Exigen al Congreso y al Ejecutivo más presupuesto para obtener aumento salarial.

Trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizaron un paro de labores y una marcha para pedir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que etiqueten presupuesto adicional para que puedan tener al menos un diez por ciento de incremento salarial, después de dos años de “castigo”.

Encabezados por la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, Leticia Castro Balcázar, los trabajadores realizaron un breve bloqueo sobre la calle Francisco Leyva del centro de la ciudad, frente a la sede del  Tribunal Superior de Justicia, para después iniciar una marcha con destino al Congreso del estado, ubicado a unas cinco cuadras del Palacio de Justicia.

La líder sindical expresó que la representación de los trabajadores sindicalizados estableció el diálogo con los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos para presentar su pliego de demandas y aumento salarial, pero la respuesta tajante fue que no hay presupuesto para atender las pretensiones de los trabajadores.

“No hay diálogo y los pocos que ha habido, pues aunque la Junta de Administración esté en la mejor disposición nos dice que el presupuesto ha disminuido y no hay para la base trabajadora aumento salarial. Con independencia de eso, no hay una etiqueta (de presupuesto) como tal y eso creo que es responsabilidad del patrón”, dijo.

Señaló que la movilización no es un reclamo, “lo que nosotros estamos pidiendo es el apoyo de los tres poderes para que hagan una consideración y se nos pueda dar esa partida presupuestal para un aumento salarial, ya que estamos castigados desde hace dos años”.

Consideró que hay discriminación hacia los trabajadores del Poder Judicial, porque mientras los burócratas del gobierno estatal y el Congreso local sí han recibido aumento a sus salarios y mejoras en sus prestaciones,  los empleados del Tribunal Superior de Justicia son olvidados en los presupuestos anuales.

A la marcha se sumaron trabajadores sindicalizados de las sedes judiciales de Jojutla y Cuautla; luego partieron con rumbo al Congreso, donde realizaron otro  bloqueo  breve en la calle Guillermo Gándara y sobre la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel. Posteriormente, el contingente  marchó hacia el centro de la ciudad, y estableció  por varios minutos un bloqueó la calle de Galeana, a la altura del Palacio de Gobierno.

De acuerdo con los miembros de la dirigencia sindical, se tienen programados nuevos paros laborales y movilizaciones para el próximo 17 de marzo y 13 de abril.  Además, se prevé invitar a los trabajadores de confianza a que se sumen a este esfuerzo por conseguir un partida presupuestal adicional para el Poder Judicial y lograr este año un aumento salarial digno.

Al medio día, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que expresó su respeto al derecho a la manifestación pacífica de los trabajadores sindicalizados y, pese al paro laboral, informó que  los empleados de confianza otorgaron el servicio a los justiciables en todas las áreas.

Recalcó que la petición de “un incremento del 10 por ciento al salario de los 400 trabajadores que integran dicha organización sindical por el momento es inviable”, en virtud de que para el ejercicio fiscal 2020 el Congreso local sólo etiquetó 549 millones de pesos para el Poder Judicial, de los cuales  25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 70 millones para el pago de decretos pensionarios.

Acusó que el Congreso no cumplió con la reforma constitucional que otorgó autonomía financiera al Poder Judicial y que previó que anualmente su presupuesto sería equivalente al 4.7% del presupuesto estatal.

“La Constitución Política del Estado de Morelos garantiza la autonomía financiera del Poder judicial, ya que de acuerdo al artículo 32 párrafo 2º  y del artículo 40 fracción V, de la misma, establece que al Poder Judicial se debe asignar lo equivalente al 4.7 por ciento del gasto programable; cerca de 850 millones de pesos”, señaló.

Y es que, de acuerdo con el cálculo del Poder Judicial, para cumplir con la reforma constitucional y la autonomía financiera faltan 301 millones de pesos.