Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.