Josefina Díaz Roca dejará de representar al Partido Social Demócrata (PSD) en el Congreso de Morelos, luego de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) por invadir competencia.

Luego de que diciembre de 2018 la dirigencia estatal del PSD desconoció a Díaz Roca como su representante ante el Congreso y la “expulsó” del partido, el tribunal local resolvió que la Comisión Estatal Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria violentó los derechos de la legisladora al no emplazarla a audiencia, y ordenó dejar sin efectos el oficio del representante del PSD presentado ante el Poder Legislativo, por el cual retiraba a la diputada la representación de ese partido ante el parlamento e implicaba la suspensión de prerrogativas y dietas como integrante de la Junta Política y de Gobierno. 

Por mayoría de votos, la Sala Regional consideró infundado el argumento del PSD respecto a la supuesta doble afiliación de la diputa al PT y PSD, y consideró que el partido sí violentó el debido proceso.

Pero también la Sala dio la razón al partido actor respecto a que el tribunal local le impuso como representante ante el Congreso local a una ciudadana que no se encuentra afiliada al PSD y truncó su facultad discrecional de designar a sus propios representantes ante el órgano legislativo.

En su resolución, determinó que el TEEM “se excedió en su actuar cuando emitió un pronunciamiento en torno a una temática que no es de naturaleza electoral sino, a todas luces, perteneciente al derecho parlamentario.

“Esto es, cuando el Tribunal local se pronunció en torno a los alegatos de la ciudadana Naida Josefina Díaz Roca, en los que ella adujo vulneración a sus derechos político-electorales como integrante de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, ambos del Congreso local, la responsable actuó de manera incorrecta al incluir a actos políticos como parte del derecho político-electoral de ser votado, inobservando que corresponden al derecho parlamentario”.

En consecuencia, la Sala Regional Ciudad de México modificó la sentencia del tribunal local y revocó la orden el TEEM que dejó sin efectos el oficio del representante del PSD, por el cual se retiró a Díaz Roca la representación del “grupo parlamentario” del partido ante el Congreso y que implicaba el retiro de prerrogativas a la legisladora al ya representar a una fracción legislativa.

La magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, María Silva Rojas, emitió un voto particular en este asunto por considerar que el partido actor no tiene legitimación para acudir a este órgano jurisdiccional. No obstante, la sentencia podría aun ser recurrida ante la Sala Superior sólo en caso de que haya algún alegato sobre  presunta inconstitucionalidad de la resolución.

Defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia.

Un juzgado federal otorgó a la expresidenta del Congreso de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, una suspensión provisional para evitar la ejecución de la orden de aprehensión girada por un juez de control a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 940/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, a la exlegisladora -que fue electa por el PRI y posteriormente pasó a las filas del PRD- le fue concedida la medida cautelar de manera provisional.

La demanda de amparo fue admitida este mismo viernes y la justicia federal le concedió la suspensión, con el depósito de una garantía económica de siete mil pesos.

La audiencia incidental fue programa para este 11 de junio para determinar si prevalece o no de manera definitiva, mientras que la audiencia constitucional fue agendada para el próximo 5 de agosto.

El pasado 28 de junio, una juez de control declaró prófuga a Vicera Alatriste, luego de que ella no se presentó a la audiencia de formulación de imputación en la que se acusaría del delito de peculado.

Su representante legal exhibió un justificante médico expedido por un hospital privado de la Ciudad de México, el cual no fue aceptado por la juzgadora, por considerar que el documentó no cumplió con los requisitos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En una nueva audiencia celebrada el pasado 2 de julio, el defensor de la exdiputada presentó a declarar a un médico, que no fue el mismo que le expidió la receta de incapacidad para acudir a audiencia, y al comprobarse que su testimonio no tenía validez, se ratificó la sustracción de la exlegisladora.

Este viernes, la fiscalía anticorrupción informó que emitió una alerta migratoria y tramitó una ficha roja para la localización y aprehensión de Vicera Alatriste, ante la posibilidad de que pudiera salir de México o se encuentre en otro país.

La defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia, y señala que se encuentra en tratamiento médico.

Las plazas comerciales deben dar de una a tres horas de estacionamiento gratuito a sus clientes.

Estuvo secuestrada desde el pasado 25 de junio; FGE indaga los hechos.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo de Asunción “N” -madre de una regidora del municipio de Jiutepec- quien fue secuestrada el pasado 25 de junio mientras dormía en el asiento trasero de una camioneta.

La institución detalló que a las 8:50 horas de este jueves fue localizado sin vida el cuerpo de la mujer de 65 años, en la calle Ameztititlán del poblado de Ahuatepec en el municipio de Cuernavaca, por lo que de inmediato el Servicio Médico Forense se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver, el cual presentó una lesión producida por arma de fuego.

La mujer fue identificada por su hija, la regidora del municipio de Jiutepec Patricia Mireya Martínez Velázquez. Sin embargo, la fiscalía realizará otras pruebas periciales como parte del protocolo.

El pasado 25 de junio, Asunción “N”, de 65 años de edad, presuntamente se quedó dormida dentro de la camioneta Nissan tipo Xtrail, de color arena, con placas de circulación HBD-899-C del Estado de Guerrero, propiedad de la regidora, cuando dos sujetos con arma de fuego robaron el automotor con la víctima a bordo, dejando abandonado más tarde el vehículo en la calle Sauces del Poblado de Ahuatepec.

Desde entonces se desconocía el paradero de la víctima y, presuntamente, se exigió rescate a la familia.
La fiscalía sostuvo que, con base a la Ley General de Víctimas vigente en el Estado de Morelos, los familiares de Asunción “N” reciben acompañamiento y apoyo, así como se desahogan las diligencias e investigaciones para esclarecer el caso.

Está imputado por presunto homicidio culposo y otros delitos.

El chofer del camión pesado que se quedó sin frenos y privó de la vida a nueve personas en el municipio de Cuautla permanecerá en prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo y otros.

Un juez de control determinó la medida cautelar para Cristian "N, tras realizar la audiencia de formulación de imputación

El agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía de la región oriente le imputó nueve homicidios, lesiones en agravio de ocho personas y daños a cuatro víctimas del trágico accidente ocurrido en la zona oriente.

El juez justificó la medida cautelar debido a que el imputado no tiene arraigo en Morelos (porque reside en otra entidad) y  por ello permanecerá internado en la cárcel distrital de Cuautla.

La próxima semana se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde la defensa del conductor podrá presentar pruebas respecto a las causas del accidente, que inicialmente fueron atribuidas a una falla mecánica del tráiler que transportaba varillas desde el Estado de México.

La mañana del 12 de junio sobre la carretera México-Cuautla (a la altura de la central de abastos) el tracto camión marca Kenworth con placas de circulación 530-AL-8 del servicio público federal -con número de placa del remolque 473-UR-9 del servicio federal- aparentemente se quedó sin frenos y a su paso arrasó con varios autos particulares, una moto y una combi del servicio público de pasajeros que provenía del municipio de Yecapixtla.

En el lugar fallecieron cinco personas y varias resultaron lesionadas, pero al paso de los días otras cuatro víctimas más fallecieron en diferentes hospitales.

Exigen ministros que se paguen completas las pensiones, conforme al calendario previamente ordenado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó la presión al Poder Ejecutivo de Morelos para que transfiera al Poder Judicial el total de los recursos para cubrir las pensiones de los trabajadores judiciales jubilados cuyos casos fueron resueltos en controversia constitucional.

El máximo tribunal del país emitió un acuerdo en el que advirtió que la orden, dentro del cumplimiento de sentencia de 116 controversias constitucionales (que dividió en 11 bloques) fue el pago del total de la pensiones conforme a los bloques indicados en el acuerdo del 25 de febrero pasado y no en “mensualidades”.

La SCJN requirió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “indique en qué medida, proporción  y, respecto a qué bloque abona al pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial las transferencias realizadas, en la inteligencia de que este Alto Tribunal no ordenó el pago en mensualidades del monto total de los bloques del anexo del Acuerdo General Plenario de referencia, sino el pago total del valor pecuniario asignado a cada bloque por el Poder Judicial de Morelos, o bien manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos”.

En consecuencia, “se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en lo sucesivo, cubra el monto total asignado a las pensiones a las cuales refiere el anexo del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, so pena de incurrir en desacato a los lineamientos aprobados por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El requerimiento es para que el gobierno de Morelos transfiera inmediatamente la totalidad los recursos correspondientes a los tres primeros bloques, que equivale al cumplimiento de 30 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

Actualmente, las autoridades estatales han dado cumplimiento parcial a 50 sentencias y están 66 más enlistadas para su cumplimiento. En total, el Poder Ejecutivo deberá de transferir al Poder Judicial 105 millones de pesos para evitar que la SCJN le aplique sanciones, que incluye hasta la destitución de las autoridades responsables.

Concurso interno de oposición es medida encaminada a paridad de género, informa.

El Poder Judicial de la Federación lanzó la convocatoria del Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Juezas de Distrito, como medida afirmativa encaminada a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) podrán participar en el concurso interno de oposición las servidoras públicas que se encuentren desempeñando alguna de las categorías previstas en las fracciones III a IX Bis del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (secretarias de acuerdo, de estudio y cuenta, secretaria de juzgado de distrito o tribunal colegiado), sin embargo, no podrán concursar quienes habiendo ocupado el cargo de juzgadora federal (jueza de Distrito o magistrada de Circuito) hayan sido destituidas o inhabilitadas.

Tampoco podrán participar las servidoras públicas que habiendo prestado servicios en el Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal) hubiesen sido destituidas y/o inhabilitadas, y posteriormente se integraron a alguna de las categorías de la carrera judicial.

Parte de los requisitos son tener al menos cinco años de carrera nacional, contar con nombramiento en los cargos especificados, y continuar en funciones durante el desarrollo del concursos de oposición.

Además de cubrir los requisitos legales, las aspirantes deberán superar las diversas etapas que incluyen completar un curso de inducción, un examen oral y la resolución de un caso práctico.

Con la finalidad de facilitar a las participantes la presentación de la primera etapa del concurso, la evaluación se aplicará en las siguientes extensiones del Instituto de la Judicatura Federal: Sede Central Ciudad de México; Extensión Toluca, Estado de México; Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; San Andrés Cholula, Puebla; Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja California; Guanajuato, Guanajuato; y Chihuahua, Chihuahua, o en los lugares que se determinen por el propio Instituto.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia se ampara en criterio jurídico de la SCJN.

La infraestructura no podrá usarse hasta que haya una sentencia sobre el tema.

Un juzgado federal otorgó al ejido de Amilcingo la suspensión de plano para detener la “inminente operación del Gasoducto Morelos”, para evitar afectaciones a la parte quejosa hasta que haya sentencia en el juicio de amparo.

De acuerdo con la resolución dictada por Guillermo Amaro Correa, Juez Noveno de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro del juicio de amparo 642/2019 promovido por los integrantes, se concedió “la suspensión de plano, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, suspendiendo la inminente operación del Gasoducto Morelos, toda vez que pudiera tener por efecto la privación total o parcial de las tierras del ejido, así como, para que no se lleve a cabo ningún tipo de construcción o modificación, otorgamiento o expedición de cualquier tipo de licencia o permisos para tal fin.

“Ello es así, porque se trata de actos que pueden tener como efecto privar total o parcialmente, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute del núcleo ejidal del Municipio de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, Comisariado Ejidal de Amilcingo”.

La suspensión incluye no llevar a cabo ninguna construcción o modificación, otorgamiento o expedición de cualquier tipo de licencia o permisos, relacionados con el gasoducto.

Las autoridades implicadas en el tema del gasoducto deberán dar cumplimiento a la orden judicial en las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento u omitir rendir su informe, les será impuesta una multa hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238, 239 y 259, de la Ley de Amparo.

El juez federal advirtió que la medida cautelar dejara de surtir efecto en los siguientes casos: si no se demuestra que la inminente operación del gasoducto privará de tierra al núcleo ejidal; si la construcción, operación, ampliación y funcionamiento del Gasoducto de Morelos, se encuentra fuera del polígono que conforma el ejido quejoso; si presente una situación análoga en la que se pueda seguir perjuicio al interés social o contravenir disposiciones de orden público pero, bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables.

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, celebró la decisión judicial que calificó como “un triunfo” no sólo de Amilcingo, sino también de las comunidades de las tres entidades que se serían afectadas por el “Proyecto Integral Morelos”, que incluye la operación del gasoducto y una termoeléctrica.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los siete años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores Soberanes, asesinado el pasado 20 de febrero) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad. “Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, recalcó.

Explicó que la suspensión de plano se otorgó con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y el ejército, resultando baleados cinco ejidatarios el 13 de abril de 2014.

Agregó que esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, para que no se pueda contaminar el río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica; a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto; y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades, lo que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

De esta manera, el Frente de Pueblos exigió “a la CFE, al Presidente de la República y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el Proyecto Integral Morelos en tierras zapatistas”.  

En los hechos es acusada una policía de tránsito de Zacatepec.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por la agresión que sufrió una menor por parte de una policía municipal de Zacatepec.

Derivado de la difusión en redes sociales de un video donde se aprecia una pelea entre la agente y una estudiante de secundaria, el organismo abrió la queja 33/2019-VRSP por el presunto abuso policiaco.

En el video se aprecia como fondo la Iglesia de Santiago Apóstol, en el centro de Zacatepec, mientras la agente y la menor liadas son separadas, pero según las voces de los testigos, habría sido la mujer policía quien inició la agresión contra la estudiante de secundaria.

Incluso, un motociclista que fue esposado y arrestado explica en el video que su detención fue porque observó cómo la policía arremetía contra la niña y él intentó frenar la agresión.

La madre de la menor también se vuelca contra la policía para reclamarle a golpes la agresión a su hija.

La CDHEM detalló que ante la queja radicada en la Visitaduría Regional surponiente con sede en Jojutla, y a cargo de la Visitadora Aurelia Castañeda, solicitó informes a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Zacatepec.

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

Así lo consigna el informe preliminar de la CDHEM; un reo murió y cuatro recibieron heridas leves.

Sala Superior del TEPJF confirma acuerdo del INE.

Se publicó el acuerdo por el que se modificó el calendario de entrega, porcentajes y montos de fondos federales y estatales para el ejercicio fiscal 2019

El médico fue imputado ante un juez por el presunto delito de homicidio culposo 

Tienen hasta el 30 de septiembre para realizar el trámite.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) amplió el plazo para que las unidades del transporte público con y sin itinerario fijo cumplan con el cambio de identificación cromática, ya que en el proceso se detectaron algunas dificultades.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fueron publicados dos acuerdos expedidos por el titular de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, por los que autorizó extender el plazo dos meses más, para que los transportistas puedan cumplir con el requisito obligatorio para prestar el servicio.

“En virtud de que el canje de placas para el servicio público de transporte inició el 15 de mayo y estará vigente hasta el 28 de junio de 2019, se presenta el problema de que los vehículos que cumplen con la identidad cromática, deben rotular su número de placa en el toldo de la unidad.

“Sin embargo, al llevar a cabo el canje de placas de servicio público, están obteniendo un número de placas diferente, lo que obliga a ampliar el plazo para el cumplimiento de la identidad cromática hasta el 30 de septiembre, con el objeto de no generar mayor gasto a los transportistas y que tengan el tiempo suficiente para llevar a cabo el canje de placas; y ya con el nuevo número que les sea asignado, cumplir con la rotulación de la identidad cromática”.

Ambos acuerdos entrarán en vigor a partir de este 29 de junio, y la Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular, y la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, deberán de llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones.

José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad, reconoció que permanece la disputa entre criminales que buscan ocupar el liderazgo que dejó vacante el capo Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, quien se encuentra recluido en el penal de Atlacholoaya y bajo proceso penal por el delito de secuestro exprés y es investigado por su presunta participación en otros ilícitos.

Sostuvo que los homicidios dolosos se incrementaron en un veinte por ciento por las rivalidades entre delincuentes, pues mientras el “El Ray” enfrenta a la justicia, su segundo, identificado como “El Gato” o “El Profe”, busca mantenerse al frente del grupo criminal que operaba principalmente en la zona oriente de Morelos.

“El Ray está en prisión, y están viendo ahorita quién va a llevar el liderazgo de esa área, sabemos que hay un segundo de él,  “El Gato” o “El Profe” y que esto tiene que ver con el aumento de homicidios dolosos”, explicó.

Señaló que abril fue el más violento, con casi cien homicidios dolosos, y en lo que va del mes de junio se han registrado alrededor de 54 asesinatos, la mayoría de ellos relacionados con las disputas entre criminales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), en los primero cinco meses del año Morelos rebasó los 400 homicidios dolosos, crímenes que son perpetrados en su mayoría con arma de fuego.

Necesaria, coordinación interinstitucional para reanudar diligencias, señala.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, rechazó que pretenda dar carpetazo al caso de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, y aseguró que cuenta con el presupuesto para dar continuidad a las diligencias en cuanto se reactive la coordinación interinstitucional para darle seguimiento.

Respondió a los reclamos de las activistas María y Amalia Hernández Hernández, quienes han denunciado que hay desinterés de la fiscalía para avanzar en los casos de la fosas, tanto en los pendientes relacionadas con la identificación genética de decenas de cuerpos, como en el deslinde de responsabilidades de exfuncionarios o funcionarios que permitieron la inhumación ilegal de cadáveres.

“A eso no se le ha dado carpetazo, sin embargo, para continuar con esos trabajos tenemos que coordinarnos con otras autoridades. Teníamos un tema de un presupuesto limitado, ese problema está resuelto ya, entonces, vamos a coordinar con las demás autoridades para avanzar en los trabajos de identificación de ese material (genético) que se encuentra ahí.

“No tenemos una fecha definida, pero en conjunto con las demás autoridades participantes los vamos a difundir, para que la sociedad se dé cuenta de que no hay carpetazo ni estamos ocultando nada”, sostuvo, tras participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, realizada en el Congreso de Morelos.  

Dijo que cuando asumió la titularidad de la fiscalía estatal recibió un juicio en trámite de dos presuntos responsables de la inhumación ilegal de los cuerpos, y sostuvo que se dará continuidad al proceso penal.

Israel Hernández Cruz se deslinda del exgobernador Graco Ramírez.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, pidió ser juzgado por sus actos y omisiones como ombudsman, y expresó su respeto a quienes cuestionan su nombramiento.

Al realizar el acto protocolario de entrega-recepción del organismo, rechazó haber sido impulsado por el exgobernador Graco Ramírez, y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales para ocupar al cargo, a pesar de que no acreditó experiencia en el tema.

Cuestionado sobre los amparos que presentarán al menos cinco de los 22 aspirantes que compitieron por la presidencia de la comisión, afirmó que respetará las acciones legales que emprendan quienes disientan de la decisión del Congreso del estado sobre su designación, y acatará las resoluciones judiciales que se pronuncien al respecto en el momento oportuno,

Se desmarcó del exmandatario perredista y aseguró que no sólo ejerció como notario, sino que durante su trayectoria profesional laboró en los tres Poderes del Estado, incluso, durante la gestión del gobernador panista Marco Adame, y conoció la actividad administrativa de la entidad, incluyendo –dijo- la defensa de los derechos humanos.

Insistió en que respeta las opiniones que descalifican o desestiman su trayectoria, pero pidió ser juzgado por sus actos y omisiones al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“Respeto todas las posiciones, lo único que pido es que se me juzgue con lo que haga o deje de hacer durante mi trayectoria y en mi paso en esta comisión, y no por apreciaciones subjetivas que se tendrán que demostrar”, recalcó.

Aclaró que es falsa la ficha y orden de aprehensión con el formato de Plataforma México que circula en redes sociales, pues aseguró que fue “fabricada” y difundida hace tres años por una persona que pretendió afectarlo.

Señaló que cubrió los requisitos legales para ser ombudsman y que entre la documentación presentada al Congreso local están las constancias de antecedentes no penales y de no inhabilitación tanto a nivel local como federal.   

Agregó que al tomar las riendas del organismo dará continuidad a lo que ha funcionado, trabajará con las organizaciones civiles e impulsará iniciativas de ley para que haya un buen andamiaje legal para la defensa de los derechos humanos.

El afluente conocido como Rivetex es afectado presuntamente por el vertido de aguas residuales de una fábrica textil.

Nuevamente, ciudadanos denunciaron la contaminación de la barranca de Rivetex, en Cuernavaca, la cual en las últimas semanas cambió de coloración de gris a azul, y hasta un rojo intenso, presuntamente por el vertido de aguas residuales de una fábrica textil.

Jorge Arturo Díaz de Sandi, presidente de la Asociación de Colonos de Delicias Cuernavaca, explicó que detectaron que desde el 30 de mayo la barranca conocida como Rivetex comenzó a tener distintas coloraciones, y destacó la grave contaminación de este afluente que atraviesa una parte importante de la ciudad.

Señaló que -de por sí- la barranca está contaminada  por las aguas residuales y la basura que arrojan vecinos de colonias como la Antonio Barona, pero a pesar de las afectaciones y los riesgos que representa, ninguna autoridad ha querido tomar cartas en el caso.

Mostró fotos tomadas el 31 de mayo y el 6 de junio, en las que se ve claramente el cambio de coloración del agua que corre por la barranca.

Además, mostró cómo con las lluvias de las últimas horas se formaron tapones de basura sobre el afluente, pero parece que a ninguna autoridad le interesa atender debidamente este problema que afecta a todos.

Incluso, señaló que pidieron la intervención de la Comisión Nacional del Agua, pero ésta refirió que el tema es competencia del Ayuntamiento capitalino y del Sistema de Agua Potable y de Cuernavaca (SAPAC).

Ante ello, hizo un llamado urgente para que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan para detectar la fuente de contaminación de la barranca y remediar el daño ocasionado.

No se cumplieron requisitos legales en el proceso de designación, afirman.

La reciente designación como ombudsman estatal del notario Israel Hernández Cruz será impugnada por al menos cinco de los aspirantes a ocupar el cargo, por considerar que el Congreso local no respetó la ley ni Hernández Cruz cumplió con los requisitos para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Clara Soto Castor, una de las aspirante inconformes, lamentó que el Congreso haya designado como ombudsman “a una persona que no reunió los requisitos constitucionales, los requisitos legales, y los requisitos de la convocatoria, y desde luego se vulneró los procedimientos que debieron observarse”.

Recordó que Hernández Cruz no cumplió con el requisito de contar con experiencia en la defensa de los derechos humanos, ya que en los últimos años se desempeñó como burócrata en la administración de Graco Ramírez y, aparentemente hasta su designación y toma de protesta, seguía en funciones de notario.

Recalcó que  tampoco cubrió el requisito de gozar de buena fama pública, porque trascendió que cuenta con una orden de aprehensión con registro en Plataforma México, es señalado de haber sido presuntamente participe en fraudes en verificentros y cuenta con una inhabilitación para ocupar cargos públicos, “así que buena fama entre los morelense no tiene”.

Afirmó que el procedimiento de designación estuvo viciado y “es una afrenta y una burla para quienes sí tenemos trabajo en derechos humanos y para quienes participamos de buena fe, creyendo que habría seriedad de los legisladores, aspecto que no se cumplió”.

María Ampudia González, otra de las aspirantes inconformes y que expresó su intención de recurrir la designación a través del juicio de amparo, señaló que era público que Hernández Cruz era candidato del fiscal general Uriel Carmona Gándara, quien también fungía como notario antes de ocupar el cargo, y eso resulta preocupante porque los garantes de la ley pasan sobre ella.

“Me pone en alerta y sobre todo me preocupa, porque se supone que los notarios, al igual que los jueces, son gente que debe tener una auténtica vocación de servicio, pero sobre todo una auténtica vocación de legalidad. Si llegamos al grado de que los notarios están dentro de la corrupción, pues como pueblo ya acabamos”, afirmó.

Sostuvo que no se trata de defender un puesto, sino que cinco personas decidieron levantar la voz y expresar que no están de acuerdo con la decisión legislativa, “y lo único que quiero decir a los diputados es que ellos son responsables y garantes de los derechos humanos y hoy nos fallaron”.

Lucio Alfonso Rubio Anteliz, miembro de la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Morelos y aspirante a ombudsman, afirmó que no hubo un proceso transparente de evaluación para conocer tanto el cumplimiento de los requisitos legales como los méritos de cada uno de los candidatos, y así determinar quién era merecedor de cargo.

Afirmó que se violó sistemáticamente la ley con el nombramiento del notario número 13  y por ello el caso no sólo quedará en los tribunales federales sino se buscará que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es necesario, al haber preceptos que requieren de interpretación constitucional.

Dijo que recurrir ante los tribunales la designación de Hernández Cruz también es “para llamar a los legisladores al orden, a la legalidad y que generemos un ambiente de paz de tranquilidad, de seguridad y que las personas que nos están representando si están trabajando correctamente”.

El TSJ considera que carece de validez la decisión de abrogar el periodo de 20 años en el cargo.

El Poder Judicial desconoció el acuerdo aprobado por el Congreso local para abrogar la extensión del periodo de los magistrados a 20 años y anunció medidas legales para contrarrestar la decisión legislativa.

A través de un breve comunicado, el Tribunal Superior de Justicia recalcó que el acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados, legalmente solo tiene un alcance de pronunciamiento, exhorto o recomendación, y de ningún modo está por encima de lo que establece la Constitución del Estado de Morelos.  

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el Congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la lógica jurídica”, recalcó y advirtió que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la autonomía e independencia de este máximo órgano de justicia”.

Agregó que  TSJ respeta la división de poderes, pero está comprometido con la defensa de la autonomía e independencia, el estado de derecho y principalmente la Constitución.

La legislatura anterior realizó una reforma constitucional para extender de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados, lo cual fue criticado por diversos sectores sociales.

Incluso, a petición de organizaciones de abogados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma.

Su salario promedio es de siete mil pesos desde hace siete años; afirman.

Un grupo de elementos de la Policía Industrial Bancaria (Piba) protestó en el Zócalo de Cuernavaca para exigir aumento salarial y mejoras laborales, después de siete años de recibir las mismas remuneraciones, pese a que la Comisión de Estatal de Seguridad (CES) cobra por el servicio a las empresas y la corporación es autofinanciable.

“Nuestra manifestación es por la falta de aumento salarial, a la cual llevamos entre siete y ocho años que no nos han dado ningún aumento, nos han estado diciendo que pa’ la otra quincena y que pá la otra quincena y no sé para cuál quincena”, dijo uno de los inconformes.

La comisión de elementos señaló que la Piba es una corporación autofinanciable, de la que la CES anualmente obtiene ingresos de entre 78 y 80 millones de pesos, cuya cantidad es suficientes para costear tanto la operación como ingresos dignos para los más de 700 elementos que prestan el servicio de seguridad a empresas.

Aseguró que mientras la CES presume que los integrantes de la Piba ganan alrededor de 12 mil pesos mensuales, la realidad es que el salario promedio de los miembros de esta corporación es de siete mil pesos.

Por ello, la comisión de elementos lanzó un llamado al gobierno del estado y particularmente a la CES, para que se respeten sus garantías laborales y mejoren sus ingresos.

Tras la protesta, por medio de un comunicado, la CES informó que desde noviembre de 2018 los 529 oficiales que forman parte de la PIBA recibieron uniformes y chalecos antibalas como parte del proceso de dignificación de la corporación.

El director de la PIBA, Juan Pablo Roldán Minero, atendió a una comisión de oficiales inconformes, con el propósito de darle seguimiento a sus peticiones, señaló el mismo comunicado.

Activistas iniciaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Uriel Carmona pretende dar carpetazo al asunto, señalan denunciantes.

Las activistas María y Amalia Hernández Hernández iniciaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, por omisión y obstaculizar las investigaciones y el proceso penal contra los ex servidores público implicados en la violación de derechos humanos e inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosa de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Acompañadas de su abogado David Marroquín Ojeda, las denunciantes acudieron a la sede de la fiscalía anticorrupción para abrir la carpeta de investigación y buscar que se finque responsabilidad al titular de la Fiscalía General del Estado, porque pretende –dijeron- dar carpetazo al tema de las fosas.

“Llevamos dos años de supuesta investigación, en la que no se ha llevado por parte del agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta una sola diligencia tendiente a investigar los hechos o identificar la identidad de los probables responsables.

“Independientemente de esto se retiró una formulación de imputación en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira (ex coordinadora general de Servicios Periciales de la otrora procuraduría estatal) sin justificación alguna, esto fue en marzo de 2018 y hasta la fecha no tenemos ningún información, acuerdo o  resolución del motivo por el cual el fiscal general ordenó ese retiro de acusación al licenciado Pablo Casales (otro presunto implicado en el caso)”, explicó el abogado de María y Amalia, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, joven secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue mandado a la fosa  común de Tetelcingo, a pesar de que la familia lo identificó y reclamó la entrega para darle sepultura.

El litigante señaló que hasta el momento sólo hay un proceso penal abierto en contra de dos ex funcionarios de la otrora procuraduría – el cual después de cuatro años avanza lentamente- y la FGE omite cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 48/2016, en la que se estableció que al menos 42 funcionarios incurrieron en alguna responsabilidad, al inhumar ilegalmente y sin protocolo alguno 118 cuerpos en la fosa de Tetelcingo.

Amalia Hernández expresó sus reservas respecto a que la fiscalía anticorrupción proceda contra el fiscal general, sin embargo, señaló que es un paso necesario para exigir que no se dé carpetazo al tema de fosas, en el que todavía hay mucho por investigar.

Es beneficiaria de una de las “pensiones doradas”.

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado y excandidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documento falso, tras ser una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la imputada fuese sujeta a proceso penal.

A solicitud de la representación social y la defensa de la imputada, el juez dio cuatro meses para el cierre de la investigación de la causa penal JC/698/2019. 

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, también esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista, Francisco Navarrete, una pensión por jubilación al 65% de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

El decreto pensionario de la exfuncionaria, al igual que 70 más, fue sometido a revisión por la actual legislatura, quien determinó revocar dicho decreto y ordenó a la dirección jurídica del órgano legislativo iniciar los procedimientos administrativos y penales contra Flores Rendón, por la presentación de documentación dudosa o falsa y por no acreditarse que efectivamente laboró al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión por jubilación que le fue concedida. 

Objetan la forma en que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Al menos ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron amparos contra la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y para reclamar la invalidez del artículo 92-A de la Constitución local, que otorga al magistrado presidente en turno la facultad de elegir unilateralmente a los candidatos a representar a magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo admitieron las demandas de amparo de los magistrados Ángel Garduño, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocía Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde y Andrés Hipólito Prieto.  

Loa juzgadores esencialmente impugnaron la inconstitucionalidad del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que faculta al titular del TSJ conformar unilateralmente las ternas de los aspirantes a representar a los jueces y magistrados en la Junta de Administración, órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura, pues a su consideración la facultad debe recaer en el Pleno como órgano máximo del Poder Judicial.  

Con excepción de Rocío Bahena y Carlos Iván Arenas, los magistrados reclamaron por la vía del amparo no haber sido considerados en la terna de magistrados. Otros de los argumentos es que no hubo quórum legal para llevar a cabo las designaciones e integración de la junta, y que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, no rindió protesta como presidenta del nuevo órgano colegiado el pasado 3 de junio.

Cabe destacar que previo a estos amparos, la juez Mireya Díaz Cerón impugnó la designación de Alejandro Becerra Arroyo como representante de los juzgadores ante la junta, por no haber sido incluida en la terna, pese a que solicitó por escrito ser considerada,  y porque la designación recayó sobre una persona que presuntamente no cumplía el perfil, ya que no ejercía el cargo de juez porque estaba de licencia y desempeñando el cargo de coordinador de asesores y apoderado legal del TSJ.

A la juez se le concedió la suspensión para efecto de que Becerra Arroyo no ejerciera el cargo, sin embargo, funcionarios del Poder Judicial aseguran que no hay impedimento legal para que se desempeñe como represente de los jueces ante la junta.

Pese a que se pidió entrevista con la magistrada presidenta Carmen Cuevas López y Alejandro Becerra Arroyo, para abordar el efecto jurídico de la suspensión y obtener su versión, la solicitud ha sido denegada.

Con la presea, el Congreso del estado reconoce a los abogados más destacados 

El Congreso de Morelos lanzó edición 2019 de la convocatoria para la entrega del Premio Estatal de Abogados “Antonio Soto y Gama”, para reconocer a los profesionales del derecho más destacados.

Los premios serán entregados en siete categorías, que van desde reconocer los abogados que laboran al servicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta los abogados postulantes y académicos.

En esta edición se entregarán un “premio con paridad de género”, es decir, en cada una de las siete categorías se premiará a un hombre y a una mujer, a quienes se les entregará una medalla conmemorativa y un estímulo económico por 10 mil pesos.

La convocatoria está disponible en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 20 junio y en la página electrónica del Congreso de Morelos. Los ganadores serán dados a conocer a más tardar el 12 de julio, día del Abogado.

El Pleno del Alto Tribunal declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que dichas instituciones estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, en la investigación de delitos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es necesaria la orden de un juez para que las autoridades investigadoras obtengan información financiera de una persona.

El Pleno del Alto Tribunal estableció que es indispensable la orden judicial para la obtención de información financiera de un particular y, por ello, declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que dichas instituciones estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, cuando sea solicitada por el Procurador General de la República (hoy Fiscalía General de la República) o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado.

Lo anterior, por considerar que lo dispuesto en esta ley no forma parte de las atribuciones que la Constitución Federal otorga a la autoridad investigadora para la irrupción en la vida privada, ni para la investigación de los delitos.

En sesión posterior, el Pleno de la SCJN determinará los efectos que tendrá la declaración de inconstitucionalidad del artículo y fracción mencionados, tras la resolución del amparo directo en revisión 1762/2018 contra la sentencia dictada el 17 de agosto de 2017 por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca de apelación 25/2017.

Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para conocer de un asunto que permitiría analizar y resolver si diversos preceptos de la Ley de Imprenta y del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas son contrarios a la libertad de expresión e imprenta con relación al derecho a la información, al acceso a la cultura y libre desarrollo de la personalidad.

Igualmente, podría analizar si la resolución emitida por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación (CCPRI) constituye un acto de censura previa, al hacer depender la licitud del título de la publicación y su contenido de la moral pública y de las buenas costumbres, así como la posible restricción de la información y su difusión en la clandestinidad.

El estudio del asunto también podría llevar a un pronunciamiento respecto a la libertad de expresión como un derecho fundamental, el umbral de protección al interés público que establece la legislación como limitante explícita a la libertad de expresión, la proporcionalidad de dichas medidas y su racionalidad.

La controversia derivó de la declaración de ilicitud por parte del Pleno de dicha Comisión del título y contenido de la Revista Cáñamo (publicación que promueve la cultura del cannabis), al considerarlo contrario a la moral pública y a las buenas costumbres, bajo el argumento de que la publicación expone el uso de la marihuana con fines recreativos, sin manifestar las consecuencias adversas a la salud, a la integración, al desarrollo y la estabilidad social de la persona; ni tampoco alerta a sus lectores que el uso de la cannabis se encuentra permitido legalmente, sólo si se cuenta con la autorización de la Secretaría de Salud.

El tema será abordado por la SCJN, quien ha fijado criterios recientes sobre el libre desarrollo de la personalidad y la jurisprudencia obligatoria desde el pasado 25 de febrero, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo de marihuana, prevista en la Ley General del Salud.

El Poder Judicial capacitará a policías en la redacción del Informe Policial Homologado.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, informó que pidió al presidente municipal de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, coadyuvar con la denuncia de ilícitos, luego de que el edil se quejó del incremento del delito de extorsión.

“Acabo de tener una reunión con el presidente municipal de Emiliano Zapata para que nos comparta la información que él tenga, él dice que está teniendo extorsiones ahí, pero le digo: ‘oye, ya denunciaste, o pásame números o dime quien y yo los entrevisto’. Entonces, quedó en que me iba a pasar información para entrevistarme con esas personas que dicen estar siendo extorsionadas y compartir la información con la unidad de secuestro y extorsión”, dijo.

Luego de firmar un convenio entre la CES y el Tribunal Superior de Justicia, señaló que la finalidad es que el Poder Judicial colabore en la capacitación de los policías estatales, sobre todo en la revisión del Informe Policial Homologado (IPH), que a veces es mal elaborado por los elementos y es una de las causas por las que se liberan sospechosos de la comisión de un delito.  

Indicó que poco a poco se avanza en la capacitación de la Policía estatal, con la finalidad de subsanar las deficiencias y mejorar la actuación de los elementos.

Sala Regional del TEPJF le niega reincorporación.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó la reincorporación de Noé Barreto Molina como regidor de Zacualpan de Amilpas y validó el convenio de alternancia firmado entre las comunidades indígenas del municipio.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), en la que ordenó al ayuntamiento de Zacualpan reincorporar a sus funciones a Barrero Molina, quien el 21 de enero había solicitado licencia definitiva para ocupar el cargo de cronista municipal y ceder su escaño a María Isabel Vidal Ortiz, en cumplimiento del convenio de alternancia firmado entre las comunidades de Tlacotepec y Zacualpan

El 6 de marzo el regidor electo solicitó su reincorporación al cargo por considerar que su cargo es irrenunciable, pero el Cabildo lo rechazó. En una primera sentencia, el TEEM ordenó al ayuntamiento reincorporar al cargo a Molina Barreto, pagar sus emolumentos desde la fecha en la que solicitó la integración a sus funciones y asignar personal a su cargo.

La sentencia del TEEM fue recurrida ante la Sala Ciudad de México del TEPJF, quien resolvió revocar la resolución del tribunal local, pues el análisis del caso fue bajo el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación.

El mismo Barreto Molina, quien se autodenominó indígena, alegó también haber sido víctima de coacción por parte del presidente municipal, lo cual no fue demostrado y, por el contrario, el Cabildo presentó el acta de sesión en la que se aprobó la separación definitiva del cargo y se le asignó el de cronista, con emolumentos equivalentes al de un regidor, con la finalidad de dar cumplimiento al convenio de alternancia, que permite a las comunidades estar representadas en el Cabildo.  

“Lo anterior, permite sostener que la separación definitiva solicitada por el regidor electo se apoyó en causas graves y justificadas, como lo son respetar los usos y costumbres del municipio y mantener la paz social de éste”.

“En tal sentido, cobra relevancia el convenio de alternancia, pues en éste se da cuenta que el municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, ha tenido de manera histórica una problemática social, que los llevó a celebrar dicho pacto, a fin de resolver el conflicto intracomunitario, mediante el establecimiento de una regla de alternancia”, destacó la resolución.

En consecuencia, la Sala Regional determinó confirmar la negativa del presidente municipal y el Cabildo de reincorporar a Barreto Molina al cargo de regidor del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, y de otorgarle las prestaciones reclamadas.

También vinculó al Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para que al momento de llevar a cabo el registro de las candidaturas que pretendan contender para la integración del Ayuntamiento del municipio de Zacualpan de Amilpas, sea respetado el convenio de alternancia, al haberse efectuado en el contexto del ejercicio de la libre autodeterminación de las comunidades de Tlacotepec y Zacualpan, que conforman ese municipio; siempre y cuando ello no implique desconocer algún derecho electoral ya reconocido.

Los hechos sucedieron en la comunidad de Tetelcingo, en Cuautla; la Policía Federal resguardó a la legisladora.

Instan a diputados a considerar en la designación de ombudsman la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género.

Las aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamaron al Congreso local a considerar la aplicación de la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género, para que el nombramiento de ombusdman estatal recaiga en una mujer.

María Ampudia González, Rosario Cazares Campos, Yolanda Gutiérrez Neri, Kenia Lugo Delgado y Clara Soto Castor realizaron un pronunciamiento conjunto basado en la sororidad y apoyo mutuo, en el sentido de que cualquiera de ellas cubre el perfil para presidir la CDHEM.

Recordaron que en Morelos, sólo el 30% de los organismos autónomos son dirigidos por mujeres, pero de acuerdo con la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución federal en materia de paridad de género, es necesario que este principio se aplique de inmediato en la designación de ombudsman.

“En el caso de Morelos, la paridad horizontal adeuda espacios a las mujeres, ya que menos del 30% de los organismos autónomos son presididos por mujeres, y por paridad histórica, de las seis personas que han ocupado ese cargo, sólo una ha sido mujer”, dijeron.

Clara Soto Castor, una de las aspirantes a la CDHEM, afirmó que la reciente reforma federal no se trata de caprichos o de gustos, se trata de dar cumplimiento a la Constitución.  

“Esta reforma se hace con el objetivo de empoderar a las mujeres y crear nuevas condiciones de desarrollo. Está demostrado a nivel mundial de que en la medida en que no se sumen las capacidades, atributos y aptitudes de las mujeres al trabajo político y ejecutivo, es que no habrá un verdadero desarrollo, que además sea justo y con visos humanitarios”, dijo.

Kenia Lugo Delgado, otra de las aspirantes, apeló a la solidaridad y sostuvo que cada una de las mujeres aspirantes a presidenta de la CDHEM tiene el perfil intelectual, académico, político y el conocimiento en la defensa de los derechos humanos, por lo que insistió en que en esta ocasión la designación debe recaer sobre una mujer. 

La Fiscalía del Estado ya no tiene pretextos para postergar diligencias e investigaciones: Hernández Hernández.

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, y la activista Amalia Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reactivar de inmediato las diligencias en la fosa de Jojutla y dar a conocer cuántas fosas comunes más fueron utilizadas para la inhumación de cuerpos.

Frente a las instalaciones de la FGE, ambos señalaron que el pretexto de la fiscalía para truncar las diligencias e investigaciones fue la carencia de presupuesto, pero finalmente este año le fueron asignados los recursos suficientes para atender lo que es un tema prioritario para el gobierno federal y los colectivos de víctimas que buscan a decenas de desaparecidos.

Señaló que si no hay respuesta inmediata a esta exigencia, se hará una convocatoria nacional para que todas las organizaciones ejerzan presión.

“Hay un compromiso y no lo pueden traicionar, sobre todo por los niveles de violencia y de desapariciones que estamos teniendo todavía, y las deudas que hay todavía con el pasado. Hay que entender que los muertos y los desaparecidos no son una deuda de gobierno, son una deuda de Estado”, dijo, y señaló que no se puede dar carpetazo al caso.

Además, recalcó, no sólo está pendiente concluir con las diligencias de la fosa de Jojutla, sino cumplir con uno de los puntos torales de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016: identificar y entregar el mapa de todas las fosas comunes de la fiscalía -u otrora procuraduría de Morelos- donde se inhumaron cuerpos, lo que hasta ahora es la gran incógnita.

Amalia Hernández Hernández, activista y tía del joven asesinado Oliver Wenceslao Navarrete, cuyo cuerpo fue inhumado de manera irregular en la fosa de Tetelcingo en el municipio de Cuautla, señaló que ya no hay pretexto para postergar el tema.

“Lo que argumentaba el fiscal general era la cuestión económica, entonces, el recurso ya lo tiene, ya no hay ningún pretexto para no continuar con el tema de las inhumaciones”, dijo, y señaló que seguirá en la lucha para evitar que la autoridad pretenda dar carpetazo.

Ambos activistas coincidieron en que existen las condiciones y la cooperación interinstitucional para reactivar las diligencias en la fosa de Jojutla, siguiendo el modelo aplicado en la fosa de Tetelcingo, pero sólo falta voluntad de la fiscalía de Morelos.

Fiscalía opera a favor de imputados

Por otra parte, Amalia Hernández expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, otrora responsables general y regional de servicios periciales, por la ilegal inhumación de los restos de Oliver y 118 cuerpos más en la fosa de Tetelcingo.

Señaló que los agentes del Ministerio Público, José Roberto Cuevas Conde y Eduard Balderas Guerrero, no sólo han violentado la secrecía de las investigaciones, sino que están más preocupados por la situación de los ex funcionarios públicos imputados, que por la defensa de las víctimas.

“El 29 de mayo acudí a la fiscalía a donde está adscrita la carpeta de investigación a recoger un oficio, y antes de entrar a la oficina escuché una conversación del Ministerio Público (José Roberto Cuevas Conde), en la que estaba más preocupado por la condición de uno de los imputados, que por la condición de las propias víctimas. Esto se lo hice del conocimiento inmediato de la fiscal de desaparición forzada, Zaira Janet Lulo, pero en todo momento trató de minimizar el tema”, explicó.

Expresó que hoy es la audiencia intermedia del proceso penal iniciado contra los exfuncionarios, pero hay temor fundado de que desde los altos niveles se obstruya la justicia y se pretenda favorecer a los imputados.

Pidió la creación de una fiscalía especializada para el tema de las fosas, pero que esté a cargo una persona confiable y capaz de defender a las víctimas y realizar las investigaciones posibles sin interferencia de la fiscalía o de interesados en obstruir el proceso. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas.

Al analizar contradicción de tesis 54/2018, suscitada entre la Primera y la Segunda Sala de la SCJN en los amparos en revisión 1359/2015 y 1221/2016, el Pleno resolvió que en un amparo en revisión, la Primera Sala, en su momento, determinó que el amparo indirecto procede en contra de las omisiones legislativas, es decir, la inactividad de un congreso para expedir un ordenamiento, en desacato a un mandato de la Constitución Federal.

Ello, al considerar que la Constitución Federal y la Ley de Amparo no excluyen o impiden que el amparo pueda ser promovido en estos casos, además de que no afecta el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en virtud del cual, las sentencias dictadas en estos juicios sólo protegen a quien los promueve.

Por su parte, la Segunda Sala había establecido un criterio en sentido opuesto, determinando que es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, siendo procedente únicamente contra omisiones de las autoridades administrativas, además de que se afectaba el mencionado principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Sin embargo, en asuntos posteriores, la Segunda Sala abandonó ese criterio y adoptó uno nuevo, en igual sentido que el de la Primera Sala.

Por tal motivo, al sostener ambas salas el mismo criterio, el Pleno resolvió que era inexistente la contradicción de tesis planteada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un imputado y su defensor deben tener acceso a la carpeta de investigación para conocer su contenido.

Al resolver la contradicción de tesis 149/2019, la Primera Sala de la SCJN estableció que cuando un imputado se encuentre en algunos de los supuestos que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, podrán tener junto con su defensa acceso a los registros de la investigación.

Además, para el goce efectivo del derecho a una defensa adecuada, debe permitírsele que pueda obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o impresión fotográfica, lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes.

Lo anterior, pese a que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva de que sólo a partir de ese momento procesal puedan obtener copias.

En efecto, recalcó la sala, de la redacción de dicho precepto se desprende la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada e igualdad entre las partes, de manera que no prohíbe que esa copia se obtenga con anterioridad, porque lo que se privilegia es que durante la etapa de investigación inicial, quien habrá de ser imputado en la audiencia inicial, cuente ya con los datos y registros necesarios para su adecuada defensa.

La juez que impugnó el proceso logró la suspensión definitiva.

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a la juez Mireya Díaz Cerón, quien impugnó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

El juez séptimo de distrito José Martínez Hidalgo confirmó la medida cautelar a favor de la juez, quien reclamó por la vía del juicio de amparo su exclusión de la terna que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, propuso ante el Pleno para designar al representante de los juzgadores ante la dicha junta.

Al conceder la suspensión definitiva, Alejandro Becerra Arroyo queda impedido para ejercer funciones como representante de los jueces ante la junta, hasta que la justicia federal resuelva de fondo el litigio.

Por el momento, la Junta –que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura- está integrada por la titular del TSJ, Carmen Cuevas, y la magistrada Elda Flores León, cuyo nombramiento también podría ser impugnado por un grupo de sus homólogos.

Hay más implicados en el caso del homicidio de líderes sindicales.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, prometió que en tres años revertirá la percepción que la ciudadanía tiene de la institución y el rezago acumulado en carpetas de investigación. Además, informó que hay más implicados en el caso de los homicidios de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, perpetrados el pasado 8 de mayo.

Luego de la presentación de la nueva Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, señaló que el gobierno de Morelos anunció que está por entregar las nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Temixco, y poco a poco se han logrado mejoras.

Afirmó que su proyecto prevé como meta en un plazo de tres años cambiar la percepción ciudadana respecto al desempeño de la fiscalía.

“No es fácil mejorar de un día para otro. Este es un proyecto de nueve años y esperamos que por ahí del tercer año ya sea tangible y la percepción social se haya modificado, pero ese es un esfuerzo que estamos haciendo día con día los que trabajamos en la fiscalía”.

Afirmó que no habrá resultados mágicos, pero existe motivación, el compromiso y la obligación institucional, tanto del fiscal como del personal, para mejorar la atención a los ciudadanos y terminar con el rezago histórico que, si bien no se desaparecerá de un plumazo, se hará lo posible para que así sea.

Expresó que se lograron mejoras salariales a los trabajadores. “Hay quien está ganando prácticamente el triple. Ese es un gran aliciente para el personal de la fiscalía, dignifica nuestra labor. Y, bueno, ahora que el gobierno está por entregarnos la nueva instalación, eso hará que la fiscalía crezca, que haya un gran sentido de identidad en el personal y eso es traducible en beneficio social”.

Agregó que el edificio que actualmente ocupa la FGE será convertido en el Instituto de Procuración de Justicia e instalaciones deportivas, para mejorar el rendimiento del personal.

Otros copartícipes de homicidio de líderes sindicales

Respecto a los avances de la investigación de los homicidios de los líderes sindicales de la CTM, Roberto Castrejón Calderón y Jesús García Rodríguez, el fiscal estatal informó que no fueron dos, sino cinco los sujetos que asistieron al autor material del crimen.

“¿Se acuerdan que yo había manifestado que cuando menos dos? ahorita tenemos identificada la probable participación de cuando menos cinco personas que estuvieron actuando en el zócalo”, señaló.

Indicó que en el análisis videográfico de los hechos, se ubicó que estos sujetos habrían facilitado la logística a Maximiliano “N”, el joven de 22 años que perpetró el tiroteo y, hasta ahora, el único detenido.

Indicó que la fiscalía investiga la identidad de los sujetos para poder solicitar ante un juez las órdenes de aprehensión.

Recalcó que todo indica que el único imputado no actuó solo, sin embargo, todavía la FGE no tiene acreditado que el autor material haya recibido una cantidad de dinero para cometer el asesinato, ni tampoco queda claro cuál fue el móvil, pero no ha sido descartada ninguna línea de investigación. 

El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por incumplir requisitos.

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ex directora general de consultoría en asuntos administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Anahí Bahena López, contra la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La ex funcionaria y esposa del otrora secretario de Gobierno, Ángel Colín López, promovió el juicio de amparo 745/2019 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cuernavaca, contra cualquier orden privativa de la libertad, derivado los posibles procedimientos penales iniciados en su contra a solicitud del Congreso local, tras la abrogación de su decreto de pensión por jubilación, en el que los diputados encontraron irregularidades.

El juez federal solicitó informes tanto a la fiscalía estatal como a la fiscalía especializada, así como a los jueces de control del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la finalidad de conocer si existe alguna carpeta de investigación o juicio abierto contra la ex funcionaria graquista.

En tanto, otorgó la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión, y fijó una garantía de cinco mil pesos.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López, al 60% de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN, reconoce el consejero jurídico del gobierno del estado.

El Poder Ejecutivo realiza recortes a diversas áreas y programas para reunir los fondos necesarios para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con las pensiones de trabajadores en retiro del Poder Judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, acusó ante la Corte al gobierno estatal de no transferir recursos por más de seis millones de pesos para el pago de jubilaciones.

El consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que este tema los tiene “muy preocupados” y “muy estresados”, no sólo por la presión de la SCJN, sino porque no hay disponibilidad del total de los recursos para cumplir completamente con las sentencias constitucionales.

Y es que a finales del mes de mayo pasado, la presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso local y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  dos millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de ocho millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, apercibidos de que en caso de incumplimiento, se les aplicará a sus titulares la fracción XVI de artículo 107 constitucional, es decir la separación del cargo.

Sotelo Salgado señaló que la situación legal fue expuesta a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandro Villarreal Gasca, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario y “se van a hacer recortes en otros espacios para tratar de cumplir el último bloque (de sentencias) que estamos cumpliendo que es el quinto”.

Con ello, “tratamos de cumplir al máximo y, en su caso, justificar ante la SCJN la razón por las que no se puede ejecutar completamente las sentencias ante la imposibilidad (financiera)”, y “es el área de hacienda quien está viendo el tema económico y la verdad estamos muy preocupados, muy estresados por este tema, no sabemos a qué áreas vaya afectar, pero sí hay afectaciones a la operatividad en ciertas áreas o programas del gobierno del estado”, dijo.

Precisó que se avanza en el cumplimiento de los primeros cinco de un total de 11 bloques (que abarca un total de 116 sentencias de la SCJN) y se han transferido los recursos correspondientes al Poder Judicial para cumplir con los pagos de pensiones como lo ordenó el Alto Tribunal.

Reconoció también que se complicó el cumplimiento de las sentencias no sólo por la escasez  de presupuesto, sino porque -en un criterio que el gobierno del estado no comparte- la Corte ordenó transferir recursos para cubrir las pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo los aguinaldos, “que es la cuestión que no se entiende, porque finalmente los pagos se hacen de manera mensual y el aguinaldo es hasta diciembre, y no habría razón para remitir todo porque –además- el gobierno del estado va recibiendo de manera paulatina los recursos para poderlos distribuir, es decir, no se tienen disponibles, pero estamos cumpliendo hasta el día de hoy”.

Agregó que se informa a la SCJN los esfuerzos que realiza el gobierno de Morelos para cumplir con sus sentencias y no incurrir en desacato judicial. 

Están acusados de estrangularlo al momento de la aprehensión.

La Fiscalía General del Estado aprehendió y formuló imputación ante un juez a cinco policías municipales de Xochitepec, por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de un probable asaltante.

Luego de que en redes sociales circuló un video, donde se observó que los elementos sometieron y golpearon a un hombre, la fiscalía informó que los hechos ocurrieron los primeros minutos del viernes 7 junio, cuando varias unidades de la Policía Municipal acudieron a un auxilio por el asalto a una taquería localizada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Las víctimas detallaron que los asaltantes huyeron en un vehículo Jetta color gris, el cual fue ubicado de inmediato por la policía y al solicitar al conductor detener la marcha, éste aceleró e inició una persecución que culminó en la calle República del Perú, donde uno de los dos hombres descendió del auto, corrió e intentó brincar la barda de un casa.

El hombre, identificado como Braulio Fabián “N”, fue detenido, golpeado y presuntamente estrangulado hasta provocarle la muerte por los policías municipales, quienes al notar que el hombre no presentaba signos vitales, llamaron a los servicios forenses para realizar el levantamiento del cadáver.

La fiscalía informó que la Comisión Estatal de Seguridad este domingo puso a disposición de la autoridad a los elementos identificados como Julio César “N” y Gabriel “N”, por su presunta relación con los hechos en los que perdió la vida Braulio Fabián “N”.

Mientras que la mañana de este lunes se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres elementos más, identificados como Israel “N” de 27 años, Juan “N” de 47 años y Gonzalo “N” de 49 años.

Los cinco policías municipales fueron ingresados al Centro de Readaptación Social (Cereso) “Morelos” e imputados ante un juez por el presunto delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán bajo la medida de prisión preventiva hasta la audiencia de vinculación de proceso.

El órgano de control del Poder Judicial inicia una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que pide requerir a Iván Arenas, el magistrado que habló de la existencia de jueces corruptos y ligados al crimen.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a cuya instancia pidió requerir al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, por sus recientes declaraciones en las que afirmó que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado.

A través de un comunicado, indicó que de acuerdo con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que conozca sobre la comisión de un delito debe denunciarlo ante el agente del Ministerio Público.

Recalcó que si el conocimiento y las acusaciones provienen de un servidor público, éste tiene la obligación ineludible de denunciar los hechos presuntamente constitutivos de delitos con base en las obligaciones que impone la ley.

“Por lo tanto, y con relación a declaraciones que le han sido atribuidas al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles en diversos medios de comunicación, en el sentido de que existen funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tienen nexos con el crimen organizado”.

“Este máximo órgano de justicia cumpliendo lo establecido por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha procedido a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, a fin de iniciar la investigación por la comisión de probables hechos constitutivos de delito”.

“Así mismo se ha solicitado a la Fiscalía para que proceda a requerir al Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles y, en su caso, proporcione todos los datos con que cuente y que sustentan las afirmaciones que le han sido atribuidas”, resaltó el comunicado.

El pasado 3 de junio, el magistrado afirmó que la mayoría de los miembros del Poder Judicial en Morelos son jueces y personal honestos, pero existían algunos funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tenían nexos con el crimen organizado.

Esta declaración fue la que propició que la representación del TSJ iniciara la denuncia ante la FGR, la cual se da justo en un ambiente de división y crisis al interior de la institución.

En el caso de los cinco nuevos centros de verificación, se les pedirá que trabajen por citas y eviten las filas