Integrantes de la Asociación de Jueces del Estado afirman que las resoluciones que emiten son tomadas de manera razonada, profesional y apegadas a derecho.

Jueces rompieron el silencio y exigieron respeto a su investidura, luego de que en las últimas dos semanas el desempeño jurisdiccional de once juzgadores fue puesto bajo sospecha por las autoridades estatales, ante la presunción de  actos de corrupción y de que permitieron la liberación de presuntos secuestradores.

A través de un video difundido por el área de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los integrantes de la Asociación de Jueces del Estado de Morelos expresaron su inconformidad por los cuestionamientos a su labor y sostuvieron que las resoluciones que emiten son tomadas de manera razonada, profesional y apegadas a derecho.

“Últimamente se nos ha denostado y por eso nos atrevemos, todos los que estamos aquí y somos jueces en el estado de Morelos, a pedir el respeto a nuestra investidura, estamos aplicando la justicia como debe de ser.

“Si por alguna razón alguien se aparatara de esos principios que tenemos de ética, de profesionalismo, también seremos responsables de ese actuar. Luego entonces, les pedimos que estén tranquilos y en paz, habiendo armonía, habiendo justicia, habrá paz social siempre”, afirmó Mireya Díaz Cerón, presidente de la asociación.

Secundó la postura la juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del TSJ, Nancy Aguilar Tovar, al recalcar que la respuesta a los señalamientos no tiene la intención de buscar la confrontación sino de enviar un mensaje a la sociedad para explicar que la función de un juez no es política sino jurídica y que sus resoluciones son con base en lo que las partes involucradas en un proceso penal exponen en las audiencias, la cuales son públicas y permiten vigilar el desempeño de los juzgadores, los fiscales, los defensores y los asesores jurídicos.

Además, las resoluciones de los jueces pueden ser impugnadas y revisadas por una segunda instancia y los tribunales federales.

Rechazó la generalización de los señalamientos de corrupción contra los jueces, reprochó que se ponga en tela de su juicio su investidura y aseguró que pese a ello hay disposición a revisar los puntos endebles del sistema de justicia.

“Es por todo ello, que ante los señalamientos de corrupción que se han hecho en contra de los jueces orales es que enérgicamente rechazamos los mismos.

“No nos oponemos a la investigación de los delitos, pues cualquier acto de corrupción somos los primeros  que pedimos que estos se investiguen y en su caso, se inicien los procesos penales de manera enérgica, es así que hoy les queremos decir que estamos dispuestos de manera conjunta para encontrar los puntos débiles de este sistema y así buscar que no se siga  generando impunidad

“Todos los aquí presentes  somos parte de este estado, nuestras familias y nuestros hijos aquí habitan. Lo que les duele a ustedes también nos duele a nosotros. Sólo exigimos respeto a nuestra investidura como jueces”, concluyó.

El pasado 18 de marzo, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que once jueces del sistema de justicia penal están bajo sospecha de haber dejado en libertad en el 2019 a 64 de probables responsables del delito de secuestro.

De igual forma, la Fiscalía Anticorrupción anunció que iniciará carpetas  de investigación en aquellos casos donde se adviertan probables casos de corrupción por parte de juzgadores.

En una escueta reacción, el Tribunal Superior de Justicia reaccionó a los señalamientos al exhortar “a las instituciones judiciales y a cualquier otro funcionario a presentar las denuncias correspondientes en caso de contar con pruebas contundentes en contra del proceder de algún trabajador” de la institución, pues durante el 2019 2019, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos inició 205 procedimientos por diversas quejas y denuncias ciudadanas, de los cuales se emitieron 739 resoluciones administrativas, las cuales van desde el apercibimiento, hasta la destitución del puesto.

Sin embargo, hay casos de juzgadores que han generado polémica y puesto en la mira al resto de sus homólogos. El más grave, es el de juez Roberto Becerra, quien fue suspendido de sus funciones en abril de 2019 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la sociedad, ya presuntamente habría beneficiado a cambio de dinero a uno de los acusados del secuestro y asesinato del joven Tonatiuh Tlalapango, en octubre de 2016.

Otro caso, que también ha sido criticado, es el del juez Daniel Rodríguez Apac, quien presuntamente en estado de ebriedad arrolló a Pedro Portilla Herrera, trabajador del IMSS que viajaba en su motocicleta sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017.

El juez sigue en funciones y tanto la defensa legal de la familia de la víctima como abogados han criticado un posible influyentismo, ya que éticamente el funcionario debía separarse del cargo para solucionar el conflicto legal y que el TSJ no fuese juez y parte en el asunto.