La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) solicitó al gobierno de Morelos declarar al penal de Atlacholoaya en “alerta máxima” y pedir a la Federación que tome el control del centro de reinserción social, ante los constantes hechos de violencia registrados en los últimos seis meses.

La solicitud fue formalizada mediante un oficio, que forma parte de las actuaciones del organismo dentro del expediente CDHM/SE/VEAP/061/007/2020, abierto tras el intento de fuga masiva ocurrido el 19 de marzo, que concluyó con un saldo de tres muertos, diez internos y custodios lesionados.

Consideró urgente que el gobierno estatal pida la intervención de la fuerza federal para que tome el control de la cárcel, con el objeto de salvaguardar la salud, integridad y vida de las personas privadas de la libertad, personal administrativo, de seguridad y custodia, así como de la sociedad en general, pero con pleno respeto a los derechos humanos.

Recordó los hechos violentos ocurridos el 29 y 30 de octubre, y 21 de noviembre de 2019, que entonces arrojaron un  saldo de nueve internos muertos y 14 lesionados.

Sin embargo, la CDHEM realizó un balance de los hechos de violencia ocurridos en los últimos seis meses en el penal más grande de la entidad y que dejó un saldo preocupante.

“Al respecto, resulta importante destacar que derivado de los hechos ocurridos en los últimos 6 meses, se han presentado: 52 lesiones dolosas, 3 fugas, 3 suicidios, 12 homicidios, 1 motín y 2 riñas, en el multicitado Centro de Reinserción Social.

“Así como las diversas manifestaciones y expresiones por parte del personal de seguridad y custodia, así como del personal administrativo adscritos a la Coordinación Estatal de Reinserción Social, mismos que han expresado su temor fundado a continuar laborando en el centro, debido a que la autoridad responsable no ha podido generar las condiciones al interior que permitan garantizar la seguridad e integridad del personal”, recalcó.

Acusó que la autoridad penitenciaria restringió  al personal de la CDHEM el acceso al penal para verificar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de su libertad, lo que impide certificar la existencia de violaciones a derechos humanos e implica una violación a las facultades de este órgano protector de sus derechos humanos.

“Por eso, frente a los hechos que han venido ocurriendo con frecuencia, es evidente una situación de peligro real que existe al interior del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, ante la falta de acciones concretas tendientes a atender las carencias y debilidades observadas por este organismo”, resaltó.

Finalmente, el organismo solicitó al titular de la Comisión Estatal de Seguridad y responsable del sistema estatal penitenciario, José Antonio Ortiz Guarneros, que se pronuncie, en un término de cinco días naturales respecto de la implementación de medidas cautelares solicitadas y la intervención del gobierno federal en el control del penal.