No correrán los términos en todos los procesos judiciales

Un grupo de magistrados, jueces y secretarios del estudio participaron en la primera sesión de capacitación de la Clínica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, promovida por el Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, (IMM)

Un total de 77 operadores de justicia se sumaron a la sesión impartida la semana que conlcuye, cuyo propósito fue capacitar y orientar sobre los concepto normativos existentes y los procesos de construcción de identidad que puedan generar una decisión judicial permeada por la discriminación, generando consecuencias negativas para el derecho a la igualdad y a las mujeres en particular.
Mirna Cordero Perulero, responsable de la Coordinación del Programa Federal de Fortalecimiento para la Institucionalización de la Perspectiva de Género, el objetivo es que los impartidores y operadores de justicia elaboren sus sentencias con esta perspectiva, en todos aquellos casos en los que está presente la violencia de género.

“Estas acciones para el fortalecimiento a la transversalidad, de carácter nacional, nos permiten, a través de las diferentes dependencias, cumplir también con los compromisos internacionales. Las y los servidores públicos son fundamentales en su participación para estar abonando a este compromiso que tenemos como Estado Mexicano”, señaló.
Destacó que “no es común la impartición de estos cursos en los estados para identificar estos casos sobre la perspectiva de género, ya que los objetivos particulares constituyen la piedra angular de esta capacitación como compartir información sobre la aplicación del enfoque en Derechos Humanos”.

Cubrirá la licencia médica de su homóloga Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.

José Luis Jaimes Olmos fungirá como magistrado presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) hasta que concluya el periodo de incapacidad que, por motivos de salud, solicitó la magistrada titular, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.

Luego de ganar un juicio de amparo, el 12 de junio pasado, Jaimes Olmos fue designado como magistrado suplente del tribunal de justicia especializado en menores en conflicto con la ley, quien por ley debe cubrir las ausencias temporales de la magistrada presidente.

Debido a un problema de salud, el pasado 11 de octubre el Instituto Mexicano del Seguro Social expidió a Pérez Güemes una incapacidad temporal por 28 días para someterse a tratamiento médico.

Al no exceder el plazo de 30 días previsto en la normatividad en la materia, por primera vez entró en funciones el magistrado suplente, quien desde la fundación del TUJA en el año 2008 se desempeña como juez especializado en justicia para adolescentes.

Una vez que concluya la incapacidad médica expedida por el IMSS, la magistrada retornará a sus funciones.

La SCJN notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.

La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos quedó oficialmente invalidada, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.

El falló, que también fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, invalidó la norma esencialmente porque tenía vicios de constitucionalidad, al no haberse consultado, ante de legislar sobre el tema, a la población objetivo.  

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2016, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Pleno determinó que la legislación local –publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 19 de octubre de 2016- transgredió tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que protegen los derechos de grupos de población vulnerables.

“Se actualiza un vicio de constitucionalidad respecto de  las normas que se impugnan de previo y especial pronunciamiento, relacionado con el incumplimiento de la obligación de consulta en términos del artículo cuarto, numeral tres , de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no obra constancia de que el Congreso del Estado de Morelos haya realizado una consulta estrecha en la que participaran activamente las personas con discapacidad en torno a una legislación que está dirigida y afecta directamente a una  población determinada, como lo es la ley local para la atención integral de las personas con síndrome de Down.

“Por tanto, al no haber observado la regla de tipo convencional a la que se sujetó el Estado Mexicano, en todos los niveles de gobierno para garantizar la participación de personas con discapacidad en la expedición de una ley que regula cuestiones que les atañen directamente, el proyecto concluye que no sólo debe invalidarse las porciones normativas impugnadas sino por extensión o por principio todas las disposiciones de la ley”, detalló en la sesión de Pleno del 27 de agosto el otrora ministro ponente, Eduardo Medina Mora, quien recientemente presentó su renuncia al cargo.

Al ser notificado el fallo, la ley en cuestión quedó sin efecto y los diputados tendrían que realizar un nuevo proyecto de ley, para resarcir los vicios señalados por el tribunal constitucional.

María de Jesús Vital Díaz fue declarada por un juez de control como “sustraída de la justicia”, luego de no acudir a la audiencia de formulación a la que fue emplazada.

La ex presidente municipal de Totolapan, María de Jesús Vital Díaz, fue declara por un juez de control como “sustraída de la justicia”, luego de no acudir a la audiencia de formulación a la que fue emplazada. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detalló que en dicha audiencia se le imputaría el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, supuestamente cometido durante su gestión en el periodo 2016-2018.

“La ex presidenta municipal de Totolapan no acudió a la audiencia programada para este día 23 de octubre en la sala 5 de la Ciudad Judicial de Cuautla, pese a haber sido notificada por la autoridad Judicial. 

“Por tal motivo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juzgador declarar sustraída de la justicia a la ex funcionaria relacionada con la carpeta de investigación FECC/155/2019 derivada de una denuncia iniciada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización por la compra presuntamente ilegal de un terreno por parte del Ayuntamiento de Totolapan durante la gestión de María de Jesús”, detalló.

La resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia a favor de la exsecretaria Patricia Izquierdo genera malestar; la fiscalía anticorrupción analiza qué hacer ante el movimiento adverso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) analiza la ruta jurídica que seguirá ante la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, que  revocó el auto de vinculación a proceso dictado en mayo pasado a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, quien había sido imputada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. El TSJ, a través de un comunicado, se defendió de las críticas y rechazó que resolución signifique una exoneración de la ex funcionaria. 

La resolución, que fue aprobada por los magistrados  Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis -con el voto en contra del magistrado Carlos Iván Arena Ángeles, quien consideró que si había elementos para mantener la vinculación a proceso- fue resentida no sólo por los representantes del Poder Ejecutivo sino por la propia fiscalía anticorrupción, que consideró que sí existían elementos suficientes para mantener bajo proceso penal a la ex funcionaria. 

A través de un comunicado, la fiscalía informó que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, analiza “la estrategia a seguir tras la decisión de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de revocar la vinculación a proceso en contra de la ex secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, imputada por presuntamente adjudicar de manera directa una obra por más de 75 millones de pesos a una empresa fantasma”, que operaba bajo la razón social Ago Operaciones S.A. de C.V.

Fuentes de la FECC consultadas indicaron que no se descarta ninguna posibilidad jurídica, es decir, desde impugnar la resolución aprobada por mayoría por la Segunda Sala del TSJ ante la justicia federal hasta considerar una acción legal contra los magistrados que votaron por la no vinculación de la ex secretaria de obras, pero todas las opciones están bajo análisis. 

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del TSJ, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017. 

Sin embargo, la sala determinó confirmar el auto de vinculación a proceso a los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, ya que se corroboró que la empresa no estaba legalmente constituida y los imputados habrían omitido revisar y verificar  la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.  

La ex secretaria de Obras aún enfrenta dos procesos penales más, debido a que la fiscalía anticorrupción le imputó el delito de ejercicio indebido de la función pública. En el primer caso, se le acusó del pago 34 millones de pesos para la construcción de una planta recicladora en Jiutepec cuya obra quedó inconclusa. En el segundo caso, se le acusó de haber pagado 13 millones 800 mil pesos a una empresa para la construcción de una planta recicladora, la cual tampoco fue concluida y su edificación quedó sólo al 40%. 

La investigación del caso está en manos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el homicidio del empresario y activista ambiental Paul Vizcarra Ruiz, no ocurrió en Morelos y que será la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México la responsable de investigar el crimen, aunque las autoridades morelenses apoyarán en las pesquisas. 

Tras la conmemoración del Día del Ministerio Público, sostuvo que hay indicios suficientes para dar con los probables responsables de privar de la vida al empresario y otra personas más lo acompañaba el pasado de 14 de octubre, cuando se le vio por última vez al salir de su casa en Cuernavaca y abordar un vehículo Mercedes Benz. 

Reservó el posible móvil del doble homicidio, pero descartó que se haya tratado de un secuestro, porque no hubo petición de rescate a la familia de las víctimas, cuyos cuerpos semidesnudos y con huellas de tortura fueron localizados  en el paraje “El Cuatillo”, en el poblado de Parres, en la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México.

“Lo que tenemos ya corroborado y es algo que se puede compartir con ustedes, es que este lamentable el homicidio de una persona tan reconocida y tan querida aquí en Morelos no ocurrió en dentro de los límites del estado, ese es un asunto que de competencia de la procuraduría de la Ciudad de México. 

“Estamos nosotros trabajando coordinadamente con ellos, tenemos contacto con la división de homicidios de la  procuraduría de la Ciudad de México y estamos investigando cuál es el móvil, cuál es el origen, lo estamos haciendo en equipo, tenemos una importante línea de investigación y en este momento no es posible compartirla todavía, pero no vamos a dejar impune ese homicidio”, dijo y recordó que la colaboración entre Morelos y Ciudad de México se debe a que en el estado se iniciaron las carpetas de investigación por desaparición y en la capital del país por homicidio

Insistió en que hay pistas sobre quienes perpetraron el delito y no habrá impunidad, “porque si hay un gran material de evidencia que nos va a llevar con los responsables”.

Consideran que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones; confirman la vinculación a proceso a dos exsubordinados de la exsecretaria de Obras.

Por mayoría de votos, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones, sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

El pasado 6 de mayo, una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como  José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Al realizarse la audiencia para resolver el recurso de apelación promovido por los tres ex funcionarios, el magistrado ponente, Rubén Jasso Díaz, y la magistrada, Carmen Aquino Celis, votaron a favor de la revocación de la vinculación a proceso a Izquierdo Medina, mientras que el magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, voto en contra y emitió un voto particular por considerar que el veredicto aprobado por mayoría resultaba incongruente. 

De acuerdo con los argumentos expuestos por el magistrado ponente, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017. 

También consideró que no podía tampoco considerarse indebida la actuación de la ex titular de la Secretaría de Obras, ya que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción – como parte acusadora- no aludió cuáles eran la facultades y atribuciones de la ex funcionaria. 

En consecuencia, por mayoría, el tribunal de alzada consideró fundada la apelación promovida por la ex secretaria de despacho, a quien se le violentó el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal y resolvió revocar la vinculación a proceso, sin embargo, la resolución no impedirá que el Ministerio Público continúe la investigación y posteriormente pueda formular imputación nuevamente. 

Por cuando a los casos de los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por unanimidad los magistrados de la Segunda Sala confirmaron la vinculación a proceso de ambos por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, en virtud de que permitieron la celebración del contrato con la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V, sin verificar antes que cumpliera con los requisitos previstos la normatividad. 

De acuerdo con lo descrito en la causa penal, dicha empresa no estaba inscrita en el Instituto Registral en Pachuca, Hidalgo, es decir, no hay evidencia de que estuviera legalmente constituida, por lo que los ex funcionarios imputados habrían omitido revisar y verificar  la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.  

Al emitir su voto particular, el magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, expuso en la audiencia su desacuerdo con el proyecto resolutivo de su homólogo Rubén Jasso, por considerar que la representación social citó cuáles eran las atribuciones legales de la ex funcionaria “lo que es basto y suficiente para encuadrar la conducta imputada a Izquierdo Medina, quien tenía la obligación legal de licitar la obra justamente para no incurrir en responsabilidad, pero no lo hizo. 

Tal es así, dijo, que ella dirigió en su momento oficio a la Secretaría de Hacienda para la obtención del presupuesto. Adicionalmente, dijo, la ex secretaria tenía la obligación de verificar la cuestionada empresa cumpliera con la normatividad y, conforme a los indicios aportados por la fiscalía anticorrupción, la empresa a la que se le adjudicó la obra no existe, pues no estaba legamente constituida y no había certeza de que contara con la capacidad técnica y financiera. 

Consideró que había indicios para confirmar el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo, pues “la resolución que se somete a estudio presentaría un vicio de incongruencia interna, al vincular por el mismo hechos a los coimputados y pretender dictar una resolución en sentido contrario a la que en su momento fue la superior jerárquico”.

El magistrado Jasso rechazó que hubiese tal incongruencia y aclaró que la ex secretaria y sus ex subordinados enfrentaban cargos diferentes. La Unión de Morelos solicitó a la ex secretaria de Obras, Patricia Izquierdo, una entrevista, pero rechazó hacer una declaración. El fallo es impugnable ante la justicia federal. Hasta el cierre de edición, la fiscalía anticorrupción no había emitido una apostura respecto a este fallo adverso.

La propuesta obligaría a usar casco, a dar visibilidad a las placas y a prohibir circular con permisos.

Albino Quiroz Sandoval fue secuestrado en marzo de 2017

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será sede del Congreso Internacional sobre Derecho Familiar, que se realizará a mediado del mes de noviembre, con la participación de países de América Latina y Europa. 

Ponentes de lugares como Francia, España, Perú, Argentina, Ecuador y Costa Rica abordarán temas relacionados con la restitución internacional de menores, nuevas modalidades de la guarda y custodia, alienación parental y adopción homoparental. 

El magistrado y director de la Escuela Judicial del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, detalló que el congreso se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre, luego de que durante la edición anterior, que se celebró en Colombia, Morelos se postuló para ser sede este 2019.

 “De entre más de 10 países solicitantes, la Academia Euroamericana de Derecho de Familia favoreció con su confianza al TSJ de nuestra entidad” señaló Falcón Vega. 

 Nain Isaac Monge Segura, juez del Poder Judicial de Costa Rica y vicepresidente de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia con sede en Argentina, aseguró que estas actividades que se llevarán a cabo en Morelos constituyen un ejercicio en el que los saberes que se compartirán forman parte de la experiencia consolidada de nuestro país y en especial de Morelos.

“La Academia Euroamericana pensó en Morelos por el nivel de debate, los temas son mundiales y México los discute para beneficio de la comunidad jurídico internacional. Morelos es un escenario óptimo, pues tiene la plataforma tanto estructural como académica”, dijo el juez costarricense. 

Las inscripciones están abiertas para estudiantes, postulantes, servidores públicos y sociedad en general, a través de la plataforma digital del TSJ.

Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), dio a conocer que fue vinculada a proceso la ex directora general de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Anahí “N”.

Lo anterior, luego de acreditarse la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento y fraude procesal.

En dicho comunicado se detalla lo siguiente:

"Durante la audiencia realizada el jueves 17 de octubre, en la Sala 3 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, que se prolongó por espacio de ocho horas, el Ministerio Público acreditó que Anahí “N” presuntamente influyó para obtener en su beneficio y hacer uso de documentos falsos, con el fin de obtener del Congreso del estado una pensión, la cual logró tramitar tan sólo en el lapso de 10 días.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, acreditaron que no existe documento que compruebe que, en el periodo entre los años 2010 y 2013, la ahora imputada desempeñara algún cargo en la administración estatal o municipal.

Sin embargo, la ex directora general de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica, al momento de presentar al Congreso del estado la solicitud de pensión, entregó una constancia expedida por el Ayuntamiento de Yautepec, en la que se da cuenta que desempeñó el cargo de contralora, de lo cual no existe evidencia en los archivos municipales.

Ante ello, el juez de la causa resolvió que se presentaron los datos de prueba contundentes para dictar la vinculación a proceso contra la imputada por los delitos de falsificación de documento y fraude procesal, en tanto, se dio un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria".

Es el segundo caso de linchamiento registrado en Morelos en menos de una semana.

En menos de una semana se registró un segundo linchamiento en la entidad, esta vez de un presunto ciudadanos hondureño que habría cometido el delito de robo a casa habitación.

La noche del martes, la Policía recibió el reporte de que un hombre estaba retenido y era golpeado por pobladores de la colonia Josefa Ortiz del poblado de Oaxtepec.

El presunto ladrón prácticamente fue rescatado de la turba compuesta de aproximadamente 40 personas, que pretendían hacer justicia por propia mano, ante los altos índices de inseguridad en la zona. 

Aun cuando la policía lo mantuvo bajo su resguardo, los pobladores rodearon por varios minutos la patrulla para evitar que se lo llevaran, pero después de entablar diálogo finalmente la unidad pudo trasladar al presuntos ladrón al hospital para ser atendido y puesto a disposición de Ministerio Público. 

El sábado pasado, pobladores del municipio indígena de Xococotla lincharon a un automovilista que atropelló a un mototaxista, que murió en el lugar. En tanto, el conductor falleció en el hospital producto de la golpiza recibida.

Las comisiones nacional y estatal de derechos humanos han expresado su preocupación por el aumento de los linchamientos y en especial por el aumento de la impunidad.

En un paraje fue localizado con huellas de tortura junto con el de un acompañante; las víctimas estaban maniatadas y semidesnudas.

Con huellas de tortura fue localizado sin vida el empresario, académico y ambientalista Paul Humberto Vizcarra Ruiz, en un paraje de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. 

Fuentes cercanas a la familia confirmaron la identificación del cuerpo, que fue localizado el 15 de octubre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, durante un operativo para la detección de predios irregulares y tala clandestina. 

Medios de comunicación nacionales reportaron el hallazgo de dos cuerpos en el paraje conocido como “El Cautillo”, en el poblado de Parres, perteneciente a la alcaldía de Tlalpan.

Las víctimas estaban maniatadas y semidesnudas.

Fue hasta la tarde de este miércoles que la familia identificó el cuerpo del empresario. 

Por las redes sociales circuló la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, tras la denuncia de la  familia por la desaparición de Vizcarra Ruiz, quien fue visto por última vez al salir de su casa en compañía de otra persona el 14 de octubre en Cuernavaca. 

En 2014, recibió -en la categoría individual- el Premio al Mérito Ecológico por su trabajo a favor del manejo integral de los residuos en el estado de Morelos y por el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos de pepenadores, mediante la promoción de políticas públicas en derechos humanos y desarrollo sustentable. 

Paul Vizcarra, hijo del empresario, en su cuenta de Facebook confirmó el lamentable deceso: “Amigas y amigos ya localizamos el cuerpo sin vida de mi papá estamos haciendo los trámites necesarios para la entrega del cuerpo. En cuento tengamos a mi papá con nosotros les avisaremos. Lo vamos a velar en su domicilio. En cuanto tengamos el cuerpo les avisamos”. 

A través de redes sociales, de inmediato hubo reacciones de amigos de Vizcarra Ruiz que lamentaron la noticia y expresaron sus condolencias a la familia. “Paul fue Premio Nacional al Mérito Ecológico por su incansable labor a favor de la reducción, reciclado y separación de desechos sólidos (basura). Mi más sentido pésame a sus hijos y su esposa”, escribió en su cuenta Flora Guerrero Goff, de Guardianes de los Árboles.

La Corte determina como inconstitucionales parte de las reformas al código penal.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de varios artículos reformados y adicionados por la LIII Legislatura en julio de 2017 al Código Penal del Estado de Morelos, para tipificar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2017, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se declaró la invalidez de los artículos 272, Fracción XV, 272 Bis, 272Tter, 272 Quáter, 272 Quintus, y 297, fracción XIII, así como la invalidez por extensión de los artículos 272, párrafo último en su porción normativa “XV”, y 297, penúltimo párrafo en su porción normativa “XII”, todos del Código penal para el estado de Morelos.

Por unanimidad, los ministros de la SCJN determinaron que la Constitución federal reserva la legislación de estos delitos al Congreso federal y “lo que hace la Legislatura del Estado de Morelos es legislar en materia de tortura y de desaparición de personas, en contravención a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles".

“Por ello, retomando los precedentes de este Tribunal en Pleno en el que se reconoce la facultad exclusiva de la Federación para legislar respecto de estos delitos, y que ha sido reiterada por la Suprema Corte de Justicia en las acciones de inconstitucionalidad 2/2016, 48/2015 y 1/2014. En el proyecto se reiterarían las consideraciones de este Tribunal en Pleno respecto a que no existe competencia de las entidades federativas, en este caso, del Estado de Morelos para legislar en esta materia, independientemente de las inconstitucionalidades que pudiese haber en cuanto a taxatividad o definición de los delitos”, recalcó el ministro Javier Laynez Potisek.

Explicó que la resolución incluyó una invalidez por extensión, pues si bien únicamente fueron impugnadas disposiciones respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, procede también invalidez de las disposiciones que sancionan esta conducta.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) señaló los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, exdirectora de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del gobierno estatal y esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López.

Ante un juez de control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, por la supuesta obtención ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la fiscalía, se presentaron 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos y esposa del ex secretario de Gobierno, Ángel Colín López, durante los últimos meses de la administración del otrora gobernador, Graco Ramírez.

Las investigaciones realizadas por la FECC establecieron que la ex funcionaria no reunía los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60 por ciento de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, tras la presentación de los datos de prueba, la argumentación del Ministerio Público y el debate con la defensa, así como el análisis del juzgador, se determinará la situación jurídica de la imputada.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López al 60 por ciento de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

Fue encontrado culpable del asesinato.

Su familia pide replicar campaña en redes sociales para hallar a la joven desaparecida desde 2012

La JLCA busca acelerar la resolución de conflictos en vísperas de que ese órgano desaparezca.

Envía a los litigantes su relación de expedientes para que busquen arreglarse con los oponentes.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) recurrió a la conciliación como mecanismo alterno de solución de las demandas laborales, para resolver el mayor número de asuntos antes de la extinción de la junta y preparar al personal para la operación de los juzgados especializados en materia de trabajo.

Pascual Archundia Becerril, presidente de la JLCA, recordó que las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en vigor desde el  2 mayo pasado, establecieron que las juntas locales se convertirán en juzgados especializados y pasarán a formar parte de los Poderes Judiciales de las entidades.

Señaló que, aun cuando los artículos transitorios de la ley fijaron tres años para transitar hacia la creación de juzgados laborales, en el caso de Morelos la JLCA, en coordinación interinstitucional, se establecieron estrategias para que los asuntos que están en trámite y los que llegan diariamente puedan tener una conclusión pronta y satisfactoria para las partes.

Subrayó que se realizan mesas de trabajo con el área de conciliación, con la Procuraduría en Defensa del Trabajo, con el sector patronal y con los representantes de los trabajadores, para efecto de ir concluyendo los asuntos. 

Pero también, dijo, “estamos realizando campañas permanentes de conciliación ¿Para qué? Para ir concluyendo los asuntos en los mejores términos, pero sobre todo, avanzar previamente al cierre de las juntas, en trabajar en el tema de la conciliación como un aspecto alternativo para prevenir y, en su caso, prevenir los juicios que hoy se encuentran en trámite”.

También “nos estamos capacitando en el tema de conciliación como eje rector para prevenir o evitar un conflicto, estamos buscando los mejores perfiles, porque dentro de esta reforma también está la creación de los centros de conciliación de carácter local, como instancia prejudicial que deberá instituirse paralelamente a los juzgados laborales, que serán los responsables de expedir las constancias de no conciliación entre las partes para entonces proceder a la judicialización de las demandas laborales”.

Detalló que, como parte del proceso de la conversión de las juntas a juzgados especializados  en materia laboral, se envió tanto a los representes de los patrones como de los trabajadores su lista de expedientes que actualmente tienen en trámite, y se agendan  periódicamente las pláticas conciliatorias en busca de acuerdos entre las partes.

Apeló a la voluntad y sensibilidad de los abogados, los trabajadores y empleadores, para que haya claridad y sensibilidad en el desahogo de las demandas laborales, es decir, “que exista transparencia tanto del trabajador como de su abogado para efecto de presentar una demanda, que sea en los términos reales existenciales respecto a una supuesta separación del trabajo y, en el caso de los patrones, pues también en el momento de contestar su demanda y oponer su defensa y excepciones, lo hagan precisamente ajustados a derecho y con toda transparencia, y eso nos permita a los tribunales jurisdiccionales en materia de trabajo, transparentar la justicia”.

Agradeció la disposición que han tenido las partes actoras y demandadas, “pero nos falta mucho por hacer, necesitamos seguir adelante y trabajar, e insistió en mí llamado a los sectores implicados para que podamos cerrar filas y podamos dignificar el cierre de la justicia laboral en el estado”.

Agregó que mensualmente llegan a la JLCA un promedio de mil 500 nuevas demandas, pero paralelamente se concluyen el mismo número de asuntos.

El director del Consejo Ciudadano de Seguridad asegura que la ciudadanía ya denuncia el delito; la frecuencia con la que se comete es estacional, por lo que tiene altibajos.

El Consejo Ciudadano de Seguridad informó que se multiplicaron exponencialmente las denuncias  por intento de extorsión, debido a que los ciudadanos tienen mayor información y disposición para recurrir a las autoridades.

Fernando Vela López, director general del Consejo Ciudadano de Seguridad,  señaló que el delito de extorsión tiene altibajos en su incidencia y muta frecuentemente en su modus operandi, y si bien en los últimos meses han tenido un incremento los intentos de extorsión, también hay mayor conciencia de la gente.

“Hay diferentes tipos de extorsiones, en este caso lo más común en el estado son aquellas que son de tipo telefónico y los podemos clasificar la mayoría como intentos de extorsión. El año pasado tuvimos en el periodo enero- agosto, si no mal recuerdo, solo el registro de 10 (denuncias) en la fiscalía, este años ya rebasamos las 140.

“Esto también yo creo que es debido a que ha habido una promoción de la denuncia, porque es muy importante saber cuáles son aquellos delitos que, aunque no se lleven a cabo, se están tratando de ejercer”, dijo y señaló que el modus operandi de los extorsionadores va desde fingir un “secuestro telefónico” hasta ofertas tentadoras de viajes, premios y empleos altamente remunerados para acceder a la entrega o depósitos de dinero.

“Yo lo que recomiendo es que si tienes una llamada de un número que no reconoces, ni contestes; si no estás esperando algo específico ni para qué hacerlo, y si contestas y es un intento de extorsión, cuelga de inmediato”, insistió.

Recordó que muchos de los intentos de extorsión, ya sea telefónica o virtualmente, provienen de penales o sus inmediaciones “y la mayoría de las ocasiones no representan un riesgo real, pero la mayoría  (de los extorsionadores) son grandes actores y manejan la psicología de manera impresionante”, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a estar alertas y acudir a las autoridades.

José Aquino Herrera es familiar de la magistrada Carmen Aquino Celis.

José Aquino Herrera, sobrino de la magistrada Carmen Aquino Celis, fue designado como juez visitador, justo en medio de críticas a la administración de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, por mantener en puestos clave y como jueces a colaboradores afines.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia, Aquino Herrera se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada y expresidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, pero fue designado como juez visitador, cargo relevante debido a las funciones asignadas.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos, los jueces visitadores auxilian al Visitador General y realizan visitas e inspecciones a los juzgados, con el fin de verificar su bien funcionamiento y detectar probables irregularidades que deban ser del conocimiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para, en su caso, iniciar investigaciones y deslinde de responsabilidades a funcionarios judiciales.

La magistrada Aquino Celis, quien pertenece al grupo de la actual magistrada presidenta, también ha incorporado al TSJ a sus dos hijos y por lo menos a cuatro sobrinos más.

Sustituye provisionalmente a Francisco Hurtado Delgado, cuyo periodo concluyó.

Blanca Belem Mejía Godínez asumió provisionalmente las funciones de magistrada electoral, tras concluir el periodo de cinco años para el que fue designado el magistrado Francisco Hurtado Delgado.

Por acuerdo plenario, Mejía Godínez, quien se desempeña como secretaria instructora y notificadora de la ponencia tres, asumió provisionalmente las funciones de magistrada, hasta en tanto el Senado de la República realice la nueva designación   

La Cámara Alta del Congreso de la Unión se encuentra en el proceso de análisis de los perfiles de los candidatos a magistrados electorales de 17 entidades federativas, en el que varias legisladoras han pugnado porque haya criterios de paridad de género en los nuevos nombramientos, ya que de 117 magistrados especializados en materia electoral, menos de 40 son mujeres.

A más tardar el 14 de octubre, la Comisión de Justicia del Senado de la República remitirá a la Junta de Coordinación Política la lista de los aspirantes seleccionados para ocupar una de las 21 magistraturas en los tribunales electorales locales.

Integran la primera generación de egresados del Instituto de Procuración de Justicia.

La Policía de Investigación Criminal integrará a sus filas a nuevos elementos, que forman parte de la primera generación de egresados del Instituto de Procuración de Justicia, mientras que una centena de agentes recibió su Certificado Único Policial.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se realizó el curso de formación inicial y se graduaron un total de 24 nuevos elementos, que se integrarán directamente a la Policía de Investigación Criminal, en tanto que  96 elementos en activo recibieron su Certificado Único Policial, tras ser capacitados en acondicionamiento físico, armamento y tiro policial, conducción de vehículos policiales y operación de equipo de radio comunicación, uso de la fuerza y legítima defensa, investigación policial, detención y conducción de personas, y sistema penal acusatorio.

Durante la ceremonia de graduación también se realizó la firma del convenio de colaboración interinstitucional y coordinación académica con la Comisión Estatal de Seguridad, para que la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y el Instituto de Procuración de Justicia realicen actividades académicas y de capacitación del personal operativo de ambas instituciones.

Comisariado de Bienes Comunales advirtió que no se permitirán más invasiones en áreas forestales.

El Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán advirtió que no se permitirán más invasiones en áreas forestales y que las hectáreas que fueron restituidas a la comunidad serán exclusivamente para uso agrícola, forestal y para proyectos educativos.

Luego de que la semana pasada el Tribunal Unitario Agrario ejecutó la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio fin al litigio de más de dos décadas entre la comunidad tepozteca e inversores y empresas impulsoras del fallido proyecto Club de Golf, los integrantes del comisariado festejaron la restitución de 229 hectáreas, pero lamentaron que entre el cinco y el diez por ciento de esta superficie se encuentre ocupada por invasores, lo cuales serán invitados a dejar los predios de manera pacífica, para no enfrentar procesos judiciales

“La tierra se va a utilizar para proyectos de interés social, a beneficio de la comunidad, no se van a utilizar para la repartición o lotificar, tampoco se va a permitir que, aquellos que sus abuelos o padre vendieron la tierra, hoy los nietos los quieran recuperar. Es un juicio que fue a beneficio de la comunidad agraria de Tepoztlán y se van a hacer proyectos de interés social para beneficio de todos los tepoztecos”, dijo Agustín Rojas Cuevas, presidente del Comisario de Bienes Comunales de Tepoztlán.

Carlos Rojas Almazán, asesor jurídico del comisariado, informó que no sólo se tiene contemplada la ruta jurídica para sacar del área restituida a la comunidad a los invasores, sino también se gestiona con el gobierno federal la construcción de una universidad y de un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).

“Todavía tenemos invasiones en algunas partes, se van a seguir algunos procesos, se va a hablar con las personas que hayan invadido. Se tienen algunos proyectos también, hay un proyecto de construcción de una Universidad Benito Juárez, se tiene el proyecto de construcción del CBTA 154 (actualmente ubicado en el municipio de Huitzilac) y, lo principal, es el uso de la tierra y no se va a permitir que se invadan más, se le va a dar un uso agrícola y forestal”, dijo.

Francisco Almazán, quien fue el primer presidente de Bienes Comunales de Tepoztlán y uno de los que estuvo al frente de la lucha contra la construcción del Club de Golf, insistió en que se conservará el uso forestal y agrícola de las 229 hectáreas y no se permitirá que sean usadas para fraccionamientos ni uso privado.

“Hoy en día, después de 20 años, se nos favorece la restitución de la tierra y se nos reconoce como comunidad. Estamos por la conservación de la tierra, estamos porque haya más espacios de esparcimiento para los jóvenes, que más lugares se conserven de manera natural, que el campo no desaparezca”, afirmó.

Varios alcaldes siguen en vilo debido a la imposibilidad de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), vinculadas principalmente al pago de indemnizaciones o prestaciones de ex elementos policíacos e incumplimientos de contratos.

El magistrados del TJA Guillermo Arroyo Cruz señaló que ante el desacato judicial, el tribunal aplica las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus sentencias, que en muchos casos implica el pago de miles y hasta de millones de pesos a las partes actoras.

“Hay multas para el presiden municipal, multas para el Cabildo, duplicación de multas por no cumplir, (los funcionarios municipales) ya están en la antesala de arrestos y, bueno, la última opción es la destitución”, dijo.  

Señaló que, además de Puente de Ixtla, cuyo el Cabildo recientemente fue destituido por el TJA y recurrió al juicio de amparo para mantenerse en funciones, existen otros ayuntamientos en los que los alcaldes podrían están al límite de la destitución, como son los casos de Cuautla y Tlaquiltenango.

Indicó que los servidores públicos pueden recurrir a la justicia federal para frenar las órdenes de destitución, pero insistió que el deber de las autoridades responsables es cumplir con las sentencias judiciales, en este caso del TJA.  

La única acusación contra el exalcalde que aún se mantiene es por secuestro.

Un tribunal colegiado confirmó el amparo concedido al polémico ex alcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, para el efecto de que tribunal unitario descarte los delitos contra la salud y delincuencia organizada, y únicamente revise si hay indicios que lo impliquen en el presunto delito de secuestro.

“Se confirma la sentencia que concede el amparo solicitado ya que la representación social no controvierte las consideraciones en las que el Juez de Distrito se apoyó para otorgar la protección constitucional al quejoso. Se niega al quejoso el amparo respecto al delito de secuestro”, resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.

Al resolver el amparo en revisión 105/2019, el tribunal colegiado desestimó los testimonios aportados por la otrora Procuraduría General de la República (hoy fiscalía) para imputar a Miranda Gallegos, preso en el penal federal en el estado Durango, los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por considerar que no hay elementos adicionales que sustenten las declaraciones de los testigos.

“Ese concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. Se estima que la apreciación probatoria que llevó a cabo el tribunal responsable no fue correcta. La declaración ministerial de ****** no tiene alcance suficiente pues se trata de un testigo de referencia, en tanto no se expone cómo es que la testigo haya tenido conocimiento directo de la participación del quejoso en la integración del grupo criminal de “** *******” (“Los Rojos”) deficiencia que se extiende a la atribución de mediador, porque no se precisa un hecho concreto en el cual el quejoso haya llevado a cabo esta intermediación.

“Por lo tanto, el deposado no satisface las exigencias legales impuestas por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales”, detalló la resolución y señaló que “el informe policiaco que se invoca, sólo se expone que el quejoso (Alfonso Miranda es tío de ******** ****** *********, (Santiago Mazari Hernández, recién captura y ex líder de “Los Rojos)  lo que no es suficiente para atribuir responsabilidad penal”.

Sin embargo, la propia resolución determinó no amparar al también ex diputado local respecto a la imputación de su presunta implicación en el secuestro de un líder ganadero de la zona sur y detractor de Miranda Gallegos, perpetrado el 6 de junio de 2013, por quien se pidió inicialmente cinco millones de pesos y los plagiarios acudieron a la casa de la víctima a cobrar 62 mil pesos como rescate.

La víctima finalmente fue localizada sin vida y, de acuerdo con testigos, presuntamente el plagio lo habría ordenado el ex legislador.

El defensor legal del alcalde electo, Cristian Fragoso Velázquez, informó que  el Segundo Tribunal Unitario deberá emitir una nueva resolución, en la que únicamente se determine si hay o no indicios suficientes para someter a proceso penal a Miranda Gallegos por el presunto delito de secuestro.

Expresó que, en caso de que no haya indicios que vinculen a su representado en el delito de secuestro, podría obtener su libertad y a través de un juicio para la protección de los derechos político electorales exigir que se le entregue su constancia de mayoría y tomar posesión de la alcaldía de Amacuzac. 

Destino de decreto legislativo que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados está pendiente de decisión judicial.

En el Poder Judicial del Estado de Morelos prevalece una tensa calma ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de conceder la suspensión dentro de la controversia constitucional 306/2019 para detener los efectos del decreto legislativo que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados.

Mientras que el grupo de magistrados disidentes decidió mantener un silencio prudente, el grupo que encabeza la magistrada presidente María del Carmen Cuevas López consideró la resolución de la SCJN como una victoria parcial que prolongará, por el momento, la estancia en el cargo al frente del Poder Judicial de la actual titular del TSJ.

En ambos bandos existe incertidumbre porque el asunto se mantiene subjudice tanto en el máximo tribunal del país como en los juzgados de distrito. Incluso, han trascendido los cabildeos en las oficinas de la Corte, especialmente para mantener la ampliación del periodo de los magistrados, pese a que el proyecto de resolución presentado el pasado 19 de septiembre por el ministro, Luis María Aguilar Morales, proponía validar la reducción del periodo.

Debido a que la votación del proyecto de resolución en el Pleno de la SCJN fue pospuesta y que se presentó la nueva controversia constitucional, los magistrados del Poder Judicial, así como los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se mantienen a la expectativa.

Aunque la operatividad de la administración de justicia no se vio afectada, permanecen en vilo la sesiones de Pleno del TSJ y la división entre los magistrados.

Inauguran Juzgado Único Especializado.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, inauguró el Juzgado Único Especializado en Oralidad Mercantil y oficializó la designación de Alejandro Hernández Arjona, como titular del recién creado órgano jurisdiccional, 

Durante el evento, tanto el juez como la titular del TSJ destacaron que aspiran a obtener la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y despresurizar la carga de trabajo, además de recurrir a formas alternas de solución de conflicto. 

Hernández Arjona, quien fue designado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina como titular del juzgado especializado, señaló que Morelos se suma al nuevo sistema de justicia, que permite agilizar y transparentar los procesos judiciales en la materia. 

El juzgado especializado tendrá como sede la ciudad de Cuernavaca, pero su titular podrá desplazarse a las sedes de Jojula y Cuautla para desahogar los asuntos de su jurisdicción.

Una controversia constitucional deja sin efecto el decreto que reducía a 14 años el periodo en el cargo de la presidenta del TSJ y sus homólogos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos y concedió la suspensión contra los efectos del decreto que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados. 

La semana pasada, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, Carmen Cuevas López, promovió el recurso de control constitucional 306/2019 y requirió la medida cautelar contra los efectos del decreto, la cual se suma a la suspensión que ella y a otros magistrados obtuvieron por la vía del juicio de amparo. 

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, para que no se ejecute el Decreto cuatrocientos veintisiete [427], publicado en el Periódico Oficial local el 10 de septiembre de 2019, por el que se deja sin efectos el diverso Decreto dos mil seiscientos diez [2610], y con ello no se suspendan los nombramientos a que se refiere la disposición transitoria tercera del Decreto mil seiscientos trece [1613], de quienes actualmente ostentan los cargos de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto; siempre y cuando no se haya ejecutado materialmente la separación del cargo de alguno de ellos. 

“La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, estableció el acuerdo emitido por la SCJN.

Al admitirse la controversia constitucional, se llamó como partes demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, por la aprobación y promulgación del decreto impugnado, y fueron emplazados para que en un plazo de 30 días respondan a la demanda y entreguen la documentación que les fue requerida por la SCJN. 

El pasado 10 de septiembre fue promulgado el decreto por el cual el Congreso revocó la ampliación del periodo de los magistrados a 20 años, que aprobó la legislatura anterior, y retornó al periodo original de 14 años. 

La primera afectada sería Carmen Cuevas López, cuyo periodo de 14 años concluyó el pasado 4 de julio, pero al obtener una suspensión por la vía del juicio de amparo se mantuvo como magistrada y presidente del TSJ. Algunos otros magistrados, que en algunos meses concluirían su periodo original, también recurrieron al amparo y han conseguido la suspensión contra los efectos del decreto cuestionado. 

En tanto, la SCJN mantiene en suspenso la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos  contra la ampliación de periodo de los magistrados, el aumento de la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años y la eliminación de la evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia. 

En el proyecto de resolución, anunciado en la sesión del Pleno de la SCJN del pasado 19 de septiembre, se propuso validar la reducción del periodo de los magistrados, pero debido a que algunos ministros solicitaron hacer algunos ajustes, el caso fue pospuesto indefinidamente.

La fiscal especializada en el tema asegura que no eran el blanco, sino sus acompañantes varones.

La fiscal Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, afirmó que la mayoría de las mujeres víctimas de homicidio fue “daños colateral”, ya que las investigaciones apuntan a que el blanco del ataque no eran ellas sino sus acompañantes.

Hasta el 20 de septiembre, la fiscalía especializada reportaba 22 casos tipificados como feminicidio y 54 asesinatos de mujeres. En ambos delitos, las armas de fuego fueron el principal instrumento para privar de la vida a las víctimas.

Explicó que los ataques contra la vida de las mujeres son cada vez más violentos, pues “la violencia feminicida se da en el ámbito familiar,  pero es importante establecer que  no nada más en el ámbito familiar se puede dar una violencia feminicida, sino que hay otros tipos de violencia”.

Además de los 22 feminicidios perpetrados en lo que va del 2019, ocurrieron 54 homicidios de mujeres, en que se identificó que ellas no eran los objetivos de los criminales sino sus acompañantes.

“Normalmente tenemos involucradas armas de fuego en casi todos los eventos, y en presencia de un masculino (sic), entonces muchas muertes de estas mujeres son daños colaterales, por eso no se puede hablar de una razón de género”, dijo, al señalar que las líneas de investigación en la mayoría de estos casos –alrededor de un 70 por ciento- presumen que sus parejas o acompañantes estaban implicados en alguna actividad ilícita y ese habría sido el principal móvil de los crímenes.

Expresó que aun cuando las muertes de las mujeres no encuadren en las hipótesis de feminicidio, todos los casos son investigados con perspectiva de género y con apego a los protocolos.  

Entró en vigor reforma constitucional.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la reforma por la que se reincorporaron a la Constitución local diversas figuras de participación ciudadana.

En julio de 2016 fue modificado el artículo 19 Bis constitucional, que contemplaba un listado de los medios de participación ciudadana.

Sin embargo, la anterior legislatura determinó suprimir algunos de esos medios, como la revocación de mandato y el consejo de participación ciudadana, y relegar varias figuras a una ley secundaria.

De acuerdo con la justificación de la nueva reforma, “la inclusión de los mecanismos de participación ciudadana en nuestro marco constitucional permitirá dar mayor impulso a la intervención de los ciudadanos morelenses, para controlar, dar templanza al poder de los representantes políticos y funcionarios públicos, pues se vigilará cómo y en qué ejercen los fondos estatales y como administran los recursos del Estado”.

De esta manera, fueron reincorporadas e integradas al texto constitucional las figuras de participación ciudadana de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, congreso abierto, asamblea Ciudadana, presupuesto participativo, difusión pública, red de contraloría y gobierno abierto.

También se estableció que el Congreso del Estado, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en el ámbito de su competencia, vigilarán y llevarán a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de la nueva reforma.

Recalca que los mecanismos de participación ciudadana pueden tener origen popular o provenir de autoridad pública, según sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por una autoridad.

Pese a esta reforma, grupos de la sociedad civil organizada insisten en que la figura de la revocación de mandato -la cual fue suprimida por la anterior legislatura y excluida por la actual en la reciente reforma- debe ser reintegrada a la Constitución de Morelos.

Juzgado de Distrito le concede suspensión definitiva para que permanezca como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo iniciado contra la reducción de 20 a 14 años del periodo de los magistrados del Poder Judicial

Un juez rechazó la petición de prisión preventiva para el exfuncionario.

El ex director de Transportes, Noé Sandoval Morales, libró la cárcel luego de que juez rechazó imponerle de nuevo la medida cautelar de prisión preventiva, en el cuarto proceso iniciado en su contra por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), quien esta vez lo acusó de tres presuntos delitos. 

La fiscalía anticorrupción informó que en la sala 5 de la Ciudad Judicial de Cuautla, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez varios datos de prueba contra el ex funcionario, quien presuntamente durante su gestión vendió de forma irregular varios permisos a distintos integrantes de una familia de Axochiapan, con la promesa fallida de entregarles concesiones para taxis.

Al no obtener las concesiones, las víctimas acudieron a la FECC a iniciar la denuncia contra Sandoval Morales, quien acumula una docena de denuncias por el mismo modus operandi.

Pese a que la fiscalía solicitó que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, el juez rechazó la petición y únicamente ordenó al imputado acudir a firmar semanalmente a la Unidad de Medidas Cautelares, no salir del país ni acercarse a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a los testigos mencionados en la carpeta de la investigación.

En esta cuarto proceso penal se le imputó al ex funcionario la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público y fraude.

La SCJN pide se realice el ejercicio previsto en la Constitución federal y se subsanen violaciones a procedimiento legislativo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto de creación del municipio de Tetelcingo, únicamente para efecto de que se realice la consulta a las comunidades indígenas prevista en el Artículo 2 de la Constitución federal.

El pasado 12 de septiembre y en ausencia de un ministro fue  votado en el Pleno de la SCJN el proyecto de resolución de la controversia constitucional 30/2018, pero el resultado fue un empate, pues mientras cinco ministros consideraron que no era necesaria realizar la consulta y que se cubría de oficio el requisito con una asamblea realizada en la comunidad con la finalidad de constituirse en municipio, otros cinco ministros consideraron que la consulta era un requisito constitucional indispensable.

Para desempatar la votación, el asunto subió de nuevo a Pleno este jueves y tocó emitir su voto al ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien finalmente desempató la votación y se pronunció por la invalidez del decreto, al advertir que la inexistencia de la consulta a que hace referencia el Artículo 2 constitucional y los instrumentos internacionales sobre la materia, es una violación al procedimiento legislativo, porque una asamblea  no puede sustituir el requisito constitucional.

“Así es que, me surgió la segunda pregunta –es decir–, esta asamblea que se realizó en cumplimiento a lo que establece la ley local para la solicitud de la creación de un municipio indígena ¿Puede hacer las veces de la consulta a que se refiere el artículo 2o. constitucional? O dicho de otra manera, la circunstancia de que haya habido una asamblea por parte de algunos integrantes de estas comunidades ¿Hace innecesario el cumplimiento del requisito de la consulta en materia indígena?

“Y llego a la conclusión de que no es así, es decir, esta asamblea que se realizó en este caso, no puede hacer las veces de la consulta indígena con las características que marca el artículo 2o. constitucional, empezando porque no tenemos datos completos para poder saber ¿Cuál fue la amplitud de la convocatoria?, ¿Cuántas comunidades indígenas están asentadas en el territorio al que interesa esta creación de un nuevo municipio?, ¿Cómo están representadas esas comunidades?, ¿A quiénes se llamaron?, ¿Cómo se llamarón?, ¿Cuántas personas comparecieron de cada una de ellas?, ¿Cómo está regulada constitucionalmente? En fin, creo que la consulta implica una serie de requisitos que deben llenarse para poder –en todo caso– salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas en los términos de nuestra Carta Magna”, argumentó.

Con base en estas interrogantes, el ministro Pardo Rebolledo consideró necesaria la realización de la consulta indígena, e insistió en que la asamblea que se llevó a cabo como el inicio del procedimiento de la creación de este municipio no cubrió el requisito constitucional.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, recalcó que la invalidez del decreto es únicamente con el efecto de que se realice la consulta indígena y se subsanen las violaciones al procedimiento legislativo.  

Así, con una mayoría de seis votos, el Pleno de la SCJN resolvió la controversia promovida por el Ayuntamiento de Cuautla, para demandar la invalidez del Decreto 2341 por el que se creó el municipio indígena de Tetelcingo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 22 de diciembre de 2017.

Por lo tanto, hasta que no se realice la consulta y se reponga el procedimiento legislativo, Teltelcingo se mantendrá como parte del territorio cuautlense y con el estatus de delegación política municipal.

Tribunal colegiado decreta infundado recurso de queja promovido por el Congreso estatal.

Contra el exdirector de Transporte pesan diversas carpetas de investigación.

A petición de la defensa, un juez de control revocó la medida cautelar de prisión preventiva al ex director de Transportes, Noé Sandoval Morales, para enfrentar su proceso penal en libertad por el presunto delito de ejercicio abusivo del servicio público. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (CECC) cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra el ex funcionario, en la que pedirá que se imponga otra vez la prisión preventiva.

La fiscalía especializada lamentó que el Poder Judicial haya dejado en libertad al ex servidor público, quien acumuló varias denuncias de transportistas y particulares que lo acusan de haberles vendido permisos de circulación de rutas y taxis, con la promesa de entregarles concesiones.

En audiencia, el abogado defensor presentó testimonios de varios familiares de Sandoval Morales ante el juez de control Edie Sandoval Lome, los cuales bastaron para revocar la medida de prisión preventiva y permitir que el ex funcionario continuara su proceso en libertad, con la condición de presentarse a firmar cada semana a la Unidad de Medicas Cautelares (Umeca), no salir del país ni del estado, no acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte ni a funcionarios de la dependencia, testigos y denunciantes.

Pero al concluir la audiencia, la fiscalía anticorrupción cumplimentó otra orden de aprehensión contra el ex director de Transporte, con el fin de iniciarle un cuarto proceso penal, derivado de una denuncia iniciada por una familia de Cuautla por la adquisición de tres permisos para el transporte público, por los cuales pagaron más de 70 mil pesos a Noé Sandoval Morales,  quien prometió darles posteriormente las concesiones, lo que nunca ocurrió.

Tras ejecutar la orden de aprehensión, el ex funcionario fue trasladado al municipio de Cuautla para ser puesto a disposición de un juez de control de esa demarcación.

El pasado 14 de agosto, ex director General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Noé Sandoval Morales, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación Criminal, disposición de un juez de control y vinculado a proceso como presunto responsable del delito de ejercicio abusivo del servicio público.

A la postre, se le dictaron dos autos de vinculación a proceso más por el mismo ilícito y la defensa legal del ex funcionario persistió en la petición de revocación de la prisión preventiva para enfrentar en libertad los proceso judiciales.

Incluso, en uno de los intentos por obtener su libertad, la defensa presentó “constancias indebidas” para comprobar arraigo en el municipio de Axochiapan, sin embargo, la fiscalía advirtió irregularidades en los documentos y que iniciaría una nueva investigación contra el funcionario.

Después de varios intentos, finalmente el juez sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares diversas, pero con la ejecución de la nueva orden de aprehensión en breve se tendrá que resolver su situación jurídica.

Promovió una nueva controversia constitucional contra el decreto por el cual el Congreso expidió el acuerdo que anuló la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional contra el decreto por el cual el Congreso expidió el acuerdo que anuló la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La también presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial local inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 306/2019, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como del Secretario de Gobierno, por la aprobación y promulgación del decreto, que afecta de manera inmediata a Cuevas López, quien concluyó su periodo de 14 años el pasado 4 de julio pero se sostiene por una suspensión provisional que, a decir de sus opositores, no surte efecto porque en el momento en que fue concedida la medida cautelar ya se había consumado su cese.

Según el acuerdo expedido por la SCJN, se resolvió turnar la nueva controversia al ministro a cargo del proyecto de resolución de la acción de inconstitucional 20/2017, por tratarse de un asunto que tiene conexidad con este recursos de control constitucional que fue parcialmente debatido en la sesión del Pleno del pasado 19 de septiembre, y cuyo falló fue postergado debido a que el ministro ponente acordó con sus homólogos hacer algunos ajustes al proyecto de resolución, que originalmente planteó invalidar la ampliación del periodo de los magistrados.   

En breve, el ministro instructor deberá determinar si admite o no la nueva controversia, si se acumula o no con la acción de inconstitucionalidad.  

El exalcalde de Amacuzac atacado la semana pasada a balazos lo culpa de la agresión, así como al hijo de El Carrete; ambos detenidos recibieron prisión preventiva.

Una juez de control dictó prisión preventiva al secretario del Ayuntamiento de Amacuzac, Gabriel Miranda Domínguez, y a Alexis Oswaldo Mazari, hijo de otrora líder de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, por su presunta implicación en el atentado que hace unos días sufrió el ex edil, Noé Reynoso Nava.

Ambos hombres fueron detenidos la tarde del lunes en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la juez, luego de que la víctima señaló directamente a ambos y una tercera persona, presuntamente otro de los hijos de “El Carrete”, como responsables de intentar de privarlo de la vida.

De acuerdo con la declaración del ex alcalde, la noche del 17 de septiembre viajaba en su camioneta y circulaba por la cabecera municipal, cuando fue agredido verbalmente por unos sujetos que se encontraban junto a una motocicleta.

Uno de ellos, al parecer Gabriel Miranda  Domínguez, lo amenazó con un arma de fuego y el ex edil aceleró la marcha del vehículo, pero sobre la avenida Morelos del centro de Amacuzac fue alcanzado e interceptado por dos sujetos -al parecer Alexis Oswaldo y otro hombre- que viajaban en un motocicleta y le dispararon, causándole heridas en la cabeza y el hombro, además de daños al vehículo.

Ambos imputados fueron acusados por la fiscalía del presunto delito de homicidio en grado de tentativa y dictó el juez prisión preventiva como medida cautelar. El 29 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso. La fiscalía busca ejecutar otra orden de aprehensión en contra de un tercer implicado en el atento a Reynoso Nava.

Miranda Domínguez -hijo de Alfonso Miranda Gallegos, alcalde electo de Amacuzac que se encuentra interno en una cárcel federal bajo proceso penal- fue detenido la tarde del lunes en las instalaciones del ayuntamiento.

Alexis Oswaldo, el hijo de “El Carrete”, fue aprehendido por elementos federales adscritos a la Fiscalía General de la República en las inmediaciones del fraccionamiento Villas de Atlixco, en el estado de Puebla.

Pleno resuelve acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la validez de las reformas a la Constitución del Estado de Morelos que extinguieron el Consejo de la Judicatura local.

En la sesión de este lunes, el Pleno discutió la acción de inconstitucionalidad 38/2018, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien alegó que la extinción del órgano colegiado violaba el derecho a la tutela judicial efectiva, al distraer funciones de jueces y magistrados para realizar tareas administración a través de una comisión.

Por una mayoría de votos, el Pleno determinó declarar la validez de la modificación al artículo 136, párrafo primero y la derogación de los artículos 40, fracción XXXV, y 92 de la Constitución local, puesto que en el artículo 92-A, pues se previó la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial como órgano administrativo, con funciones similares a las que –en su momento– tuvo el Consejo de la Judicatura local.

“Por lo tanto, resultan infundados los argumentos en el sentido, de que eso va a distraer a jueces y magistrados de la función jurisdiccional, puesto que habría un órgano especializado en la materia”, estableció el ministro ponente, Javier Laynez Potisek.

Además, fueron sobreseídas diversas impugnaciones previstas en la acción de inconstitucional debido a reformas constitucionales que echaron abajo, por ejemplo, la intención de convertir al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en Sala Especializada, dependiente del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente de la Barra de Abogados dice confiar en que la SCJN anule la ampliación del periodo de los magistrados aprobada por los anteriores diputados.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echará abajo las disposiciones por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El dirigente de los abogados barristas, Cristian Velasco Alcocer, dijo que están a la expectativa de lo que discutan este lunes los ministros en el Pleno del SCJN y esperan que anulen la ampliación del periodo de los magistrados.

“De manera personal estoy a favor de que sean sólo 14 años, porque la gente que tiene carrera judicial y que aspira a esos cargos tendrían que pasar (a ocupar esos cargos) y si se dejan los 20 años, entonces tendrían que esperar seis años más para aspirar a una magistratura, aunado que creemos que en su momento la anterior legislatura no tomó la opinión y sentir de la sociedad”, recalcó.

Insistió en que los magistrados no deben tener una permanencia vitalicia, porque hay que oxigenar al Poder Judicial y permitir que esos espacios sean ocupados por persona que se han preparado para trascender en el ámbito de la administración de justicia.

Indicó que una vez que la Corte dé su fallo, podrá regresar la estabilidad al Poder Judicial, ante la crisis que atraviesa actualmente. 

El proceso fue convocado en 2017 para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Un tribunal colegiado ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial destrabar el concurso de oposición que en 2017 convocó el extinto Consejo de la Judicatura para la designación de 13 jueces mixtos y menores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, al resolver el recurso de revisión 171/2019, confirmó el amparo que concedió el juez Noveno de Distrito a uno de los aspirantes a juez y que ordenó a la hoy extinta Comisión Transitoria del Poder Judicial del Estado para que en el plazo de tres días publicara la lista de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa y dar continuidad al proceso hasta concluir con la designación.

El criterio de la justicia federal es que la autoridad responsable (primero el extinto Consejo de la Judicatura, luego la Comisión Transitoria y actualmente la Junta de Administración, que sustituyó a las anteriores) ha sido omisa en la continuación y terminación del concurso de oposición, que desde diciembre de 2017 quedó varado sin aparente justificación.

Pese a los reclamos tanto de los aspirantes como organizaciones de abogados por mantener congelado este proceso de designación, la magistrada presidente del TSJ, Verónica Cuevas López, en noviembre de 2018 designó de manera directa a un bloque de ocho jueces “interinos” menores y auxiliares, la mayoría familiares y colaboradores de funcionarios y magistrados afines a ella.

La Corte delimitó facultades de estados y municipios en materia de tránsito y transporte

El Congreso aún no autoriza ampliación presupuestal para ejecutar últimas sentencias de SCJN; se agotaron 80 millones etiquetados en Presupuesto 2019

El exdirector de Transporte acumula un nuevo proceso por la venta de permisos para taxi.

El ex director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), Noé Sandoval Morales, enfrentará un tercer proceso penal por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión, al expedir y vender permisos de circulación ilegales.

Por una denuncia presentada por un particular, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formuló imputación ante un juez a Sandoval Morales por el delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público, ya que el ex funcionario vendió al denunciante un permiso de transporte público por 50 mil pesos, de los cuales recibió 30 mil como adelanto.

Debido a que el permiso expedido carece de validez y no se encuentra reconocido por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos  -porque sólo el gobernador tiene la facultad de otorgar concesiones del transporte público- la víctima interpuso la denuncia contra el ex funcionario.

De acuerdo con la FECC, el juez de control otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso.

Además, en audiencia diversa, fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex director de Transporte, quien ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones por el mismo delito y tiene abiertas otras carpetas de investigación en la fiscalía anticorrupción. 

El 90 por ciento de los casos están relacionados con las disputas entre grupos de la delincuencia organizada en el territorio estatal: CES.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que los ciudadanos no corren riesgos, sino sólo aquellas personas que están implicadas en actividades y organizaciones delictivas. Además, señaló que la CES resguarda al ex edil de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, quien antes del ataque al parecer “andaba celebrando algo”.

Reconoció que se mantiene constante la incidencia de los homicidios dolosos, pero insistió en que la mayor parte de las víctimas está vinculada a grupos criminales que se disputan territorios para el narcomenudeo o, en el mejor de los casos, asociados a riñas por consumo de alcohol.

“No podemos negar que existen homicidios dolosos, que son los que llaman más la atención, pero en realidad los ciudadanos normales, los que se dedican a hacer su trabajo no están en riesgo. Los homicidios dolosos son entre bandas, un noventa por ciento.”

“Hay homicidios que tienen que ver con rencillas, muchas de ellas provocadas por el alcohol, pero lo que más nos está afectando son homicidios dolosos que se provocan las bandas por la lucha del lugar, por el tráfico, por el narcomenudeo que existe aquí en Morelos”, explicó.

En cuanto al cuarto atentado que sufrió el ex presidente municipal de Amacuzac, Noé Reynoso Nada, señaló que la Fiscalía General del Estado será la que revele cuáles son las principales líneas de investigación y el posible móvil, lo único que sabe la CES es que antes de la agresión se le vio al ex edil “muy contento” conduciendo su camioneta.

“Él andaba celebrando algo, se le vio en un camioneta con la música muy alta, el parte médico lo tienen que dar los médicos, pero pues se le notaba algo alegre, creemos que andaba celebrando algo”, aunque no explicó la relación entre la conducta de la víctima y el ataque de que fue objeto, pero sostuvo que se mantendrá la protección a Reynoso mientras rinde su declaración ministerial para identificar a sus agresores y hasta que la familia solicite el retiro de la custodia.

Recordó que la gestión del ex edil fue polémica, pues nos sólo sufrió varios atentados sino que fue mencionado en varias narcomantas y se le asoció al grupo criminal Guerreros Unidos, organización rival de “Los Rojos”.

Por lo pronto, Ortiz Guarneros informó que, junto con la 24ª. Zona Militar, la Policía Federal y la Guardia Nacional se reforzó la estrategia de seguridad en Cuernavaca, Jiutepec y el surponinete de la entidad, por ser las zonas donde hay mayor actividad delictiva y donde los hijos de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” y otrora líder de “Los Rojos”, han colocado mantas en las que aseguran que su papá sigue “presente”, pese a estar detenido en el penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco, y enfrentar cuatro procesos penales por delincuencia organizada, extorsión y secuestro.

El proyecto de la Suprema Corte propone invalidar decreto que aumentó a veinte años el periodo de los actuales magistrados de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaría las reformas por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, aumentó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso y eliminó la ratificación.

Luis María Aguilar, como ministro ponente de acción de inconstitucionalidad 20/2017, propuso al Pleno la invalidez del decreto 1613, publicado el 24 de febrero de 2017, en lo relativo a la derogación del párrafo segundo de la fracción XXXVII del artículo 40; reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto, sexto, décimo y la derogación de los párrafos tercero, octavo y noveno; así como reforma al artículo 109 bis, párrafos sexto, octavo y derogación del párrafo séptimo, y reforma al artículo 109 ter, párrafos tercero, quinto y derogación del párrafo cuarto, todos de la Constitución política local, así como del artículo tercero transitorio del decreto.

La invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos fueron las propuestas discutidas este jueves en el Pleno de la SCJN, en virtud de que el pasado 10 de septiembre fue promulgado el decreto por el que el Congreso expidió el acuerdo que revirtió la extensión de los periodos.

Algunos ministros, como Eduardo Medina Mora y Mario Pardo Rebolledo, consideraron procedente sobreseer las disposiciones respecto a la ampliación de los nombramientos de los magistrados, en virtud de que han cesado sus efectos por la vigencia del nuevo decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 10 de septiembre, aunque –advirtió Medina Mora- “puede que haya problemas respecto de esos nombramientos, pero, en todo caso esos habría que ver si los afectados lo combaten en amparo”.

En contraste, el ministro presidente, Arturo Zaldívar expresó su disenso, porque consideró que, pese al nuevo acto legislativo, permanece vigente el artículo tercero transitorio del decreto de reforma del decreto 1613, porque no fue derogado, y “adelanto que no estoy a favor del sobreseimiento del tercero transitorio, me parece que claramente sigue surtiendo sus efectos y que un acto concreto, decreto que lo deja sin efectos, con una, pues, muy poco disimulada intención de lograr precisamente que no se analice la constitucionalidad de esta reforma, no puede llevarnos precisamente a ese sobreseimiento”.

El lunes continuará el análisis del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad, al cual el ministro ponente incluirá algunas observaciones de sus homólogos.

En el proyecto de esta acción de inconstitucionalidad también se propone invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación de la ratificación. En caso de invalidarse, tendría un impacto inmediato en la estructura del Poder Judicial.

Por ejemplo, en caso que el periodo de los magistrados se reduzca nuevamente a 14 años, quedaría inmediatamente vacante la magistratura de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Cuevas López, y en mayo quedarían vacantes las magistraturas que actualmente ocupan Roció Bahena y Miguel Ángel Falcón, quienes han promovido sendos juicios de amparo.

De igual forma, concluiría el periodo de los magistrados Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).  Por edad, tendrían que retirarse del cargo los magistrados del TSJ, Valentín González García y Ángel Garduño.

En caso de regresar la ratificación al culminar su primer periodo de seis años, tendrían que ser sujetos a evaluación los magistrados del TSJ, Manuel Díaz Carbajal, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Elda Flores León, para aspirar a un segundo y último periodo de ocho años.

La acción de inconstitucionalidad que estudia la SCJN fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a petición de organizaciones civiles y particularmente de organizaciones de abogados, por calificar la reforma realizada por la LIII Legislatura al Poder Judicial como “indebida, inmoral e ilegal” porque no sólo no garantizaría una administración de justicia imparcial e independiente, sino que arbitrariamente eternizaría las magistraturas sin evaluar el desempeño de quienes las ocupan y sin escrutinio público.

DIFERIDA AUDIENCIA DE CUEVAS LÓPEZ

El Juzgado Octavo de Distrito difirió la audiencia incidental en que se pretendía resolver si mantenía o no de manera definitiva la polémica suspensión concedida a la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, por la cual permanece en el cargo, pese a que los magistrados del bloque disidente insisten en que la medida cautelar no surte ese efectos porque su cese fue consumado con la vigencia del nuevo decreto legislativo del 10 de septiembre.

Hasta ayer se desconocían las razones del diferimiento y la nueva fecha para su realización, sin embargo, todos los magistrados y los representantes de los tres Poderes del estado están a la expectativa de lo que resuelva la SCJN, por el posible impacto a la estructura judicial.

El exalcalde amacuzteco sobrevivió y está resguardado por la Policía.

El ex alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, sobrevivió al cuarto atentado perpetrado contra él por un grupo armado la noche de este martes y se encuentra bajo protección policíaca en un hospital de la región sur, con un pronóstico médico reservado pero estable.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que inició las pesquisas para identificar y localizar a los presuntos responsables, que llegaron hasta el domicilio del ex edil en la cabecera municipal de Amacuzac e intentaron privarlo de la vida.

La víctima recibió un balazo en la cabeza y otro en el hombro y, de acuerdo con el último reporte médico difundido por los Servicios de Salud de Morelos (SSM), se encuentra estable y permanecerá internado en un hospital en el que también estará bajo la vigilancia y protección policial para salvaguardar su integridad física.

Noé Reynoso Nava fue presidente municipal de Amacuzac durante el periodo 2012-2015, pero durante su mandato sostuvo fuertes rencillas con su predecesor en la alcaldía y rival político, Alfonso Miranda Gallegos, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel federal bajo proceso penal acusado de delincuencia organizada y secuestro, delitos que –según la acusación- habría  perpetrado como integrante del cártel de “Los Rojos”, que encabezaba su sobrino - también detenido- Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” o el “El Señor de los Caballos”.

El primer atentado que sufrió el ex edil ocurrió al asumir el cargo en enero del 2013,  y en ese mismo mes fue asesinado el mayor Justo Buenaventura Jaimes, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio.

El segundo atentado ocurrió en agosto de 2015, cuando se disponía a salir de su rancho, ubicado en la comunidad de Miahuatlán. El tercero, ocurrió un mes después, cuando se encontraba reunido con  algunos de sus colaboradores.

En las tres ocasiones anteriores resultó ileso.

Juez rechaza petición de iniciar un incidente por presunta violación a suspensión  provisional por parte de la disidencia del TSJ.

El Juez Octavo de Distrito rechazó la petición de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, de iniciar un incidente por presunta violación a una suspensión  provisional, en contra del grupo de magistrados que la desconocen como representante del Poder Judicial.

La semana pasada, nueve magistrados consideraron que la suspensión provisional otorgada por el juzgado de distrito no surtía efectos a favor de Cuevas López porque era un hecho consumado la terminación de su periodo, tras la publicación del decreto por el que se expidió el punto de acuerdo legislativo para reducir de 20 a 14 años el periodo de los juzgadores de segunda instancias.  

Por ello, el magistrado decano, Andrés Hipólito Prieto convocó a sesionar cuando menos en dos ocasiones para elegir a quien cubriría el periodo restante de Cuevas López al frente de la presidencia.

Sin embargo, sobrevino el choque de interpretaciones y la magistrada afirmó que la suspensión que le fue concedida era para conservar su investidura y la representación del Poder Judicial, por lo que procedió a denunciar ante el juez federal que sus homólogos y opositores violaban la suspensión al pretender suplirla en la presidencia.

El argumento esencial del  juzgado  federal es que no son autoridad responsable los magistrados del TSJ y por tanto no había lugar a tener por denunciada la repetición del acto reclamado ni dar vista al agente del Ministerio Público Federal.

Por lo pronto, los tres Poderes del estado y los sectores vinculados a la administración de justicia se mantienen a la expectativa sobre la audiencia que se realizará este 19 de septiembre, en la que se definirá si se mantiene o no la suspensión definitiva a Carmen Cuevas.

Crisis en Poder Judicial afecta a plantilla laboral; hay presuntas represalias contra trabajadores, señala grupo disidente.

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se declararon “en pie de lucha por la defensa del estado de derecho”, reiteraron que desconocen a Carmen Cuevas López como magistrada presidenta y denunciaron que ella arremetió contra los trabajadores al aplicar una sería de “castigos” que van desde el cambio de adscripción a  zonas lejanas hasta el despido.

Los nueve magistrados que forman parte del grupo disidente fijaron una postura en grupo en torno a lo que ocurre en la operatividad de la administración de justicia y que afectó ya directamente a la base trabajadora, pero también confirmaron su desconocimiento a Cuevas López y llamaron al resto de sus homólogos a sumarse para impedir que se continúen las acciones ilegales de Cuevas López.

“No reconocemos a la Ciudadana María del Carmen Verónica Cuervas López como Magistrada y menos aún como Presidenta del Tribunal, porque el plazo de catorce años a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Local, ya concluyó.

“Insistiremos en que los demás Magistrados colaboren a fin de que el Tribunal cuente con Presidente o Presidenta; y cese la administración del erario público y los demás actos que al margen de la legalidad viene realizando la ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose indebidamente como Magistrada y Presidenta de este Tribunal. 

“Entre todos los Magistrados y de cara a la sociedad, se abra un debate respetuoso y sincero, a fin de que se corrijan y terminen diez problemas fundamentales, cuya desatención ya resulta insostenible”, instó el grupo de magistrados disidentes.

En el documento dirigido a la opinión pública y firmado por los magistrados Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Nadia Luz Lara Chávez, Bertha Rendón Montealegre, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González y Rocío Bahena Ortiz, se reveló una serie de problemas que apuntalaron la crisis que vive el TSJ.

De acuerdo con los magistrados, son atribuibles a la gestión de Carmen Cuevas una serie de represalias emprendidas contra los trabajadores, que van desde la reducción del salario, el cambio abrupto del lugar del trabajo a sitios lejanos, el cobro por la capacitación que reciben del tribunal, la ausencia de nombramientos definitivos pese a la antigüedad y otras formas de castigo e intimidación ilegal hacia los trabajadores del Poder Judicial que, en caso extremos, han terminado con el despido.

También señalaron que desde la asunción de la magistrada presidenta, ésta permanente se niega a cubrir la pensión de los trabajadores, arriesgando su sobrevivencia y la de sus familias.

Además, recalcaron que existen “amenazas al personal obligándolos a incurrir en conductas ilegales, so pena del despido” y realizó “la designación directa de jueces y otros funcionarios, y amenaza con privarlos de sus derechos, a fin de que actúen sumisamente”.

A esto se suma el uso del erario judicial “para remodelar lujosamente oficinas y atender asuntos personales, cuando existen prioridades urgentes, como la creación de otros juzgados, debido a la enorme saturación de trabajo”.

Los magistrados coincidieron que existe una fuerte resistencia para lograr la modernización de la normatividad que rige al Poder Judicial, para terminar con las viejas y nefastas conductas de autoritarismo.

En un año se logró una disminución de la incidencia delictiva, con excepción del delito de homicidio doloso: Ortiz Guarneros.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que en un año se logró una disminución de la incidencia delictiva, con excepción del delito de homicidio doloso, y adelantó que insistirá en su petición de obtener un incremento presupuestal para abastecer a la institución de herramientas tecnológicas para hacer frente a la delincuencia.

A dos semanas de cumplirse el primer año de gobierno de la administración encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el funcionario realizó un balance general de los resultados obtenidos en materia de seguridad pública.

Ortiz Guarneros resaltó que se logró disminuir en 40 por ciento la incidencia delictiva, aunque el porcentaje varía de acuerdo con el tipo de delito. Por ejemplo, dijo, el delito de robo a casa habitación bajó un 40 por ciento, mientras que el secuestro y asalto a negocios un 30.

Reconoció que el delito que despuntó en los últimos doce meses fue el homicidio doloso, el cual subió un 40 por ciento en comparación con las cifras registradas durante el sexenio anterior.

Indicó que para hacer frente a esta problemática, es necesario que la institución cuente con un presupuesto generoso, que le permita acceder a la mejor tecnología y equipo.

Dijo que reiterará su petición del años pasado a la  Secretaría de Hacienda estatal de un presupuesto para la CES de dos mil 500 millones de pesos, los cuales se ocuparían, entre otras cosas, “para modernizarnos tecnológicamente, crecer en cámaras, pero cámaras, no de las que venden en las tiendas de autoservicio, sino cámaras especiales que se utilizan para la video vigilancia, que son para intemperie, usos rudos, que vienen con fibra óptica”.  

Juzgado federal resolverá el próximo jueves si concede o no suspensión definitiva a María del Carmen Cuevas López para que continúe como presidenta del Poder Judicial de Morelos; notifican suspensión provisional 

Juez de control decretó suspensión condicional de proceso penal iniciado por la víctima a cambio de la medida; los hechos ocurrieron en octubre de 2018.

Magistrados opositores afirman que la suspensión provisional que le fue concedida no surte efectos para que siga como presidenta del TSJ.

También la acusan de boicotear los intentos para sesionar y elegir a presidente provisional del Poder Judicial de Morelos.

Mientras Carmen Cuevas López se aferró como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados opositores desconocieron su investidura, por considerar que la suspensión provisional concedida por la justicia federal no surte efectos para que siga en el cargo, además de que la acusaron de boicotear los intentos de un grupo de magistrados para sesionar y elegir al presidente provisional, y promovieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este jueves, una comisión de magistrados disidentes fijó su postura respecto a la suspensión concedida a Cuevas López por el Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, y afirmaron que los efectos no son para sostenerla en el cargo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto afirmaron que la suspensión no la protegió para seguir como magistrada y mucho menos como presidente del tribunal, pues sólo fue para efecto de que las cosas se mantuvieran como estaban  a partir de la hora y día que promovió el amparo.

Como peritos en derecho, destacaron que cuando se concedió la medida cautelar ya estaba consumado su cese como representante del Poder Judicial y había concluido su periodo, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo por el que el Congreso revirtió la disposición tercera transitoria del decreto 2610, por la que la legislatura anterior –sin reforma constitucional- amplió  a 20 el periodo de los magistrados de los tribunales locales, y emitió uno nuevo para retornar al periodo original de 14 años, como consta en sus decretos de designación de los juzgadores de segunda instancia.

Resaltaron que le fue negada la suspensión contra el nuevo decreto, por el cual se da por culminada su gestión desde el 4 de julio pasado e, insistieron, que la suspensión concedida fue únicamente para que las cosas permanecieran en el estado en que se encuentran y eso significa que al momento de la concesión de la medida cautelar Carmen Cuevas ya estaba fuera del Poder Judicial.

Hicieron un llamado a sus homólogos del grupo de Cuevas López a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el Poder Judicial, cuya representación se encuentra acéfala

“Hoy ya  no es magistrada y mucho menos presidente. La exhortamos para que no anteponga sus intereses personales y no afecte el interés público y social. Que prevalezca la legalidad para que se restablezca el Estado de Derecho en bien de la justicia”, afirmó Arenas Ángeles.

Posteriormente, arribó a la sede del TSJ la notaria número 5 de la demarcación de Cuernavaca, Patricia Mariscal Vega, quien dio fe de que Carmen Cuevas y su personal estaban despachando en la oficina de Presidencia.

Posteriormente, Hipólito Prieto acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar una denuncia penal contra Carmen Cuevas, por la probable comisión de un delito al ejercer funciones que ya no le corresponden y usurpar una investidura.

“Ejercer actos o materializar actos en que se ostente como servidora pública, incurre en una conducta delictiva que será denunciada ante el agente del Ministerio Público y, si la representación considera que es un delito flagrante, incluso deberá de proceder contra la persona que se está como servidor de la magnitud de un presentante de un poder, o disponer de recursos materiales, humanos, incluso económicos, son graves”, secundó el magistrado Gambo Olea.

Familiares de víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas de Tetelcingo demandan justicia.

Surgen nuevo reclamos de justicia de familiares de seis personas que fueron sepultadas  en la fosas de Tetelcingo y que exigen fincar responsabilidades no sólo a los funcionarios que participaron en la inhumación ilegal, sino aquellos que omitieron informarles su derecho a ejercer acciones penales y solicitar al Estado la reparación integral del daño.

El abogado y representante de una de las familias, David Marroquín Ojeda, señaló que el objetivo de hacer la denuncia pública es visibilizar que existen  más víctimas indirectas que han padecido no sólo la ausencia y la muerte de sus seres queridos, sino la indolencia, negligencia y omisión de las instituciones.

Explicó  que las familias denunciaron ante la otrora procuraduría de justicia, en unos casos la desaparición y, en otros, el secuestro de sus seres queridos, e incluso algunas carpetas de investigación datan desde 2009, pero fue hasta la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo en mayo de 2016 y la realización de pruebas genéticas a los 118 cadáveres extraídos, cuando descubrieron que los restos de sus familiares estaban ahí.

“El objetivo es presentar ante los medios de comunicación a todas las víctimas indirectas que ya están reconocidas dentro de la carpeta de investigación que se lleva por las fosas de Tetelcingo, en el proceso penal, y que están buscando ahorita en el juicio ser reconocidos como tal (como víctimas indirectas). Estos familiares no tenían conocimiento del derecho que tenían de formar parte del proceso y del acceso a la justicia”, dijo.

Detalló que, tras los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a los cuerpos exhumados de las fosas de Tetelcingo y la identificación plena de sus familiares, les fueron entregados los cuerpos pero la autoridad nunca les ofreció información u orientación sobre su derecho a ejercer acciones legales contra los servidores públicos que incurrieron en irregularidades por inhumación de los cuerpos sin protocolo que permitiera su identificación, y para exigir la reparación integral del daño, que incluye aplicar responsabilidades y sanciones administrativas y penales a todos los que participaron en la inhumación ilegal y omitieron apoyar a las familias para reclamar sus derechos.

“Lo único que se pretende es que se haga justicia, los familiares no quieren dinero, no quieren premios, no quieren dotaciones, lo que quieren es justicia y ese es un derecho esencial de las víctimas y eso es lo único que están reclamando”, recalcó.

Recordó que existen dos ex funcionarios bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en la inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pero existen otros implicados y las responsabilidades podrían alcanzar al mismo ex gobernador, Graco Ramírez, y el ex procurador Rodrigo Dorantes Salgado, así como a 42 ex servidores públicos más que –de acuerdo con la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- pudieran estar implicados.

De esta manera, Epigmenio Mentado Díaz, Liliana Domínguez Flores, Osvaldo Cándido Juárez Cárdenas y Ángel Marco Reyes, familiares de las personas cuyos cuerpos fueron localizados en las fosas de Tetelcingo, exigieron a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y no persistir en la omisión.

Por su parte, Amalia Hernández Hernández nuevamente reiteró su exigencia al titular de la FGE, Uriel Carmona de Gándara, de la creación de una fiscalía especializada para dar seguimiento al asunto de las fosas y reiteró su desconfianza hacia los agentes del Ministerio Públicos a cargo de las investigaciones, porque no sólo han obstaculizado las indagatorias y el proceso penal, sino que han mostrado su conflicto de interés y falta de profesionalismo para representar a la víctimas.

Un juez de distrito le concede la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos.

Un juez de distrito concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras promover un juicio de amparo contra el decreto legislativo que eliminó la ampliación del periodo de los magistrados 14 a 20 años y dio por concluida su gestión. Mediante un breve comunicado emitido anoche, Carmen Cuevas López informó que el Juez Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1222/2019, le otorgó la suspensión provisional para mantener su investidura y la representación del Poder Judicial, así como desestimó las acciones de sus adversarios. “Este día 11 de Septiembre, el Juez Federal otorgó suspensión provisional a Cuevas López. Esta resolución favorece y ratifica la supremacía constitucional, los valores de independencia judicial y a la estabilidad del estado. La autoridad judicial federal, da certeza legal y jurídica para que la  magistrada Cuevas López,  continúe como Presidenta hasta Mayo de 2020. 

“Los hechos acontecidos el día de hoy y organizados por un grupo minoritario de magistrados, queda sin efecto alguno. La Ley Orgánica establece que la única facultada para convocar a sesiones del pleno es la titular del máximo órgano jurisdiccional del estado de Morelos. Con la determinación del órgano jurisdiccional federal, se ofrece a la entidad claridad y certeza sobre la conducción del Poder Judicial del estado”, estableció el comunicado oficial.

Recalcó que la determinación de la justicia federal privilegió la autonomía e independencia del Poder  Judicial, y evitó la intromisión de otros poderes del estado en la vida jurídica del TSJ.

Según el acuerdo, al que La Unión de Morelos tuvo acceso, la suspensión concedida a Cuevas López fue en los siguientes términos. 

“Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto reclamado en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López; ello, hasta en tanto reciban la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente.

“En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado”.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, esta resolución podría tener varias interpretaciones, pero será vital que lo que el juez federal resuelva en la audiencia incidental sobre si concede o no la suspensión definitiva, luego de que las autoridades responsables rindan sus informes. 

Hasta el cierre de edición, los magistrados disidentes no habían fijado postura sobre la decisión judicial federal.

Previo a conocerse la resolución del juzgado de distrito, por la mañana Andrés Hipólito Prieto asumió temporalmente la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, en medio de una tensa calma y una presunta amenaza de bomba que obligó el desalojo del personal de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Hipólito Prieto, con base en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2 del Reglamento Interno que le otorgan la calidad de decano y primer magistrado, asumió la representación provisional del TSJ y convocó a una fallida Sesión Solemne de Pleno  para nombrar a quien ocuparía la presidencia hasta mayo de 2020, ante el cese de Cuevas López. 

Pese al desalojo del edificio, los nueve magistrados del bloque disidente acudieron al Salón de Plenos para atender la convocatoria a Sesión Solemne y, por encima de las opiniones de algunos magistrados sobre que el nombramiento del presidente provisional del tribunal debía concretarse con los magistrados presentes, Hipólito Prieto consideró necesario apegarse a la ley, que exige la participación de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Pleno, que equivale a 11 magistrados, para alcanzar el quórum necesario para la elección. 

Por tal razón, realizó una segunda convocatoria para Sesión Solemne para este jueves a las 14:00 horas, en espera que otros magistrados que forman parte del grupo liderado por Cuevas López se sumara al Pleno y que este mismo día se conociera si se concedió o no la suspensión provisional a la magistrada presidenta contra el decretó que dio por terminada su función judicial. 

Cuestionado sobre las últimas declaraciones de Cuevas López, quien puso en duda la legalidad del decreto legislativo y afirmó que seguía vigente su nombramiento como magistrada y presidenta del TSJ, señaló que “se le terminó el cargo, ya cesaron lo efectos, lo quiera o no lo quiera entender, solamente la autoridad judicial le puede decir lo contrario”. 

Recalcó que sólo en el supuesto de que se le conceda la suspensión provisional podría continuar en el cargo, pero mientras no se conozca la determinación de la justicia federal “lo que no se quiera aquí es que haya ingobernabilidad, una institución no puede quedar sin representante ni un solo momento, por esos  estoy saliendo yo a convocar a mis compañeros para que no sé este vacío de poder precisamente, pero si ella está provocando todo esto con esta serie de boicots (en referencia a la presunta amenaza de bomba e insistencia de varios magistrados), aguas, porque puede cometer serias responsabilidades”. 

Un juez de distrito concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras promover un juicio de amparo contra el decreto legislativo que eliminó la ampliación del periodo de los magistrados 14 a 20 años y dio por concluida su gestión.

Mediante un breve comunicado emitido este miércoles, Verónica Cuevas informó que el Juez Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1222/2019, le otorgó la suspensión provisional para mantener su investidura y la representación del Poder Judicial, así como desestimó las acciones de sus adversarios.

En el comunicado oficial se establece lo siguiente:

"Este día 11 de Septiembre, el Juez Federal otorgó suspensión provisional a Cuevas López. Esta resolución favorece y ratifica la supremacía constitucional, los valores de independencia judicial y a la estabilidad del estado. La autoridad judicial federal, da certeza legal y jurídica para que la magistrada Cuevas López, continúe como Presidenta hasta Mayo de 2020. Los hechos acontecidos el día de hoy y organizados por un grupo minoritario de magistrados, queda sin efecto alguno. La Ley Orgánica establece que la única facultada para convocar a sesiones del pleno es la titular del máximo órgano jurisdiccional del estado de Morelos. Con la determinación del órgano jurisdiccional federal, se ofrece a la entidad claridad y certeza sobre la conducción del Poder Judicial del estado".

Recalcó que la determinación de la justicia federal privilegió la autonomía e independencia del Poder Judicial, y evitó la intromisión de otros poderes del estado en la vida jurídica del TSJ.

Según el acuerdo, al que La Unión de Morelos tuvo acceso, la suspensión concedida a Cuevas López fue en los siguientes términos.

"Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto reclamado en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López; ello, hasta en tanto reciban la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente.

En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado".

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, esta resolución podría tener varias interpretaciones, pero será vital que lo que el juez federal resuelva en la audiencia incidental sobre si concede o no la suspensión definitiva, luego de que las autoridades responsables rindan sus informes.

La presidenta del TSJ cumplió catorce años en julio y debe dejar el puesto.

Ella menosprecia la publicación en el periódico oficial y afirma que no puede ser destituida.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró hoy en vigor el decreto que expide el punto de acuerdo por el cual el Congreso de Morelos redujo el periodo de los magistrados de 20 a 14 años, con lo que, en teoría, habría culminado la gestión de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien ya alista las acciones legales para permanecer en el cargo y combatir la acción legislativa.

El decreto 427 expedido por la LIV Legislatura dejó sin efectos el decreto 2610 emitido por la legislatura anterior, que modificó los periodos de designación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa, quienes originalmente habían sido nombrados por un periodo de seis años y posteriormente ratificados por otro de ocho años para sumar 14, pero la LIII decidió extender su cargo por seis años más hasta sumar un total de 20 años.

Mediante este nuevo decreto, la actual legislatura pretendió regresar al periodo original para el cual fueron designados los juzgadores y la primera en culminar su gestión sería Carmen Cuevas López, quien en julio de 2011 fue ratificada para un segundo periodo, el cual concluyó el 4 de julio pasado.

Los siguientes magistrados que culminarían su periodo de 14 años el próximo 17 de mayo de 2020 son Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega y Valentín González García.

Cuevas López fue la primera en fijar postura como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos y como afectada por el nuevo decreto, al desestimar la validez jurídica del punto de acuerdo y anunciar la promoción de acciones legales para combatir el acto legislativo.

“Estoy analizando cuáles son las acciones que voy a hacer y, sin duda, ustedes se estarán enterando en breve. Pero de ningún manera este acuerdo parlamentario puede proceder en el sentido en que se está manejando, que me están destituyendo, porque en ningún momento me están destituyendo.

“Como justiciables nosotros tenemos garantías constitucionales no solamente a nivel constitucional federal sino internacional, en donde no podemos ser arbitrariamente quitados de nuestros nombramientos, porque es un nombramiento que tiene una reforma constitucional en la cual está legalmente establecido, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley para el proceso legislativo. En este caso, el acuerdo parlamentario, hasta donde tengo conocimiento, no tiene ningún efecto, ningún alcance jurídico”, sostuvo.

Señaló que el Congreso cometió varios errores que restan validez al decreto, pues no sólo en sesión extraordinaria los diputados no trataron el tema sino que no se cumplió el proceso legislativo.

Dijo estar tranquila y que emprenderá su defensa jurídica para que sean los tribunales quienes diriman el tema, pero lamentó que el Congreso no respete la permanencia judicial e insistió que ningún acuerdo o decreto está por encima de la Constitución.  

Además de los magistrados del TSJ, también serían afectados los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Martin Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes cumplirían 14 años en el cargo en mayo de 2020.

Magistrados también crean juzgado especializado en juicios orales mercantiles.

Por decisión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quedaron extintos los distritos judiciales en materia penal y fue creado el juzgado especializado en oralidad mercantil, que absorberá todos los asuntos, sin que haya tope de cuantía.

En entrevista, el magistrado del TSJ Rubén Jasso Díaz informó que fue aprobada la desaparición de los sietes distritos judiciales penales y la instauración únicamente de las sedes en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, en tanto que en segunda instancia quedará como único distrito, lo que permitirá distribuir las cargas de trabajo de manera igualitaria, sobre todo porque algunas salas como la de Cuautla tenían el doble de asuntos.

“Los jueces no tendrán mayor movimiento, y en segunda instancia igual somos un solo distrito, y el motivo de esto son las cargas de trabajo. Entendemos, que en la ciudad de Cuautla todos los (magistrados) que hemos estado ahí, que la carga de trabajo en materia oral penal ha aumentado, entonces la intención es que todos tengamos las mismas cargas de trabajo y los magistrados tendrán que transportarse a las sedes para desahogar sus asuntos”, explicó.

Informó que esta decisión entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos y los asuntos serán turnados conforme al orden consecutivo de las salas.

También informó que se creó el juzgado especializado en juicios mercantiles orales y la sede será Cuernavaca, pero su titular podrá desplazarse a otras sedes a desahogar los asuntos de su jurisdicción.

Dijo que por el momento  sólo existirá un juez especializado para absorber todos los asuntos  mercantiles sin importar la cuantía y, conforme la carga de trabajo, en su momento se analizará la conveniencia de abrir otro juzgado.

El juez especializado será designado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y se espera que en breve comience a funcionar el nuevo juzgado.

Al otrora líder del cártel de “Los Rojos” le fue dictado un nuevo auto de formal prisión por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de secuestro y narcotráfico.

El otrora líder del cártel de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, acumuló ya su cuarto proceso penal, tras su detención el pasado 1 de agosto en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que al también conocido como “El Señor de los Caballos” le fue dictado por un juez federal un nuevo auto de formal prisión por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de cometer secuestro y narcotráfico.

La dependencia federal insistió en su llamado a la ciudadanos que hayan sido víctimas del ex líder criminal a presentar las denuncias correspondientes, con la finalidad de robustecer las cuatro investigaciones en su contra y por la cual se iniciaron los procesos judiciales penales.

“El Carrete”, cuya organización tenía su principal bastión en la zona sur de Morelos, fue detenido en el estado de Guerrero junto con uno de sus cercanos colaboradores, luego de protagonizar un enfrentamiento con grupos rivales que duró varios días.

A la detención de Santiago Mazarí se le atribuye el incremento de homicidios dolosos en Morelos en las últimas cuatro semanas, pues las autoridades consideran que  hay una disputa al interior de la mermada organización criminal y entre grupos antagónicos.

Incluso, la noche del viernes fue acribillado en el municipio de Ayala Miguel “N”, alias “El Pantera” y ubicado como el tercero en la línea de mando de “Los Rojos”.

El recurso fue promovido por la comuna cuautlense, con el fin de demandar la invalidez del decreto por el que se creó el municipio indígena de Tetelcingo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en unos días la controversia constitucional 30/2018, interpuesta por el Ayuntamiento de Cuautla contra la creación del municipio indígena de Tetelcingo.

El recurso de control constitucional será debatido y resuelto, una vez que el Pleno del Alto Tribunal agote dos controversias constitucionales previas relacionadas con la Constitución de la Ciudad de México.

La controversia constitucional, que se encuentra en el tercer lugar de la lista de asuntos para resolución del Pleno, fue promovida por la comuna cuautlense con el fin de demandar la invalidez del Decreto 2341 por el que se creó el municipio indígena de Tetelcingo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 22 de diciembre de 2017.  El proyecto será presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Sobre este tema hay gran expectativa por parte de quienes están a favor de la creación del municipio 36 del estado de Morelos -cuya fundación fue detenida por la suspensión concedida por la SCJN-  y entre quienes rechazan la escisión de la comunidad de Tetelcingo para convertirse en Ayuntamiento.

Incluso, hace dos meses el secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, José Alfredo Escalona Arias, insistía en que no había condiciones para la división del municipio y la creación del municipio indígena de Tetelcingo, debido la escasez de recursos y las enormes deudas heredadas, pero la última palabra sería de la máxima autoridad judicial del país.

Emitirán convocatoria para elegir a dos expertos en la materia, pues en esta categoría sólo se inscribió una especialista

No asistieron los nueve magistrados opositores a la presidencia de la institución; la mitad del Pleno desahogó diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos

No funcionó la planta de emergencia.

La mañana de este jueves se registraron fallas en el sistema de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Ciudad Judicial ubicada en Atlacholoaya, lo que obligó a postergar la realización de audiencias en por los menos dos de las siete salas de audiencias.

De acuerdo con la información recabada, el fallo eléctrico ocurrió solo en una parte del edificio judicial, y afectó la realización de una audiencia en curso, porque aun cuando en teoría debía entrar en funcionamiento la planta de luz de emergencia, esto no ocurrió.

La situación obligó al juez que presidía la audiencia a suspenderla y certificar que la interrupción fue por una causa de fuerza de mayor, ya que debido a la falta de energía eléctrica dejó de funcionar el sistema de audio y video, que registra íntegramente el desarrollo de los juicios.

Para poder reparar el fallo, la audiencia fue trasladada a otra sala, que a su vez tuvo que postergar sus audiencias programadas.

Desde octubre de 2018, cuando los juzgados de Primera Instancia con sede en Cuernavaca fueron mudados a la recién construida Ciudad Judicial del Estado de Morelos, que tuvo un costo superior a los 100 millones de pesos, el Tribunal Superior de Justicia reportó a la Secretaría de Obras del Gobierno de Morelos –responsable de la edificación- diversos defectos detectados, con el fin de hacer efectiva la garantía por vicios ocultos.

Filtración de agua en varias áreas del edificio por la defectuosa impermeabilización y fallos en las instalaciones eléctricas y luminarias fueron algunos de los vicios reportados y que al parecer no se subsanan.

Disensos en Pleno no afectan la operatividad de la institución: Flores León.

Elda Flores León, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, confirmó que no hay fecha para la próxima sesión de Pleno, aunque  afirmó que los disensos entre magistrados no afectan la operatividad de la institución.

Resaltó que la Constitución y la ley establecen cuales son las obligaciones y funciones de los impartidores de justicia, por lo que está en el ámbito personal cumplir profesionalmente con las tareas que le fueron conferidas.

“El hecho de que los magistrados no se aparezcan a las sesiones de Pleno, en donde somos legalmente convocados, nosotros tenemos la obligación constitucional de llevar a cabo nuestro cargo con profesionalismo. A nosotros se nos cita a las sesiones de Pleno de manera legal y, bueno, si ellos no comparecen y justifican su incomparecencia, esa es la causa por lo que no podemos sesionar”, dijo.

Aclaró que aun cuando que el Pleno no ha sesionado en las últimas dos convocatorias por falta de quórum, las salas, los juzgados y las áreas administrativas continúan con su labores de manera habitual, y sólo fueron postergados los temas jurisdiccionales y administrativos enlistados para ser tratados en el órgano colegiado integrado por todos los magistrados del TSJ, pues todavía no hay fecha para una nueva convocatoria.

Los afectados pueden ampararse para tratar de frenar la medida.

Por desacato judicial, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución e inhabilitación del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, cuyos integrantes buscan la protección de la justicia federal para evitar que se consume su cese.

Este 4 de septiembre, la sala notificó al ayuntamiento de su resolución, dentro del expediente TJA/3ª/09/2017, por la cual determinó la destitución del presidente municipal, Mario Ocampo Ocampo; de Verónica Torres Rebollar, síndica municipal; y los regidores Israel Alemán Cárdenas, Gilberto Rojas Cárdenas, Ramiro Macedo Domínguez, Cristóbal Acevedo Aguirre y Rubén Morales Ozaeta, así como su inhabilitación para ocupar cargo por seis años.

Lo anterior, con base en los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que faculta a los magistrados de las salas y al Pleno para cesar e inhabilitar  hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por su resistencia a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por este tribunal.

La destitución e inhabilitación obedeció a que el ayuntamiento no acató la resolución que ordenó el pago de más de un millón de pesos a un ex elemento de la policía municipal que, como consecuencia de un accidente automovilístico mientras estaba en funciones, quedó inválido y la comuna lo habría dejado a su suerte, sin pagarle su pensión y prestaciones por incapacidad permanente.

El Cabildo tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo y solicitar la suspensión para intentar frenar su remoción.

Consejo Ciudadano de Seguridad hace llamado a los ciudadanos a estar atentos y denunciar este tipo de delitos.

El Consejo Ciudadano de Seguridad llamó a los ciudadanos a estar alertas ante las nuevas modalidades de extorsiones telefónicas, ya que últimamente los delincuentes se hacen pasar por despachos jurídicos y denunciantes.

Fernando Vela López, director General del Consejo Ciudadano de Seguridad, señaló que debido a que modalidades como el secuestro exprés son complejos en su logística y la gente cada conoce más de ellas, ya no les es tan fácil engañar a sus víctimas.

Pero debido a ello, los extorsionadores mutan sus métodos y estrategias para poder lograr su objetivo.

“Hay de muy diferentes tipos, hay de los que te avisan que ganaste un concurso, un vehículo, que te piden que deposites y otros. Como el secuestro exprés es muy complicado, yo creo que han ido modificándolo. Y unas dos nuevas (modalidades de extorsión) que hemos encontrado, es que te ponen un sello de clausura en un negocio o en una casa para que tú te comuniques, supuestamente es un bufete jurídico, entonces te comunicas y ahí te dicen que tienes un grave problema que ellos te pueden   ayudar a resolver pero que tienes que depositarles tanto”, dijo y precisó que esta nueva modalidad ha sido detectada en los municipios de Tepoztlán, Cuautla y los Altos de Morelos.

“Otro que es novedosos que tienen el reporte de que tienes gente migrante ahí escondida y que por tanto va ir el municipio y la Guardia Nacional”.

Explicó que aun cuando hay personas que tienen información al respecto, suelen entrar en pánico porque los extorsionadores también se han convertido en buenos y convincentes actores.

Por ello, insistió en su llamado a los ciudadanos a estar atentos y denunciar este tipo de delitos, porque así se puede conocer cómo operan los extorsionadores y prevenir que más personas sean víctimas.

Grupo disidente de magistrados está obligado a generar equilibrio en Pleno de Tribunal Superior, opina Pedro Martínez Bello.

El presidente de la organización denominada Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, responsabilizó de la fractura del Poder Judicial a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, por sus malas decisiones y su afán de mantener el total control económico y operativo de la administración de justicia.

Luego de que se agravó la división entre en el grupo disidente y el que encabeza Cuevas López, el abogado sostuvo que la magistrada presidenta ni siquiera ha sido capaz de obtener consensos y las determinaciones en el Pleno han sido prácticamente forzadas.

Señaló que Cuevas López está empeñada en tener el control absoluto del TSJ y hasta ha relegado a sus homólogos que han sido críticos de su gestión, lo que ya tiene repercusiones internas y externas para la institución.

“La titular está mal, es una titular que no ha podido tener un pleno, ya no digamos que por unanimidad se saquen los temas, pero sí considero que la división ha sido en gran medida por las malas decisiones de la presidente del TSJ.

“Nosotros esperábamos que desde hace muchos este grupo disidente pudiera generar un balance, un fiel de la balanza en los temas, porque resulta que una vez que salió el gobernador Graco Ramírez, se modificó toda la legislación para que la presidente del tribunal tenga un poder absoluto y no debe ser así, el Pleno es la máxima autoridad de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, no la presidente del tribunal, quien se erige como una autoridad de facto en el momento que desapareció el Consejo de la Judicatura”, señaló.

Expresó que la prueba más evidente del ejercicio unilateral de la administración de justicia es la resistencia de Cuevas López  durante casi 15 meses a integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pues a través de la Comisión Transitoria tuvo en ese lapso el control absoluto de los nombramientos del personal y de los jueces, así como de las finanzas de la institución, sin rendir cuentas a nadie.  

Insistió que, ante la gestión unilateral de la magistrada presidenta, el grupo disidente está obligado a ser el fiel de la balanza y hacer el esfuerzo necesario para acotar los abusos cometidos por Cuevas López.

Al menos dos de ellos contaban con antecedentes penales en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado identificó a cuatro de los cinco hombres que fueron acribillados en la terminal de autobuses Estrella de Oro de Cuernavaca y corroboró que al menos dos de ellos contaban con antecedentes penales en el estado de Guerrero.

A través de un comunicado, la FGE detalló que la Unidad de Identificación Humana de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, identificó los cuerpos de Gabriel “N” de 37 años de edad y David “N”, cuya huellas digitales están registradas en los Archivo de Identificación Dactiloscópica y AFIS por su hit en aquella entidad.

Un tercer cuerpo fue identificado como Luis Martín “N” de 20 años de edad y un cuarto hombre, de 17 años de edad, y sólo resta identificar un cadáver.

Agregó que la fiscalía mantiene bajo resguardo y vigilancia hospitalaria a un hombre de 21 años de edad, quien sobrevivió al ataque ocurrido la mañana del lunes.

De acuerdo con la hipótesis oficial, seis hombres, todos originarios de Guerrero, llegaron a la terminal, donde ya los esperaba un comando armado para atacarlos. Tres de las víctimas quedaron abatidas en la entrada de la terminal y dos más en el ingreso de los andenes. Sólo uno sobrevivió al ataque.

Presuntamente, las víctimas pertenecían a un grupo criminal.

El nieto del Caudillo del Sur, Edgar Castro Zapata, presentó sendas denuncias penales por la desaparición también del registro civil en el que fue asentada la muerte del líder revolucionario.

El nieto del Caudillo del Sur, Edgar Castro Zapata, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República  (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por la desaparición del acta de defunción de Emiliano Zapata Salazar y el libro del Registro civil en el que fue asentada la muerte del líder revolucionario, que, hasta antes del sismo de del 19 de septiembre de2017 estaban en exhibición en el Ayuntamiento de Cuautla.

Acompañado de su abogado, Castro Zapata detalló que realiza labores de conservación, investigación y documentación histórica del movimiento zapatista y, al declarar el gobierno federal el 2019 como Año del Caudillo del Sur, se enfocó en la realización de diversas actividades en el interior del país relacionadas con la conmemoración de centenario luctuoso de su bisabuelo.

Por ello, acudió al Ayuntamiento de Cuautla a indagar sobre el acta de defunción de Emiliano Zapata, que hasta antes del sismo de 2017 estaba exhibida en el Palacio Municipal, pero la repuesta fue que el documento histórico y el libro del Registro Civil estaban perdidos.

“Es claro que un documento histórico de gran relevancia como lo es el acta de defunción del General Emiliano Zapata Salazar no se ‘pierde’ sino que es sustraído para ser vendido a coleccionistas privados”, dijo, al expresar su preocupación en las denuncias promovidas ante ambas fiscalías.

Pedro Martínez Bello, representante legal de Edgar Castro Zapata, reiteró la preocupación por el presunto extravío del documento, porque no sólo tiene un gran valor histórico, sino también un enorme valor económico y podría caer en manos de coleccionistas privados, como ha ocurrido con otros objetos y obras de arte mexicanos.

Exhortó a las actuales autoridades municipales a presentar el documento que, en teoría, deberían de tener bajo su resguardo o, en su caso, acudir a iniciar las denuncias correspondientes para que se investigue su paradero y se finquen responsabilidades a quién o quiénes lo ocultaron o sustrajeron.

 “El documento es un hecho que no está y pareciera que el Ayuntamiento de Cuautla tratara el asunto de manera sigilosa para que no se haga público. Sin embargo, si ellos no tienen ninguna responsabilidad, pues que presenten la denuncia.

“Lo más importante de esto es que aparezca el documento y que se responsabilice a la persona que tenga bajo su reguardo este documento histórico, porque evidentemente tiene que ver con una transacción económica”, dijo, en referencia a la posibilidad de que alguien pudo haber aprovechado el caos por el sismo durante la administración del alcalde, Raúl Tadeo Nava, o el periodo de transición, por cambio de administración y asunción del nuevo edil, Jesús Corona Damián,

Por ello, insistió en que la actual administración municipal debe revisar si el documento fue o no incluido en el acta de entrega recepción y de ser necesario presentar las denuncias contra quien resulte responsable.

Por lo pronto, dijo que la intención de las dos denuncias es que el Ministerio Público de la Federación y de la fiscalía anticorrupción inicien las primeras pesquisas para la localización del documento histórico.

Magistrados disidentes exigen información sobre temas que se discutirán en los plenos.

Por falta de quórum, nuevamente fue suspendida la sesión de Pleno programada para este lunes, luego de que un grupo de nueve magistrados condicionó su asistencia a que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convoque a las sesiones con antelación y les entregue información de manera oportuna de los asuntos que se verán en Pleno para que puedan opinar, debatir y votar.

Acompañado por ocho de sus homólogos, el magistrado Andrés Hipólito Prieto rechazó que incumplan sus funciones y sostuvo que, por el contrario, hacen ejercicio pleno de su derecho a la información para impartir eficazmente la justicia.  

Recalcó que insistentemente el grupo solicitó a la magistrada presidenta convocar a sesiones de Pleno en un tiempo prudente y que acompañe la convocatoria con la información completa de los asuntos a tratar, pero no hay respuesta de ella y actúa de manera unilateral y en la opacidad.

Calificó la administración de Cuevas López como “carente de un liderazgo honesto, legal, transparente, todo lo quiere tratar con los cuates, con los amigos y en la opacidad, y no está dispuesta ella a tolerar el diferendo, el disenso y quiere siempre imponer su voluntad, y creo que en un órgano colegiado y garante de la justicia no se puede ser así”.

Afirmó que su petición “no busca la confrontación, sino precisamente procurar las condiciones bajo las cuales ejercer nuestras atribuciones y, con ello, dejar atrás las viejas prácticas en las que se citan a los magistrados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal Pleno, ministrándoles escaso o nula información  de los temas a resolver, que ponen en riesgo precisamente que se atienda el interés general de la población a la que servimos”.

Los magistrados señalaron que no atenderán las convocatorias hasta que se les entregue de manera oportuna la información de los asuntos enlistados en la orden del día.

A pregunta expresa de si solicitará el retiro de la orden del día la aprobación del acta de la polémica sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial con colaboradores cercanos de Cuevas López y en la que todavía se dirime legalmente si hubo o no quórum para sesionar, señaló que precisamente es parte de la información que se solicitó, ya que hasta ahora desconocen el contenido de ese documento.

El órgano nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esas eran atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Un tribunal colegiado confirmó que la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esod eran atribuciones la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

La justicia federal determinó la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión Transitoria que durante 15 meses ejerció funciones, ante la resistencia de la magistrada presidenta, María del Carmen Cuevas López, por instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Al resolver el amparo en revisión 259/2019, promovido por un secretario de Sala sancionado con una amonestación, confirmó el amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito y desestimó todos los argumentos presentados por Carmen Cuevas López,  quien insistió infructuosamente en defender las determinaciones emitidas por la comisión que también integraron los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la resolución del tribunal colegiado, la adecuación por parte del Congreso local a la Ley Orgánica del Poder Judicial no era condición para la entrada en vigor de la norma constitucional que creó a la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, porque no se dispuso así transitoriamente, ni tampoco era necesaria la intervención del Legislativo para que el Tribunal Superior de Justicia materializara esa junta, lo que pudo y debió hacer desde el 5 de abril del 2018, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que creó dicha junta.  

“De esta forma, también contrario a lo que argumenta la recurrente, el plazo de noventa días para que el Congreso local adecue la ley orgánica en relación a la reforma constitucional que creó la Junta de Administración y Vigilancia no constituye la vacatio legis de dicha reforma.

“Por el término vacatio legis, se conoce al periodo en el cual una norma legalmente publicada adquiere vigencia. Así, si una ley es publicada el día “x” y transitoriamente dispone que entrará en vigor a los diez días siguientes, esos diez días son el periodo de vacante legal o vacatio legis, en que no puede tener aplicación, al no ser aún obligatoria por su falta de vigencia.

“No obstante, en el caso del decreto 2611 que creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, de acuerdo con su transitorio segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vacatio legis sólo fue de un día, mas no puede entenderse como vacatio legis el tiempo que se reservó el Poder Legislativo para adecuar la ley orgánica, porque no fue establecido así transitoriamente.

 “Esto es, no se condicionó la entrada en vigor de la reforma constitucional a la adecuación de la ley orgánica por parte del legislativo, sino que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Así con independencia de la premura que alega la recurrente para la integración de la junta de administración y vigilancia al día siguiente de la publicación del decreto 2611, lo cierto es que a partir de esa fecha pudo integrase ésta con base en la norma constitucional, hecho que no constituye un absurdo legal como lo califica la recurrente; absurdo, fue que no se haya hecho así, y la recurrente siga actuando ilegalmente en el ejercicio de atribuciones que ya no le competen, como la sanción de servidores públicos judiciales”, estableció contundente la resolución federal.

El tribunal colegiado enfatizó que la sentencia confirmada no  juzgó sobre la legitimidad de sus integrantes, ni sobre la existencia  de la Comisión Transitoria, sólo sobre su competencia constitucional, dado que, por virtud de la legislación vigente, ya es otro órgano el que ejerce las facultades que otrora depositó en ésta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El 27 de febrero de 2018 el Pleno del TSJ integró la Comisión Transitoria, pero un mes después, el 5 de abril, entró en vigor la reforma constitucional que creó y ordenó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Pese a la insistencia de algunos magistrados del TSJ como Carlos Iván Arenas Ángeles, sobre la ilegalidad de dicha comisión y la necesidad urgente de cumplir con el mandato constitucional de instaurar la Junta, Carmen Cuevas y sus magistrados aliados decidieron ignorarlos para mantener el control total del TSJ durante 15 meses.

La instauración de la Junta de Administración ocurrió hasta el pasado 3 de junio, en medio de una polémica entre magistrados del Pleno del TSJ sobre su hubo quórum o no para integrar dicho órgano.

Incluso, en los tribunales federales están en cursos diversas demandas de amparo de funcionarios judiciales que impugnaron actos y sanciones impuestas por la Comisión Transitoria.

En el beneficio fueron incluidos los propietarios de vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6; la cortesía está vigente hasta el 30 de septiembre 

Juez de control ratifica por segunda ocasión la medida de prisión preventiva para el exfuncionario acusado de expedir de manera ilegal permisos de circulación para rutas y taxis.

El ex director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Noé Sandoval Morales, acumuló ya una docena de carpetas de investigación en su contra por la expedición ilegal de permisos de circulación para rutas y taxis en diversas zonas del estado.

Luego de que un juez de control ratificó por segunda ocasión la medida de prisión preventiva para el ex funcionario, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que presentó los elementos suficientes para que el juez mantuviese la medida cautelar y evitar el riesgo de sustracción de la justicia, debido a que están en integración varias carpetas de investigación que implican al ex servidor público en la presunta comisión reiterada del ilícito.

“Durante la audiencia celebrada a efecto de resolver sobre la suspensión condicional del proceso, la Fiscalía dio cuenta que existen otras 11 carpetas adicionales, a las que ya se desahogan, por denuncias de personas afectadas por el presunto otorgamiento ilegal de permisos para prestar el servicio de transporte”, detalló la fiscalía anticorrupción. 

Estas carpetas de investigación fueron promovidas por agrupaciones de transportistas y algunas de manera individual por algunos afectados por la expedición de permisos ilegales.

Por lo pronto, Sandoval Morales enfrentará privado de su libertad el primer proceso penal instaurado en su contra por el presunto delito de ejercicio abusivo del servicio público y, en breve, se espera la judicialización de otras carpetas de investigación.

Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vida Medina buscan la posición.

Por razones de “fuerza mayor” fue fueron postergadas las entrevistas que la Secretaría de Gobierno aplicaría a los tres aspirantes a dirigir la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos.

Con base en la  convocatoria de consulta pública para la designación de la persona que dirigirá la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos y la integración del Consejo Estatal Ciudadano, fueron agendadas para este 28 de agosto las entrevistas a Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vida Medina, las cuales serían transmitidas en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Gobierno, institución responsable del proceso de designación.

A través de un boletín de prensa, la dependencia informó que las entrevistas tuvieron que reagendarse para el próximo 2 de septiembre, debido a que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, acudió a una reunión extraordinaria con autoridades federales.

Las entrevistas a los tres aspirantes quedaron reagendadas en el mismo horario y orden: Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez a las 11:00 horas, Alicia Vázquez Luna a las 12:00 horas y Juan Manuel Vida Medina a las 13:00 horas.

De acuerdo con el formato establecido, en la entrevista solo estarán el secretario de Gobierno y el aspirante, y se transmitirá en tiempo real por redes sociales con la finalidad de que los ciudadanos, colectivos y organizaciones civiles puedan observar su desarrollo.

Una vez agotada esta etapa, según la convocatoria, Ojeda Cárdenas deberá presentar la terna al gobernador dentro de los cinco días hábiles posteriores  a la realización de las entrevistas, para la designación de quien presidirá la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, cuyo nombramiento deberá ser acompañado de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

Paralelamente a la designación de quién será el titular de la comisión, se desarrolla también el proceso para integrar el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El Congreso del estado debe reponer el proceso para dar pensión al exfuncionario.

Ayer no pudieron sesionar por el boicot de nueve integrantes del Pleno; se niegan a aprobar polémica acta.

Por diferencias entre magistrados y la falta de quórum, fueron canceladas las dos sesiones de Pleno convocadas por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, en la que se pretendía aprobar el acta de la sesión de la polémica integración de la Junta de Administración, Vigilancia y disciplina, aprobar el proyecto de redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil, entre otros temas.

A las 14:00 y 14:30 horas fueron convocadas las sesiones ordinaria y extraordinaria, para desahogar diversos temas, pero un grupo de nueve magistrados no asistió debido a que presentaron un escrito para modificar el orden del día y solicitar que se les dotara de toda la información y los antecedentes de los asuntos a tratar en ambas sesiones.

Los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz argumentaron en el escrito presentado para la modificación del orden del día, que era improcedente la inclusión del punto relativo a la aprobación del acta de la sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, en medio de la polémica de si hubo o no quórum para llevar a cabo la instauración del órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura.

Y es que para el bloque de magistrados disidentes, la sesión fue válida mientras hubo la asistencia de dos terceras partes de los integrantes del Pleno, pero durante la elección de los integrantes de la Junta ya no existía el quórum que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, razón por la cual rechazaron validar dicha acta.

Los magistrados también se quejaron de que no les fue suministrada información previa para poder emitir su voto en los asuntos enlistados, como los nombramientos interinos o provisionales de personal adscrito a cada una de las salas del TSJ, con el fin de constatar que dicho nombramientos son jurídicamente procedentes e impedir que hubiese designaciones, remociones, bajas o modificaciones a las condiciones laborales injustificadas.

También solicitaron la entrega de información de varios asuntos en los que el Tribunal de Justicia Administrativa rechazó competencia y envío para su resolución al TSJ, y en otros temas de índole jurisdiccional y que impactan en la administración de justicia.

El magistrado Manuel Díaz Carbajal lamentó la inasistencia de sus homólogos a las sesiones convocadas, pues consideró que es justo en el Pleno donde se proponen y someten a votación las observaciones y las modificaciones a la orden del día.

“A consideración de los magistrados que comparecemos hay una inasistencia injustificada a la sesión, porque insisto, cualquier observación al orden del día tiene que ser formulada en la sesión de Pleno y ahí se acuerda por parte del Pleno si se modifica, si se suprime, si se incluye algún punto del orden del día y, pues estamos frente a una inasistencia injustificada.

Dijo que la ausencia de sus homólogos y la cancelación de ambas sesiones impactan en la administración de justicia, pues no se pudo avanzar en temas relevantes, como la redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil.

Un juzgado federal ordena que se le pague; recibirá 37 mil pesos al mes de por vida.

Más de 20 millones de pesos que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito, al parecer terminaron en cuentas de empresas fantasma.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste fue formalmente imputada por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 23 millones de pesos, que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito pero que al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas.

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que se realizó la audiencia de imputación y la juez de control a cargo de causa penal JC/323/2019 resolvió lanzar como medida cautelar una alerta migratoria para impedir que la imputada salga del país y le ordenó que cada 15 días acuda a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), luego de que en una ocasión fue declarada sustraída de la justicia por no acudir a la audiencia.

Además, le prohibió acercarse a los diputados denunciantes y a los testigos, así como acudir a las instalaciones del Congreso de Morelos y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado.

A Beatriz Vicera Alatriste se le acusó de la presunta desviación de 23 millones 760 mil pesos, producto de las aportaciones de los trabajadores del Legislativo al Instituto de Crédito, de los cuales 14.5 millones de pesos habrían sido depositados como “pagos” a cuentas de dos empresas fantasma durante su periodo como presidenta del Congreso local.

La FECC precisó que presentó ante la juez más de 70 pruebas que implican a la ex servidora pública en el presunto delito.

En tanto, la defensa de la ex diputada solicitó a la juez, 144 horas para la audiencia de vinculación, las cuales le fueron concedidas.

El pasado 9 de julio también fue vinculada a proceso de la ex diputada perredista, Hortencia Figueroa Peralta, por la misma causa penal y quien presuntamente distrajo más de nueve millones de pesos en beneficio propio, así como de terceras personas, entre ellos, compañeros ex congresistas, durante los últimos días de la LIII Legislatura.

Pleno declaró constitucional el proceso legislativo de reforma a los artículos 19 Bis y 23 de la Constitución de Morelos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma realizada por la LIII Legislatura, por la cual se eliminó de la Constitución local la figura de revocación de mandato.

En sesión, el Pleno de la SCJN declaró constitucional el proceso legislativo de reforma a los artículos 19 Bis y 23 de la Constitución de Morelos, debido a que se cumplieron con todas las reglas de discusión y aprobación de la reforma en el Congreso local y se obtuvo la aprobación de los ayuntamientos.

Los ministros no analizaron la supresión de la figura de revocación de mandato ni la facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPEC) para administrar los mecanismos de democracia directa, porque la Constitución de Morelos fue reformada durante la tramitación de la acción de inconstitucionalidad y ahora existe la Ley Estatal de Participación Ciudadana, por lo que hubo un nuevo acto legislativo que sustituyó al impugnado.

El Pleno sólo se pronunció respecto a la validez de la facultad del Congreso local para solicitar que se dé trámite a los mecanismos de participación ciudadana, ya que la Constitución federal no obliga a las entidades federativas a regular esos mecanismos, con excepción de la iniciativa ciudadana, por lo que los órganos legislativos tienen libertad para decidir quién los puede iniciar, organizar y administrar.

Sostuvo que los mecanismos de democracia directa permiten a los ciudadanos opinar o votar sobre un tema en concreto de manera directa, pero admiten que el gobierno le consulte algún tema a la ciudadanía por lo que es válido que el Congreso tenga la facultad de iniciar los mecanismos de participación ciudadana.

En mayo de 2016, la LIII Legislatura aprobó una reforma para realizar modificaciones al artículo 19 bis y 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su primer párrafo,  para suprimir la revocación de mandato y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana.

En el documento de la acción de inconstitucionalidad entregado a la SCJN,  a petición de organizaciones civiles y de abogados, por el entonces ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, se recalcó la gravedad de la desaparición de ambas figuras, al violentarse el principio de progresividad y el derecho humano de los ciudadanos a participar en las decisiones del Estado.

El 21 de diciembre de 2017 entró vigor la nueva Ley de Participación Ciudadana, que contempló doce figuras de consulta, con excepción de la revocación de mandato.

Sin embargo, la actual legislatura hace unos meses realizó unos “foros de consulta” con miras a emitir otra vez una nueva ley en la materia, pero con la condición de que el proyecto estará supeditado a lo que apruebe el Congreso de la Unión.

En el primer semestre del año se registraron 84

En caso contrario, magistrada presidenta del TSJ hace llamado a señalar excesos de funcionarios judiciales.

Sólo el 10% de los casos culminó en la muerte de las víctimas: Pineda Fernández.

La Fiscal Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, Adriana Pineda Fernández, destacó que sólo el diez por ciento de los casos de plagio han culminado en la muerte de las víctimas y que poco a poco se logró disminuir la incidencia de este delito.

Indicó que hubo un ligero incremento de casos de secuestro con respecto al año anterior, pero un 60 por ciento menos con respecto a los años anteriores (2013-2015) en que hubo una “crisis importante” por el aumento de plagios.

Detalló que desde que se creó la fiscalía antisecuestro el combate a este delito evolucionó de manera eficaz y debilitó a las bandas de plagiarios, lo que derivó en el descenso gradual de casos y el aumento de rescates exitosos de las víctimas.

“En el tema de protocolos de atención a casos de víctimas de secuestros nosotros tenemos que atender a lo que las familias nos solicitan respecto de una intervención operativa, porque eso implica un riesgo inminente para la seguridad y la vida de la víctima.

“Entonces, ahorita hemos avanzado. Recordarán que antes no se hacían rescates, ahora hemos avanzado y alrededor del 50 por ciento los estamos resolviendo vía rescate y prácticamente el 40 por ciento restante en negociación para generar la circunstancia de pago y el otro 10 por ciento todavía  en alguno de los casos con pago o sin pago la vida ha fallecido”, explicó.

Señaló que no se han detectado bandas dedicadas específicamente al secuestro y que estén vinculadas a grupos de la delincuencia organizada, pues estas células criminales suelen mutar a otras actividades ilícitas, como el robo de autos, la extorsión o los asaltos.

Indicó que durante el primer semestre del 2019 la fiscalía abrió 35 carpetas de investigación por el delito de secuestro, secuestros virtuales o secuestro simulados.

El TSJ y alcaldes firmaron un convenio de colaboración.

Un grupo de alcaldes y la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, firmaron un convenio de colaboración para la capacitación de policías municipales.

La capacitación estará a cargo de la Escuela Judicial del TSJ e instruirá a los elementos para que pueden realizar correctamente una detención, elaborar adecuadamente los informes policiales homologados, conocer los procedimientos del sistema penal acusatorio adversarial y los ejes básicos del derecho.

 “La capacitación ayudará a la profesionalización y actualización de los elementos municipales, a través de ellos podemos prevenir que una detención sea ilegal, además de que ellos diario exponen su vida y tenemos que darles herramientas para dar mayor seguridad e implementación de justicia", afirmó Paulina Villalba Cortez, sindica municipal de Yecapixtla,

En la firma de convenio participaron ediles de la zona oriente y los Altos de Morelos, así como la titular del TSJ y el director de la Escuela Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega.

CIDH solicita se consideren instrumentos jurídicos contemplados en convenios y tratados internacionales.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMorelos) pidió a los jueces privilegiar el principio pro persona y la  perspectiva de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, cuando emitan sus sentencias.

En calidad de amicus curiae (amigo de la corte), la organización civil dirigió un oficio a la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, para que se tomen en cuenta los instrumentos jurídicos contemplados en convenios y tratados internacionales para garantizar estos derechos.

“Las organizaciones independientes aportamos a través del amicus curiae, elementos para que se incluyan los máximos avances en materia de derechos humanos desde el principio pro persona vigente en tratados y convenciones que deben ser revisados y tomados en cuenta por las y los jueces en sus decisiones autónomas.

“Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento el caso de la agresión a los representantes comunales ocurridos en Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, para solicitarle se apliquen los protocolos para juzgar con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución y los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que aportamos los siguientes Elementos para la apelación del caso JO/40/2019 de Santa Catarina”, expresó.

Detalló el caso de la agresión que sufrió Catalino Santiago Salazar Provisor, presidente de Bienes Comunales de la comunidad de Santa Catarina del municipio de Tepoztlán, cuyo atacante, Darío Adrián Martínez, recibió sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión, por el delito de tentativa de homicidio.

“No obstante, la decisión dividida de los jueces, en la línea del voto particular emitido por el Juez presidente Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, en el sentido de no culpabilidad del indiciado, representa un agravio a las víctimas, ya que incurre en ciertos niveles de discriminación y no incorpora en sus juicios y razonamientos lo establecido sustancialmente en los respectivos protocolos emitidos por la SCJN para juzgar con una perspectiva de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, subrayó.

Destacó que el imputado fue absuelto de las lesiones graves provocadas a Mauricio Franco Sánchez, también integrante del comisariado, pese a que había pruebas y testimonios sobre cómo el domingo 2 de julio de 2018, Darío  llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que aseguró haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal y, tras recibir la negativa, disparó contra el presidente y el secretario de Bienes Comunales.

En consecuencia, exhortó a al titular del Poder Judicial para que los juzguen sin discriminación y con pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios para evitar la impunidad, como ocurre en el caso Santa Catarina.  

Un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva dictada al ex director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Noé Sandoval Morales, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) anunció que abrirá una nueva investigación contra el ex funcionarios por presuntamente intentar demostrar arraigo en el municipio de Axochiapan con documentación “indebida”.

De acuerdo con información de la FECC, el juez desestimó los argumentos de la defensa del ex servidor público, quien intentó la revocación de la medida cautelar con el argumento de que contaba con arraigo en la entidad y no había riesgo de sustracción de la justicia.

Tras la ratificación de la medida de prisión preventiva, la fiscalía adelantó que iniciará otra investigación contra Sandoval Morales, ante la sospecha de que los documentos presentados para comprobar el arraigo en el municipio de Axochiapan fueron obtenidos de manera ilegal.

“En tanto, derivado de las documentales y testimonios presentados por la defensa, el agente del Ministerio Público iniciará diversas investigaciones por la expedición de constancias indebidas con las que el ex funcionario trató de comprobar su supuesto arraigo con el objeto de salir de la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya”, adelantó.

Sandoval Morales enfrenta un proceso penal por el presunto  delito de ejercicio abusivo del servicio público, debido a que supuestamente expidió ilegalmente, por lo menos en esta causa penal, alrededor de 30 permisos para la prestación del servicio de rutas y taxis.

Frente de Pueblos reprocha falta de avances en indagatorias locales.

El Frente de Pueblos Morelos, Tlaxcala, Puebla pidió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del homicidio del activista y opositor a la termoeléctrica Samir Flores Soberanes, ante la falta de avances en las indagatorias locales.

El colectivo exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que asuma su responsabilidad y ordene a la fiscalía federal que atraiga en caso de Samir, quien fue privado de la vida la mañana del 20 de febrero pasado.

También pidió la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Impacto Sociales del Proyecto Integral Morelos (PIM), porque durante años los pueblos han sufrido represalias y persecución por su oposición al gasoducto y la termoeléctrica, construidos por las empresas Elecnor y Enagas sin prever los riesgos volcánicos ni obedecer a las recomendaciones en materia de seguridad.

“Asuma su responsabilidad y cancele la termoeléctrica porque se instaló sin previamente acordar la disposición del agua para su funcionamiento, ni tomarle su parecer a la comunidad de Huexca.

“Asuma su responsabilidad y castigue a los gobiernos que ordenaron gastar millones de dólares para imponer este proyecto con el uso de la policía y el ejército; asuma su responsabilidad y de un castigo ejemplar a quienes violan los derechos de los pueblos indígenas.

“Asuma su responsabilidad y respete el agua de los ejidos de Ayala, cuna de nuestro general Emiliano Zapata y respete lo que la ley dice, primero el agua para el campo y si sobra, para la generación eléctrica. Asuma su responsabilidad y ya no diga más mentiras, ya no falte a su palabra”, exigió el Frente de Pueblos Pueblos Morelos, Tlaxcala, Puebla al presidente López Obrador.

Abogado pide a FGE integración correcta de carpeta de investigación contra responsable.

Pedro Martínez Bello, presidente de la organización denominada Foro Morelense de Abogados, exigió a la Fiscalía General del Estado actuar eficazmente en la integración de las carpeta de investigación contra José Alfredo “N”, quien en 2013 presuntamente asesinó a uno de sus amigos y hace unos días perpetró el feminicidio de una niña de siete años, en la colonia Carolina de Cuernavaca.

Lamentó que la impunidad haya cobrado la vida de una  menor y que, hace seis años, la fiscalía no haya actuado contra el hombre, cuando cometió el primer crimen en el municipio de Cuautla, donde -de acuerdo con versiones periodísticas- José Alfredo privó de la vida a uno de sus compañeros, para después decapitarlo y cortarle los genitales.

“Lo cuestionables aquí es por qué en aquel momento la Fiscalía General de Justicia (entonces procuraduría) no le formuló imputación, por qué no estuvo en la cárcel derivado de este homicidio. “Si hubiese hecho su trabajo la Fiscalía General de Justicia, seguramente no estaríamos lamentando el feminicidio de la menor en la Carolina. Entonces el llamado es para que la FGE hago de manera eficaz su trabajo para que evitemos con ello la impunidad”, explicó.

Consideró imprescindible que la FGE haga todas las diligencias necesarias para comprobar que el sujeto sabía lo que hacía y que perpetró el delito contra la pequeña con todas las agravantes que establece el artículo 213 del Código Penal local, que tipifica el feminicidio, y que se le pueda aplicar la pena máxima de 70 años de prisión.

Dijo que, ante la evidencia de que por una investigación criminal trunca se perdió la vida de una niña, es importante que se desempolve el expediente del homicidio presuntamente perpetrado por José Alfredo “N” hace seis años y se le formule imputación por este ilícito.

Además, recalcó, las carpetas deben integrarse debidamente para que no haya lagunas jurídicas que permitan al imputado, incluso, recurrir al argumento de la inimputabilidad (por trastorno mental o porque no comprende sus acciones y consecuencias) para evadir la acción de la justicia, por lo menos en los dos casos en los que hoy es señalado como presunto responsable.

Sala Regional del TEPJF ratifica resolución del TEE

Un juez de control dictó prisión preventiva  a Noé Sandoval Morales -ex director general de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT)- mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el ex funcionario es imputado por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo del servicio público, debido a que expidió ilegalmente, por lo menos en esta causa penal, alrededor de 30 permisos para la prestación del servicio de rutas y taxis.

El Juez concedió 144 horas para resolver la vinculación o no del imputado, y dictó la medida de prisión preventiva, por lo que permanecerá interno en el área de ingreso del penal de Atlacholoaya.

El exfuncionario, que laboró durante la administración del otrora gobernador perredista, Graco Ramírez, está relacionado con otras carpetas de investigación en integración por la expedición de más permisos presuntamente sin cumplir con los requisitos previstos en la Ley de Transporte de Morelos.

Hay dos líneas de investigación: CES.

José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, señaló que no está claro el móvil del atentado que privó de la vida a un policía en el municipio de Jiutepec la mañana del miércoles, pero se tienen dos líneas de investigación: sobre la operación de una banda de extorsionadores y la participación que el elemento  tendría como testigo en un proceso penal.

Indicó que se tienen identificados dos automóviles en los que viajaban los sospechosos de perpetrar el homicidio y que, en un primera hipótesis, se presume que se trata de una banda de extorsionadores que acosaba a propietarios y empleados de un hotel, a los que la víctima proporcionó auxilio.

“Él había estado dando apoyo a un hotel que nos había estado llamando que lo están extorsionando, fue la última actividad de él, fue de apoyar. Ya recabamos algunos testimonios en el hotel y hasta ahorita no tenemos un móvil claro”, dijo.

Dijo que en el seguimiento de estas unidades, se detectó que desde hace unos meses circulaban frecuentemente en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Xochitepec.

Una segunda hipótesis vinculada al homicidio es que el elemento el próximo 26 de agosto participaría en calidad de testigo en un juicio penal que se sigue a unos hombres acusados del delito de robo de autopartes, en cuya detención participó la víctima.

Sobre el tema del robo a los funcionarios responsables del pago  de los apoyos del programa “70 y más” en el municipio de Yautepec, señaló que fueron detenidos dos sujetos, pero se dieron a la fuga otros dos implicados, por lo que continuarán las indagatorias.

Dictan nuevo auto de formal prisión a “El Carrete”.

Al menos diez de los principales operadores del cártel de “Los Rojos” se encuentran detenidos y bajo proceso penal, informó la Fiscalía General de la República (FGR) al dar detallar que un juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión a Santiago Mazari Hernández, otrora líder de la organización criminal.

De acuerdo con la FGR, los miembros de la estructura operativa y financiera de “Los Rojos” enfrentan cargos por delincuencia organizada, narcotráfico, homicidios y otros delitos, razón por la cual enfrentan sus procesos penales recluidos en diversos centros de reclusión.

También señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) obtuvo un segundo auto de formal prisión contra Santiago Mazari, alias “El Carrete” o “El Señor de los Caballos”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada con funciones de dirección y secuestro agravado de una víctima, por quien solicitó un rescate millonario.  

La resolución judicial fue producto del cumplimiento de una nueva orden de aprehensión contra el ex líder de “Los Rojos”, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco.

Según registros de la FGR, Santiago Mazari inició su carrera delictiva desde el 2008, cuando formó parte del cártel de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva.

Tras la muerte de Arturo, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Marina en diciembre de 2009 en Cuernavaca, la organización delictiva se fracturó y dio origen a “Los Rojos”, que establecieron el sur de Morelos y el norte de Guerrero como su principal centro de operaciones.

 Fue así como Santiago Mazari asumió el liderazgo de este cártel dedicado a la compra, venta y distribución de droga, así como a perpetrar secuestros, extorsiones, homicidios, robo de vehículos y trasiego de armas y material bélico.

Un juez de control dictó prisión preventiva a José Alfredo “N”, presunto el violador y feminicida de una niña de seis años, al calificar como legal su detención.

La presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata plantea crear un refugio especializado para proteger y ayudar a las víctimas de ese delito.

La presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, llamó a las autoridades estatales y municipales cerrar todos los giros rojos y crear un refugio especializado para proteger y ayudar a las víctimas de ese delito.

Lamentó que, al igual que en otras entidades, en Morelos proliferen los giros negros, donde se explota sexualmente y desparecen niñas y mujeres.

Un ejemplo de ello, es la periferia del municipio de Cuautla, donde hay decenas de establecimientos dedicados a la trata y que, pese a su actividad ilegal, operan impunemente.

“Aquí siguen despareciendo niñas y cada días más, y se abren cada día más giros negros. Entonces ¿cómo vamos a frenar eso? sería una simulación lograr algunos operativos mientras siguen unos cuantos seudo empresarios haciéndose ricos de vulnerar a la gente más pobre de este país”, expresó, tras su participación en el foro sobre “Trata de Persona en México”, organizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad.

Dijo no contar con recursos para indagar sobre el número de giros negros que existen en el país y en los estados, pero recalcó que es evidente su proliferación. En el caso de Morelos, dijo, “seguimos viendo en Cuautla, Cañón de Lobos, cuando vamos entrando aquí a la ciudad (de Cuernavaca), cada día hay más anuncios y anuncios de los giros negros, entonces empecemos por esos, por cerrar esos lugares donde esas niñas desaparecen, donde esas niñas son objetos, mercancías, de los que las pueden comprar, mientras que sus padres no tienen dinero ni siquiera para buscarlas”.

Llamó a las autoridades estatales y municipales a mostrar voluntad y combatir esos establecimientos dedicados a la explotación sexual y urgió tanto a las instituciones como a la sociedad civil organizada a fundar un refugio especializado para atender a las víctimas del delito de trata, pues actualmente son canalizadas a los albergues de víctimas de violencia doméstica pero no reciben la protección y ayuda adecuada.

El fiscal dice que existen suficientes evidencias para que un juez lo someta a proceso.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que existen todos los elementos para inculpar a Alfredo “N” como único responsable de los delitos de violación y feminicidio en agravio de la menor Laidy Magali, quien fue atacada el sábado pasado mientras se encontraba en casa de su abuela en la colonia Carolina.

Tras el anuncio de la detención del presunto responsable, señaló que “esta persona ya había emprendido la huida, ya estaba sustrayéndose de la acción de la justicia y lo logramos detener en la zona de Cuautla. En las próximas horas lo vamos a presentar al juez penal correspondiente, al juez que le giró la orden de aprehensión.

“Fueron horas de mucha tensión, porque tuvimos una gran presión de la sociedad y bueno, estamos trabajando para que no haya impunidad  y esperamos lograr una vinculación a proceso en los próximas días en contra de esta persona”, expresó al reconocer el apoyo en la investigación y ubicación de Alfredo “N” de la Comisión Estatal de Seguridad y la Guardia Nacional

Precisó que personal de Servicios Periciales recabó suficientes evidencias que señalan a Alfredo “N” como el agresor de niña de seis años, y todavía realiza diligencias en una barranca y las inmediaciones del domicilio donde ocurrió el crimen, en busca de un cuchillo que pudo también ser usado para asesinar a la pequeña, y recopilar cualquier elemento de prueba adicional.

Aseguró que se respetaron los derechos humanos y la presunción de inocencia del sujeto, pero hasta ahora la FGE cuenta con los indicios suficientes para presentar cargos en contra del hombre ante un juez de control.

“Tenemos testimonios muy directos, tenemos el material de video donde fue visto salir del domicilio donde ocurre este feminicidio de la menor y tenemos todo el material probatorio en materia de periciales y criminalística.

“Tenemos rastros de sangre en las ropas de él, o sea, no tenemos dudas de que tenemos elementos suficientes para lograr una vinculación a proceso”, indicó.

Agregó que en Morelos el agresor no tiene antecedentes penales pero se requirió a fiscalías de otras entidades información sobre tiene algún investigación abierta.

Por lo pronto, dijo, “esperamos que los jueces actúen con severidad, nosotros llevamos el material probatorio suficiente y esperamos una vinculación a proceso, para sacar a esta gente de la calle”.

Afirmó que hasta el momento no hay indicios de que en el crimen haya participado otras personas y aparentemente Alfredo “N” perpetró la agresión solo.

El detenido fue ingresado al Centro de Reinserción Social “Morelos”, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, donde en las próximas horas será definida su situación jurídica.

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso entregó una constancia que permitió a Denya Flores obtener una “pensión dorada”.

Enfrentará a la justicia por el presunto delito de delincuencia organizada.

La SCJN resolverá en el presente periodo de sesiones la controversia.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Alcocer Velasco, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que defina la polémica sobre la modificación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Lamentó que el Poder Legislativo no haya realizado adecuadamente el procedimiento para revertir la reforma que realizó la anterior legislatura, por la cual amplió de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados.

Consideró que fue un exceso de los anteriores diputados, sobre todo porque fue coartada la posibilidad de renovar el Poder Judicial y dar la oportunidad a las nuevas generaciones para competir por las magistraturas.

“Consideramos que sí debería de disminuir el tiempo de los magistrados, porque son diversos los profesionistas que se siguen capacitando y que ejercen de excelente manera sus funciones en el servicio público o también en el litigio.

“Entonces, sabemos que eso es coartar el derecho y dejar que pocos lleguen a esos puestos, los cuales son privilegiados. Sabemos que, si se acorta el plazo, será más fácil para las nuevas generaciones alcanzar esos puestos”, señaló.

Insistió que fue deficiente e inadecuado el proceso legislativo por el que se intentó fallidamente regresar las designaciones al periodo original de 14 años, pues en el Poder Legislativo no ha escuchado ni tomado en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de abogados, que siempre están dispuestas a apoyar con opiniones jurídicas.

Señaló que el tema será definido por al SCJN, que ya tiene previsto resolver en este periodo de sesiones varios temas relacionados con el estado de Morelos.

En breve se definirá la fecha para reanudar los trabajos de exhumación e identificación de cuerpos en ese lugar, afirma el fiscal general del Estado

Se busca que los sistemas municipales de distribución de agua potable mejoren el abasto a la población; anuncian apoyo a cinco municipios con la renovación de equipos de bombeo

La finalidad es facilitar la regularización: SDS.