La designación del secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se encuentra empantanada debido a que el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Roberto Coranguez Esquivel, no ha convocado a sesión del Comité Coordinador del SEA para designar al funcionario responsable de la operatividad del sistema.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, se esperaba que antes del periodo vacacional decembrino se convocara a sesión del Comité Coordinador del SEA para analizar la terna de aspirantes y elegir al secretario ejecutivo, no sólo para echar a andar el andamiaje del sistema anticorrupción sino para zanjar el conflicto provocado por la designación de  Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, cuyo nombramiento fue considerado unilateral e ilegal, ya que esta figura no está prevista en la ley.

Desde principio de año, los representantes de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y de la contraloría municipal de Cuernavaca, que integran el Comité Coordinador del SEA, están a la espera de la convocatoria de Coranguez Esquivel para atender ese asunto en específico, pero hasta ayer esto no había ocurrido.

Desde el 2016, el SEA enfrenta una serie de vaivenes jurídicos y político que frenaron su arranque y operación. Desde la integración del Comité de Participación Ciudadana -cuyos primeros integrantes fueron relevados sin ni siquiera haber iniciado formalmente funciones- hasta la ratificación de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, que enfrentó fuertes cuestionamientos, por haber sido colaborador del ex gobernador, Graco Ramírez.

El último conflicto que inmovilizó el SEA ocurrió en noviembre de 2019, por la decisión de tres de los cinco integrantes de Comité Participación Ciudadana (CPC) de designar a Alejandro González Chávez como “secretario técnico interino”.

El nombramiento fue desconocido por Damiana Herrera Mota, miembro del CPC, y por siete de los ocho representantes del Comité Coordinador del SEA, por considerarlo ilegal debido a que esa figura no existe en la ley.