Vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa deben ser asignadas a mujeres, plantea.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró que el Congreso local debe privilegiar la paridad de género en el lanzamiento de las convocatorias para la designación de ocho magistrados y magistradas en los Tribunales Superior de Justicia (TSJ) y Justicia Administrativa (TJA).

Refirió que particularmente, las vacantes en el TJA, deben ser asignadas a mujeres, ya que en los últimos 14 años este tribunal ha sido integrado y dirigido exclusivamente por varones.

Arenas Ángeles, quien también fue magistrado y presidente del TJA, explicó que se requiere garantizar la designación de mujeres en las magistraturas, para lograr un equilibrio y dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 109 bis, párrafo quinto, de la Constitución local, con el fin de que el conjunto de reformas encaminadas a conseguir la tan ansiada equidad de género, sea efectivo y llevado a la práctica.

Sugirió replicar el modelo de convocatoria emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que asume eficazmente el compromiso con la paridad de género y prevé una selección exclusiva para juezas, basada en la figura jurídica denominada “acción afirmativa”, como medida de carácter temporal correctiva, compensatoria y/o de promoción, encaminada a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“Por tanto, el problema de la falta total de acceso al cargo de magistradas que hasta ahora prevalece en el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, puede tener como medida garante con perspectiva de género el presente procedimiento de designación, en el que la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos, en uso de la “acción afirmativa”, sea pionera en el garantismo de la paridad de género del Poder Judicial del Estado de Morelos, y en concreto, del que urge al Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, por ser un mandato constitucional”, recalcó. 

Recordó que también el Congreso local está obligado a cumplir con la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio 1290/2018-IV,  que otorgó la protección de la justicia federal a la parte actora, que alegó que la última convocatoria para la designación de dos nuevas magistraturas (lanzada en 2018) no cumplió con el principio de paridad de género.

Recalcó que también la designación de cuatro nuevos magistrados en el TSJ debe realizarse con paridad de género, conforme a lo previsto en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

En el TJA, estarán en juego cuatro de siete magistraturas, dos creadas en 2018 –las cuales quedaron acéfalas ante amparos promovidos contra la convocatoria lanzada por la anterior legislatura- y dos más, de magistrados que culminaron su periodo de 14 años el pasado mes de mayo y que, ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la extensión a 20 años el periodo de los juzgadores, dejan sus lugares vacantes.

En el caso del TSJ, también quedan vacantes cuatro magistraturas y, aunque la brecha de género es menor, también deberá considerarse la paridad de género en la asignación de magistraturas. Con la salida de Carmen Cuevas, Miguel Ángel Falcón, Valentín González y Rocía Bahena, el Pleno queda con seis mujeres y ocho hombres.

Entró en vigor el convenio intermunicipal de transmisión de obligaciones y deuda del Ayuntamiento de Puente de Ixtla al recién creado municipio indígena de Xoxocotla

La Corte mantendrá la suspensión concedida al gobierno de Morelos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantendrá la suspensión concedida al Poder Ejecutivo de Morelos, a pesar de la petición de los ayuntamientos de Cuernavaca y Cuautla para revocar la medida cautelar por el cambio de color de rojo a naranja del semáforo epidemiológico, establecido para medir el riesgo de contagio del covid-19.

Por separado, los municipios presentaron al Alto Tribunal sus informes y las actas de Cabildo, para demostrar la suspensión de los acuerdos respectivos sobre la reapertura socioeconómica, en acatamiento de la medida cautelar, pero la presentación de pruebas fue acompañada con la solicitud de revocación de la suspensión concedida en las controversias constitucionales 92/2020 y 93/2020, sin embargo, la petición fue rechazada.

La SCJN respondió a los municipios, también por separado, que las medidas cautelares tienen como fin preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir un daño trascendente a la sociedad en tanto se resuelve el juicio principal.

Recalcó que la medida cautelar, que ordenó paralizar los acuerdos municipales de reactivación socioeconómica, fue exclusivamente para “aquello que excediera la gradualidad o los porcentajes de la normatividad federal y estatal para la reapertura y/o reanudación de las actividades y, se mantuviera el acatamiento estricto a las políticas establecidas para el Estado y sus municipios, tanto del Gobierno Federal, como de la propia entidad federativa.

“Así las cosas, de no haberse concedido la suspensión en el sentido en el que se hizo, se seguirían generando consecuencias que forman parte de la cuestión de fondo que debe resolver este Alto Tribunal, consistente en determinar si el acuerdo de Cabildo controvertido vulnera o no la competencia del Estado actor en materia de salubridad general.

“Luego, el auto de suspensión dictado en controversias constitucionales, podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente”.

La Corte consideró que, aun cuando los municipios alegaron como hecho superviniente que el semáforo epidemiológico para Morelos cambio de color de rojo a naranja, “lo cierto es que no lo demuestra y, aunque se pudiera tratar de un hecho notorio, la medida cautelar fue concedida de tal manera que se ajusta automáticamente a todos los supuestos sanitarios que adopten las autoridades estatales y federales, motivo por el cual, un posible cambio de semáforo, no puede dar lugar a la revocación de la medida cautelar”.

Aunque los ayuntamientos insistentemente argumentaron que las disposiciones municipales se encuentran dentro de la hipótesis de reactivación económica planteada por el gobierno federal, la SCJN también reiteradamente les contestó que, “como ya quedó establecido, dichas manifestaciones no son suficientes para modificar o revocar la medida cautelar”.

La fiscal Antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, defendió los resultados de su gestión.

La fiscal Antisecuestro Adriana Pineda Fernández defendió los resultados de su desempeño, al asegurar que disminuyó en más de 70 por ciento los casos de secuestro y logró consolidar institucionalmente la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Ante las críticas del legislador José Casas, quien exigió su dimisión al frente de la Fiscalía Antisecuestro, y las cifras tanto del gobierno federal como de la organización civil Alto al Secuestro que ubican a Morelos entre las entidades con mayor incidencia de plagios, afirmó que desde la creación de la UECS a la fecha puede notarse el antes y el después, tanto estadística como institucionalmente.

Afirmó que mientras en el 2013 el estado Morelos llegó a registrar un promedio de 12.5 casos de secuestro por mes, en los últimos tres años el descenso fue notable, ya que en el 2018 la cifra promedio mensual de casos se redujo a 3.8, en el 2019 a 5.8 y en primer semestre de 2020 el promedio fue 3.4 casos.

También, dijo en su defensa, en los últimos siete años han sido sentenciados 517 secuestradores, lo que significa que cada cuatro días un plagiario recibió una condena. En el mismo periodo, fueron detenidas tres personas implicadas en un secuestro, lo que significa que cada tres días hubo una detención relacionada con este delito.

Sostuvo que en los últimos años se ha logrado una coordinación y consolidación institucional para combatir el secuestro y abatir la impunidad, pese a que Morelos es una entidad que se encuentra en medio de otros estados con altos índices delictivos y de movilidad.

“Esa es la diferencia entre el ahora y el pasado. En el pasado no había infraestructura, no había personal ni había integralidad (sic) institucional como lo hay ahora”, expresó Pineda Fernández, que en los próximos días será oficialmente designada como titular de la recién creada Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Indicó que se ha trabajado fuerte en lograr la confianza ciudadana y la socialización de la labor de la UECS y la prueba es que mientras en el 2013 había 80 denuncias por el delito secuestro ante las autoridades federales por la desconfianza hacia las autoridades locales, actualmente no existe ninguna.

Adicionalmente, dijo, no existe ninguna denuncia o investigación que involucre a algún elemento antisecuestro con algún caso de corrupción o implicación con el crimen organizado.

Confirman la responsabilidad administrativa resarcitoria impuesta al exrector de la UAEM por el daño ocasionado a la hacienda federal.

Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad administrativa resarcitoria  impuesta al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, por el daño ocasionado a la hacienda federal por un monto de 239.3 millones de pesos.

Al resolver el juicio contencioso administrativo 4808/1917133/165/20PL0704, cuyo proyecto estuvo a cargo de la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, el TFJA desestimó los argumentos del ex rector de la UAEM, quien alegó en su defensa supuestas irregularidades en el proceso de fiscalización y el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra y que, incluso, daban lugar a la prescripción del caso, al haberse rebasado los plazos en los procedimientos legales.

También alegó que no participó en el daño patrimonial al erario y nunca hubo intención de desviar recursos, ya fue de buena fe el convenio para el suministro de bienes y servicios firmado el 6 de mayo de 2013  con la otrora secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión preventiva bajo proceso por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público cuando fue  titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En la resolución, se estableció que los servicios y entregables que la UAEM se había comprometido a manufacturar (gorras, playeras, chalecos, plumas y otros implementos para el programa “Cruzada contra el Hambre” de la Sedesol), carecieron de materialidad porque el 15 de noviembre de 2013 la Sedesol dio por cumplido con el 100% los servicios comprometidos, sin embargo, fue hasta el 7 de diciembre de ese mismo año cuando la UAEM  convocó a la licitación y adjudicó el contrato a la empresa Evyena Servicios SA. xe C.V.

Además, en los cinco días posteriores a la expedición de la convocatoria de la licitación, entre el 18 y 23 de diciembre, se desahogó todo el proceso de licitación, adjudicación, firma y pago del contrato a la empresa.

Se recalcó que también la UAEM carecía de la capacidad técnica para cumplir con el convenio y subcontrató a la empresa Evyena Servicios el 85% de los servicios, en contravención con lo establecido con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamentos, así como con la cláusula tercera del convenio firmado entre la Sedesol y la UAEM el 6 de mayo de 2013 que prohibía la subcontratación.

Adicionalmente, se corroboró que la empresa Evyena Servicios no fue localizada en el domicilio que señaló y los entregables de la UAEM eran coincidentes con lo que suministró la Universidad Autónoma del Estado de México a la Sedesol.

El TFJA consideró que la Auditoría Superior de la Federación sí motivó el proceso de responsabilidad, y que el rector tenía conocimiento de que la UAEM carecía de capacidad técnica, pero a pesar de ello firmó el convenio y ordenó la licitación para subcontratación de los servicios, pese a que lo tenía prohibido.

En síntesis, “es desestimado el argumento relativo a que el actor no participó en el daño a la hacienda pública federal, pues la firma del convenio y el apéndice son las causas eficientes del daño ya que, si no se hubiesen realizado, entonces no se habría materializado el desvío de recursos públicos federales a través de operaciones inexistentes”, se subrayó en la sentencia.

En este caso, conocido como la “Estafa Maestra” y que implica a otras universidades del país, también están involucrados tres ex funcionarios universitarios más y una persona moral, a quienes, junto con el ex rector, se les declaró responsabilidad mancomunada y solidaria por daño patrimonial al erario federal.

Antonio Villalobos Adán tramita el recurso para evitar la posible ejecución de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El Juzgado Segundo de Distrito admitió el juicio de amparo promovido por el alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, para evitar la posible ejecución de una orden de aprehensión  por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

De acuerdo con el expediente 468/2020, el juzgado de distrito admitió la demanda de amparo, le concedió la suspensión provisional y le fijó una garantía de cinco mil pesos.

En la demanda de amparo se señalaron como autoridades responsables al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial de Morelos a cargo de la causa penal JC/773/2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y otras.

La demanda de amparo fue promovida luego del cateo que la fiscalía realizó en oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca el pasado martes, con la finalidad de asegurar documentación y equipo de cómputo.

Según la fiscalía anticorrupción, únicamente fue decomisada documentación relacionada con seis funcionarios públicos de la comuna capitalina, relacionados con la integración de una carpeta de investigación que se abrió por la denuncia presentada por un particular.

María del Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz, Valentín González García, Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas culminaron ayer su estancia en el Poder Judicial por acuerdo de la Suprema Corte.

Se integra una carpeta de investigación por una denuncia de un particular, señala el titular de la Fiscalía Anticorrupción.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, afirmó que el edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y otros funcionarios implicados en una investigación abierta, todavía no son indiciados y en este momento solo se integra una carpeta de investigación iniciada con motivo de una denuncia de un particular.

Aclaró que el aseguramiento de documentos y equipos de cómputo en las oficinas de la comuna capitalina la tarde del lunes fue con base en una orden de cateo autorizada por un juez, luego de que la semana anterior el ayuntamiento rechazó la entrega de información a la vicefiscal de la FECC, Guadalupe Flores Servín.

Sostuvo que lo asegurado durante el cateo del martes, está bajo resguardo en el cuarto de evidencias de la fiscalía y aseguró que no hay forma de que se sustraiga o filtre información ahí contenida.

El fiscal rechazó confirmar si la investigación en integración es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, como ha trascendido en los medios de comunicación, pero ratificó que la indagatoria surgió a partir de un particular, que implica en presuntos actos de corrupción a más de cinco funcionarios del ayuntamiento capitalino.  

También afirmó que en este momento el edil no está en calidad de indiciado y que en todo momento se respetará su derecho a la presunción de inocencia.

“No puedo dar información del caso, pero te puedo decir que no es señalado en este momento, no lo tenemos, como se ha dicho, con una orden de aprehensión o ya como culpable. Hay una presunción de inocencia que respetamos”, dijo.

Lamentó la resistencia manifestada durante el cateo por la contralora municipal, Clara Soto Castor, cuya postura fue contraria a su función y de coadyuvar con las demás autoridades

Insistió en que la persona que denunció presuntos actos de corrupción en la comuna capitalina, cuya identidad reservó, presentó datos de prueba que se están verificando y es por eso que se llevó a cabo la diligencia en el Ayuntamiento de Cuernavaca.

*La SCJN notificó su resolución, que aplica de inmediato para la ex presidenta del TSJ*

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a los tres Poderes del Estado los resolutivos de la acción de inconstitucionalidad 20/2017, con lo cual la magistrada Carmen Cuevas López y cinco magistrados más de los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA) a partir de hoy deben dejar sus cargos, tras haber culminado su periodo de 14 años.

Como se informó con oportunidad, la SCJN declaró la invalidez del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada en febrero de 2017, que amplió de 14 a 20 años el periodo de los cargos de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ), Justicia Administrativa (TJA) y Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), con lo que Carmen Cuevas López -ex presidenta del TSJ Morelos- y otros cinco magistrados deben dejar su cargo.

Asimismo, el Tribunal Pleno determinó que la referida declaración de invalidez "surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos".

Se pronuncian por que se respete el derecho de la población transexual a decidir sobre su identidad jurídica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortaron al Congreso de Morelos a aprobar a la brevedad posible la iniciativa de ley que permita a las personas de la comunidad trans modificar su identidad legal.

En rueda de prensa convocada por el colectivo Transformando Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, representantes de ambos instituciones se pronunciaron por que se respete el derecho de la población transexual a decidir sobre su identidad jurídica, luego de que el dictamen de la iniciativa de "Ley de Identidad de Género" fue retirado de los asuntos para sus análisis y votación en la sesión de Pleno del  Congreso el pasado 1 de julio.

Julio César Cervantes, subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH, recordó que el orden jurídico mexicano y normas internacionales protegen el derecho al cambio de identidad, porque la reasignación sexual forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, al derecho a la imagen, identidad personal y sexual.

Consideró que los legisladores morelenses deben atender los criterios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para que finalmente pueda ser aprobada la iniciativa de ley y la comunidad trans pueda ejercer plenamente sus derechos, como ocurre ya en otros estados que han legislado sobre el tema.

“Esperamos que en Morelos se cumpla esta tendencia legislativa actual, porque si nos hemos dado cuenta, estas luchas de reclamo de las poblaciones trans han avanzado en otras entidad federativas como en la Ciudad  México, como Michoacán, como Colima, como Oaxaca.

“Tenemos plena confianza de que los legisladores en su actuar van a respetar los derechos  de las y los compañeros que ocupen de estos procesos administrativos para adecuar su identidad legal, y asimismo van a cumplir con su obligación de promover, respetar los derechos humanos, una obligación constitucional importantísima para el desarrollo y pleno goce de los derechos a la igualdad sustantiva”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció Dania Ramírez, encargada de despacho del Conapred, quien envió un mensaje de apoyo institucional a la comunidad que impulsa esta iniciativa de ley que.

De acuerdo con el mensaje difundido, la funcionaria federal afirmó que conforme a los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la identidad de género es parte del libre desarrollo de la personalidad y los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a reconocer la identidad de género de las personas trans.

“Desde Conapred hacemos a un llamado a este y otros estados a que se reconozca esa obligación y a que se promueva, respeten, protejan y garanticen los derechos de todas, todos y todes (sic)”, dijo en apoyo a los colectivos que han impulsado la iniciativa de ley para que la población trans en la entidad pueda realizar sur reasignación legal de sexo, conforme a su apariencia y pueda gozar de sus plenos derechos como el resto de la población.

Sharon González Ontiveros, vicepresidenta de Transformando Morelos, hizo también un llamado a los legisladores. “Le pedimos hoy al Congreso de Morelos, a los diputados que dan voto en contra, que reconozcan el derecho a la identidad de género no solo de mujeres sino también de hombres trans, que buscamos el acceso a la educación, a la salud y a una vida digna y libre de violencia”.   

José Luis Urióstegui Salgado llamó a Velazco Alcocer a reconocer que su periodo como dirigente culminó.

El presidente interino de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, José Luis Urióstegui Salgado, llamó a Cristian Iván Velazco Alcocer a reconocer que su periodo como dirigente culminó y a sumarse a los trabajos de la organización.

Rechazó que los barristas enfrenten una fractura y aseguró que no existen bases legales para que Velazco Alcocer extienda su periodo como presidente, que culminó el de 2 de junio, con el pretexto de que la contingencia sanitaria por el covid-19 impidió realizar el proceso de elección de la nueva representación de la Barra de Abogados, porque no hay ninguna disposición estatutaria que permita realizar esa ampliación de periodo.

Expresó que es él quien de manera interina tiene la representación de los barristas y cualquier acto que realice otra persona ostentándose como presidente de la organización, carece de validez.

Insistió en que no un hay problema de división en la Barra de Abogados, porque el problema se focaliza únicamente a que una sola persona ostenta una representación que ya no tiene.

Recalcó que cuenta con el apoyo y reconocimiento como representante interino de la mayoría de los miembros de la Barra de Abogados e hizo un llamado a Velazco Alcocer a reconocer que su periodo culminó y sumarse a los trabajos de la organización, donde se le reconocen los méritos logrados durante su gestión.

Por otra parte, los abogados barristas, quienes de manera simbólica conmemoraron el Día del Abogados (que se celebró este 12 de julio), criticaron la parálisis en el Poder Judicial por la contingencia sanitaria, advirtieron graves afectaciones a los justiciables y exigieron la reapertura de los juzgados.

La Suprema Corte de Justicia anuló la reforma que amplió a 20 años el periodo de los magistrados, porque es “un beneficio injustificado”.

La expresidenta del TSJ, incondicional de Graco Ramírez, deberá dejar el cargo junto a cuatro de sus homólogos, lo que altera el equilibrio de poder en el Pleno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada en febrero de 2017, que amplió de 14 a 20 años el periodo de los cargos de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ), Justicia Administrativa (TJA) y Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), con lo que Carmen Cuevas López -expresidenta del TSJ- y otros cinco magistrados deberán dejar su cargo en cuanto la Corte determine las condiciones para eso.

Con una votación de ocho votos, los ministros consideraron que fue un “un beneficio injustificado” e “indiscriminado” que el legislador concedió a los magistrados, razón por lo cual fue invalidada la disposición transitoria.

Con este resolutivo, seis magistrados tendrían que dejar sus cargos al haber concluido sus periodos de 14 años en julio de 2019 y en mayo de 2020.

El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, defendió su proyecto por considerar que las entidades federativas tienen libertad legislativa; que no existía ninguna afectación a la independencia judicial; y que no existía ningún impedimento para que el legislador estableciera un periodo amplio para los magistrados que, al momento de la expedición de la norma impugnada, se encontraban en funciones.

Sin embargo, otros ministros consideraron que debía invalidarse el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada mediante el decreto 1613, publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno de Morelos del 24 de febrero de 2017, porque no sólo no tenía justificación sino fue indebida la ampliación del periodo a 20 años, cuando la propia Constitución local establece que, por ningún motivo, el nombramiento de los magistrados debe exceder los 14 años.

El ministro Juan Luis González Alcántara, quien votó por la invalidez, afirmó que, “desde mi perspectiva, el artículo tercero transitorio amplía de forma indebida y por una única ocasión el periodo de los magistrados” y “con ello se altera uno de los mecanismo que garantiza la independencia judicial, esto es, la certeza en el plazo de duración del encargo de los magistrados, pues los nombramientos a los magistrados en funciones ya habían sido dados con un periodo claro y fijo”.

El ministro Javier Lyanez Potisek, enfatizó que la autonomía judicial consiste no solo en garantizar la estabilidad o la inamovilidad en el cargo, sino también “debe evitarse, es el caso, beneficios que pudiesen considerarse excesivos” y “me parece que en este caso no hay una justificación, no hay una razón de ser en cuanto al porque se está fijando un plazo de 14 años sin ratificación, y encima se dieran todos los que están nombrados y los recién nombrados, se van a un plazo 20 años.

 “Me parece que no hay una relación lógica de la reforma, del escalamiento que tiene que existir, con este que, yo si considero, aparece como un beneficio injustificado en favor de los miembros del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), el Pleno validó por unanimidad las reformas constitucionales que eliminaron  la evaluación y ratificación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TJ) Justicia Administrativa (TJA) y Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), así como el establecimiento de un periódo único de 14 años en la magistratura, ya que no vulnera el principio e independencia judicial, porque “cumple razonablemente con los parámetros constitucionales que rigen la magistratura judicial”.

En este apartado, se consideró que los cambios en la Constitución de Morelos sobre las condiciones de temporalidad en el cargo de los magistrados tuvieron como objetivo priorizar la especialización judicial y armonizar la forma en que se establece la duración de los magistrados locales con la de los ministros de la SCJN, mediante un periodo improrrogable.  

Posterior a este resolutivo y por estar concatenado, el Pleno comenzó el análisis de la controversia constitucional 306/2019, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra el decreto 427, promulgado el 10 de septiembre de 2019, por el cual la LIV Legislatura emitió el acuerdo para revertir la ampliación del periodo de 14 a 20 de los actuales magistrados que realizó LIII Legislatura.

Muy brevemente se debatió si el recurso debía declararse infundado o sobreseerse, así como analizar si existía alguna afectación a los magistrados. Y es que de acuerdo con el ministro Aguilar Morales, también ponente en este asunto, alegó que algunos magistrados podrían ser privados del cargo.

El magistrado presidente, Arturo Zaldívar, considero prudente verificar cuáles serían los efectos y si habría algún perjuicio o no a algún magistrado, por lo que el asunto será analizado este martes.

De acuerdo con juristas consultados, básicamente lo que tendrá que atender la SCJN es en qué circunstancias deberá darse la salida de los magistrados que concluyeron su periodo de 14 años por dos circunstancias.

La primera, porque los resolutivos del Pleno surtirán efectos hasta la notificación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, la segunda, porque existen amparos concedidos a los magistrados afectados por juzgados de distrito y que, en tribunales colegiados, tendrían que ser revertidos con base en lo resulto por la Corte.

En julio de 2019, culminó el periodo de 14 años de la otrora magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Cuevas López; y en mayo de este año terminaron sus periodos los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Valentín González García.

Del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), concluyeron su periodo los magistrados Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas.

CUEVAS LÓPEZ Y EL GRAQUISMO

En febrero de 2017 el Congreso local emitió la reforma que ampliaba en sus artículos transitorios a 20 los años que un magistrado podía permanecer en el cargo, lo que coincidió con un procedimiento impulsado por el entonces gobernador Graco Ramírez para destituir e inhabilitar al entonces alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El Poder Legislativo se encontraba bajo el control total de Ramírez Garrido y extrañamente el proceso de juicio político contra el ahora gobernador avanzó rápidamente y al pasar al Poder Judicial fue inmediatamente atendido.

Desde el Congreso en ese momento se admitió que la reforma que favorecía a los magistrados fue impulsada por Graco como pago por procesar y encontrar responsable a Blanco Bravo, cuyo equipo jurídico finalmente evitó el desenlace

Verónica Cuevas López durante su gestión se subordinó al entonces gobernador pero provocó un cisma entre los magistrados que hasta la fecha subsiste, aunque la decisión de ayer de la Corte modificará drásticamente el equilibrio de poder entre los magistrados.

Iván Arenas Ángeles y Juan Emilio Elizalde advierten a abogados que la decisión invadió la esfera del Poder Legislativo y cuestionan nombramiento del presidente del TSJ.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) advirtieron de la ilegalidad de la sesión de Pleno del 12 de julio y la aprobación del acuerdo para realizar notificaciones electrónicas en los procedimientos judiciales y administrativos, como un intento de paliar los efectos en la administración de justicia de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Juan Emilio Elizalde, por separado, alertaron a los abogados y justiciables de la ilegalidad de ambos actos y el riesgo de que se generen litigios debido a la falta de sustento legal para realizar electrónicamente las notificaciones.

Ambos coincidieron en que las sesiones de Pleno son ilegales porque son convocadas por Rubén Jasso Díaz, cuya designación como presidente del TSJ no reconocen al no haberse cumplido los requisitos legales para ser “electo”, ya que la sesión solemne del pasado 5 de mayo no contó con la asistencia y votación de las dos tercera partes de los magistrados (12).

Pero advirtieron que lo más grave es que, los magistrados que aprobaron el acuerdo para las notificaciones electrónicas no sólo violaron la ley sino que invadieron competencia del Poder Legislativo federal.

“En clara violación a la división de poderes, asumieron facultades legislativas, invadiendo la competencia del Poder Legislativo; ya que mediante un acuerdo establecieron un mecanismo de notificación no previsto en las Leyes Procesales Civiles. Y es que de un estudio simple se indica que un acuerdo no puede por orden de jerarquía estar por encima de un Código Procesal.

“El acuerdo en comento se encuentra fundado y motivado de manera ilegal e inconstitucional, porque si bien en sus considerandos primero y segundo menciona las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia con las que justifica su proceder, citando las fracciones IX y XXIV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, también es cierto que la facultad conferida es de carácter administrativo más no legislativo”, subrayó Arenas Ángeles.

Consideró que, desde su punto de vista como perito en derecho, dicho acuerdo “ocasionaría la clara posibilidad de recurrir las consecuencias generadas por las actuaciones que se deriven de las notificaciones realizadas”.

El magistrado Juan Emilio Elizalde consideró que es su deber legal, moral, ético y profesional advertir que el acuerdo –que obtuvo mayoría con el voto de calidad del magistrado presidente y cinco votos en contra- es “una flagrante trasgresión a las facultades constitucionales de que gozan cada uno de los tres poderes del Estado, al caso, al Poder Legislativo Federal”.

Y atizó: “Por ende, publicitar medidas a sabiendas de su origen fuera del marco legal, con mero fin mediático, no solo resulta un ardid soterrado, sino un deleznable engaño  a quienes, específicamente como abogados postulantes, exigen la reactivación procesal, en representación de quienes claman justicia, no  solo en esta lamentable circunstancia sanitaria que vive la humanidad, sino más aún, cuando campean condiciones normales, en las cuales, como evidencian inatendidas quejas y denuncias, servidores públicos desleales, a su profesión, al cargo y la investidura que ostentan, hacen alarde de abulia, dilación y rapante corrupción”, recalcó.

En tanto, Arenas Ángeles remató: “desafortunadamente el actuar del Pleno se estima que es ilegal e inconstitucional, quedando expedito el derecho procesal constitucional para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo lo puedan hacer valer en la vía de la controversia constitucional y los particulares a través del amparo”.

La Corte resolverá sobre la validez o no de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos de 14 a 20 años.

En suspenso se mantiene la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez o no de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos de 14 a 20 años.

Este jueves, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales presentó el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 20/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el que propuso sobreseer varias reformas a disposiciones de los artículo 40, 89 y 19 TER de la Constitución local, así como validar el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, publicada en 24 de febrero de 2017, en la que se estableció que, por única ocasión, se ampliaría de 14 a 20 el periodo de los actuales magistrados.

Este proyecto es totalmente contrario al presentado por primera vez por el ministro Aguilar Morales en la sesión de Pleno del 19 de septiembre de 2019, donde se discutió sobre si debía invalidarse o sobreseerse la ampliación del periodo de los magistrados, en virtud de que el 10 de septiembre de 2019 fue promulgado el decreto por el que el Congreso expidió el acuerdo que revirtió la extensión del periodo.

El asunto no fue votado en ese entonces porque los ministros coincidieron en que habría que hacerse ajustes al proyecto de resolución, para fundamentar por qué debía ser invalidado o, en su caso, sobreseído, por lo que el tema fue retirado de la sesión.

En este nuevo proyecto, el ministro propuso declarar parcialmente procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad, sobreseer varias disposiciones relacionadas con la supresión de la evaluación y ratificación de los magistrados por parte del Congreso local, así como reconocer la validez del polémico artículo tercero transitorio de la reforma constitucional promulgada mediante el decreto 1613, publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno de Morelos del 24 de febrero de 2017.

El debate del Pleno, realizado vía remota, se enfrascó sobre si algunas disposiciones impugnadas no debían sobreseerse sino analizarse de fondo y declarar su invalidez o no, ya que deben estudiarse el caso como “parte de un sistema”. 

Además, parte de la controversia está vinculada al decreto legislativo del 10 de septiembre de 2019, por el cual Congreso emitió el acuerdo por el cual revirtió la ampliación del periodo de 14 a 20 de los actuales magistrados. El lunes, el Pleno de la SCJN continuará con el asunto.

De la resolución del Alto Tribunal dependerá que permanezcan en el cargo o no los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Carmen Cuevas López, Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón, así como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz, quienes ya cumplieron su periodo original de designación por 14 años y que, en caso de validarse la reforma en cuestión, estarían seis años más en el cargo.

También se tramitarán por internet actas de extravío de documentos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) implementará el Sistema Electrónico para la presentación de Denuncias y Querellas en línea (SEDyQ), como medida temporal ante la contingencia derivada por la pandemia causada por COVID-19.

La FGE emitió el acuerdo 09/2020, por el que estableció las bases y lineamientos del sistema electrónico de “denuncia en línea”, y la solicitud de emisión de actas especiales por extravío de documentos y objetos, de conformidad con el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como un medio de comunicación entre las personas denunciantes y el Ministerio Público.

La fiscalía detalló que con esta acción se busca “implementar mecanismos suficientes y bastantes, a fin de que la población pueda al mismo tiempo, observar las medidas sanitarias que son necesarias y congruentes para salvar la vida de todos; y, por otro lado, denunciar la comisión de actos ilícitos que atentan contra su libertad, propiedades, posesiones o derechos”.

Detalló que con el SEDyQ se podrá realizar la denuncia a través de internet con el uso de la Firma Electrónica Avanzada y, en caso de no disponer de ella, se podrá generar una cita para su formalización.

Únicamente podrán ser susceptibles de la presentación de denuncias o querellas a través del SEDyQ los delitos  cometidos sin violencia, como  abuso de confianza, daño, fraude, robo, abigeato, sustracción o retención de menores e incapaces, suplantación de identidad, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en agravio de acreedores, despojo, inseminación artificial sin consentimiento, peligro de contagio, privación ilegal de la libertad de personas, incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria, discriminación, amenazas y asalto. 

En caso de que, de la revisión de los hechos denunciados se advierta que se trata de algún delito cometido con violencia, se le comunicará inmediatamente a la persona denunciante que se presente en las instalaciones de la Fiscalía General a efecto de que de manera directa presente su denuncia.

En el caso de actas especiales por extravío de documentos u objetos, la fiscalía regional competente deberá informar a la persona denunciante el inicio de su trámite y el número de acta correspondiente, señalando la fecha y hora para que acuda a firmarla y recogerla, dentro del plazo de 12 horas.

La construcción de la Universidad Benito Juárez forma parte del proyecto educativo del gobierno federal.

Después de fuertes disensos entre comuneros, finalmente se hizo entrega al Ayuntamiento de Tepoztlán y al Comité Estudiantil del predio que ocupará la Universidad Benito Juárez, que formará parte de proyecto educativo del gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En una ceremonia en el lugar, a la que personal del ayuntamiento, comuneros y representantes del Comité Estudiantil de la futura universidad asistieron con cubrebocas, el Comisariado de Bienes Comunales, representado por Lucio Cuevas Romero, hizo entrega del predio ubicado en el paraje de Monte Castillo, con una superficie de 31 mil metros, para la ejecución del proyecto educativo.

Los asistentes agradecieron el apoyo al gobierno federal y consideraron el acto como hecho histórico para Tepoztlán, ya que es un paso gigantesco para los habitantes del municipio y porque se gesta un proyecto que permitirá a los jóvenes de la región estudiar en su lugar de origen y cursar carreras profesionales encaminadas a la producción de alimentos saludables y la protección de los recursos naturales.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Lucio Cuevas Romero, detalló que el pasado 28 de junio, en asamblea, los comuneros ratificaron el acuerdo del 12 de enero del 2020 por el que se aprobó la donación del predio para la construcción de la Universidad del Bienestar, y se dio por concluido el debate sobre la presentación del comisariado.

El alcalde, Rogelio Torres Ortega, dijo que “es un evento muy importante donde se acaban los dimes y diretes” y sostuvo que “no es lucha decir ‘me opongo a todo’, eso no sirve, se nos olvida que solo somos de paso”, por lo que la misión de las autoridades es impulsar el proyecto, que forma parte del desarrollo responsable del municipio.

Por el momento, no se dio a conocer cuándo comenzará la construcción del plantel y el monto de la inversión, sin embargo, las autoridades municipales, estudiantiles y comunales confiaron que el proyecto se concretará pronto, después de dos años de lucha y gestión.

El TEPJF falla contra lo que dice el video divulgado en una página de información sobre Cristina Xochiquetzal Sánchez.

Decenas de profesionales del Derecho protestaron ante la sede del Poder Judicial; exigen la reanudación de los procedimientos.

Profesionales del derecho agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales y la implementación de medidas para avanzar en los procesos judiciales, que quedaron paralizados por la pandemia del covid-19.

Los litigantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto porque -a diferencia de los burócratas judiciales, que gozan de un salario seguro- los abogados y los justiciables se quedaron sin ingresos y en espera de que sus casos se reactiven algún día, cuando el Poder Judicial retorne a sus actividades en la “nueva normalidad”.

“La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, establecieron.

 Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que se sumó a esta protesta, lamentó que, después de tres meses de suspensión de actividades en los juzgados, las autoridades del Poder Judicial hayan decidido retornar a sus labores hasta el mes de agosto.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún  acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Resaltó que muchos despachos cerraron sus puertas o despidieron personal ante la insolvencia económica, producto del confinamiento y la suspensión de labores gubernamentales como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19, así como muchos litigantes  tuvieron que dejar temporalmente el ejercicio de la profesión para dedicarse a otras actividades, como el comercio.

A través de un comunicado, se informó que el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, se reunió con un grupo de abogados, para explicar cuáles son las acciones que se realizan para la reapertura de los juzgados, entre ellas la nueva logística para ingresar a las sedes judiciales y las medidas de desinfección de las instalaciones y  de protección para los trabajadores.

Del retorno a las actividades jurisdiccionales, luego de que Morelos pasó en el semáforo epidemiológico a color naranja, el titular del Poder Judicial en Morelos dijo que levantar la suspensión de labores en el TSJ depende de diversas circunstancias externas y lo que determinen las autoridades de la Secretaría de Salud.

Abogados les reprochan por mantener paralizada la impartición de justicia; Foro de Abogados los reta a no cobrar mientras no haya actividades jurisdiccionales.

El dirigente de la organización llamada Foro Morelense de Abogados criticó la falta de empatía de los magistrados y jueces con los justiciables, al prolongar la inactividad en el Poder Judicial por la contingencia sanitaria, y los retó a renunciar a sus salarios hasta que retornen a sus actividades jurisdiccionales.

Pedro Martínez Bello consideró que el “Portal de Citas” para la recepción de demandas en materia civil, familiar y mercantil es una medida simuladora, porque en nada atiende ni resuelve la exigencia de justicia de la sociedad.

“Al Foro Morelense no nos hacen tontos con una propuesta paliativa en donde abren un portal para recibir demandas, pero de qué sirve si únicamente se tienen archivadas, es decir, a partir de ahí (de la recepción) no hay notificaciones, no hay ninguna diligencia”, dijo.

Expresó que la parálisis que atraviesa el Poder Judicial es consecuencia de desestimar las propuestas de los litigantes, pues recordó que años atrás el Foro Morelense de Abogados propuso la digitalización de los servicios en la administración de justicia y, si entonces se hubiese atendido la petición, hoy no se enfrentaría el estancamiento de los procesos judiciales.

Martínez Bello criticó que a pesar de los efectos económicos y sociales provocados por el confinamiento, el Pleno del TSJ haya ampliado la suspensión de labores y aprobado un periodo vacacional que se prolongará hasta el 3 de agosto.

Por ello, retó a los magistrados y jueces a renunciar a sus salarios hasta que retornen a sus actividades jurisdiccionales, porque hasta ahora solo han mostrado falta de empatía con el gremio de los abogados y con los justiciables.

“El Foro Morelense de Abogados lanza el reto a los magistrados y jueces para que renuncien a su salario, tal cual lo estamos haciendo los litigantes y, entonces, les aseguro que van a encontrar la manera para que para que regresen y retomen las actividades jurisdiccionales.

“Que, además, tiene que verse como una actividad esencial, porque se trata del derecho que rige a las sociedades, de lo contrario, nos encontraremos ante las vindictas privatas como lo dicta el derecho italiano, la venganza privada, venganza en mano propia.

“El tema es que los jueces y magistrados no empatizan, porque no es lo mismo el confinamiento con un salario quincena con quincena, a un confinamiento en el que todos los días tienes que buscar el sustento. El reto es entonces que renuncie(n) a su salario”, recalcó.

Afirmó que luego del periodo vacacional, que defendieron los magistrados como “un derecho laboral”, vendrán días inhábiles, días festivos y hasta navidad, y así culminará el año con largos periodos de inactividad en el Poder Judicial y con una larga de fila de asuntos en espera de justicia.

Insistió que las medidas tomadas hasta ahora en el Poder Judicial de Morelos son meramente paliativas y lamentó que los impartidores de justicia se posen en su zona de confort porque, a diferencia de los litigantes y los justiciables que tienen que salir a ganarse el sustento, ellos cuentan un salario seguro y no les importa lo que ocurre con la sociedad.

El barrista acusa a José Luis Urióstegui de usurpar ese cargo.

Cristian Iván Velazco Alcocer afirmó que sigue siendo presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos y acusó a José Luis Urióstegui Salgado -quien se ostenta como presidente interino- de usurpar la representación e incumplir con los requisitos para dirigir la organización.

Luego de la asamblea convocada este sábado por Urióstegui Salgado en la que se realizó el cambio de miembros de la Comisión de Honor y Justicia y se debatió la posible expulsión de la organización de Velazco Alcocer, este desconoció esos acuerdo y afirmó que sigue siendo el presidente de la Barra de Abogados, hasta que se pueda realizar el proceso de elección, el cual fue truncado por la contingencia sanitaria por el covid-19.

“Sigo siendo Presidente de la Barra de abogados del Estado de Morelos A.C. porque en tiempo y forma se emitió la convocatoria y un acuerdo firmado por 7 de 11 integrantes de la mesa directiva, donde ampliamos el término de la directiva, debido a  la pandemia del covid-19, no se ha podido llevar a cabo la instalación del consejo electoral, depuración del padrón y elección del nuevo Presidente con su Consejo Directivo, que reúna los requisitos establecidos en el estatuto que son como mínimo el 80% de asistencias en las asambleas ordinarias de los últimos dos años.

“Lo cual –insistió- la persona que  dice ostentarse como presidente Interino tiene solo seis asistencias, (por lo tanto) no reúne ese requisito básico, ya que con los acuerdos que emite la directiva, son válidos de pleno derecho porque están legalmente establecidos en nuestros estatutos.

“Es incongruente que el que se dice presidente interino, figura que ni siquiera existe en los estatutos, reconoció la investidura de nuestra Comisión de Honor y Justicia, pero ahora porque no convenía a sus intereses los desconoce y en un acto arbitrario los destituye a dos de ellos”, dijo en un escrito enviado a medios comunicación.

Reiteró que todos los actos realizados por Urióstegui Salgado y sus colaboradores del consejo interino son nulos de pleno derecho, ya que de raíz viene viciado esa designación.

Señaló que, contrario a lo señalado por sus detractores, fue él quien promovió sendas quejas ante la Comisión de Honor y Justicia contra los integrantes del consejo interino, cuyo proceso sigue su curso.

También rechazó las acusaciones respecto a que usa la representación barrista para para obtener favores. “No tengo necesidad alguna de pedir favores a la Fiscalía del Estado o al Tribunal Superior de Justicia, ya que me dedico a litigar desde hace trece años, nunca he buscado candidaturas políticas, ni he sido servidor público y todo lo realizo conforme a derecho en los asuntos que representó los intereses de los justiciables”, dijo.

El conflicto y las fricciones entre ambos bandos, que se acusan de usurpar la representación de barristas, hasta el momento han quedado en descalificaciones verbales a través de los medios de información y en redes sociales.

El bando de Velazco Alcocer pospuso hasta el mes de agosto su asamblea para planear el proceso de designación de la nueva dirigencia, mientras que el grupo que dirige Urióstegui Salgado ha previsto para el mes de octubre realizar la elección de la nueva Mesa Directiva.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, robo de vehículos, narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la creación de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), que fue gestada como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, el robo de vehículos y narcomenudeo, entre otros ilícitos.

Al publicarse el acuerdo 08/2020 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedó instaurada la FIDAI que dirigirá la fiscal antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, cuya designación fue adelantada por el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, el pasado 24 de junio durante un acto oficial, aun cuando el acuerdo establece que, posterior a la creación de la nueva fiscalía, tendrá 45 días para hacer el nombramiento.  

La súper fiscalía fue definida en el acuerdo como la “unidad administrativa de investigación élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.

A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional  y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General.

Con la creación de la nueva fiscalía, fue derogado el Acuerdo 6/15 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se delegaba a los titulares de las Fiscalías Regionales y Especializadas, la facultad para realizar requerimientos a los concesionarios de telecomunicaciones, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos motivo de una investigación, así como para requerir la información inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática.

Lo anterior, debido a que estás facultades serán exclusivas de la nueva fiscal, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, los titulares y agentes del Ministerio Público de cada una de las fiscalías y unidades adscritas a la FIDAI deberán de cumplir con la normatividad local y federal, conforme al ámbito de su competencia de investigación.

También se adicionó el nivel 102-A al Tabulador de Sueldos, fijado en el  Acuerdo 05/2019 del Fiscal General del Estado de Morelos publicado el 10 de abril de 2019 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para incluir al Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto como categoría única y la percepción mensual que determine la Coordinación General de Administración con base en la suficiencia presupuestal.

Dirigencia alterna designa a nuevos integrantes de la Comisión de Honor y Justicia 

Los cambios continuarán, anuncia la CES.

Tras la riña registrada el miércoles dentro del penal de Atlacholoaya que dejó un saldo de cuatro muertos y tres lesionados, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) realizó la reubicación de un grupo de internos a diversas cárceles distritales.

De acuerdo con información difundida por la CES, organismo responsable del sistema penitenciario estatal, en cumplimiento de órdenes de jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, un grupo de 16 “Personas Privadas de la Libertad” (PPL) fueron reubicadas a centros de reinserción social en los municipios de Jojutla y Cuautla.

Los internos Gregorio “N”, José Alejandro “N”, David “N”, Ricardo Alfonso “N”, Roberto “N”, Gerardo “N”, Hugo Alberto “N” e Israel “N”, fueron reubicado a la cárcel distrital de Cuautla; mientras que Héctor Adrián “N”, César Rafael “N”, Omar “N”, Nelson Mateo “N”, David “N”, Emmanuel “N”, Narciso “N” y Fabián “N”, fueron  trasladados a la cárcel distrital de Jojutla.

“Estos movimientos se continuarán realizando con la finalidad de generar condiciones que ayuden a las acciones de reinserción social, y con el objetivo de mantener estabilidad, así como evitar actos que pudieran poner en riesgo a los PPL, así como crear un clima propicio de tranquilidad al interior de los Centros Penitenciarios del Estado de Morelos”, informó la CES tras el último incidente violento dentro del penal de Atlacholoaya, que culminó con el asesinato de cuatro personas privadas de su libertad.

La Corte determinó que es su facultad cuando se trata de negocios que venden alcohol.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundado el reclamo del estado de Morelos respecto a la facultad de las entidades federativas para establecer derechos por concepto de ampliación de horario de funcionamiento anual para la enajenación de bebidas alcohólicas.

Lo anterior, al resolver el juicio de cumplimiento de convenios de coordinación fiscal, promovido por el Poder Ejecutivo  del Estado de Morelos, en contra de la resolución del 7 de diciembre de 2018 emitida por la Administradora de los Contencioso adscrita al Sistema de Administración Tributaria (SAT), dentro del recurso de inconformidad 19/2018.

En sesión remota, el Pleno de la SCJN invalidó una resolución emitida por el órgano contencioso del SAT, y resolvió que, conforme al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas que formen parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no pueden imponer derechos estatales o municipales, entre otros conceptos, por licencias, permisos o autorizaciones que condicionen el ejercicio de actividades comerciales, ni por la ampliación de horario.

 No obstante, advirtió que el mismo artículo prevé excepciones a esa regla, entre ellas la contenida en la fracción I, inciso f), la cual se refiere a los establecimientos y locales cuyos giros sean la enajenación o prestación de servicios que incluyan el expendio de bebidas alcohólicas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general.

En consecuencia, la SCJN reiteró el criterio emitido en el diverso juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 3/2019, declaró la invalidez de la resolución impugnada y reiteró que las entidades federativas están facultadas para establecer derechos por la ampliación de horarios de establecimientos donde se vendan bebidas alcohólicas al público en general.

Es el saldo de una nueva riña en el centro penitenciario.

Cuatro muertos y varios lesionados fue el saldo de un nuevo enfrentamiento entre internos en el penal de Atlacholoaya.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 10:00 de la mañana un interno  ingresó a varios dormitorios a golpear  a los reclusos que ahí se encontraban, lo que desató la reyerta que se prolongó hasta que intervino el personal de seguridad y custodia.

El enfrentamiento tuvo como saldo cuatro reclusos asesinados y tres lesionados. Los internos privados de la vida fueron identificados como Mario “N”,  Alexis “N”, “El Mico” y/o “El Nico”, y “El Chocorrol”, según confirmaron algunos familiares de las víctimas.  

Casi cuatro horas después de los hechos, la Comisión Estatal de Seguridad, responsable de la administración y control de las cárceles estatales, emitió un comunicado en el que informó de la riña entre Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el área de ingresos del penal y la activación de los protocolos de seguridad para mantener el control de la población penitenciaria.

“Resultado de las agresiones entre los internos, cuatro personas PPL fallecieron en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por golpes, un lesionado atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) sin que presentara lesiones que requirieran una atención especializada y dos internos más trasladados para su atención médica a un centro hospitalario”, señaló.

El penal de Atlacholoaya alberga a más de dos mil internos y, con los últimos hechos violentos ocurridos ayer, de octubre de 2019 a la fecha suman 55 internos lesionados, tres fugas, tres suicidios, 16 homicidios, un motín y cuatro riñas.

Otro dato relevante es que el penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centros de “reinserción social”, sí existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas, como el “cobro de piso” a internos.

La ciudad capital tendrá que suspender la reactivación socioeconómica.

Al igual que el municipio de Cuautla, Cuernavaca tendrá que suspender la reactivación socioeconómica aprobada por el Cabildo capitalino, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió también la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo estatal dentro de la controversia constitucional 93/2020.

De acuerdo con la información publicada en estrados, el Alto Tribunal admitió a trámite la demanda constitucional con respecto al acuerdo del Cabildo de Cuernavaca del 21 de junio de 2020, por el que el ayuntamiento autorizó la reapertura paulatina de mercados, locales, plazas comerciales, cines, restaurantes, estacionamientos y oficinas gubernamentales en la capital del estado.

Sin embargo, se desechó la controversia constitucional con respecto a la impugnación del mensaje emitido por el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, sobre la reapertura socioeconómica en el municipio a partir del 22 junio, por considerar que “existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debe desecharse el presente medio de control de constitucionalidad en esa parte”.

También emplazo como demandado en el procedimiento constitucional al municipio de Cuernavaca, “no así al Comité Municipal de Contingencia Covid-19 de éste, ya que se trata de un órgano subordinado al propio municipio, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto”.

Hasta ayer, el Poder Ejecutivo y los municipios de Cuautla y Cuernavaca, implicados en las controversias constitucionales 92/2020 y 93/2020, no habían sido notificados por la SCJN de la medida cautelar concedida, los efectos y las consideraciones bajo las cuales se deberán de cumplir la suspensión.

Uno de los alegatos del Poder Ejecutivo ante la Corte es que los municipios invadieron competencias de la Federación y la entidad, y contravinieron las disposiciones del semáforo epidemiológico dictado por la Secretaría de Salud federal, que ubica a Morelos entre las entidades en rojo por el alto número de contagios de coronavirus, situación por la que deben mantenerse suspendidas las actividades no esenciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a los municipios de Cuernavaca y Cuautla sobre la suspensión concedida al Poder Ejecutivo estatal para efecto de que no se apliquen los acuerdos de reapertura socioeconómica aprobados por los cabildos de ambos municipios, lo que significa que a partir de este jueves, el comercio y las actividades no esenciales deberán volver a cerrar como parte de las medidas para evitar los contagios de covid-19.

“Se concede la medida cautelar para que se suspendan los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio (de Cuernavaca) a partir del 22 de junio del año en curso, exclusivamente en aquello que exceda la gradualidad o los porcentajes de la normatividad federal y estatal para la reapertura y/o reanudación de actividades, y mantenga en el acatamiento estricto a las políticas establecidas para el Estado de Morelos y sus municipios, tanto del Gobierno Federal y como de la propia entidad federativa, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del asunto”, dice el acuerdo dictado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dentro de la controversia 93/2020.

En el mismo sentido fue dictado el acuerdo dentro de la controversia constitucional 92/2020, que obliga también al Ayuntamiento de Cuautla a suspender la aplicación del acuerdo de Cabildo de reapertura socioeconómica a partir de hoy.

La medida cautelar obliga a ambos municipios a acatar las disposiciones federales y estatales ordenadas por las autoridades sanitarias, en virtud de que Morelos se mantiene en contingencia sanitaria en semáforo rojo, que significa un alto riesgo de contagio del covid-19.

La tarde de este miércoles, el ayuntamiento capitalino emitió un comunicado sobre el tema, el cual señala que: “… Una vez que ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, respecto del acuerdo relativo a la reapertura económica en el municipio de Cuernavaca, información contenida en el documento relativo al incidente de de suspensión de la controversia constitucional 93/2020, se manifiesta que: El Ayuntamiento de Cuernavaca esperará a ser notificado formalmente para conocer el contenido y los alcances de lo dispuesto por el máximo órgano jurisdiccional del país para fijar su postura al respecto".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Poder Ejecutivo la suspensión contra el acuerdo relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio de Cuernavaca, derivado de la sesión de cabildo de 21 de junio de 2020.

Al igual que Cuautla, la capital morelense tendría que respetar el semáforo rojo por el covid-19 y mantener únicamente las actividades esenciales.

Hasta el momento, las partes implicadas no han sido notificadas de la medida cautelar, luego de que el gobierno estatal promovió las controversias constitucionales 92/2020 y 93/2020.

Posteriormente, en un comunicado, el Gobierno de Morelos detalló lo siguiente:

"Ante la determinación del municipio de Cuernavaca de ordenar la reapertura total de las actividades no esenciales a pesar de que el estado se encuentra en semáforo rojo -alerta máxima del covid-19, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión al acuerdo de apertura.

Lo anterior, luego de que el gobierno del estado tomó la decisión de presentar una controversia constitucional, a fin de que se suspendiera el acuerdo del referido municipio y, en su lugar, se obligue a seguir dando cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en Morelos”, publicado en el número 5835 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

El gobierno del estado en su calidad de autoridad sanitaria ha emitido las disposiciones necesarias para proteger la salud y la vida de toda la población de la entidad, en concordancia con los lineamientos y la semaforización que la federación marca, lo cual ha representado un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades, tanto estatales como municipales.

Se reitera que los integrantes del sistema estatal de salud, las autoridades civiles, los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, estarán obligados a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia que emita el gobierno federal y estatal.

El gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo es sensible al impacto económico que conlleva la suspensión de actividades, sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento implicaría un costo altísimo en términos de salud, además de que podría traer como consecuencia que no haya avances en la semaforización por la maximización de contagios que podría detonarse.

Es obligación del estado apoyar a la ciudadanía para que pueda tomar las acciones más responsables en la emergencia que se enfrenta, las cuales si se cumplen estrictamente podrían conseguir que la total reapertura económica pueda ser una realidad lo antes posible; por lo que es importante destacar que en próximos días Morelos se ubicaría en el semáforo naranja, lo cual permitirá la reapertura económica de ciertas actividades.

El Gobierno de Morelos puntualiza que no se trata de un tema de carácter político, sino de una cuestión legal por la que el Ayuntamiento de Cuernavaca deberá acatar los términos de la mencionada suspensión, una vez que reciba la notificación".

En sesión electrónica, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) amplió la suspensión de actividades y aprobó el periodo vacacional de magistrados y trabajadores, por considerar que, pese a las condiciones excepcionales generadas por la pandemia del covid-19, es un derecho laboral.

En la sesión participaron únicamente 10 de los 18 magistrados del TSJ, quienes en votación unánime aprobaron ampliar la suspensión de labores jurisdiccionales del 1 al 12 de julio, para luego continuar con el periodo vacacional del 13 al 31 de julio.

Solo en caso de existir condiciones y de que así lo permitan las autoridades sanitarias, el TSJ regresaría a laborar dentro de la “nueva normalidad” el 3 de agosto.

Durante el desarrollo de la sesión, que fue transmitida vía Facebook, los magistrados defendieron su derecho a tomar su periodo vacacional, al igual que el resto del personal y señalaron que, en caso de no respetar este periodo de descanso, podría haber demandas laborales de los trabajadores.

En los comentarios de la transmisión las opiniones  fueron encontradas, hubo quienes apoyaron el acuerdo y quienes lo criticaron, porque consideraron que la pandemia amplió el rezago que de por si arrastraba la administración de justicia en Morelos, y lamentaron que los magistrados no tomaran previsiones diferentes, como sí lo hizo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que canceló el periodo de receso y el vacacional de verano para sacar adelante los asuntos acumulados desde el inicio de la contingencia sanitaria.

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, dijo comprender la desesperación que viven los abogados (que exigen la aplicación de medidas alternas para que avance la administración de justicia) y confió en que pronto se pueda reactivar la actividad jurisdiccional.

En consecuencia, no correrán los términos y plazos procesales y se habilitan los días y horas que resulten necesarios, con el objeto de que los magistrados que se encuentren de guardia resuelvan los recursos de apelación que se presenten contra la negativa de una orden de cateo dictada por un juez de control.

Además, se generan las guardias para la continuidad de los trabajos en materia familiar y penal en términos del acuerdo emitido por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El municipio deberá suspender las actividades comerciales y acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias estatales.

El municipio de Cuautla deberá suspender las actividades comerciales y acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias estatales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al Poder Ejecutivo de Morelos la suspensión contra el acuerdo del Cabildo que permitió la reactivación de actividades no esenciales a pesar de que Morelos se encuentra en semáforo rojo por el número de casos de covid-19.

En el caso de Cuernavaca, se espera que en las próximas horas la SCJN conceda la suspensión en los mismos términos, ya que el caso fue turnado para su acumulación con el caso Cuautla.

De acuerdo con la información publicada en estrados, la SCJN, por considerarlo como un asunto de urgente resolución, admitió la controversia constitucional 92/2020 promovida por el Poder Ejecutivo Estatal y concedió la medida cautelar solicitada.

“Visto el estado procesal del expediente y toda vez que se trata de una controversia constitucional urgente, ya que se solicita la suspensión, es menester tramitar este asunto vía electrónica”, dice el acuerdo de admisión, por el cual “se concede la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo de Morelos, respecto del acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales que se deberán implementar para la apertura de las diferentes actividades en el municipio de Cuautla, Morelos, derivado de la sesión de cabildo de 16 de junio de 2020, para los efectos y consecuencias que se señalan en este proveído”.

El Alto Tribunal solicitó al Ayuntamiento de Cuautla responder vía electrónica a la demanda constitucional dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación, por la vía electrónica.

El acuerdo de Cabildo impugnado aprobó no prolongar más el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus y permitía la apertura paulatina de las actividades comerciales, recreativas y religiosas.

El Poder Ejecutivo también promovió la controversia constitucional 93/2020 contra el Cabildo en funciones y el Comité Municipal de Contingencia Covid-19 del Municipio de Cuernavaca.

Por conexidad, la presidencia del SCJN turnó la controversia para su acumulación con el caso Cuautla, porque se impugnaron actos concretos de contenido igual o similar. Se espera que en las próximas horas, el ministro instructor emita el acuerdo que determine si concede o no la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo estatal.

Consultado al respecto, Samuel Sotelo Salgado, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Morelos, señaló que todavía no tenía la notificación del acuerdo de la suspensión concedida por la SCJN, sin embargo, el extracto publicado en estrados infiere que la medida cautelar implica retrotraer los efectos, es decir, que el acuerdo del Cabildo se mantenga en suspenso y que solo mantengan las actividades esenciales en el municipio y acate las restricciones de las autoridades sanitarias estatales, en virtud de que todo el territorio estatal se mantiene en semáforo rojo y con alto riesgo de contagio del coronavirus.

Dijo que espera que en las próximas horas se deberá notificar a las partes los efectos precisos y consideraciones de la SCJN respecto a la suspensión concedida, y hasta entonces se sabrá bajo qué circunstancias deberá el Ayuntamiento de Cuautla acatar la medida cautelar.

Varias unidades de taxi han sido identificadas e implicadas en denuncias penales: Rueda Moncalián.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) cancelar inmediatamente las concesiones a los propietarios de unidades de taxi implicados en delitos.

Rafael Rueda Moncalian, presidente de la citada organización, señaló que varias unidades de taxi han sido identificadas e implicadas en las  denuncias penales promovidas por la víctimas, pero a pesar de que son usadas para cometer delitos siguen circulando impunemente.

Pidió al secretario de Movilidad y Transportes implementar medidas que permitan sacar de circulación a todas las unidades que son utilizadas para perpetrar ilícitos.

“Nosotros ya giramos un oficio a la Secretaría de Movilidad y Transportes, estamos apegándonos al artículo 71 de la Ley de Transportes en donde dice que cualquier unidad que haga uso indebido de su concesión le podrá ser retirada…” explicó.

Dijo que hay casos concretos de unidades de taxi identificadas por las placas y números económicos, pero a pesar de que hay denuncias penales y pruebas irrefutables de que los delincuentes las usaron para asaltar y huir, siguen en circulación y con ellas se cometen más delitos.

Hace unos días, Rueda Moncalian dio a conocer que hay por lo menos cuatro taxis (con matrículas A890LTG, A805LTR, A453LTF y A132LTL) que son utilizados para asaltar.

Incluso, narró que en un asalto reciente se logró la detención de los delincuentes, el aseguramiento del taxi con matrícula A132LTL y el arma de fuego con el que se perpetró violentamente el delito, pero extrañamente y contra todas las pruebas, tanto los criminales como la unidad fueron liberados por una juez.

El Colegio de Abogados del Estado de Morelos urgió al Congreso local a aprobar las reformas a los códigos procesal familiar y procesal civil, para agilizar los asuntos que quedaron varados por la contingencia sanitaria por el covid-19.

Enrique Paredes Sotelo, presidente de la organización de litigantes, señaló que hay preocupación porque no existe certeza de cuándo concluirá la contingencia sanitaria y hay muchos asuntos judicializados que requieren continuar su curso.

Dijo que “urge que la justicia despierte”, porque actualmente el marco normativo no prevé las notificaciones electrónicas, con excepción en materia penal, y esto representa un obstáculo para el avance la administración de justicia en tiempos de pandemia.

Secundó la propuesta de iniciativa de reforma presentada por el Poder Judicial al Congreso local para establecer como herramienta procesal la notificación electrónica en las materias familiar y civil, por lo que instó a los legisladores a darle celeridad a este asunto para su aprobación y promulgación

“Se debe analizar, se debe de discutir y se debe de aprobar a la brevedad posible. Son tiempos de pandemia y no sabemos si esta pandemia puede terminar la próxima semana o se va a extender”, dijo en alusión a que en algunas entidades y la Ciudad de México se amplió la contingencia sanitaria hasta el mes de agosto, ante el aumento de casos positivos de covid-19.

A finales de mayo el TSJ amplió hasta el 30 de junio la suspensión de actividades no esenciales, pero hace un par de días el magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, señaló que la reactivación de las actividades habituales en los juzgados dependerá del semáforo epidemiológico en que se encuentre Morelos y lo que determinen las autoridades sanitarias.

Por el momento, opera el portal de cita del TSJ para que los litigantes puedan presentar sus demandas civiles, familiares y mercantiles, así como las guardias para atender asuntos urgentes en materia penal, las áreas de mediación y convivencias familiares, que se realizan mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

La SCJN avala la reforma que solo les destina un haber de retiro al acabar su periodo; los juzgadores morelenses querían su pensión al cien por ciento de su último salario y, además, que fuera heredable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que anuló la pensión vitalicia y fijó un tope al haber de retiro para los magistrados.

Al resolver la controversia constitucional 33/2015, en sesión vía remota, el Pleno validó la reforma y adición de los artículos 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES y 26 SEXIES de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que estableció que los magistrados que culminen su periodo podrán recibir como haber de retiro un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la magistratura”.

Por mayoría de ocho votos fue aprobado el proyecto presentado por el ministro ponente, Javier Laynez Potisek, en el que se declararon infundados los agravios expuestos por la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, que aspiraba a que los magistrados tuviesen un haber de retiro “periódico, vitalicio y heredable”.

De acuerdo con el proyecto, el Congreso local no incurrió en omisiones en el proceso legislativo de reforma y adición a la ley orgánica, ni tampoco incurrió en invasión de competencia ni violación a la autonomía e independencia judicial al haber desestimado el legislador la propuesta de iniciativa presentada por el Poder Judicial, que pretendía que los magistrados que concluyeran su periodo obtuvieran una pensión vitalicia al 100 por ciento.

Incluso, se resaltó que, si bien el Poder Judicial -cuya representación recae en el Tribunal Superior de Justicia- tiene facultad para presentar iniciativas de ley al Congreso, esto no significa que el legislador tenga que constreñirse a sus propuestas.

Por lo tanto, quedó firme la reforma realizada por la Quincuagésima Tercera Legislatura, por la que se fijó un tope al haber de retiro que recibirán los magistrados al concluir el periodo para el que fueron designados por el Congreso.  

Con base en la información pública del TSJ, un magistrado gana mensualmente 97 mil pesos, lo que significa que al día de hoy, en caso de retiro recibiría como haber un millón 261 mil pesos en el supuesto de que la SCJN valide la ampliación a 20 años del periodo de los magistrados.

En el supuesto de que invalide la ampliación y ratifique el periodo máximo de 14 años en el cargo, el haber de retiro sería de aproximadamente de 970 mil pesos.

También estaba previsto que el Pleno resolviese la acción de inconstitucionalidad  24/2017, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para reclamar la invalidez del decreto 1804, que reformó el decreto 191 que crea el organismo descentralizado Comisión Estatal de Reservas Territoriales, sin embargo, el asunto fue retirado de la sesión.

Las áreas del TSJ consideradas esenciales se mantienen en servicio: Jasso Díaz.

El representante del Poder Judicial del Estado de Morelos, Rubén Jasso Díaz, afirmó que la reactivación de las actividades en los juzgados dependerá del color que ocupe Morelos en el semáforo epidemiológico.

Explicó que las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia consideradas como esenciales se mantienen en servicio y bajo estrictas medidas sanitarias para la protección de los trabajadores y los justiciables.

Señaló que hasta que las autoridades sanitarias y el semáforo epidemiológico lo permitan, el TSJ podrá retornar a la “nueva normalidad”.

Precisó que hasta ahora sólo se tienen registrados dos casos positivos de covid-19, de una magistrada y un trabajador administrativo.

Detalló que él y los colaboradores cercana a la magistrada Elda León Flores, quien se encuentra en cuarentena, fueron sometidos a las exámenes médicos y las pruebas de coronavirus resultaron negativas.

Descarta CES contagio masivo entre internos de cárceles y tropas policiacas.

El comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, descartó cualquier contagio masivo de coronavirus entre internos de las cárceles estatales y las tropas policiacas, por considerar que se tomaron las medidas necesarias para evitar bajas por la pandemia.

Ante las constantes quejas de familiares de reclusos por la falta de atención médica en las cárceles y los rumores de contagios en el interior, el funcionario rechazó las versiones de un posible brote y detalló que los internos considerados vulnerables -por su comorbilidad o avanzada edad- han sido aislados del resto de la población penitenciaria, como medida preventiva.

“Si decimos que no hay contagio es porque no lo hay. Los estamos aislando a los que son de edad más grande, porque son los más susceptible, los que tenemos más de 60 años estamos más susceptibles, más que un joven”, dijo y detalló que entre internos no hay un solo caso de coronavirus pese a que dos custodios perecieron por esta enfermedad.

Detalló que la sociedad civil donó a la CES equipo para sanitizar los seis penales estatales y el gobierno federal dio recursos para adquirir material de seguridad sanitaria tanto para los custodios como para los policías, quienes están obligados a portar cubrebocas, gel antibacterial, lentes o caretas de protección.

Reconoció que 14 policías resultaron positivos al covid-19 y cinco fallecieron, tres municipales y dos estatales, cuyas bajas numéricamente no son significativas si se compara con los más de 600 decesos ocurrido en Morelos desde el inicio de la pandemia.

Detalló que para prevenir brotes entre las filas de la Policía y en las cárceles, a los internos se les permitió manufacturar en las área de talleres sus propios cubrebocas, aunque no se les dotó de gel antibacterial porque algunos se lo toman; mientras que a cerca de 700 policías (400 municipales y 300 estatales) que forman parte de la población vulnerable al covid-19 se les envió a casa para mantenerse en resguardo.

Consideró que esta medida no merma el estado de fuerza policial e insistió en que todos los elementos a cargo de la CES están obligados a seguir las medidas sanitarias de protección.

Sobre la detención de tres policías municipales implicados en los delitos de robo calificado, abuso de autoridad, delitos cometidos por servidores públicos, abuso sexual y violación en agravio de una mujer en el municipio de Tlaltizapán, señaló que los elementos municipales no contarán con el apoyo de la CES y deberán hacer frente al proceso para defenderse las imputaciones.

“Mi postura es ningún apoyo para ellos mientras no se aclare su situación, nosotros colaboraremos con la fiscalía como lo hemos estado haciendo regularmente en todos los actos que nos piden con la información de sus expedientes, con la información de sus bitácoras,  con todo lo que conlleva el esclarecimiento de este hecho, y ya es un avance que tengan una orden de aprehensión y le corresponderá a sus defensores que comprueben si son inocentes, porque la presunción de inocencia sigue”, señaló.

Los policías fueron aprehendidos y acusados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de allanar y robar una casa habitación, además de violar a su moradora, la madrugada del 5 de agosto de 2019 en la comunidad de Santa Rosa 30, en el municipio de Tlaltizapán.

Dispondrá de ocho áreas, incluida la de antisecuestros y la Unidad de Análisis Financiero.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, designó a Adriana Pineda Fernández como responsable de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), la cual será responsable de desarticular estructural y financieramente a organizaciones criminales.

Al anunciar la construcción del edificio que ocupará la FIDAI y en la que se invertirán 79 millones de pesos, el fiscal estatal señaló que cumple con el compromiso asumido con los integrantes del Congreso local, durante su última comparecencia, de crear un área especializada para la atención de los delitos de alto impacto en la entidad.

Durante el acto oficial de arranque de la construcción del nuevo edificio, el fiscal firmó el acuerdo, para su publicación inmediata en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual se crea la nueva fiscalía y anunció que la fiscal antisecuestro Pineda Fernández, estará al frente de la FIDAI.

La FIDAI estará integrada por ocho áreas: Fiscalía Antisecuestro, Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, Unidad Especializada en Investigación de Delito de Trata de Personas, Unidad de Análisis Financiero, Unidad de Extinción de Dominio, Unidad de Cooperación Internacional y la Unidad de Técnicas de Investigación.

Además, la FIDAI tendrá facultades para atraer, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, asuntos relacionados con homicidios robo de vehículo, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros que determine el fiscal.

“Esta parte es muy importante, porque las operaciones con recursos de procedencia ilícita no son investigadas regularmente, nada más nos quedamos en la detención de la célula criminal pero no vamos a investigar las finanzas y no podemos hacerles daños.

“Entonces ellos pueden rápidamente sustituir de inmediato al que acabamos de detener y poner a otro para que siga operando. Minar las finanzas es una de las rutas también del plan de gobierno que tiene el  presidente López Obrador, de atender también la parte financiera para que podamos desarticular de raíz a estos grupo delictivos”, explicó Adriana Pineda Fernández, designada titular de la nueva fiscalía.

La nueva fiscalía será construida sobre el predio que ocupaba la extinta Secretaría de Tránsito y Transporte sobre la avenida Emiliano Zapata de Cuernavaca.

Pero no la ampliación de periodo de magistrados.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará con la discusión de tres asuntos relacionados con el Poder Judicial del Estado de Morelos y las modificaciones al decreto de creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

En el listado de expedientes para resolución de sesión de Pleno de este martes, en primer lugar se encuentra un asunto del estado de Michoacán, seguido por las controversias constitucionales  33/2015 y 81/2018 promovidas por el Poder Judicial de Morelos, así como la acción de inconstitucionalidad 24/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La controversia constitucional 33/2015 fue promovida en agosto de 2015 por el Poder Judicial de Morelos y por magistrados en funciones y en retiro que iniciaron 23 juicios de amparo para reclamar la invalidez de la reforma y adición de los artículos 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES y 26 SEXIES A de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En dicha reforma se estableció que los magistrados que culminaran su periodo de seis años y, en caso de ratificación, 14 años, podrían recibir como haber de retiro un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los Magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura”.

En la controversia constitucional 81/2018 el Poder Judicial reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto número DOS MIL QUINIENTOS OCHELA Y NUEVE, por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, suprimiendo la figura de Magistrado Supernumerario, y condicionando a quienes tenían esa calidad a una nueva ratificación por el Congreso del Estado; se crea el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, y se incorpora al Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial".  

En la acción de inconstitucionalidad  24/2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos reclamó la legalidad del decreto 1804, que reformó el decreto 191 que crea el organismo descentralizado Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

Se espera que hoy o el jueves, el Pleno de la SCJN comience con la discusión con los asuntos que atañen a Morelos. Es importante destacar que el polémico tema de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial, ya fue listado para su resolución pero se encuentra en el lugar 20 de los asuntos para análisis y votación.

Aguarda Poder Judicial reformas legislativas para encaminar la medida.

El Poder Judicial del Estado de Morelos espera que en breve el Congreso local pueda concretar las reformas legislativas para poder realizar notificaciones electrónicas en materia civil y familiar.

A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia informó que la Quincuagésima Cuarta Legislatura tiene las dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos presentadas por el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz.

Indicó que en materia familiar se tiene como objeto incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica; en materia civil, también se aspira a realizar las notificaciones electrónicas, así como establecer sus variables y excepciones.

“Estamos convencidos de que estas propuestas se cristalizarán a favor de los justiciables, resaltando la colaboración de los legisladores con quienes la hemos compartido, por conducto del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

“Con lo anterior queda de manifiesto el compromiso irrestricto del Poder Judicial de Morelos por atender las demandas reiteradas de los abogados, pero sobre todo de los justiciables, por lo que continuaremos implementando las medidas que sean indispensables para garantizar el acceso a la anhelada justicia”, resaltó.

Convocan a una marcha para el próximo viernes en defensa del proyecto educativo.

La construcción de una universidad pública sobre las tierras restituidas a la comunidad de Tepoztlán por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue generando polémica y hasta un grupo de habitantes ha convocado una marcha para el próximo viernes en defensa del proyecto educativo.

Desde finales de mayo se generó un debate entre dos grupos que se disputan la representación del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán: el primero, que encabeza Esteban Ramírez y, el segundo, que dirige Lucio Cuevas Romero, quien alega contar con el reconocimiento oficial como presidente de Bienes Comunales.

A través de redes sociales, ambos grupos han dado sus argumentos sobre el proyecto universitario y el destino que deben tener las 280 hectáreas restituidas.

El primer grupo alegó que la representación del comisariado comunal está en litigio y que el proyecto de la construcción de la universidad no solo se topará con un dictamen negativo de Semarnat, sino que no habría forma de gestionar y obtener los permisos para la edificación al no existir una representación legalmente reconocida.

Aclaró que no se opone al proyecto de la universidad, por el contrario, la propuesta es que el plantel se construya fuera de la superficie restituida que, por sentencia de la SCJN, debe ser destinada a uso agrícola y forestal, porque forma parte del área natural protegida.

También pidió claridad en la restitución de las tierras, ya que solo se hizo una “entrega virtual”, y para tener la certeza de que las 280 hectáreas sean devueltas a la comunidad, el Tribunal Unitario Agrario debe hacer la entrega física de toda la extensión para evitar que parte de la superficie quede en manos de particulares.

Otro de las propuestas de este grupo, es que, una vez que culmine la emergencia sanitaria, se convoque a una asamblea pública de comuneros para que se debata y vote el tema de la representación y el proyecto de la universidad, para dar fin a la discusión.

El segundo grupo publicó en redes sociales un comunicado en el que anexó las credenciales otorgadas a Lucio Cuevas Romero, Francisco Almazán Verazaluce y Efraín Medina Camaño en calidad de presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán por el periodo 2019-2022, con la intención de desvirtuar el argumento del grupo opositor.

“La oposición manifestó que el único impedimento era que no se tenían las credenciales. Se obtuvieron con un poco de anticipación, el trámite en el Registro Agrario Nacional, RAN, es tardado, pero se obtuvieron.

“Tepoztlán merece que se trabaje en pro de Tepoztlán y uno de los proyectos primordiales, es que no se pierda el proyecto de la universidad. Se tiene la seguridad jurídica y bases de la representatividad de esta Comunidad de Tepoztlán”, señaló para intentar zanjar la polémica sobre la representación legal de comisariado.

Los pobladores, también por medio de las redes sociales, han tomado partido sobre el tema. La coincidencia es que deben crearse oportunidades académicas para los jóvenes de la región y simultáneamente proteger los recursos naturales de la comunidad.

El punto que dividió opiniones es dónde debe construirse la universidad Benito Juárez, bajo el auspicio del gobierno federal de la 4T, es decir, dentro o fuera de las 280 hectáreas de la superficie restituida.

Por lo pronto, un grupo de habitantes lanzó la convocatoria para una marcha el próximo viernes 26 de  junio a las 17:0 horas, que partirá del kilómetro 17, donde está la gasolinera del acceso principal,  al centro de Tepoztlán, con la finalidad de apoyar la construcción de la universidad.

Desmienten parálisis jurisdiccional por emergencia sanitaria.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) informó que en el transcurso de la contingencia por el covid-19 desahogó más de 40 audiencias relacionadas con los procesos de adolescentes en conflicto con la ley que están sujetos a la medida preventiva de internamiento.

Luego de que las organizaciones Transparencia Mexicana  y Tojil emitieron un comunicado en el que afirmaron que durante esta contingencia sanitaria 18 poderes judiciales del país, entre ellos el de Morelos, continúan con la suspensión de plazos y sólo permiten la recepción de casos urgentes, el juez especializado en justicia para adolescentes Armando David Prieto Limón expresó que  el TUJA mantuvo su actividad jurisdiccional para la atención de los casos de los jóvenes en internamiento (por ser procesados por delitos graves) a través de videoconferencias y las audiencias presenciales principalmente las de juicio oral, bajo las medidas de protección exigidas por las autoridades sanitarias.

“Por el avance natural que tienen los procesos, en los siguientes días comienzan las audiencias de juicio oral y se tienen que llevar de manera presencial porque tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los imputados y de las víctimas, desde luego, respetando los protocolos sanitarios que han establecido las autoridades de salud del país”, dijo.

Precisó que en el curso de la contingencia sanitaria el TUJA desahogó 43 audiencias, respetándose los términos y plazos legales de los menores que por su presunta participación en la comisión de un delito se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El contacto entre padres divorciados y sus hijos se realiza por internet.

El Tribunal Superior de Justicia inició las convivencias digitales, lo que permitirá mantener contacto con sus progenitores a los menores cuyos padres se encuentran separados o divorciados.

De acuerdo con el TSJ, hace unos días la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos aprobó dos acuerdos generales. El primero, para poder llevar a cabo las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica y, el segundo, para acceder también de forma digital a los beneficios que brinda el Centro Morelense de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias.

En el caso de la convivencia familiar vía digital, esta semana iniciaron las primeras interacciones a través de la plataforma digital WebEx, en la que, previa autorización de ambos padres en los juicios que están en trámite, los menores pueden interactuar con sus progenitores de manera segura y en plena libertad, siempre custodiados por una psicóloga.

Las peticiones para las convivencias deberán realizarse a través de los siguientes correos electrónicos: para la sede Cuernavaca al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y para la Sede Cuautla al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Para poder acceder a la medios alternativos de solución de conflictos, los intervinientes deberán manifestar fehacientemente su voluntad a través del correo institucional Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., proporcionando su nombre y número telefónico, o bien, a través del número telefónico (777) 362 22 70 extensión 422, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.   

El magistrado presidente dice que se redoblarán las medidas sanitarias.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Rubén Jasso Díaz, rechazó que exista un brote de covid-19 en el Poder Judicial y adelantó que reforzarán las medidas sanitarias en las instalaciones judiciales, tras confirmar dos casos positivos de coronavirus.

Luego de la confirmación de la cuarentena en que se encuentran la magistrada Elda Flores León, y un trabajador administrativo del TSJ que dieron positivo a la prueba de covid-19, señaló estos son casos aislados y sostuvo que implementará medidas sanitaria más restrictivas para ingresar a las oficinas judiciales, en virtud de que  través del portal electrónico de citas se ha permitido a los litigantes presentar ante las oficialías de partes demandas mercantiles, familiares y civiles.  

“Nosotros seguimos implementando las medidas de seguridad sobre sanitización, el control de personas con cubrebocas, el uso de gel antibacterial, la prohibición de uso de corbatas en el Poder Judicial y algunas restricciones para gente que no puede entrar, (como) menores de edad y mujeres embarazadas.

“Sin embargo, esto nos obliga, para evitar un brote, porque no existe un brote en el Poder Judicial, que nuestras medidas las vamos a poner más estrictas siguiendo estos lineamientos (sanitarios) y viendo si hay algunas otras situaciones que tenemos que aplicar para garantizar la salud de los trabajadores del Poder Judicial y las otras personas que vienen a revisar sus asuntos”, explicó.   

Las citas son programadas cada 15 minutos para evitar aglomeraciones en los recintos judiciales.

Durante la primera semana de funcionamiento del Portal del Citas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se registraron casi 700 solicitudes de abogados para presentar demandas ante las oficialías de partes.

De acuerdo con el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, el portal opera óptimamente y se han tramitado 643 peticiones para presentar demandas familiares, civiles y mercantiles.

Las citas son programadas cada 15 minutos para evitar aglomeraciones en los recintos judiciales y mantener las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus.

“El tiempo es óptimo, la medida es eficaz, donde cumplimos con los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud para evitar aglomeraciones, y por esta situación de contingencia este Portal de Citas para presentar demandas estará vigente por tiempo indefinido”, abundó.

Explicó que el portal, como parte de la digitalización de los servicios del TSJ, funcionará de manera indefinida hasta que se normalicen las actividades cotidianas y recordó que, por disposición oficial, por el momento no se permite el acceso a las instalaciones judiciales a personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas.

El fiscal general asegura que la mujer presa dio la orden de asesinarlos la noche del 10 de abril en Tilzapotla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención y vinculación a proceso de dos presuntos implicados en el homicidio de tres médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perpetrado la noche del 10 de abril en un expendido de bebidas alcohólicas en la comunidad de Tilzapotla, municipio de Puente de Ixtla.

De acuerdo con el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, el robo de un auto Mercedes Benz se mantiene como el posible móvil del triple asesinato.

Sin embargo, adelantó que se investiga la posible relación de los galenos con la célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que pertenecían sus verdugos.

De acuerdo con la narrativa de la fiscalía, en el mes de mayo (sin precisar fecha) en el municipio de Xochitepec elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) detectaron a una pareja que se encontraba dentro de un vehículo estacionado y con las luces apagadas, sobre la avenida Alta Tensión, a unos metros del penal de Atlacholoaya.

Al realizar la revisión del vehículo, la Policía localizó droga, un arma de fuego y teléfonos celulares, por lo que procedió a la detención de la mujer identificada como Daniela “N” y de un hombre identificado como Oscar Zuriel “N”, quienes en un primer momento fueron imputados y vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo y sujetos a la medida de prisión preventiva, ya que en el momento de su detención presuntamente realizaban  vigilancia y seguimiento a funcionarios de la CES.

Posteriormente, detalló la FGE, derivado de “datos de Inteligencia” se estableció que  Óscar Zuriel “N” alias “El Santa” de 24 años de edad, quien se desempeñaba como chofer de taxi, realizaba labores como “halcón” y era cercano a Francisco Javier “N”, alias “El Frank”, el “XL”, “El Señorón” o “El Colombiano”, presuntamente  líder de la célula delictiva aliada al CJNG que opera en Morelos.

Conforme progresaron las investigaciones, la FGE obtuvo datos que implicaban a la pareja en el homicidio de los médicos Óscar “N”, Gerardo “N” y Luis de Jesús “N”, ocurrido en un expendio de cervezas en la comunicad de Tilzapotla.

Según lo establecido por el fiscal estatal, “se presume que las víctimas habrían tenido contacto previo con personas presuntamente relacionadas con grupos delictivos que operan en distintos puntos del estado y es en el lugar donde se comete el homicidio, donde se habrían quedado de ver con una pareja.

“Al lugar llegó la hoy indiciada Daniela “N” alias “La Reyna del Sur” y/o “La Maestra Aponte” de 22 años de edad, en compañía de un masculino y estuvieron hablando con las víctimas, momento en que llegan varios hombres, entre ellos Óscar Zuriel, a quienes Daniela ordena privar de la vida a los médicos llevándose dichos sujetos consigo un automóvil marca Mercedes Benz modelo 2020 propiedad de uno de los occisos, localizado tres días después en el poblado de Coajomulco, municipio de Huitzilac”.

Carmona Gándara señaló que por el momento se sostiene la hipótesis del robo de auto como móvil del multihomicidio, pero también se investigan otras vertientes sobre la relación de amistad o sentimental que los médicos pudieron haber sostenido con alguno de sus verdugos.  

 “Los tres médicos tuvieron comunicación con estas personas que he mencionado, que son presuntos integrantes de célula delictiva. Hasta este momento no podemos determinar, por lo menos no todavía, que los médicos realizaban alguna actividad ilícita. Lo que tenemos acreditado jurídicamente es que tuvieron comunicación previa al momento en que estuvieron en el lugar del homicidio”, dijo.

 Rechazó revelar más datos sobre la vinculación entre los médicos y sus homicidas para mantener el sigilo de la investigación.

“Vamos a investigar y vamos a determinar si existía alguna relación o algún vínculo con esta célula delictiva por parte de los doctores, pero hasta este momento no lo podemos decir de manera objetiva.

“Debo ser muy claro y cuidadoso, de que no se trata de criminalizar a los doctores, en lo absoluto, simplemente lo que tenemos en información jurídicamente ya establecida son estos datos”, destacó, al señalar que hay más implicados en el crimen, a quienes se le sigue la pista y los detenidos permanecen en prisión preventiva, para enfrentar su juicio por el delito de homicidio.

Al menos una magistrada y un trabajador tienen la enfermedad.

La magistrada Elda Flores León, y un trabajador administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) permanecen en cuarentena, tras dar positivo a la prueba de covid-19.

De acuerdo con fuentes oficiales del Poder Judicial, la magistrada presentó síntomas hace unos días, por lo que se sometió a las pruebas clínicas que confirmaron el contagio y se aplicó el protocolo sanitario a su entorno cercano.

A través de un comunicado, el TSJ confirmó los dos primeros casos de coronavirus detectados en la institución. El primero, “se trata de una persona adscrita al área administrativa, la cual no asiste a su fuente de trabajo de forma habitual, sin embargo, se han realizado las pruebas a las personas con quienes tuvo contacto en su oficina, resultando todos negativos”.

El segundo -en referencia a la magistrada Flores León- “se trata de personal de Segunda Instancia quien no tiene actualmente funciones jurisdiccionales, sin embargo, también se ha realizado el protocolo preventivo correspondiente para descartar cualquier brote del covid-19”.

Conforme a fuentes consultadas, el protocolo también fue aplicado al esposo de la magistrada, Rodolfo Barrios Morales, quien fue recientemente nombrado director de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Aunque ambos casos han sido tratados con reservas, existe preocupación entre varios magistrados. Algunos especulan que podrían existir un posible contagio entre los diez magistrados que acudieron a la última sesión de Pleno presencial, realizada el pasado 29 de mayo, en la que estuvo presente la magistrada Elda Flores. Otros descartan este escenario, ya que la magistrada presentó los síntomas hace unos días.

En su comunicado, el TSJ insistió en que desde hace varias semanas ha cumplido con el protocolo de sanitización y limpieza a detalle en todas las áreas comunes y de trabajo donde se labora habitualmente, las cuales continuarán reforzándose de manera regular.

El TSJ mantiene suspendidas las actividades hasta el 30 de junio y sólo mantiene en operación su áreas esenciales para resolver asuntos jurisdiccionales urgentes.

Pugnan por evitar la paralización de los procesos ministeriales y judiciales.

El Movimiento de Litigantes por Morelos urgió a la digitalización de la procuración y administración de justicia, para evitar la paralización de los procesos ministeriales y judiciales.

La abogada y vocera del movimiento,  Norma Delgado Díaz, pidió audiencia inmediata a los titulares de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia,  para plantear diversas inquietudes respecto al impacto que produjo a los justiciables la suspensión de actividades y de áreas no esenciales en todas las oficinas gubernamentales derivado de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Lamentó que “los viejos paradigmas operacionales” mantengan paralizada la procuración y administración de justicia, y por ello es urgente la digitalización de la fiscalía estatal y el Poder Judicial.

“Hacemos un llamado a las autoridades que representan el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y al Poder Legislativo, por que la administración y procuración de justicia se encuentran pausadas a causa de la pandemia covid-019 (sic), pero también viejos paradigmas operacionales.

“Necesitamos que esto se modifique, porque se está afectando gravemente a la sociedad en general y por supuesto a nuestro gremio. La justicia, es un derecho y debe ser garantizado, no puede detenerse en ninguna de las condiciones, aún con pandemia”, señaló.

Urgió a concretar una reunión con los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como con la Fiscalía General del Estado, porque “queremos que se implementen a la brevedad el uso de las tecnologías web, para tramitar todo tipo de juicios y recursos, el uso de la firma electrónica, así como digitalizar los acuerdos para que sean descargables desde cualquier equipo”.

Además, dijo, “requerimos también que la Fiscalía General del Estado, aplique también las tecnologías web, como lo prevé el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la integración de carpetas, las denuncias y la investigación”.

Consideró que el Congreso local debe hacer las modificaciones legislativas correspondientes, para que los procesos en materia civil, mercantil y familiar puedan operar con base en las tecnologías de la información y dotar a las instituciones de los recursos necesarios para operar los sistemas digitales de manera eficiente.  

Verificará que instituciones públicas transparenten su información.

A partir del 15 de junio, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) revisará aleatoriamente  si las instituciones públicas locales cumplieron o no con la divulgación de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, son 179 dependencias estatales y municipales, así como organismos descentralizados  sindicatos y partidos políticos los entes obligados a poner a disposición de la sociedad su información pública, como nómina, contratos de servicios y adquisiciones, manejo y aplicación de presupuesto, entre otros rubros que involucran a la administración  pública.

De acuerdo con el IMIPE, en la primera etapa del proceso de revisión se identificarán inconsistencias o falta de información y posteriormente por escrito se hará la notificación al sujeto obligado de las inconsistencias detectadas, para que las subsane en un plazo de diez días hábiles.   

Luego se hará una segunda revisión y, de persistir el incumplimiento por parte del sujeto obligado, se notificará a las unidades administrativas encargadas de generar, publicar y resguardar la información, para que en un plazo no mayor de cinco días se dé cumplimento a las observaciones o se emitirán las medidas de apremio.

El coordinador de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia del IMIPE, Ulises Patricio Abarca, exhortó a los titulares de las unidades de transparencia y de las unidades administrativas responsables de publicar la información, para que mantengan actualizados los datos conforme a las obligaciones de transparencia  que les impone la ley.  De lo contrario, se aplicarán multas que van desde 150 hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (Uma).  

La convocatoria es parte de la primera fase de la implementación de la reforma laboral.

El Consejo de la Judicatura Federal lanzó la primera convocatoria para la designación de jueces de distrito especializados en materia laboral, como parte de la primera fase de la implementación de la reforma laboral.

La convocatoria contempla la designación de 51 juzgadores especializados en diversos estados del país y se prevé una integración paritaria de juezas y jueces, es decir, se designarán 26 plazas exclusivas para las mejores calificaciones obtenidas por mujeres.

Debido a que prevalece la emergencia sanitaria en el país por el covid-19, el CJF privilegiará el uso de las herramientas tecnológicas sobre las actividades presenciales a lo largo de las distintas etapas del concurso.

“La reforma laboral y esta primera integración es de la mayor relevancia, pues los juicios ordinarios en materia laboral se llevarán dentro del Poder Judicial de la Federación: bajo criterios de excelencia, rigor técnico y con los más altos estándares de profesionalismo por parte de sus servidores públicos#, resaltó el CJF, quien puso a disposición de los aspirantes a juez especializado en la materia la convocatoria para su consulta en la liga https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594574&fecha=05/06/2020Con la reforma laboral federal, vigente desde mayo de 2019, se estableció la extinción de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial de los estados, que deberán crear salas especializadas en la materia y tendrán un plazo de tres años para cumplir con este fin.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entraron en vigor las modificaciones a la legislación secundaria en materia electoral. Sin embargo, el Congreso del Estado -que forzó la vigencia de las reformas- podría enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación por errores de técnica legislativa y por la vinculación que las leyes secundarias electorales tienen con la reforma constitucional rechazada por el Constituyente.

La noche del lunes 8 de junio fue publicado en órgano oficial de difusión del gobierno del rstado el decreto por el que se reformaron diversos artículos, se adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.

Pero la aplicación de estas reformas está condicionada a que el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) inicie oficialmente el proceso electoral el 8 de septiembre.

Y es que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, toda reforma en materia electoral debe realizarse y promulgarse máximo 90 días antes del arranque oficial del proceso comicial.

La legislación electoral establece que el proceso deberá iniciar durante la primera semana de septiembre, que comprende del 1 al 8, pero para cumplir con la regla de los 90 días para la vigencia de las reformas, el Impepac deberá sesionar hasta el 8 y no antes, so pena de quedar anulada dichas reformas.

Pero las complicaciones técnico jurídicas podrían ser más complejas debido a la vinculación que las reformas promulgadas tienen con las modificaciones constitucionales rechazadas por la mayoría del Constituyente (los ayuntamientos).

Consultado sobre el tema, el ex magistrado del Tribunal Estatal Electoral y especialista en derecho constitucional, Hertino Avilés Albavera, señaló que técnicamente lo que entrará en vigor son las reformas y modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, en armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en temas relacionados con paridad de género, violencia política, lenguaje incluyente, entre otros apartados.

Pero el Congreso de Morelos podría sortear impugnaciones por la decisión de emitir en un sólo dictamen las reformas al texto constitucional y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, para ampliar el número de distrito electorales y el porcentaje mínimo de votación (del tres al cuatro por ciento)  para el acceso de los partidos a diputados plurinominales y algunos temas vinculados a asuntos indígenas.

“El Congreso va a sortear un aspecto muy complejo, porque el dictamen que aprobó en su oportunidad, se hizo en un solo dictamen para todos los ordenamientos, y entonces los municipios votaron ese dictamen y dejaron fuera el texto constitucional, pero hay apartados de la Constitución que, en el caso concreto, se reflejaban en reformas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, el tema del tres al cuatro por ciento”, explicó.

Consideró que al no haber hecho dictámenes diferentes por cada ordenamiento normativo, “va a provocar discusiones jurídicas, porque hubo una sola unidad cuando se votó el asunto y esas discusiones jurídicas pueden ser desde acciones de inconstitucionalidad, presentados ante la SCJN por parte de partidos políticos o dirigentes.

“También podrían presentarlos diputados o diputadas, porque solo fueron aprobados por 13 diputados y los otros restantes (siete) constituyen más de 33.3 por ciento, o sea, pueden ir ante  la Corte. O también podrían ir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en procedimiento de revisión constitucional”, señaló Avilés Albavera, catedrático de la UAEM y ex secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Agregó que quizá con la promulgación de las reformas a las leyes secundarias, que requería únicamente la aprobación del Congreso, el Poder Legislativo trató de evitar la vinculación con la reforma constitucional rechazada por la mayoría del Constituyente, y ese será el punto medular de la discusión jurídica y objeto de probables impugnaciones, ya sea por parte de los legisladores que se manifestaron en contra o de las dirigencias de los partidos políticos.

La defensa revela que la viuda fue acusada por el testimonio de una mujer que viajaba con los asesinos y fue dejada en libertad.

La defensa legal de Bethzabee “N”, acusada del asesinato de su esposo, el ex titular de la Unidad de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, y cuatro personas más, desveló que la teoría de “crimen pasional” de la Fiscalía General del Estado está basada en el testimonio de una mujer identificada como Yazmín, que habría sido cómplice del multihomicidio y que, después de declarar ante el agente del Ministerio Público, fue dejada en libertad y hoy ya no está localizable. 

Efraín Vázquez Durán, abogado de la esposa de la víctima y a quien la FGE le atribuyó la coautoría del homicidio de su esposo, sus tres cuñados y su suegra, dijo que las actuaciones realizadas por la fiscalía están plagadas de inconsistencias, como el mismo hecho de que no se haya ejercitado acción penal en contra de Yazmín, supuesta testigo principal del caso y que en su declaración ministerial aceptó que viajaba en el auto con los cuatro hombres que perpetraron el asesinato en una residencia del fraccionamiento Las Brisas, en el municipio de Temixco.

“En este caso, la agente del Ministerio Público aduce específicamente que obtiene la declaración por escrito de una supuesta testigo. No es una testigo, ella misma refiere que en todo momento esta persona está acompañada de un defensor público, lo cual le da la calidad de co-imputada, probablemente, todavía no ha sido imputada, es una co-indiciada, y lo que hace el agente del Ministerio Público es presentar esta información”.

Señaló que, previo a la audiencia de vinculación a proceso de Bethzabee “N” que se realizó la semana, la defensa pidió a la juez, Alma Patricia Ruiz Salas, la presentación de Yazmín, cuya persona es un misterio al no haber en constancias datos de identificación y filiación, pero la testigo no se presentó a la audiencia y el agente del Ministerio Público pretextó que la mujer no había sido ubicada porque vive en el Estado de México.  

El abogado estableció que existen muchas inconsistencias en la actuación de la fiscalía y la declaración de la supuesta testigo o co-indiciada, las cuales, de corroborarse, cambiarían “la situación jurídica definitiva de mi representada, mi clienta, pues obviamente puede ser distinta a la que se encuentra el día de hoy, puede generar una sentencia absolutoria, podría existir el caso”.

Dijo que la supuesta testigo “jamás conoció a mi representada, jamás la vio, jamás tuvo conocimiento de ella, jamás la escuchó nunca; entonces, le dan credibilidad a un testimonio de una persona, en primera, de la cual nunca se obtuvo su identidad, nunca se identificó a esta persona, nunca se estableció su media filiación, no contamos con la disposición de esta persona en la audiencia a vinculación a proceso, es una co-imputada que fue presentada de manera coactiva por policías”.

Insistió en que no hay certeza del testimonio de una persona que no fue presentada ante la juez, que fue dejada libre por la fiscalía a pesar de estar co-indiciada al haber declarado ella misma que viajó y huyó con los asesinos en el auto azul que luego fue abandonado, y hoy aparentemente la mujer ahora ya no está localizable.

 “Todo se basa en la declaración de una co-imputada, de una persona que debió ser detenida, que debería ser puesta a disposición de una autoridad judicial, que le debieron de dictar una orden de aprehensión y hasta la fecha se desconoce su paradero.

“Entonces, ¿cómo tener certeza de toda una situación con el simple dicho de una persona, una persona que ni siquiera presentó la fiscalía, cuando ellos tenían la obligación, por así decretarlo la juez, de darle esa responsabilidad y presentarla a la audiencia bajo apercibimiento de, y su excusa (de la fiscalía) fue ‘no la encontramos porque vive en el Estado de México’?

“Sin embargo, misteriosamente, días antes cuando obtienen su declaración, no necesitaron de ayuda de los funcionarios del Estado de México sino que de manera directa logran su ubicación sin que tuvieran el origen del número telefónico con el cual supuestamente identificaron a esta persona”, resaltó.

Agregó que por el momento su representada se reservó su derecho a declarar y la defensa recabará todas las pruebas de las violaciones al debido proceso y derechos humanos en agravio de Bethzabee, así como una serie de inconsistencias en las indagatorias para hacerlas valer en el momento procesal oportuno.

El pasado 21 de mayo, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ex funcionario de alto rango durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue asesinado junto con sus tres hermanos y su madre en una residencia del Fraccionamiento Las Brisas, en Temixco.

Los asesinos huyeron en un vehículo azul metálico, que luego abandonaron en la carreta federal Cuernavaca-Acapulco. La versión oficial dela FGE, es que se trató de un crimen pasional, planeado y ejecutado presuntamente por Bethzabee “N”, esposa de Gamboa Lozano, y su supuesto amante, Carlos José “N”, ex escolta del ex funcionario y elemento activo de la Secretaría de Marina, junto con Juan Manuel “N”, Aldo Francisco “N y otro hombre identificado con el alias de “El Viejón”. Hasta ahora solo Bethzabee y Juan Manuel han sido detenidos y vinculados a proceso.

Sin embargo, la FGE ocultó la existencia de la testigo identificada como Yazmín y que, de acuerdo con la defensa de la esposa de la víctima, viajaba en el auto con los homicidas antes y después del perpetrado el crimen.

En el auto, que fue abandonado después del multihomicidio, se habría localizado un teléfono celular, con el que supuestamente dieron con la ubicación de Yazmín, a quien ahora la fiscalía dio por no localizable.

El sistema registró ayer más de 200 solicitudes de abogados.

En su primer día de operación, el nuevo Portal de Cita del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) registró más de 200 solicitudes de abogados para poder agendar una cita para presentar sus demandas en materia civil, mercantil y familiar.

Así lo dio a conocer el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, quien indicó que este es uno de los primeros proyectos digitales que se implementarán para agilizar la impartición de justicia y ya se toman las medidas necesarias para que los litigantes, a partir del 15 de junio puedan ingresar a los recintos judiciales a presentar sus demandas, previo cruce de un filtro sanitario.

“Por parte del tribunal ya estamos sanitizando diversas áreas, ya estamos trabajando en ese aspecto, para las personas que van a ingresar deberán de seguir con el protocolo (sanitario). “Las citas son cada 15 minutos, por lo cual hay un orden, deberán de llevar su papelata impresa o electrónica y sugerimos que sea electrónica para evitar el manejo de papel, y la llevarán a la oficialía de partes en cada distrito judicial”, señaló.

Jasso Díaz agregó en entrevista que tan sólo en el primer día de operación del portal se recibieron 104 demandas civiles y 104 en materia familiar.    

Permitirá a los litigantes ingresar demandas civiles, familiares y mercantiles y reactivar paulatinamente la actividad de sus despachos.

A partir de hoy entrará en operación el Portal de Citas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que permitirá a los litigantes ingresar demandas civiles, familiares y mercantiles y reactivar paulatinamente la actividad de sus despachos.

Al igual que muchos profesionistas y empresarios, el gremio de los abogados fue uno de los más golpeados económicamente por la pandemia del covid-19, ya que el cierre temporal de los tribunales impidió continuar con sus casos y, por lo tanto, obtener ingresos por sus servicios jurídicos.

A petición de este gremio, el TSJ creó el Portal de Citas que operará a través del sitio web oficial del Poder Judicial del Estado de Morelos http://tsjmorelos2.gob.mx,  y permitirá, previo registro de cada abogado, obtener un ticket electrónico para agendar citas a partir del 15 de junio.

Los abogados podrán acudir en la fecha de turno a las Oficialías de Partes Comunes o Secretarios de Acuerdos de los diferentes distritos judiciales para presentar sus demandas en materia civil, familiar o mercantil, como un trámite meramente administrativo, para que al momento en que se levante la suspensión de labores, algo previsto para el 1 de julio, sean admitidas.

Para apoyar a los litigantes, el TSJ creó un tutorial (instructivo) que estará a disposición a través de la web oficial y las redes sociales oficiales del TSJ Morelos, para que puedan registrarse en el Portal de Citas, donde el usuario deberá ingresar sus datos personales para crear una cuenta de registro, su CURP, RFC, Cédula Profesional y correo electrónico. Esta cuenta será única y podrá ser utilizada para el ingreso de otras demandas.

El sistema sólo permitirá el registro máximo de tres demandas por cada ingreso de citas, con la finalidad de que todos los abogados puedan reactivar paulatinamente sus labores.

Se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entraron en vigor las adiciones al Código Penal del Estado de Morelos que endurecen las sanciones contra quienes cometan delitos en agravio de personal de salud e instalaciones médicas durante una contingencia sanitaria.

Con la modificación a la legislación penal estatal se incrementaron hasta en 50 por ciento las sanciones a los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y discriminación cometidos en contra de profesionales, técnicos y auxiliares del sector salud, así como daño a hospitales, clínicas, consultorios o cualquier inmueble destinado a la atención médica, cuando se presenten en situaciones de pandemia.

La medida legislativa tuvo su motivación en varias agresiones ocurridas en contra de personal sanitario y en el incidente del pasado 31 de marzo en el municipio de Axochiapan, en la zona oriente de Morelos, cuando alrededor de 150 pobladores amenazaron al personal médico del Hospital General “Dr. Ángel Ventura Neri” de Axochiapan, con quemar el nosocomio para impedir el acceso a pacientes diagnosticados con covid-19.

De acuerdo con el texto legislativo, las adiciones a los párrafos décimo segundo y décimo tercero al artículo 58 segundo, y párrafo al artículo 194 del Código Penal, coadyuvarán la protección del personal sanitario y disuadir cualquier pretensión de agresión durante la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, se castigará hasta con 60 años de prisión y multa de un millón 303 mil 200 pesos a quien prive de la vida a un profesional, técnico, auxiliar o trabajador del sector salud, durante una contingencia sanitaria.

Se impondrá una pena desde 7.5 años y hasta 15 años de prisión y de 750 a 7,500 días de multa (de 65 mil 160 pesos hasta 651 mil 600 pesos) a quien provoque lesiones a personal de la salud.

Se sancionará de 1.5 hasta 4.5 años de prisión y de seis mil 500 hasta 26 mil pesos a quien discrimine por razón de su trabajo o profesión, provoque o incite a la violencia, o excluya a los profesionales, técnicos, auxiliares o trabajadores del sector salud.

También se podrá imponer de nueve meses y hasta 4.5 años de prisión a quien amenace o intimide a los profesionales de la salud con causarles daño en su persona o en sus bienes, o trate de impedir por esos mismos medios que el personal realice lo que tiene derecho a hacer.

Las sanciones se incrementarán, de acuerdo con lo previsto para el robo calificado, hasta en dos terceras partes. Es decir, cuando se cometa este delito en agravio de personal sanitario se impondrá desde cinco hasta 23 años de prisión y multa desde 50 hasta mil días de multa.

Cuando el daño se provoque a un hospital, clínica, centro de salud, consultorio médico o cualquier otro bien inmueble o unidad móvil destinada a la atención de la salud, las penas serán de 24 a 34 años de prisión y de 999 a mil 500 días multa (86 mil 793 pesos a 130 mil 320 pesos).

Magistrada del TEPJF insta a las cámaras de diputados locales a realizar las armonizaciones legislativas correspondientes para contrarrestar ese fenómeno

El programa pretende proporcionar apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema

Presuntos delincuentes se hacen pasar por funcionarios municipales y requieren dinero.

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia advirtió sobre los intentos de extorsión que han sufrido algunos comercios en operación, tras recibir llamadas telefónicas de un hombre que se hace pasar como funcionario municipal.

De acuerdo con el consejo, varios comerciantes, que operan bajo las restricciones impuestas por las autoridades,  han recibido llamadas del número telefónico 1 777 536 9145 y un hombre que se identifica como Jacinto Jiménez, que dice ser trabajador del ayuntamiento de Cuernavaca,  les pide diversas cantidades de dinero y los amenaza con iniciar procedimientos administrativos para la clausura.

El caso fue reportado por los comerciantes al Consejo Ciudadano de Seguridad, que estableció que efectivamente se trató de un intento de extorsión y por ello lanzó un llamado para evitar que otras personas sean víctimas de este modus operandi.

Detalló que el número telefónico 7775394963 cuenta con reporte de extorsión registrado en el 089, por lo que recomendó hacer caso omiso a las llamadas procedentes de ese número y realizar el reporte al 7774538343.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que modificó los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo ordinario correspondiente al primer semestre de 2020.

Al acumular y resolver los recursos de apelación promovidos por los partidos Social Demócrata de Morelos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano contra el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, que autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificar la naturaleza fiscal en la manera en que los concesionarios de radio y televisión deben pagar el impuesto, la Sala Superior consideró infundados los agravios.

Los partidos alegaron que  la disminución del tiempo en radio y televisión a que tienen derecho vulneraba el modelo constitucional de comunicación política e invadía las competencias del INE y su autonomía, así como afectaba el derecho a la información y a la libertad de expresión.
En su sentencia, la Sala Superior detalló que los partidos políticos pretendían que se analizará la constitucionalidad del despliegue de las facultades tributarias que le confiere el Código Fiscal de la Federación al Presidente de la República, la cual tiene como base de análisis una temática circunscrita en el ámbito administrativo-fiscal y no en el electoral.
Por tanto, la Sala Superior determinó que se encuentra constitucional y legalmente impedida para realizar un pronunciamiento en relación con tal inconformidad, con lo cual se confirmó el acuerdo impugnado.

La plataforma funcionará mientras se reanudan las actividades jurisdiccionales y administrativas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) implementará un portal de citas para que los abogados puedan presentar sus demandas y promociones, en tanto se reanudan por completo las actividades jurisdiccionales y administrativas.

Tras reunirse con abogados de la zona oriente y escuchar las inquietudes de los litigantes sobre la ampliación de la cuarentena por la contingencia sanitaria y la necesidad de que a la brevedad la administración de justicia reinicié operaciones, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, adelantó que se planean las medidas para regresar a la llamada “nueva normalidad”.

Detalló que el equipo de sistemas del TSJ trabaja en las pruebas finales para la implementación del “Portal de Citas” para que los litigantes puedan ingresar sus demandas, y en los próximos días estará listo el tutorial para su consulta, a fin de que los usuarios puedan hacer uso adecuado de esta herramienta tecnológica.

“Estamos trabajando en muchas cuestiones electrónicas para que apoyemos a los abogados en este momento, para que puedan presentar sus demandas. Es el primer paso, para posteriormente ver cómo podemos agilizar los procedimientos una vez que se haya levantado la pandemia o hemos iniciado parcialmente las actividades”, dijo.

Adelantó que en los próximos días se reunirá con abogados de la región sur de la entidad y posteriormente con abogados de Cuernavaca y zona metropolitana.

Hay un detenido más por el homicidio de Alfonso Isaac Gamboa Lozano.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de dos personas como presuntos responsables del homicidio del ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien fue acribillado junto con parte de su familia el pasado 21 de mayo en una residencia del fraccionamiento Las Brisas, en el municipio de Temixco.

De acuerdo con información emitida por la FGE, la principal sospechosa de multihomicidio es Bethzabee “N”, esposa del ex funcionario federal, quien fue detenida, al igual que un hombre identificado como Jesús Manuel “N”, presunto ex escolta de la familia.

Detalló que las fiscalías especializadas en feminicidio y antisecuestro, en colaboración de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizaron varias pesquisas para establecer la presunción de la autoría intelectual y material del quíntuple homicidio.

“Resultado de lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Morelos logró la aprehensión de Bethzabee “N”, esposa del ex funcionario federal, como probable autora del delito, al igual que Jesús Manuel “N”, como copartícipe de estos hechos violentos en el Municipio de Temixco.

“Al momento, se desarrollan las diligencias, audiencias y actuaciones periciales que impiden a las autoridades ampliar y proporcionar detalles sobre el caso, toda vez que están obligados a respetar el debido proceso y con ello, garantizar a las víctimas el acceso a la procuración e impartición de justicia”, informó la institución, que hasta el momento no ha informado cuál habría sido el móvil del asesinato de Gamboa Lozano, dos de sus hermanos, una hermana y su madre.

Alfonso Isaac Gamboa Lozano, de 39 años de edad, fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieta (2012-2018) y se le implicó en un presunto desvío de recursos públicos a campañas proselitistas del PRI en 2018 en el estado de Chihuahua, por lo que se especuló que el crimen tendría un móvil político.

El pasado 21 de mayo el ex funcionario, junto con su familia, pasaba el confinamiento por la pandemia del covid-19 en una residencia del fraccionamiento Las Brisas, en el municipio de Temixco.

Alrededor de las 15:00 horas, hombres armados ingresaron al domicilio, donde fue acribillado junto con su madre y sus hermanos Ricardo, Miriam y Edgar. Los homicidas huyeron en un auto Clío color azul metálico, que después fue localizado abandonado en el kilómetro 84 de la carretera federal Cuernavaca- Acapulco.

Hasta ahora, la FGE mantiene en sigilo los detalles de la investigación del crimen y el por qué la esposa de la víctima es la principal sospechosa. La situación jurídica de ambos detenidos se definirá en las próximas horas.

La misma fiscalía informó que existen otras personas implicadas en la autoría material del crimen, ya que se estima que al menos cuatro personas dispararon contra las víctimas.

Delincuentes operan en tiendas departamentales y de conveniencia.

A través de redes sociales, usuarios alertaron sobre un grupo de delincuentes que en las últimas semanas asalta en las tiendas departamentales y de conveniencia, y como modus operandi simulan que las víctimas tienen manchas de excremento.

De acuerdo con los testimonios, este tipo de actividad criminal se ha incrementado en Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, donde la mayor parte de las víctimas son personas adultas y de la tercera edad.

“Por favor compartan me acaba de suceder con mi esposo. Estábamos en Autozone de avenida Emiliano Zapata y un tipo alto Moreno, medio robusto de perfil costeño vestido de pantalón negro de vestir y camisa blanca, se acercó a mí esposo (quien se encontraba poniendo el aceite en el coche).

“Yo adentro del carro me saqué de onda y le dijo (el hombre) a mi esposo si no se le ofrecía algo y al decirle eso le hecho un líquido que parecería ser excremento, que en realidad es mostaza pintada de café y le señalaba con insistencia que se fueran al baño y él le ayudaría limpiarse, pero en realidad quería llevarlo al baño para asaltarlo”, narró una usuaria identificada como María Lucero, quien señaló que el sospechoso viajaba a bordo de un auto Mazda color gris titanio con placas NBE 3495.

Usuarios de la red social han denunciado públicamente varios casos similares en plazas donde hay tiendas departamentales y de conveniencia con el mismo modus operandi. De acuerdo con las denuncias, a las víctimas las conducen hacia el área de baños donde son amagadas y despojadas de carteras y objetos de valor. En el caso de las mujeres, mientras se distraen en buscar u observar las manchas de su ropa, le son arrebatadas sus bolsas o monederos.

De acuerdo con algunas víctimas, ante la falta de apoyo del personal de los establecimientos mercantiles y la escasa presencia policiaca, optan por no levantar la denuncia porque ni siquiera cuentan con los medios económicos para acudir a una agencia del Ministerio Público a levantar el acta de los hechos.  

Por el momento se mantiene la suspensión de actividades de los verificentros.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá definir en los próximo días las medidas que tomará respecto a la verificación vehicular del primer semestre de 2020, que se vio interrumpida por la contingencia sanitaria por el covid-19 y ante las propuestas de otras entidades la verificación única ante la situación excepcional.

El pasado viernes fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el acuerdo por el que la SDS confirmó la ampliación del plazo, contado a partir del 1 de junio, para verificar los vehículos con terminación de placa 5 y 6, engomado amarillo, 7 y 8, engomado rosa, 3 y 4, engomado rojo, 1 y 2, engomado verde, y 9 y 0, engomado azul.

Sin embargo, la dependencia advirtió que por el momento se mantiene la suspensión de actividades de los verificentros y no hay fecha para su reapertura, ya que la entidad atraviesa por un periodo crítico de la pandemia, y dejó abierta la posibilidad de cambiar las fechas de ampliación de las prórrogas o, en su caso, tomar otra decisión.

“En ese sentido, llegado el caso de que durante el plazo de ampliación autorizado para realizar la verificación vehicular correspondiente al primer semestre del año, en términos de los artículos primero a quinto del presente Acuerdo, no fuere posible hacerlo porque conforme a la determinación de la autoridad sanitaria correspondiente no se hubiere llevado a cabo la apertura de los Centros de Verificación Vehicular según el municipio o región de que se trate; esta Secretaría de Desarrollo Sustentable tomará en cada caso las medidas administrativas relacionadas con los periodos que resulten necesarias al efecto, las que comunicará en su página de internet oficial y en los medios electrónicos y de comunicación a su alcance, así como en las oficinas donde se presta el servicio de verificación vehicular”, precisó.

En el Estado de México y la Ciudad de México las autoridades analizan la propuesta de la verificación única como medida excepcional para el 2020 y a partir del 2021 regularizar los dos periodos de verificación anual. En Morelos todavía se analiza la situación y, con base en lo dicho por la Secretaría de Salud estatal, todavía no es tiempo de regresar a la “nueva normalidad”.

El beneficio es para los que fueron multados por la SMYT.

La Secretaría de Hacienda estatal emitió un acuerdo que autoriza la condonación parcial de aprovechamientos por multas impuestas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), respecto de vehículos que se encuentren en resguardo de algún depósito vehicular.

La medida se aplicará a quienes hayan sido infraccionados por la SMyT, siempre y cuando la sanción impuesta sea igual o mayor al equivalente de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (17 mil 376 pesos), y que el vehículo se encuentre en resguardo de algún depósito vehicular.

La condonación será exclusivamente por los aprovechamientos generados por multas impuestas por SMyT, y no incluye el costo derivado del arrastre de vehículos, maniobras, inventario, ni pensión diaria en el depósito vehicular de que se trate.

La Secretaría de Movilidad fijará el importe de la multa y aplicará el descuento, que va desde el 60 por ciento hasta un máximo del 95 por ciento, conforme a la gravedad de la falta cometida y las condiciones socioeconómicas del sujeto infractor. Los infractores reincidentes quedarán excluidos de los beneficios y el acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio.

Los beneficiarios deberán presentar su solicitud de descuento ante la SMyT y, una vez aprobada, tendrán 15 días hábiles para realizar el pago de la multa respectiva ante las cajas recaudadoras de la Secretaría de Hacienda del Estado, y liquidar los gastos pendientes generados por arrastre, maniobras, inventario y pensión diaria en depósitos vehiculares, para proceder posteriormente a la liberación de su vehículo.

Atenderá en primera instancia las controversias derivadas de la aplicación e interpretación de la legislación estatal, plantea.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles impulsó la propuesta para crear un tribunal constitucional local que atienda y dirima en primera instancia las controversias derivadas de la aplicación e interpretación de la legislación estatal.

Recordó que en otras entidades ya existen estos tribunales, que son los responsables de conocer de los mecanismos de control constitucional -como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, omisiones legislativas, el cumplimiento de sentencias por parte de la autoridad, juicios sobre restitución y protección de derechos humanos- asumiendo funciones de primera instancia previo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que las entidades que integran a la Federación en el sistema jurídico tienen derecho a controlar la regularidad constitucional dentro de sus ordenamientos locales, además de que un tribunal constitucional ayudaría a reducir la carga de trabajo de la SCJN, “pues hoy en día al menos en lo que concierne a nuestro estado de Morelos están pendientes de resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad que datan de más de cuatros años y seguramente por la contingencia mundial del covid-19, los tiempos de espera seguirán aumentándose”.

Indicó que un tribunal constitucional local permitiría extraer del ámbito competencial de la SCJN la facultad de fungir como árbitro en los conflictos suscitados entre los poderes estatales y resaltó que el máximo tribunal del país avaló  las legislaciones que prevén la instauración de tribunales o salas de control constitucional en los estados.

“Así qué hago un llamado a las asociaciones y colegios de todas las ramas, especialmente a la de los abogados, para que se sumen a esta iniciativa, juntos con los poderes del estado y los ayuntamientos impulsemos una cultura que garantice un estado constitucional de derecho…”

El pasado mes de enero, el Colegio de Abogados Constitucionalistas del Estado de Morelos propuso la creación de un Tribunal Constitucional como órgano autónomo e independiente, que permita interpretar el marco constitucional local en temas polémicos y maximar los derechos fundamentales.

En el último lustro, esta propuesta ha tenido un debate intermitente pero endeble, sin embargo, ante la crisis político jurídica por la que atraviesa el TSJ tras la polémica elección del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, representantes del gremio jurídico consideran urgente la creación de un tribunal constitucional local que pudiera dirimir en el futuro, por ejemplo, el tema de la designación del titular del TSJ.

El Congreso local pide dejar sin efecto la publicación y vigencia de adición realizada al Código Penal del Estado.

El Congreso local pidió dejar sin efecto la publicación y vigencia de la adición realizada al Código Penal del Estado de Morelos por la que se tipificaba como delito la venta de bebidas alcohólicas sin permiso de la autoridad municipal, ya que por un supuesto “error humano” el decreto fue enviado a la Secretaría de Gobierno para su publicación en el órgano oficial de difusión gubernamental.

Este lunes, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la nota aclaratoria enviada por los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso a la Secretaría de Gobierno, en la que se asumió el error y el descuido en que incurrió la Secretaría de Servicios Legislativos que, entre sus funciones, tiene la responsabilidad remitir las reformas constitucionales y las leyes estatales o  las nuevas normas al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.

“Por medio del presente, nos dirigimos a Usted para hacerle del conocimiento que derivado del oficio SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/935/20, signado por el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, en el que hace constar que la expedición del DECRETO SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, es consecuencia de un error humano involuntario, por falta de atención y cuidado del personal con que cuenta esa Secretaría, al no colmarse las formalidades del proceso legislativo”, explicó la nota aclaratoria.  

En consecuencia, los diputados solicitaron al secretario de Gobierno y responsable del órgano oficial de difusión, Pablo Ojeda Cárdenas, dejar sin efectos el decreto 662, por el cual fue adicionado el artículo 211 sextus del Código Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de tipificar como delito la venta o distribución de bebidas alcohólicas sin permiso o licencia expedida por la autoridad.

“Lo anterior, derivado a que dicho Decreto fue remitido para su publicación sin cumplirse las formalidades del proceso legislativo previstas en los artículos 72 y 73 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. En consecuencia, solicito de Usted, tenga a bien ordenar la publicación de la presente nota aclaratoria en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos legales conducentes”, estableció el documento.

La revocación de la promulgación de la adición al Código Penal toma relevancia no solo por el “error humano”  sino por el contexto de proliferación exponencial de comercios clandestinos de venta de bebidas alcohólicas en la entidad y la muerte hace 15 días de 21 personas en los municipios de Axochiapan, Jonacatepec y Tepalcingo, tras consumir un refino adulterado con metanol, que se vendía a granel y sin permiso de la autoridad municipal.

La medida, hasta que el Poder Judicial federal legitime su nombramiento.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, llamó a Rubén Jasso Díaz a frenar cualquier nombramiento de colaboradores hasta que su designación como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea resuelta por los tribunales federales.

Recordó que la legalidad de la elección de Jasso Díaz como titular del TSJ está en duda, al haber sido ungido en una sesión solemne de Pleno que fue realizada sin contar con el quórum legal, de al menos 12 magistrados, como lo establece la ley.

Subrayó que son cuestionables los nombramientos de sus primeros colaboradores, al designar como contralor del TSJ a Rodolfo Barrios Morales, esposo de la magistrada Elda Flores León, quien además es integrants de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

“Nombró al esposo de la magistrada Elda como contralor, pero a su vez la magistrada forma parte de la junta de administración y, entonces, difícilmente va a auditar a su esposa”, subrayó.

Otro nombramiento cuestionado fue el de Alma Patricia Salas -quien fuera asesora de presidencia durante la gestión de María del Carmen Cuevas López- como juez de primera instancia, control, juicio oral y ejecución de sanciones, ya que se realizó sin evaluación y sin auscultar el perfil para desempeñarse en la función jurisdiccional.

“Recordemos que el nombramiento del magistrado Rubén Jasso se dio no habiendo el quórum legal que la ley estipula. Como consecuencia de ello, se lleva un juicio que se está ventilando en los juzgados de distrito y evidentemente en tanto no se resuelva esta situación, todos los demás nombramientos que se puedan dar  son nulos de pleno derecho.

“Entonces, el llamado es que se abstenga de hacer nombramientos en tanto el Poder Judicial de la Federación no resuelva sobre lo ilegal o legal de su designación”, sostuvo.   

Cada grupo sigue con nueve integrantes; el nuevo presidente enfrenta ya dos denuncias de sus adversarios.

En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no hay visos de reconciliación, al mantenerse el bloque opositor de magistrados y las querellas iniciadas contra quienes apoyaron la asunción de Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente.

El pasado viernes, Jasso Díaz se integró como representante del Poder Judicial de Morelos a la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 organizada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), que se realizó de manera virtual debido a las restricciones y medidas preventivas adoptadas durante contingencia sanitaria por el covid-19-

De acuerdo con un comunicado del TSJ, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio la bienvenida y reconoció a Rubén Jasso como representante del Poder Judicial de la entidad.

Durante su intervención en la sesión virtual de la Conatrib, el magistrado presidente coincidió con sus homólogos en la necesidad de realizar una reforma federal que garantice la verdadera autonomía financiera a los tribunales de justicia estatales

“En el estado de Morelos llevamos nueve años con esta reforma, sin embargo no se ha cristalizado esta independencia financiera. La mayoría de los tribunales apoyaron la moción de la secretaria de Gobernación para que esta reforma sea a nivel nacional y ya contemos (verdaderamente) con nuestra autonomía financiera”, dijo.

Pero al interior del TSJ las posturas siguen divididas y hasta el momento no hay visos de que pudiese existir una reconciliación entre los dos grupos de magistrados. De un lado, se encuentran los nueve magistrados que en la sesión del 5 de mayo, sin el quórum de al menos 12 magistrados previsto en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial Estado de Morelos prevé para sesionar, decidieron consumar la sesión solemne de Pleno para erigir a Jasso Díaz como magistrado presidente.

Este bloque de magistrados defiende la legalidad de la designación, por considerar que el resto de sus homólogos fueron debidamente convocados a la sesión y fueron ellos quienes voluntariamente decidieron no acudir a sesionar y, ante la ausencia injustificada, optaron por sesionar y decidir sobre la representación del TSJ.

El bloque de magistrados disidentes refuta la designación e insiste en que hubo vicios en la convocatoria y que tanto la sesión como la elección son ilegales, por no haberse cumplido con el quórum legal previsto en la ley, cuyo criterio ha sido confirmado por los tribunales federales.

Incluso, el pasado 22 mayo, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Emilio Elizalde Figueroa, interpusieron una segunda denuncia penal contra Rubén Jasso Díaz, a quien el bloque de nueve magistrados desconoció como titular del TSJ.

En esta segunda querella iniciada ante la Fiscalía General del Estado, Jasso Díaz fue acusado del presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público,  por ocupar un cargo de manera ilegítima, “toda vez, que su ejercicio deviene de la ilícita designación que se le realizó en fecha 05 cinco de mayo de 2020 dos mil veinte, donde de manera dolosa, nueve magistrados sin reunir un quorum legal, le designaron como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado”.

La actuación incluye los casos de la comunidad LGTTTBQ

Alerta por posible brote de coronavirus entre la población interna.

La alarma se desató nuevamente en el penal de Atlacholoaya, pero la causa no fue una riña ni un motín, sino un posible brote de coronavirus entre la población interna. Oficialmente, hay un reo que murió por la enfermedad y por la negligencia de las autoridades penitenciarias, que se resistieron a darle atención médica de inmediato durante los primeros síntomas.

En el monitoreo y supervisión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a centros penitenciarios de 14 entidades del país en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19 ya aparece el caso de Isidro Rodríguez, quien hace unos días falleció presuntamente por coronavirus, pues presentó todos los síntomas pero el resultado de la prueba está pendiente.

En las últimas horas, internos y personal han denunciado la presunta muerte por covid-19 de una custodia y otro más en la cárcel distrital de Cuautla. Hasta el momento, la coordinación de reinserción social que encabeza Israel Ponce de León Borquez, mantiene su acostumbrado hermetismo, en un intento por esconder lo que sucede en el interior de penal más grande de Morelos, que alberga a más de dos mil 300 personas privadas de su libertad.

Familiares de los internos lanzaron los primeros pedimentos de auxilio y denunciaron que la dirección del penal restringió la atención médica a los internos que presentan síntomas de enfermedad respiratoria y dificultad para respirar.

“Por favor, las personas privadas de su libertad se están muriendo de covid, ya son 80 personas las infectadas, en especial las del dormitorio 1, del 1 a la celda 10 y 12 están muy graves ya, ya hay internos que no tienen ni modo ya de respirar, no pueden caminar ya por el dolor de sus articulaciones, tienen fiebre muy alta, tienen vómito y dolor de cabeza, temperatura de 40 grados”, dijo la madre de un interno, que pidió el anonimato y que aseguró que es lo que su hijo le narró vía telefónica.

“Recibí una llamada por parte de un familiar que tengo recluido en el penal de Atlacholoaya, en el Estado de Morelos para hacerme del conocimiento de que tenía síntomas de que aparentemente parecían del covid, se veía muy preocupado, decía que no podía respirar, que tenía mucha tos”, dijo José Patricio Guadarrama, familiar de otro interno, quien se quejó de las autoridades penitenciarias y la deficiente atención médica.

Pero el caso que ha puesto en vilo la situación que se vive en el penal de Atlacholoaya es el de Isidro Rodríguez Sánchez, interno que falleció este martes con síntomas de covid-19 y cuyo caso ya aparece en las estadísticas de la CNDH.

El abogado de la familia de Isidro, Ricardo Sánchez Bautista, adelantó que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y una denuncia penal contra la directora del penal de Atlacholoaya, Lluvia Bartolo Oregón, por su responsabilidad en el deceso de Isidro, al negarle la atención médica oportuna.

“Vamos a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también una denuncia penal por las irregularidades en las que incurrió la directora del centro penitenciario. Primero, al no prestarle la atención médica a la que está obligada a cualquier interno y, dos, al no acatar un mandato judicial en la cual la juez le ordenaba que trasladara al interno Isidro Rodríguez Sánchez a un hospital particular, para su atención”.

Narró que desde que la víctima presentó los primeros síntomas de covid-19 se pidió a las autoridades penitenciarias el traslado al hospital para que se le practicara la prueba y se le diera tratamiento adecuado, sin embargo, la directora del penal rechazó la petición y la familia tuvo que recurrir a un juez.

Fue así que la directora del penal, Lluvia Bartolo Oregón, fue apercibida por la juez oral Yaredy Montes Rivera, quien ordenó llevar a Isidro al hospital, pero en dos ocasiones la funcionaria penitenciaria simuló el traslado y se negó a llevarlo al hospital particular.

Hasta que la juez sancionó a Bartolo Oregón fue cuando finalmente se logró el traslado a un nosocomio, pero él ya estaba grave y finalmente falleció.

Isidro compartía la celda con otros 14 internos, razón por la cual se solicitó a la autoridad penitenciaria practicarles la prueba del covid-19, ya que algunos han presentados síntomas como tos y fiebre.

“El día de ayer solicitamos a la juez de nueva cuenta que autorizara que se realizara el examen, incluso de manera particular lo pagaban los familiares, a los demás internos que ahí se encuentran, porque están probablemente infectados, han tenido síntomas, han tenido tos, han tenido calentura, nos lo han dicho, pero también nos han dicho que tienen bastante temor de dar a conocer esto por lo que sucede en los penales”, expuso el litigante.

Debido a los testimonios de familiares de internos que están preocupados ante un posible brote de coronavirus dentro del penal de Atlacholoaya y otros centros penitenciarios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos solicitó informes a las autoridades penitenciarias, quienes a más tardar el lunes deberán de responder la petición de información del organismo.  

Las autoridades penitenciarias, quienes han sido cuestionadas en los últimos meses por la violación de derechos humanos y su falta de pericia para mantener el control de las cárceles locales, mantienen silencio sobre el tema y los familiares no tienen certeza del estado de salud de muchos de los internos. Sobre la salud de los custodios, tampoco hay certidumbre.

Quienes incurran en esta conducta podrán ser sancionados hasta con prisión.

La venta de bebidas alcohólicas sin contar con permiso expedido por la autoridad municipal quedó tipificado como delito en el Código Penal del Estado del Estado de Morelos y quienes incurran en esta conducta podrán ser sancionados hasta con prisión.

Con su reciente publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la adición que el Congreso de Morelos realizó a la legislación penal de la entidad, luego de que en los último tres años se han detectado establecimientos que operan ilegalmente para vender bebidas de dudosa procedencia y  que expenden  licor a menores de edad.

De acuerdo con el legislador, para poder llevar a cabo las actividades reguladas sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Morelos, como son la venta, consumo y/o distribución de bebidas alcohólicas, se debe contar obligadamente con licencia o permiso otorgado por la autoridad municipal, previo cumplimiento de los requisitos que marca la propia ley y el pago de derechos.

La reforma estableció que la proliferación de establecimientos clandestinos y que operan al margen de la ley se ha convertido en problema grave en todos los municipios, ya que fomenta el consumo indiscriminado de alcohol y genera problemas de salud y de seguridad.

“La venta y/o distribución indiscriminada de bebidas alcohólicas, sin previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos ocasionan problemas sociales verdaderamente preocupantes, pues con mucha facilidad se enajenan y distribuyen bebidas alcohólicas sin ningún tipo de supervisión tanto en su calidad como en su distribución a cualquier tipo de persona y en cualquier horario y lugar, ocasionando con ello, problemas de inseguridad y de salud, en donde en muchas de las ocasiones se derivan por el consumo de bebidas alcohólicas ilegales o adulteradas.

“El problema social se agrava cuando existen casos de intoxicación severa por alcohol, pues uno de los factores que genera esta problemática es precisamente la venta clandestina de vinos y licores en nuestro estado”, justificó.

Por tal razón, adicionó el artículo 211 sextus del Código Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de tipificar como delito la venta o distribución de bebidas alcohólicas sin permiso o licencia expedida por la autoridad.

En consecuencia, “a quien venda o distribuya bebidas alcohólicas sin contar con la licencia o el permiso emitido por la autoridad correspondiente, se le impondrá de tres a dieciocho meses de prisión y multa de 100 a 500 veces el importe del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (equivalente a 8,688 a 43,440 pesos) al momento de la comisión del delito”.

Pero la adición legislativa matiza: “Se considera que se tiene permiso, aún y cuando este se encuentre pendiente de ser refrendado por la autoridad municipal competente o corresponda a un domicilio distinto al que se encuentra en el mismo, siempre y cuando se encuentre dentro del municipio de que se trate”.

El caso más reciente de venta y distribución de bebidas alcohólicas sin permiso municipal, quedó al descubierto el pasado 10 de mayo en la zona oriente, cuando un grupo personas ingirió un refino adulterado de venta a granel  durante una convivencia en la comunidad de Telixtac, municipio de Axochiapan. Hasta el momento, 21 personas fallecieron por la intoxicación y varias permanecen hospitalizadas.

Afirman que no es magistrado presidente porque en su elección se violó la legalidad.

La mitad de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desconoció a Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente, por no haberse cumplido con los requisitos legales y constitucionales para su designación. En tanto, el nuevo representante del Poder Judicial advirtió que todos los magistrados están obligados a cumplir con sus deberes y aseguró que buscará el diálogo con sus homólogos disidentes.

A través de un comunicado firmado por los magistrados Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Ángel Garduño González, Rocío Bahena Ortiz, Luis Jorge Gamboa Olea, Nadia Luz María Lara Chávez, Carlos Iván Arenas Ángeles y Bertha Leticia Rendón Montealegre, ese grupo fijó su franca postura de no reconocer a Jasso Díaz.

En su comunicado, los magistrados disidentes insisten en que la sesión solemne de Pleno del pasado 5 de mayo, convocada para elegir al relevo de la hoy magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López (quien enfrenta tres denuncias penales por presunta uso falso de documento y alteración de identidad) se realizó fuera de la ley.

Señaló que la cuestionada sesión se realizó en medio de la contingencia sanitaria por el covid-19; se efectuó en un día marcado oficialmente como día inhábil y no contó con el quórum legal que prevé la ley y cuyo criterio ha sido ratificado por jueces federales con respecto a que, para sesionar y tomar decisiones, deben estar presentes al menos 12 magistrados y en la sesión solo acudieron nueve magistrados.

Advirtieron que hay violaciones a los artículos 91, 94 y 128 de la Constitución local y a los artículos 27, 29 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y responsabilizaron a la ex titular del TSJ de poner en grave riesgo la labores jurisdiccionales en aras de imponer a su sucesor.

“Todo ello con el fin de impedir el cumplimiento de los principios democráticos y jurídicos que rigen la elección a presidente o presidenta; y además de manera primordial, intentando depositar ilegalmente y de facto la representación y conducción del tribunal, colocando en grave riesgo toda la labor jurisdiccional y administrativa, ante la evidente nulidad que acarree todas las acciones o decisiones que emerjan de una persona que carece de facultades jurídicas.

“Ante este nuevo atropello a la democracia y a la legalidad, es claro que para que el Pleno del tribunal hubiere podido designar al presidente, debía encontrarse en principio debidamente integrado, lo que dejó de suceder así precisamente al ausentarse 9 de los 18 magistrados del TSJ, de ahí que a la agrupación de los restantes 9 magistrados, incluida la magistrada presidenta del TSJ, la legislación no les reconoce la calidad de pleno ni les otorga expresamente facultades para tomar los acuerdos en franca contravención a las disposiciones Constitucionales y legales, por ende, carecen de toda validez establecida por la ley”, expresó.

De manera tajante, los nueve magistrados desconocieron a Jasso Díaz como nuevo titular del TSJ: “No reconocemos a Rubén Jasso Díaz como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, porque no lo es, y hacemos responsable directamente a la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López o María del Carmen Cuevas López de todos los daños y perjuicios que se hayan producido y se produzcan en todas las instancias jurisdiccionales y administrativas del tribunal, por haber utilizado un mecanismo espurio que busca malograr el que el Tribunal Superior de Justicia cuente con la representación que, a través de la presidencia, legal y legítimamente corresponde.

“Y en el mismo tenor hacemos también directamente responsable al magistrado Rubén Jasso Díaz, por todos aquellos actos y decisiones bajo las cuales se ostente falsa e ilegalmente como titular de la presidencia del tribunal superior de justicia, en unión del resto de los magistrados que se prestaron y se sigan prestando para incurrir en dichas anomalías”, señaló el grupo inconforme, que subrayó que combatirá la designación por todas las vías jurídicas posibles.

Ya en su primer día en funciones, el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, anunció el nombramiento de Rafael Jiménez Jiménez como nuevo Secretario General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina el Poder Judicial.

Más tarde, realizó una entrega simbólica de cubrebocas al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos. Ahí, reiteró que buscará dialogar con sus homólogos inconformes y lograr la cohesión al interior del TSJ.

Defendió su designación y consideró que los puntos de vista del grupo disidente son solo diferencias de criterio e insistió en que pugnará por la buena marcha de la administración de justicia, pues la ley obliga a todos los magistrados y funcionarios judiciales a cumplir con su deber.   

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Cristian Iván Velasco Alcocer, fue denunciado penalmente por los presuntos delitos de daños y amenazas.

De acuerdo con el denunciante, Adrián Flores Barranco, alrededor de las 11 noche del pasado sábado el líder barrista y su prima Daysi, madre de sus hijas, llegó a su casa a recoger a las menores, pero ambos tenían fuerte aliento alcohólico y por la hora, decidió que no era conveniente que se las llevarán.

El abogado y su prima habrían montado en cólera, comenzaron a insultarlo, a amenazarlo y a golpear con unos tubos su puerta, los vidrios y hasta un medidor de energía eléctrica.

Señaló que los hechos de violencia fueron presenciados por las menores, de quienes tiene legalmente la guardia y custodia.

Por tal razón, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia de hechos por los daños y amenazas perpetradas por Velasco Alcocer y su prima, aunque lamentó que la autoridades le hayan negado la implementación de medidas de protección, ya que teme que el líder de la Barra de Abogados cumpla con sus amenazas.

La acusa de usar un documento falso y alterar su identidad.

Abre FGE carpeta de investigación por decesos por la misma causa en municipios del oriente de Morelos.

La Fiscalía General del Estado colabora con su homóloga poblana para indagar si hay vinculación entre los decesos ocurridos en ambos estados por el presunto consumo de alcohol adulterado.

A través de un comunicado, la fiscalía morelense informó que abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de varias personas en la región oriente de Morelos tras ingerir alcohol adulterado y “ha establecido una comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, para determinar si el producto o la mezcla alcohólica es procedente de aquella entidad, toda vez que se registraron en días recientes decesos en los Municipios poblanos de Chiconcuautla y Xochitlán Todos Santos, por consumo de bebidas adulteradas”.

De acuerdo con información de los Servicios de Salud de Morelos, se confirmó la muerte de 18 personas de entre 15 y 71 años de edad, originarias de los municipios de Axochiapan, Jonacatepec y Tepalcingo, quienes habrían ingerido mezcal durante una fiesta el domingo 10 de mayo. Seis personas más se encuentran todavía hospitalizadas.

En Chiconcuautla, Xochitlán Todos Santos  y Huaquechula,  en el estado de Puebla, ocurrieron más de 20 decesos confirmados por autoridades de esa entidad, donde también se inició una investigación para deslindar responsabilidades.

En el estado de Jalisco también se registró el pasado 12 de mayo otro caso en el que fallecieron 33 personas, quienes también habían consumido refino adulterado en los municipios de Ajijic y Chapala.

La FGE detalló que cumplió una orden de cateo en un inmueble ubicado en el barrio de San Francisco de Jonacatepec, donde aseguró garrafas de plástico con capacidad de 19 litros, tres botellas plásticas, una jarra, un embudo plástico y diversas notas de venta. El líquido alcohólico será analizado para determinar su composición.

Adicionalmente, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, originarios del municipio de Jonacatepec, a quienes se les practicó la necropsia y se concluyó que la causa de muerte fue por intoxicación alcohólica.

Jueces orales apoyan a Rubén Jasso Díaz.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron una denuncia penal contra nueve de sus homólogos, por la presunta comisión del delito de coalición de servidores públicos, al realizar sin quorum legal la sesión de Pleno Solemne del 5 de Mayo para elegir como magistrado presidente a Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la denuncia de hechos iniciada ante la FGE por los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Juan Emilio Elizalde Figueroa, la todavía titular del TSJ, Carmen Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, magistrado presidente electo, y los magistrados María Idalia Franco Zavaleta, Elda Flores León, Valentín González García, Miguel Ángel Falcón Vega, Manuel Díaz Carvajal, Carmen Aquino Celis y Leticia Taboada Salgado, así como Paulina Toscano Vera y Leodegaria Murias Guzmán, oficial mayor y secretaria general del tribunal, habrían incurrido en una conducta ilícita.

Los denunciantes insistieron en que abiertamente sus homólogos violentaron no solo la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino las cinco sentencias dictadas por los juzgados de distrito Segundo, Tercero y Séptimo, en las que se sostuvo el criterio de que para que el Pleno del TSJ sesione y tome decisiones debe contar con un quórum de dos terceras partes de sus integrantes, es decir, de al menos 12 magistrados.

“Por lo tanto, aún y a sabiendas que para realizar la sesiones y deliberaciones se requieren, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las dos terceras partes de los magistrados, aun sin existir quorum legal continuaron en dicha reunión y determinaron designar como presidente a Rubén Jasso Díaz a quien a sabiendas de la ilegalidad de dicho acto desplegó una conducta consistente en protestar un cargo que proviene de un hecho ilegal”, detalló el documento presentado ante la fiscalía estatal.

Los magistrados denunciantes recalcaron que “existen indicios suficientes que hacen presumir la existencia de un hecho delictivo siendo este el de coalición de servidores públicos” y la “ilegalidad que no es desconocida para los 09 magistrados que de manera activa” participaron en la polémica sesión del 5 de mayo.

El magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, señaló que hay una evidente violación legal e indicios de un delito, por lo que en cumplimiento del deber que impone la ley a quienes tienen conocimiento de un hecho ilícito, se interpuso la denuncia en contra de los nueve magistrados y dos funcionarias del TSJ.

Reiteró que la designación de Jasso Díaz es ilegal e insistió en que se promoverán las acciones legales necesarias para combatir el proceso de elección.

JUECES ORALES APOYAN A JASSO

 A través de un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, la Asociación de Jueces Orales del Estado de Morelos dio su apoyo a Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente del TSJ,  quien entraría en funciones a partir del lunes 18 de mayo.

“La Asociación de Jueces Orales del Estado de Morelos por este medio reconoce la elección del magistrado Rubén Jasso Díaz como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y espera que las controversias suscitadas en el proceso de designación sean dirimidas ante las autoridades correspondientes, respetando en todo el momento el resultado de su determinación.

“Deseamos se tiendan los puentes de comunicación necesarios para generar unión y el fortalecimiento que requiere el Poder Judicial, en harás (sic) de beneficio de la sociedad morelense”, estableció la misiva firmada por la comisión designada por la asociación integrada por los jueces Nancy Aguilar Tovar, Ramón Villanueva Uribe y el polémico Daniel Rodríguez Apac.

Es momento de transitar hacia la justicia digital: Fuentes Barrera.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, planteó la necesidad de implementar el juicio en línea en materia electoral, no sólo para hacer frente a la contingencia sanitaria por el covid-19 sino para transitar hacia la justicia digital.

Adelantó que someterá a la aprobación del Pleno un acuerdo para la implementación, en una primera fase, del juicio en línea para resolver asuntos que tengan que ver con los Recursos de Reconsideración y la revisión del Procedimiento Especial Sancionador.

Al participar en el inicio de la serie de Debates E-lectorales virtuales organizados por la Escuela Judicial Electoral (EJE) dijo que tomó la decisión de someter a consideración de las magistradas y los magistrados la posibilidad ya de implementar una primera etapa el juicio en línea, porque “yo creo que la justicia electoral tiene que ser una justicia digital, tiene que ser una justicia que esté de la mano con el gobierno electrónico, como lo han llamado algunos autores”.

Destacó la importancia de implementar vías tecnológicas ante la contingencia sanitaria por el covid-19, y recordó que la accesibilidad es una de las ventajas del juicio en línea, además de que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) elimina costos.
Indicó que platicó con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para tener una comunicación cercana ante la llegada de esta nueva opción en línea y ofreció la posibilidad de firmar acuerdos y convenios para compartir las herramientas digitales con las salas regionales y tribunales electorales locales.
Felipe Fuentes Barrera recalcó que ante la crisis sanitaria por el covid-19, la Sala Superior no paralizó la actividad jurisdiccional, y reconoció una gran responsabilidad de magistradas y magistrados, pues a través de diversas herramientas siguen trabajando.

Permitía reducir condenas de acusados de homicidio y lesiones.

La figura de “emoción violenta”, que era considerada como atenuante en los delitos de homicidio y lesiones, fue derogada del Código Penal del Estado de Morelos porque permitía que los imputados recibieran condenas menores.

De acuerdo con el legislador, esta figura jurídica comprometía y contravenía por completo la finalidad del derecho penal, atentaba contra las garantías fundamentales de las víctimas y solapaba la comisión de los delitos.

“La figura denominada “emoción violenta” se encuentra consagrada, de manera muy ambigua, en el artículo 130 del Código Penal del Estado de Morelos, esta consiste en una atenuante para el delito de homicidio y lesiones, es decir, una reducción de la pena prevista cuando el individuo actúe en un estado de emoción violenta, es decir, cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente, se halla considerablemente reducida la culpabilidad de éste.

“De esta manera se encuentra definida en el Código Penal esta figura, sin entrar en mayor especificación, maneras de acreditación, situaciones específicas, características o alguna otra limitante para esta figura; si su existencia por si sola ya representa un peligro, su ambigüedad lo incrementa considerablemente.

“En términos prácticos, esta figura representa una justificación solapada por la legislación para matar o lesionar a alguien y no recibir el castigo que corresponde para la conducta específica”, justificó el legislador.

Acreditar “emoción violenta” en la comisión del delito de homicidio o lesiones, reducía la pena a los imputados hasta en una cuarta parte, razón por la cual el legislador consideró necesario la derogación del artículo 130 de Código Penal del Estado de Morelos, que entró en vigor con su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”.   

La pandemia redujo los ingresos propios y generó gastos adicionales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) implementó medidas de austeridad para reorientar su presupuesto para enfrentar contingencia del covid-19 y la caída de ingresos propios debido a la pandemia.

La institución emitió el Acuerdo 05/2020 por el que estableció diversas medidas de austeridad, reformó la norma que rige el Comité de Obras Públicas de la FGE; modificó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; y del Acuerdo 02/2020 por el que fue creado el Órgano encargado de la aprobación de la cuenta pública y las tarifas de los servicios que presta la fiscalía.

De acuerdo con el documento, la FGE consideró oportuno establecer medidas de austeridad y reorientar los recursos públicos de manera óptima, para permitir la adecuada atención a la emergencia sanitaria al interior de la institución, que tuvo que realizar un gasto extraordinario en la adquisición de insumos y materiales de protección, tanto para los servidores públicos como para la ciudadanía.

Además, señaló, la fiscalía enfrenta una reducción de los ingresos propios que obtenía por tramites como expedición de constancias de no sujeto a investigación, actas especiales, exámenes de evaluación de control de confianza, constancias de identificación vehicular, servicios de legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias certificadas de documentos, ya que varios de ellos fueron suspendidos debido a la contingencia sanitaria.

“Por ello, esta institución debe tomar las medidas de austeridad que sean necesarias, que permitan un equilibrio entre lo que se gaste y se perciba, toda vez que los ingresos reportados como ingresos propios serán menores”, recalcó el nuevo acuerdo.

También realizó la reorganización de algunas unidades administrativas  con la eliminación de la Dirección General de la Oficina del Fiscal, reasignando sus atribuciones a la Secretaría Ejecutiva, quien deberá dar seguimiento y atención a los asuntos en trámite.

La Dirección de Contratación, Seguimiento y Registro fue reducida a una Jefatura de Departamento, con la finalidad de optimizar los recursos humanos y generar ahorros en el gasto corriente, para fortalecer diversas unidades administrativas con insumos para la prevención y adopción de las medidas de higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, la fiscalía estableció reglas más rigurosas para el arrendamiento de inmuebles, como medida de control del presupuesto de la FGE.

 El organismo nacional demanda a gobiernos emprender medidas emergentes contra dicho flagelo

Bloque afín a la presidenta María del Carmen Cuevas insiste en que la elección de Rubén Jasso Díaz es legítima.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) refutó la misiva entregada por el grupo de magistrados disidentes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en la que calificó de ilegal la elección como magistrado presidente de Rubén Jasso Díaz.

El comunicado emitido por el TSJ, que insiste en que el proceso para elegir al futuro presidente fue legítimo y legal, en sus primeros párrafos defendió la legitimidad de la elección con la presencia de solo nueve de los 18 magistrados y arremetió contra los magistrados disidentes, para luego pedirles unidad y abandonar las denostaciones.

El TSJ afirmó que la misiva, con ocho firmas y el nombre de nueve magistrados, está “plasmada de animadversiones, atienden a un sentido estrictamente ‘POLÍTICO’ ya que carece de toda validez legal, pues será única y exclusivamente el ámbito jurisdiccional competente, quien pueda cambiar el carácter de validez y legalidad que tiene hasta el momento el resultado de dicho ejercicio colegiado y democrático”.

Insistió en que los 18 magistrados que integran el Pleno fueron debidamente notificados de la sesión solemne de Pleno para la elección del sucesor de la todavía magistrada presidente, Carmen Cuevas López, ya que en sesión ordinaria de Pleno el 16 de abril se aprobó por mayoría de votos que las notificaciones se realizaran por vía electrónica en sus aparatos telefónicos y correos electrónicos institucionales.

Afirmó que “dicha queja”, en referencia a la misiva que el grupo disidente entregó al Poder Ejecutivo y al Congreso local sobre el proceso ilegal de elección por no haberse cumplido con el quórum legal con al menos 12 magistrados, fue producto de la irresponsabilidad de los magistrados que no acudieron a la sesión solemne que fue convocada y realizada el 5 de mayo.

“Dicha inconformidad fue generada por ellos mismos, por su propia y única irresponsabilidad, falta de compromiso social y profesionalismo al haber decidido NO ASISTIR a la convocatoria de la sesión para cumplir con su obligación legal y constitucional. “Lo que ha sido una práctica reiterada en el casi último año, con el argumento de no  estar supeditando   el   interés   público   al   interés   particular y caprichoso  de   los Magistrados inasistentes”, estableció el comunicado.

Reiteró que los magistrados Nadia Luz María Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Rocío Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Ángel Garduño González sí acudieron a la sesión ordinaria de pleno, donde se aprobó con 14 votos a favor y uno en contra, prorrogar la suspensión de labores jurisdiccionales en el TSJ hasta 31 de mayo.

Cuestionó la inclusión de Guillermina Jiménez Serafín, a quien el TSJ no reconoció como magistrada.

“Entre los nombres de los magistrados del TSJ, se encuentra el de Guillermina Jiménez Serafín, quien NO ES MAGISTRADA DEL TSJ, ya que se encuentra suspendida de su nombramiento y funciones establecido en la controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  354/19, por lo que al ostentarse como tal comete un delito pues la referida suspensión se confirmó en Sesión de la primera sala de la SCJN  al declarar infundado el incidente de reclamación 198/2019”, recalcó el comunicado oficial.

Cabe destacar que a principio de diciembre de 2019, el Congreso ratificó a Jiménez Serafín en el cargo de magistrada y le tomó protesta ante el Pleno Legislativo. Sin embargo, la titular del TSJ, Carmen Cuevas, impugnó la ratificación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que concedió la suspensión únicamente para efecto de “que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

Al final del comunicado el TSJ exhortó “respetuosamente a los 18 magistrados que integran el Pleno a dejar atrás las descalificaciones y denostaciones que en nada abonan a la UNIDAD que requiere y  merece el Máximo Órgano de Justicia Estatal.

“Es tiempo de dignificar el honorable cargo que ostentan dedicando todo su tiempo y esfuerzo, para generar las mejores condiciones que garanticen a todos los morelenses poder acceder a una justicia pronta y expedita para darle a cada quien lo suyo”.

No se cumplió quórum legal en la sesión en la que fue electo Rubén Jasso Díaz como presidente, aducen.

Los magistrados disidentes preparan amparos individuales para impugnar el proceso de elección de Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y además entregaron sendas cartas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para alertar sobre el conflicto jurídico que pone en entredicho la designación, debido a que no se cumplió con el quórum legal para realizar la sesión solemne de Pleno.

En ambos oficios, firmados por los magistrados Bertha Rendón Montealegre, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz Lara Chávez, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Jorge Gamboa Olea, Norberto Calderón Ocampo, Carlos Iván Arenas Ángeles, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González y Guillermina Jiménez Serafín, señalaron que la todavía magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, con una “contumaz persistencia” ha realizado al interior del tribunal “actos indebidos de trascendencia dentro del ámbito jurisdiccional” al forzar la elección de Jasso Díaz en una sesión de Pleno  Solemne que no cumplió con el quorum legal exigido en la ley.

“A reserva de que habremos de ejercer el derecho de denunciar esta deleznable conducta ante las instancias correspondientes, estimamos prudente y necesario hacer de su conocimiento con carácter de urgente, esta nueva ilegalidad de la señora Cuevas López, que en abyecta complicidad con ocho magistrados, y no con más fin que seguramente validar sus mezquinos intereses, pretende sorprender ahora a propios y extraños con el prurito de que asumiendo facultades constreñidas al Pleno del Tribunal legalmente constituido han “elegido” al presidente”, dice la misiva.

Recalcaron que el proceso de elección es “ilegal por donde se observe, y bochornoso, y de clara afrenta al Poder Judicial”, que en teoría debería ser quien vele por el estricto apego y cumplimiento de la Constitución y sus leyes.

De esta manera, exhortaron al Poder Ejecutivo y al Congreso de Morelos a ejercer las acciones necesarias dentro del ámbito de sus facultades para evitar caer en una omisión frente a un flagrante acto de inconstitucionalidad.

IMPUGNACIÓN NO ES PERSONAL

 Consultados por separado, varios magistrados expresaron que su postura no es un asunto personal contra Jasso Díaz, sino contra un proceso que se realizó en franca violación a la ley y la Constitución local.

Por ello, plantearon la promoción de juicios de amparo individuales en el que uno de los principales argumentos será que la sesión solemne de Pleno se realizó sin contar con el quórum legal de al menos dos terceras parte de sus integrantes, es decir, 12 de los 18 magistrados del TSJ.

El magistrado Norberto Calderón Ocampo lamentó el proceso forzado e ilegal, porque el Pleno tenía hasta el 17 de mayo para realizar la nueva designación en los mejores términos.

“No reconocemos el resultado de una sesión ilegal. Lo que es independiente de la persona del magistrado (Rubén Jasso). Debo ser preciso en establecer que no reconocemos el resultado de una sesión ilegal, había tiempo suficiente para celebrar la sesión, al menos hasta el 17 de mayo.

“No tengo en lo personal ningún problema con el magistrado Rubén Jasso, a quien respeto por su trayectoria. Consideró que debemos buscar las coincidencias y los acuerdos para generar la pronta conciliación de los magistrados que integran el Pleno”, expresó, al señalar que el tema de la legalidad o no de la elección del sucesor de Cuevas López será ventilado en los tribunales federales.

De igual forma, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que su postura contra el proceso de elección es porque se realizó de manera ilegal.

“No tengo nada en contra de mi compañero magistrado Rubén Jasso, al cual respeto. Sólo busco que prevalezca la legalidad. Sin en este principio constitucional no hay estado de derecho”, recalcó, al recordar que desde que ocupa la magistratura asumió el compromiso y responsabilidad de hacer valer la Constitución.

En las diversas organizaciones de abogados se generó el debate en torno la elección de Jasso Díaz y las opiniones son divididas. Por ejemplo, en la Barra de Abogados del Estado de Morelos algunos consideraron prematura la felicitación que su dirigente, Iván Velasco Alcocer, hizo al Jasso Díaz, en virtud de las circunstancias de forma y fondo en que ocurrió la elección.

Mientras, el Colegio de Abogados Constitucionalistas del Estado de Morelos analizará el caso para, en el momento oportuno, emitir una postura sobre si el procedimiento cumplió o no con los requisitos legales.

Los magistrados afines a la aún presidenta eligieron a Rubén Jasso Díaz para encabezar el Poder Judicial de Morelos; solo acudieron nueve de 18 magistrados.

En una polémica sesión de Pleno, Rubén Jasso Díaz fue electo como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia para el periodo del 18 de mayo de 2020 al 17 mayo de 2022.

La madrugada del martes, a la 1:25 A.M. por vía electrónica -algo que no contempla la ley para usar en notificaciones- la  todavía titular del TSJ, Carmen Cuevas López emitió la convocatoria para la realización de la sesión solemne de Pleno para llevar a cabo la elección y la sesión ordinaria para prorrogar hasta el 31 de mayo la suspensión de labores en el tribunal.

A la sesión solemne únicamente acudieron nueve de 18 magistrados: Carmen Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, María Idalia Franco Zavaleta, Valentín González, Miguel Ángel Falcón Vega, Leticia Taboada Salgado, Manuel Díaz Carbajal, Carmen Aquino Celis y Elda Flores León.

La sesión solemne y la ordinaria fueron transmitidas por Facebook, aunque esa vía no avale que sea público por restringir al ciudadano que carece de redes sociales. No se permitió el acceso a los medios de comunicación supuestamente para cumplir con las medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19, aunque posteriormente la presidencia del TSJ convocó a una rueda de prensa en el mismo salón de Plenos en persona con los medios.

Antes de emitir la votación, la magistrada presidenta se empeñó -secundada por el resto de los magistrados asistentes- en recalcar que los magistrados ausentes (que pertenecen al grupo contrario) fueron debidamente notificados vía telefónica y a través de comunicaciones electrónicas sobre las convocatorias de las sesiones solemne y ordinaria (reitero las notificaciones por esas vías No están en la ley, que es facultad del Congreso legislar la misma), por lo cual no había motivo que justificara su inasistencia, sobre todo en víspera de la terminación de su periodo

“El Poder Judicial no puede quedar acéfalo  y la de la voz termina el 17 de mayo, por lo tanto hay justificación (para no sesionar) porque oportunamente se dijo, y que no pase desapercibido también que, de acuerdo con lo establecido con los artículos 18 y 20 del Poder Judicial, que si bien es cierto que el ordenamiento prevé que para ello se requieren las dos terceras partes (de los miembros del Pleno para sesionar) también lo es que el único impedimento que establece para la continuación de esta audiencia, es que alguno de los magistrados no estuviera debidamente notificado y que en el caso no es así, porque ya se ha establecido que ya se notificaron oportunamente”, dijo.

De esa manera Cuevas López sorteó nuevamente el requisito legal previsto en la ley orgánica que exige la presencia de dos terceras partes de los integrantes, es decir, 12 magistrados, para sesionar y tomar decisiones en el Pleno

El mismo magistrado Rubén Jasso y su homólogo Manuel Carbajal sacaron a relucir el antecedente de la polémica reelección como magistrada presidente de Nadia Luz Lara Chávez (quien ahora forma parte del grupo disidente) del 14 de mayo de 2014, cuando con solo siete magistrados numerarios y una supernumeraria (que fue habilitada para votar) perpetró su permanencia por un segundo periodo.(sin recordar que la hoy Presidenta en 2014 promovió un Amparo en contra de la designación a la reelección de la Magistrada Nadia Luz)

En rueda de prensa, el magistrado Valentín González, en alusión al grupo disidente, afirmó que “no hubo albazos ni hubo madruguetes”, mientras que la magistrada Leticia Taboada reprochó la ausencia de sus compañeros porque “pareciera que el pensar de los otros magistrados lo vieran como particulares que vienen a defender derechos, cuando un magistrado tiene el compromiso de hacer que la ley sea el eje rector de toda administración”.

La magistrada Elda León Flores también defendió la legalidad de la sesión solemne en que fue electo Jasso Díaz. “Al estar legalmente notificados, los integrantes de este Pleno, nuestra obligación constitucional es acudir a las sesiones de Pleno y como se mencionó por la magistrada presidente, no podemos estar a capricho a qué sesión de Pleno acudo y a qué sesión de Pleno no acudo”, dijo en alusión a la asistencia de varios magistrados disidentes únicamente a la sesión ordinaria para debatir sobre la ampliación de la suspensión de labores en el TSJ por la contingencia. 

Al tomar la palabra en calidad de magistrado presidente electo, Jasso Díaz afirmó que tendrá un acercamiento con el grupo opositor para invitarlos a sumarse y, en todo caso, respetará el derecho de sus homólogos de impugnar su designación.

“Yo platicaré con cada uno de los magistrados, invitándolos a que podamos transitar, si ellos lo desean son bienvenidos, si van a continuar ellos en esa situación que va a ser legal, ya no es en lo político, van a presentar los recursos (de impugnación) que ellos crean adecuados, sin embargo, la invitación va a ser a trabajar en conjunto”, sostuvo.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, fue de los primeros en expresar sus felicitaciones a Rubén Jasso Díaz por su designación, durante la transmisión de la sesión solemne por las redes sociales.

Los magistrados disidentes no emitieron una postura conjunta, pero algunos de ellos plantearon la posibilidad de impugnar la elección ante los tribunales federales, debido a que no se cubrió el requisito del quórum legal previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y hubo irregularidades en las notificaciones de las convocatorias, ya que fueron realizadas durante la madruga del martes. 

Señalaron que, de acuerdo con diversas resoluciones de la justicia federal, se estableció como criterio que, para que el Pleno pueda sesionar y tomar decisiones, debe contar con el quórum legal previsto en la ley orgánica, es decir, con la presencia de por lo menos 12 de los 18 magistrados.

Con base en este criterio, recalcaron, debería invalidarse el nombramiento de Jasso Díaz y reponerse el procedimiento de elección por carecer de legalidad.

Con la presencia de solo nueve de los 18 magistrados, sesionó el Pleno del TSJ para elegir a Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente por el periodo del 18 de mayo de 2020 al 17 de mayo de 2022. El grupo disidente de magistrados estuvo ausente en la sesión. La todavía titular del TSJ, Carmen Cuevas López, aseguró que todos los magistrados fueron debidamente notificados de la convocatoria de Pleno Solemne y, pese a la contingencia sanitaria, no existió ninguna razón que justificara la ausencia. En la sesión, se tomó protesta a Jasso Díaz, quien entrará en funciones el 18 de mayo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en sentencias de amparo pronunciadas por un secretario en funciones de juez de distrito, basta la sola mención de esa circunstancia para otorgar certeza.

En sesión remota, realizada a través del sistema de videoconferencia, el Pleno resolvió la contradicción de tesis 371/2019, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo en revisión 615/1996 y la contradicción de tesis 4/2011.

El Pleno estableció que cuando el Secretario en funciones de Juez de Distrito dicte una sentencia de amparo indirecto, basta la mención de esa autorización en la antefirma de la sentencia, la cual goza de presunción de certeza, más aún si dicha resolución fue autorizada por el Secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública, lo que permite concluir que el Secretario en funciones sí tenía permitido actuar como juez. 

Recalcó que es innecesario que el Secretario en funciones de Juez de Distrito cite los datos de identificación del documento por medio del cual el Consejo de la Judicatura Federal lo autorizó para actuar en esos términos, en tanto que ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Amparo o del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, lo requiere de esa manera.

El Poder Judicial prorrogará para el 31 de mayo el reinicio de labores.

La noche de este lunes, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, emitió la convocatoria para elegir hoy a quien será su sucesor.

La convocatoria estableció la realización de dos sesiones de Pleno, una solemne y otra ordinaria. La primera, para elegir al nuevo titular del TSJ, para el periodo del 18 de mayo de 2020 al 17 de mayo de 2022. Y la segunda, para prorrogar el reinicio de labores hasta el 31 de mayo.

La elección ocurrirá en condiciones extraordinarias, no sólo por la pandemia del covid-19, que mantiene a gran parte de la población en cuarentena, sino por la crispación política al interior y exterior del TSJ.

Trascendió que en el grupo oficial, que encabeza Cuevas López, se presentaron dos aspirantes: Elda Flores León y Rubén Jasso Díaz, pero al final la magistrada optó por declinar a favor de su homólogo.

En el grupo disidente permaneció el hermetismo sobre quien podría ser candidato, luego de la declinación del magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, cuya postulación había sido apoyada por abogados, académicos y personal del tribunal. Incluso, en redes sociales se especuló que otra candidata podría ser la magistrada Rocío Bahena Ortiz.

Los operadores deberán proporcionar gratuitamente el servicio al personal de salud y negar el ascenso a los usuarios que no porten tapabocas.

Los operadores del transporte público deberán proporcionar gratuitamente el servicio al personal de salud y negar el ascenso a los usuarios que no porten tapabocas, como parte de las medidas dictadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para enfrentar la fase 3 de la pandemia del covid-19.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el “Acuerdo por el que se establecen una serie de medidas de seguridad extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generadas por el virus SARS- Co V2, en el transporte público de pasajeros en el estado de Morelos, ante el ingreso de México a la fase 3 de contingencia sanitaria generada por la enfermedad COVID-19”.

De esta forma, se estableció la coadyuvancia con el transporte público de pasajeros con itinerario fijo para la gratuidad del servicio a los trabajadores instituciones públicas federales y estatales del sector salud, quienes recibirán el beneficio con solo mostrar su credencial que acredite que laboran para los Servicios de Salud de Morelos, el IMSS e ISSSTE.

Otras medidas importantes son: los conductores de las rutas y taxis deberán usar mascarillas y no deberán permitir el ascenso a personas que no porten cubrebocas; respetar la jornada nacional de sana distancia, manteniendo el 50% de capacidad de usuarios a bordo de la unidad; portar a la vista y alcance de los usuarios cualquier solución desinfectante; realizar contantemente labores de limpieza de las unidades en tubos, pasamanos, puertas, timbres; y mantener el ascenso y descenso solamente por la puerta delantera de la unidad, con la finalidad de aplicar gel antibacterial.

La Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular de la SMyT tendrá que implementar operativos de vigilancia para cerciorarse de que se cumplan las disposiciones, que estarán vigentes hasta el 31 de mayo.

El abogado realiza convocatoria abierta a los morelenses para apoyar la iniciativa.

El abogado Cipriano Sotelo Salgado propuso los ciudadanos unirse para pedir a los diputados federales y locales que gestionen temporalmente la reducción del costo de la energía eléctrica, ante los estragos económicos causados por la pandemia del coronavirus.

A través de una convocatoria abierta a los morelenses, el litigante y ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas expuso que la cuarentena  no sólo impactó en el cierre de negocios sino que el resguardo en casa, para evitar la propagación del virus, disparó el consumo doméstico de energía y su costo.

“Muchos de los morelenses hemos seguido las instrucciones de las autoridades para quedarnos en casa durante la cuarentena, lo que provoca mayor consumo de energía eléctrica.
“Algunos no tenemos actividad laboral por cierre de fuentes de trabajo, otros trabajamos desde casa y seguimos recibiendo parte de un salario, algunos otros debemos salir a buscar el pan de cada día.

“No obstante, que cada quien ve la forma de ir solucionando sus problemas, lo cierto es que hoy más que nunca necesitamos que aquellos que alguna vez elegimos para gobernar, desquiten lo que ganan; por ello, quiero someter a tu consideración si estás de acuerdo, firmemos un documento en el que pedimos la intervención de los Diputados locales y Federales para que gestionen con fuerza que la CFE lejos de incrementar el costo de consumo de energía, lo disminuya por lo menos a la mitad”, explicó en su propuesta.

Puso a disposición de las y los interesados el número de whatsapp  7771794981, para que por este medio envíen un mensaje manifestando su intención de sumarse a la propuesta y reciban un escrito para insertar su nombre y su firma digital, para que éste sea entregado a los legisladores.

“Entre más seamos, mayor será nuestra voz para ser escuchados”, afirmó el también académico y doctor en Ciencias Políticas.

Comienza la cuenta regresiva para el relevo en la representación del Poder Judicial de Morelos

Es necesario desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia, plantea el magistrado.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia ((TJ), Carlos Iván Arenas Ángeles propuso reactivar paulatinamente las labores en la institución para desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia.

Señaló que la contingencia sanitaria por el covid-19, evidenció la escasa modernización y digitalización del Poder Judicial de Morelos, que ante situaciones excepcionales como la actual debería estar preparado para realizar juicios en línea y desahogar los procesos en curso con el uso de tecnologías de la información.

Expresó que la experiencia de la cuarentena debe ser analizada y considerada para reflexionar sobre la urgencia de revitalizar la administración de justicia y dar a los operadores nuevas herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar su trabajo con eficiencia.

“Hoy más que nunca se pone en evidencia la falta de modernización del Tribunal Superior de Justicia, porque una formula eficaz en estos momentos serían los juicios en línea y la firma electrónica. Estamos llamados a reflexionar respecto a la urgente necesidad de implementar las herramientas tecnológicas en beneficio de la justicia”, dijo.

A unos días de fenecer el acuerdo por el cual el TSJ declaró la suspensión de labores hasta el 5 de mayo y ante la posibilidad de que el plazo se amplíe hasta el día 31 de ese mes -como lo ha determinado el gobierno de Morelos y otras instancias- consideró que el tribunal debe reanudar poco a poco sus actividades.

Lo anterior, con el fin de atender los juicios y procedimientos prioritarios o urgentes en materia penal, como el ejercicio de la acción penal con detenido; el ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que resuelva sobre la situación jurídica; solicitudes de orden de cateo; la calificación de detenciones; las vinculaciones a proceso; la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; los procedimientos abreviados; la apelación contra autos de plazo constitucional que afecte la libertad; la ejecución penal, entre otras medidas urgentes.

También consideró necesario atender urgentemente los temas relacionados con la materia familiar, como son las resoluciones sobre la guardia y la custodia, y  las medidas provisionales en donde esté en riesgo los menores y los incapaces.

Dijo que la reactivación progresiva de la actividad jurisdiccional podría iniciarse con el personal mínimo indispensable y con todas las medidas sanitarias de protección.

El objetivo es mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus.

La administración pública estatal anunció que mantendrá la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo, con las reservas de que dictamen las autoridades sanitarias estatales y federales.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo por el cual el gobierno de Morelos emitió las medidas extraordinarias para la continuidad de la prestación de servicios esenciales en las diversas dependencias estatales, con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus.

“Atendiendo las disposiciones de la autoridad sanitaria estatal, se mantendrá la suspensión temporal de las labores en la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, respecto aquellas áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que enfrenta el país por la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, fecha que podrá prorrogarse por el plazo que, en su caso, determine y dicte la autoridad sanitaria federal o estatal”, detalló el acuerdo.

Las y los secretarios de despacho deberán de identificar al interior de sus secretarías, dependencias y entidades correspondientes las áreas que pueden continuar en funcionamiento o con atención al público  y las modificaciones a que hubiere lugar en la prestación de los servicios, respetando siempre las medidas preventivas y sanitarias dictadas por las Secretarías de Salud federal y del estado de Morelos.

En consecuencia, se mantendrá la suspensión de los plazos y términos procesales en los procedimientos administrativos, de investigación, sanción, auditorías, revisiones, verificaciones, acciones de vigilancia y, en general, en todos aquellos procedimientos substanciados y ejecutados por la Secretaría de la Contraloría y por el resto de las dependencias estatales.

El gobierno estatal recalcó  que mantendrá en operación como actividades esenciales  las áreas de atención médica, protección y seguridad pública, pago de nóminas, servicios generales esenciales, movilidad y transporte y recaudación, entre otras.

En marzo, la Secretaría de Gobierno lanzó la segunda convocatoria para ampliar de nueve a once los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano.

La Secretaría de Gobierno suspendió temporalmente el proceso de designación de cinco miembros del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En el mes de marzo, la dependencia lanzó la segunda convocatoria para ampliar de nueve a once los integrantes del consejo ciudadano y elegir a los integrantes restantes, ya que en una primera convocatoria solo fueron electos seis miembros.

Al cierre de la convocatoria a principios de abril, la Secretaría de Gobierno había recibido ocho propuestas para ocupar los cinco cargos en concurso, sin embargo, derivado de la emergencia de provocada por la pandemia del covid-19 el proceso tuvo que ser paralizado temporalmente, aunque de manera indefinida, porque dependerá de las indicaciones de las autoridades del sector salud.

En consecuencia, la institución emitió un acuerdo por el cual declaró la suspensión temporal del procedimiento de evaluación respectiva de las y los candidatos que fueron propuestos para ocupar las vacantes del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que ello implique la suspensión de las demás actividades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

La evaluación de los aspirantes, prevista en la convocatoria para la Consulta Pública para ocupar las vacantes del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reanudará hasta que las autoridades estatales y federales decreten la terminación de la emergencia sanitaria.

En plataforma implementada por la FGE también se pueden reportar actos de discriminación hacia personas diagnosticadas con coronavirus.

La Fiscalía General del Estado implementó la denuncia digital para reportar las agresiones o actos de discriminación a trabajadores de la salud y pacientes, con motivo de la contingencia sanitaria por el covid-19.

La institución informó que a través de la liga http://denunciadigital.fiscaliamorelos.gob.mx, el personal de servicios de salud o personas diagnosticadas con coronavirus que sean víctimas de discriminación o algún tipo de violencia podrán reportar el hecho para que reciban atención y seguimiento a su caso, así como un acompañamiento durante el proceso.

“El acceso a la procuración de justicia está garantizado para cualquier persona que haya sido víctima de algún delito y es a través del trabajo del Ministerio Público que se realiza la representación social a favor de las víctimas.

“En estos tiempos donde la unidad de la sociedad debe ser patente, la Fiscalía General del Estado de Morelos fortalece la atención de quienes desarrollan una labor esencial a favor de la población en este momento de crisis, a consecuencia de la propagación acelerada del COVID-19”, explicó.

De acuerdo con trabajadores del sector salud en Morelos, se tiene el registro de por lo menos tres médicos y enfermeras agredidas física y verbalmente por ciudadanos ignorantes.

Mediante una carta al presidente de la república, trabajadores de confianza revelan nombres de personas allegadas a la presidenta del TSJ que tienen plaza.

El propósito es procurar la protección de datos personales de los pacientes

Pactan tregua Asociación de Usuarios de las Aguas del Arroyo Las Trancas y el Ayuntamiento, mientras continúa proceso legal.

La Asociación de Usuarios de las Aguas del Arroyo Las Trancas y el Ayuntamiento de Huitzilac pactaron una tregua y reanudar el abasto de agua a los fraccionamientos afiliados, mientras se desarrolla la siguiente audiencia dentro de juicio penal por el supuesto despojo cometido en agravio de los miembros de la asociación.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó que, derivado de la contingencia sanitaria por covid-19, las partes acordaron ante el agente del Ministerio Público un acuerdo temporal para que el ayuntamiento suministre el vital líquido a los habitantes de los fraccionamientos que forman parte de la asociación.

El acuerdo estará vigente hasta el 20 de mayo, fecha en que se llevará una audiencia para que el juez determine lo conducente dentro a la causa penal JC/90/2020, respecto de tema del suministro de agua en tanto concluye el proceso penal.

En diciembre de 2019, la Asociación de Usuarios de las Aguas del Arroyo Las Trancas inició ante la fiscalía anticorrupción una denuncia contra el Ayuntamiento de Huitzilac y el alcalde, Ulises Pardo Bastida, por el presunto despojo agravado.

El 23 de enero pasado, la fiscalía aseguró tres tomas de agua presuntamente irregulares en el municipio de Huitzilac, al implementar un operativo derivado de la carpeta de investigación FECC/459/2019 iniciada por miembros de la asociación, quienes alegaron que ellos cuentan con la concesión para la explotación de un pozo y una red hidráulica para la distribución de agua.

En su denuncia, los afectados acusaron al edil de querer apropiarse de la red de distribución y de bloquear las tuberías, por lo que decidieron proceder penalmente.

El Consejo Ciudadano de Seguridad admite que en general hubo una reducción de los delitos con respecto al año anterior.

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia alertó sobre el incremento del delito de robo con violencia y violencia intrafamiliar en el primer trimestre de 2020.

Fernando Vera López, director general del Consejo Ciudadano de Seguridad, detalló que hubo un baja general del 22 por ciento de la incidencia delictiva comparativamente con el primer trimestre de 2019; sin embargo, se observó un aumento preocupante del delito de robo con violencia.

“En el caso de robo a negocio tenemos un aumento de las denuncias de un 111% y, si a esto le agregamos que el 30% de ese total se hizo con violencia, es un dato preocupante”, dijo.

Explicó que posiblemente en el mes de mayo descenderá el número de robos a establecimientos porque la mayoría estarán cerrados, debido a las medidas restrictivas para enfrentar la pandemia del covid-19, sin embargo, los únicos negocios que permanecerán abiertos (como farmacias y tiendas de abarrotes) van a ser posiblemente blanco de los delincuentes.

También destacó un aumento en el robo de vehículo de un 10.9% en comparación con el primer trimestre de 2019 y, en el caso de violencia familiar, se observó un alza 13.5% en el número de denuncias.

“Sin embargo, en este rubro, con un estudio pequeñito que hicimos, comparando este número de denuncias con el número de llamadas al 911, el número de eventos debe ser sensiblemente mayor, pero no está considerado como delito registrado, simplemente se hace la llamada pero no se hace la denuncia”, detalló.

Precisó que pese a que la incidencia del delito de robo a transportistas  disminuyó casi un 20%, lo que es preocupante es que en el  79% de las carpetas de investigación abiertas las víctimas denunciaron que el delito fue perpetrado con violencia y esta cifra es considerablemente más alta que hace cuatro o cinco años.   

Vera López hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales responsables de la seguridad para que la contingencia sanitaria no sea motivo para descuidar los patrullajes y la vigilancia en todo el territorio estatal.

Ayer fue anunciada la operación del portal relacionado con el Registro Nacional de Detenciones.

La plataforma de la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionado con el Registro Nacional de Detenciones permanece como inexistente, pese que ayer fue anunciado su operación como parte de las acciones “alineadas” con el gobierno federal.

De acuerdo con la propia FGE, desde este mes comenzó la operación del Registro Nacional de Detenciones (RND) en territorio nacional para delitos del fuero común y es responsabilidad de todas las autoridades que realizan detenciones alimentar la plataforma de consulta, con el fin de que se pueda tener acceso a la información relativa a la detención de una persona y prevenir posibles violaciones a los derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.

La plataforma de consulta nacional es operada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que desde el mes de noviembre de 2019 comenzó con el registro por delitos del fuero federal.

Al iniciar a partir de abril la operación del RND en todas las entidades, la fiscalías o procuradurías tienen la responsabilidad de alimentar la base de datos con respecto a las personas puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público locales.

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado de Morelos anunció que, “alineando a las acciones realizadas en la entidad con las políticas federales, ha iniciado con la operación del Registro Nacional de Detenciones (RND), por lo anterior, la ciudadanía podrá consultar dicha plataforma a través de la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Morelos, https://fiscaliamorelos.gob.mx/inicirnd/ o a través del enlace nacional https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/”.

La plataforma que opera el gobierno federal funciona de manera habitual, mientras que la plataforma que la FGE anunció que habilitó en el ámbito local, de acuerdo con la dirección electrónica que la institución difundió, aparece como sitio inexistente.  

Entregan víveres en el poblado de Acapantzingo.

En plena fase 3 de la contingencia sanitaria por el coronavirus y a plena luz del día, hombres encapuchados que se identificaron como supuestos integrantes de una célula delictiva repartieron despensas a vecinos del poblado de Acapantzingo, en el municipio de Cuernavaca.

De acuerdo con fotos filtradas a través de la red social Facebook, los sujetos vestidos de color negro y con el rostro cubierto acudieron a varios puntos de este poblado para distribuir víveres en bolsas de plástico que traían una etiqueta negra con la silueta de un hombre con traje que se acomoda una corbata y el mote escrito de “El Señorón”, presunto líder criminal y quien se atribuye la colocación de mantas con amenazas a sus rivales y a funcionarios estatales.  

En las fotos fueron exhibidos trabajadores del volante, hombres, mujeres y hasta niños recibiendo de los encapuchados las bolsas con aceite, sopa de pasta, galletas, arroz y papel higiénico.

De esta manera Morelos se sumó a los estados donde integrantes de organizaciones criminales distribuyen víveres entre la población que ha sido afectada por la cuarentena y el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a actividades no esenciales, o por los recortes de personal ante la caída de la actividad económica.

También en las imágenes aparecen dos hombres con vestimenta oscura, tipo policial, con dos armas largas de grueso calibre y las despensas apiladas en un cuarto.

Las fotos causaron furor entre los usuarios de la red social y las reacciones fueron desde la advertencia de complicidad y que saldría caro a la población recibir dádivas a un grupo criminal, hasta el agradecimiento y la petición de personas de reparto de más víveres para quienes están en una situación vulnerable por falta de alimento.

Son inconstitucionales: Hernández Cruz.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró inconstitucionales las medidas restrictivas aplicadas por algunos municipios, para desmovilizar a la población y evitar la propagación del coronavirus.

A través de un comunicado, el organismo fijó su postura sobre algunas acciones implementadas por municipios, como la imposición de multas y arrestos a quienes se reúnen o transiten en la vía pública sin motivo justificado.

Dijo que “observa con preocupación y reprueba algunas de las medidas administrativas anunciadas por diversos ayuntamientos del estado de Morelos para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, ya que resultan arbitrarias al no tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos en un Estado constitucional de derecho, social y democrático”.

Recalcó que los municipios gozan de una amplia autonomía política y de facultades para emitir toda clase de disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, pero su ejercicio debe ajustarse a las leyes que en materia municipal expida la legislatura local y lo dispuesto en la Constitución federal.

Afirmó que no existe ninguna norma legal que atribuya a los municipios la autoridad para restringir o suspender el goce y ejercicio de derechos y libertades en materia de protección a la salud y menos en situaciones de emergencia, que pongan a la sociedad en grave peligro, ni tampoco para establecer sanciones.

Lo anterior, porque las normas constitucionales y supranacionales asignan al presidente de la república y al Consejo de Salubridad General, la facultad de restringir o suspender derechos humanos durante emergencias sanitarias, lo que hace imposible que las autoridades municipales puedan ejercer dicha facultad aún en esta situación extrema

“Las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades municipales, que tengan por objeto restringir o suspender los derechos y libertades para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, particularmente las invasiones a las libertades de reunión y de circulación incluidas la previsión de infracciones y sanciones como la multa o el arresto, son en sí mismas inconstitucionales.

“Por lo que al haberse emitido en franco desprecio al orden constitucional y al derecho internacional de derechos humanos, carecen de efectos jurídicos vinculantes para la población civil de sus respectivas demarcaciones territoriales, sin necesidad de declaratoria o pronunciamiento judicial alguno que así lo determine, toda vez que constituyen una violación y amenaza ilegítima a los derechos fundamentales, razón por la que dichas disposiciones municipales no han podido generar efectos de ningún tipo, no los tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro”, sostuvo.

Además, señaló vicios en la aprobación de las medidas restrictivas al interior de los Cabildos, ya que las medidas administrativas no fueron publicitadas ni difundidas a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y las gacetas municipales, como lo exigen los artículos 7 del Código Civil para el Estado de Morelos y 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Adicionalmente, advirtió que no existe documento oficial que se establezca el nombre de los funcionarios que emitieron dichas medidas restrictivas  y si actuaron dentro del ámbito de sus facultades, lo cual es una vulneración de los principios de certeza y seguridad jurídicas, generando condiciones para que su aplicación sea arbitraria y propicie abusos de autoridad así como fenómenos de extorsión y corrupción.

Recalcó que “la CDHM es consciente de la importancia de la protección a la salud de la población en Morelos, sin embargo, ello no puede justificar el sacrificio del Estado de derecho, debiéndose respetar el sistema de competencias, caracterizado por la demarcación estricta del ámbito de actuación política y jurídica de cada orden de gobierno, sin interferencias que desequilibren su relación armónica”.

Instó a las autoridades municipales a que se abstengan de emitir disposiciones fuera de su ámbito de competencia y las exhortó a cumplir con las disposiciones generales emitidas por el Consejo de Salubridad General. 

Para que los policías municipales que actualmente ganan menos de 10 mil pesos mensuales puedan obtener un incentivo para aumentar sus ingresos deberán contar con la Clave Única de Identificación Personal y los exámenes de control y confianza aprobados.

De acuerdo con las reglas de operación para la implementación del incentivo a elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, incluidos dentro del marco del Convenio de Mando Coordinado, los ayuntamientos no solo deberán expresar su intención de obtener parte de los 26 millones de pesos etiquetados en el presupuesto estatal 2020 para mejorar los ingresos de sus elementos municipales, sino que obligatoriamente deberán de cubrir una serie de requisitos.

Los requisitos exigido son: tener un ingreso inferior a los 10 mil 10 pesos;  no contar con seguridad social; contar con evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes y, en el caso de elementos por permanencia, presentar la solicitud de aplicación de evaluación; tener concluido su registro ante la Dirección de Registros de Seguridad y contar con su Clave Única de Identificación Personal (C.U.I.P.); ser elemento activo y operativo de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal; y estar debidamente registrado ante el Sistema Nacional con funciones preventivas.

Los recursos, que serán trasferidos por la Comisión Estatal de Seguridad a los ayuntamientos que cumplan los requisitos, deberán ser ejercidos total y puntualmente durante el 2020 en el otorgamiento de los incentivos y seguro médico facultativo a sus elementos municipales, con el apercibimiento de que el retraso o no comprobación de su aplicación impedirá la entrega de la siguiente ministración trimestral.

Una vez que los municipios cubran los requisitos, la CES depositará los recursos para que policías tengan el beneficio retroactivo al mes de enero.

No obstante, las reglas de operación claramente establecieron que los municipios dispersarán el recurso bajo el concepto de “Fortalecimiento del Mando Coordinado”, de forma trimestral y por ningún motivo deberá ser pagado bajo concepto nominal.