Declaran “extraviada” la carpeta de investigación abierta por el supuesto deceso de Jonathan Martínez Tijera.

Felicitas Tijeras Carvajal, junto con su abogado Miguel Ángel Rosete Flores, formalizó la denuncia contra personal de la Fiscalía General del Estado por incurrir en graves irregularidades, al haberle entregado el cuerpo de un desconocido que no era su hijo Jonathan Martínez Tijera, quien no estaba muerto sino recluido en un centro de rehabilitación.

La mujer, acompañada por uno de sus hijos, acudió a las instalaciones de la FGE en Cuernavaca para iniciar la denuncia, luego de que la carpeta de investigación  que se inició por el supuesto “deceso” de su hijo estaba desaparecida. Ni en el Ministerio Público de Yautepec ni en el Cuautla estaba el expediente.

Debido a que aún se encontraba conmocionada, se mantuvo alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, su abogado refutó las acusaciones de la fiscalía, que –por medio de un comunicado de prensa- atribuyó el error en la entrega del cuerpo a los hermanos de Jonathan, porque supuestamente ellos en su “comparecencia” ante el agente del Ministerio Público “reconocieron sin temor a equivocarse” el cadáver de su familiar.

“Quiero decir, en primer lugar, que es una comparecencia de ‘machote’ que ya está en las computadoras, porque ellos nunca tuvieron a la vista el cuerpo de Jonathan Martínez Tijeras. Ellos recibieron de parte de una funeraria el cuerpo en una caja sellada, en una caja de féretro que estaba sellada, que no se pudo abrir y no tuvieron contacto visual con el cuerpo”.

Incluso, señaló que “la funeraria La Piedad -empresa que se hizo cargo del cuerpo sin consentimiento de los deudos y les cobró 30 mil pesos- le está hablando en este momento a la familia porque dice que no tiene ni un solo documento de esa entrega, entonces le está pidiendo a la familia que le preste los documentos”

Dijo que estas “son situaciones graves, aberrantes que deben ser investigadas en un primer momento y ser sancionadas” y pidió que la fiscalía dé trámite inmediato a la denuncia

Expresó que al suplicio de la familia afectada se sumó la “pérdida” de la carpeta de investigación abierta por el supuesto deceso de Jonathan, por lo que esta circunstancia se sumó a la denuncia que ayer se inició contra los funcionarios de la FGE que resulten implicados en la cadena de irregularidades.

Señaló que la importancia de la carpeta es para revisar las “comparecencias” de los hermanos de Jonathan y las documentales integradas, y detectar todas las irregularidades.

Además, consideró indispensable que se revisen las videograbaciones de las cámaras de seguridad, porque así se podrá corroborar que la familia nunca tuvo a la vista el cuerpo y ahí inició la cadena de errores por parte de los funcionarios de la fiscalía.

“Dejémonos de dimes y diretes con la institución. Hay cámaras de video que en su momento se dejaron instaladas, que se abran, que se vean, que se analicen, si realmente tuvieron o no acceso al cuerpo, porque no se vale jugar con los sentimientos de una persona y no se vale revictimizar a una familia”, dijo.

Indicó que intentó comunicarse con el ex notario y actual ombudsman, Israel Hernández Cruz, pero no le ha recibido las llamadas y consideró que quizá se debe a la amistad con el también ex notario y fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara. Por ello, indicó que solicitará la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante las dudas que hay en torno a la imparcialidad del ombudsman estatal.

LA HISTORIA DEL MUERTO VIVO

Felicitas sigue en crisis. Hace apenas 18 días, la Fiscalía de la Región Oriente le entregó el cuerpo de su hijo en un ataúd sellado herméticamente. Nadie en la fiscalía le permitió ver los restos de Jonathan antes de ser confinados en el féretro. Lloró y lloró. Sepultó a su hijo y se despidió de él.

Sumida en pleno duelo, pasó lo inaudito. Jonathan, quien había desaparecido en octubre de 2019, no estaba muerto, sino recluido en un centro de rehabilitación para alcohólicos y la interrogante fue ¿quién era el hombre al que había sepultado?

En un acto de buena fe, la familia publicó en las redes sociales un mensaje (junto con una foto del hallazgo del cadáver) en el que narró lo ocurrido con la intención de que, si otra familia buscaba a un joven de alrededor de 30 años, podría ir a la fiscalía a reclamar la identificación.

Lo que pretendió ser un acto de humanidad, se convirtió en terror, pues supuestos familiares del difunto destruyeron la cruz colocada sobre la tumba del desconocido, en el panteón municipal “Ixtontlal” colonia 13 de septiembre de Yautepec.

Para colmo, Policías de Investigación Criminal (PIC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio de Felicitas para “sugerirle” que olvidara lo ocurrido y no realizara acción alguna contra personal de la institución.

El caso rememoró los errores y tropelías en que incurrió la FGE, cuando aún bajo la denominación de Procuraduría de Justicia, sepultó ilegalmente 117 cuerpos de personas no identificadas en las fosas de Tetelcingo y 84 en Jojutla, donde está pendiente la extracción de más restos humanos para la toma de muestras biológicas para pruebas genéticas y otros indicios, en busca de su identificación.