Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentaron ante el Congreso de Morelos una petición de auditoría especial a la gestión de la representante del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas, ante la prolongada crisis financiera por la que atraviesa el tribunal y los constantes litigios iniciados contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo para conseguir recursos adicionales.

De acuerdo con un documento entregado al Poder Legislativo hace casi un mes, y firmado por los magistrados Luis Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Emilio Elizalde Figueroa, Bertha Rendón Montealegre, Rocío Bahena Ortiz, Ángel Garduño González y Nadia Luz Lara Chávez, también expresidenta del TSJ, es urgente una auditoría sobre la aplicación de los recursos federales y estatales asignados al tribunal y el uso de los ingresos propios proveniente del Fondo Auxiliar.

Lo anterior, “en virtud de que constituye un hecho público y notorio la crisis financiera que en sistemática viene sucediendo en su interior, bajo la representación de la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López”, quien desde el inicio de su administración promovió una cascada de controversias constitucionales contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo para conseguir más presupuesto, con el argumento de que no había recursos para pagar las pensiones de nuevos jubilados.

Incluso, los magistrados disidentes sugirieron al Congreso indagar las razones por las que, a la llegada de Cuevas López a la presidencia del TSJ, sobrevino una escalada de jubilaciones de trabajadores judiciales que decidieron pensionarse de forma anticipada, tras sufrir vejaciones laborales.

“Es por ello, -explica el documento- que en aras de que se cumpla con el principio de transparencia a que está obligado todo ente público, se conozca a través de la revisión solicitada, el manejo de los recursos asignados al TSJ, y atendiendo también a que durante la gestión de quien lo preside actualmente, ha crecido exponencialmente el número de jubilaciones de servidores públicos, lo que per se clama se indague cuáles son las causas o razones que generan este fenómeno y, en su caso, dicha indagatoria descarte o corrobore la probable violación de derechos fundamentales de servidores públicos del multicitado tribunal que, algunos de ellos, estando aún en edad y condición productiva, han optado por su retiro jubilatorio anticipado”.

Adicionalmente a los argumentos expuestos al Congreso local, algunos magistrados cuestionaron el retraso en el pago de jubilaciones, pues a pesar de que –en cumplimiento de las sentencias de la SCJN-  el 15 de diciembre se realizó la última ministración del Poder Ejecutivo al TSJ, por el monto de 26 millones, el pago se ejecutó hasta el 9 de enero de 2020, dos semanas después de recibir la transferencia.  

Además de que el pago de aguinaldo de 2018 fue solventado con recursos del 2019, y el aguinaldo de 2019 con recursos de 2020. Por ello, los magistrados insistieron en que a cuatro meses de que concluya el segundo periodo como presidenta del TSJ, la gestión de Cuevas López deber ser sometida a una auditoría especial urgente para corroborar si hubo o no irregularidades en el manejo de los recursos.