Denya Flores Rendón habría obtenido su jubilación de manera ilegal.

Una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez a la ex candidata del PRD a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” que aprobó la anterior legislatura y quien presuntamente habría obtenido la jubilación de manera ilegal.

En cumplimiento de una ejecutoria de amparo, los magistrados de la Primera Sala del TSJ revisaron el caso y, por unanimidad, resolvieron confirmar la vinculación a proceso únicamente por el delito de fraude procesal, al considerar que el segundo delito que le fue imputado (uso de documento falso) era subsumido por el primero.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), fueron recabados más de 20 datos que indicaron que la ex candidata y ex directora de Recursos Humanos del Congreso local no cumplió con los requisitos previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para obtener una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como trabajadora del Poder Legislativo.

En abril de 2019 la actual legislatura revocó varios decretos de pensión por jubilación, a cuyo paquete se le llamó “pensiones doradas”, ya que los beneficiarios no solo no cumplieron con los requisitos de ley, sino que la mayor parte de ellos eran familiares y amigos de altos funcionarios de la administración graquista.

En el caso de Flores Rendón, en la revisión de su decretó se detectó que presuntamente usó documentos con información falsa para justificar 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

En noviembre pasado, la fiscalía anticorrupción rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico, como reparación del daño, de 48 mil pesos diferidos a varios meses, cuando hasta ese momento había cobrado 293 mil 592 pesos.

Ante la nueva resolución, la FECC continuará el proceso penal relacionado con la causa penal JC/698/2019 instaurada contra la ex funcionaria, quien se presume inocente en tanto no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.