El dirigente de la organización señala que prohibir más de un pasajero en esos vehículos daña la economía local; pide que se combata a los vehículos que circulan con permisos del estado de Guerrero u otros de dudosa procedencia.

Militares ingresarán desarmados a comercios, bares y centros nocturnos, con el fin de inhibir delitos; empresarios respaldan la iniciativa.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la 24 Zona Militar de Morelos pusieron en marcha el programa “Soldado Amigo”, con el objetivo de ingresar a los negocios desarmados y hacer contacto con los clientes, mientras una célula armada crea un perímetro de seguridad.

El comandante de la 24 Zona Militar de Cuernavaca, Armando Gómez Mendoza, indicó que la pretensión es generar comunicación y confianza no sólo con los comerciantes y empresarios, sino con los ciudadanos que acuden a los diversos establecimientos.

El programa se aplicará inicialmente en comercios, bares y centros nocturnos de la ciudad de Cuernavaca, así como en las zonas donde se han registrado más incidentes violentos.

“La patrulla, constituida por personal de la policía y personal militar, va a llevar tres individuos militares, como ustedes lo observaron, sin arma larga, y van a poder acceder a todos estos comercios, discotecas, todo aquel que se afilie a este programa para poder inhibir delitos fuera, ya que afuera estará la patrulla y dentro ingresará personal militar”.

Señaló que para implementar el programa, “tuvimos que capacitar a personal militar y personal de la policía en temas de sociabilización y de derechos humanos, ya la parte operativa que es lo que echamos a andar el día de hoy”.

Morelos es el único estado del país que aplica este programa y pretende ser un modelo nacional, en la víspera de la operación de la Guardia Nacional.

“Este programa, como les menciono, es iniciativa del Consejo Ciudadano del Estado de Morelos; es único, es un programa que platicando con Rafa (Rueda Moncalián), el presidente del consejo, lo quiere replicar en otros estados. Ya tuvimos una reunión con 12 consejos ciudadanos de 12 estados y le pareció excelente este programa”.

Los soldados, que irán en células de tres elementos (una mujer y dos hombres), ingresarán únicamente a los comercios que hayan aceptado sumarse al programa, ya sea a través del Consejo Ciudadano de Seguridad, o de las cámaras empresariales a las que estén afiliados.

La idea es disuadir cualquier posible conducta delictiva y que los ciudadanos tengan empatía con los elementos castrenses, con el fin de generar confianza y colaboración. 

Tiene la instrucción de encaminar las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de la república.

La medida ayudaría a inhibir los homicidios dolosos: Ortiz Guarneros.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, propuso reformas legales para restringir el uso de motocicletas a un solo tripulante, como medida para frenar los homicidios dolosos.

Explicó que la propuesta fue planteada a la Secretaría de Gobierno para su análisis y, en su caso, para la elaboración y presentación de una iniciativa de reforma a la legislación estatal en materia de tránsito y transporte, para que no se permita que dos o más personas viajen a bordo de una motocicleta.

Cuando fue cuestionado sobre si los delincuentes usan la “violencia terrorista”, como afirmó el Jefe de la Oficina de Gobierno, José Manuel Sanz Rivera, dijo no coincidir con ese punto de vista, pero reconoció que hay un problema de violencia e inseguridad, en el que las autoridades buscan opciones para combatirla, y una de ellas es la propuesta de restringir a un tripulante por motocicleta.

 “Sí es cierto lo que está pasando, ya lo hemos manifestado, por eso seguimos con el acto de molestia de revisar motocicletas. Yo voy más allá, que podemos hacer algo en subirle al Congreso la petición de que no haya más de dos gentes en una moto, o una, cuando ya haya dos, que se detenga forzosamente, porque es el modus operandi de la delincuencia”, afirmó.

Consideró que limitar a un tripulante por moto, “con eso, o maneja o asesina, eso sería un remedio eficaz para combatir el homicidio en motocicleta”.

De acuerdo con la CES, en el último trimestre del 2018 se estimaba que el 80% de los homicidios dolosos se perpetraban por sicarios a bordo de este tipo de vehículos, que les permiten darse a la fuga fácilmente; tras la implementación de los operativos de revisión, la incidencia disminuyó a 50%, y actualmente se estima en 30%.

Por último, lamentó el deceso de un policía al volcarse su patrulla en un camino de terracería, en el municipio de Temoac, durante una persecución de un vehículo sospechoso. Detalló que el oficial no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió expulsado por la ventana y la patrulla le cayó encima, provocándole la muerte al instante.

Por el momento se tiene identificado al vehículo tipo Tsuru que llevaba sobrepuestas unas placas, que pertenecen a otro auto, y se realiza la búsqueda de la unidad. 

Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

La FECAP critica el uso de propaganda sucia en redes sociales contra varios aspirantes.

En medio de un ambiente tenso creado por ataques en las redes sociales, diversas organizaciones civiles -por separado- expresaron su apoyo a dos de los candidatos a presidir la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), Clara Soto Castor y Tomás de las Casas Vega, así como hicieron una llamado al Congreso para evaluar con objetividad los perfiles y méritos de cada uno de los aspirantes.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FCAP) manifestó su apoyo a Tomás de las Casas Vega, actual presidente de la Asociación de Abogados Postulantes en Materia Civil del Estado de Morelos, y lamentó los ataques orquestados contra él, justo cuando hizo pública su aspiración.

El presidente de la FCAP, Daniel Espina Pérez, reprobó la campaña de desprestigio contra el abogado De las Casas, sobre todo en redes sociales, “orquestada por uno de los candidatos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, misma que se originó derivado de las manifestaciones realizadas por la Segunda Visitadora (Isela Chávez Cardoso)”.

Y es que Chávez Cardoso, quien fue pareja de Tomás de la Casas, el pasado de 8 de marzo fue galardonada por el Congreso con la Presea Xochiquetzalli, y en su discurso aseguró haber sido víctima de violencia doméstica.

Entonces, los reflectores se pusieron sobre el aspirante a ombudsman, Tomás de las Casas, exesposo de la también visitadora de la CDHEM y creadora de la fundación “Mujer nunca permitas”. A partir de entonces, en redes sociales, al igual que otros aspirantes, es blanco de ataques.

Espina Pérez reprobó los ataques hacia Tomás de las Casas, provenientes del interior de la propia Comisión de Derechos Humanos, “toda vez que el objetivo radica en descalificar a un profesionista honorable para que se reduzcan sus posibilidades de presidir la Comisión de Derechos Humanos y propiciar las condiciones para la ratificación al frente del organismo del actual ombudsman (Jorge Arturo Olivarez Brito)”.

A pregunta expresa sobre si se pone en entredicho el testimonio de la visitadora –quien no mencionó en su discurso el nombre de su agresor-, el titular de la FCAP aclaró que lo que parece extraño es que la polémica haya surgido justo cuando el abogado presentó su candidatura a la CDHEM.

“No es porque sea mujer, no es un descrédito (hacia ella), sino que lo creemos de esa manera por la forma en que viene y de donde viene el ataque. El ataque viene de una persona que trabaja en la comisión de derechos humanos, de una persona que está a lado del expresidente (que aspira a ser ratificado), y, entonces, lo que nosotros estamos considerando es que fueron declaraciones armadas u obligadas”, dijo.

Alejandro Smith, expresidente de la Barra de Abogados y miembro de la FCAP, sostuvo que hasta el momento la visitadora de la CDHEM no ha revelado el nombre de su agresor, y lamentó que, sin que haya pruebas o una denuncia de por medio, haya permitido que se violentaran los derechos fundamentales de Tomás de las Casas.

“Me parece pésimo que haya manifestado, siendo abogada, en una tribuna pública el descrédito hacia alguien, quien quiera que sea, aunque no la haya nombrado, sin aportar ninguna prueba, ningún elemento de convicción, y solamente generar una calumnia, y eso no puede ser el respeto a los derechos humanos, y no se puede hablar de respeto a los derechos humanos si no se prueba de manera fehaciente una afirmación que daña el prestigio y la honra de una persona”, subrayó.

Las organizaciones integrantes de la FCAP consideraron que el Congreso sabe de la guerra sucia en este proceso de sucesión de la CDHEM, y pidieron a los diputados a evaluar objetivamente la trayectoria de cada aspirante, así como considerar a Tomás de las Casas para ocupar la presidencia del organismo estatal.

Yo respondo por mis actos, no por la familia política que no elegí: Clara Soto

También este lunes, diversas agrupaciones de civiles y de mujeres expresaron su apoyo a la candidatura de Clara Soto Castor a la presidencia de la CDHEM, por considerar que tiene el perfil y la sensibilidad para dirigir el organismo.

Pero las preguntas obligadas para la aspirante fueron sobre los ataques que recibe por ser cuñada de la exdiputada perredista y cercana colaboradora del exgobernador Graco Ramírez, Hortencia Figueroa Peralta, a quien la fiscalía anticorrupción pretende imputarle el presunto delito de peculado.

“Todos los que hemos participado políticamente en alguna contienda sabemos que muchos de los ataques vienen de nuestros contrincantes, y lo cierto es que los contrincantes no han encontrado en mi vida hecha en Cuernavaca de 49 años, una causa suficiente para poder denostarme, y por eso han buscado en la familia política, que yo no decidí, que yo no elegí, un medio para atacarme”, subrayó.

Se desmarcó totalmente de la administración graquista, y aseguró que aspirar a presidir la CDHEM no genera ningún conflicto de interés relacionado con el caso de su cuñada, porque nunca existió un vínculo ni compromiso, ni muchos menos un beneficio proveniente de ellos.

“Yo nunca tuve una relación con ellos, igualmente con la legislatura, de que me dieran un empleo, un beneficio, una prebenda, un contrato de prestación de  servicios, una distinción;  ni mi esposo, con quien sí elegí como pareja de vida, ni yo, hemos estado hemos estado vinculados a ellos, ni recibido nada de ellos.

“Como estudiosa de derecho, debo manifestar muy en conciencia que no hay conflicto de intereses porque la Comisión de Derechos Humanos no es la encargada de someter a proceso, ni de investigar, o responsabilidad, si la hubiera, de la licenciada Hortencia Figueroa; eso lo hará el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que son dos esferas que escapan a la competencia de la Comisión de Derechos Humanos.

“Así que no hay que tener temor. Yo creo que esos ataques han sido un intento de discriminación hacia mi persona, que -por supuesto- rechazo contundentemente y no doy cabida. Yo me hago responsable de mis actos”, remarcó, al tiempo de recibir el apoyo de las diversas agrupaciones.  

Pide a la ciudadanía participar con denuncias de hechos delictivos.

El Jefe de la Oficina del Gobierno de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, llamó a los ciudadanos a colaborar con su denuncia para combatir la delincuencia y afirmó que las autoridades se mantienen fuertes para hacer frente a los criminales, que han recurrido a la “violencia terrorista” para intentar amedrentar al Estado.

Condenó los asesinatos ocurridos el fin de de semana y el ataque en el que perdió la vida del delegado electo de la comunidad de Tejalpa del municipio de Jiutepec, Delfino Sánchez Estrada,  así como expresó su preocupación por la falta de colaboración ciudadana para identificar a los delincuentes.

Dijo que tanto en Morelos, con el resto de país, se viven situaciones violentas debido a la escisión de los grupos criminales, pero aseguró que en ningún momento la autoridad ha sido rebasada y el aparato de inteligencia contra el crimen constantemente realiza acciones de prevención y combate a los delitos.

Sin embargo, consideró que hace falta apoyo de la población para denunciar a los criminales, quienes no sólo comenten sus fechorías sin ocultar su rostro sino que ha recurrido a la violencia terrorista.

“Vuelvo a hacer un llamado a la población de lo que es la denuncia, aunque sea denuncia anónima. No puede ser que maten a una persona públicamente y a rostro descubierto y que no tengamos ningún informe, ni un retrato hablado y no tengamos nada por parte de nadie. Hay que denunciar, aunque sea de forma anónima, para evitar que estos delincuentes sigan cometiendo sus actos”, dijo.

Afirmó que “el trabajo de inteligencia nos arroja no tres o cuatro grupos delictivos. El problema que tiene el estado de Morelos, igual que toda la república, es que ya son bandas delictivas en muchos sitios de dos, tres personas, de cuatro personas, y entonces no se puede ir, confrontar directamente a ese grupo delictivo si lo hubiese, o a esos tres grupos delictivos si lo hubiese, porque están diseminados por todo el estado de Morelos y por toda la república. Entonces es prácticamente una violencia terrorista, vamos a decirlo así.”

“Podemos estar en un restaurante y de buenas a primeras se levanta una persona a disparar y no hay forma de poder evitarlo, definitivamente, no hay forma de poder evitarlos. La única forma de poder evitarlos, es con esa denuncia para dar con esos delincuentes porque no puede haber un policía en casa restaurante, no puede haber un policía en cada esquina, definitivamente. Nuestro servicio de inteligencia está funcionando”.

Insistió en que las autoridades se mantienen fuertes en la lucha contra la delincuencia y que el apoyo ciudadano es indispensable, para que la autoridad pueda identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes cometen actos violentos y transgreden la ley.

En todos los casos, los policías deberán contar con equipo adecuado y mantener la comunicación con autoridades locales, la FGE y los servicios médicos de emergencia

Regulará la expedición de constancias sobre la existencia o inexistencia de sanciones impuestas a servidores públicos

No hacerlo sería incurrir en la misma omisión en que lo hace la FGE: Morales Quiroz.

Ante la omisión y el desinterés de la Fiscalía General del Estado (FGE) para concluir el proceso de validación e identificación de los cadáveres exhumados de las fosas de Jojutla, la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregará a la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a 84 cuerpos.

Abimelec Morales Quiroz, miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que la semana próxima serán entregados los perfiles genéticos de cadáveres y fragmentos cadavéricos de la fosa de Jojutla a la Comisión Nacional de Búsqueda –en virtud de que aún no está instalada la comisión estatal- para que se dé seguimiento al caso.

Dijo que por la situación de crisis financiera y la reestructuración en la que se encuentra la universidad estatal, no ha sido posible que la comisión pueda empujar al proceso, pues es la FGE la autoridad responsable de convocar a las instituciones involucradas a realizar el cruce y validación de las pruebas genéticas e, incluso, reabrir las fosas de Jojutla para continuar los trabajos.

“Tiene que continuar con el proceso de exhumación de Jojutla porque está parcialmente cerrada la fosa, tiene que continuar. ¿Cuándo? no lo sé, ni siquiera existe la convocatoria para la validación de estos perfiles, entonces, no hay una fecha para continuar con el proceso de exhumación”, dijo.

Expresó que dependerá de los grupos de familias de desaparecidos decidir si quieren que esta comisión siga siendo parte de los peritos independientes; pero, por lo pronto, “no podemos nosotros continuar manteniendo estos perfiles porque se estaría haciendo lo mismo que la autoridad, y esta es una de las razones por la cual debemos de entregar estos perfiles, porque se estaría haciendo lo mismo que hace la autoridad, que es guardar en un cajón los electroferogramas (nombre técnico de las pruebas de genéticas) y no siendo ingresados” al Codis, programa informático que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de perfiles de ADN.

“Nosotros no queremos ser parte de la omisión institucional. Desde nuestro punto de vista, es omisión, son dos años literalmente de letargo, de retraso, en los procesos de validación de las muestras”, insistió Morales Quiroz.

Precisó que la comisión científica trabajó con 84 cuerpos exhumados y 10 restos o fragmentos cadavéricos, de los cuales se obtuvieron 38 perfiles genéticos completos, 18 perfiles obtenidos de manera parcial y 25 perfiles completamente degradados y que no permitirán su plena identificación; y 19 muestras genéticas no fueron brindadas a la UAEM para su análisis.   

Además, recalcó, por las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos, no se podrá concluir con certeza la causa de muerte.

Recalcó que probablemente, la ahora Fiscalía General de la República tenga ya sus propios resultados de las pruebas y los haya ingresado al programa Codis; pero lo que no es entendible, es por qué la FGE no ha convocado a las instituciones implicadas en el caso para dar continuidad al proceso y hacer los esfuerzos necesarios para la identificación del mayor número de cuerpos, porque hay familias que tienen esperanza de localizar a sus seres queridos ausentes o desaparecidos.

Como en el caso de las fosas de Tetelcingo, donde la otrora Procuraduría General de Justicia depositó de manera irregular y en condiciones inhumanas más de una centena de cadáveres de personas no identificadas, en las fosas de Jojutla fueron extraídos 84 cuerpos y bolsas con fragmentos cadavéricos.

La otrora Procuraduría General de la República y Policía Federal, así como la fiscalía local y la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizaron pruebas genéticas, pero el proceso quedó trunco desde junio de 2017, y desde entonces la FGE no ha convocado a las instituciones a continuar con las diligencias pendientes. 

Aún se desconoce el paradero del profesor jubilado.

El abogado Juan Carlos “N” fue declarado como responsable del delito de secuestro agravado en agravio del profesor Albino Quiroz Sandoval, cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el 16 de marzo del año 2017, el profesor Albino se reunió con el imputado en un inmueble ubicado en la calle Galeana, esquina Reyna Xóchitl, donde el mentor fue visto por última vez.

La familia de la víctima presentó la denuncia y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ejecutó tres cateos y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, en cuyo despacho, ubicado en el Barrio La Santísima, del municipio de Tepoztlán, fueron localizadas una credencial de elector y dos tarjetas bancarias a nombre de Albino Quiroz, así como se hallaron diversas huellas digitales del profesor.
Con base en estas evidencias, la fiscalía imputó y llevó a juicio al litigante, quien fue declarado por un tribunal oral como responsable del delito de secuestro agravado. El próximo miércoles 3 de abril se llevará a cabo la audiencia para la individualización de la sanción.  

Las investigaciones continuarán, debido a que aún se desconoce el paradero del profesor Albino.

El titular del organismo dice que espera lograr buenos resultados contra funcionarios del gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, aseguró que está listo el equipo jurídico conformado con la Consejería Jurídica del gobierno del estado para arrancar los procesos penales contra ex funcionarios graquistas acusados de haber  cometido delitos en detrimento del patrimonio y la hacienda pública.

Señaló que la fiscalía como representación social y la consejería estatal como representante de la víctima, que es el Poder Ejecutivo, integraron un equipo para trabajar en la preparación de pruebas y la estrategia de litigación a la víspera de las audiencias de formulación de imputación de diversos ex servidores públicos y ex legisladores.

“En este tema te puedo decir que la fiscalía es quien lleva la voz, porque es quien hace la formulación de imputación, pero de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales está el asesor jurídico de la víctima, que en este caso, al ser la víctima el Poder Ejecutivo, está representado por sus asesores jurídicos que son los integrantes de la Consejería jurídica, y ellos participan y hay una corresponsabilidad en este sentido”.

“Y estaremos juntos en las audiencias, te puedo decir que es un buen equipo, irán a las audiencias la vicefiscal Guadalupe Flores Servín, quien es ex juez; y por parte de la Consejería Jurídica Guadalupe Arredondo, que también es ex juez. Entonces, ellas van a ser quienes encabezarán este equipo integrado por gente de la fiscalía y la consejería jurídica, es un trabajo coordinado, nos estamos corresponsabilizando y es un equipo integrado por gente muy capaz, con mucha experiencia”.

“Y además, quiero decirte, que llevamos las pruebas que acreditan los delitos por los que se les va a formular imputación. Entonces, no tenemos temor de que vayamos a tener un mal resultado, porque tenemos todo para, en un primer momento, lograr vincular a proceso a quienes se les formule imputación y, finalmente, al terminar el proceso y la audiencia de juicio oral, tener sentencia condenatoria”, afirmó Salazar Núñez.

Unas de las audiencias que ya generó expectación es la que se llevará a cabo hoy viernes, en la que la Fiscalía Anticorrupción formulará imputación a las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, así como la ex secretaria de Administración del Congreso local Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes judiciales, la juez de control que estará a cargo de la audiencia de formulación de las ex diputadas será Teresa Soto Martínez, quien fue proyectista y sigue siendo colaboradora cercana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López.

El morelense Víctor Miranda Guerrero es uno de los reos que salvaron la vida gracias a la orden ejecutiva firmada hace unos días por el gobernador demócrata, Gavin Newson, que otorgó indultos a los 737 reos que habían sido condenados a muerte en California, EEUU.

Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, celebró la decisión de Newson, quien no sólo frenó las ejecuciones, sino que busca también conmutar las penas y abolir la pena capital en ese estado de la Unión Americana.

Expresó que ese logro es producto de una larga lucha de organizaciones de migrantes y de derechos humanos que han apelado al apoyo del Senado y gobernadores de Estados Unidos y hasta del Papa Francisco para frenar las ejecuciones de mexicanos, para que se revisen legalmente sus expedientes y, en caso de resultar responsables, se les conmute la pena.

“Esa fue una lucha de organizaciones, impulsada por la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos. Ahora se va a pelear que sean revisados sus casos”, dijo, y explicó que la mayor parte de los migrantes mexicanos que fueron sentenciados a muerte no contaron con una defensa legal adecuada ni tuvieron asistencia consular, porque las autoridades norteamericanas no notificaron a sus homólogas mexicanas sobre las detenciones.

Expresó su beneplácito por el apoyo que manifestó a la causa el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien dio ya la orden a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que intervenga a favor de los mexicanos presos en el vecino país, para que sus casos sean revisados y, de ser declarados inocentes, recuperen su libertad o, en caso contrario, se les aplique una pena distinta a la pena capital.

Informó que también sostuvieron una reunión con los senadores integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores para que se sumen a la defensa de los connacionales.

Por lo pronto, Víctor Miranda Guerrero, originario de Cuernavaca, y quien insiste en su inocencia, fue declarado responsable del delito de homicidio de una mujer y condenado a muerte. Cuando fue detenido tenía 20 años, y ha pasado la mitad de su vida preso en la prisión estatal de San Quintín, en California.

Otros 43 mexicanos que estaban en la antesala de la muerte también salvaron la vida por la orden ejecutiva del gobernador demócrata. Entre ellos, destacan la jalisciense Dora Buenrostro y el tijuanense Carlos Avena Guillén, también recluido en San Quintín, y cuyo caso ha sido relevante en el ámbito internacional, ya que la Corte Internacional de Justicia, la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, ordenó en 2004 a Estados Unidos revisar su caso y el de 50 mexicanos más condenados a muerte. 

Al omitir convocar a la integración e instalación del órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura, la magistrada presidenta del TSJ incurre en violación a la ley: Arenas Ángeles.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, no descartó promover una denuncia penal contra la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, ante la negativa de convocar a la integración e instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que desde abril de 2018 debió ser instaurada en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Consideró falso el argumento de Cuevas López de que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instalar la junta, porque la reforma constitucional en vigor desde hace casi un año estableció con claridad la extinción de la Comisión Transitoria –que actualmente integran Carmen Cuevas y los magistrados Rubén Jasso y Miguel Ángel Falcón-, y la creación del nuevo órgano colegiado

Recordó que desde el 28 de enero, los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gambo Olea y él, entregaron a la presidencia del TSJ un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ, y que no se haya instalado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en franca violación a la ley.

“Si leemos el artículo séptimo transitorio del decreto 2611, publicado el 4 de abril de 2018, expresamente dice que quedó derogada la Comisión de Transición y es una grave omisión (no instalar la junta), porque al final quienes están viendo la disciplina y la vigilancia hasta han hecho nombramientos y han sancionado”.

“Entonces, para nosotros, quienes suscribimos este documento y, al parecer, se empiezan a sumar nuevos magistrados, no compartimos la idea de que siga funcionando un órgano que ya no existe, en donde las funciones que están realizando ya no tienen ningún sustento legal ni constitucional”, afirmó.  

A pregunta expresa sobre si procedería alguna acción legal ante la negativa de instalar dicha la junta, señaló que existe la posibilidad de que alguna persona afectada por las decisiones de la Comisión de Transición pudiera denunciar la ilegalidad en la que opera este órgano.

“Somos peritos en derecho, protestamos la Constitución y ser omisos es sancionable. Estas conductas pueden ser sancionables por quienes son afectados o, incluso, el foro de abogados, algún litigante, una persona que ha sido afectada por esta comisión, puede denunciar”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es un deslinde, porque si no, nos constituimos en autoridades omisas y, al mismo tiempo, podemos terminar como responsables solidariamente de una conducta que pudiera ser sancionada penalmente”.

Tampoco descartó la posibilidad de iniciar, como magistrado, una denuncia penal, por el funcionamiento ilegal de la cuestionada comisión.  

“Es una posición que tenemos que valorar. De todos modos, la conducta ya se dio, o sea, esa es una realidad y en cualquier momento tendríamos que valorar esta posibilidad para poner en conocimiento de la autoridad penal esta situación”, expresó.

Únicamente queda firme sanción impuesta a Julio Yáñez.

El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) emitir un nuevo acuerdo en el que se reconsideren las infracciones atribuidas a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Social Demócrata (PSD) y Verde Ecologista (PVEM), así como al excandidato a gobernador perredista, Rodrigo Gayosso Cepeda.

En sesión, el Pleno del TEEM revocó las sanciones impuestas a los quejosos por el Impepac por la implementación del programa “Transporte público gratuito”, en las que la autoridad electoral administrativa consideró que se indujo o coaccionó al electorado para emitir su voto.

El tribunal consideró que si bien hubo una infracción a la normativa electoral por la entrega de material y beneficio en especie a los electores, el instituto no acreditó con pruebas la supuesta inducción o coacción del voto, además de que omitió realizar un estudio de la conducta desplegada individualmente por los partidos y el excandidato, así como de la capacidad económica de cada uno de ellos.

Por tal razón, declaró parcialmente fundados los agravios presentados por los quejosos y ordenó emitir una nueva resolución en la que se revalore de manera individual la sanción que le corresponde a cada uno, con excepción de la sanción impuesta al excandidato a alcaldía por la alianza Juntos por Cuernavaca, Julio Yáñez Moreno, quien no impugnó el acuerdo sancionador.

A los partidos políticos en cuestión se les había impuesto una multa de dos mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 211 mil 225 pesos; y al excandidato perredista Rodrigo Gayosso, una sanción económica por 415 UMA, que equivale a un poco más de 35 mil pesos. Los motivos de la infracción y los montos deberán ser revalorados por el Impepec.

La única sanción que se mantuvo firme porque no fue impugnada, fue la impuesta a Julio Yáñez, por mil 250 UMA, que es poco más de 101 mil pesos.

Presentan denuncia por envenenamiento de perros.

Integrantes del movimiento animalista “Justicia para Negrita” presentaron ante la Fiscalía General de Estado una denuncia por el asesinato de perros en la comunidad de Ocotepec del municipio de Cuernavaca.

Vannesa Perbellini Soberanes, activista defensora de los derechos de los animales, señaló que el 6 de diciembre de 2018 fueron localizados sin vida 25 canes, y el pasado 12 de marzo otros 12 más, sin que las autoridades hayan indagado qué pasó.

En las instalaciones de la FGE, señaló que las autoridades estatales y municipales debieron intervenir para indagar el presunto envenenamiento de 47 perros, porque es evidente que el autor de la masacre canina es una persona violenta y que podría llegar a lastimar a un ser humano.

“¿Qué esperamos con esta denuncia? Que no haya pretexto de la fiscalía para ponerse a investigar, es urgente que investiguen, yo no he sabido que hayan dado resultados de los 25 perros asesinados en diciembre y ahora otra vez 12”.

“¿Qué es lo que está pasando? Hay un loco suelto en Ocotepec. Los humanos somos muy antropocentristas, creemos que los humanos son más importantes, pero no te quejes cuando la violencia le llegue a los humanos, cuando no pusiste atención en el maltrato y crueldad hacia los animales porque por ahí se empieza”, expresó.

Llamó a los vecinos de Ocotepec a denunciar al responsable de la muerte de canes, porque generalmente quien atenta contra la vida de un animal, pasa luego a ataques contra los humanos al ser “una persona violenta y con problemas mentales”.

Dijo que desconoce el destino de los restos de los animales, ni si se les practicó la necropsia para saber con qué fueron envenenados y si se le dio tratamiento sanitario adecuado a los cuerpos de los perros, porque la norma indica que debieron ser cremados para evitar riesgo a la salud. 

Un juzgado de distrito concedió al diputado Marco Zapotitla Becerro una suspensión, únicamente para que, por el momento, no se afecten sus emolumentos, tras ser relevado la semana pasada de las diversas comisiones legislativas que presidía e integraba.

Según el acuerdo publicado en estrados electrónicos del Juzgado Segundo de Distrito, quien conoce del juicio de amparo 346/2019 promovido por el diputado de Morena, se concedió la suspensión provisional para que el quejoso mantenga sus emolumentos en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva.

“En efecto, ante la incertidumbre de la naturaleza de los actos, pues no se tiene la seguridad de que se trate de actos de autoridad o bien sean producto de actos soberanos de la Legislatura del Estado de Morelos; sin embargo, ponderando que éstos pueden afectar los derechos sustantivos del quejoso, relacionados con su subsistencia al aducir que pretenden privarlo de sus emolumentos y otros ingresos que percibe como Diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y atendiendo que éstos permiten la suspensión, en virtud de que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se estima procedente otorgar la medida cautelar”, estableció el acuerdo que otorgó la medida cautelar de manera provisional.

El juzgado federal detalló que el diputado aportó documentación probatoria de que, en agosto de 2018, fue electo como secretario de la Mesa Directiva, y en septiembre pasado fue designado, mediante el acuerdo parlamentario por el que se integran las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales del Congreso del Estado de Morelos como presidente de las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Legislación, Seguridad Pública y Protección Civil.

Además de secretario de las Comisiones Legislativas de Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, vocal de las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Salud, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción.

El pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso retiró a los diputados José Casas González y Marzo Zapotitla Becerro de las comisiones que presidían e integraban. Al primero, por convertirse en diputado sin partido ni fracción parlamentaria. Al segundo, por presunta ineficiencia y rezago legislativo. 

El presidente del Foro Morelense se pronuncia por reincorporar la figura de revocación de mandato y por ampliar las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

El Foro Morelense de Abogados llamó al Congreso local a agilizar la designación del nuevo ombudsman, para evitar que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos permanezca acéfala, así como pidió que se reincorpore a la Constitución de Morelos la figura de revocación de mandato y se amplíen las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

Sobre el primer tema, el presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró necesario que el Congreso del estado le dé la importancia necesaria, porque se trata de la elección de quien será el garante y vigilante del respeto a los derechos humanos de los morelenses.

También señaló que es indispensable que el Congreso del estado armonice las leyes locales con las federales, y un ejemplo debería ser la reincorporación de la figura de revocación de mandato en la ley estatal, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

“Como ustedes saben, en el 2017 la legislatura anterior desaparece la Ley de Participación Ciudadana de un solo plumazo, y, con ello, la revocación de mandato. Después, en 30 días, vuelve a elaborar una nueva Ley de Participación Ciudadana pero ya no contemplaba la revocación de mandato”.

Dijo que la revocación de mandato debe reincorporarse al marco normativo estatal, pues es un instrumento ciudadano por el cual se puede llevar a cabo la consulta para quitar a los malos representante populares y no esperar tres años para retirarlos del cargo.

Finalmente, advirtió que debe realizarse una reforma legal para ampliar la extinción de dominio a los servidores públicos cuyo patrimonio sea producto de la corrupción y otros ilícitos.

Actualmente, precisó, procede la extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada, narcomenudeo y secuestro, sin embargo, debe ampliarse a delitos que sean por hechos de corrupción.

Desechó un recurso interpuesto por el tribunal porque éste carece de legitimidad para esa acción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), que reclamó el adeudo de casi dos millones de pesos del ejercicio fiscal 2018.

De acuerdo con la resolución del expediente de controversia 124/2019, el TUJA impugnó la omisión de la entrega de los recursos financieros asignados en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 por un monto de un millón 888 mil 950 pesos.

Detalló que el TUJA dirigió cuatro oficios al Secretario de Hacienda del Estado pero fueron completamente ignorados y continúan sin respuesta alguna de parte del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, la SCJN determinó desechar de plano la controversia constitucional promovida por la magistrada Presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, por considerar que carece de legitimidad jurídica para promover el recurso de control constitucional, en virtud de que la facultad recae en la titular del Poder Judicial de Morelos. 

La SCJN admitió al menos tres controversias en las que se reclama la falta de presupuesto para el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro    

Se autorizó la apertura de cinco centros de verificación vehicular en Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata    

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) otorgó cinco nuevas autorizaciones para establecer y operar centros de verificación en Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el titular de la SDS, Constantino Maldonado Krinis, dio a conocer la resolución definitiva del Proceso de Convocatoria número 01/2019 para la apertura y operación de cinco centros de verificación vehicular en la entidad.

Los nuevos empresarios a las que se les otorgaron las autorizaciones son: Dayna Cárdenas Juan, en Jiutepec; Enrique Zúñiga Pérez, en Cuernavaca Norte; Gerardo Javier González Cisneros, en Emiliano Zapata; José Alberto Madrid Baños, en Cuernavaca Norte; y Norma Rosaura Camacho Gutiérrez, en Cuautla.

Con la publicación de la resolución, los ganadores de la convocatoria deberán presentarse a la SDS a obtener su oficio de procedencia, la autorización para el inicio de operaciones y las circulares que emita la secretaría para precisar los términos de prestación del servicio dentro del marco legal aplicable.

Llama FGR a prevenir delitos cibernéticos.

La Fiscalía General de la República (FGR) recomienda tomar medidas preventivas tras detectar, derivado de un monitoreo en el ciberespacio mexicano, un código malicioso que se propaga en el servicio de correo electrónico por medio de un mensaje, el cual suplanta la identidad de una institución financiera.

El contenido del texto difundido solicita la identificación de un depósito por un monto económico, el cual incluye un enlace a una página de internet externa; al momento de ingresar al mismo, descarga un archivo terminación .zip, que contiene un ejecutable malicioso que toma el control de la computadora, al poder copiar, escribir y abrir la aplicación de cámara y micrófono del dispositivo móvil o computadora.

Por todo lo anterior, la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas recomienda verificar todos los correos electrónicos recibidos y, si se desconoce la procedencia del mismo, bajo ninguna circunstancia ejecutar archivos desconocidos y contar con una solución antivirus instalada en la computadora.

También instó a los padres de familia y menores a cuidar la información que divulgan a través de las redes sociales, como fotografías y datos personales que los puedan exponer a la comisión de un delito. 

Fuerzas de seguridad y autoridades municipales supervisaron establecimientos nocturnos en la capital del estado, Jiutepec y Jojutla.

La directiva del Poder Judicial analizará el presupuesto aprobado y publicado para analizar si se ajusta a las expectativas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, afirmó que el Poder Judicial fijará una postura hasta analizar con detalle el presupuesto que le fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

Luego de que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5687, fue publicado el Decreto 76, por el que el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y asignó al Poder Judicial sólo 523 millones de pesos, señaló que primero se hará un análisis legal y en breve se determinará qué seguirá.

Recordó que hay una controversia en curso promovida por el Poder Judicial antes de que se aprobara el presupuesto, en la que se planteó que le correspondía a la administración de justicia –con base en la autonomía financiera- el 4.7% del presupuesto estatal programable.

“Nosotros ya tenemos una controversia establecida y, bueno, nada más terminaremos de analizar el presupuesto para que en breve les estaremos informando lo que vamos a hacer jurídicamente”, dijo.

Señaló que hay varios proyectos pendientes de modernización y mejoramiento para el Tribunal Superior de Justicia, pero su realización dependerá de los recursos con los que se cuente. 

El fiscal anticorrupción y exfuncionario de Graco Ramírez asegura que esta empresa y la comunicadora deberán hacer sus alegatos ante el juez.

La nota que informa de la decisión del juez Edie Sandoval Lomé de no vincular a proceso a Alejandro Vera, la causa.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, informó que promovió una demanda contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo para solicitar su derecho de réplica (que le fue concedida desde el pasado martes), respecto a la nota publicada el 8 de marzo de 2019 sobre la revocación de la vinculación a proceso dictada por un juez de control a favor del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

En la nota que causó molestia al fiscal, el abogado Cristian Fragoso Velázquez informó que, al revocar el juez local el auto vinculación a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el ex rector y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como de su esposa y catedrática universitaria María Elena Ávila Guerrero, quedaron zanjados dos de los tres procesos penales  que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le inició durante el gobierno anterior.

En la nota, el representante legal del ex rector afirmó que la justicia federal consideró que toda la información financiera de la pareja fue obtenida de manera ilícita por la Fiscalía Anticorrupción, ya que no fue requerida mediante procedimiento judicial y se violentaron tanto los procedimientos como los derechos de los acusados.

Sin embargo, desde el 11 de febrero la reportera Maciel Calvo acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a solicitar una entrevista con su titular, Juan Salazar Núñez, específicamente para abordar el tema de Alejandro Vera, en virtud de que ese mismo día, otro de los representantes legales del ex rector, Sergio Parra González, había informado a este medio de comunicación sobre el amparo concedido por la justicia federal.

La mujer, quien dijo ser la secretaria de Juan Salazar Núñez, anotó la petición de entrevista de la periodista y dijo que, en cuanto tuviera respuesta, se comunicaría vía telefónica. La llamada nunca llegó.

En cambio, tras la nota publicada el 8 de marzo sobre el mismo tema, el fiscal Salazar Núñez envío un sendo oficio a La Unión de Morelos, en el que prácticamente hizo una amenaza velada de actuar legalmente contra la reportera y esta casa editorial, exigiendo el derecho de réplica.

En ese documento Salazar Núñez anexó una carta aclaratoria que fue publicada el pasado martes 19.

Ayer, en un acto convocado y encabezado por Juan Salazar Núñez en sus oficinas, la reportera solicitó personalmente al fiscal la entrevista, y éste contestó que no había constancia de que se hubiese solicitado la entrevista con él, por ello demandó derecho de réplica y le informó que inició acciones legales en contra de ella y La Unión de Morelos, así como advirtió que actuará de la misma forma en contra de quienes hagan aseveraciones falsas sobre el trabajo de la fiscalía.

“Está en curso la demanda que interpuse en contra de tu medio de comunicación por el derecho de réplica. Vamos a hacerlo así en todos los casos en los que se hagan aseveraciones que sean falsas”, dijo.

-Pero en la nota nunca se le acusa a usted, es una declaración de un abogado-, recalca la reportera en respuesta al fiscal.

-Bueno, este, será una cuestión de que usted lo diga, su medio lo diga, ante el juez de distrito que está conociendo del asunto y, en su caso entonces, al abogado será a quien nosotros le demandemos lo pertinente porque esta fiscalía no siembra pruebas, que es lo que nosotros estamos pidiendo se aclare-, respondió Salazar Núñez.

En la nota que causó escozor, en ningún momento se mencionó el nombre de Juan Salazar Núñez, ni tampoco se hizo ninguna referencia ofensiva, ni que la fiscalía “sembró pruebas”, sólo, con base en la información expresada por el abogado Cristian Fragoso, se hizo una narrativa de procedimientos jurídicos en torno al caso del ex rector Alejandro Vera. 

El Pleno de la Sala Superior del TEPJF ratificó que no alcanzó el porcentaje mínimo previsto en la ley para mantenerse como instituto político.

El Partido Encuentro Social (PES) perdió oficialmente su registro, luego de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no alcanzó el porcentaje mínimo, previsto en la ley, para mantenerse como instituto político.

Por unanimidad, el Pleno confirmó el retiro del registro al PES, partido de centroderecha que fue encabezado por Hugo Erik Flores Cervantes, actual representante del gobierno federal en Morelos, al no haber tenido al menos tres por ciento de los votos emitidos en la última elección federal.

En sesión pública fue  aprobado el proyecto del recurso SUP-RAP-383/2018, en el que se consideró que el partido no cumplió con lo que marca el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución federal, que señala que el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

El PES presentó más de 200 medios de impugnación, la mayoría de forma extemporánea, argumentando que sí debía conservar el registro con una interpretación más amplia del artículo 41 constitucional, y que se debía considerar su representatividad política con base en el porcentaje de los representantes populares de su partido en la Cámara de Diputados y el Senado. 

La Sala Superior consideró que esa interpretación no es aplicable, al ordenar la Constitución umbrales mínimos de manera explícita.

El magistrado presidente del TEPJ, Felipe Fuentes Barrera, subrayó que el tribunal actuó con autonomía, sin presiones políticas y al margen de las especulaciones en los medios de comunicación.

“Analistas y comunicadores ya hablaban sobre una supuesta sumisión de este Tribunal a diversos sectores del poder público, la cual queda en una mera suposición ante la decisión que hoy habremos de tomar”, señaló el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera.

“En este asunto la verdad numérica es también la verdad legal. Si un partido, como el PES, no obtiene al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales, pierde el registro”, secundó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora presentaron un voto concurrente y un voto razonado, respectivamente, pero apoyaron el proyecto que oficializó la extinción del PES, quien en Morelos se alió con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para lanzar la candidatura del ex futbolista y hoy gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Así lo determinó la Suprema Corte; el bloqueo es un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información.

Los servidores públicos no deberán bloquear en sus cuentas de redes sociales a ciudadanos o periodistas que realicen críticas a sus labor, fue el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 1005/2018.

En una sentencia inédita, la Segunda Sala ordenó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, desbloquear de su cuenta en la red social Twitter @AbogadoWinckler al periodista Miguel León Carmona, quien en octubre de 2017 fue bloqueado por el servidor público e inició un litigio por la vía del juicio de amparo, en el que alegó que la acción del funcionario le impidió conocer datos de interés general vinculados al ejercicio del cargo público.

En la resolución, se sostuvo que el bloqueo correspondió a un acto de autoridad que implicó una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista.

La Segunda Sala observó que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general. Además de que fue el propio funcionario quien, voluntariamente, utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal.

Al hacerlo, subrayó la Segunda Sala, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.

La resolución no determinó que el derecho a la privacidad de los servidores públicos deba ser limitado en todos los casos, ya que existe un contenido mínimo de este derecho que debe ser respetado.

En el caso particular, el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad, ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo por parte del periodista.

Por lo tanto, dice la resolución, la orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas.

Adicionalmente, el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad.

Los efectos de la sentencia están dirigidos a ordenar al servidor público que permita el acceso del periodista a su cuenta de Twitter, y sentó el precedente para que los ciudadanos y periodistas puedan recurrir a los tribunales cuando servidores públicos los bloqueen en redes sociales sin aparente justificación.

En la sentencia, también se estableció que pueden existir casos donde el bloqueo sea válido, siempre y cuando represente una amenaza a la integridad física del funcionario; pero también acotó que los comentarios o críticas severas no deberán ser considerados como comportamientos abusivos.

El ayuntamiento ixtleco sigue prestando servicios a la comuna indígena, el argumento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión al Ayuntamiento de Puente de Ixtla que pedía congelar la ministración de recursos a Xoxocotla, con el argumento de que el ayuntamiento ixtleco sigue prestando servicios a la comuna indígena.

Luego de que el máximo tribunal del país admitió la controversia constitucional sólo por cuanto a la impugnación contra disposiciones de la Ley de Coordinación Hacendaria y el acuerdo por el que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2019, el ministro instructor, Jorge Mario Pardo Rebolledo, determinó negar la medida cautelar.

“Atento a lo solicitado, a las características particulares del caso y a la naturaleza de lo impugnado, sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la medida cautelar por lo que hace la suspensión de la norma y el  acuerdo impugnados”.

“Lo anterior, debido a que, como se señaló, la suspensión de la norma podrá otorgarse  y se señaló, la suspensión no podrá otorgarse respecto de normas generales, como en el caso lo constituye la Ley de Coordinación Hacendaria de Morelos y el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2019 pues atento a las características esenciales de la norma controvertida y del acto administrativo impugnado, a saber, abstracción y generalidad, se hace imposible paralizar sus efectos, pues ello implicaría que perdieran su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica”, determinó el ministro instructor.

De acuerdo con el ayuntamiento demandante, el municipio indígena de Xoxocotla –que se escindió de Puente de Ixtla- no cumplió con los requisitos legales previstos en el decreto de creación, “ni siquiera tiene un territorio determinado, pues no se ha cumplido con lo establecido por el decreto de creación y tampoco brinda certeza y seguridad jurídica el censo que ahí se señala, pues data desde el año 2010, de tal suerte que: sin lugar a dudas existe un peligro inminente de afectación para la población del municipio indígena de Xoxocotla, incluso por que ambos municipios se verían materialmente impedidos para solventar el gasto operativo, entendido este como los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como en los servicios generales tales como luz, agua y teléfono, y en mayor medida el municipio de Puente de Ixtla, pues es quien actualmente brinda los servicios para ambas comunidades”. 

Salda gobierno estatal 30 por ciento de partida presupuestal pendiente con la institución desde el sexenio pasado.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que poco a poco se notan las mejoras en la institución, con la entrega gradual de 250 millones de pesos que quedaron pendientes de entregar el año pasado.

Luego de la firma del convenio entre la FGE y el Poder Ejecutivo estatal para garantizar que el personal de la fiscalía quede inscrito bajo la modalidad 10 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fiscal señaló que de los 250 millones de pesos que le adeudaba el gobierno anterior a la institución, la actual administración saldó casi el 30%.

“Ya se está avanzando y hemos empezado a sentir los cambios en la fiscalía. Ya estamos mejorando, ya hemos adquirido material para Semefos (sic) y ahí van las cosas mejorando”, dijo.

De acuerdo con las previsiones de la FGE, con estos recursos y el presupuesto incluido en la Ley de Egreso estatal para el 2019, podrán realizarse mejoras en la infraestructura de procuración de justicia, remuneraciones del personal y la apertura de plazas en áreas esenciales. 

Ayuntamientos cuentan con los medios para detectar las descargas domésticas, industriales y derivadas de actividades agropecuarias que son vertidas a las cuencas, así como para contener su contaminación, expone el fallo de juzgado federal.

El mandato es para los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla.

Un juez federal ordenó a los ayuntamientos de diez municipios detectar y clausurar de inmediato todas las descargas residuales domésticas e industriales que contaminan la cuenca del río Apatlaco y sus barrancas.

En una acción inédita e histórica, la juez cuarto de distrito, Griselda Sáenz Horta, decretó la aplicación de medidas cautelares dentro de la acción colectiva 17/2016, promovida por la colectividad “Habitantes del Estado de Morelos”, en las que ordenó a los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

De acuerdo con el documento, que ya fue notificado desde la semana pasada a miembros de la colectividad, las medidas decretadas tienen como finalidad evitar el daño progresivo e irreversible, en tanto se llega a una sentencia.

Las medidas precautorias ordenadas por la juez federal tienen un sustento sólido y exponen que los ayuntamientos sí cuentan con los medios para acatar las medidas y frenar la contaminación del río Apatlaco.

Los informes rendidos por el Organismo de la Cuenca del Balsas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) al juzgado federal, evidenciaron que los ayuntamientos sí cuentan con la información suficiente para detectar las descargas domésticas, industriales y derivadas de actividades agropecuarias que son vertidas a las cuencas, así como para contener su contaminación.

Y es que Morelos, hasta el 2012, tenía una cobertura de drenaje a nivel estatal de 95.8 %, y actualmente cuenta con un padrón de 48 plantas municipales tratadoras de agua construidas por el gobierno estatal, de las cuales 14 están fuera de operación y dos colapsadas por desbordamientos fluviales.

Las 32 restantes se encuentran en operación, pero sólo ocho maniobran por arriba del 80%, y las demás funcionan a una capacidad menor al 60% o ínfima.

Adicional a las plantas tratadoras municipales se encuentran ocho más en operación (algunas de ellas privadas), pero tampoco funcionan al total de su capacidad.

Pese a ello, las condiciones de las plantas de tratamiento son de buenas a regulares, lo que significa que “los organismos municipales de saneamiento del agua cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el servicio previsto en la Ley Estatal de Agua Potable, en la cual, además, se aprecia que las dependencias demandadas, específicamente los organismos de agua potable de los ayuntamientos, tienen la obligación de prestar los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de agua, así como de mejorar los sistemas de saneamiento, incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, rehúso de las mismas y manejo de lodos”.

La autoridad federal recordó que de acuerdo con la Ley Estatal de Agua Potable, los organismos municipales operadores -en sus tarifas o cuotas- cobran a sus usuarios los conceptos de suministro de agua potable y alcantarillado; y  tratamiento, saneamiento y manejo de lodos.

Con base en los argumentos legales y los informes oficiales respecto a las capacidades de los municipios, decretó las medidas cautelares para “efecto de restablecer provisionalmente a la colectividad en el goce de los derechos dañados, mientras se dicta sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible”.

En consecuencia, la juez federal dio una plazo de 15 días (contados a partir de la notificación) a los organismos municipales de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla, “para identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desemboquen en el Río Apatlaco o sus afluentes, elaborando los planos donde se advierta dicha identificación”.

Concluido este plazo, fijó otros 30 días “para realizar las acciones necesarias para efecto de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje o alcantarillado, a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas”.

La juzgadora federal, en su resolución, afirmó que los ayuntamientos implicados tendrán la obligación de vigilar que sus organismos operadores de agua cumplan con las medidas precautorias.

En caso contrario, apercibió, se impondrá a los titulares de las alcaldías y sistemas operadores de agua una multa hasta por el equivalente a 30 mil unidades de medida y actualización (equivalente a dos millones 534 mil 700 pesos), cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado.

Lo anterior, “en la inteligencia de que el dictado de las anteriores medidas concedidas no causen más daño a la colectividad, ni una afectación ruinosa a las demandadas, puesto que como ha quedado precisado en este acuerdo, los organismos operadores de agua recaudan contribuciones por concepto de alcantarillado y saneamiento, y es su obligación brindar tales servicios, además de que cuentan con las plantas tratadoras suficientes para tratar las aguas residuales, las cuales cuentan con una situación actual de infraestructura en su mayoría buena, o, en su caso, regular.

“Y en caso de no dictarse estas medidas, se seguiría generando una grave amenaza para la salud pública, además de la degradación del sistema ecológico, construyendo perjuicio y molestia a la vida y el bienestar humano, así como a la flora y fauna cuya subsistencia depende del Río Apatlaco, originando consigo la degradación de la calidad del agua, e incluso de la tierra y del aire, generando y prolongando un entorno potencialmente nocivo, para la funcionalidad  del ecosistema involucrado, así como para la salud de la colectividad”.  

Esta es la tercera acción colectiva iniciada en México por daños al medio ambiente. Sólo le preceden la promovida en 2015 por la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa contra Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, por ocasionar daños ambientales en aguas del Golfo de México, tras la explosión en marzo pasado en la plataforma petrolera Abkatun-Alfa, ubicada en la sonda de Campeche; y la iniciada en 2018 por la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa, contra la minera Grupo México, por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, que generó graves daños a la salud de la población y a la flora y fauna de la zona.

Sin embargo, es la primera que se promueve en el estado de Morelos, en busca de frenar y remediar el daño causado a lo largo y ancho de los 659 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Apatlaco, que representa el 13.29% de la superficie total de la red hidrológica estatal.

Incluso, los ciudadanos interesados en participar pueden todavía adherirse a la acción legal como parte de la colectividad que pide frenar y resarcir el daño ambiental al río Apatlaco. 

La Comisión Estatal de Seguridad solicita a la ASF fiscalizar y, en su caso, fincar responsabilidades al extitular de la dependencia por presuntas irregularidades en el manejo de más 27 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la seguridad en Morelos.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar y, en su caso, fincar responsabilidades a Alberto Capella Ibarra, actual secretario de seguridad pública del estado de Quintana Roo, por presuntas irregularidades en el manejo de más 27 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la seguridad en Morelos.

El pasado 13 de marzo, la CES acudió ante el órgano de fiscalización para advertir de  las irregularidades detectadas en el manejo, administración,  aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y  del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública   (FASP),  correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, relacionados con la adquisición de material e impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y certificación de policías.

En el documento, la CES señaló ante la ASF como probables responsables de las irregularidades al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra,  que desde el 6 de enero de 2014 y hasta 13 de septiembre de 2018 fungió como comisionado estatal de seguridad pública de Morelos; Fernando Aldape Salas, director de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos; Juan Carlos Peniche Payen, coordinador de Desarrollo y Vinculación; y quien o quienes resulten con responsabilidad administrativa. 

“La intervención solicitada para el efecto de fincar las responsabilidades correspondientes a los ex funcionarios públicos y determinar bajo Auditoría Técnica Especializada, la cantidad total del desvío de los recursos federales y del perjuicio a la Hacienda Pública Federal y al Patrimonio del Estado Libre y Soberano de Morelos”, se señaló en el documento oficial.

En diciembre de 2018 el titular de CES, Antonio Ortiz Guarneros, reveló que su antecesor y actual secretario de seguridad de Quintana Roo pagó a una empresa 27 millones de pesos, proveniente de fondos federales, para capacitación y adiestramiento de elementos, pero en una revisión se descubrió que más de 400 policías recibieron certificados, pero en realidad nunca acudieron a los supuestos cursos que se impartieron en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos. 

Inició el despliegue de 200 policías federales, 70 elementos estatales y mil 800 soldados por todo el territorio estatal, con mayor atención en colonias conflictivas.

La Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo del despliegue de las fuerzas federales y estatales en todo el estado, pero con mayor presencia en Cuernavaca y Cuautla y sus zonas metropolitanas, donde se ha registrado mayor conflictividad criminal.

El general Armando Gómez Mendoza, comandante de la Vigesimocuarta Zona Militar, aseguró que la estrategia de coordinación adoptada hasta ahora ha tenido resultados con la disminución de los índices de violencia, aun cuando la percepción de algunos ciudadanos es distinta.

Señaló que se inició el despliegue de los 200 policías federales que llegaron como refuerzos, junto con 70 policías estatales y mil 800 soldados por todo el territorio estatal, con mayor presencia en colonias conflictivas.

“La política para hacer el despliegue se basa en la inteligencia que tenemos sobre todas las colonias de diferentes municipios que tienen más problemas de delincuencia”, dijo, y afirmó que habrá despliegue en todo el estado, pero se focalizará en algunas zonas donde hay mayor incidencia de delito como robo de vehículos, robo de motocicletas, robo a cuentahabientes, entre otros más.  

Indicó que la presencia de los refuerzos de la Policía Federal será indefinida hasta que el gobierno federal dé nuevas instrucciones; pero, por el momento, el despliegue de las fuerzas estatales y federales estará a cargo de la 24 Zona Militar, en estrecha coordinación con los mandos de la PF y la CES.

Insistió en que la coordinación ha sido fundamental para revertir poco a poco la inseguridad. “Tomemos en consideración en que ellos vienen como refuerzo (los elementos de la PF). Nosotros hemos realizado desde el principio de la administración un trabajo intenso en donde se ha reducido la violencia. En ocasiones escuchamos a gente que dice que Morelos tiene mucha violencia, y yo les puedo decir que ha bajado la violencia. Hay focos rojos en diversos municipios, no en todo el estado, en donde sí se necesita mayor presencia de policías”. 

Se trata del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Jerónimo Bernal Soliveras, ex director general del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante la administración de Graco Ramírez, busca el amparo de la justicia federal ante la posibilidad de que se emita una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con información de los estrados electrónicos, el juez cuarto de distrito del Decimoctavo Circuito, el pasado 5 de marzo el ex funcionario inició el juicio de amparo 290/2019 contra cualquier acto u orden privativa de la libertad expedida por un juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien tiene a su cargo decenas de denuncias iniciadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco, en contra de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en distintas áreas gubernamentales durante la gestión anterior. 

Aunque inicialmente al ex funcionario se le otorgó la suspensión provisional y fijó una garantía de cinco mil pesos, finalmente el juzgado federal determinó no conceder la suspensión definitiva.

De manera escalonada, las diferentes áreas de la administración pública estatal han promovido decenas de denuncias por el presunto mal uso de recursos materiales y económicos de ex funcionarios ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien está en proceso de integración de las carpetas de investigación y, de acuerdo con el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, hasta el momento ya se han judicializado tres o cuatro de ellas. 

También los extesoreros son requeridos para que cubran las sanciones aplicadas por el TJA, que deben cumplirse aunque ya no estén en el cargo.

Las autoridades hacendarias locales pueden promover embargos o inmovilización de cuentas bancarias.

La Secretaría de Hacienda de Morelos comenzó a requerir a los ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales para que paguen las multas que les fueron impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por el incumplimiento de sentencias y que no pagaron durante su gestión.

El magistrado del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que la terminación de sus trienios, no significa que puedan eludir su responsabilidad legal de cubrir de su peculio las multas que alcanzaron hasta las 100 unidades de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos), pero que, en la medida en que persistió el incumplimiento, se fueron acumulando no sólo en número, sino en la cantidad de expedientes, en que no se ejecutó la sentencia por parte de las autoridades municipales responsables.

“Todos aquellos servidores públicos de los ayuntamientos que terminaron su ejercicio, entregaron a los nuevos cabildos, pero se quedaron con el problema de las multas que el tribunal les impuso. ¿Qué significa esto? Significa que no se quedaron exentos de la sanción que les impuso el tribunal, porque la Secretaría de Hacienda les está requiriendo en sus domicilios particulares el pago de las multas y para eso está acudiendo a sus domicilios y está trabando embargos, sobre bienes de esos servidores públicos y, en algunos casos, la Secretaría de Hacienda tendría la posibilidad de inmovilizar algunas cuentas (bancarias) de estas personas”, explicó.

Señaló que prácticamente los 33 ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales recibieron multas del TJA por incumplimiento de las sentencias, principalmente relacionadas con indemnizaciones a elementos de seguridad pública destituidos que no fueron pagadas.

“Este es un llamado, porque si se piensa que se puede burlar el cumplimiento de las sentencias, es no es cierto, el brazo de la justica los va a alcanzar donde se encuentren ellos”, advirtió.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa, el tribunal tiene la facultad de aplicar diversas medidas de apremio para hacer cumplir sus sentencias, que van desde la amonestación, multa o arresto por 36 horas, hasta la destitución e inhabilitación por seis años para ocupar cargos públicos.

Recordó que ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca, si bien obtuvieron amparos para evitar su destitución, quedó firme la inhabilitación decretada por el tribunal para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, como sanción al desacato judicial.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de una ex regidora, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) reporta 65 casos de trata de personas, ciberacoso y tráfico de datos con contenido sexual entre 2018 y 2019.

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que las mujeres de entre 18 y 30 años son las principales víctimas de violencia cibernética, que va desde el hostigamiento en la web hasta la sextorsión y doxing.

De acuerdo con la institución, entre 2018 y 2019 atendió cerca de 65 casos de trata de personas, ciberacoso y tráfico de datos con contenido sexual, así como localizó a usuarios de plataformas de ventas por internet de imágenes y videos de carácter erótico y sexual, denominados “packs”.

Destacó que los principales medios de ciberviolencia contra mujeres que investiga la fiscalía federal son la manipulación, difusión o intercambio de datos; información, contenidos, fotografías o vídeos privados no consentidos, incluidas imágenes sexuales, entre los que se encuentra la sextorsión y el doxing (publicación de información privada);  ataques con troles, pornovenganza, acoso sexual y hostigamiento criminal en línea.

Precisó que la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) de la FGE ejecuta y supervisa las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos.

Tal es así que por medio de personal y equipo especializado lleva a cabo, en coordinación con el Ministerio Público, investigaciones en plataformas de internet, redes sociales, deep y dark web, con el objetivo de combatir, identificar y dotar de medios de prueba digitales para el combate a este tipo de violencia.

La comuna anuncia que no expedirá permisos a establecimientos para operar más allá de las dos de la mañana.

El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, informó que la comuna revisa las licencias y permisos con los que operan cada uno de los giros rojos en el municipio, y anunció que habrá clausuras si los dueños de los establecimientos no responden los emplazamientos para ser revisados o regularizados.

Tras sostener diversas reuniones con el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, quien sugirió limitar los horarios de funcionamiento de las discotecas y bares a las dos de la mañana y revisar la documentación de los establecimientos, indicó que la Dirección de Industria y Comercio tiene instrucciones de verificar que todos los giros rojos cuenten con la documentación para operar.

Expresó que el ayuntamiento no conoce cuántos establecimientos de este giro existen en el municipio, porque los archivos que dejó la anterior administración no tienen la mayor confiabilidad, además de que hay sospechas de que se llevaron documentos, incluyendo licencias de funcionamiento.

“Gran parte de los archivos se los llevaron y estamos literalmente revisando establecimiento por establecimiento; el trabajo es titánico y nos va a llevar seguramente mucho tiempo”, expresó.

Detalló que en esta verificación de cada uno de esos negocios se ha emplazado a los propietarios a que en caso de operar fuera de la norma, acudan a regularizarse o, de lo contrario, se procederá a la clausura.

Por lo pronto, señaló, la actual administración no expedirá permisos a establecimientos para operar más allá de las dos de la mañana. 

Cambiaron al agente del ministerio público asignado al caso en vísperas de una importante audiencia.

María y Amalia Hernández, madre y tía del joven secuestrado y asesinado en 2013, Oliver Wenceslao Navarrete, denunciaron que la Fiscalía General del Estado realizó el cambio de agente del Ministerio Público a unos días de que se lleve a cabo la audiencia intermedia del proceso judicial que se le sigue a dos ex funcionarios, por su probable responsabilidad en la inhumación ilegal de decenas de cuerpos en las fosas de Tetelcingo, y temen que se permita que los delitos prescriban o que, por fallas de la fiscalía, prevalezca la impunidad.

En rueda de prensa, Amalia Hernández explicó que el jueves de la semana pasada fue informada que Juan Carlos Huitrón, agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, había solicitado licencia y que el caso estaría a cargo de otro agente, cuyo nombre no recuerda, por el enojo e impotencia que sintió al recibir la noticia.

“Ese día que me lo presentaron lo primero que hice fue mentar madres, porque la verdad era una bajeza tremenda el haber dejado a estas alturas la carpeta y dejársela a una persona que está en un espacio reducido, la carpeta está en el suelo, no tiene impresora, no tiene computadora, la verdad es una simulación lo que hay en esa fiscalía”, dijo.

Explicó que gracias a que la defensa de los imputados pidió aplazamiento de la audiencia por 10 días, el actual agente Ministerio Público a cargo del asunto tendrá unos días para conocer los ocho tomos de la carpeta de investigación, pero todo hace suponer que llegará a la audiencia, programada para el 22 de marzo, con poco conocimiento y a improvisar.

“No podemos culpar directamente a él (el agente del MP) porque son pocos días, pero al que sí se puede culpar directamente es al fiscal general, porque él ya había sido avisado por medio de un oficio, de que los delitos pueden prescribir en la carpeta.

“Cuando a él se le hizo la mención de esto, es porque la carpeta duró meses sin tener un Ministerio Público, ya que el anterior MP no debía conocer del tema porque tenía conflicto personal, además de que hizo en cuatro ocasiones desistimiento de vinculación a proceso de estas personas”, dijo.

Señaló que el fiscal estatal minimizó el tema de las fosas y la carpeta de investigación iniciada contra la ex coordinadora general y el ex coordinador regional de servicios periciales de la otrora procuraduría estatal, Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, porque dijo que “tres carpetas como esas él las sacaba en el transcurso de una semana y lo que nosotros pedimos, es que viendo la agilidad mental que él dijo que tenía, que defendiera la carpeta, pero no quiso hacerlo”.

Más tarde María y Amalia, al final de la ceremonia de la firma del Mando Coordinado, interceptaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para pedirle apoyo para que se finquen responsabilidades a ex servidores públicos que permitieron la inhumación ilegal de decenas de cadáveres en las fosas de Tetelcingo y presione a la Fiscalía General del Estado que ha sido omisa.

Ambas activistas llamaron con gritos la atención del titular del Poder Ejecutivo quien, tras despedirse de los ediles, se acercó a ellas para escucharlas e iniciar el diálogo, para después canalizarlas con el secretario de Gobierno Pablo Ojeda para dar seguimiento al caso que fue conocido a nivel internacional y que fue motivo de dos recomendaciones al gobierno de Morelos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el organismo local en el 2016. 

El vacío acentúa la sobrecarga de trabajo de los agentes del Ministerio Público: Sotelo Salgado.

El especialista en derecho penal, Cipriano Sotelo Salgado, afirmó que no funciona el Centro de Justicia Alternativa, y llamó al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, a hacer una revisión de esta área y exigirle resultados.

Consideró que las fallas en la aplicación de la justicia alternativa acentuaron la sobrecarga de trabajo a los agentes del Ministerio Público, porque en lugar de pugnar porque los delitos no graves y de posible reparación de daño sean solucionados mediante acuerdos entre las partes, se sigue la vía del litigio y la judicialización.

Explicó que de acuerdo con los estándares internacionales, un agente del Ministerio Público debería conocer máximo 20 carpetas de investigación, pero en Morelos cada uno de ellos llega a tener a su cargo hasta 400 asuntos, lo cual humana y profesionalmente imposibilita que haya eficacia en los resultados y sentencias.

Llamó al fiscal estatal a fortalecer esta área y exigir a los servidores públicos resultados, pues los delitos patrimoniales son los de mayor incidencia y susceptibles de lograr acuerdos con las partes implicadas a través de la reparación del daño.

“Justicia alternativa de la fiscalía está fallando, no está haciendo su trabajo, pero parece ser que a nadie le importa; eso porque tampoco se les mide con base en resultados. Entonces, creo que ahí está el principal problema, una invitación al señor fiscal para que analice lo que estamos considerando. Hablamos solamente por experiencia, y creo que ahí podría estar una tablita de salvación para el esquema de justicia”, explicó.

Dijo que alentar la justicia alternativa implicaría una descarga de trabajo al sistema de procuración de justicia; permitiría llegar a soluciones pacíficas y canalizar los esfuerzos en el esclarecimiento de ilícitos graves. 

Piden plazo para subsanar fallas antes de ser clausurados los establecimientos.

De manera formal, la Asociación de Empresarios de la Industria Gastronómica Unidos por Morelos pidió al Ayuntamiento de Cuernavaca una tregua para evitar sanciones a sus agremiados y permitirles verificar que cuentan con los requisitos legales para operar.

Enrique Paredes Sotelo, representante legal de la asociación (conformada por dueños de bares, restaurante y discotecas), consideró arbitrarias y excesivas las clausuras a algunos establecimientos que recientemente fueron sujetos a inspección, desde protección civil y licencias de funcionamiento, hasta en los anuncios.

Explicó que de acuerdo con la normatividad, la autoridad municipal debió permitir a esos establecimientos su regularización, pues la clausura sólo procede cuando se cometió una falta grave, como permitir el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Consideró que la revisión a los bares ha sido focalizada y no se ha extendido a los establecimientos que proliferaron en la zona norte de Cuernavaca, con el pretexto de que los poblados de Ocotepec y Ahuatepec se rigen por usos y costumbres.

Afirmó que si bien los bares son mal necesario para la ciudad, también es cierto que la autoridad debe permitir que los establecimientos se regularicen y estén al corriente con su documentación conforme se establece en las leyes y reglamentos locales.

De ahí que, de manera formal, el pasado jueves la Asociación de Empresarios de la Industria Gastronómica Unidos por Morelos presentó un oficio al Ayuntamiento de Cuernavaca para pedir una tregua.

“El llamado a la autoridad municipal es a que responda el llamado que hacen los empresarios de la industria gastronómica, a dar la tregua necesaria para la regularización. No queremos impunidad, queremos regularización, ni tampoco queremos se faciliten las cosas, sino que la mejora regulatoria de la que tanto ha presumido el Ayuntamiento de Cuernavaca sea real, y esa mejora regulatoria sirva para que todos los negocios que expenden bebidas en botella abierta tengan su licencia en orden”, recalcó.

Afirmó que los asociados están en toda la disposición de colaborar con la autoridad y a operar cumpliendo toda la normatividad, pero para ello es necesario que antes dé un plazo para que los establecimientos verifiquen y, en su caso, subsanen cualquier requisito o trámite que les haga falta. 

Las cámaras frigoríficas donde se almacenan los cuerpos mientras son identificados y reclamados se encuentran al límite de su capacitad.

La Fiscalía General del Estado recibió recursos federales para mejorar la operación de los Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense (Semefo), que en los últimos meses se han visto rebasados por el incremento de los homicidios.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, informó que la FGE recibió 20 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que permitirán hacer mejoras en estas áreas prioritarias.

Señaló que entre otras limitaciones, las cámaras frigoríficas donde se almacenan los cuerpos mientras son identificados y reclamados se encuentran al límite de su capacitad, y será una prioridad para la Coordinación de Servicios Periciales, a cargo de Samuel Nava, ampliar el número de cámaras para conservación de los cadáveres.

Expresó que debido a que Cuernavaca y su zona metropolitana concentran, por el momento, el mayor número de homicidios, es donde tanto Servicios Periciales como el Servicio Médico Forense enfrentan mayor trabajo y saturación de los frigoríficos.

Rechazó dar cifras del número de cuerpos no identificados o reclamados que se encuentran almacenados en las instalaciones de la FGE, porque la cantidad es variable, pero insistió en que los recursos federales serán utilizados para mejorar estas áreas.

La medida tiende a prevenir y contener delitos: CES.

La Policía Estatal y los agentes de tránsito tienen la instrucción de detener y revisar los vehículos que circulen con vidrios polarizados, como parte de las acciones de prevención y contención de delito.

El  comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que los elementos tienen la consigna de hacer este tipo de revisiones a todos los vehículos que porten cristales polarizados.

“Nosotros hemos pasado la consigna tanto a tránsito como a policía estatal de que aquellos vehículos que traigan vidrios polarizados sean detenidos y sean inspeccionados por todos los lamentables hechos que han estado sucediendo, tanto secuestros como homicidios”.

La festividad en Tlalnepantla también fue vigilada por fuerzas de seguridad estatales y militares.

El consumo y la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas en el carnaval de Yautepec se puso en evidencia con más de un centenar de personas detenidas por estar en estado de ebriedad y alterar el orden público.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad (CES), durante la celebración de los carnavales de Yautepec y Tlalnepantla, que fueron  vigilados por fuerzas de seguridad estatales y militares para evitar incidentes violentos, fueron muchas las personas arrestadas por encontrarse ebrias.

Hasta las siete horas del lunes, la CES contabilizó 126 personas arrestadas en el municipio de Yautepec y dos más en Tlalnepantla, que habían consumido en exceso bebidas alcohólicas.

Durante la festividad, las calles de la comunidad fueron vigiladas por el Ejército y elementos de la Comisión Estatal que anduvieron patrullando durante y dentro del carnaval, a fin de mantener el orden.  

En ambas festividades no se reportó ningún incidente grave e, incluso, una empresa estadounidense hizo una demostración de aerovigilancia a través de drones y transmitió las imágenes al C-5, desde donde también se monitoreó el desarrollo de los carnavales.

Tribunal Colegiado tiene amparado al alcalde electo de Amacuzac

La posibilidad de que pronto recupere su libertad el alcalde electo de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, dependerá de que la Fiscalía General del República (FGR) impugne o no el amparo concedido por un tribunal colegiado para que se dicte una nueva resolución sobre si es o no sujeto a proceso penal.

Cristian Fragoso Velázquez, abogado del ex diputado local, expresó que el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito concedió la protección de la justicia federal a Miranda Gallegos por considerar que en la causa penal no se acreditó ningún indicio que lo implicara como miembro del cártel de “Los Rojos”, ni en la comisión de un ilícito.

Por ello, ordenó al Segundo Tribunal Unitario –que confirmó el auto de formal prisión, ya que el proceso se desarrolla con base en el anterior sistema de justicia-, emitir una nueva resolución, con base en los lineamientos fijados dentro del amparo.

Sin embargo, explicó, pese a que se dieron 10 días para cumplir con la ejecutoria de amparo, en este mismo plazo la Fiscalía General de la República (FGR) puede promover una impugnación contra la concesión del amparo.

En caso de que la fiscalía se inconforme, el proceso jurídico podría prolongarse, pero si esto no ocurre y queda firme el amparo, entonces se emitiría en breve una nueva resolución que sería favorable a Miranda Gallegos, porque no hay elementos que lo inculpen en una actividad ilícita.

El 6 de mayo de 2018, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal realizaron un operativo simultáneo en Tecámac, Estado de México, y Amacuzac, Morelos, que derivó en la detención de Miranda Gallegos y Sergio Sánchez Landa, alias “El Telúrico”, a quienes se les acusó de ser presuntos colaboradores cercanos de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, y líder del cártel de “Los Rojos”, con fuerte presencia en Guerrero y Morelos.

En sendas  controversias constitucionales, el primero reclama por la modificación a Ley de Coordinación Hacendaria que permitiría a Xoxocotla recibir presupuesto sin cumplir con los requisitos legales, y, el segundo, alega estar desprovisto de recursos económicos para operar como municipio recién creado

Los municipios de Puente de Ixtla y Xoxocotla promovieron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El primero, por la modificación a Ley de Coordinación Hacendaria que permitiría a Xoxocotla recibir presupuesto sin cumplir con los requisitos legales, y, el segundo, porque alega estar desprovisto de recursos económicos para operar como municipio recién creado.

El municipio de Puente de Ixtla promovió la controversia constitucional 99/201, contra el decreto número 65, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 18 de febrero del 2019, por el que se reformaron los artículos 7, 15, 20, 22, 27, 28, 29 y 30, y se adicionaron los artículos 31, 32 y 33 y un capitulo VIII denominado “de la distribución de recursos a municipio de nueva creación”, en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en los que, entre otras cosas, se exentó al nuevo ayuntamiento de cumplir con cierto requisitos, como el número de habitantes avalado por el Inegi, para poder acceder a recursos estatales y federales.

También impugnó el decreto 2344 por el que se creó el municipio indígena de Xoxocotla y sus disposiciones transitorias, en virtud de que el Comité Pro Municipio no cumplió, en los 90 días hábiles fijados en el decreto, con la entrega de la presentación de la información sobre los edificios y terrenos con que cuente eventualmente para las oficinas y prestación de los servicios públicos municipales; el número de planteles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria ubicadas en el poblado que se señale como cabecera municipal.

Además de la descripción de las vías de comunicación entre el poblado que se proponga como cabecera municipal con la capital del estado y con los demás centros de población que vayan a formar parte del municipio de Xoxocotla; los nombres, categorías políticas, censos de población, agropecuarios, comerciales e industriales, según las actividades económicas de los poblados que integran el municipio de Xoxocotla, así como la descripción de sus perímetros y límites territoriales; y el monto aproximado de los ingresos y egresos que pueda tener la hacienda pública municipal.

Simultáneamente, impugnó el decreto por el cual se designó al Consejo Municipal de Xococotla, mediante el decreto 2850, publicado el 23 de mayo de 2018 en el Periódico Oficial.

Pero también el municipio de Xoxocotla promovió la controversia constitucional 117/2018, en la que alegó estar desprovisto de recursos.

Por tal razón, impugnó el acuerdo por el que se dio a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Para el ejercicio fiscal 2019, así como el acuerdo por el que se dio a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para el ejercicio fiscal 2019' publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 30 de enero.

Lo anterior, dice el documento presentado ante la SCJN, porque “en dichos acuerdos se ha considerado no asignar recursos al municipio que representamos, dado que consideran indebidamente que al ser un municipio de nueva creación, no se cuenta con los elementos que exige la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar de manera efectiva y legal la distribución de los recursos que, en su caso, le correspondería; como lo es la población total de cada municipio determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual, constituye una flagrante violación constitucional en perjuicio del municipio actor”.

De igual forma, la CES y la 24 Zona Militar reforzarán la seguridad en las festividades en Tlayacapan.

Ante la reciente ola de violencia, el Carnaval de Yautepec será vigilado por aire y por tierra con el uso de drones y el despliegue de policías estatales y militares.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que tras los últimos dos ataques a bares en ese municipio, autoridades de los tres niveles de gobierno consideraron necesario reforzar la seguridad para dar tranquilidad a los organizadores y visitantes. 

Detalló que una empresa de EEUU, de manera gratuita y como parte de una demostración de tecnología, realizará sobrevuelos con dos drones durante la realización de carnaval. 

“Vamos a tener dos (drones). Es una empresa americana que nos viene a ofrecer ese producto que ha estado dando resultados tanto en Tijuana como en Ensenada Baja California, y lo vamos a probar”, dijo, y señaló que dependiendo de los resultados, se considerará la viabilidad de la adquisición de los aparatos.

El Carnaval de Yautepec se realizará del 8 al 11 de marzo y contará con desfile y concurso de viudas, coronación de la reina electa del carnaval, desfile de carros alegóricos, concurso de los típicos trajes de chinelo y el tradicional “brinco”.

También, la Fiscalía General del Estado reforzará con personal su agencia del Ministerio Público en ese municipio, para atender cualquier contingencia.

De igual forma, la CES y la 24 Zona Militar reforzarán la seguridad en las festividades en el municipio de Tlayacapan.

El exrector de la UAEM fue perseguido por Graco Ramírez y sus fiscales.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, quedó absuelto por un juez de control del delito de enriquecimiento ilícito, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. 

El juez Edie Sandoval Lome decretó la no vinculación a proceso del ex rector y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como de su esposa y catedrática universitaria María Elena Ávila Guerrero, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, con lo cual quedaron zanjados dos de los tres procesos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción durante el gobierno anterior le inició al también ex candidato a gobernador.

En cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el juez de control emitió una nueva resolución en favor de Vera Jiménez y su cónyuge, en la que se dejó sin efecto la vinculación a proceso dictada en el 13 de diciembre de 2017 y resolvió absolverlos de las acusaciones de la fiscalía especializada. 

De acuerdo con Cristian Fragoso, uno de los abogados de Alejandro Vera, este asunto quedó concluido y las pruebas ilegales, así declaradas por la justicia federal, no podrán ser utilizadas de nuevo en contra del ex rector.

Y es que la justicia federal consideró que toda información financiera de la pareja fue obtenida de manera ilícita por la fiscalía anticorrupción, ya que no fue requerida mediante procedimiento judicial y se violentaron tanto los procedimientos como los derechos de los acusados.

Señaló que, aún cuando la fiscalía anticorrupción tuviera la intención de reformular la imputación y “perfeccionar” las acusaciones, todas las actuaciones realizadas y la información utilizada quedaron invalidadas por la justicia federal.

Señaló que ahora sólo queda esperar la resolución de la justicia federal, respecto al amparo solicitado contra el auto de vinculación a proceso por presunto peculado que se le imputa también al académico y, cuyo cargo, la defensa sostiene que tampoco existe.

El constitucionalista Jorge Luis Flores López señala que la presidenta del TSJ pudo optar por otra vía para obtener presupuesto para las pensiones; denuncia que la magistrada es omisa en nombrar jueces por concurso.

También proponen conectar las cámaras de seguridad de los antros al C-5 y establecer zonas comerciales con videovigilancia y presencia policiaca.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que existen avances y acuerdos con los empresarios de bares y centros nocturnos para el establecimiento de corredores seguros, la conexión de las cámaras de seguridad de los antros al C-5 y un tope al horario de funcionamiento.

Informó que durante las reuniones sostenidas con varios empresarios del rubro se planteó la necesidad de implementar acciones conjuntas, tendientes a reactivar la vida nocturna, principalmente en Cuernavaca, y que quienes concurren a estos establecimientos se sientan seguros.

“Que los parroquianos que están conviviendo se sientan seguros, que vuelvan a reunirse en ese tipos de antros para departir, lo que ya se ha estado perdiendo por la inseguridad; pero la presencia de nosotros es -sobre todo- los fines de semana, que es cuando viene mucho turismo, es cuando estamos más presentes ahorita”, señaló.

Las reuniones con los dueños de bares y discotecas fueron motivadas por el ataque al bar Sophia, el cual fue precedido por agresiones a otros antros en la zona metropolitana en los últimos meses, aparentemente por la exigencia del crimen organizado de “cuotas” o del llamado “cobro de piso”.  

Ortiz Guarneros expresó que un grupo de empresarios mostró disponibilidad para cooperar con las autoridades estatales y federales, pero también hay quienes han sido reticentes y se niegan a que haya operativos de revisión o presencia policial.

Indicó que continuarán las reuniones con los dueños de los antros, con el fin de mantener el contacto a través del llamado “Segurichat”, establecer acciones conjuntas para que la gente regrese a disfrutar de la vida nocturna y, a manera de propuesta de la CES, que se fije un horario de funcionamiento hasta las dos de la madrugada.

Por lo pronto, adelantó que la CES mantendrá permanentemente operativos los fines de semana para que los residentes y turistas disfruten de la vida nocturna, y en los próximos días se definirán cuáles serán los corredores seguros, donde habrá videovigilancia y presencia policiaca.

Además, propondrá que los antros funcionen máximo hasta las dos de la mañana y se hablará con los alcaldes para que haya mayor regulación de bares y discotecas, así como se facilite la presencia de personal de protección civil o las áreas de comercio municipales para que la CES pueda tener presencia en estos establecimientos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene elementos para solicitar al Poder Judicial la liberación de órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del ataque al bar Sophia, en Cuernavaca, y los homicidas del activista Samir Flores Soberanes, perpetrado en el municipio de Temoac.

En el caso de bar, donde falleció una chica y resultaron heridos al menos una decena de jóvenes, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, señaló que en un trabajo conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad, se recabaron elementos de identificación de un grupo de personas que perpetraron el ataque con armas de fuego la noche del 28 de febrero, y que, al parecer, está vinculados con irrupciones a otros bares de la zona metropolitana.

“Hay varias personas investigadas, estamos trabajando ya en información muy concreta para solicitar ya en los próximos días órdenes de aprehensión. Esperamos que un juez a quien le corresponda el asunto las expida, esperamos reunir los requisitos de ley y estaremos solicitando ya órdenes próximamente”, precisó.

En el caso Samir, Carmona Gándara afirmó que hay avances en la investigación sobre la identificación de los probables homicidas del activista y opositor a la termoeléctrica, ocurrido la madrugada del 20 febrero pasado.  

También aseguró que en los próximos días se solicitará a un juez la liberación de sendas órdenes de aprehensión.

Por otra parte, el fiscal reconoció que en los primeros dos meses del año aumentó el número de homicidios, al llegar a finales de febrero a una cifra de 200 asesinatos, y fue Cuernavaca el municipio donde la incidencia de este delito se disparó.

Sobre el incidente ocurrido en el municipio de Amacuzac, aclaró que no se trató de un enfrentamiento entre delincuentes y militares, y explicó que personal castrense fue agredido por una persona que disparó desde un vehículo.

Los militares no respondieron la agresión, únicamente iniciaron la persecución del vehículo, que terminó volcándose.

“No es un enfrentamiento, en eso sí hay que ser claros, fue una agresión unilateral de personas civiles contra personal militar, quien no repelió la agresión, solamente hizo la persecución y en esa persecución viene el accidente del vehículo”, dijo el fiscal, y confirmó el fallecimiento del conductor del vehículo -que al parecer fue quien disparó contra el personal castrense-, y la presencia de un menor lesionado que viajaba en el vehículo siniestrado. 

Convocan a foro sobre empoderamiento de la mujer el viernes en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, apoyó la petición del mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para el envío de fuerzas federales al estado ante la ola de violencia.

Tras anunciar el foro organizado por abogadas barristas, que se realizará en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN, a las 10 de la mañana de este 8 de marzo, señaló que es preciso que el estado de Morelos reciba refuerzos de la Federación para frenar la inseguridad, que, en un acto de sinceridad, ha reconocido tanto el gobernador como la Comisión Estatal de Seguridad.  

“Es necesario que la Barra de Abogados de Morelos nos pronunciemos, a unos días que se celebre el Día Internacional de la Mujer, debido a que en el estado hemos tenido varios homicidios de mujeres y feminicidios, toda vez que el gobierno del estado ha solicitado, a través de nuestro gobernador, el apoyo de las fuerzas federales para salvaguardar la integridad física y la seguridad de todas las mujeres que viven en el estado de Morelos”.  

“Esta inseguridad que tenemos, solicitamos que a la mayor brevedad el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, envíe el apoyo de las autoridades federales, militares, gendarmería y Policía Federal, ya que en todo el estado de Morelos nos encontramos con miedo ante la ola de inseguridad que se vive”, dijo.

Respecto al foro, las mujeres barristas convocaron a sus homólogos y público en general a asistir a la Casa de la Cultura Jurídica, donde abogadas y especialistas en diversos temas abordarán temas relacionados con el empoderamiento de la mujer.

Requiere TSJ partida adicional a presupuesto ordinario: Becerra Arroyo.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llamó al Congreso a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y etiquetar una partida adicional al presupuesto ordinario para el pago de pensiones; de lo contrario, sería simular e incurrir en la repetición del acto reclamado.

Alejandro Becerra Arroyo, coordinador de asesores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), consideró que el acuerdo emitido por la SCJN ayudará a que el Poder Legislativo, principalmente, acelere la autorización de recursos para que trabajadores en retiro puedan recibir sus pensiones, de acuerdo con las sentencias de 116 controversias constitucionales.

“Este acuerdo creo que es muy bueno para nosotros, porque desde el principio nuestra intención no fue nunca lastimar el bolsillo del trabajador jubilado, nunca fue la intención de que sufran estos estragos, sino la intención fue que nos dieran los recursos necesarios para no poner el peligro las finanzas del Poder Judicial y seguir operando”, explicó.

Reconoció que hubo fuertes críticas a la decisión de impugnar los decretos jubilatorios ante el máximo tribunal del país, pero el Poder Judicial no tuvo opción porque ya no tenía presupuesto para pagar más de 200 jubilaciones que fueron aprobadas por diputados de las anteriores legislaturas, pero sin etiquetar recursos adicionales.

Indicó que las finanzas del Tribunal Superior de Justicia, que ostenta la representación del Poder Judicial de Morelos, fueron puestas en jaque por la ola de jubilaciones cargadas al gasto corriente de la institución, que los últimos años no tuvo incremento.

Indicó que las legislaturas anteriores fueron reiteradamente omisas al no atender la petición del TSJ de etiquetar recursos adicionales por cada uno de los decretos pensionarios aprobados, lo que motivó el litigio ante la SCJN contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Explicó que, inicialmente, para cumplir con las 116 sentencias y pagar las pensiones a los trabajadores jubilados, se requirió al Congreso cerca de 120 millones de pesos, pero con anterioridad fueron hechas varias transferencias (por 34 millones de pesos aproximadamente) que habrán de restarse del monto originalmente calculado.

Precisó que estos montos son sólo para pagar lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y, para evitar que en lo subsecuente se genere de nuevo el mismo litigio, el Congreso local está obligado a presupuestar para 2019 un partida financiera adicional y específica para el pago de jubilaciones de trabajadores del Poder Judicial, la cual deberá incrementarse conforme se aprueben nuevos decretos y aumente el salario mínimo.

Pidió a los diputados no simular el cumplimiento e incurrir en la repetición del acto reclamado, ante la posibilidad de que dentro del mismo presupuesto 2019 autorizado para el TSJ, se pretenda por parte del Congreso cargar la partida de jubilaciones, porque esto implicaría la repetición del acto. 

“Hacerles el hincapié en que el máximo tribunal del país ha sido enfático en decir que esa cantidad de dinero no debe ser parte de nuestro presupuesto, porque sería fácil y cómodo decir que ´del presupuesto que vas recibir, te etiqueto para (cumplir sentencias de) controversias’, y eso sería como simular un cumplimiento, porque si la finalidad de tramitar la controversia fue para que nuestro presupuesto anual no se perjudique con ese pago, porque es un pago extraordinario, es un pago que no tienes planeado, que te llegue el decreto y lo tengas que pagar, e ir reduciendo el presupuesto”, dijo.

Llamó a los Poderes del estado a atender de manera conjunta este tema de la SCJN y encontrar una solución favorable para todas las partes.

Conmina a los tres poderes a cumplir las sentencias bajo amenaza de destitución.

Buscan homologación salarial respecto de otras fiscalías del país.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado llamaron al Congreso local y al Poder Ejecutivo a acelerar la publicación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos, para que a la brevedad pueda concretarse la homologación salarial y el personal pueda tener mejores remuneraciones.

Los integrantes del grupo de lucha por los derechos laborales del personal de la FGE manifestaron que su principal objetivo es mejorar las percepciones de los trabajadores y, aun cuando el presupuesto aprobado para el 2019 es de 50 millones de pesos, inferior al autorizado en el 2018, con el nuevo presupuesto existen las condiciones para homologar los salarios de los trabajadores de la FGE con los que perciben los empleados de las fiscalías de la región centro del país.

Jazmín Herrera Soto, integrante del grupo de lucha, informó que se trabaja en un tabulador que permitirá a los más de dos mil trabajadores de la fiscalía mejorar sus ingresos y nivelarlos con respecto a sus homólogos de la región centro.

Por ejemplo, mientras en Morelos un agente del Ministerio Público gana aproximadamente ocho mil pesos, en otras entidades el sueldo es de 20 mil, y el objetivo es homologar a ese nivel los salarios.

Alejandro Herrera Antúnez, miembro de la comitiva, informó que también se busca que los trabajadores se mantengan en la modalidad 10 del régimen en el que están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que les permitiría conservar intocada su cobertura médica y sus prestaciones.

Por ello, entregaron sendos oficios dirigidos al Senado y al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que tengan a bien emitir un acuerdo que les permita mantenerse en la modalidad 10.

Finalmente, el grupo hizo un exhorto al Poder Ejecutivo para que calendarice las transferencias de las siguientes ministraciones para saldar la deuda de 250 millones pesos que dejó la administración anterior, de los cuales -a la fecha- ya se han pagado a la fiscalía 47 millones. 

Demandan depuración de bares que operan de manera irregular.

El Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad afirmó que si las autoridades no dan garantías ni certeza de una estrategia sólida de seguridad, los empresarios y dueños de establecimientos difícilmente se atreverán a denunciar las extorsiones o “cobro de piso” de los que son víctimas.

Cristina Rumbo Bonfil, representante del Observatorio en Morelos, lamentó el ataque con armas de fuego al Bar Sophia (donde perdió la vida una joven y hubo varios heridos), motivado, presuntamente, por una extorsión del crimen organizado.

Consideró que el reciente llamado del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a los empresarios y comerciantes para que denuncien las extorsiones, no tendrá respuesta hasta que haya certeza de que la autoridad tiene clara su estrategia de seguridad y que los respaldarán en todo momento.

"Lo que se le olvida al comisionado es que no es tan fácil para una víctima de extorsión, bajo esta modalidad y bajo las condiciones de inseguridad en Cuernavaca, decirle a un empresario, al dueño de un bar: 'ven y denuncia', al menos, no sin tener la certidumbre de que tendrá el respaldo de la autoridad y que esta autoridad tendrá una estrategia en específico para saber qué hacer al hacerse la denuncia".

Lamentó que este tipo amenazas y ataques a establecimientos limiten las libertades de los ciudadanos y se pierdan vidas, y consideró que no basta solicitar apoyo de fuerzas federales, sino que haya coordinación operativa, pues hasta ahora no ve que haya mando coordinado.

Pidió al Ayuntamiento de Cuernavaca revisar qué antros en Cuernavaca operan irregularmente, pues hay antecedentes de ataques e incidencias en diversos lugares.

El Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad también dio a conocer que durante el 2018, el estado de Morelos se mantuvo en los primeros lugares del ranking nacional en la incidencia de los delitos de homicidios dolosos, violación, feminicidio, secuestro y robo con violencia.

La capital del estado, Cuernavaca, se mantuvo entre las 50 ciudades más inseguras del país, mientras que el municipio de Temixco destacó por el aumento de secuestros. 

La SCJN ya declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo del enervante, prevista en la Ley General de Salud

Ante la negativa de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), consumidores de mariguana recurrieron ya a la vía del amparo para obtener autorización para el consumo lúdico del enervante.

Ricardo Altamirano Sánchez, abogado y especialista en el tema, señaló que varios consumidores de marihuana optaron por solicitar la protección de la justicia federal en virtud de que desde el 25 de febrero es obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo de marihuana, prevista en la Ley General de Salud.

“El amparo ya está en proceso, ya entraron en los juzgados de distrito en materia administrativa y es ahí donde se está litigando. Ya la autoridad ha rendido sus informes en las demandas que ya han sido aceptadas y ya corren los tiempos del debido proceso”, explicó, y señaló que más de una veintena de demandas ya están en tránsito en los juzgados federales de Morelos, y conforme la Cofepris responda negativamente las solicitudes de los usuarios, el número se incrementará.

Señaló que los amparos deberán resolverse relativamente rápido, en virtud de la jurisprudencia obligatoria de la SCJN en el tema.

Entre los consumidores que recurren a la vía legal destacan estudiantes (todos mayores de edad), profesionistas y hasta personas enfermas o de la tercera edad.

El abogado consideró que el tema de la despenalización completa del consumo, producción, comercialización y distribución de la marihuana debe ser retomado y debatido en el ámbito federal, porque debe ser una parte importante de la estrategia de seguridad y pacificación del país.

Recordó que la senadora con licencia y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para la despenalización de la marihuana, que todavía está sin discutir, pero también la SCJN emplazó desde el mes de febrero al Poder Legislativo federal para que en un plazo de 90 días, declare inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que penalizan el consumo de cannabis.

La SCJN ordena publicar las reformas legales realizadas hace más de tres años por el Congreso local

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de diez días hábiles al Poder Ejecutivo para publicar las reformas legales realizadas hace más de tres años por el Congreso local en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

De acuerdo con lo publicado en los estrados electrónicos del Alto Tribunal, debe concluir el ciclo legislativo de tales reformas, luego de que en octubre de 2018 la Primera Sala de la SCJN declaró infundada la controversia constitucional 14/2016, promovida por el otrora gobernador Graco Ramírez, y ordenó la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las modificaciones a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que puedan entrar en vigor.

“Se requiere al Poder Ejecutivo de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la sentencia, cumpla con el fallo constitucional dictado en este asunto, y una vez hecho lo anterior, deberá remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe y las constancias necesarias que acrediten su dicho, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa”, estableció la SCJN.

En diciembre de 2015, la Comisión de Equidad de Género del Congreso rechazó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa”, y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto y  promovió ante la SCJN la controversia constitucional, cuya sentencia le fue adversa y se ordenó la publicación de la reformas sin incluir el tema de la despenalización del aborto. 

Se realizan operativos constantes para prevenir conductas delictivas.

El responsable del sistema penitenciario estatal, Jorge Israel Ponce de León, aseguró que los internos de las cárceles distritales son sometidos a revisiones constantes para evitar que posean artículos prohibidos y prevenir que se reagrupen para formar autogobierno y pretendan copar a custodios para crear el llamado cogobierno.

Aseguró que desde esta nueva administración, la autoridad mantiene una estricta inspección de los centros de reclusión, pero apegada a los derechos humanos de los internos privados de su libertad por estar bajo proceso penal o sentenciados por un delito.

Y es que de acuerdo con las últimas supervisiones penitenciarias realizadas por los organismos de derechos humanos, si bien Morelos mejoró sus calificaciones, también se señaló en estas evaluaciones la existencia de grupos que tienen o pretenden tomar el control de las cárceles, pero -por lo menos en este momento- la autoridad asegura tener bajo su control los centros de reclusión.

Ponce de León señaló que por instrucciones del titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, se realizan constantes revisiones al penal de Atlacholoaya y las cárceles distritales para asegurar objetos prohibidos y evitar que los internos formen grupos de poder. 

Corporaciones estatales y federales refuerzan este fin de semana la vigilancia en Tres Marías, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y diversos caminos del municipio, como parte de la estrategia de disuasión del delito y presencia en comunidades vulnerables.

Fuerzas federales y estatales reforzaron este fin de semana la vigilancia en las áreas turísticas y boscosas del municipio de Huitzilac para inhibir las conductas delictivas.

La Policía Federal, en coordinación con la 24 Zona Militar, la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Seguridad, desplegó efectivos en la zona ante el arribo de visitantes por la temporada de carnavales en la entidad.

Realizaron recorridos por la comunidad de Tres Marías, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y diversos caminos del municipio de Huitzilac, como parte de la estrategia de disuasión del delito y presencia en comunidades vulnerables.

De acuerdo con las autoridades, con esta estrategia se pretende establecer y fortalecer la confianza con la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia y dar aviso a las autoridades en caso de presenciar algún hecho delictivo, a través de los números de emergencia y denuncia ciudadana 911 y 088, así como la aplicación PF Móvil, disponible para dispositivos electrónicos.

Cabe destacar que Huitzilac es uno de los municipios con mayores índices delictivos y donde se reportan constantemente robos, especialmente a los paseantes. 

Uriel Carmona Gándara ha sido incapaz de conducir a la FGE para cumplir la misión de perseguir y combatir el delito, plantea el líder barrista.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, puso en duda la capacidad y liderazgo del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para estar al frente de la institución, porque desde que asumió la titularidad de la institución, no se observan mejoras ni una reestructuración de fondo.

Explicó que nunca antes había ocurrido un conflicto laboral, ni un paro de labores similar al que hace unas semanas protagonizó el personal de la fiscalía para exigir aumento salarial y mejorar en sus condiciones laborales, ni tampoco una postura tan endeble del fiscal para dar solución a la problemática de los trabajadores.

Consideró que el fiscal no ha realizado una reestructura en los puesto clave, ni se ha allegado personal capacitado para cumplir la misión de perseguir y combatir el delito.

Afirmó que si bien es relevante el factor presupuestal para hacer mejoras a la procuración de justicia, también es relevante que haya un líder, pero hasta el momento Carmona Gándara parece estar desprovisto de esa cualidad y se le ve pasivo.

“Es increíble que a estas fechas, ya después de haber pasado tanto tiempo, no haya hecho una modificación a la estructura de cómo tiene organizado a su personal, y que el personal de trabajo, que son realmente los que llevan toda la carga, son peritos, ministerios públicos, Policía de Investigación Criminal y otros elementos que son necesarios, no sean tomados en cuenta y no les sean respetados sus derechos”.

“¿Cómo queremos que haya una impartición de justicia pronta, expedita y gratuita si ni siquiera les dan o les respetan los derechos que han adquirido con antelación? Eso de que se pierdan evidencias –dijo en referencia al caso Samir- habla de la falta de organización, falta de un personal de confianza capacitado. Si el señor tiene una estructura que no le está funcionando, o la cambia, o sí sería necesario que se vaya él”, afirmó.

Por ello, el líder de los abogados barrista sentenció que si el fiscal no asume el papel que le corresponde y no realiza un reestructura en la fiscalía con personal capaz, que renuncie y deje el puesto libre para que llegue alguien con las cualidades para dirigir la institución ante el vacío de liderazgo que se percibe.

La FGE reveló las seis líneas de investigación que sigue para esclarecer el homicidio del activista.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló las seis líneas de investigación que sigue para el esclarecimiento del homicidio del activista y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, y que fue la familia de la víctima la que ocultó la cartulina que los asesinos dejaron con un mensaje en la escena del crimen.

Tras la polémica generada por el “extravío” de la cartulina, que es evidencia sustancial de una de las líneas de investigación, la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado se vieron obligadas a hacer una narrativa de los hechos ocurridos la madrugada del 20 de febrero pasado.

De acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero, alguien tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Atendió su madre, quien detrás de la puerta escuchó la voz de un hombre que pedía ver a Samir para pedirle un anuncio en la radio comunitaria, donde laboraba la víctima.

Sin mayor sospecha, Samir salió a atender, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. La pareja de Samir y su padre permanecieron en el interior, pero su tranquilidad fue alterada cuando escucharon disparos y salieron para encontrar a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec.

La Policía municipal fue alertada del ataque y cuando arribó al lugar, había cerca de 50 vecinos y una ambulancia. Los elementos fueron enterados de que la víctima había sido llevada al hospital y de la existencia de una cartulina con un mensaje dejado por los homicidas.

Los policías cuestionaron al respecto al papá de Samir, quien en un primer momento negó la existencia del mensaje e ingresó a su domicilio. Posteriormente, fue el padre quien llamó discretamente a los policías para mostrarles la cartulina, que había ocultado detrás de un árbol.

“En principio, el papá negó que hubiera la cartulina. Al referir lo anterior, el papá de Samir invitó a los policías municipales a conducirse atrás de un árbol muy, muy cercano (al hecho), donde les mostró la cartulina de color azul, doblada y escondida, y esa cartulina tenía un mensaje en letras de color negro, supuestamente firmado por el autodenominado ‘Comando Tlaica’ (sic), lo cual corrobora la información aportada por el señor almirante (José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la CES).

“El policía preventivo de Temoac tomó fotografías de dicha cartulina con su teléfono celular y observó que dicha cartulina presentaba manchas de sangre en la parte frontal y al reverso, sin embargo, el padre de la víctima les dijo que no les entregaría la cartulina”, narró el fiscal estatal, y señaló que la misma negativa recibieron los peritos que solicitaron la entrega de esa evidencia.

Los policías estatales procedieron a observar la escena del crimen y resguardarla hasta que llegó personal de servicios periciales de la fiscalía estatal, quienes recogieron varias evidencias como cuatro indicios balísticos en la escena del crimen.

La cartulina en cuestión decía: “X puto chismoso, denunciaste al abran ocanpo y siges tu michoacano con tu pendeja banda. ATTe Comando Tlaica (sic)”. La fiscalía precisó que el contenido del mensaje está vinculado a la línea de investigación sobre la implicación de la delincuencia organizada en el asesinato, pues el nombre corresponde a un hombre que se encuentra recluido en la cárcel distrital de Cuautla, acusado del delito de secuestro.

La cartulina intentará ser recuperada por la FGE a través de un requerimiento legal a la familia.

Las seis líneas de investigación

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, recalcó que Samir es una víctima y en ningún momento se pretende minimizar, ocultar o revictimizar; por el contrario, hay interés en esclarecer los hechos en que personas han perdido la vida.

Indicó que en aras de transparentar el trabajo que realiza la institución y evitar que se enrarezca el proceso con información que no está en la carpeta de investigación, reveló las siete líneas de investigación que se siguen en el caso.

La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.

Por lo pronto, informó el fiscal, ya declaró ante la Ministerio Público Humberto Sandoval Zamora, líder de Central Campesina Cardenista, quien estaba a favor de la consulta sobre la termoeléctrica.

Dijo que por el momento no está previsto llamar a comparecer al representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores, porque no hay elementos objetivos y jurídicos para ello, pero si fuese necesario será llamado a declarar cualquier servidor público de cualquier nivel.

También se requirió al Ayuntamiento de Temoac y a la Junta de Conciliación informes sobre el conflicto laboral.

Finalmente, llamó a la familia de Samir a colaborar con la investigación, y por la vía jurídica se le ha requerido la entrega de la cartulina con el mensaje dejado por los homicidas.

“Conforme a lo que tenemos objetivamente en la carpeta, tenemos datos suficientes para deducir que el papá de Samir conservó la cartulina. A través de los medios jurídicos se la estamos ya solicitando, pero nosotros no tenemos ninguna intención de confrontar con ellos. Todo es un tema de respeto y de consideración a los derechos de la familia”, concluyó.

Padres de las víctimas se quejan de dilación en el proceso judicial que se les sigue a seis de los siete presuntos homicidas.

Los padres de los cuatro adolescentes asesinados en noviembre de 2016 denunciaron dilación en el proceso judicial que se les sigue a seis de los siete presuntos homicidas, y acusaron a la jueza Patricia Aguirre Galván de favorecer a los imputados, al permitir la reiterada postergación de la audiencia intermedia.

Frente a la ofrenda a víctimas instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, los padres de Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco expresaron su rabia e impotencia por no obtener justicia y no poder ver sentenciados a los acusados del cruel crimen de los adolescentes de 15, 16 y 17 años.

El representante legal de los padres de la víctimas, Alberto Laguardia López, explicó que desde julio de 2017 se presentó la imputación contra los presuntos responsables y, de acuerdo con la ley, durante los 40 días posteriores el juez debió realizar a la audiencia intermedia, que consiste en presentar pruebas ante el juzgador para determinar cuáles son admisibles o no para presentarlas en la audiencia final de juicio oral.

Sin embargo, dijo, ya transcurrió año y medio y la jueza Patricia Aguirre Galván ha diferido en ocho ocasiones la audiencia intermedia, a petición de abogados de los presuntos asesinos.

“Es evidente ya hasta estos momentos todo el apapacho, por así llamarlo, que las autoridades, que la juez de control, Patricia Galván, que es la responsable de la causa penal, les ha dado y les ha demostrado a los defensores (de los presuntos homicidas), consintiéndoles todo tipo de pretextos para poder diferir la audiencia, resultando que ahora nos damos cuenta que todo ese tiempo que se ha prolongado ha sido para beneficiarlos, en razón de que en esta última fecha pretenden ahora exhibir y presentar pruebas, cuando se les ha pasado en exceso el tiempo que marca la ley”, acusó.

También solicitó una audiencia con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, para exponer las irregularidades en el caso e iniciar una queja contra la juez.

El 1 de noviembre de 2016, Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, festejaban el cumpleaños de uno de ellos y acudieron a una fiesta de Día de Muertos en la comunidad de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, pero no regresaron a casa.

Sus cuerpos fueron localizados un día después en el paraje conocido como “El Caracol”, en el municipio de Yautepec. De acuerdo con la FGE, las víctimas habrían tenido una riña con sus verdugos.

Inicialmente fueron detenidos y acusados siete sujetos por el delito de homicidio, pero uno obtuvo un amparo para la reclasificación del delito y enfrentar en libertad su proceso penal, sin embargo, el sujeto se dio a la fuga.

Presentan la campaña “Juntos nos cuidamos”.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) presentó la campaña “Juntos nos cuidamos” y el decálogo de seguridad en redes sociales para niños y adolescentes.

Acompañada de autoridades educativas, de la Fiscalía General de la República y del Congreso de Morelos, la consejera presidenta, Dora Ivonne Rosales Sotelo, lanzó la campaña en la Escuela Carmen Pineda Jesús, ubicada en el poblado de Tezoyuca, en el municipio de Emiliano Zapata.

Señaló que el objetivo es promover que los menores de edad estén alertas y eviten difundir datos personales a través de redes sociales para prevenir que sean vulnerados en su privacidad.  

Detalló que el decálogo fue creado con el propósito de que los niños y jóvenes tomen conciencia de los riesgos de usar las redes sociales, y que a través de ciertas medidas o precauciones su interacción pueda ser segura.

“Estas diez acciones del decálogo es precisamente para invitar a los jóvenes a que en la redes sociales, que también son importantes porque se están teniendo como medio de aprendizaje, manejen estos temas de seguridad para poderse proteger”.

“Las redes sociales no son malas, todo lo contrario, es parte de nuestra vida cotidiana, pero sí es importante que hay formas de poder cuidarnos, como tener claves de seguridad, no aceptar cualquier persona y ser responsable de la información que subimos”, expresó.

El decálogo es de fácil comprensión y también incluye la participación de los padres de familia, con el fin de que también estén al pendiente de las aplicaciones que usan, así como de la información y fotografías que divulgan sus hijos. 

Al mismo tiempo, el delegado del gobierno federal exige al fiscal, Uriel Carmona Gándara, hacer públicas todas las líneas de investigación en torno al crimen.

El representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores, afirmó que la investigación del homicidio del activista y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, debe permanecer a cargo de la Fiscalía General del Estado, a la que -a su vez- exigió hacer públicas todas las líneas de investigación del crimen.

Consideró que el caso, que atrajo la atención internacional, no debe salir de la competencia de la fiscalía estatal, sobre todo cuando existe un grupo de opositores a la termoeléctrica que responsabiliza al gobierno federal del crimen y sería un contrasentido que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República.

Además, señaló, la institución investigadora del delito goza de autonomía y está obligada a dar resultados, particularmente el esclarecimiento del asesinato del luchador social, perpetrado el pasado 20 de febrero en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Por lo pronto, señaló que la Fiscalía General de la República tiene la instrucción de coadyuvar únicamente con su homóloga local, y en la reunión de este miércoles de la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz, exigió a la fiscalía de Morelos hacer públicas todas las líneas de investigación sobre el asesinato, para que haya transparencia ante la opinión pública nacional e internacional.

“Claro que va a contribuir muchísimo, porque entonces todo mundo se va a dar cuenta de la verdad y este es un tema tan delicado que no se pueden ocultar líneas de investigación para que la sociedad conozca”.

“Él mismo (el fiscal Uriel Carmona) había perfilado una línea de investigación la semana pasada, pues que la continúe, que diga qué han hecho con respecto a esa línea de investigación, que abra todas las posibilidades para que la gente esté tranquila, y, como es un caso de opinión pública a nivel internacional, pues que todo mundo conozca lo que están haciendo, qué están investigando, de ahí la importancia”, explicó.

Insistió una vez más en que si es necesario, él y los demás funcionarios federales implicados en el tema de la termoeléctrica deben ser llamados a declarar para agotar todas líneas de investigación, pero, adicionalmente, para que no se manche su prestigio y su nombre.

Ayer se desarrolló la audiencia de vinculación a proceso de los adolescentes detenidos por los hechos.

Pese a que dos adolescentes fueron vinculados a proceso por el asesinato de los padres de uno de ellos, aún se desconoce el móvil que los llevó a cometer el brutal crimen y, por el momento, se descarta que el doble homicidio haya sido incitado por un hombre como prueba para reclutarlos a un grupo criminal.

De acuerdo con la información expuesta en la audiencia de vinculación a proceso ante un juez especializado en justicia para adolescentes, en la que el agente del Ministerio Público les imputó el delito de feminicidio y homicidio calificado, aparentemente no había motivos para privar de la vida a Martha “N” y Alejandro “N”, ni hay antecedente de un problema o conflicto con su hijo.

El juez especializado, Armando Limón Prieto, señaló que los adolescentes se reservaron su derecho a declarar y no hay certeza de cuál fue la razón por la que apuñalaron a ambos adultos, pero descartó que el crimen esté vinculado a la delincuencia organizada, porque el agente del Ministerio Público en la audiencia no expuso tal hipótesis.  

“No se tiene ningún dato todavía que nos hable del móvil del homicidio. Como ustedes saben, el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, solamente conocemos lo que el Ministerio Público nos revela en la audiencia y, en este caso, lo único que se comentó es que, en algún momento, alguno de los muchachos le dijo a algún familiar que lo habían hecho por dinero, pero no hay tampoco algún dato que indique que esto sea cierto”.

“No se reveló ningún otro móvil, pero en ningún momento se habló de que hubiera ahí intervención de la delincuencia organizada, nada siquiera que pareciera en este sentido”.

Aparentemente, el adolescente, que era hijo adoptivo de la pareja, no había tenido conflictos con sus padres, y por ello el desconcierto sobre la saña con la que se cometió el crimen, ya que una de las víctimas recibió 16 puñaladas y, la otra, más de 30.

Por lo menos, desde la implementación en Morelos -en 2008- del sistema especializado en justicia para adolescentes, este es el segundo caso de un menor que priva de la vida a sus padres.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, un trabajador del volante (a quien en una primera versión se le atribuyó la autoría del doble homicidio) no estaría implicado en el crimen; presuntamente, él sólo habría hecho una transacción de compra-venta de su unidad de taxi con uno de los adolescentes.

Pero al dudar del comprador y no obtener el pago completo por su unidad, acudió a la fiscalía a presentar la denuncia.

Hace seis días, los cuerpos de las víctimas fueron localizados embalados en bolsas negras en la colonia Cerritos de García, de Cuernavaca. El hijo denunció la desaparición de sus padres, pero tras localizar los cuerpos y tomar la declaración del adolescente, éste cayó en contradicciones y la fiscalía procedió a revisar su domicilio, en el poblado de Ahuatepec, donde se encontró rastro de sangre en la casa y vestimenta del menor.

También cateó el domicilio de otro adolescente, en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, donde se localizó un taxi que presentaba manchas hemáticas en distintos puntos de la carrocería, y al revisar la cajuela se localizaron diversas cobijas, vestimentas con manchas hemáticas, así como diversos artículos de limpieza.

Identifican “modus operandi” de ladrones de automóviles.

La Comisión Estatal de Seguridad  (CES) logró recuperar en menos de una hora la camioneta que le fue robada con violencia a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y excandidata a gobernadora, Nadia Luz Lara Chávez.

De acuerdo con el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, la tarde del lunes se recibió la llamada de auxilio y de inmediato se activó el operativo para atender el reporte de robo de vehículo.

La camioneta Kia, sin placas, fue robada con violencia a la magistrada en las inmediaciones del Fraccionamiento del Lago, en Cuernavaca. Los delincuentes condujeron el vehículo y lo dejaron en la calle Isidro Fabela, de la colonia Chapultepec de Cuernavaca, donde fue ubicado por elementos de la Policía estatal.

“Una persona allegada a la magistrada, a los 10 minutos de que pasa el asalto a mano armada, con violencia, nos avisan, avisamos al C-5, y el C-5 localiza el vehículo y lo empieza a seguir y hasta que lo estacionan las gentes que se lo robaron, lo dejan ahí y nosotros lo recuperamos. En 40 minutos se le entregó su carro”, explicó.

Dijo que se tiene identificado el modus operandi de los roba-autos, pues suelen robar la unidad y luego  la estacionan en algún lugar, dejan que pasen unos días y regresan por ella para entonces remarcarla.

“El modus operandi de esta gente es que ahí lo dejan, le llaman ellos ‘enfrían el vehículo’ unos días y si ya nadie los reclamó y si ya se quedan los dueños tranquilos, entonces lo remarcan y lo venden”, señaló, y dijo que quienes asaltaron a la magistrada no pudieron ser identificados por las imágenes captadas por las imágenes de videovigilancia, en virtud de que mantuvieron su rostro cubierto. 

La escena del crimen pudo ser alterada, reconoce el fiscal Uriel Carmona Gándara.

De manera inexplicable se encuentra “extraviada” una de las evidencias relacionada con el homicidio del luchador social y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes. Se trata de la cartulina con un mensaje escrito a mano que los asesinos habrían dejado sobre Samir, después de acribillarlo a las afueras de su domicilio, en el poblado de Amilcingo, del municipio de Temoac, el pasado 20 de febrero.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, reconoció que esa cartulina físicamente no está integrada a la carpeta de investigación, y sólo se tiene el registro digital que un policía estatal tomó con su teléfono celular.

Según el fiscal, esta cartulina, cuya existencia fue difundida por él mismo horas después del homicidio, y que fue uno de los elementos para deducir -de inmediato- como principal línea de investigación la vinculación de la delincuencia organizada con el homicidio, no fue entregada a los peritos que levantaron los indicios en la escena del crimen.

“La cartulina existe, fue fijada fotográficamente por un elemento de la Policía Morelos. En ese momento, él no tenía la facultad de asegurarla, presumimos que alguien, pudo haber sido la familia, retuvo esa cartulina. No la tenemos físicamente en la carpeta, sin embargo, realizamos todo el estudio forense de que con la fotografía, con su aparato celular tomó el elemento de la CES… se encontraba en el lugar, de hecho, cuando esa fotografía fue tomada. La geolocalización de ese aparato telefónico corresponde al lugar del hecho y la hora en que fue realizada la captura”.

El fiscal señaló que “de manera técnica” está corroborada la existencia de esa cartulina, pero se desconoce en qué momento desapareció del lugar de los hechos y quién la habría tomado, alterando la escena del crimen.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reforzó la versión del fiscal, al señalar que el policía que tomó la fotografía de la cartulina (en la que los asesinos acusaron a Samir de haber delatado a un hombre llamado “Abran Ocampo”), ya acudió a declarar ante el agente del Ministerio Público para dar detalles de cómo llegó como policía a resguardar la escena y en qué momento tomó la imagen del mensaje.

Incluso, señaló que la familia y vecinos del occiso no permitieron mantener el resguardo del lugar de los hechos y la Policía tuvo que retirarse.

Sigue prohibida la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de la droga

A partir de hoy, todos los jueces federales están obligados a conceder el amparo a las personas que soliciten la protección de la justicia federal para el consumo lúdico de marihuana.

Este viernes fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia por la cual  la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana prevista por la Ley General de Salud.

De acuerdo con la jurisprudencia, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan, sin interferencia alguna, qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección.

De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución.

Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias, como la marihuana, que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona.

En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales.

Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos, se encuentra tutelada prima facie (a primera vista) por el derecho al libre desarrollo de ésta.

Con base en estos argumentos, la Primera Sala de la SCJN concluyó que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar.

No obstante, la jurisprudencia es clara en que queda prohibido llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera.

Ante la publicación de la jurisprudencia el viernes 22 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación, se  considera de aplicación obligatoria a partir de este lunes 25 de febrero.

El organismo también documentó la suspensión de la consulta en cuatro municipios.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEMorelos) reportó incidentes en tres casillas y la suspensión de la consulta en cuatro municipios, debido a la falta de condiciones de seguridad, durante la primera jornada del ejercicio convocado por el gobierno federal para definir el funcionamiento o no de la termoeléctrica construida por la Comisión Federal de Electricidad en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla.

Junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el organismo local implementó un plan de observación durante la consulta, en respuesta a la queja promovida por activistas y académicos opositores al proyecto de la central energética y el asesinato del luchador social Samir Flores Soberanes.

De acuerdo con el reporte de la CDHEMorelos, en el municipio de Temoac documentó la quema de las casillas 44 y 46, instaladas en los poblados de Amilcingo y Amayuca, sin que hubiese lesionados ni detenidos durante los incidentes.  

Mientras que en Cuernavaca documentó daños a la casilla 1 instalada en las inmediaciones de la Sedesol, ubicada a unos metros de la Paloma de la Paz, luego de que tres jóvenes lanzaran pintura roja sobre las boletas. Los hombres fueron detenidos y, dos horas más tarde, liberados sin cargos.

También el organismo reportó que seis casillas, de un total de 75, no fueron instaladas por la ausencia de condiciones de seguridad para llevar a cabo el ejercicio. La casilla 45, en la comunidad de Huazulco, en el municipio de Temoac, no fue instalada, y la consulta en ese municipio fue suspendida tras la destrucción de dos casillas. Mientras, en los municipios de Zacualpan de Amilpas, Jantetelco y Jonacatepec tampoco se pudo realizar la consulta, porque no había condiciones para instalar las casillas 40, 41, 42, 43 y 47.

Ambos organismos se mantendrán como observadores hasta concluir hoy la segunda jornada de la consulta. 

Las autoridades evalúan si se instala la totalidad de las urnas previstas en el territorio estatal ante las incidencias ocurridas ayer en el inicio del ejercicio ciudadano para definir la operación de la termoeléctrica en Huexca.

El estado de Morelos concentró el mayor número de incidentes y cierre anticipado de casillas durante la consulta convocada por el gobierno federal para decidir si se pone en marcha o no la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), Diana Álvarez Maury, informó que hasta las 20:00 horas de ayer, se tuvo el reporte de que de las 147 casillas planeadas en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla,  sólo 12 (11 en Morelos y una en Puebla) tuvieron que ser cerradas de manera anticipada por no existir condiciones de seguridad, y una casilla no fue instalada en el municipio de San Gabriel Ometoxtla, en Puebla. En Tlaxcala no se registró ninguna incidencia.

En rueda de prensa, detalló que hasta la noche de ayer se tenían contabilizadas el 70% de las casillas durante la primera jornada de consulta, con un resultado parcial de participación de 16 mil 555 personas, de las cuales 13 mil 297 fueron morelenses.

Destacó que se observó una importante participación y, sobre todo, presencia de los ciudadanos al cierre de las mesas; y “el hecho de que pudieran participar como observadores en conteos, esto generó mucha transparencia y mucha certeza de parte de estos ciudadanos que, además, estuvieron acompañados por personal de la Comisión de Derechos Humanos”.

Sobre las incidencias ocurridas en la entidad, el representante en Morelos del gobierno federal, Hugo Eric Flores, lamentó  la quema de una casilla en el municipio de Temoac y la necesidad de cerrar anticipadamente otras mesas instaladas, para no exponer a las personas que estaban a cargo de las boletas y su recepción.

En este caso, señaló que sólo fue un grupo de personas que pretendió “reventar” la consulta,  pero el asunto no pasó a mayores.

“Desde luego que nosotros queríamos, deseábamos tener una jornada absolutamente sin ningún rasgo de violencia. Tengo que decir, no quiero en estos momentos hacer ningún otro comentario, pero era solamente un grupo, dos camionetas las que se estuvieron moviendo en distintas mesas donde se estaba haciendo la consulta. No fue una situación generalizada. No fue que un poblado se levantara y luego se levantara otro. Era el mismo grupo que se estuvo moviendo básicamente para reventar las mesas. Eso fue lo que pasó y seguimos creyendo que hay condiciones de seguridad y se tiene plenamente identificado cómo se estaba operando”, explicó.

También lamentó el incidente en la casilla instalada a las afueras de la Sedesol, en Cuernavaca, donde un grupo de jóvenes arrojó pintura a la mesa, y, a pesar de que fueron detenidos por la Policía por alterar el orden público, el gobierno federal pidió al gobierno de Morelos liberarlos sin cargos.

Por lo pronto, señaló que se espera hoy continuar en completa tranquilidad con la segunda jornada de la consulta, e hizo un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las casillas a expresarse libremente a favor o en contra de la central energética.

También señaló que se darán todas las garantías de seguridad y de respeto al derecho a la libre expresión a las personas que realicen labores informativas afuera de las casillas para instar a los ciudadanos a votar contra la termoeléctrica, porque el gobierno federal está abierto al diálogo y rechaza todo viso de represión. Agregó que se evaluará de inmediato si es conveniente la instalación de algunas casillas en los sitios donde se registraron incidencias.

En torno al tema del homicidio del luchador social originario de la comunidad de Amilcingo, Samir Flores Soberanes, el funcionario federal insistió en que están abiertas todas las líneas de investigación posibles, y dijo estar dispuesto a declarar ante el agente del Ministerio Público, si la fiscalía estatal lo considera necesario. 

Así se explica en la convocatoria para concesionar cinco nuevas instalaciones.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) lanzó la convocatoria para autorizar la apertura de cinco nuevos centros de verificación vehicular, ante el incremento considerable del número de automotores emplacados en Morelos y la saturación que enfrentan actualmente los 12 verificentros en operación.

De acuerdo con la convocatoria publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 73% de la flota vehicular se concentra en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Yautepec, Cuautla y Jojutla.

Sin embargo, en los últimos años el número de automotores emplacados en la entidad creció en un 32.4%, al pasar en el año 2016 de 620 mil vehículos a más de 821 mil hasta enero de 2019.   

La SDS detalló que, en promedio, se verifica por línea un vehículo cada 10 minutos y como actualmente en los centros autorizados cuentan nada más con 40 líneas, sólo se tiene la capacidad real semestral de verificar 414 mil 720 vehículos, “lo que determina un déficit importante de centros de verificación, que representa el 50.5% del parque vehicular; por lo que se pretende de manera gradual abatir el rezago existente a través del otorgamiento de cinco autorizaciones nuevas, lo que representaría una capacidad de verificación en el estado de Morelos del 74.5% en relación con el total del parque vehicular matriculado”.

La dependencia recalcó que la medida es necesaria para mantener el control de la contaminación generada por la circulación de vehículos automotores en el estado de Morelos, que pertenece al conglomerado de seis entidades que forman la Megalópolis y que desde el 2017 homologaron los lineamientos de verificación vehicular.

Foro Morelense cuestiona las declaraciones del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, al vincular el crimen con la delincuencia organizada, sin que hayan avanzado las investigaciones.

El Foro Morelense de Abogados cuestionó las declaraciones del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y lo acusó de revictimizar al activista asesinado Samir Flores Soberanes, al vincular el crimen a la delincuencia organizada sin que hayan avanzado las investigaciones.

El presidente de la organización de litigantes, Pedro Martínez Bello, señaló que “el hecho que él refiera que el homicidio de Samir Flores fue producto de la delincuencia organizada, sin llevar a cabo una investigación previa, pues evidentemente trae como consecuencia una doble victimización: no solamente privan de la vida a este activista sino que además a su muerte es criminalizado”.

Lamentó que en Morelos y en el resto del país los defensores de derechos humanos y activistas sean blancos de agresiones por su actividad, pero además que sean víctimas de la violencia institucional al ser de facto criminalizados.

Consideró que tras las declaraciones oficiales que vinculan el asesinato de Samir Flores a la delincuencia organizada, su familia está en la posibilidad de demandar a la FGE la reparación de daño, “porque no se puede permitir que quien está a cargo de procurar justicia en el estado de Morelos, sea quien revictimice de un solo plumazo, de una sola declaración, y sin llevar a cabo una investigación previa, diga que (el asesinato) es producto de la delincuencia organizada. Porque ahora resulta muy sencillo que todo aquel homicidio que se comete en el estado de Morelos, bajo el argumento de que es derivado de la delincuencia organizada, el Ministerio Público omite investigar”. 

Consideraron que la consulta no es un acto de autoridad; uno más deja abierta la puerta a acciones cuando se conozca el resultado del ejercicio.

Juzgados federales del Sexto Circuito Judicial, con sede en el estado de Puebla, desecharon dos de las tres demandas de amparo colectivas promovidas por habitantes de comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en contra de la consulta convocada por el gobierno federal para definir la puesta en marcha o no de la termoeléctrica que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

En los juicios de amparo 199/2019 y 209/2019, radicados en los Juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, se dictó el desechamiento de ambos por considerar que la consulta no es un acto de autoridad, sin embargo, el criterio de uno de los jueces dejó abierta la posibilidad de que, una vez que se realice el ejercicio y se asuma como referencia para tomar una decisión, entonces podría ya concretarse un acto qué reclamar.

De acuerdo con Carlos Flores Solís, defensor de los derechos humanos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, se espera que este viernes se dé a conocer la resolución de un tercer amparo, respecto a si concede o no la medida cautelar de suspensión para frenar la consulta prevista para este fin de semana.

Entrevistado vía telefónica, dijo estar inconforme con el desechamiento de las demandas colectivas de amparo, porque los argumentos de las resoluciones tiendan a favorecer la realización de la consulta.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los imputados en prisión y que no han sido sentenciados, tienen derecho a votar porque se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia.

Al resolver el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, se estableció que la resolución parte del hecho de que la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales, han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia, de la que se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad.

Con base en este argumento y para salvaguardar el derecho de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba antes de ese año, en la que se establezca el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, a fin de que puedan practicar este derecho en las elecciones que se llevarán a cabo ese año.

La Sala Superior determinó que el INE definirá si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente en la elección presidencial o en elecciones locales, a partir de las necesidades y posibilidades administrativas y financieras que se requieran, además de que fijará el mecanismo que se implementará para que las personas puedan sufragar en prisión, incluido el voto por correspondencia.

Para ello, el INE se coordinará con las autoridades penitenciarias competentes o con aquellas que considere oportuno para llevar a cabo la prueba inicial, que deberá atender la normativa aplicable al momento de su implementación, además de abarcar todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios.

La sentencia de la Sala Superior tuvo su origen en los casos de Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, ambos de origen indígena, que se encuentran recluidos y enfrentan un proceso penal.

A través de sendos recursos de impugnación, cuestionaron la omisión del INE de implementar mecanismos que garanticen el derecho a votar de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin haber sido condenadas por sentencia ejecutoriada.

El Congreso del estado declaró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estar impedido para ejecutar sus sentencias, emitidas en decenas de controversias constitucionales, para cumplir con la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de exmagistrados y extrabajadores del Poder Judicial.

De acuerdo con las respuestas del Poder Legislativo a los requerimientos de cumplimiento de sentencia emitidos por la SCJN, el Congreso justificó que no ha podido dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por el alto tribunal, debido a que no está resuelto el tema del paquete económico 2019.

“Agréguense al expediente, para los efectos legales a que haya lugar, los oficios y anexos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, mediante los cuales, en el primero, manifiesta que el Poder Legislativo de la entidad tiene imposibilidad legal y material para cumplir con la sentencia dictada en este asunto; y, en el segundo, cumple el requerimiento formulado en proveído de 17 de enero del año en curso al informar que el Poder Ejecutivo estatal devolvió con observaciones al órgano legislativo local el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019”, fueron parte de los argumentos presentados por el Congreso.

De acuerdo con el anteproyecto presupuestal presentado, el TSJ solicitó 844 millones 766 mil 955 pesos. En el capítulo 4000 Transferencias se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones, 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, solicitó 166 millones, 38 mil 466 pesos, para hacer frente a las sentencias de la SCJN sobre los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, pero todo dependerá de en qué términos los diputados aprueben en los próximos días el presupuesto de este año. 

No hay detalles que relacionen el asesinato del activista con su oposición al proyecto de la termoeléctrica, sostiene el fiscal Uriel Carmona Gándara.

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que por el modus operandi, el asesinato del activista y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, al parecer se trató de una ejecución perpetrada por la delincuencia organizada, organizaciones sociales condenaron el crimen y la CNDH solicitó medidas cautelares para familia y activistas.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, afirmó que los primeros indicios apuntan a que el asesinato fue perpetrado por personas vinculadas al crimen, porque se dejó un mensaje; los impactos en el cuerpo de la víctima indicaron que fueron disparados por personas diestras en el manejo de armas, y la forma en que los responsables ingresaron al domicilio y huyeron del lugar es característica de la delincuencia organizada.

“Debo ser muy claro en el sentido de reiterar que la investigación que tenemos, hasta este momento, no tenemos ningún dato objetivo que apunte a que este asunto tenga algo que ver con toda la dinámica del asunto de la termoeléctrica.

“Lo que sí tenemos hasta ahorita es evidencia objetiva, pericial, de que se trató de un homicidio con características de una ejecución, precisamente de las que es el modus operandi de la delincuencia organizada.

“Lo digo por el calibre de las armas usadas. Encontramos indicios balísticos de arma corta, 45 milímetros, 38 súper y tenemos conocimiento de la existencia de una cartulina donde se dejó una mensaje; entonces, la investigación apunta más bien a un tema de delincuencia organizada y no tenemos ningún dato consistente que tenga que ver con el tema de la termoeléctrica”, explicó.

Indicó que se realizó la necropsia en las instalaciones de la Fiscalía de la Zona Oriente para entregar el cuerpo a su familia, a la cual también se le ha ofrecido protección para resguardar su integridad.

Indicó que no se descarta ninguna línea de investigación, sin embargo, la principal está vinculada al crimen organizado.

ONG condenaron homicidio

Diversas organizaciones sociales condenaron el homicidio del activista y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, ocurrido justo este miércoles, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, instaurado hace 12 años por la Organizaciones de las Naciones Unidas para tomar conciencia sobre de la importancia de los principios de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Organizaciones como la Comisión Independiente de Derechos Humanos, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales en el Estado de Morelos, el Congreso Nacional Indígena, entre otras, lamentaron la agresión que privó de la vida a Samir, quien -además de ser familiar de Vinh Flores Laureano, fundador de la Normal de Amilcingo y asesinado en 1976-, tuvo una larga lucha social que se vio manifiesta por última vez la tarde del este martes, cuando participó en un foro organizado en Jonacatepec y donde expresó su oposición a la termoeléctrica.

Las organizaciones exigieron el esclarecimiento del artero crimen, que viene a crispar el ambiente político, social y de seguridad en la zona oriente.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, afirmó que el crimen “es una situación grave y demandamos una investigación inmediata, que haya justicia, que haya verdad, y que se esclarezcan estos hechos absolutamente inaceptables en todo Morelos y todo el país, sobre todo en el contexto de lucha de los pueblos en contra de la termoeléctrica, el gasoducto que pasaba por la comunidad de Amilcingo”.

CNDH solicitó medidas cautelares para activistas

La CNDH expresó sus condolencias y solicitó a los gobiernos federal y del estado de Morelos la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad personal de la familia de Samir, así como evitar hechos de similar naturaleza, y que este caso no quede en la impunidad.

Personal de la CNDH arribó a Morelos con los familiares de Samir Flores para brindarles apoyo y asesoría jurídica, así como la contención emocional que requieran, además de allegarse de la información del caso para determinar probables violaciones a sus derechos fundamentales.

De igual manera, el organismo solicitó extender la medidas cautelares a sus compañeros defensores, a quienes el organismo nacional expresó su solidaridad y demandó a las autoridades correspondientes la indagación amplia, exhaustiva y profesional del homicidio de Flores Soberanes, sin omitir ninguna línea de investigación que el caso amerite.

Paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado inició la queja de oficio 036/2019-3, por el asesinato del activista y comunicador de la radio comunitaria. 

Con la disposición, la Secretaría de Hacienda realizó ajustes a la distribución de participaciones que corresponden a los municipios.

La Secretaría de Hacienda publicó este lunes un decreto por el cual se estableció una vía para que los nuevos municipios indígenas puedan acceder a los recursos federales y estatales pese a no disponer en lo inmediato de uno de los requisitos que integra la fórmula de distribución: el número oficial de población.

De acuerdo con el documento, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, “para efectos de la distribución de recursos federales o estatales que por concepto de participaciones que les corresponde recibir a los Municipios del Estado de Morelos, cuando no se cuente con los valores que precisan las fórmulas de distribución que se establecen en esta Ley (de Coordinación Hacendaria), como es el caso de municipios de nueva creación, se tomará como único factor, el de la población, el cual se obtendrá a través de fórmula que en adelante se indica”.

“Se consideran los datos de población consignados en los Decretos de creación que emita el Congreso del Estado de Morelos, así como el 100% de la población del municipio de origen”.

Con este decreto, los tres nuevos municipios podrán acceder a los recursos y por lo tanto la Secretaría de Hacienda hizo algunos ajustes a la distribución de participaciones. 

Sueldos en FGE son de los más bajos del país, aseguran trabajadores.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) piden que sus salarios sean homologados con los de las fiscalías de la zona centro del país, ya que los empleados de la FGE son de los peores pagados del país.

Desde hace una semana, los trabajadores mantienen un paro de brazos caídos y las labores se realizan de manera parcial, en espera que en las próximas horas la comitiva que los representa y autoridades del gobierno de Morelos lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Para lograr el incremento y la homologación salarial, la petición de los trabajadores a la Secretaría de Hacienda es que –al margen de la definición del paquete económico del 2019 por parte del Congreso- las ministraciones del capítulo 1000, referente a la nómina de la fiscalía, sean conforme al presupuesto ampliado de la FGE en el 2018, a la que originalmente se le otorgaron 350 millones aproximadamente, y en junio de año pasado se autorizó un recurso adicional por 400 millones más.

“Lo que solicitamos es que ese depósito que va al rubro 1000, y que corresponde a la nómina, se realice en base a los 750 millones de pesos, que fue el presupuesto ampliado del año 2018, y que -por lo tanto- no requiere que esperemos a que sea aprobado el 2019”, explicó Jazmín Herrera Soto, médico legista e integrante del comité en lucha por los derechos laborales de los empleados de la FGE.

Indicó que esto permitiría mejorar las remuneraciones de los trabajadores y nivelarlos con respecto a sus homólogos de la zona centro del país, porque Morelos se encuentra en el ranking nacional en el penúltimo sitio respecto a salarios en las fiscalías. 

La Comisión de Transición no opera ilegalmente, por la falta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, asegura magistrado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) responsabilizó al Congreso local de no hacer las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial para instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

“Nosotros estamos en espera de que la (reforma a la)  ley orgánica que el Congreso lo haga, está en la cancha del Congreso del estado”, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien explicó que se ha convocado a magistrados a analizar el tema, pero no todos acudieron al llamado.

El magistrado del TSJ, Manuel Díaz Carvajal, señaló que sigue en operación la Comisión de Transición en tanto no se expidan las reformas legislativas que regulen el funcionamiento y las atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Consideró que la comisión, que ha sido cuestionada por abogados y varios magistrados, no opera ilegalmente, y aseguró que los juzgados federales han reconocido la validez de ese órgano colegiado que transitoriamente atiende los asuntos del extinto Consejo de la Judicatura.

“A título personal, considero que está dentro de la ley. Yo he tenido conocimiento por la propia función, de resoluciones de juicios de amparo en donde reconocen la validez de la actuación de la comisión. Entonces, consideramos que es apegada a la Constitución y a derecho”, dijo.

Insistió en que la instalación de la Junta de Administración depende de las reformas legislativas porque es necesario que exista un marco normativo respecto a las atribuciones de este órgano colegiado sobre la disciplina judicial, la designación de jueces, el manejo presupuestal, entre otros temas.

Respecto a la petición de un grupo de magistrados que solicitaron recientemente a la presidencia de la TSJ convocar a sesión de Pleno para abordar este tema de la junta, expresó que hace poco la magistrada presidenta convocó a una reunión preliminar para preparar la sesión plenaria, pero no todos los magistrados acudieron.  

Debido a la alta incidencia criminal y la mutación de actividades de las células delictivas que operan en la zona norte del estado, particularmente en los límites con otras entidades, la Policía Federal reforzó la vigilancia y llamó a los ciudadanos a estar alertas cuando viajen por los tramos carreteros de esta región.

El coordinador estatal de la Policía Federal, Jorge Alberto Plascencia Gutiérrez, señaló que el municipio de Huitzilac sigue catalogado como zona de conflicto porque la criminalidad se diversifica y avoca a las actividades criminales que son más rentables, como lo es en este momento el asalto a turistas y comerciantes.

Explicó que junto con autoridades locales y militares, “se estableció que habría que reforzar esa zona de Huitzilac, toda vez que es una zona para nosotros detectada como conflicto, derivado de que ha ido mutando la criminalidad en esa área”.

“Anteriormente eran personas que se dedicaban a la tala ilegal, posteriormente mutaron a lo que fue el huachicol cuando estaba el ducto, y cuando cierran el huachicol, mutan a una nueva forma de crimen que es el asalto y el robo en esa área”.

Ante los constantes asaltos y robos en esa área, informó que la Policía Federal montó un operativo para reforzar la vigilancia en las diferentes vías de comunicación de esa zona, y pidió especialmente a los conductores estar alertas para evitar ser víctimas.

Por ejemplo, señaló, el modus operandi “en el área de laguna de Zempoala, por la forma en la que están las carreteras sinuosas y que hay una situación de árboles o pinos alrededor, es poner piedras sobre la corretera en horas de la madrugada y obligar a que los conductores se detengan”.

“Una vez que el conductor se detiene, es abordado por los delincuentes y de alguna manera es obligado a detenerse, a entregar su vehículo o sus pertenencias”.

“Entonces, el exhorto, la invitación a los conductores es que tengan las medidas de prevención y, ante una situación, que tengan la pericia y la malicia de no continuar su viaje y regresarse, al detectar que hay piedras sobre el camino, porque quizá no sea fortuito que se encuentren las piedras en el camino y denunciar de inmediato a las autoridades”.

También señaló que hay coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para reforzar la vigilancia en las inmediaciones del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina (CEIEPO), ubicado en la comunidad de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, donde hace unas semanas ingresó un grupo de hombres armados para hurtar un vehículo y ganado. 

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial  debería estar en funciones desde abril de 2018; acusan a la magistrada presidenta del TSJ de incurrir en omisión.

El Foro Morelense de Abogados exigió la inmediata instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura, ya que desde abril de 2018 legalmente se extinguió la Comisión de Transición, pero en los hechos sigue en operación.

El presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, acusó a la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, de ser omisa e incurrir en responsabilidades, al no instalar la Junta de Administración.

Explicó que para Cuevas López esta situación es muy conveniente porque mantiene el control absoluto y discrecional de los recursos económicos, materiales y humanos del Poder Judicial.

“Mientras esto no ocurra, la presidenta del tribunal tiene la posibilidad de seguir haciendo la designación de los jueces y del personal, pero –además- puede seguir manejando los recursos de manera discrecional y los recursos públicos no pueden ser discrecionales. Desde luego que por ello incurre en responsabilidad jurídica y es materia de juicios (político)”, advirtió.

Con las reformas legislativas al Poder Judicial realizadas en diciembre de 2017, se extinguió el Consejo de la Judicatura y se estableció una Comisión de Transición en tanto se instauraba la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, la cual debía entrar en funciones en abril de 2018, y estará integrada por el presidente en funciones del TSJ, por un magistrado y un juez.

Hace unas semanas, un grupo de magistrados pidió una sesión de Pleno para discutir este tema, que está vinculado con la designación de jueces, pero la petición fue maratónicamente ignorada por Cuevas López. Incluso, La Unión de Morelos reiteradamente solicitó entrevistas sobre el asunto, pero tampoco hubo respuesta.

Bello Martínez consideró que la titular del TSJ es omisa y pone en riesgo la legalidad, porque al operar una comisión fuera de la ley,  los actos emitidos por este órgano pueden ser recurridos y declarados nulos.

Llamó a la representación del Poder Judicial a instaurar a la brevedad la junta y también conminó a todos los magistrados a asumir la responsabilidad que tienen de velar por la legalidad para que el nuevo órgano colegiado se instale urgentemente.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la junta no se instaló porque Cuevas López enfrenta presiones de sus correligionarios que aspiran a formar parte de este órgano, que -como ocurría en el Consejo de la Judicatura- es un importante coto de poder. 

Sólo atenderán emergencias; reclaman aumento salarial.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado siguen en paro indefinido de labores y sólo atenderán urgencias como levantamiento de cadáveres e inicio de carpetas de investigación con detenidos, ya que todavía no hay recursos para que obtengan su anhelado incremento salarial.

El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara señaló que si bien el Poder Ejecutivo entregó la primera ministración de 15 millones, para saldar gradualmente el adeudo de 250 millones de pesos que heredó de la administración anterior, los recursos están etiquetados para gasto corriente y no pueden ser utilizados para nómina.

“En realidad no resuelve de fondo el problema del presupuesto, sin embargo, reconozco el esfuerzo del Poder Ejecutivo que no está en la condición financiera mejor posible. Por cuanto al tema del paro, yo pienso que los trabajadores van a seguir con su reclamo, porque 15 millones no le sirven a la institución para mejorar los salarios, de hecho ese dinero no se puede utilizar para salarios”.

“El tema de los salarios corresponde al capítulo 1000, que es la nómina, y no hemos recibido incremento, más bien no hemos recibido dinero, no hemos recibido recursos para nómina; entonces yo pienso que ellos van a seguir haciendo su manifestación”, consintió.

Por su parte, el jefe de la oficina de la Gubernatura José Manuel Sanz acotó que el capítulo de la nómina sí ha sido cubierto por el Poder Ejecutivo y se han cumplido los acuerdos asumidos el viernes pasado con los trabajadores de la FGE, con quienes este martes habrá una nueva reunión. 

No cumplen los requisitos legales que exige el gobierno federal para obtener recursos; necesitan dictamen del Inegi o un cambio de leyes

Los nuevos municipios indígenas quedaron excluidos de la asignación y distribución de los recursos provenientes de los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal por no cumplir con los requisitos legales para ser considerados.

El pasado viernes fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los Fondos Federales Participables, así como los montos de los Fondos de Aportaciones Estatales, que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019”, emitido por la Secretaría de Hacienda estatal.

En el documento, la dependencia justificó que los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xococotla no fueron considerados porque no cubren los requisitos previstos en  la Ley de Coordinación Fiscal, al no existir información oficial sobre su población, que es uno de los indicadores previstos en la fórmula de distribución de recursos.

“Al respecto, es menester destacar que en el presente Acuerdo dichos municipios no han sido considerados en virtud de que no se cuenta con los elementos que exige la Ley de Coordinación Fiscal y de cálculo, para realizar de manera efectiva y legal la distribución de los recursos que, en su caso, les corresponderían; como lo es la población oficial de cada municipio determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, explicó la Secretaría de Hacienda.

Pero también precisó que solo sí en el transcurso del año el INEGI emite la información oficial, habría la posibilidad de considerar a los municipios indígenas y realizar una redistribución en la asignación de las participaciones.

“En ese orden de ideas y en caso de que en el presente ejercicio fiscal se cuente con esos elementos, se establece la posibilidad de modificar, en su caso, entre los municipios de nueva creación y los municipios de origen, la distribución contenida en el presente Acuerdo para garantizar una correcta aplicación de los recursos de los fondos a que se refiere este Acuerdo, entre los municipios que se encuentran previstos en el artículo 111, de la Constitución Local”.

Otra posibilidad para que los municipios indígenas puedan acceder a estos recursos, según advirtió en el documento la Secretaría la Hacienda, es que se realicen reformas legales que les permitieran cumplir los requisitos para acceder a las participaciones federales, en términos de lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal.

Adeudo por laudos lleva a los representantes municipales a pedir el amparo de la Corte; los trámites que pudieron realizar los antecesores no protegen a los actuales integrantes de los ayuntamientos  

A 45 días de haber tomado posesión, la nueva administración del ayuntamiento de Jonacatepec promovió la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que el cabildo completo sea destituido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Derivado de los asuntos heredados de la anterior gestión relacionados con el cumplimiento de laudos, los municipios tendrán que hacer frente no sólo a los procesos jurídicos para ejecución de las sentencias laborales sino a las sanciones que, en este caso, les imponga el tribunal.

Por eso, la representación jurídica de la comuna de Jonacatepec promovió la controversia 34/2019 para evitar cualquier pretensión de TECA para desintegrar el cabildo mediante la aplicación de la fracción II del artículo 124 de la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que faculta al tribunal laboral destituir a servidores públicos por no cumplir con sus laudos.

La destitución de servidores públicos es la principal causa por la que municipios de Morelos recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el 2018 resolvió recursos similares a favor de los presidentes municipales y cabildos, por considerar que por ser representantes populares electos por la vía del voto, el TECA no tiene facultades para cesarlos, pero el fallo protector sólo es para casos concretos, es decir, a favor de quien o quienes lo promovieron y por el acto de autoridad que se combatió.

Por esta razón, las nuevas administraciones municipales tienen que estar al tanto de estos asuntos y emprender sus respectos medios de defensa.  

En escuelas secundarias, la Policía Federal imparte pláticas para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de proteger su información personal en redes sociales.

La corporación emite recomendaciones a los estudiantes para evitar que sean víctimas de delitos cibernéticos.

La Policía Federal continúa con las pláticas de prevención de delitos cibernéticos en escuelas secundarias, como parte de las acciones establecidas dentro de la Coordinación para la Construcción de la Paz en el estado de Morelos. 

Alrededor de cerca de 140 alumnos de la Escuela Secundaria “Pablo Torres Burgos”, en el municipio de Cuernavaca, recibieron por parte de los elementos federales recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos cibernéticos, además de acciones que los jóvenes deben tener en redes sociales para proteger su información personal y la de sus contactos.

De igual forma, los elementos federales realizaron dinámicas con los estudiantes para concientizarlos sobre el peligro que abunda en las redes y con ello evitar que sean susceptibles de algún tipo de extorsión o delito.

Por su parte, padres de familia y maestros presentes agradecieron al personal de la Policía Federal por la plática realizada y se comprometieron a replicar la información entre sus familiares para fortalecer la seguridad en sus hogares.

Al finalizar, los agentes federales brindaron a los estudiantes los números de emergencia y denuncia ciudadana, 911 y 088, así como la aplicación PF Móvil, disponible para dispositivos electrónicos.

Demandan incremento de salarios y aumento presupuestal para la institución.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen las acciones de protesta para garantizar la dotación de recursos a la institución, para que pronto pueda concretarse un incremento salarial para el personal. 

Mediante un comunicado, los integrantes del comité en lucha por los derechos laborales de los empleados de la FGE, informó que este viernes el Poder Ejecutivo cumplió con el compromiso de transferir los primeros 15 millones para gasto corriente, de un total de 250 millones que la administración de Graco Ramírez quedó a deber a la fiscalía. 

Pese ello, consideraron necesario mantener las protestas y el paro de labores, dando sólo atención a los casos urgentes, porque la principal consigna es lograr mejorar las remuneraciones del personal, que desde hace tres lustros no recibe incrementos salariales. 

"Sabemos que ese ingreso no es suficiente para lograr el incremento salarial, por lo que seguimos en la lucha, continuamos con el paro de brazos caídos con la atención sólo de casos urgentes", señaló la comitiva, que este fin de semana organiza las acciones a seguir.

"Seguiremos buscando el diálogo con el Ejecutivo para lograr salarios dignos y los propósitos que perseguimos", recalcó la representación de los trabajadores, que espera que se cumpla con las siguientes ministraciones y que también el Congreso de Morelos resuelva en breve el tema del paquete económico para el 2019, en el que se prevé un incremento sustancial al presupuesto de la FGE. 

Determinan ministros que la multa del uno por ciento de los ingresos acumulables es inconstitucional.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió por primera vez una declaratoria general de inconstitucionalidad, al suprimir del sistema jurídico mexicano una parte de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que implica que dicha norma no pueda ser aplicada en el futuro a persona alguna.

La norma declarada inconstitucional establecía una multa mínima para concesionarios o autorizados de radio y televisión, equivalente al 1% de sus ingresos acumulables, lo cual resultaba excesivo.

Entre octubre y noviembre de 2017 la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió cinco amparos en revisión, en los que estableció jurisprudencia y determinó que ese precepto violaba el artículo 22 de la Constitución Federal, sin que el Congreso de la Unión haya hecho la reforma correspondiente.

De esta forma, la SCJN dictó la primera declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2017, solicitada por la Segunda Sala de la SCJN, respecto del artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa que establece “del 1%”.

Protestan por las precarias condiciones en que laboran; exigen la entrega del presupuesto pendiente a la institución.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron un paro indefinido de labores para exigir la entrega de los recursos adeudados desde la administración del exgobernador Graco Ramírez, y de las ministraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Desde la 09:00 horas de este miércoles, cerca de dos mil  400 trabajadores de las tres regiones de la FGE (metropolitana, surponiente y oriente) colocaron banderas rojinegras en las instalaciones de la institución y suspendieron sus labores y la atención al público, con excepción de los trámites urgentes y el levantamiento de cuerpos.

Alejandro Aguirre Antúnez, perito y vocero del grupo de lucha por los derechos laborales de los empleados de la FGE, ofreció disculpas a los ciudadanos por las afectaciones que causó la suspensión indefinida de labores, pero también pidió comprender la situación salarial precaria que enfrentan los trabajadores y las decadentes condiciones de trabajo por la falta de inversión pública en la institución.

Explicó que el paro no cesará hasta que haya avances en la entrega de los 250 millones de pesos que la anterior administración estatal perredista quedó a deber a la fiscalía, y se regularicen las ministraciones correspondientes a este año. Además, esperan que el Congreso apruebe el presupuesto 2019, con base en la autonomía financiera otorgada a la FGE por un equivalente al 7% del presupuesto estatal.

Por la tarde, el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, emitió un comunicado en el cual expresó que el Poder Ejecutivo se comprometió hace dos semanas a iniciar en estas fechas el pago de las primeras ministraciones para saldar gradualmente el adeudo de los 250 millones. Y, a su vez, él se comprometió con los trabajadores a que en cuanto comenzaran a llegar esos recursos, podría fijarse el aumento salarial para beneficiar al personal operativo y, principalmente, a los que menos ganan. Pero al no concretarse los acuerdos, los empleados decidieron reactivar sus acciones de protesta.

Subrayó que “las gestiones para la obtención de los recursos son ajenas a cuestiones políticas y que es prioritario atender las necesidades de los trabajadores, a fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía para consolidar la representatividad social que le es conferida a la Institución, y consideró “fundamental lograr la consolidación de la autonomía que constitucionalmente le fue otorgada a la Fiscalía”.

Se comprometió con los trabajadores a continuar con las gestiones jurídicas y administrativas agotando todos los elementos al alcance para obtener los recursos para iniciar con la transformación de una FGE que esté al margen de cuestiones partidistas y de grupos y que vele únicamente por los derechos jurídicos de la sociedad.

Personas que acudieron a la fiscalía, o a través de las redes sociales, expresaron su molestia por la suspensión de labores, pues mucha gente no pudo realizar trámites como el inicio de denuncias por robos de documentos, y tampoco hubo servicio en áreas sensibles como el Centro de Justicia para Mujeres.

También surgieron las opiniones de defensa por la gran carga de trabajo que enfrenta el personal de la fiscalía y la escasez de materiales básicos como papelería o insumos para realizar necropsias. 

Un grupo llama a conversatorio sobre nuevas masculinidades.

Un grupo de hombres que se sumaron a la lucha contra la violencia de género hizo un llamado a sus congéneres a un conversatorio para abordar el tema de las nuevas masculinidades, para combatir los feminicidios, el acoso callejero y cualquier tipo de agresión contra las mujeres.

Rubén Rodríguez Saldaña, gestor cultural, señaló que no es suficiente mostrar empatía y solidaridad, sino realizar acciones concretas para que los hombres no sólo se sumen, sino sean parte de la lucha para revertir la inequidad y la violencia de género.

“Los hombres tenemos que empezar a realizar acciones efectivas que procuren la justicia social, la igualdad sustantiva y, si queremos llegar a eso, tenemos que empezar a trabajar en la equidad de género y asumir que vivimos en desequidad, que los hombres tenemos muchos privilegios y primero tenemos que asumir nuestros machismos en todos sus matices. Y si queremos llegar a la igualdad, también tenemos que trabajar por eso con muchas estrategias y acciones que, incluso, pueden llegar a incomodar a otros varones”.

Para ello, dijo, se ha convocado a un conversatorio sobre Nuevas Masculinidades, que se llevará a cabo este viernes 15 de febrero a las seis de la tarde en el Café El Paraíso, ubicado en la calle Rayón, en el Centro de Cuernavaca.

Expresó que el conversatorio tiene la finalidad de reflexionar, intercambiar puntos de vista y en la ejecución de acciones concretar que se impulse este cambio hacia la equidad entre géneros.

“Es un conversatorio donde se va a poner en la mesa el tema, vamos a plantearlo, a reflexionar el tema, para justamente promover este desempoderamiento del machismo y proponer una nueva forma de ser hombres”.

Señaló que hay resistencia entre los varones para aceptar este cambio, pero será un trabajo arduo concientizar e invitar a más hombres a sumarse a esta lucha, sobre todo en un contexto de alerta nacional por el aumento de feminicidios y desapariciones.

“Estamos viviendo un momento de alerta nacional por casos de violencia extrema, muchos feminicidios, muchas mujeres víctimas de trata, muchas mujeres desaparecidas y también existen otras formas de micromachismos, y justamente comenzar a trabajar en esto causa mucho escozor en algunos hombres”.

“La estrategia ha sido bastante complicada y, de hecho, ya hemos recibido algunas amenazas de algunos varones que este es su pensar, que creen que una mujer empoderada no fomenta la igualdad o no fomenta la equidad. Y se sienten agredidos, sin darse cuenta que nosotros los hombres somos quienes históricamente hemos ejercido, y mal, el poder”. 

El representante del Consejo Estatal de Abogados solicita que se reactive el concurso de oposición para la designación de jueces, trunco desde finales de 2017.

El Consejo Estatal de Abogados (CEA) pidió a las autoridades presentar pruebas contra los jueces bajo sospecha de irregularidades en su desempeño, y exigió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, reactivar el concurso de oposición para la designación de jueces, trunco desde finales de 2017.

Luego de que hace unos días la Comisión Estatal de Seguridad reveló que en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, integrada por autoridades estatales y federales de seguridad pública, se desvelaron casos y nombres de jueces que habrían  liberado a imputados aparentemente sin causa justificada, el director general del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca González, expresó que no basta con hacer acusaciones, es necesario que se ofrezcan pruebas para que se deslinden responsabilidades e impongan sanciones a los juzgadores que efectivamente hayan incurrido en un desempeño anómalo.

“Pugnamos por que se aplique la ley. Si algunos jueces han incurrido en algunas faltas a su encargo, tendrán que ser sancionados. Pero también es cierto que se tienen que aportar las pruebas. Considero que hoy en día tenemos que actuar con elementos de prueba para poder castigar, porque tal parece que señalamos o nos lamentamos sin actuar”, recalcó.

Explicó que si de verdad hay seguimiento a la presunta liberación injustificada de imputados a través del sistema penitenciario, entonces las autoridades deben tener elementos para que desde el Tribunal Superior de Justicia también se investigue si efectivamente ocurre alguna actuación irregular de los juzgadores.

También pidió transparentar los resultados de las quejas administrativas que se inician contra jueces y funcionarios judiciales, pues la opacidad pone en entredicho que haya una verdadera investigación y, en su caso, imposición de sanciones.

En cuanto a la asignación de jueces, Popoca González pidió reactivar el concurso de oposición, trunco desde el 2017, para la designación de 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, y que se acabe con las designaciones directas e interinatos, porque muchas ocasiones se pone en esos cargos a los incondicionales de la administración en turno y no a los mejores perfiles.

“Ese examen no debe quedar ahí, debe de reactivarse porque varios abogados se han preparado para participar por esos cargos. Creo que el TSJ debe retomar, y esos jueces interinos fueron designados para cumplir un encargo y no son definitivos. Si exigimos que se reactive, que se concluya ese procedimiento y que surjan los jueces, podríamos pedir que se abra otra convocatoria, pero existe ya un proceso que quedó en una etapa casi para concluirlo”, señaló. 

Se ausentan de las audiencias y dejan esa responsabilidad a secretarios de acuerdos.

El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan  Juárez Rivas, acusó a los jueces familiares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de vulnerar los derechos de los niños y adolescentes al ausentarse de las audiencias y alargar los procesos judiciales que, generalmente, están relacionados con la guarda y custodia, pensión alimenticia o régimen de convivencia cuando los padres se divorcian.

Explicó que los jueces suelen atrincherarse en sus oficinas y dejan el desahogo de las audiencias a los secretarios de acuerdos, aun cuando es responsabilidad legal y ética de los juzgadores presidir las diligencias para tener elementos objetivos para emitir sus resoluciones.

Juárez Rivas dijo que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, tiene conocimiento de la situación irregular y no sólo la consiente, sino que prefiere ignorar a los abogados que han exigido corregir la actuación anómala de varios jueces familiares, pues no sólo hay una franca violación al interés superior de la infancia, sino que por este tipo de circunstancias se alargan por años los procesos judiciales.

“Por ejemplo, no puedo decir las partes, pero acabamos de terminar un asunto en Xochitepec, un asunto que duró 14 años en materia familiar y tuvimos dificultades porque la juez se encerró en su cubículo y no quiso hablar. El niño tenía en ese momento cinco años, ahora ya tiene 19”, explicó, como uno de tanto casos que se prolongan debido a la ausencia de los jueces en las audiencias y los obstáculos procesales, así como las afectaciones que provoca la dilación de la justicia a los menores.

“Yo quiero aprovechar para hacerle un exhorto a la presidenta para que ya no se sigan violentando los derechos humanos de los menores. Insisto, ahora que los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes están en la ley como lo máximo, los niños están abandonados por los jueces y, fundamentalmente, por la arrogancia de la presidenta del TSJ”, aseguró.

Actuarán en coordinación con el grupo de protección civil interna de la institución; alistan medidas de seguridad para la comunidad universitaria.

La Policía estatal ingresará a las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para realizar recorridos de vigilancia, acompañados siempre de elementos de protección civil interna conocidos como “Venados”. Simultáneamente, emitió una serie de recomendaciones de seguridad para la población.

Tras una reunión con mandos de la CES, la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, informó que se fijó una agenda con las autoridades estatales para sensibilizar y capacitar sobre medidas de seguridad preventivas a los estudiantes y docentes de las unidades académicas universitarias ubicadas en los 22 municipios del estado.

Además, comentó, se acordó realizar recorridos de vigilancia conjuntamente con la Policía estatal y el grupo Venados, así como detectar zonas donde hay vulnerabilidad o riesgo, y establecer un corredor seguro para la comunidad universitaria que involucre a los comercios y vecinos de las inmediaciones de las sedes académicas.

“Los que nosotros estamos ya armando es una campaña para que los alumnos sepan en qué momento poderse replegar cuando se sientan vulnerables en alguna situación al interior de las unidades académicas, en este caso, en avenida Universidad, donde vamos a denominar un corredor seguro, que permita, pues, a los alumnos replegarse en algunos comercios, que vamos a platicar con los comerciantes para que ahí también se sientan seguros los jóvenes a la hora de su salida o de su ingreso”, explicó.

Insistió que la seguridad en el interior y exterior de las sedes académicas será reforzada con apoyo de la CES y recalcó que la Policía estatal entrará, pero siempre acompañada de personal universitario.

También informó que en el área de Los Belenes, en la colonia Volcanes, donde se encuentran escuelas y facultades del área de la salud, se establecerá otro corredor seguro que estará vigilado con cámaras conectados al C-5, y se ha solicitado a la CES la colocación de cámaras en los accesos principales del Campus Chamilpa de la UAEM para mayor control.

Recomienda CES medidas de seguridad

Paralelamente, la CES emitió algunas recomendaciones para fomentar la cultura del autocuidado y la denuncia, así como para fortalecer los canales de comunicación que permitan atender de forma inmediata cualquier tipo de alerta.

Entre las medidas destacó no utilizar audífonos al caminar y evitar ir revisando el celular en la calle; si ven dos o tres veces a la misma persona en su trayecto no es coincidencia; no publicar en sus redes sociales imágenes ostentosas o de cosas materiales que adquieran como autos o bienes; no utilizar todos los días el mismo trayecto o la misma hora de salida hacia el trabajo o la escuela.
Tampoco abordar taxis que ofrezcan llevarte; utilizar sólo los que hayas solicitado. No caminar por calles oscuras, entre camiones o camionetas estacionadas, así como cerca del carril de los automóviles. No ingerir bebidas que un desconocido ofrezca; es importante siempre cerciorarse de cómo han sido servidas. No platicar con nadie de cómo vives, con quién vives y en dónde vives. En el trasporte público no utilizar el celular, ni llevar bolsas ostentosas, entre otras recomendaciones.

Audiencia de vinculación a proceso será el viernes; en estado de ebriedad atropelló a una familia.

Un juez de control y juicio oral decretó legal la detención del teniente de la 24ª. Zona Militar, Emmanuel “N”, por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de tres personas, entre ellas un niño.

La noche del 7 de febrero, el elementos castrense conducía su vehículo en estado de ebriedad y, para evadir un retén establecido en el poblado de Chamilpa por la Policía estatal y el Ejército, aceleró e intentó huir, pero a su paso embistió a una familia que viajaba en una motocicleta.

En el lugar de los hechos fallecieron la mamá y el papá, mientras que su hijo de ocho años falleció en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Tras su detención, finalmente el militar fue puesto a disposición de un juez de control y juicio oral, quien determinó su legal detención, fijó la medida cautelar de prisión preventiva y señaló el 15 de febrero para celebrar la audiencia de vinculación a proceso del imputado. 

Así lo determinó un juez de distrito, que culpa a la fiscalía anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción recibió otro revés de la justicia federal, que confirmó el amparo concedido al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, y ordenó al juez de control revocar el auto de vinculación a proceso dictado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Luego de que el juez cuarto de distrito concedió el amparo y la Fiscalía Anticorrupción impugnó la sentencia, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del decimoctavo distrito resolvió el 8 de febrero confirmar la protección de la justicia federal a Vera Jiménez, actual director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y su cónyuge María Elena Ávila Guerrero, contra la vinculación a proceso dictada el 13 de diciembre de 2017 por el juez Eddie Sandoval Lomé.

El abogado de ambos imputados, Sergio Parra González, explicó que el tribunal colegiado confirmó el amparo porque “las pruebas que se obtuvieron por parte de la fiscalía para imputarles ese delito están consideradas como ilícitas y no se valida toda la información financiera que obtuvieron (la fiscalía anticorrupción) de manera ilegal y esto va a provocar que el juez de control, en cumplimiento de esa ejecutoria, tenga que dictar un auto de no vinculación a proceso en su favor”.

Señaló que la resolución de la justicia federal fue clara y explícita respecto a que los documentos financieros presentados como pruebas ante el juez de control, incluyendo cuentas bancarias personales del ex rector, carecen de valor jurídico por haberse obtenido de forma ilegal, “porque toda esa información tuvo que estar sujeta a control judicial y no respetó esa normatividad la fiscalía”.

Es decir, dijo, la fiscalía violentó los artículos 117 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se establece que, para no violar derechos fundamentales respecto a los imputados, tiene que validarse esa información financiera a través de una autorización judicial expedida por un juez de control, y por esa razón la justicia federal otorgó el amparo.

Por cuanto al proceso judicial por el presunto de peculado, impulsado por el ex gobernador Graco Ramírez contra Vera Jiménez, señaló que la justicia federal le negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero la impugnación ante un tribunal colegiado está en curso.

Le concede operar con los recursos del 2018, pero consideró inadmisible que el Poder Judicial pretenda una suspensión acusando al Congreso de omisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Poder Judicial para conservar los recursos del 2018, en tanto el Congreso define el presupuesto del 2019, pero también negó la suspensión contra omisiones del Poder Legislativo por considerar “inadmisible” la solicitud.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se concedió la suspensión para que “hasta en tanto no se publique el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de esta anualidad, se garantice al Poder Judicial actor ejercer el mismo Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho”, con el fin de garantizar la operatividad de la impartición de justicia.

Pero también el ministro instructor de la controversia constitucional 6/2018, Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó la medida cautelar, consideró inadmisible que el Poder Judicial, garante de la legalidad en Morelos, haya pretendido obtener una suspensión acusando al Congreso de omisión cuando el proceso legislativo está inconcluso y es la materia de recursos de control constitucional.

De acuerdo con la controversia, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cueva López, acusó a los diputados de incurrir en la omisión de no aprobar el Presupuesto de Egreso del Gobierno de Morelos del 2019 con su respectiva asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable para el Poder Judicial.

“En este sentido, es inadmisible jurídicamente lo pretendido por el Poder Judicial actor al solicitar la medida cautelar, pues ello equivaldría a dar a la suspensión efectos constitutivos propios, e implicaría prejuzgar respecto a que, efectivamente la omisión alegada resulta inconstitucional, lo cual no puede ser  materia de pronunciamiento cautelar, sino, en todo caso, de la sentencia que en su oportunidad se dicte”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios electorales presentados por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) contra el presupuesto que le fue aprobado por el Congreso local.

Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior determinó desechar los juicios electorales 6/2019 y 9/2019, en los que el tribunal electoral se inconformó porque le fueron asignados 18 millones de pesos, y no los 33 millones que había solicitado.

Argumentó que el TEEM pretendió controvertir un acto que se encuentra en la etapa de discusión ante el Congreso del Estado de Morelos, como parte del procedimiento legislativo que no ha sido publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y, en consecuencia, no ha adquirido definitividad.

“Es claro que el Decreto 76 no ha sido publicado por el titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos en el periódico oficial de esa entidad federativa, debido a que fue objeto de observaciones que deben ser deliberadas por el Congreso local.

“En los autos no hay constancia de que el Congreso local haya discutido las observaciones y remitido el decreto nuevamente al gobernador del estado, para que ordene su publicación en el periódico oficial.

“En consecuencia, no se trata de un acto definitivo, en tanto que dicha definitividad depende del resultado de la deliberación que el Congreso local haga respecto de las observaciones que formuló el gobernador del estado y de la publicación que se haga en ese medio oficial”, fue el razonamiento del Pleno de la Sala Superior para desechar los juicios electorales promovidos por el magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández. 

Según el organismo, hay más de 200 personas no localizadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) expuso cifras contrastantes sobre el número de personas desaparecidas en Morelos, pues mientras el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el 80% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, y en la mayor parte se trataron de ausencias voluntarias, el organismo documentó en el año pasado casi un millar de desapariciones y la mitad está sin localizar.

El organismo consideró urgente que la fiscalía investigue y aclare qué pasa con estos casos, porque a nivel nacional un número importante de desapariciones está vinculado a tráfico de órganos y trata de personas, y no se sabe si esto ha ocurrido en Morelos.

“A nivel nacional y en otros estados hemos advertido que atrás del problema de personas desaparecidas se encuentran también ubicados dos fenómenos: el fenómeno de trata y el tráfico de órganos. Quisiéramos nosotros conocer por parte de la autoridad competente si estos han sucedido en algún momento en el estado de Morelos”.

Detalló que en el 2018, la CDHEM documentó 479 desapariciones y sólo 227 personas fueron localizadas, mientras que el resto siguen ausentes. En lo que va de 2019, el organismo tiene el reporte de 38 desapariciones; en 27 casos, las personas han sido localizadas y de las 11 restantes se desconoce su paradero.

Adelantó que se requirió a la fiscalía información sobre el tema, el cual en su momento será motivo de una recomendación.  

Considera que militares hagan presencia en comercios y centros nocturnos.

Como parte del Plan de Seguridad y Pacificación del estado, fue presentado el programa “Bienvenido soldado amigo”, que se implementará en coordinación con cámaras empresariales, el Consejo Ciudadano de Seguridad, la Comisión Estatal de Seguridad y la Vigésima Cuarta Zona Militar, con el fin de generar empatía con la sociedad y el sector económico, así como disuadir las conductas delictivas.

Este programa estará precedido por cursos de capacitación a los elementos castrenses, principalmente en materia de derechos humanos, y sensibilización de los comerciantes y empresarios de varios giros, para que los soldados puedan ingresar a los establecimientos a manera de presencia, pero en un ambiente de cordialidad.

El comandante de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, explicó que la idea es que los elementos hagan presencia en estos lugares, incluso, en centros nocturnos, para que se genere una cercanía con la gente y disuada la posible comisión de delitos.

“¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos que fuerzas de seguridad entren desarmados, tal vez con algún medio, un tolete o un casco, pero totalmente desarmados, porque es parte de la socialización,  a los diferentes comercios con el fin de socializarlo (el programa) y, si en algún momento, en alguno de esos comercios se llega a tener algún incidente, ver que algún cliente de ese comercio va y vende alguna droga ahí, seguramente cuando nos vea ya no lo va a hacer”, detalló el jefe militar.

Manifestó que los elementos serán sometidos a una capacitación de 60 horas y, posteriormente, saldrán a hacer prácticas a los comercios que se hayan afiliado al programa “Bienvenido, soldado amigo”, para realizar esta presencia y socialización.

Recalcó que el personal castrense únicamente acudirá a los establecimientos que se hayan adherido al programa, que se implementará en estricto apego al respeto de las garantías constitucionales.

Agregó que están en pláticas con los empresarios discotequeros y de bares para explicarles las bondades de este programa y puedan sumarse.

Los representantes de las cámaras de comercio y de la industria restaurantera analizan también la posibilidad de que el personal militar pueda obtener descuentos en sus compras en los negocios afiliados.

Se detectó la liberación de varios detenidos o imputados por causas aparentemente injustificadas.

Bajo la lupa se encuentran algunos jueces de control y juicio oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al detectarse la liberación de varios detenidos o imputados por causas aparentemente injustificadas.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reveló que ese fue el motivo por el que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, fue invitada el pasado 15 de enero a participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que convergen autoridades estatales y federales vinculadas al tema de seguridad pública.

“Ella fue llamada porque había unas dudas sobre el comportamiento de algunos jueces, pero fue únicamente una vez que fue porque así se le solicitó”, puntualizó.

Dijo que en esa reunión se pusieron sobre la mesa los casos y hasta los nombres de varios jueces bajo sospecha, ya que a través del sistema penitenciario se detectaron las liberaciones de varios imputados, vinculados principalmente con la delincuencia organizada y narcomenudeo.

“A nosotros nos llegan reportes del director del sistema penitenciario de los que están dejando libres y, en automático, cuando vemos que ya son cuatro o cinco que se sueltan en una semana, sí nos llama la atención, porque algunas veces ponen por causa injustificada (la aprehensión), si se entregó un IPH (Informe Policial Homologado) y pasó por la fiscalía, y la fiscalía llegó al juez; pues algo está mal ahí y es lo que nos ha llamado la atención”, explicó.

Señaló que en esa reunión, la magistrada presidenta mostró disposición a acudir a cualquier llamado de la mesa de coordinación, pero desde entonces se desconoce si la representante del Poder Judicial investigó o separó del cargo a alguno de los jueces.

La suma se pagará por partes; indagan el destino de casi 200 millones que debió haber recibido la institución.

El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que el Poder Ejecutivo pagará en “abonos” los recursos que quedó a deber la anterior administración estatal a la fiscalía; sin embargo, en una revisión contable se determinó que el adeudo es sólo de 250 millones de pesos, y no los casi 500 millones que originalmente se reclamaban, porque -al parecer- parte de los recursos sí fueron liberados durante los últimos meses del gobierno de Graco Ramírez, pero no llegaron a la fiscalía.

Señaló que tanto la Secretaría de Hacienda estatal como el área contable de la FGE revisaron las cifras y se concluyó que –efectivamente- el adeudo era inferior, así como se acordó que sería saldado en diversas ministraciones, conforme a las posibilidades del Poder Ejecutivo, y que no habría objeción legal por parte de la fiscalía.

“El año pasado en mi área administrativa se hicieron unas cuentas por 500 millones de pesos, pero ya platicando en la mesa técnica con la Secretaría de Hacienda, ellos nos demostraron que no se acreditaban más que 250, en números redondos”.

“A mí me explicó mi área administrativa que tenía razón el Ejecutivo; entonces, no lo vamos a controvertir, no lo vamos a litigar. Lo que queremos es ir hacia adelante y esperar a que nos manden los depósitos y mejorar la situación de la fiscalía”, dijo.

Cuestionado sobre el destino de los otros 250 millones de pesos, afirmó que aparentemente éstos si fueron liberados, pero nunca entregados a la fiscalía, por lo que serán la Secretaría de Hacienda y el Poder Ejecutivo quienes denuncien si existe la sospecha de la comisión de un delito.

“En la contabilidad del Ejecutivo, que no manejo yo y no tengo acceso a esa información, lo que nos dimos cuenta es que la administración anterior, al parecer, se dijo que se habían mandado a la fiscalía ese dinero, pero no fue así. Entonces, ahí hay un tema, que si resulta en un tema de responsabilidad, el Poder Ejecutivo lo hará saber la Fiscalía Anticorrupción”, sostuvo.

Insistió que con estos recursos y con los que apruebe el Congreso para el 2019, en términos de la autonomía financiera de que goza la FGE, la prioridad será aumentar las remuneraciones de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales, tras 15 años de no obtener incremento salarial. 

Quedó desmantelado tras la captura de sus líderes, señala Ortiz Guarneros.

El comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros calificó como “un refrito”, la información divulgada por medios de comunicación nacionales sobre la existencia en Morelos del grupo criminal denominado “Comando Tlahuica”, y aseguró que la célula delictiva está desmantelada tras la captura de sus líderes.

Indicó que desde noviembre pasado, cuando fue divulgado en redes sociales el video en el que un grupo de diez hombres armados y encapuchados que exigían investigar al ahora alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, y Héctor Maganda, encargado de SAPAC, por presuntos nexos con grupos criminales, el gobierno estatal en coordinación con autoridades federales emprendieron acciones de inteligencia para ubicar y detener a las cabezas del comando, así como prevenir la comisión de ilícitos.

Insistió que con la captura a mediados de enero de siete de sus miembros, el comando -que operaba en la zona oriente del estado- fue desarticulado de inmediato, aunque dijo desconocer si el grupo criminal estaba integrado por más personas.

“Nosotros pensamos que este comando se desarticuló porque se le pegó a los principales, no le podría yo decir cuántos hay porque no lo sé, pero los principales de este grupo están apresados y en proceso. No hemos tenido noticias de que reaparezca, lo está sacando esta televisora el día de anoche. Le repito, no sé por qué, porque ese comando prácticamente fue neutralizado hace unos días que intervenimos en Temoac”, dijo, y descartó también que el grupo opere en Cuernavaca.  

Según la Fiscalía General del Estado, al “Comando Tlahuica” se le atribuye la planeación del secuestro de un líder campesino del poblado de Amilcingo, municipio de Temoac; la ejecución de un colaborador cercano al presidente municipal de Temoac y tres policías; un ataque armado con granadas contra la comandancia de la policía municipal; la privación de la libertad de tres supuestos delincuentes para desmembrarlos y esparcirlos en puntos estratégicos del municipio, acompañados de mantas con mensajes amenazantes a integrantes de bandas rivales; y el feminicidio de una joven.

En los últimos días aparecieron en Cuernavaca mantas con mensajes de amenazas firmadas por el grupo criminal que también advirtió de una disputa entre células delictivas por el control del SAPAC.