El 29 de marzo de 2016 la esposa del entonces gobernador rompió todos los protocolos en un evento oficial. Era la inauguración de las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en la avenida Galeana.

Sin estar contemplada en el programa, Elena Cepeda de León tomó el micrófono y defendió el trabajo que realizaba su marido, al tiempo de criticar a quienes sólo se dedicaban a hablar mal del gobierno pero se han visto beneficiados por él.

“No se reconocen las cosas que hace el gobierno… hoy precisamente no ven a mi marido aquí porque desde muy temprano está reunido con el fiscal y con el comisionado de Seguridad Pública para trabajar, porque cuando nosotros llegamos aquí hace tres años y cuatro meses yo quiero que ustedes recuerden lo que era la seguridad en nuestro estado”, pidió a los asistentes.

Aseguró que cuando el actual gobierno llegó la gente no salía por las noches porque estaba en sus casas “muerta de miedo”, y ahora “la gente ya está empezando a salir nuevamente a los restaurantes y a los bares”.

Recordó que antes de que ella llegara había albergues donde los niños y adolescentes recibían trato de victimarios y no de víctimas.

“Y yo quisiera que las comisionadas y los comisionados tuvieran la generosidad de hacer que el recurso que con tanto trabajo se consigue podría estar en otra área eh; yo, si me lo dan al DIF, podríamos hacer maravillas, podríamos contratar médicos y psicólogos y no en salarios enormes que no llegan a las víctimas”.

Enseguida, dirigiéndose a los cinco integrantes de esta Comisión de Atención a Víctimas, les dijo: “Ustedes deberían ser honorarios, perdónenme que se los diga, deberían ser honorarios, y sí, el trabajo que hace Nad (Nadxiieli Carranco Lechuga, secretaria ejecutiva de la CARV) debería ser reconocido, porque aquí debe haber funcionarios que se ocupen, pero no cinco personajes de la sociedad civil que quieran cobrar más sesenta o setenta mil pesos”, señaló.

Su deseo fue cumplido. A los pocos meses el Congreso Local reformó la Ley y los cargos de los comisionados se convirtieron en honorarios… y la única que se quedó (cobrando) fue precisamente Nadxiieli Carranco Lechuga.

Y a pesar de las constantes quejas en su contra, no hubo poder humano que la sacara, hasta que cumplió el plazo para el que fue designada.

Ayer se dio a conocer la lista de aspirantes a ocupar dicho cargo, para integrar la terna que será remitida al Congreso del Estado para la elección de la persona que será titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.

Las candidatas y los candidatos son los siguientes:

Andrea Acevedo García es Licenciada en Enseñanza del Francés por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuenta con experiencia en materia de Derechos Humanos y en Atención, Asistencia y Reparación Integral a Victimas como lo acredita con reconocimientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM); actualmente es subdirectora del Registro Estatal de Victimas de la entidad de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), y se supone que una de las candidatas de Nad Carranco. 

Victoria Alva Lugo, Doctora en Derecho y Globalización por la UAEM, cuenta con experiencia en materia de Derechos Humanos y Litigio, trabajó como secretaria particular de la síndico municipal de Cuernavaca, destaca como primera visitadora de la CDHEM, donde investigó las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos, ha publicado artículos en revistas académicas de la Facultad de Derecho de La Salle.

Dulce Pamela Martínez Contreras, Maestra en Derecho Penal con Énfasis en Juicios Adversariales por la Universidad Latina, cuenta con experiencia en asesoría e intervención jurídica a víctimas dentro y fuera de los procedimientos administrativos y judiciales, fue actuario en el poder Judicial de la Federación y defensora de oficio en Morelos, actualmente se desempeña como directora de Asistencia, Atención y Vinculación en la (CEARV). Es la otra candidata de Nad.

Abimelec Morales Quiroz, es Médico Cirujano por la UAEM, cuenta con una especialidad en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, forma parte del grupo de peritos reconocidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de México; es presidente de la Asociación de Apoyo, Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables A.C., actualmente es Consejero Consultivo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos y Consejero Consultivo Titular de la CDHEM. Y es uno de los férreos críticos del ombudsperson Raúl Hernández.

Angélica Dánae Velázquez Luna, Maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, trabajó durante 20 años en distintos cargos dentro de la Fiscalía General del Estado de Morelos entre los que destacan; secretaria ejecutiva del Fiscal y actualmente directora general de la Oficina del Fiscal. Obviamente, sería la candidata de Uriel Carmona y por lo tanto sus posibilidades son mínimas.

Joel Reyes Becerril, es Licenciado en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, cuenta con experiencia en Derechos Humanos dando acompañamiento a víctimas y sus familias para iniciar procedimientos en el ámbito jurisdiccional y no jurisdiccional.

Eva Penélope Picazo Hernández, es Licenciada en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, cuenta con experiencia en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctima; fue comisionada integrante del consejo de la CEARV y es presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos. Fue una de las que doña Elena “corrió” por “cobrar mucho y no hacer nada”, aquel 29 de marzo del 2016.

Xóchitl Pérez Muciño, Licenciada en Derecho, cuenta con experiencia en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas; trabajó en la Fiscalía General de la Republica como subdirectora de área de peritos; de 2014 a 2017 fue encargada de la Dirección Jurídica de la cuarta sección de la CTM y secretaria de acuerdos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Ariadna Isabel Urbina Ayala, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrante fundadora de Género 33, donde se otorga acompañamiento, orientación o derivación a mujeres de cualquier grupo etario e infancias en situación de víctimas de violencia en Morelos. Fundadora del Comité Contra el Feminicidio en Morelos.

La designación entrará a la lista de asuntos pendientes que tienen los integrantes de la actual legislatura, junto a los magistrados, comisionados del IMIPE, la titular de la ESAF, etc., pero ellas y ellos están muy ocupados viendo lo de su reelección.

HASTA EL LUNES.

Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) se llevó a cabo un proceso de elección de su dirigencia totalmente en línea y el ganador de la contienda fue el estudiante de Derecho, César Alejandro González Mejía, con más de tres mil votos de diferencia con su más cercano competidor.

De acuerdo a la información dada a conocer por mi compañero de La Unión de Morelos Salvador Rivera,  “César Mejía” (que es algo así como su nombre artístico) obtuvo ocho mil 254 votos y es el virtual presidente de la Federación de Estudiantes para el periodos 2021-2024.

Le acompañan en la mesa directiva Daniela Sofía López Rivera, alumna de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan, en la vicepresidencia; César Fonseca Avilez, alumno de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec, es el próximo consejero universitario y Luss Helena Andrade Hernández, alumna de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, será la nueva secretaria general de la organización estudiantil.

La convocatoria del proceso electoral señala que de no existir impugnaciones a la votación o cuando estas sean resueltas, el Colegio Electoral enviará el acta de mayoría a la planilla ganadora el día hábil siguiente, a los correos presentados durante el registro. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuenta con 39 mil 629 alumnos inscritos, con derecho a voto, y hasta una semana antes de la votación habían tramitado su correo institucional 37 mil 179 estudiantes.

Concluido el proceso de votación en calidad de cosa juzgada, la entrega del acta de mayoría y la toma de protesta del Comité Directivo Electo de la FEUM para el periodo 2021-2024 deberá llevarse a cabo el día lunes 22 de marzo de 2021 de manera virtual. Es una lástima que no pueda ser en una ceremonia solemne y presencial como todos sus antecesores.

Pero, ¿quién es César Mejía? Este muchacho comenzó a hacerse famoso hace cuatro años cuando fue despedido de la estación radiofónica en la que hacía sus pininos como locutor, por haber publicado un video en su cuenta personal de Facebook criticando duramente al entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Como ustedes saben, tengo un programa de radio en Radiológico todos los domingos, pero hoy me habló el jefe de locutores, Rodrigo Salas, para decirme que el video le había llegado a gobierno y que les había llegado a ellos y que no seguía la línea (editorial) que ellos tenían, diciéndome que estaba fuera del aire y que mi relación laboral con ellos había terminado”, dijo en un video publicado el 20 de octubre de 2017 que a la fecha tiene 40 mil 441 compartidas.

El joven comunicador fue entrevistado por Carlos Loret de Mola en su noticiero de Grupo Fórmula, a quien le dijo que el clip en su página había causado molestias en el gobierno estatal, por lo que es fácil asumir que hubo presiones externas, dejando abierto otro caso de censura.

Este revuelo obligó al entonces mandatario estatal, Graco Ramírez, a referirse a él en una entrevista con la periodista Adela Micha, diciendo que su administración no tuvo nada que ver con el incidente, y que él jamás escuchó sobre el locutor, y que a pesar de existir algunas diferencias con la prensa, en su mandato hay espacio para la libertad de expresión.

Y es que, en el mencionado video del 20 de octubre del 2017, el jovencito termina con el clásico “si algo llega a pasarme, hago responsable al gobierno de Graco Ramírez”.

Ahora lo volvemos a ver, en esta ocasión como aspirante a la presidencia de la que se supone es la organización más importante de estudiantes a nivel estatal, y lo encontramos en un video igual de “incendiario”. El video ya fue bajado, pero en ese clip César Mejía acusaba al todavía presidente de la FEUM, Erick González García, de estar apoyando económica y políticamente a uno de los contendientes por la presidencia.

Y no se equivocaba. El actual dirigente feumista confiaba en dejar en su lugar a un amigo que “le cuidara las espaldas” y no permitiera investigaciones sobre el manejo de los recursos financieros a los que tiene derecho la Federación de Estudiantes, algo así como 30 mil pesos mensuales “nada más para su gasolina”.

Es un secreto a voces que Erick González llegó a la presidencia con el apoyo de un grupo de universitarios, entre ellos consejeros, directores, funcionarios y, obviamente, su antecesor Israel Reyes, pero en cuanto obtuvo lo que quería mandó a la goma a todos y –como se dice coloquialmente- se le subió.

Fue tanta su soberbia que llegó a ponérsele al tú por tú a la secretaria general de la máxima casa de estudios, Fabiola Álvarez. Realmente creyó que era el líder de los más de 30 mil alumnos de todos los niveles de la UAEM, sin caer en la cuenta de que sólo era su representante, un membrete como cualquier otro, pues el liderazgo se gana.

Su peor error fue ofrecer su liderazgo al mejor postor, primero al Ayuntamiento de Cuernavaca donde logró meter a uno de sus incondicionales en la dirección de atención a la juventud, pero después ya presumía tener relación con gente cercana al gobernador del estado.

Hasta donde se sabe, el PES le había prometido una diputación local o el Instituto de Atención a la Juventud, pero hoy que ya vieron que no es capaz de ganar una elección estudiantil, quién sabe si le cumplan. Supuestamente el contacto de gobierno con la FEUM era la ex secretaria de Administración y hoy candidata a diputada por el Partido Encuentro Social, Mirna Zavala Zúñiga.

Se entendería que a cambio de ese apoyo, Erick González se encargaría de las estructuras juveniles para llevar al Congreso local a Zavala Zúñiga.

Por cierto ¿quién cree usted que fue la primera en felicitar al nuevo presidente electo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos? Ni más ni menos que Lucía Meza, la senadora que cobra como integrante de la fracción parlamentaria de Morena, pero trabaja para el Partido Fuerza X México, quien publicó en su cuenta de Twitter una foto con César Mejía, refiriéndose a él como un “joven honesto y trabajador, que seguramente representará con orgullo a las y los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios”.

Esperemos que César sea más inteligente que sus antecesores y no pierda la objetividad ni se deje llevar por “el canto de las sirenas”.

HASTA MAÑANA.

Los reporteros y camarógrafos esperaban impacientes en el restaurante “Los Arcos” donde habían citado a conferencia de prensa para un anuncio importante, pero no estaba nadie en el presídium. De pronto se le vio venir a lo lejos con su clásica figura cabizbaja y de lento caminar, contrario al exagerado garbo que caracteriza a los presidentes de otros partidos.

Don Gerardo Albarrán Cruz llegó y se puso como único ocupante de la mesa que serviría de presídium. En esta ocasión no estaban los líderes morenistas que lo acompañaron en aquella enjundiosa rueda de prensa del 31 de diciembre pasado en las instalaciones del partido en Amatitlán.

Ahí, sólo y su alma, dio lectura a un comunicado de prensa en el que hizo alusión al recurso de inconformidad interpuesto por ese partido, primero ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), luego al Tribunal Estatal Electoral y finalmente a la Sala Regional Federal, oponiéndose a la tan llevada y traída acta de convenio de coalición que firmaron los dirigentes estatales del Partido Encuentro Social (PES), y Nueva Alianza (PNA), así como Edi Margarita Soriano Barrera a nombre de Morena.

“Para Morena-Morelos es imperativo respetar las instituciones que son parte importante del Estado de Derecho, fundamental para continuar con el establecimiento de la cuarta transformación; y, no obstante de que no estamos de acuerdo con el resolutivo que la Sala Superior emitió para confirmar la coalición entre los tres partidos, debido a que tenemos fundada presunción de que se violentan las normas estatutarias y los acuerdos del Consejo Nacional, expresamos que acataremos dicho resolutivo, porque hay un objetivo superior que cumplir y, responsablemente, tenemos que abonar en su construcción de una democracia plena por la vía electoral pacífica”, dijo con profundo pesar.

Atrás se quedaron las arengas de que sólo permitirían una alianza con quien se rija bajo sus principios, que son, No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo y que respalden totalmente al Presidente de la Nación Andrés Manuel López Obrador en trabajar contra la corrupción.

Ahora, su discurso fue en un ámbito de “inclusión y tolerancia” e hizo un llamado a las bases de Morena a “hacer a un lado lo legal, lo jurídico, para continuar con la gran epopeya que es impulsar la revolución de las conciencias e instaurar el cambio verdadero de la vida pública de México y de Morelos, por supuesto”.

Y terminó con una frase que pareciera que estamos escuchando al mesías que todos los días trata de adoctrinarnos a través de su conferencia mañanera en radio y televisión: “No estamos por los cargos, estamos por los encargos”.

Obviamente que los cuestionamientos no se hicieron esperar: ¿Qué significa esto? ¿Termina aquí la resistencia de Morena-Morelos contra lo que consideraban una imposición desde el centro? ¿Es un llamado a votar por el candidato del PES que tanto han criticado?

Dubitativo, Albarrán Cruz contestó que los magistrados resolvieron la validez del convenio en mención, y que finalmente la vida del partido se rige por las instituciones. 

• Entonces ya con esto sí van a apoyar a Jorge Argüelles para la presidencia municipal de Cuernavaca- preguntó un reportero.
• La coalición se va a organizar para que el candidato o los candidatos de los municipios a los que les corresponda tener candidatura común serán apoyados porque ese es un acuerdo que ya hay en el convenio y que lo ratifica el tribunal, así que en ese sentido vamos a ser congruentes, vamos a ser consistentes y vamos a trabajar fuerte- contestó lacónico.
• Cuál es el mensaje que le envía a las bases morenistas?- preguntó quien esto escribe.
• El llamado es el que siempre ha sido: mantengamos la unidad plena. Nosotros tenemos un objetivo superior y ese objetivo superior no se enmarca en el contexto de la asignación o de la entrega de candidaturas, se enmarca en el contexto de que todo acto de los candidatos y ya en su momento representantes populares emanados de Morena deben de tener un fin absolutamente social.

Insistió varias veces en que ellos no están de acuerdo en la coalición, pero que son respetuosos de las instituciones y como tal se allanan a la resolución. Dijo que los registros de candidatos se están llevando a cabo conforme a la lista que ya fue dada a conocer, pero “pueden surgir imponderables y la ley permite que pueda haber alguna modificación”.

No quiso entrar en detalles sobre las designaciones plurinominales que supuestamente ya están “apartadas” para otros dos hermanos del guía moral Rabindranath Salazar, su incondicional Miguel Lucia y el propio Gerardo Albarrán. Sólo contestó que están siendo analizadas y determinadas por la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y que en su momento se darán a conocer.

• Se habla de que están vendiendo las candidaturas- insistió otro reportero.

“La militancia verdadera es una fiel seguidora de Morena, y estas versiones tienen una dosis de politiquería, nosotros respetamos la libertad de expresión, pero debe haber evidencia de lo que se dice, frente a la subjetividad sólo se genera desinformación”, contestó el dirigente morenista sin perder la calma que le caracteriza.

Horas más tarde, “con todo el dolor de su corazón”, el criticado presidente de Morena en Morelos ya estaba levantándole la mano al candidato del Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles Victorero.

Hay muchos morenistas “de a pie” que creen que lo del recurso de inconformidad ante las autoridades electorales fue sólo “un teatro” para que las bases pensaran que hubo resistencia, pero que en realidad siempre hubo una excelente relación entre Mario Delgado, Rabindranath Salazar y su gente en Morelos.

Esto se confirmará si en los próximos días sale a la luz pública la lista de asignaciones plurinominales y aparecen los parientes del subsecretario de Gobernación, Miguel Lucia y el propio Gerardo Albarrán, quien tendrá que salir otra vez con su cara compungida a decir que “no le quedó otra que aceptar la diputación plurinominal”.

HASTA MAÑANA.

Legalmente hablando, Fuerza por México es un partido político, pero en los hechos es una empresa, un negocio. Su propietario –Pedro Haces- es enminentemente empresario, y como buen hombre de negocios buscó a las personas que pudieran redituarles votos, que a final de cuentas se convierten en dinero.

Lo primero que hizo fue comprar la senaduría de Morena, y ahí conoció a la senadora Lucía Meza Guzmán, una ex perredista que fue diputada local dos veces y diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cercanísima a Graco Ramírez, pero que hábilmente pudo cambiarse a Morena un par de años antes de que terminara el sexenio.

Ella le presentó a su esposo, Ricardo Robledo, quien fue subsecretario de Gobierno con Graco Ramírez, y juntos pensaron en poner un negocio, ¿pero qué mejor negocio que un partido político?

Fue así como nació la idea de crear Fuerza por México. No fue difícil conseguir las firmas que requirió el Instituto Nacional Electoral (INE), pues la pareja Robledo-Meza tiene una gran estructura en la zona oriente, donde ella fue regidora e intentó ser presidenta municipal (obviamente también metió a su marido  a trabajar y después ambos demandaron al Ayuntamiento).

Para llenar el requisito de las firmas hicieron uso de toda la gente que tienen en el Ayuntamiento de Cuautla, donde la senadora logró incrustar como candidato de Morena a un hombre que fue su chofer alguna vez, Jesús Corona Damián, quien al igual que muchos se vio beneficiado por la ola Morena y así, sin tener estudios, de pronto se vio convertido en presidente municipal.  Obviamente le cobró caro el favor, exigiéndole plazas para toda su gente. El último funcionario que le impuso fue Víctor Hugo Vargas Ángeles, como titular del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC)

Ya con el registro del INE como partido nacional, Pedro Haces premió a Ricardo Robledo con la secretaría de Organización, y lo mandó a recorrer el país en busca de líderes que le garantizaran a FuerzaXMéxico los suficientes votos para conservar el registro.

Así fue como dos senadores de Morena (uno de ellos con licencia), hicieron un partido político que piensan ponerle a su disposición a Andrés Manuel López Obrador, para lo que se le ofrezca.

Como morelense, la prueba de fuego para Ricardo Robledo es la elección en su estado natal, donde conoce a la gente, pero sobre todo en donde se jugará “la joya de la corona”, o sea, la capital de Morelos.

Fue así como decidieron “contratar” a un personaje que ellos consideran que le puede garantizar los votos necesarios aunque no gane la alcaldía: Sergio Estrada Cajigal.

Ayer al mediodía fue la presentación de sus candidatos, y cheque usted como todos cumplen con la característica que aquí mencionamos al principio: No importa la ideología, con tal de ganar el mayor número de votos posible.

Sergio Estrada Cajigal, candidato a presidente municipal de Cuernavaca. Obligado a afiliarse al PAN cuando fue candidato a presidente municipal de Cuernavaca y después a gobernador de Morelos, renunciando unos meses antes de concluir su sexenio.

Nadia Luz Lara Chávez, ex candidata a la gubernatura de Morelos por el Partido Verde, pero quien declinó en la parte final de la campaña por Rodrigo Gayosso, hijastro del entonces gobernador Graco Ramírez. Buscará la diputación federal en el primer distrito.

Javier Bolaños Aguilar; panista que llegó de Veracruz a trabajar en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal y se hizo morelense, siendo diputado local, diputado federal, y candidato del PAN a la presidencia municipal de Cuernavaca en el 2018. Va por la diputación local nuevamente.

Claudia Martínez Lavín, priísta e hija del priísta Jorge Martínez Salgado. Será candidata a diputada local por el Distrito dos.

Claudia Aponte Maysse, hija del fundador del PAN en Morelos y ex procuradora de Justicia en tiempos de Sergio Estrada. Va por la sindicatura municipal.

Y como regidor número uno Víctor Hugo Manzo Godínez, prísta de toda la vida, dirigente de los trabajadores del ISSSTE y últimamente representante de la CNOP. Es esposo de Penélope Picazo, actual presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, aspirante a magistrada y a todos los cargos habidos y por haber que convoque el Congreso Local.

Ayer fue la presentación de los candidatos en un acto encabezado por su presidente nacional, Gerardo Islas Maldonado (poblano, secretario de Desarrollo Social con Rafael Moreno Valle), en un exclusivo lugar al norponiente de Cuernavaca, donde se demostró que por billetes no paran, pues el pase de acceso incluía una prueba de Covid gratuita.

Y como si fuera una especie de “Dejavú”, regresaron –algunos con muestras evidentes de que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después- aquellos que se enriquecieron hasta donde pudieron con el gobierno de Sergio Estrada Cajigal.

Alfonso Pedroza Ugarte (acusado de pagar 32 millones de pesos a la empresa Gemtel, inhabilitado pero que ya cumplió su sentencia, suponemos); Eduardo Becerra Pérez (recordado por retar a golpes al reportero Luis Hernández cuando era secretario de Gobierno); el que fuera su secretario particular Emmanuel Flores, y su amigo Edgar Contreras MacBeath, quien fue director del organismo operador de las carreteras de cuota e hizo negociazos con la autopista Siglo XXI.

Si estuviera vivo, seguro habría estado en primera fila el tristemente célebre jefe de la policía ministerial, Agustín Montiel López, quien se encargaba de detener a los abogados y periodistas incómodos para el régimen de Sergio Estrada Cajigal, pero todos saben que acabó su vida en la cárcel acusado de trabajar para la delincuencia organizada.

HASTA MAÑANA.

Si la situación es compleja para los partidos políticos “tradicionales”, imagínense para los que jurídicamente nacieron el año pasado y que los comicios del próximo seis de junio será su primera vez que se pondrán a consideración de la ciudadanía para ver si desea que continúen como tal o vuelvan a la nada.

Y en este proceso electoral totalmente atípico encontraremos de todo tipo de partidos, desde los serios, que nacen a la vida pública como resultado de la conjunción de grupos sociales afines y con una clara ideología, como los que no tienen otro objetivo que el económico, así como algunos que desde su concepción atraviesan por problemas legales y que seguramente perderán su registro.

Un ejemplo de los primeros consideramos que puede ser el Partido Renovación Política Morelense, con las siglas RPM, que consideramos que es el más ciudadano de todos los que estarán en la boleta.

Y es que su fundadora y presidenta, Leticia Salgado Peña, es una mujer nacida en Zacatepec, con estudios de Derecho que participó activamente en el movimiento independiente de 2015 a través de una organización que se denominaba Responsables por México que a nivel nacional encabezó Francisco de la Garza y en Morelos el jojutlense Saúl Medina.

“Antes de hacer política hagamos ciudadanía” fue la frase que me dijo en una plática reciente, y eso define el espíritu de ese partido. Sus miembros son fundamentalmente empresarias y empresarios de la sociedad civil interesadas en participar en política, como el ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Harry Nielsen y el ex presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Lucio Ramírez Brugada, entre otros.

Otro detalle digno de mencionar es la actitud que tomó el partido el pasado miércoles cuando el “destape” de su candidata a presidenta municipal de Cuernavaca coincidió en horario con otros dos eventos, la conferencia de prensa del Partido Acción Nacional y un evento del Partido del Trabajo.

El PT decidió posponer una hora su evento, conscientes de que la visita del presidente nacional de uno de los tres partidos que han gobernado este país atraería la atención de la prensa. Los compañeros periodistas le sugirieron a Renovación Política Morelense que cambiara de horario, y la respuesta fue negativa.

Ese detalle que pareciera insignificante, habla mucho de la esencia del partido, pues demostró que no tiene por qué “achicopalarse” por ser un partido nuevo frente a los “gigantes”.

Así, en la hora y el lugar previamente anunciado, se presentó a la candidata a alcaldesa por parte del RPM, que hasta ahora es la única mujer en la lista de aspirantes.

Se trata de Honorina Estrada Macedo, propietaria y fundadora de una empresa dedicada a la comercialización de productos químicos desde hace 30 años.

En su intervención, la lideresa del Comité Ejecutivo Estatal del partido, Leticia Salgado Peña, manifestó que Estrada Macedo posee los valores éticos, el sentido de responsabilidad, el talento y profesionalismo que RPM necesita para conducir la toma de decisiones.

Sabía usted que hay un partido que se llama Armonía por Morelos. Pues sí, fue el último instituto político que fue admitido por el Impepac tras meses de litigio.

Su presidente es Carlos González García, quien suponemos también será el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Es caso sui géneris, pues a Carlos le han colgado todo tipo de “milagritos”.

Y es que González García guarda una relación familiar con el empresario y actual diputado federal por Morena, Alejandro Mojica Toledo y con el ex candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza, quienes son su suegro y tío respectivamente. Sin embargo, destacó que con ninguno tiene afinidad ideológica por lo que no forman parte de la organización.

De la misma manera, el dirigente del nuevo partido ha rechazado tajantemente que el ex candidato a la gubernatura por el PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda también forme parte del proyecto político, como se ha difundido, aunque reconoció que mantiene una relación de amistad con el también hijo del ex gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreú.

Y ya que hablamos de partidos nuevos, ¿Dónde anda Fernando Josaphat Martínez Cue?

Recordemos que Fernando es un cuernavaco ciento por ciento. Estudió primaria y secundaria en el Colegio Morelos de Cuernavaca. El bachillerato y la carrera de Licenciado en administración, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es empresario y ha participado en distintas posiciones de carácter ciudadano.

Fernando Martínez Cué fue diputado federal del Partido Acción Nacional por el I Distrito Electoral Federal de Morelos a la LVIII Legislatura de 2000 a 2003, aunque en 2002 renunció a su militancia en el PAN y pasó a ser diputado independiente.

En 2005 fue designado candidato a gobernador de Morelos por la Coalición Por el Bien de Todos en las elecciones de 2006. Quedó en segundo lugar en una cerrada elección e impugnó los resultados, si bien fue ratificado el triunfo de su contrincante del PAN, Marco Adame Castillo.

Fue elegido diputado local por el tercer distrito de Morelos por el Partido Revolucionario Institucional al Congreso de Morelos; posteriormente fue candidato a la sindicatura municipal y junto con Jorge Morales Barud fue elegido para el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Su última participación electoral fue en 2018, cuando fue candidato a presidente municipal por el Partido Nueva Alianza. 

No entendemos por qué ninguno de los nuevos partidos ha volteado a verlo si ha demostrado ser un candidato redituable, de esos que necesitan los partidos de reciente creación para garantizar su registro y conseguir alguna regiduría.

HASTA EL VIERNES.

El próximo lunes 15 a las 12 de la noche se termina el plazo establecido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para el registro de candidatos a diputaciones y ayuntamientos. Si normalmente este periodo es difícil, en esta ocasión será una auténtica locura, pues habrá que agregarla las dificultades que provoca la pandemia y las nuevas disposiciones del órgano local electoral.

Como ya se informó oportunamente, en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral del Impepac aprobó los Lineamientos para el Registro y Asignación de Personas de la Comunidad LGBTIQ+, Personas con Discapacidad, Afrodescendientes, Jóvenes Y Adultos Mayores, para participar en el Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán diputaciones locales al Congreso del Estado e integrantes de los ayuntamientos, lo anterior en cumplimiento a la sentencia TEEM/JDC/26/2021-3, y su acumulado TEEM/JDC/27/2021-3, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Estos lineamientos son de observancia general y obligatoria para el Impepac, los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para los partidos políticos y para quienes aspiren a ser candidatas y candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de las diputaciones y de los municipios del estado de Morelos para el caso de candidaturas a presidencia municipal o sindicatura y en su caso a una regiduría de la planilla respectiva, para el Proceso Electoral ordinario 2020-2021.

¿Qué significa esto?

Significa que en las elecciones municipales los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes, deberán postular candidaturas observando el principio de paridad de género y las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas, para personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes y adultos mayores, para cada uno de los municipios del estado con excepción de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan, que se regirán por usos y costumbres.

Deberán postular a una persona de alguno de los grupos vulnerables señalados como propietaria y otra como suplente al cargo de presidencia municipal o sindicatura o en su caso a la fórmula de candidaturas a una regiduría de la planilla respectiva.

Es decir que, dentro de las postulaciones de personas indígenas, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes, respetando la paridad, se procure la postulación de personas jóvenes y adultos mayores.

“Para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos, coaliciones y en su caso, candidaturas comunes, deberán postular candidaturas observando el principio de paridad de género y las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas, deberán incluir en sus candidaturas una fórmula integrada por una persona propietaria y una suplente de cualquiera de los grupos vulnerables en las listas de diputaciones por este principio”, informó el Impepac a través de un comunicado en el que advierten que las candidaturas de las personas LGBTIQ+ y afrodescendientes deberán acompañar carta bajo protesta de decir verdad, en la que se precise que la persona acredita su adscripción como afromexicana, o de la diversidad sexual.

Y pone el siguiente ejemplo:

“Si a un partido se le deduce una regiduría asignada a una persona que no pertenece a alguno de los grupos vulnerables, tendrá que ser sustituida por una persona perteneciente a grupos vulnerables, cuidando de que no se trate de candidaturas ya asignadas a personas indígenas, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la lista de donde haya sido deducido, respetando además la prelación y la paridad de género”.

Corresponderá a personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes y adultos mayores la asignación de una diputación por el principio de representación proporcional.

Si de por sí los partidos políticos estaban muy preocupados porque “no hay mujeres que quieran participar en política”, ahora la tienen más difícil, pues deberán incluir forzosamente a personas que pertenezcan a esos grupos. 

Y en la capital del estado y su zona conurbada hay mucho de dónde escoger, pero la situación se complica en aquellos municipios alejados o con una población muy reducida.

Ayer visité la oficina de un partido político que no es de los nuevos pero tampoco es muy conocido. Me tocó ser testigo de cómo están “como locos” haciendo los reacomodos necesarios para cumplir con los lineamientos pero también para “cachar” a los líderes que no fueron tomados en cuenta por los partidos “grandes”.

Aquello parecía la casa de bolsa de Wall Street en los momentos más álgidos. Un miembro del partido haciendo llamadas telefónicas, otros tomándole fotos a los que ya aceptaron ser sus candidatos, otro más reuniendo los documentos, etc.

En eso llegó la presidenta del partido muy contenta. Acababa de convencer a una diputada de Morena a que sea su candidata a presidenta municipal, molesta porque no fue tomada en cuenta en la lista que recientemente dio a conocer el partido de López Obrador.

Eso es una gran noticia para ese partido, pero seguramente habrá que decirle a la persona que ya estaba contemplada para ese cargo que siempre no, y ver si quiere negociar algo, o se va a otro partido todavía más chico. Y así sucesivamente.

Estos últimos días serán de mucho estrés para los dirigentes de partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular. Pueden ocurrir cosas tan increíbles como lo que le sucedió a Moisés Agosto hace tres años, cuando tenía la promesa de que sería el candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla. “Se vino con toda su planilla en un autobús a una casa en Cuernavaca porque le dijeron que ahí esperara, que ellos (los de Morena) le indicarían en qué momento arribar a las oficinas del Impepac para hacer su registro. Pasaron las horas y después se enteró de que Morena ya había registrado a Jesús Corona como su candidato”, relató una persona que hoy será su coordinador de campaña para el mismo cargo, pero esta vez por el Partido Encuentro Social.

En esta ocasión no habrá registros “in situ”, será cibernético. Pero si en forma presencial se hacían “chanchullos”, imagínense lo que podrá hacerse mediante el uso del internet.

HASTA MAÑANA.

Son sesenta hombres y cuarenta y dos mujeres, todos con la legítima aspiración de llegar al máximo cargo dentro del Poder Judicial del estado: la magistratura. En teoría, todos deberían tener las mismas posibilidades de arribar al anhelado cargo, pero en los hechos sólo cuatro serán los elegidos por las razones que quieran las catorce diputadas y seis diputados de esta Legislatura.

Recordemos que el artículo 90 de la Constitución local establece que para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere: I.- Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles: II.- Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del Servicio Público; III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Autoridad o Institución legalmente facultada para ello: IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la designación; V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha dedicado a la Judicatura.

Si bien es cierto que la fracción VI establece como otro requisito el de “ser de reconocida honorabilidad”, esa disposición es muy ambigua y hasta contradictoria, toda vez que les permite acceder a ese cargo incluso a los que hayan sido acusados y procesados por delitos, siempre y cuando no haya condena en firme.

¿Cuáles son los criterios para elegir a la persona que habrá de ocupar la magistratura vacante de entre los que reúnen los requisitos? No existe un parámetro definido.

Si bien es cierto que sería deseable que los nuevos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia tengan el máximo grado académico que es el Doctorado en Derecho, lo es también que la carta magna sólo exige licenciatura.

De igual manera, se entendería que ofrece un mejor trabajo quien ya tenga experiencia en la actividad jurisdiccional (carrera judicial) pero no olvidemos que la Constitución consagra la igualdad de las personas ante la ley y que la paridad de género sólo aplica en el terreno electoral. ¿Entonces?

La realidad es que cualquiera de las 102 personas inscritas podría convertirse en magistrado o magistrada. Y es que en esa lista, como bien lo describiera el ex director de la Facultad de Derecho de la UAEM, el doctor Rubén Toledo Orihuela, “hay litigantes de respeto, jueces con muchos años de servicio y excelente historial en la judicatura, ex funcionarios públicos, hermanos, esposas y maridos incómodos, jueces en retiro, personajes inútiles que se inscriben a todas las convocatorias, personajes de mala reputación; en fin esta muy variada, como en botica”.

Van algunos nombres y lo que sabemos de ell@s:

María Guadalupe Flores Servín.- Nació el 2 de octubre de 1968 (me llamó la atención la fecha) en Cuernavaca; estudió en la escuela primaria “Pestalozzi”, en la secundaria Cuatro de Chipitlán y en la Prepa Dos de Alta Vista. La licenciatura en Derecho la obtuvo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la generación 1988-1993, e inmediatamente entró a trabajar al Tribunal Superior de Justicia como secretaría de Acuerdos en varios juzgados; después fue ascendida a Juez Menor y posteriormente a Juez de Primera Instancia en varios distritos judiciales. Hoy es vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción.

José de Jesús Guízar Nájera.- Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con Maestría en la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica de Morelos y Doctorado en el Centro de Estudios de Posgrado. Litigante durante varios años hasta que entró al Ayuntamiento de Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco en varios cargos hasta llegar a ser secretario de Asuntos Jurídicos y al ganar la gubernatura lo designan Subsecretario de Gobierno.  Imparte clases en diversas universidades privadas.

Alfonso Mejía Miranda.- Es licenciado en Derecho por la UNAM y estudió una Maestría en Juicios Orales y Técnicas de Litigación en la UNIM. Es abogado postulante desde 1986 y ha sido asesor del presidente municipal de Temixco y del Gobierno del Estado así como secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la UAEM. Habla inglés, francés, italiano y alemán.

Javier Hernando Romero Ulloa.- Es egresado de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de la generación 91-97. En su trayectoria profesional ha sido Juez Calificador del Sector Uno, en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca y Agente del Ministerio Público de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Aunado a ello se ha desempeñado como catedrático en distintas universidades privadas e impartido materias de Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal Laboral.  De enero de 2012 hasta la actualidad, Romero Ulloa se desempeña como Juez Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

Isidoro Eddie Sandoval Lomé.- Abogado egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con veintiún años de carrera como servidor público en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos donde inició como meritorio, luego oficial judicial hasta llegar a ser Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial, mediante concurso de oposición que se realizó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

Bertha Paredes Noyola.- Nació en San José del Progreso, Tututepec, Oaxaca, y desde niña trabajó en el campo. Llegó a Morelos en 1984 y ella sola se pagó su carrera en la Facultad de Derecho de la UAEM, generación 92-97; en 1998 obtuvo el título con la tesis “Creación de los Juzgados Familiares y Sala Familiar del Estado de Morelos”; de 2012-2014. Tiene una Maestría en Derecho Procesal Penal, en la Universidad del Valle de Cuernavaca, y actualmente es directora del departamento de orientación familiar del Tribunal Superior de Justicia en la zona oriente.

Araceli Salas García.- Es licenciada en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores (CIES). Laboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca en diversas áreas y en el 2016 fue designada directora de Desarrollo Legislativo del Congreso Local. Es en el Poder Legislativo donde ha sido encargada de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, integrante de la Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y actualmente asesora jurídica del Congreso.

Bili Blanca Bernadez Amador.- Egresada de la UAEM generación 1999-2004, Maestra en Derecho Penal por la UNILA y Doctorando en Ciencias Políticas en el Colegio Morelos. Entró al Poder Judicial en 1996 como oficial judicial y fue ascendida a secretaria de Acuerdos, cargo que desempeñó en juzgados penales de Atlacholoaya, en Cuautla y en el Consejo de la Judicatura (hoy Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina) donde fue asesora jurídica y actualmente es coordinadora de presidencia en el Tribunal Superior de Justicia.

HASTA MAÑANA.

Seguramente este día los periódicos estarán llenos de noticias relacionadas con la conmemoración de “El Día de la Mujer”, algunas dándole más importancia a los destrozos que provocaron y otras destacando las inaceptables estadísticas del feminicidio en México y de la violencia intrafamiliar.

El ocho de marzo estuvo colmado de eventos con motivo del día de la mujer; en su mayoría más como un acto de promoción política que de hechos contundentes. Los partidos políticos realizaron conferencias en donde se fueron a lo más fácil: la crítica a lo que no se ha hecho y la promesa de que todo cambiará cuando ellos lleguen al poder.

Así, y luego de firmar el documento la “Agenda por las Mujeres”, el presidente del PRI Morelos, Jonathan Márquez Godínez, declaró que frente a los grandes desafíos que enfrentan las mujeres, el partido responde con acciones concretas, no con palabras sino con hechos; y en el caso de esta agenda permitirá impulsar la igualdad sustantiva y cerrar el paso a la violencia contra las mujeres. México -aseguró el dirigente-, no será un país justo “hasta que cada niña y mujer esté segura y sin miedo, y hasta que tenga la oportunidad para realizarse plenamente en su vida pública y privada”.

Por su parte, la presidenta del Partido Renovación Política Morelense, Leticia Salgado Peña, firmó los “8 acuerdos en el 8m por una igualdad sustantiva”, con el fin de fortalecer, entre otros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres con perspectiva de género.

En conferencia de prensa (en las oficinas de RPM), refirió que en lo inmediato se atenderá, de manera “clara y libre de prejuicios”, la violencia política contra cualquiera de “nuestras candidatas”; sobre esa misma línea, habrán de garantizarse los filtros necesarios para no incluir en las filas del partido a hombres con antecedentes de violencia, apoyándose en la conformación de una base de datos de hombres con antecedentes de ese tipo, y la comunicación interinstitucional con otros partidos, que permita visibilizar a los hombres que han sido generadores de ese fenómeno.

Al mediodía, en las instalaciones del Congreso Local, la diputada Érika García Zaragoza, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 202 BIS y 202 Quintus, del Código Penal del Estado de Morelos relacionadas con violencia familiar.

El verdadero autor de la iniciativa, el doctor en Derecho Antonio Sorela Castillo, explicó que las penas previstas en este artículo se podrán aumentar hasta una mitad cuando: I. La violencia sea cometida en contra de una mujer y exista una relación de tipo sexual consentida, ocasional o reiterada y/o afectiva entre ésta y el sujeto activo; II. Cuando la víctima presente lesiones que tarden en sanar más de quince días y pongan en peligro la vida; III. La víctima sea menor de edad, o mayor de sesenta años.

La propuesta es buena, pero todavía falta que la aprueben.

Más tarde, al encabezar la Conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer en el Congreso de Morelos, el diputado José Luis Galindo Cortez, vicepresidente en funciones de presidente de la Mesa Directiva, envió un mensaje solidario a todas las mujeres, de todas las edades, de todos los estados del país y del mundo, que salieron a las calles a protestar en defensa de sus derechos, de una vida libre de violencia y por la igualdad.

En un arranque de franqueza, el diputado dijo que “sin el feminismo como una concepción crítica de la sociedad y sin las feministas como constructoras de nuevas formas de interacción social, sería imposible reconocer muchos de los avances que se han logrado en materia de derechos y políticas públicas a favor de las mujeres. Con todas ellas, estamos en deuda”.

Luego pasaron, una a una, las diputadas mujeres a pronunciar sendas piezas de oratoria en la máxima tribuna, pero fueron piezas huecas pues sólo contenían arengas y frases hechas.

Al destacar el trabajo de la actual legislatura a favor de las mujeres, Rosalina Mazari (vicepresidenta de la Comisión de Equidad de Género) anunció que continuará “diseñando y proponiendo estrategias y políticas públicas de cuidado, donde las relaciones laborales sean correspondientes con los sistemas de protección social”, y todos nos quedamos con cara de “What?”.

 ¿Qué reclamar cuando tienen un Congreso dominado por el género femenino pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo para avanzar en los temas de mayor importancia?

Tiene razón el diputado Galindo cuando dice que el Congreso está en deuda con las feministas, pero principalmente la Comisión Legislativa de Equidad de Género. Un ejemplo claro de ello es el caso de la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso, América López Rodríguez.

En el acta de la sesión extraordinaria de la Comisión de Equidad de fecha 24 de febrero, se puede leer lo siguiente:

“Se da cuenta por la Secretaría Técnica de la Comisión de la solicitud del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, a través de su Observatorio de Participación Política del Estado para que en carácter de integrante el Congreso se pronuncie respecto al escrito de fecha 5 de octubre de 2020 de la licenciada América López Rodríguez”.

Sin embargo, las legisladoras prefirieron evadir su responsabilidad al omitir fijar una postura respecto al hostigamiento que la funcionaria ha enfrentado hace meses de parte de las Fiscalías General y Anticorrupción, ambas del estado de Morelos.

“Después de la exposición del asunto las y los legisladores integrantes de la Comisión expresan diversos puntos de vista sin que se alcance un acuerdo con el consenso suficiente”, se lee en el documento. La batearon pues.

Quien también “le sacó al parche” fue la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Dessiré León Hernández. Ella tampoco quiso hacer un pronunciamiento para el caso de América López. No fuera la secretaria de Hacienda la afectada, porque entonces sí hasta a conferencia de prensa hubiera citado en coordinación con la Comisión Legislativa de Equidad de Género.

Como quien dice, hay “sororidad” solamente cuando les conviene políticamente.

HASTA MAÑANA.

Hay un refrán mexicano que dice “Hijo de tigre, pintito” para expresar que los descendientes de un personaje destacado heredan las cualidades de sus padres. Pero también hay otro dicho que advierte: “Nunca segundas partes han sido buenas”.

Y esto viene a colación porque, en esta desesperación que tienen los partidos políticos por encontrar fórmulas mágicas que los lleven al poder, han recurrido a todo tipo de estrategias, desde la contratación de personajes famosos como “Paquita la del Barrio”, hasta la postulación de aquellos que “en el apellido llevan la fama”. Luis Donaldo Colosio Riojas, hoy candidato a la alcaldía de Monterrey, es el más claro ejemplo de ello.

La estrategia de que “el apellido vende”, también ha sido muy utilizada en Morelos pero no siempre con los resultados esperados. El caso más conocido lo tenemos con Don Lauro Ortega Martínez, considerado el mejor gobernador que ha tenido Morelos, pero que su hija, Ana Laura, fue la primera priísta derrotada en unas elecciones municipales tras siete décadas de dominio tricolor.

El ganador en esas elecciones de 1997 fue nada menos que Sergio Estrada Cajigal, quien a su vez había sido buscado por los panistas precisamente por la buena fama de su padre, Vicente Estrada Cajigal, y de su abuelo, con el mismo nombre y apellido, gobernador de Morelos en 1930.

Ironías de la vida: los descendientes de don Lauro están haciendo causa común con Sergio Estrada Cajigal en su búsqueda por su segunda vuelta como presidente municipal de Cuernavaca, hoy bajo las siglas de un nuevo partido político de nombre Fuerza por México, satélite de Morena.

Otro caso es el de Alfonso Sandoval Camuñas, considerado también por muchos el mejor presidente municipal que ha tenido Cuernavaca, y que procreó dos hijos, Alfonso y Ariadna, y una tercera descendiente que tuvo que ser reconocida “post mortem” previo juicio en materia familiar.

El pasado 23 de enero fue aniversario luctuoso de Poncho, y el Partido Encuentro Social (PES) que encabeza Jorge Argüelles Victorero anunció que le haría un homenaje en el acueducto de Gualupita. De inmediato, muchos de los que trabajaron con él y otros que han usado su nombre políticamente, “pusieron el grito en el cielo” y lincharon mediáticamente al también precandidato a la presidencia municipal, argumentando que era una falta de respeto a su memoria.

Los “sandovalistas” esperaban una airada reacción de la familia de Alfonso, pero no solamente no hubo rechazo, sino que incluso hubo una publicación en Facebook (que tuve a la vista pero ahora que la busqué ya no la encontré) en la que Ariadna critica a los que critican a los homenajeadores.

Pues bien, ayer trascendió en redes sociales que la coalición Morena-PES-PNA queda así:

Candidato a presidente municipal, Jorge Argüelles; Sindicatura Municipal, Ariadna Sandoval; primera diputación local, Meggie Salgado; segunda diputación local, Marco Antonio Martínez Dorantes; tercera diputación local, José Casas González.

El anuncio no se ha oficializado, pero a juzgar por la felicidad que reflejaba Pepe Casas en sus publicaciones de ayer, y que nadie ha salido a desmentirlo, todo parece indicar que es real.

¿Cómo tomará el electorado la participación de la hija de Alfonso Sandoval con un partido nuevo que no es en el que su padre militaba? Lo sabremos el seis de junio.

Llevar el apellido de una persona famosa debe pesar, pero más cuando no sólo se lleva el apellido, sino también el nombre y el género. Ser el “Jr.” de un hombre destacado abre puertas, pero también implica la inevitable comparación que no siempre favorece. 

Llamarse Vicente Fernández debió haber sido una loza para su hijo Vicente que no sacó ni el 10% de la voz del reconocido cantante de ranchero, como Hugo Sánchez Portugal que sólo era incluido en los partidos de futbol por el nombre y que tuvo un final de su vida fatídico a sus escasos 30 años de edad.

En ese sentido, ¿sabía usted que Juan Jaramillo no ha muerto? Bueno, al menos eso es lo que nos quiere hacer pensar un enorme espectacular instalado sobre la casa de quien fuera diputado federal y regidor de Cuernavaca.

“Juan (José) Jaramillo” dice el anuncio que incluye la foto de un joven y abajo la frase que inmortalizó el fundador de la temida agrupación Alianza de Barrios: “Avísale a los demás”.

¿Cuál es la intención de ese anuncio? Lo sabremos en unos días.

No le veo nada de malo en utilizar el apellido cuando se es descendiente de una persona de prestigio, lo que sí es criticable es cuando alguien que no es su familiar, utiliza el nombre para obtener un provecho político.

El más claro ejemplo lo tenemos en el precandidato a diputado por Morena, Carlos Caltenco, quien está haciendo campaña bajo una asociación civil que él inventó y que se llama Gente en Movimiento (GM), y que no es otra cosa que las iniciales de Gisela Mota, la ex presidenta municipal de Temixco que fue arteramente asesinada.

Desde entonces Caltenco ha vivido de su memoria. No obstante que Gisela no era del grupo de Graco Ramírez, el hoy “morenista” se alió con el entonces presidente del PRD, Rodrigo Gayosso, para tomar el Palacio Municipal exigiendo que no asumiera el poder la presidenta suplente, Irma Camacho, sino la mamá de Gisela, a pesar de que sabía que no existía un fundamento legal para ello.

Tras dos meses de “resistencia”, el grupo de perredistas aceptó que la maestra Camacho gobernara el municipio, pero a cambio de diversos privilegios. Así Caltenco se benefició de esa negociación con la administración de Irma Camacho y después lo siguió haciendo con Juanita Ocampo -madre de Gisela- cuando ésta asumió la presidencia municipal tras el fallecimiento de la segunda alcaldesa. 

Eso sí no se vale, y los electores se lo reclamarán el próximo seis de junio cuando acudan a emitir su sufragio. Si es que va en la boleta.

HASTA MAÑANA.

Fernando Aguilar Palma y Juan Carlos Valencia Vargas no son parientes ni compañeros de partido, tampoco tienen relación alguna entre ellos, pero comparten dos características: ambos se han enriquecido “autocontratándose” obras en las instituciones donde han laborado (Ayuntamiento de Zapata y Ceagua, respectivamente) mediante prestanombres. Y ambos aspiran a un cargo de elección popular en las próximas votaciones de junio del presente año.

Los que conocen de años a Fernando Aguilar Palma lo recuerdan viviendo en la casa de su mamá, con tres máquinas retroexcavadoras que exhibía afuera de su vivienda en la colonia Pro-hogar con el letrero de “se rentan”.

Hoy es dueño de una lujosa residencia en la exclusiva colonia 14 de febrero que se ubica hasta el fondo del boulevard Bugambilias, pavimentado en su totalidad durante su gestión como presidente municipal de Emiliano Zapata. Y tiene más de 100 vehículos de maquinaria pesada.

“El Pachuco”, como es conocido en su municipio, también tiene una casa en San Antonio, Texas, a donde va con frecuencia.

¿Cómo es que su nivel de vida ha cambiado tan radicalmente en los últimos años? La respuesta es simple: autocontratándose todas las obras que se han hecho en Emiliano Zapata durante las dos administraciones en que ha presidido el Cabildo, ya sea por asignación directa, invitación a tres proveedores o licitación “amañada”.

Su otra “mina de oro” es la dirección de impuesto predial y catastro del municipio, donde puso a Juan Pablo Vidal Celis pero quien se encarga de cobrar “los moches” es su sobrino Joaquín Palma.

El hoy nuevo rico dejó el cargo de presidente municipal desde el pasado martes para estar en condiciones de “escuchar ofertas” de los partidos políticos que se interesen en sus servicios, y dedicarse, ahora sí, a administrar su constructora.

¿En qué se parece el ex alcalde de Emiliano Zapata al ex titular de la Comisión Estatal del Agua durante el sexenio de Graco Ramírez? En que Juan Carlos Valencia Vargas también tiene la dualidad servidor público-empresario y que también le ha ido muy bien.

Juan Carlos Valencia Vargas hoy se ostenta públicamente como director general de la empresa Aquator.

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la empresa “Consultoría y Desarrollo de Infraestructura Aquator S.A. de C.V.” se constituyó el 10 de agosto del 2010 por Héctor Javier Ibarrola Reyes y Maricruz Botello Amaro, quedando el primero como administrador único. Además se otorgaron nombramientos a Sandra Janete Delgado Valverde como gerente general de la sociedad y Marcos Hernández Rivera, como comisario.

En mayo de 2014 renuncia Ibarrola Reyes a la administración única y se designa en su lugar a José Ventura Lima Montaño, quien a su vez renuncia en mayo de 2017 y en su lugar queda Moisés Oswaldo Domínguez Álvarez. En esa misma asamblea, la señora Maricruz Botello Amaro manifiesta su deseo de vender sus acciones de la empresa y se las compra Héctor Javier Ibarrola Reyes.

Finalmente, el 18 de septiembre del 2018 deja la administración Domínguez Álvarez y queda en su lugar Gilberto Guatzozon Absalón (quien a su vez tiene otra empresa denominada Comercializadora Intermerc S.A. de C.V.). Suponemos —porque la pandemia nos impide checar el registro público de la propiedad—que ahora quien aparece como administrador único es Juan Carlos Valencia Vargas, quien se ostenta públicamente como director de dicha empresa.

El domicilio fiscal se ubica en la calle Portugal de Las Brisas, municipio de Temixco. Coincidentemente esa dirección también aparece como sede de otra empresa: “Gerencia y Administración de Proyectos S.A. de C.V.”.

Durante la administración de Graco Ramírez la empresa antes mencionada recibió pagos por 262 mil 585 pesos (sólo recibió contratos durante 2014), en tanto que Aquator facturó siete millones 936 mil 674 entre 2017 y 2018. Esa fue la información que proporcionó la Secretaría de Hacienda del actual gobierno en respuesta a una solicitud de información que fue contestada de inmediato.

Donde no contestaron de inmediato fue en la Comisión Estatal del Agua. Ahí la Unidad de Transparencia se negó a contestar hasta que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) los obligó a entregar una relación de los pagos a las empresas antes mencionadas del 2013 al 2018.

Los datos son los siguientes:

A Gerencia y Administración de Proyectos le pagaron siete contratos que sumados dan la cantidad de catorce millones 194 mil 971 pesos.

A Aquator le otorgaron (no aclara si mediante licitación o por adjudicación directa, a pesar de que la solicitud lo mencionaba) un total de 28 contratos que sumados dan la cantidad de noventa millones de pesos.

El hecho de que durante el tiempo que Valencia Vargas se desempeñó como titular de la Ceagua, la empresa Aquator haya estado a nombre de su compadre Héctor Javier Ibarrola Reyes fue mera coincidencia, como también que una de las accionistas haya sido su estilista Maricruz Botello Amaro, y que el esposo de ella, Heriberto de Jesús Juárez Rodríguez, sea empleado de Conagua.

Según sabemos, Juan Carlos Valencia Vargas será el candidato a presidente municipal de Cuautla, su ciudad natal, por el Partido de Trabajo (PT), por lo que muy seguramente en algunos meses tendrá que devolverle la empresa a su compadre o buscar otro prestanombre.

Y lo que son las coincidencias: todo parece indicar que uno de sus contrincantes en la elección para la alcaldía de Cuautla será nada menos que Moisés Agosto, quien lo sucedió en el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, y que ahora buscará ser presidente municipal bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES).

HASTA EL LUNES.

Fiel a su estilo irreverente y contestatario, el abogado Miguel Ángel Rosete Flores salió de la nada y acusó al Tribunal Superior de Justicia de tener nueve magistrados en la ilegalidad y que incluso sus sentencias podrían estar viciadas de origen.

El polémico litigante ofreció una rueda de prensa en la explanada del Palacio de Justicia en la que demandó la salida de los magistrados Juan Emilio Elizalde, Elda Flores León, Carmen Aquino Celis, Jorge Gamboa Olea, Bertha Rendón Montealegre y Manuel Díaz Carvajal, toda vez que ya cumplieron los primeros seis años y no fueron evaluados.

Los antes mencionados, “carecen de nombramiento vigente” -dijo- pues no han sido ratificados en el cargo, lo que los convierte en autoridades incompetentes para emitir resoluciones en el Tribunal Superior de Justicia, lo que vulnera la seguridad jurídica que mandata el artículo 16 constitucional, al exigir que los actos de autoridad sean emitidos por autoridades competentes.

En un documento entregado al Congreso Local y firmado por Rosete Flores en su calidad de ciudadano (no como presidente de la Barra de Abogados), le dice a los diputados que “se sirvan suspender el proceso de selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, hasta en tanto, se convoquen todas y cada una de las magistraturas”, y enseguida menciona los nombres de los once magistrados.

Según informó en la rueda de prensa, interpuso un amparo indirecto contra la convocatoria que emitió el Congreso Local para cubrir las cuatro vacantes del Tribunal Superior de Justicia y dos del Tribunal de Justicia Administrativa.

Esto tiene relación con el llamado “regalo de Dios”, que no es otra cosa que el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 24 de febrero de 2017 que reformaba la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que concedía a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.

De inmediato surgieron las suspicacias del por qué el Poder Legislativo (en ese tiempo totalmente “comprado” por el Ejecutivo) le estaba dando tan suculento regalo a los magistrados. “El gobernador Graco Ramírez se está amarrando el dedo por si en unos meses llega en calidad de acusado al juicio político y estará en manos de los magistrados pues el TSJ se erige en jurado de sentencia”, decían algunos conocedores del derecho.

Pero la razón era otra, o el entonces mandatario quería “matar dos pájaros de un tiro”. Resulta que por esas fechas los enemigos de Cuauhtémoc Blanco por fin habían logrado que el Congreso Local le iniciara juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, y los magistrados debían darle entrada de acuerdo a la ley.

Se trataba entonces de un soborno planeado por el Ejecutivo con la ayuda del Legislativo para beneficiar al Poder Judicial a cambio de incoar (iniciar) el juicio político contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Lo anterior era muy evidente, pero  quien se encargó de confirmarlo fue la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Lara Chávez, quien el 11 de septiembre del 2019, en una conferencia de prensa donde se iba a tocar otro tema, reconoció públicamente que la disposición para que los actuales magistrados pudieran quedarse 20 años en el cargo, fue resultado de una “negociación” entre el gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, para que se admitiera el juicio político en contra del entonces presidente municipal de Cuernavaca (hoy gobernador) Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Por suerte para los magistrados no hubo necesidad de que se exhibieran, pues los abogados del alcalde se movieron y consiguieron sendas suspensiones de la justicia federal hasta que se llegó el tiempo de las elecciones y nunca pudieron tumbarlo.

A la par, el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivarez Brito, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

En dicha demanda, la CEDH planteó que la reforma que derogó el sistema de reelección y ratificación de Magistrados, que se preveía en la Constitución local, hasta antes de la emisión del decreto combatido, transgrede la legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia, toda vez que al derogarse dicho sistema no sólo se eliminó la ratificación o reelección sino que también la posibilidad de que los magistrados sean evaluados, “lo cual transgrede los principios que rigen la actuación del funcionario, así como el principio de inamovilidad judicial regulado en el artículo 116, fracción III de la Constitución general”.

El 14 de julio del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo transitorio que ampliaba el periodo de nombramiento de los magistrados en funciones. En consecuencia, se acordó que la invalidez decretada surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos y que los magistrados continuarían con las condiciones que tenían previo a la reforma impugnada.

En la página 69 de la sentencia, dice claramente:

“Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por consideraciones diferentes, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, respecto del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, en su parte primera, denominada “Derogación del sistema de ratificación o reelección de los magistrados con base en su evaluación”, consistente en reconocer la validez de la derogación de los artículos 40, fracción XXXVII, párrafo segundo, 89, párrafos tercero, octavo y noveno, 109-bis, párrafo séptimo, y 109-ter, párrafo cuarto, así como de la reforma de los artículos 89, párrafos segundo, quinto y sexto, 109-bis, párrafos sexto y octavo, y 109-ter, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mediante el Decreto Número Mil Seiscientos Trece, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete”.

Por lo pronto, el inquieto abogado ya consiguió su propósito de “alborotar el gallinero” y si logra que un Juez de Distrito le otorgue una suspensión provisional, o que le entre la duda a los diputados (quienes se quedaron sin director jurídico tras la renuncia de Florentino Galindo) estaremos ante la posibilidad de que no sea la presente legislatura la que reparta las anheladas magistraturas que (dicen) estaban siendo valuadas hasta en tres millones de pesos.

HASTA MAÑANA.

La aplicación de la ley debería ser pareja para todos y ajena a cuestiones políticas y/o partidistas, pero en los hechos ha quedado demostrado que la procuración y la administración de justicia depende mucho del estilo personal del gobernante en turno. Esa fue la conclusión a la que llegamos ayer en el simposium sobre el tema de la libertad de expresión organizado por la Universidad de Ciencias Jurídicas en el que un servidor fue invitado como ponente.

 Analizamos 10 casos en los que periodistas y escritores sufrieron las consecuencias de haber ejercido su libertad de expresión, y cómo cambió el trato que les dieron a sus juicios al pasar de un gobierno a otro, en algunos casos en forma tan radical, que los acusadores pasaron a ser acusados, e incluso detenidos.

Uno de ellos fue el de Gerardo Sosa Castelán contra el periodista Alfredo Rivera Flores. En agosto de 2004 el exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo demando por daño moral al periodista Alfredo Rivera Flores autor del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, en el que señala presuntos abusos y atropellos cuando era dirigente estudiantil y, luego, rector.

El juicio civil por daño moral continúa, pero hoy Gerardo Sosa tiene cosas más importantes que atender, ya que en agosto del año pasado fue detenido por peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, y actualmente permanece preso.

Otro caso emblemático fue el de Olga Wornat, la escritora argentina que escribió el libro “Crónicas Malditas” y su fragmento publicado en la revista Proceso, en los que daba a conocer el contenido de la carta que Martha Sahagún le mandó al Papa explicándole los motivos para solicitar la anulación de su matrimonio con Manuel Bribiesca y después casarse con el presidente Vicente Fox.

Después de ser sentenciada al pago de casi dos millones de pesos, en abril de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por Marta Sahagún por el juicio de daño moral realizado en 2005 contra Proceso y Wornat y les concedió la razón a los periodistas.

La misma ruta siguieron casos como el de Jesús Ortega contra la periodista Sanjuana Martínez, Humberto Moreira contra Roxana Martínez, y Eruviel Ávila contra el reportero Humberto Padgett, que habiendo sido condenados al pago de la reparación del daño por tribunales estatales, fueron protegidos por el máximo tribunal del país y tuvieron que ser absueltos.

Pero el caso más emblemático sin duda es el de Carmen Aristegui, demandada por daño moral por el propietario de la empresa MVS, por el simple hecho de escribir en el prólogo del libro “La casa blanca de Peña Nieto”, la forma como fue despedida de la estación radiofónica al intentar dar a conocer los resultados de la investigación de sus compañeros reporteros.

Después de que un tribunal en la Ciudad de México declarara culpable a la periodista por daño moral, la SCJN decidió atraer el amparo interpuesto por la defensa y el 20 de febrero de 2019 resolvió a favor de la periodista argumentando que la resolución que le exige a una periodista probar las expresiones contenidas en el prólogo de un libro sobre un tema de actualidad nacional, en el que se aludía a los dueños de una concesionaria de radio y televisión y su relación con el poder político en México, no es congruente con los criterios de la Primera Sala sobre libertad de expresión.

De igual manera dijeron que se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados. En opinión de los expertos en derecho, los ministros hicieron suyos los argumentos de la defensa de Aristegui.

Quizás porque en diversas ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había expresado su desacuerdo con la injusticia que estaban cometiendo los Vargas en contra de la periodista.

Pero quizás el caso que más demuestra que “los carniceros de hoy pueden ser las reses de mañana”, es el de Lydia Cacho, la periodista que en 2005 publicó el libro "Los demonios del edén", en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, uno de ellos Kamel Nacif.

Meses después de la publicación de su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia que en ese tiempo era considerado delito, en agravio de Nacif.

Un mes más tarde, salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, en las que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un "pinche coscorrón" porque "en Puebla se respeta la ley".

Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista. Sin embargo, el voto de la hoy secretaria de Gobernación, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, fue determinante para que los acusados quedaran exonerados.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce que la reportera mexicana fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar "con penas adecuadas" a los responsables de esas agresiones.

Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió disculpas públicas y en abril de 2019 se emiten órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla. Como ya sabemos, el ex gobernador de Puebla fue detenido hace unos días y hasta hoy duerme en un penal de Quintana Roo.

Otro caso menos conocido pero también emblemático, es el del periodista indígena (maya) Pedro Canché, al que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, le imputó el delito de “Sabotaje” y lo mandó a la cárcel por nueve meses. Hoy, los que están bajo proceso penal son la agente del Ministerio Público y el juez que libró la orden de aprehensión contra Canché.

Recordemos que también en Morelos hemos tenido periodistas encarcelados por venganza del gobierno, y que varios reporteros hemos sido demandados por la vía civil exigiendo cantidades millonarias como indemnización.

Casualmente, tanto el que metió a la cárcel a nuestros compañeros, como el que demandó por la vía civil a otro, buscan la presidencia municipal de Cuernavaca. Pero esa es otra historia.

HASTA MAÑANA.

El pasado fin de semana el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó vía internet el “Curso de Cobertura Electoral dirigido a Medios de Comunicación” con la participación de los organismos públicos locales electorales de los estados de Puebla, Guerrero y Morelos, éste último presidido por el consejero Pedro Gregorio Alvarado Ramos. 

De lo más trascendente del evento, al menos para quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, fue la participación de Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, quien dio una amplia explicación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en ese rubro, sobre todo lo que se refiere a redes sociales.

Existe un gran desconocimiento entre los medios de comunicación (y entre los aspirantes todavía más) de la aplicación normativa en materia de redes sociales, lo que intentó ser aminorado por el funcionario del INE.

Por principio de cuentas, Carlos Ferrer recordó que ningún partido político puede hacer contratación directa de espacios en radio y/o televisión, pues esa es facultad exclusiva del INE, guardando la proporcionalidad entre los institutos políticos que tienen derecho a ello.

Y otra cosa muy importante: la misma normatividad que se le aplica a los medios de comunicación “tradicionales” incluye las redes sociales del mismo. Es decir, que si un periódico publica publicidad de un partido político en sus cuentas de Facebook o de Twitter, tendrá las mismas restricciones que establece la ley para la edición impresa.

Por ejemplo, la imposibilidad de difundir mensajes publicitarios de cualquiera de los tres niveles de gobierno durante la llamada “veda electoral”, y por supuesto los anuncios donde se esté invitando a votar por tal o cual candidato.

Afortunadamente la empresa Facebook ya no permite que le contraten en forma anónima pautas para favorecer a un candidato. Ahora forzosamente aparecerá quién contrata y se le tomará en cuenta a la hora de sumar sus gastos de campaña.

Lo que sí se puede hacer (y ahí radica la fórmula del éxito) es que usuarios de las redes sociales publiciten al candidato de su preferencia de manera orgánica, incluso en tiempos de veda.

Y es que uno de los periodistas preguntó: ¿cómo va a regular el INE los impactos de publicidad si la gente sigue compartiendo o haciendo comentarios aún en tiempos de veda?

La respuesta textual del alto funcionario del INE fue: “El control jurídicamente hablando puede ser complicado o quizás imposible. Si un usuario en Bangladesh publica un comentario sobre una publicación hecha en México después del dos de junio, difícilmente podremos hacer algo”.

En lo que sí se puede tener un control absoluto es en lo que se difunde por Facebook y que trae el anuncio que dice “publicidad”. Esas contrataciones sí son medibles y controlables, es decir, el INE incluso le puede solicitar a la empresa Facebook que retire una publicación que contraviene la normatividad electoral.

También, el INE puede intervenir en el caso de aquellos en que los candidatos a cargos de elección popular hagan proselitismo fuera de tiempo a través de sus cuentas personales, siempre y cuando se demuestre que no son cuentas falsas.

En lo que no se puede hacer nada, es en las publicaciones que hagan los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y hasta Tik Tok, de manera orgánica, a favor o en contra de tal o cual candidato. Lo que puede ocurrir es que la propia red social, de acuerdo a sus políticas, pueda bajar la publicación pero no por indicación del INE, sino por quejas de los propios usuarios.

Por su parte, el Impepac dio a conocer que en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 se eligen a 12 diputados por mayoría relativa y 8 de representación proporcional, así como 33 Ayuntamientos compuestos por un presidente municipal, un síndico y sus regidores.

En los municipios de reciente creación: Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan se elegirán a los ayuntamientos por usos y costumbres de acuerdo a lo que establece el Artículo segundo de la Constitución y 2 (bis) de la Constitución local.

Por lo que respecta a las candidaturas indígenas, se informó que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los acuerdos emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que regulan las acciones afirmativas para la postulación de personas indígenas a cargos de Ayuntamientos y Diputaciones en el proceso electoral 2020-2021.

En relación a las acciones afirmativas para las diputaciones en los Distritos Electorales III, IV, V y X los cuales cuentan con un porcentaje de población indígena mayor al 40% respecto de su población total; los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán postular a personas indígenas como candidatas y candidatos debiendo acreditar la auto adscripción calificada.

Para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional los partidos políticos y coaliciones deberán incluir en las candidaturas de representación proporcional, adicionalmente a la candidatura indígena que señala el artículo I fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, una candidatura indígena más, de tal forma que en dicha lista queden incluidas dos candidaturas indígenas de géneros diferentes.

Mientras que en los 33 ayuntamientos que no son reconocidos como indígenas las acciones afirmativas señalan que los partidos políticos deberán registrar en sus planillas candidaturas indígenas a regidurías en un porcentaje equivalente al porcentaje de su población indígena.

En aquellos municipios que tengan un porcentaje de población indígena mayor al 50% pero menor al 90%, los partidos políticos deberán registrar en sus planillas candidaturas indígenas en un porcentaje equivalente al porcentaje de su población indígena, debiendo ser una de esas candidaturas a la presidencia municipal o sindicatura y el resto a regidurías.

En Morelos hay un porcentaje de población indígena (por el criterio de auto adscripción) del 30.18 por ciento con respecto al total de la población del Estado; el municipio que menos población indígena tiene es Cuernavaca con alrededor del 23 por ciento y hay municipios como Tepalcingo y Temoac que tienen casi el 100 por ciento de población que se considera indígena.

HASTA MAÑANA.

El próximo 16 de marzo se llevarán a cabo las votaciones para elegir al nuevo comité directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) para el periodo 2021-2023, tras una gestión más que discreta del joven Erick González García, y con la característica de que la etapa de proselitismo se está llevando a cabo –por primera vez en la historia- totalmente en medios electrónicos.

Eso es algo que jamás se lo hubieran imaginado Luis Arturo Cornejo Alatorre (actual secretario de Educación); Víctor Rubio Herrera (actualmente jubilado como trabajador de la UAEM); y Jorge Meade Ocaranza (ex candidato a gobernador, hoy delegado del PRI en Veracruz), sólo por mencionar algunos de los que presidieron esa organización y que hoy todavía viven.

Pero lo que tampoco se hubieran imaginado, es que una organización estudiantil que llegó a tener tanta fuerza política en el estado, hoy esté prácticamente reducida a un membrete. 

Recientemente platiqué con una señora a la que todos conocen como Juanita Panamá, quien fuera empleada de gobierno con Armando León Bejarano, encargada de tramitar el pago de las cuentas de restaurantes para los entonces miembros del comité directivo de la Federación de Estudiantes, entonces presidida por Víctor Rubio Herrera.

Otro amigo, egresado de la Facultad de Derecho, me cuenta historias de golpizas, parrandas, atracos a camiones repartidores, secuestros de autobuses, y una serie de tropelías que me hacen llegar a una conclusión: el gobierno realmente le tenía miedo a los estudiantes.

Y algo en lo que coinciden ambos, es que Víctor Rubio vivió de la fama de ser “bueno para el trompo y que no se le rajaba a nadie”.

El miedo de los gobiernos priístas a una revuelta similar a la de 1968 en la capital del país, hizo que prácticamente pagaran cuotas a los dirigentes estudiantiles en turno, aunque no necesariamente tuvieran el arrastre necesario entre los párvulos para desestabilizar a un gobierno. Vivían de la fama pues.

Recordemos que la Federación de Estudiantes se convirtió en un “kínder de políticos priístas”, donde los jóvenes comenzaban a aprender los secretos de la política y sus mejores cuadros se iban directamente a cargos del partido tricolor. Ahí aprendían a “embarazar urnas”, comprar candidatos, imponer a sus sucesores, comprar líderes con parrandas, etc.

De ahí salieron Jorge Meade Ocaranza, Alejandro Pacheco Gómez, Armando Ramírez Saldívar, Víctor Saucedo Perdomo y Luis Rubén Cifuentes Carrillo, quienes incluso fundaron el CUMAC, como una organización totalmente priísta que terminó con José Silva Bandala, en 1988, cuando un grupo de inconformes encabezados por Erick Castro (QPD), Gustavo Martínez, Guillermo del Valle y Andrés González García lo hicieron renunciar en 1988.

Por alguna razón que nunca entendimos los preparatorianos que participamos en las marchas de protesta, tras el movimiento de insurrección el ganador fue un estudiante de Derecho al que nunca vimos en las huelgas de hambre que se organizaron: Julio Ernesto Pérez Soria.

A partir de los noventas la FEUM perdió su esencia tricolor y “se empanizó”, con Víctor Sánchez Trujillo, Demetrio Chavira de la Torre y Gerardo Gama Hernández. Luego tuvo varios presidentes que “pasaron de noche”, tan es así que ni sus nombres nos quedaron en la memoria. Luis Salas Catalán fue el último que recordamos, que después fue regidor por el PRI pero durante el trienio de Sergio Estrada Cajigal se hizo panista. Hoy, parece que contenderá para presidente municipal por el partido “Podemos” de Yuriana Lázaro Landa.

De ahí para adelante la FEUM anduvo “dando tumbos”, tanto que hasta tuvieron un presidente, Edgar Landeros, que sólo duró un año, y que decían que pertenecía a “La Maña”.

En 2011, Fermín Esquivel Díaz fue impulsado por el entonces senador Graco Ramírez, a la postre gobernador del estado y quien nunca le cumplió con la diputación que le prometió. Y que se merecía.

Entonces llegó un joven proveniente de Tlayacapan, de tez morena y complexión robusta, pero que tenía un manejo de la oratoria sorprendente. Su discurso franco y sencillo ganó la simpatía de los estudiantes, quienes le dieron el triunfo sin mayor problema. Se llama Israel Reyes y lo único que podemos decirles es que algún día va a ser presidente municipal de su municipio que lo vio nacer.

Fue el propio Israel Reyes quien impulsó a su vicepresidente, un joven de nombre Erik González García, de la Facultad de Contaduría y Administración, para que fuera su sucesor, pero no cumplió con las expectativas.

Si en estos momentos le preguntamos a cualquier estudiante de la UAEM el nombre de su representante en la FEUM, seguramente no lo sabrá. Y no se trata de que los dirigentes estudiantiles tengan que secuestrar camiones o hacerse los desaparecidos para hacerse famosos, pero sí hacer un trabajo que repercuta en beneficios para sus representados, y también algo de presencia política, lo que definitivamente Erick no supo hacer.

Su periodo, que inició en 2018 y terminará en este año, pasó prácticamente desapercibido.

¿Quién ganará las elecciones del próximo 16 de marzo?

De acuerdo a los sondeos que hemos realizado, la que tiene las preferencias en el estudiantado es la planilla que encabeza César Mejía para la presidencia, Daniela Rivera para la vicepresidencia, César Fonseca y Luss Andrade para la Consejería y la secretaría general, respectivamente.

El actual presidente está tratando de imponer a su candidato Abimael Quintana, proporcionándole todos los recursos necesarios, y la tercera opción es Patzzy Jiménez.

Este 16 de marzo, no sabemos si de manera electrónica o en votación presencial, los más de 20 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos habrán de elegir a su representante. Que sea para bien de la institución y ojalá que la organización estudiantil recupere la fuerza que alguna vez tuvo.

HASTA MAÑANA.

Se hacen llamar “operadores políticos” y garantizan votos como si tuvieran el poder de la hipnosis colectiva. Sus mejores clientes son personas que nunca han incursionado en la actividad electoral pero que tienen el sueño de ser presidentes municipales o diputados y, sobre todo, cuentan con el dinero para pagar una campaña.

En otras ocasiones he platicado la anécdota de mis dos amigos que por separado buscaban un cargo de elección popular, aunque reconocían que nunca habían participado en la política. “Acabo de contratar al que operó la campaña de Garrigós; tiene el control de todos los ayudantes municipales y líderes de colonias. Voy de gane”, decía mi amigo muy emocionado.

Paralelamente, mi otro amigo también buscaba una posición política, pero no para él, sino para su hija. Comenzó a organizar todo y en una reunión nos dijo: “Les voy a presentar a quien va a operar la campaña de mi hija, es un verdadero experto en operación política”.

Y era la misma persona que me había presentado mi otro amigo, quien iba por un partido diferente. Entonces recordé lo que alguna vez me comentó un maestro de ciencias políticas: “Antes los partidos se aprovechaban de la gente, hoy la gente se aprovecha de los partidos”.

Efectivamente. En las últimas elecciones la gente de escasos recursos recibe lo que les dan los diferentes partidos, tanto en especie como en efectivo, pero eso no garantiza su voto.

Ocurrió en aquella memorable elección del 2015, cuando competían para la presidencia municipal de Cuernavaca el hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco, la priísta Maricela Velázquez y el perredista Jorge Messeguer Guillén. El PRI le invirtió mucho a sus estructuras; el PRD-Gobierno puso los taxis para acarrear votantes, y la gente votó por su ídolo del futbol.

En el 2018 ocurrió lo mismo con el candidato a gobernador Rodrigo Gayosso, quien desde seis meses antes de la elección comenzó a pagar a líderes de colonias y poblados una cantidad fija mensual para que convencieran a la gente y que el día de la elección acudieran a emitir su sufragio. Y así lo hicieron, pero en la soledad de la mampara cruzaron la opción de quien les simpatizaba, no de quien les había pagado.

Las anécdotas anteriores tienen como finalidad advertir a los aspirantes a diputados y presidentes municipales (sobre todo en esta ocasión que habrá más de 20 partidos políticos en las boletas), que no se confíen en los llamados “operadores políticos” que les prometen miles de votos a cambio de dinero.

Para bien de la democracia, ya pasaron los tiempos en los que se podían aplicar tácticas como “el carrusel” o “el ratón loco” para garantizar un voto a favor, o bien, modificar las actas de casilla y comprar a los representantes de partidos. Hoy al votante hay que convencerlo, no comprarlo.

Eso lo tiene que saber el aspirante a un cargo de elección popular, pero también los presidentes de partidos políticos que andan en busca de candidatos que les garanticen el tres por ciento de la votación para conservar el registro, y de ser posible una diputación plurinominal o una regiduría.

Cuidado con esos personajes que andan ofreciendo sus servicios a los pocos partidos que todavía no definen a sus candidatos, y que les aseguran que si los contratan como candidatos los votos caerán como caen las tortillas en una tortillería: una tras otra hasta llenar el canasto.

Todos esos ex candidatos hacen lo mismo: contabilizar los votos que recibieron con anterioridad, como si ya los tuvieran cautivos, sin importar el partido por el que vaya. Así, escuchamos frases como “traigo 20 mil votos de la elección pasada”, “mi capital político es de cinco mil votos asegurados”.

Un ejemplo claro de esos “comercializadores de capital político” es el ex candidato del PRI a la gubernatura de Morelos, Amado Orihuela Trejo, quien presume haberle prestado su estructura a un priísta para que ganara la diputación federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por eso, los morenistas le hacen el feo a Jorge Messeguer Guillén, pero nada dicen de Amado Orihuela Trejo, quien con total cinismo y desparpajo se fue a registrar como candidato a diputado federal, pero ahora por Morena, seguro de que AMLO lo aceptará con todo su pasado priísta, a cambio de los anhelados votos que garanticen la Cuarta Transformación.

Pero sin duda que el mejor vendedor de “capital político” es Manuel Martínez Garrigós. El ex presidente municipal de Cuernavaca se jacta de tener miles de seguidores en todo el estado de Morelos, quienes lo obedecen ciegamente sin importar nombre o color del partido.

En sus pláticas con los interesados les cuenta cuántos votos tuvo en la elección del 2009 y lo poquito que le faltó para convertirse en gobernador del estado. Asegura haber sido “el fiel de la balanza” en aquella elección del 2015 cuando sus huestes operaron para que llegara Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal de Cuernavaca y cómo fue traicionado por los hermanos Yáñez.

Y lo que nunca puede faltar: “Jurídicamente no tengo un solo expediente en mi contra cuando fui presidente municipal”. Eso nadie se lo refuta, por algo es catedrático de la UNAM al igual que su hermano José.

Y sus problemas familiares, la denuncia del papá y de la ex esposa, pues él dirá que son cuestiones de índole personal.

Originalmente el tema de la columna de hoy era sólo “el mito de las estructuras”, pero casualmente al momento de redactarla me confirman que el candidato del Partido Movimiento Ciudadano para la capital del estado, es precisamente Manuel Martínez Garrigós. Sí, aunque usted no lo crea.

Los que mandan en Movimiento Ciudadano tuvieron que analizar si se iban por un candidato ciudadano sin negativos como es Chacho Matar, o por un personaje con muchos negativos pero con una “estructura consolidada” como es Manuel Martínez Garrigós que sí les garantiza los anhelados votos. Como quien dice, aplicaron la máxima de que el fin justifica los medios.

Ahora sí, ya no falta ningún otro ingrediente para tener la competencia electoral más reñida de la que se tenga memoria en Cuernavaca, y con el ingrediente de que se realizará en medio de una pandemia que pone en riesgo la salud de los votantes.

HASTA MAÑANA.

El presidente municipal de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, autoapodado “El Cuananis”, organizó una conferencia de prensa en un restaurante de buen nivel de la capital de Cuernavaca, tan sólo para anunciar que él no es la persona que en Facebook escribió el comentario “las señoras a la cocina”, por lo que levantó una denuncia por el delito de “suplantación de identidad”.

El polémico alcalde aclaró que hizo la denuncia porque así se lo recomendaron sus abogados, y porque el partido que lo va a postular para un nuevo periodo de tres años (el Partido Encuentro Social) le sugirió armar la rueda de prensa para evitar que pudieran impugnar su candidatura por violencia de género.

Ya hasta le contrataron un asesor “de lujo”, que es José Pérez Torres, quien ocupara ese mismo cargo en el municipio de Amacuzac en el 2012 y en 2016 tuvo un efímero paso por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cuernavaca (SAPAC).

Pues resulta que en el muro de Zugeily Cabrera Flores, pre-candidata del Partido Socialdemócrata (PSD) a la alcaldía, una de sus amigas de nombre Araceli Quezada, escribió: “Zugeily Cabrera Flores, el mejor proyecto para Tlaltizapán”. Y como contestación a ese comentario aparece un tal Alfredo Domínguez Mandujano que puso: “Las señoras a la cocina”. Y eso es todo.

Derivado de esas cuatro palabras todo el equipo jurídico del Ayuntamiento se puso a trabajar y presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional con sede en Jojutla. Aquí lo raro es que su querella la presenta “en mi calidad de presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán”, cuando debería ser como ciudadano, pagándole a un litigante particular y no usar el aparato legal del municipio que suponemos tiene otros pendientes.

Diferente sería que la página supuestamente apócrifa fuera del Ayuntamiento de Tlaltizapán, entonces sí habría una afectación a la institución. De hecho, sí hay una página con ese nombre, pero no es falsa, simplemente que corresponde al periodo de David Salazar.

A raíz de la “aclaración” del “Cuananis”, nos metimos a Facebook y descubrimos que la página en mención aparentemente sí es de él, y no comenzó en enero pasado como lo menciona en su escrito de denuncia, sino del 2018, el 26 de febrero para ser más exactos.

Se trata de una “fanpage” que abrió como “candidato político”, y en la que se replican las publicaciones de la página oficial del Ayuntamiento, lo que no haría una de esas páginas que suplantan la identidad del usuario.

Desde nuestro particular punto de vista, fue innecesaria tanto la denuncia como la conferencia de prensa. Resulta intrascendente si el perfil que dijo que las señoras deben irse a la cocina corresponde al presidente municipal o no. De todos modos sería muy difícil comprobarlo.

Lo realmente importante es saber si a lo largo de toda su vida, Alfredo Domínguez Mandujano ha respetado al género femenino o es machista. Si procura en todos sus actos, tanto institucionales como personales, respetar a las mujeres, como lo presumió en la multicitada conferencia en “La India Bonita”.

Y como dijera el presidente AMLO: nosotros tenemos otros datos.

Por ejemplo, que su tesorero le puso una golpiza a su esposa y en lugar de despedirlo, lo sostuvo varios meses bajo el argumento de que lo ocurrido “fue un asunto personal”, y que además para correrlo tendría que haber una sentencia en firme que lo declarara culpable.

¿Cuál fue la solución política que se le ocurrió al Cuananis? Despedir al tesorero (contradiciéndose de lo que había sostenido en un principio) e invitar a la esposa golpeada a que sea su candidata a síndica para las próximas votaciones.

Otro ejemplo es que a finales del año pasado la que fuera directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tlaltizapán presentó una denuncia por acoso sexual en contra del regidor Félix Bahena Ríos, quien le habría hecho propuestas indecorosas. Cuando la funcionaria le contó lo ocurrido al presidente municipal, éste le dijo que si tenía una grabación le creería. Como no había audio ni video, la mujer optó por renunciar al cargo.

Como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones: ser misógino no depende de lo que se diga o lo que se escriba en un determinado momento, sino de su actuación diaria en la vida pública y privada.

Y quienes conviven diariamente con “El Cuananis” (del que ya contamos que saltó de ser un ayudante municipal a presidente de su municipio sin contar con instrucción académica alguna) aseguran que practica el machismo todos los días, pero más cuando hace sus fiestas e invita a sus amigos regidores y ayudantes municipales.

La última de ellas fue el 15 de enero, con motivo de su cumpleaños, cuando estando en pleno semáforo rojo de la contingencia sanitaria dispuso de recursos materiales y humanos del Ayuntamiento para realizar un jaripeo para agasajar a sus amigos.

Eso sí es preocupante, no un comentario en Facebook sobre si las mujeres deben estar en la cocina o no.

Alfredo Domínguez Mandujano debería estar preocupado por “arreglar la casa” en estos últimos meses que le quedan, pues –como ya lo escribimos en este espacio- si no consigue la reelección, lo más seguro es que tenga que terminar su carrera política en la cárcel, y su fortuna se le acabe en abogados.

Ahora bien, más que en el comentario que le atribuyen en esa publicación de Facebook, sus asesores y el partido que lo está proponiendo, deberían estar preocupados por lo que refiere la usuaria identificada como Araceli Quezada: que el proyecto de Zugeily Cabrera Flores está creciendo y que ella podría convertirse en la próxima presidenta municipal de esa localidad.

La señora ya es prácticamente candidata del Partido Socialdemócrata y cada vez tiene más adeptos. Y no es como otras y otros que unos meses antes de las elecciones comienzan a ayudar a la gente y a tomarse fotos comiendo en puestos de garnachas para que vean que son pueblo.

Zugeily tiene años trabajando en una fundación de ayuda para mujeres víctimas de la violencia, y su proyecto es hacer un albergue para mujeres golpeadas, pero para aquellas que no tienen dinero para recibir atención médica, legal y psicológica, no como la millonaria que aceptó una candidatura a cambio de no seguir criticando al Ayuntamiento.

HASTA MAÑANA.

Como en las revistas de espectáculos, Gerardo Florentino Galindo Durán, ex director jurídico del Congreso Local, “rompió el silencio y contó su verdad”: que desde el principio le dijo a los diputados que no había forma de impedir el pago de las “pensiones doradas”; que no protegió al diputado Marcos Zapotitla, y que hoy es víctima de una venganza política por parte de la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, con quien trabajó anteriormente como representante electoral.

“El procedimiento para la abrogación de los decretos que otorgaban estas pensiones fue incorrecto y fue realizado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presidida en ese entonces por la diputada Tania Valentina”, sostiene frente a un reducido grupo de periodistas en un restaurante de la avenida Cuauhtémoc.

El ex agente del Ministerio Público, ex defensor de oficio y ex subdirector de un penal, además de ex director municipal de Seguridad Pública de Cuautla, admite lo publicado en este mismo espacio con respecto a las pensiones concedidas por la Quincuagésima Tercera Legislatura: que en el marco normativo aplicable al Congreso el Estado, no existe disposición legal alguna, que prevea que se pueda revocar una pensión, cuando esta ya fue investigada y otorgada.

Lo anterior, por la sencilla razón de que en dicho procedimiento de abrogación no se le otorgó la garantía de audiencia a los involucrados; es decir, que debieron tener conocimiento de ese procedimiento y la oportunidad de ofrecer pruebas en su favor.

Según el licenciado Florentino, el juzgado federal que conoció de estos juicios, otorgó el amparo y protección de la justicia federal, “por tal razón la Dirección Jurídica a mi cargo, presentó las denuncias de hechos, ante la Fiscalía Anticorrupción para su investigación correspondiente”.

Por lo tanto, “quiero decirles que en mi actuar como abogado y servidor público, me he conducido siempre de manera responsable y respetuosa, no tengo motivos de discriminación hacia algún sector social, mientras fungí como director jurídico del Congreso del Estado, mi labor fue en todo momento de velar por los intereses del Congreso, siendo mi función exclusivamente institucional, con el mejor desempeño posible y con los recursos humanos existentes”.

Y luego vino la disculpa: se cuenta con abogados de mucha experiencia, sin embargo, la carga de trabajo es bastante pesada, no obstante que solicité más personal para atender esa carga, en ningún momento me fue otorgada”.

Asegura que las recientes declaraciones de la presidenta del Grupo Parlamentario del PT responden a una razón: está molesta porque su sobrino, el diputado José Luis Galindo, se fue del Partido del Trabajo al Partido Encuentro Social y últimamente no ha querido ceder a sus pretensiones políticas.

Admite que quien lo propuso fue su pariente, pero la designación se hizo el 14 de noviembre de 2018, por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, presidida por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pues en la pasada elección del año 2018, fue representante electoral del Partido del Trabajo (PT) del X Distrito.

“Sin embargo, desde el 07 de octubre el año 2019, recibí un oficio de parte del Ministerio Público Federal de esta ciudad, en el que me pedían informes sobre mi nombramiento, siendo real que me estaban investigando”, aseguró.

Sobre el caso Marcos Zapotitla, que es el asunto por el que Tania Valentina pidió su destitución, explicó lo siguiente:

En el expediente del Juicio de Amparo del Diputado Marcos Zapotitla Becerro, que se sigue en el Juzgado Quinto de Distrito de esta ciudad, el personal de esta dirección que se encarga de llevar la correspondencia de manera diaria a los diversos juzgados, lo hizo como se venía realizando en esta etapa de pandemia en que los juzgados se encuentran trabajando a puerta cerrada y las promociones se depositan en el buzón que para tal efecto se encuentra en dicho tribunal.

“Es importante mencionar que los “informes previos” fueron presentados dentro del término legal concedido por la autoridad competente, a través del buzón judicial mencionado que se encuentra en esas instalaciones.

“Es cierto que se otorgó una suspensión definitiva en dicho expediente, siendo esta una facultad discrecional y autónoma del juzgado, y que esto no depende del informe previo, porque el acto reclamado por el quejoso es cierto. Dicha suspensión es para el efecto que se continúe con el procedimiento de declaración de causa, y que no se emita resolución, hasta que se resuelva el amparo principal. Ante dicha suspensión la Dirección Jurídica, interpuso el recurso de revisión a dicha resolución que se encuentra en trámite”.

En relación al procedimiento de “esafuero” contra el diputado Marcos Zapotitla, es competencia de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado, en donde se encuentra radicado el expediente desde el mes de octubre del año 2020, sin que la Dirección Jurídica tenga participación en dicho procedimiento.

“En lo que respecta al documento que se dice “se extravió”, lo desconozco ya que dicho trámite no es de la competencia de la Dirección Jurídica a mi cargo y tampoco formo parte de ninguna mafia, ni soy misógino, como temerariamente lo afirma la diputada local, Tania Valentina Ruiz, sólo es una venganza política, queriéndome causar un daño moral a mi prestigio profesional, si bien tenemos el derecho de libertad de expresión, éste debe ser respetando la dignidad de las personas y no únicamente por que se tiene boca y frustración”, aseveró.

Y es que la diputada Rodríguez Ruiz informó a través de sus redes sociales, que por unanimidad al interior de la Comisión de Gobernación del H. Congreso del Estado de Morelos, se aprobó pedir al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo, “la remoción inmediata del Director Jurídico, Florentino Galindo, tío del diputado Galindo, del PES, por ineficiente, omiso y cómplice del presunto violador Marcos Zapotitla”.

A ver ahora quién acepta ocupar ese cargo, en el que si los juicios se ganan es mérito de las diputadas y diputados, pero si se pierden es culpa de sus abogados.

HASTA MAÑANA.

Por fin fue publicada la convocatoria para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia y dos del Tribunal de Justicia Administrativa que están vacantes por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jueves concluyó el plazo para el registro y trascendió que hubo más de cien aspirantes registrados, aunque la lista ya depurada será dada a conocer por la Junta Política del Congreso Local junto con el calendario de entrevistas.

¿Quién quiere ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia? Más bien la pregunta es quién no quiere ocupar ese cargo cuya retribución monetaria es cercana a los 100 mil pesos mensuales.

De entrada, se inscribieron –y con justa razón- prácticamente todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, en el entendido de que debe privilegiarse la carrera judicial de los aspirantes. Sin embargo, la constitución política establece que todos somos iguales ante la ley, así que hay decenas de litigantes que igual se apuntaron.

También servidores públicos que laboran en órganos gubernamentales no jurisdiccionales, o bien, que laboran en el Poder Legislativo asesorando a los diputados. 

Hasta el momento de redactar la presente columna no se había dado a conocer la lista de inscritos, por lo que nos basaremos en la información que hemos obtenido de los propios interesados, y de aquellos que vimos registrándose.

Ya en una ocasión anterior advertimos que por lo menos dos de las cuatro magistraturas deben ser ocupadas por mujeres. Actualmente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se encuentra integrado por seis mujeres y nueve hombres, entre ellos el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz (quien llega tras dos periodos que fueron ocupados por damas) y el magistrado visitador, que no integra Pleno.

Y por lo menos dos de las magistraturas deben ser para integrantes del Poder Judicial, por aquello de que se privilegie la carrera judicial. Luego entonces, lleva ventaja la actual presidenta de la Asociación de Jueces del Estado, Rosenda Mireya Díaz Cerón, que reúne esas dos características.

Con muchas posibilidades se registró la actual vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, Guadalupe Flores Servín, quien se jubiló después de muchos años de laborar en juzgados civiles y penales del estado de Morelos, y hoy es pieza fundamental de la institución encargada de perseguir a los servidores públicos deshonestos. Nos consta que ha sido implacable en su trabajo, aun arriesgando su propia vida.

Y si de jueces sobresalientes se trata, uno de ellos es el maestro en Derecho Tomás Mateo Morales, quien inició su trayectoria profesional como defensor de oficio en materia agraria a principios de los noventas, luego fue agente del Ministerio Público y posteriormente entró al Poder Judicial en 2012 como juez de primera instancia, de control, juicio oral y ejecución de sanciones, cargo que ocupa en la actualidad con un expediente limpio.

Otro que haría un excelente papel como magistrado es Rubén Alberto Basurto Ramírez, quien en 2001 ganó la plaza de Secretario de Acuerdos mediante examen de oposición y después de estar en varios juzgados fue designado como administrador de Salas de Juicios Orales del Poder Judicial, desde el inicio del nuevo sistema de justicia penal, en 2008.

Alejandro Hernández Arjona intentará por enésima ocasión ser magistrado, tras una larga carrera como subprocurador de justicia y luego como juez penal y civil en diversos Juzgados. Ya le toca. 

Por parte de la Barra de Abogados vimos registrándose al doctor en Derecho Alfonso Mejía, pero suponemos que también lo hizo el presidente de la organización, Miguel Ángel Rosete Flores, y Bertha Paredes Noyola, todos ellos con los merecimientos necesarios para ocupar el cargo.

Los nombres antes mencionados son los que conocemos de tiempo atrás por lo que podemos dar testimonio de su trabajo. Sin embargo, no necesariamente son los que habrán de ocupar esas magistraturas, y ello se debe a que lo único que necesita un aspirante para llegar a la cúspide de la función jurisdiccional es contar con los votos de los diputados y diputadas. Catorce por lo menos.

Y esos votos los pueden conseguir como sea. Con recomendaciones académicas, sugerencias familiares, presiones políticas.  Incluso hay magistrados que aseguran haber pagado dinero por el cargo (con la posibilidad de que los billetes se hayan quedado en manos del interlocutor), y personas que ya hasta le pusieron precio a las actuales magistraturas: de dos a tres millones de pesos.

No podemos asegurar que se estén vendiendo las magistraturas, lo que sí es evidente es que quienes trabajan con los diputados tienen cierta ventaja en comparación con quienes no laboran en el Poder Legislativo.

De ahí que haya quienes les están “haciendo la travesura” soltando la versión de que “las magistraturas ya están amarradas para los parientes y colaboradores de los diputados”. En esa lista ponen (y que conste que no ponemos en duda su capacidad como juristas) a la esposa del diputado Andrés Duque y a los colaboradores del ex presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, de nombres Lenin Barbosa y Araceli Salas.

Ya sabemos que en el caso de los consejeros y comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) han convertido en una tradición el que tengan que pasar por el Congreso o ser familiar de un legislador para llegar a esa posición privilegiada, pero ojalá que no pase lo mismo con las magistraturas. 

En los siguientes días seguiremos mencionando a profesionistas del Derecho, hombres y mujeres, que aspiran legítimamente a ocupar esas vacantes. 

Sin embargo, no debemos perder de vista la posibilidad de que la designación no ocurra en la presente legislatura, y para ello bastaría con que alguno de los aspirantes (que calcule tener más posibilidades con los diputados que vienen que con los que están), promueva un amparo ante la justicia federal, para que un juez de Distrito ordene la reposición del procedimiento, y entonces tendríamos que esperar a que llegue la Quincuagésima Quinta Legislatura, y las circunstancias podrían cambiar radicalmente para los actuales aspirantes.

HASTA MAÑANA.

La figura del funcionario suplente se establece en los cargos de elección popular para el remoto caso de que el titular se ausente en forma definitiva, pero quienes aceptan esas candidaturas saben que, si bien les va, disfrutarán de unos cuantos meses de sueldo si al regidor, alcalde, diputado o senador se le ocurre buscar otro cargo. O todavía más improbable: que sea llamado a cuentas por el creador.

Juvenal González Amaro nunca imaginó que sería regidor. Prestó sus documentos para llenar la planilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la presidencia municipal de Temixco en la fórmula de Andrés Huicochea. El que tenía asegurado el puesto era Rogelio Torres Navarro, quien ya había sido asesor del alcalde Nereo Bandera y tenía trayectoria partidista.

Sin embargo, el 11 de junio de 2015, unos días después de las elecciones, Rogelio se fue a celebrar a Jiutepec en compañía de una abogada. Regresaban ya de madrugada a bordo de su camioneta Mazda color negro, y por la velocidad con que venía y el estado de embriaguez no alcanzó a ver que iniciaba el paso a desnivel de El Polvorín. Chocó contra la barrera metálica y se incendió el vehículo, falleciendo ambas personas calcinadas.

Así, sin creerlo todavía, el joven Juvenal protestó formalmente al cargo y fue parte del Cabildo 2016-2018 de Temixco, que inició con un hecho trágico: el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota, el primer día de su mandato.

Y como si la silla estuviera embrujada, la suplente de Gisela, una maestra de nombre Irma Camacho, también falleció al poco tiempo, pero de muerte natural.

El episodio anterior viene a colación por la fatídica muerte del senador Radamés Salazar Solorio, acaecido ayer tras un mes completo de luchar contra el virus Covid 19. Desde este espacio, nuestro sincero pésame a Rabindranath y a su señora madre, doña Rufi, quienes nos honran con su amistad.

No tenemos en la memoria un caso similar. Quizás lo que más se le acerca es el fallecimiento del entonces diputado federal, Alfonso Sandoval Camuñas, en 1998, de un paro cardiaco. Su suplente era nada menos que Juan Jaramillo Frikas, quien se llevaba muy pesado con él y a cada rato bromeaban sobre la posibilidad de que “le diera chance aunque fuera sólo unos mesesitos” de cobrar en San Lázaro.

La esperanza de Juan era que Alfonso pidiera licencia unos meses antes de concluir la legislatura federal para ir en busca de la Gubernatura del estado de Morelos en el 2000, pero no fue así. La muerte de su amigo lo hizo incorporarse al Congreso Federal hasta concluir el periodo y luego al Ayuntamiento de Cuernavaca, donde laboró en forma indirecta hasta hace unos meses en que fue cobardemente asesinado.

Y si hablamos de suplentes con suerte no podemos dejar de mencionar al actual alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien fue inscrito en la planilla de la coalición PES-Morena-PT como suplente de José Luis Borbolla, y ante la determinación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) de no reconocer a Borbolla ni al otro candidato que era Gilberto Alcalá, fue Villalobos Adán el que se quedó con el cargo de presidente municipal para el periodo 2019-2021.

Pues bien, tras la lamentable muerte de Radamés Salazar, quien legalmente será el nuevo senador responde al nombre de Sergio Pérez Flores.  Es hijo del periodista José Manuel Pérez Durán y ha trabajado en el Gobierno del Estado de Morelos, en el Ayuntamiento de Temixco (fue titular de Seguridad Pública), en Caminos y Puentes Federales (Capufe) y actualmente en la Secretaría de Bienestar Social, antes Sedesol.

Su nombre apareció en la lista de involucrados en aquel fraude al gobierno de Morelos conocido como “el Caso Gemtel”, pero demostró ante las autoridades competentes que él era totalmente operativo y no tenía poder de decisión como para ordenar que se le pagara a dicha empresa de telefonía varias decenas de millones de pesos.

Como suele ocurrir en estos casos, la contralora del nuevo gobierno que encabezaba Marco Adame Castillo (Patricia Mariscal Vega), para fines publicitarios soltó los nombres de todos los servidores públicos que según su investigación habían participado en la compra sin licitar de un equipo de telefonía por 32 millones de pesos, y entre esos venía el de Sergio Pérez. 

Pero igual, como ocurre siempre, las acusaciones se fueron diluyendo y al final el único que resultó administrativamente responsable fue el entonces oficial mayor, Alfonso Pedroza Ugarte. Sí, el mismo que con todo cinismo hoy encabeza la campaña de Sergio Estrada Cajigal para (otra vez) la presidencia municipal de Cuernavaca.

Sergio Pérez es militante de Morena. Actualmente ocupa la delegación regional de la Secretaría de Bienestar que abarca los municipios de Cuernavaca, Huitzilac y Tepoztlán.

No dudamos de su preparación académica (aunque su curriculum no aparezca en ninguna base de datos), sin embargo, está claro que su trayectoria es aún incipiente como para ocupar un cargo que a muchos les ha costado toda una vida llegar, y que por tradición es la antesala de la gubernatura del estado.

Nos recordó a Lisbeth Hernández Lecona, aquella joven abogada que trabajaba en el Congreso local cuando el diputado federal priísta Francisco Moreno Merino dijo una barrabasada en público que le costaría la senaduría que ya tenía amarrada.

Y ahí estaba Lisbeth, con sus documentos listos para ocupar cualquier cargo público, y eso le valió para dar un salto inimaginable hasta el Senado de la República, cargo que concluyó apenas en 2018 y hoy se dispone a buscar una diputación local, que era el puesto al que podía aspirar en el 2012.

De la misma manera, Sergio Pérez no se imaginó ser senador a esta edad y mucho menos en estas circunstancias. Pero haya sido como haya sido, el hecho es que ahí está, en un lugar privilegiado en el que muchos quisieran estar. Que sea para el bien de Morelos.

Y nuevamente, desde este espacio, un abrazo solidario a toda la familia del Senador Radamés Salazar Solorio, que Dios les dé pronta resignación, y que descanse en paz.

El pasado martes nos referimos en este mismo espacio a la problemática que enfrentarán los diferentes partidos políticos al momento de pedir el voto con miras a resultar favorecidos en los comicios del seis de junio próximo; sin embargo, hoy podemos ya ponerle nombres y apellidos a los aspirantes que se han visto perjudicados de una u otra manera por la pandemia del SARS Cov 2.

Ayer trascendió el fallecimiento de Jorge Martínez Urioso, quien ya había sido presidente municipal de Tlaquiltenango hace tres años y tenía prácticamente asegurada la candidatura para buscar ese mismo cargo pero ahora por el Partido del Trabajo (PT). La familia lo niega, pero el ex alcalde presentó todos los síntomas típicos del covid 19.

No es el único aspirante a un cargo de elección popular que fallece en esas circunstancias dentro de la emergencia sanitaria provocada por este virus. Usuarios de Facebook me refieren que hace un mes murió en circunstancias similares Marco Cuadros, precandidato a presidente municipal de Puente de Ixtla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al igual que otra persona en Atlatlahucan de un partido de reciente creación.

En la columna del martes ya teníamos la información pero no lo publicamos porque no estaba confirmado que el aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Cuernavaca, Edgar Vargas Santiago, no logró recabar las casi 10 mil firmas que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) exige para darle el aval que le permitiera participar en las votaciones de junio próximo.

El miércoles, el propio Vargas Santiago (autor del slogan #PonteVargas) dio a conocer en sus muros de Facebook un comunicado confirmando lo anterior.

“Si bien nos faltaron firmas para alcanzar la meta establecida por la ley vigente, seguiremos luchando, ahora en los tribunales exigiendo equidad para los independientes en tiempos de foco rojo por pandemia de COVID”, escribió en un comunicado en el que firma también Sara Olivia Parra, quien lo acompañaba en la fórmula.

Explica que durante este proceso de recolección de firmas, vivieron dos circunstancias muy particulares: por un lado el sentimiento de hartazgo ciudadano por la falta de resultados en el gobierno, por la creación de tantos partidos políticos con los mismos actores de siempre y, por otro lado el miedo al contagio de covid.

Refiere que su primera meta se logró, y esa fue que ningún miembro de su equipo se contagiara del virus. Eso no ocurrió con nuestro amigo Alejandro López Arce, “Perutzi”, quien desafortunadamente sí sufrió las inclemencias de la enfermedad en su equipo de trabajo y tampoco logró el número de firmas requeridas. Fue un buen intento y seguramente lo intentará en otro momento, ya sin pandemia.

La muerte de Jorge Martínez Urioso (aunque oficialmente no está considerada como covid) es quizás la más conocida porque si algo tenía este ex alcalde es que era muy polémico. Genio y figura hasta la sepultura, dice el dicho y aquí aplica perfectamente.

Pero otras personas relacionadas con la cuestión electoral aunque menos conocidas, también han sido víctimas mortales de la pandemia.

En lo particular sentimos mucho la partida de Juan Manuel Ibarra, un apasionado de la actividad electoral con quien estuvimos conversando en la oficina de un servidor apenas el 29 de diciembre pasado, sin saber que a los pocos días sería hospitalizado por covid y no saldría con vida. Después de trabajar muchos años con el Partido Acción Nacional, ahora asesoraba al Partido Renovación Política Morelense en la búsqueda de prospectos. 

Me refieren de otro personaje, originario del poblado de Tejalpa y miembro de Morena, de los que se dedican a promover el voto, que falleció recientemente por la misma enfermedad, pero no tenemos el nombre.

La pregunta que todos nos hacemos es ¿cuántos muertos más habrá de aquí al seis de junio? Ahorita ya vimos las afectaciones con los aspirantes a candidatos independientes en su proceso de recaudación de firmas y en la etapa de pre-campañas al interior de los partidos políticos, pero no debemos descartar que puede seguir ocurriendo durante el periodo formal de las campañas, es decir, del 19 de abril al dos de junio, y que alguna de las víctimas puede ser un candidato. 

Y la otra gran duda que todos tenemos tiene relación con la realización de los comicios como tal, que estará a cargo del Instituto Nacional Electoral. Si de por sí es difícil que la gente quiera participar como funcionario de casilla aun prometiéndole un pago y la alimentación de ese día, quién va a querer arriesgarse a ser contagiado durante la jornada electoral programada para el domingo seis de junio.

Seamos realistas: en cuatro meses no se va a acabar la pandemia (ayer se reportaron 20 fallecimientos) y tampoco estaremos todos vacunados.

En este espacio hemos planteado varias veces la posibilidad de que las elecciones sean pospuestas hasta que estemos en semáforo verde. ¿Qué señal más clara quieren que el lamentable fallecimiento de la presidenta del Impepac?

Sin embargo, así como se ven las cosas, se está viendo que los políticos están dispuestos a jugarse la vida y la de sus colaboradores antes que aceptar la cancelación de las votaciones. En el Impepac prefieren tener funcionarios suplentes que entren a relevar a los que vayan falleciendo, que pensar en la posibilidad de posponer la jornada comicial.

Por otro lado, vemos que la pandemia le está quedando “como anillo al dedo” a algunos institutos políticos y sus candidatos que ya tienen bien “aceitada” su estructura para que ese domingo puedan comprar los votos y llevarse el triunfo con la participación de los pocos ciudadanos que acepten salir de sus casas para ir a emitir su sufragio.

HASTA EL LUNES.

Vaya reto que tiene el militar retirado Arturo Vázquez Aranda, designado por el gobierno federal para “poner orden” en la delegación Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras los penosos acontecimientos que pusieron a nuestra entidad en las primeras planas de los medios nacionales: el robo de vacunas-covid y la aplicación de éstas a personas que no debían recibirlas.

Si el encargado de la subdelegación administrativa realiza una investigación a fondo, encontrará que el ISSSTE Morelos tradicionalmente ha sido rehén de grupos políticos y “caja chica” de infinidad de funcionarios.

Actualmente se la disputan dos grupos: los priístas que mantuvieron el control en los últimos dos sexenios, y los morenistas, que pretenden meter al mayor número de gente posible.

Y un tercer grupo: el de los funcionarios que han trabajado con ambos y que se han enriquecido a través de los “moches” de proveedores que tienen más de una década sin ser cambiados. Y en ese grupo está Verónica Solano Flores, responsable de la delegación cuando ocurrió el robo de las vacunas y las irregularidades en la disposición de las mismas.

En marzo del año pasado, a las oficinas centrales del ISSSTE llegó un escrito firmado por trabajadores adscritos al Hospital de Especialidades del ISSSTE, situado en Emiliano Zapata, Morelos, quienes denunciaban a la entonces directora de administración, de nombre María del Rosario Herrera Ascencio, ex diputada federal por el PRD y que después se pasó a Morena (nada raro).

Según el escrito, dicha funcionaria no cuenta con título universitario y ha incurrido en actos de corrupción en el ISSSTE de Emiliano Zapata, junto con Carlos Gutiérrez Nájera, Coordinador de Recursos Humanos.

“Con frecuencia amenazan con despedir a los empleados “rebeldes”, haciendo hincapié en que la dupla es intocable, por estar la directora de administración bien recomendada por López Obrador. Con gran frecuencia, además, presume de tener la confianza del Director de Administración y Finanzas del ISSSTE a nivel nacional, Pedro Zenteno Santaella, y del maestro Javier Huerta Jurado, subdirector de Personal de la institución”, dice una nota publicada en el portal acapulcoinforma.com.

Este mismo medio de comunicación difundió la semana pasada que la institución inhabilitó y cesó a la subdelegada administrativa, Liliana Hernández Pinzón, esposa del regidor aspirante a la presidencia municipal de Acapulco por Morena, Ilich Augusto Lozano Herrera; y el jefe de recursos humanos, José Luis Rendón Juárez, integrante de su grupo político.

“La funcionaria cesada es nuera de la directora administrativa del ISSSTE en Morelos, Rosario Herrera Ascencio, quien por medio de Pedro Centeno hizo los acuerdos para que el secretario del ISSSTE le diera los nombramientos tanto de ella como de su familiar en Acapulco. Los dos funcionarios de la delegación en Acapulco, Guerrero, fueron denunciados por haberse aplicado la vacuna contra coronavirus usando sus influencias”, dice la nota.

Por otra parte, la semana pasada una nota periodística publicada a nivel nacional -en nuestra opinión, la información fue “filtrada” por el grupo de priistas que se están viendo perjudicados con la llegada de los morenistas- afirma que trabajadores del ISSSTE en Morelos denunciaron una presunta red de nepotismo vinculada a una diputada morenista y menciona a un grupo de seis personas que fueron ingresadas en octubre del 2019 y que todos forman parte de la estructura de Morena en Morelos.

Al frente del grupo de priistas que se sienten perjudicados está el médico Armando Ramírez Saldívar, quien entre otros cargos partidistas ha sido presidente estatal de ese instituto político. A él lo señalan como el responsable directo de la desaparición de cuatro dosis de vacunas en el hospital “Carlos Calero” de Cuernavaca, y también de haber vacunado a un grupo de funcionarios administrativos en la clínica regional de Cuautla, cuando la normatividad establece que tenían que ser sólo profesionales de la salud.

Se supone que Ramírez Saldívar está “suspendido del cargo”, mientras que dos enfermeros permanecen bajo proceso penal en un Juzgado de Distrito. Como siempre, “el hilo se rompió por lo más delgado”. 

En ese sentido, la entonces delegada Verónica Solano Flores sólo fue regresada al cargo que ocupaba antes, apelando a la máxima que puso de moda la directora del Metro de la ciudad de México, quien –después de que hubo un incendio en el centro de operaciones- declaró a la prensa: “Yo sólo soy la directora general”.

Entrevistado por la reportera Estrella Pedroza, Arturo Vázquez Aranda, encargado de la Subdelegación Administrativa del ISSSTE estatal, prometió una “investigación a fondo”, como las que prometían sus antecesores priistas.

 “Demos la oportunidad a que el Órgano de Control Interno haga su trabajo, no es fácil investigar a todos los involucrados, por eso desconozco la cantidad de personas y los procesos de investigación, demos oportunidad a que termine su trabajo”, apuntó.

Y remató:

“Estoy molesto y coincido en que incurrieron en una falta y las autoridades correspondientes deberán definir el castigo, supongo que administrativo”.

Y supone bien. Desafortunadamente en este país las leyes están diseñadas para violarlas y recibir como máximo castigo una inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años, plazo que ocupan para trabajar en otro nivel de gobierno o para atender sus negocios particulares.

HASTA MAÑANA.

El caso de Jorge Messeguer Guillén y Gerardo Becerra Chávez es el más claro ejemplo de qué es lo que puede pasar cuando miembros representativos de la sociedad civil pasan a formar parte del gobierno. Ambos fueron “los brazos” de Graco Ramírez Garrido, quien los usó para darle un tinte ciudadano a su pleito con el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea, y después –fiel a su costumbre- los desechó, primero a Gerardo y posteriormente a Jorge. Hoy, ambos protagonizan un vergonzoso intercambio de acusaciones buscando permanecer en la política que tanto criticaron.

Jorge y Gerardo se conocieron en 1996, cuando ambos eran simples mortales y pequeños empresarios, afectados por la grave inseguridad que se vivió en Morelos durante los primeros dos años del gobierno de Jorge Carrillo Olea. Comenzaron a hacer reuniones para tratar de presionar al gobierno, y a las primeras tertulias acudieron las hermanas Elena y Ana Lilia Cepeda, en su calidad de propietarias de una tienda de decoración en Plaza Laurel.

Lo que pocos de esos empresarios sabían, era que las simpáticas señoras Cepeda, (sencillas en su vestir y más todavía en el trato), operaban para un “viejo lobo” de la política: el entonces diputado federal Graco Ramírez Garrido Abreu. 

De esas reuniones surgió el Frente Siudadano (sic) de Cuernavaca, que más tarde se convertiría en el Comité por la Defensa y Seguridad de Morelos con el apoyo del obispo Luis Reinoso Cervantes y, finalmente, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, ya sin la participación del prelado.

Fueron ellos dos las piezas clave para la organización de aquella marcha por la paz de febrero de 1998 que reunió a alrededor de 10 mil personas, y la “consulta popular” del 8 de marzo, en la que supuestamente reunieron 96 mil 849 firmas pidiendo la salida del mandatario que terminó por pedir licencia el 15 de mayo de 1998.

Graco Ramírez se autonombró como “el hombre que derrocó al gobernador Jorge Carrillo Olea”, iniciando en ese momento su proyecto para gobernar el estado donde eligió residir tras haber nacido en Tabasco y radicado mucho tiempo en el Distrito Federal.

Según me comentó alguna vez Gerardo Becerra, tras la caída de JCO Graco pretendió negociar para que el sustituto fuera Ángel Ventura Valle, en lo que no estuvo de acuerdo el hoy asesor anticorrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Una mentada de madre en el restaurante Las Mañanitas, marcó el rompimiento de la relación entre Graco y Gerardo.

Gerardo continuó al frente de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos y pretendió emular a Graco en su lucha para hacer caer un gobierno, pero le faltó algo que sí tenía el tabasqueño en 1998: la anuencia y financiamiento de la presidencia de la República.

En cambio, Jorge Messeguer no solamente se mantuvo junto a Graco, sino que se convirtió en su brazo derecho bajo la figura del secretario de Gobierno durante los primeros tres años de la administración graquista.

Al principio Jorge era una persona amable, diligente, pero después andaba siempre enojado, era irascible y hasta soberbio.

Por eso es hasta cierto punto entendible que ese día de mayo de 2013, cuando se reunió con el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y Javier Sicilia, a Messeguer ya no le quedara mucha paciencia, y que sin guardar las mínimas reglas de cortesía les dijera que los responsables del asesinato del profesor Alejandro Chao estaban detenidos y confesos por lo que ya no había motivo para hacer la marcha.

“Ni siquiera nos dio el pésame por la muerte de nuestro compañero”, se quejó el rector después de aquel episodio. En otras palabras, Messeguer fracasó como interlocutor porque ya no tenía la calma que antes le caracterizaba para enfrentar este tipo de conflictos.

Pero el principal problema que tuvo Messeguer es que comenzó una especie de rivalidad con Rodrigo Gayosso, el hijastro del gobernador, sin darse cuenta que mientras él tenía minutos para platicar en la oficina sobre sus proyectos, su rival político tenía horas en el seno familiar para convencer a su padre y además la ayuda de su madre, Elena Cepeda.

Graco designó a Messeguer para que contendiera por la presidencia municipal en 2015, pero con la oposición de Rodrigo y Elena, quienes se encargaron de convencer al gobernador de que era preferible que ganara Cuauhtémoc Blanco del PSD, que Maricela Velázquez, la priísta.

Fue así como las huestes del PRD operaron para que su propio candidato perdiera, y desde entonces, derrotado política y anímicamente, Messeguer transitó en el gobierno entre la conmiseración de Graco (quien le creó un cargo en el gabinete y luego lo nombró secretario de Transporte) y los embates del hijastro, quien se apoderó de la SMyT y si no lo metió a la cárcel fue por la amistad que mantenía con su padrastro.

El ingeniero de profesión se retiró un tiempo de la política, hasta que reapareció públicamente el pasado lunes, cuando anunció en sus redes sociales que se había registrado como precandidato a diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Gerardo Becerra, quien aceptó un cargo de asesor en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y depende jerárquicamente de José Manuel Sanz, reaccionó airadamente con una carta dirigida al secretario general de Morena, Gerardo Albarrán:

“El partido político de este señor siempre fue el PRD, sí, ese que llenó de improperios a Andrés Manuel López Obrador y que en boca de quien era el gobernador del Estado y patrón del susodicho Messeguer, se refirió a nuestro partido: “Como la iglesia en la que el Mesías era el propio López Obrador”. Como comprenderás, resulta oprobioso para quienes hemos luchado al lado de AMLO, que quien fuera el candidato del PRD a Cuernavaca en 2015 ahora se quiera hacer pasar como lopezobradorista”, le dice.

En su defensa, Messeguer contesta: “Morena abrió el registro, yo hice algunas consultas y valoraciones y decidí registrarme. No hay nada seguro ni acordado”.

Tras las críticas de Gerardo a Jorge, otra fundadora de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Ruth Arias, terció así en el muro de Facebook de Becerra Chávez:

“Entre tú y él no hay mucha diferencia. No tienes vergüenza, mejor deberías de contarles que fuiste expulsado de la coordinadora por traidor, y lo único que hiciste fue servirte de la ciudadanía para hoy estar cobrando”.

Lo que no dice la abogada, es que ella también está contemplada en la lista de candidatas a un cargo de elección popular, por el partido de Graco Ramírez, al que tanto criticó como integrante de la tristemente célebre CMMC.

 HASTA MAÑANA.

El proceso de recaudación de firmas para validar las candidaturas independientes para diputados y presidentes municipales en Cuernavaca fue una clara muestra de lo que puede ocurrir en las campañas de los 23 partidos políticos que pretenden participar en las votaciones del 6 de junio próximo.

En el caso de un aspirante a diputado, su equipo de apoyo enfermó de covid, y aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, este hecho provocó que no se alcanzara el umbral de firmas requerido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

El otro ejemplo es el de un aspirante a presidente municipal de Cuernavaca, quien realizó pequeñas reuniones en las colonias para pedir que le prestaran su credencial de elector a fin de subirla a la plataforma y así lograr la candidatura independiente, haciendo transmisiones en vivo por Facebook Live en las que se notaba las dificultades por las que estaba pasando. Si transmitir un mensaje de por sí es difícil, imagínense con cubreboca, careta, y sin micrófono.

Las campañas para presidentes municipales y diputados locales comenzarán el próximo 19 de abril y terminarán el dos de junio, para esperar la votación programada para el domingo 6 de junio del presente año.

Alguien podría decir que falta mucho (y qué más quisiéramos que el próximo 10 de mayo lo celebráramos como siempre), pero hace un año calculábamos que en navidad ya todos estaríamos como si nada hubiera pasado y aquí seguimos, confinados en nuestras casas o en la calle arriesgándonos a formar parte de la cifra de muertos que ya se acerca a los 200 mil.

¿Se imaginan un brote de contagio al interior de un equipo de campaña que los obligue a suspender actividades por lo menos 14 días? Sería el acabose para ese partido.

En el caso de quienes buscan la presidencia municipal de Cuernavaca, recordemos que tanto José Luis Urióstegui como Matías Nazario ya pasaron esa prueba de salud, y quizás para ese tiempo hasta ya estén vacunados. Otros políticos que ya estuvieron contagiados y lo superaron son Rafa Reyes y Juan Ángel Flores, de Jiutepec y Jojutla, respectivamente. Según que Tania Valentina también, pero siempre la vimos muy saludable.

Si nos atenemos al semáforo de Hugo López Gatell es bastante impredecible. Un día dice que la situación es gravísima y a los cinco días resulta que el semáforo es naranja, así que no es una fuente confiable para tomar decisiones de ese tipo.

Lo que sí es definitivo, es que aquellos eventos multitudinarios donde los partidos políticos daban muestras de su capacidad de acarreo para llenar plazas, ya no tendrán cabida en el presente proceso electoral.

¿Y entonces cómo va a llegar el mensaje del aspirante a un cargo de elección popular para convencerlo de que vote por él?

Algunas personas sugieren que las campañas sean 100% por medios electrónicos y publicidad externa, lo cual conlleva sus riesgos.

“Decir que eres popular porque tienes miles de amigos en Facebook es igual que decir que eres millonario porque tienes mucho dinero en el juego de Monopoly”, leí alguna vez en alguna red social. Y tienen razón.

Pero también es cierto que un candidato sin redes sociales está políticamente en la lona. 

Hice un sencillo ejercicio: pedí a mis amigos y seguidores en Facebook que me escribieran en la sección de comentarios el nombre de la red social que utilizan frecuentemente, y si usan varias que las enumeraran por orden de mayor a menor.

Así pude obtener una sencilla pero valiosa información sobre el uso de redes sociales. La gran mayoría usa Whatsapp (el Telegram es aún incipiente) para cuestiones de trabajo y familia, pero también lo utiliza para las llamadas “cadenas”. Sin embargo, hemos notado que a la gente le molesta que utilicen los grupos de Whatsapp para cuestiones políticas.

La red social Facebook es la que tiene el mayor número de usuarios. Ahí encontramos a los jóvenes, pero también a las amas de casa y hasta a las personas de la tercera edad sin importar su estrato social. Ahí estamos todos pues. Ese va a ser el canal de comunicación que usarán todos los candidatos, con el riesgo de que les vaya “como en feria” en los comentarios.

Las demás redes sociales sí tienen penetración pero no como se quisiera o con las características idóneas para hacer que llegue el mensaje del aspirante a diputado o presidente municipal.

Encontramos en nuestro sondeo usuarios de Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok, Snapchat, y hasta Linkeldn, pero no en una cantidad mayoritaria, más bien como que están probando.

Por otro lado, está comprobado que la gente usa Tik Tok o Youtube para tratar de evadirse de la realidad. Escuchan música y ven videos de chistes, sólo para “matar el tiempo” mientras esperan el camión o en un receso dentro de su trabajo. 

Es de suponerse, que meter un video o texto de un candidato en medio de ese momento de entretenimiento, provocará una reacción negativa en el usuario. 

Si bien es cierto que algunos medios de comunicación ya tienen su cuenta en instagram o hasta en Tik Tok, son contados y tienen escasos seguidores.

En Twitter la situación es diferente. Sigue siendo una red social “de elite” a donde acuden los políticos y artistas para dejar asentado lo que piensan de tal o cual tema, lo que puede ser replicado por otros tuiteros hasta hacerlo “viral”. Pero ojo: si no eres artista, funcionario o periodista, difícilmente puedes tener más de mil followers, a menos que seas realmente extraordinario en tus ocurrencias que puedes plasmar en 280 caracteres.

¿Cuántos seguidores en Twitter tienen los aspirantes a la presidencia municipal de Cuernavaca?

Hasta ayer: @jluriosteguis, cinco mil 161; @MatiasNazario, tres mil 597; @jorgearguellesv, dos mil 678; @EstradaCajigal dos mil 318; @SoteloSalg, mil 243; y @cmartinezcue 774.

En Facebook todos ellos tienen su “fanpage” (ya que una cuenta personal sólo permite cinco mil amigos) en donde tienen miles de seguidores, pero como bien dicen los especialistas: “la gente consulta las redes sociales, pero no influye en su voto”. O al menos así era hasta antes de la pandemia.

El proceso electoral que se avecina será un gran reto para los estrategas tanto en operación política como en comunicación, para tratar de convencer a los votantes de que favorezcan a su respectivo candidato, sin el contacto físico que tradicionalmente se había usado.

HASTA MAÑANA. 

Varios de los asistentes no sabían a qué iban, pero era imposible negarse a una convocatoria lanzada por el entonces gobernador Graco Ramírez en la residencia oficial de la colonia Reforma. Fueron recibidos con dos tamales oaxaqueños y un vaso de atole, en el patio principal de la casa donde habían sido colocadas varias mesas redondas.

Eran los últimos días del 2017, así que los invitados suponían que se trataba de una celebración pre-navideña. Pero no. Era una reunión para definir quién sería el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al gobierno del estado para las elecciones de junio del 2018.

En la mesa principal estaba el gobernador Graco Ramírez, flanqueado por la entonces presidenta del Comité Directivo Estatal, Hortencia Figueroa Peralta, y el entonces secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina. Luego el hijastro Rodrigo Gayosso y el presidente municipal de Jiutepec, Juan Manuel Agüero. Más tarde se incorporaría Raúl Tadeo Nava, alcalde de Cuautla.

Las otras mesas se fueron llenando con los diputados locales, tanto los que originalmente llegaron por el partido del sol azteca como los que se fueron agregando a lo largo del trienio, provenientes de otros partidos. También los miembros del gabinete y uno que otro “perredista representativo”.

El jefe del Ejecutivo fue el primero en hablar. Con un buen nivel de discurso, habló de sus logros como gobernador y de la necesidad de elegir al candidato idóneo para el proceso electoral del siguiente año que garantizara la continuidad del proyecto perredista. 

Puso en la mesa tres nombres: el presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava; el secretario de Gobierno, Matías Quiroz; y su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda, quien recientemente había renunciado a la dirigencia estatal del partido.

Hasta ese momento todos se dieron cuenta de lo que se trataba: un “teatro” armado por Graco Ramírez para imponer “al príncipe Rodrigo” como su sucesor pero que no se viera como tal.

Consciente de que había sido puesto en esa terna como “el rival más débil”, el rubicundo alcalde de Cuautla fue el primero en declinar: “Agradezco la deferencia pero yo no tengo la intención de participar en este proceso electoral”, dijo.

Fue como la señal que todos (menos los que apoyaban la posibilidad de que el ungido fuera Matías Quiroz) esperaban. Los presentes comenzaron a hablar de las conveniencias de que la continuidad no sólo fuera política, sino familiar. Julio Espín Navarrete se deshizo en halagos hacia Gayosso y fue secundado por su eterno alfil, Josué Espíndola, quien dijo que ellos con Julio sabían ganar elecciones y que garantizaban que Gayosso sería gobernador.

Hortencia Figueroa habló de los logros del gobierno y la necesidad de continuar con los programas sociales que había instaurado Graco, para llegar a la conclusión de que el indicado era Rodrigo. José Manuel Tablas y Ricardo Calvo resaltaron la juventud, inteligencia y astucia para operar políticamente, lo que quedó demostrado durante su paso por la dirigencia del PRD.

Sólo Fernando Pacheco, Jorge Messeguer y José Montes no se adhirieron a “la cargada”. Hicieron notar la conveniencia de tomar una decisión mesurada, sin precipitaciones, que abonara a la unidad del partido y que no le facilitara las cosas a la oposición.

Pero las manifestaciones a favor de Rodrigo Gayosso continuaron, así que cuando le tocó el turno de hacer el uso de la palabra al médico Quiroz Medina sólo pudo agradecer la mención del gobernador como posible candidato, y agregar que era claro que la decisión de la mayoría era a favor de Gayosso. “Yo no voy a ser quién divida al partido”, dijo a punto de las lágrimas.

Entonces se acercó el multi-aludido Gayosso y, luego de agradecer todas las manifestaciones de apoyo, le prometió en ese momento a Matías que él sería su coordinador de campaña, lo que provocó un alud de aplausos entre la concurrencia, enternecidos por el “gesto de humildad” del ya virtual candidato. 

Obviamente que Matías Quiroz no fue tomado en cuenta para la campaña de Rodrigo Gayosso. De hecho, los que no se sumaron a la corriente de elogios quedaron marginados durante el resto del sexenio y no fueron incluidos en las candidaturas del 2018, cuando en la primera posición plurinominal quedó registrada Melisa Torres, con quien Rodrigo había contraído nupcias el 25 de abril del 2017.

La crónica anterior viene a colación porque en aquella reunión de finales del 2017 en la casa de gobierno, los asistentes salieron con la sensación de que les habían hecho “de chivo los tamales” y el atole se los habían dado “con el dedo”, y en esta ocasión existen muchas posibilidades de que ocurra lo mismo, pero ya sin atole ni tamales.

Como lo hemos venido informando, desde hace dos semanas el PRD está tratando de conformar su lista de candidatos a cargos de elección popular para la jornada comicial del seis de junio próximo, y ya se tiene prácticamente definida la postulación del empresario educativo Jorge Arizmendi para la presidencia municipal de Cuernavaca y los que buscarán una diputación local por voto directo.

Sin embargo, en lo que está atorado es en la conformación de la lista de diputados plurinominales. Ahí, fracasó el intento de elegir a Rodrigo Gayosso en la primera posición de los que no van a salir a competir, sino que se verán beneficiados con los votos que reciba el partido. No lograron obtener los votos necesarios para su aprobación, pero la dirigente estatal Cristina Balderas se prestó para declarar en receso el Consejo Estatal que se estaba llevando a cabo vía Zoom, y que el comité ejecutivo nacional lo decida.

Rodrigo Gayosso quiso ser diputado plurinominal desde la legislatura 2012-2015. En aquella ocasión ocurrió algo inesperado: el gobernador Graco Ramírez le pidió a los líderes del PRD que rechazaran la propuesta de que su hijo fuera diputado plurinominal. Así lo ha contado en varias ocasiones Raúl Tadeo Nava.

En esta ocasión, Graco es el primer interesado en que Rodrigo tenga un lugar privilegiado en la LV Legislatura local, pues busca “armar un trabuco” con otros diputados que llegarían bajo las siglas de diferentes partidos (principalmente “Morelos Progresa”, donde militan ahora la mayoría de los asistentes a aquella reunión en casa de gobierno).

Si la dupla Graco-Rodrigo logra la mayoría de diputados en la legislatura que viene (14 entre pluris y uninominales), puede hacer con este estado lo que le venga en gana.

HASTA MAÑANA.

El show de ayer en la puerta trasera del Palacio de Gobierno marca el inicio de un abierto enfrentamiento entre la Secretaría de Gobierno y el grupo de notarios que encabeza el ombudsman Raúl Israel Hernández.  Quince elementos de la Fiscalía Anticorrupción bajo las órdenes de Juan Salazar Núñez, ex consejero jurídico en el Gobierno de Graco Ramírez, llegaron a la oficina de Pablo Ojeda Cárdenas para entregar tres oficios. 

El fondo jurídico es lo de menos. Al número dos de la actual administración estatal le están aplicando la misma táctica intimidatoria que en su momento le impusieron al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos y a la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López, con la diferencia de que ayer no llegaron con armas largas R-15.

El hijo de Pedro Ojeda Paullada no ocultó su molestia por el operativo que puso en alerta a los elementos que resguardan el palacio de Gobierno. “La Fiscalía debería de tener un poquito de pudor, cuando tiene que destinar 15 elementos de la Policía de Investigación Criminal para venir a entregar tres oficios, es inaceptable en un estado donde la fiscalía tiene un grado de impunidad de 99.6 por ciento de carpetas no resueltas”, dijo al ser interceptado por reporteros en las inmediaciones del palacio.

No estaba enojado, sino lo que le sigue. “Yo diría que si el fiscal anticorrupción (Juan Salazar Núñez) destinara la mitad del tiempo que utiliza para persecuciones políticas, pudiera dar los resultados que necesita la ciudadanía. Es muy peligroso que las instituciones, como el Ministerio Público se utilicen para fines políticos”, acotó.

Y tiene razón. Si bien es cierto que esa Fiscalía anticorrupción ha realizado acciones relevantes deteniendo a funcionarios menores “con las manos en la masa”, también lo es que en varias ocasiones ha puesto especial atención en denuncias con una connotación política.

Recordemos aquel “show” que armaron en el edificio de la tesorería municipal, donde llegaron las agentes del Ministerio Público escoltadas por el Ejército para llevarse una computadora y hasta empujones hubo con el personal que se atrevió a cuestionar su proceder.

Ayer, cuando podía haber llegado un fulano vestido de civil, entrar como cualquier ciudadano y dejar en la oficialía de la Secretaría de Gobierno el oficio, optaron por llegar en camionetas (sin placas por cierto), vestidos con uniforme y la leyenda “Fiscalía Anticorrupción” en sus espaldas, en un horario en el que saben que la prensa anda cerca del Palacio de Gobierno.

No sabemos las acusaciones que haya contra los servidores públicos, y tampoco vamos a defenderlos, pero lo que señalamos aquí es la forma en que realizan sus operativos y que no son parejos. Ayer, inexplicablemente no hubo comunicado de la Fiscalía Anticorrupción para informar lo que estaba ocurriendo.

En el fondo –es un secreto a voces- de lo que se trata es de decirle al secretario de Gobierno que si se mete con el grupo de notarios (algunos lo llaman cartel), se deberá atener a las consecuencias.

Como ya lo hemos venido mencionando, hay un “reacomodo” en el grupo de los notarios a partir del relevo en el Colegio de Notarios, cuando se va Patricia Mariscal y llega Jesús Toledo Saavedra. Los que alguna vez fueron “consentidos” hoy más bien son mal vistos por llevar el estigma de haber sido designados en el sexenio de Graco Ramírez,

En esa situación se encuentran las notarías de Alberto Barona Lavín, la de Uriel Carmona Gándara y la de Israel Hernández Cruz. A este grupo se sumó últimamente una notaria, Yuriria Leticia Hernández Lozano, quien recibió la patente de manos del entonces gobernador Graco Ramírez el 25 de julio de 2018.

Como ya es del dominio público, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CEDH-Mor), Israel Hernández, interpuso una denuncia penal (ante su compañero el también notario con licencia) para decir que en diciembre pasado “alguien” le mandó decir “que le bajara o comenzarían a rodar cabezas”, sin especificar si es en sentido literal o figurado.

Puso como testigo a otro notario, hijo de otra notaria, pero éste se deslindó de inmediato como diciendo “no es mi problema”.

Luego, el ex director jurídico con Graco Ramírez ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer lo anterior y decir el clásico “y si algo me pasa a mí o a mi familia, hago responsable al secretario de Gobierno”.

La respuesta no se hizo esperar. El aludido Pablo Ojeda Cárdenas negó tajantemente que hubiera amenazado al “ombudsperson”, y explicó que lo único que hizo la Secretaría de Gobierno fue exhortarlo a proponer a un nuevo notario suplente. 

Esa fue la respuesta amable, porque después vino “el ramalazo”: la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del acuerdo en el cual se establece que una de las causas de terminación del cargo de notario es cuando habiendo terminado el plazo de la licencia que le fue concedida, no se presente dicho fedatario a asumir su función dentro de los siete días hábiles siguientes a la conclusión de su licencia.

Israel Hernández ya dijo que no se va y que defenderá legalmente su notaría. Es de esperarse entonces un “choque de trenes” en el que por primera vez en la historia de Morelos, la institución encargada de perseguir el delito, y la que se encarga de velar por los derechos humanos, están aliadas en virtud de que sus titulares comparten la característica de ser notarios públicos con licencia.

Enfrente está la Secretaría de Gobierno, quien tiene a su cargo –entre otras cosas- la vigilancia de los actos de los notarios y el manejo del Registro Público de la Propiedad, pieza fundamental para el funcionamiento de las Notarías.

Nada más una recomendación: el que se enoja, pierde.

HASTA EL LUNES.

El 11 de noviembre del 2019 publicamos en este mismo espacio lo siguiente:

“Si una institución pública pierde un juicio de cualquier índole, difícilmente se le podrá imputar responsabilidad al consejero jurídico o titular del área legal, pero si ese funcionario pierde todos los juicios, entonces habría que avizorar la posibilidad de que fue una mala elección de quien o quienes lo contrataron”.

En esa ocasión, dimos a conocer que más de 60 pensiones que la anterior legislatura local aprobó, y que la actual cámara de diputados abrogó por considerar que eran legalmente improcedentes, tendrían que ser pagadas porque los beneficiarios obtuvieron la protección de la justicia federal.

Y decíamos que esto solamente tiene dos interpretaciones: que no hubo la defensa legal adecuada, o que el acto de dejar sin efectos las pensiones por parte de la actual legislatura sólo tuvo como propósito atraer los reflectores, o bien, una venganza política. O un poquito de cada cosa.

Con respecto al mismo tema, el 4 de julio del 2019 en esta misma columna hicimos notar que el Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso  Elaine Rodríguez Aranda, fue contundente en su sentencia:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

A pesar de ello, los diputados de la actual legislatura continuaron “combatiendo las pensiones doradas autorizadas por sus antecesores”, quizás porque era la única noticia que les garantizaba espacios gratis en los medios de comunicación.

“Ahora que se comienzan a echar abajo, verán que ninguna de las fracciones en que está dividido el Congreso querrá asumir su responsabilidad y le echarán la culpa al director del departamento jurídico, (un señor de nombre Gerardo Florentino Galindo Durán) o a quien lo puso en el cargo”, pronosticamos en aquella ocasión.

Apuntamos que el cargo de director jurídico del Congreso Local es de vital importancia pues viene siendo “el cerebro jurídico” de los diputados. Por ahí han pasado el doblemente doctor, Bernardo Sierra Becerra; la maestra en derecho y hoy magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Martha Elena Mejía y últimamente el también doctor Humberto Serrano Guevara.

¿Quién es el licenciado Gerardo Florentino Galindo Durán? Para nosotros es un desconocido, lo cual no significa que tenga que ser desconocido para el resto de la población, máxime cuando no es oriundo de la capital sino más bien su “zona de influencia” es la región oriente.

En busca de referencias recurrimos a “San Google” y lo único que nos arrojó es un documento en PDF que resultó ser el acta de Cabildo número 12 de la administración municipal de Jesús González Otero en el que se discutieron diversas solicitudes de pensión.

Ahí, en la página 19, aparece que el señor Florentino Galindo pidió que le concedieran la pensión por cesantía en avanzada edad en virtud de que fue director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 2001 al 2003, es decir, hace más de 12 años.

La petición no solamente refleja una ignorancia de las leyes, sino una mala fe del promovente al pretender obtener una “pensión dorada” que no es procedente, tal y como lo determinó el Cabildo de Cuautla en esa sesión del cinco de agosto del 2015.

En ese mismo documento el señor acredita haber sido agente del Ministerio Público, defensor de oficio y subdirector de un penal, además de director municipal de Seguridad Pública, lo cual es digno de reconocerse, pero no suficiente para ocupar el más alto cargo jurídico dentro de uno de los tres poderes del estado.

“Con esos antecedentes, y con los resultados arriba mencionados, cabe hacerse la pregunta sobre quién es el responsable de este fracaso legal, si el licenciado Florentino, o los diputados que asignaron los cargos por repartición de cuotas o por parentesco”, decíamos en aquella columna del 11 de noviembre del 2019. 

Pues bien, la semana pasada, la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, solicitó en conferencia de prensa la destitución del director jurídico del Congreso, “quien por sí o por instrucción de algún Diputado del Partido Encuentro Social, omitió responder al juez por la Comisión de Gobernación; y que, por cierto, es funcionario público, porque es tío del Diputado José Luis Galindo, Coordinador del PES en el Congreso, quien lo impuso en la Dirección Jurídica, sin importarle incurrir en un acto de nepotismo”.

Lo anterior, relacionado con el asunto del juicio de procedencia que se está tramitando en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro, acusado de violación ante la Fiscalía General del Estado.

Y ayer, la legisladora informó a través de sus redes sociales, que por unanimidad al interior de la Comisión de Gobernación del H. Congreso del Estado de Morelos, se aprobó pedir al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo, “la remoción inmediata del Director Jurídico, Florentino Galindo, tío del diputado Galindo, del PES, por ineficiente, omiso y cómplice del presunto violador Marcos Zapotitla”.

HASTA MAÑANA.

Hasta el cierre de la presente columna continuaba “en veremos” la conformación de la planilla del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la presidencia municipal de Cuernavaca y la definición de la lista de diputados plurinominales. Un grupo de valientes perredistas intentaba impedir que Rodrigo Gayosso Cepeda se quedara con la posición número uno, y se daba como un hecho que el ex priísta Jorge Arizmendi García será el abanderado para la alcaldía capitalina.

Recordemos que el jueves 4 de febrero, aún con las marcadas y añejas diferencias entre las dos corrientes predominantes del PRD en Morelos, los acuerdos para la definición de quien encabezará las candidaturas perredistas a los diferentes cargos de elección popular se iban logrando.

Por un lado está Alternativa Democrática Nacional (ADN), que encabezan en Morelos Adriana Díaz Contreras y la actual dirigente estatal Cristina Balderas Aragón. Por el otro lado está Nueva Izquierda (NI), que encabeza en el estado el actual secretario general del partido, Matías Quiroz Medina. Ambas expresiones tienen dividido casi en partes iguales el Consejo Político estatal perredista: ADN cuenta con 21 consejeros y NI 18.

Desde las 10:00 A.M de ese jueves iniciaron los trabajos del Consejo Político estatal perredista, vale decir, con varios acuerdos ya logrados previamente. Se discutieron candidaturas para municipios y diputaciones de mayoría, dejando casi todo listo para votar las propuestas, sin embargo, esto no ocurrió.

Todo iba bien hasta que llegó el momento de discutir la lista de diputados locales por la vía plurinominal. La primera propuesta hecha y defendida por la presidenta Cristina Balderas y Sergio Prado Alemán de ADN, fue que la lista la encabezara el ex candidato a la gubernatura Rodrigo Gayosso Cepeda. Tan sólo la mención del nombre provocó el rechazo inmediato de los integrantes de NI, principalmente de Matías Quiroz y del ex diputado Ricardo Calvo Huerta.

Tras 14 horas de discusión los trabajos fueron suspendidos con ánimos confrontados, cerca de la medianoche. Cabe aclarar que todo lo anterior se dio vía “Zoom”, que si no, hasta sillazos habría habido, pues en eso son expertos los hermanos Prado Alemán.

El pasado fin de semana se llevó a cabo una reunión en una casa de Acapantzingo. En ese cónclave se llegó al acuerdo de que el candidato a la presidencia municipal por Cuernavaca sea el empresario educativo Jorge Arizmendi, y la abogada Ruth Arias como candidata a síndica. Todo estaba “planchado”, sólo tenía que ser validado por el Consejo, que sesionaría ayer lunes.

Sin embargo, hasta entrada la tarde los consejeros no habían sido convocados ni en forma presencial ni por “Zoom”. Sospechaban que la cúpula perredista estaba en la ciudad de México negociando las posiciones.

De concretarse la llegada de Rodrigo Gayosso al Congreso Local vía plurinominal, estaríamos hablando (como ya lo habíamos adelantado en este mismo espacio) del regreso de la Legislatura 2015-2018 pero “recargada” con varios personajes ligados a Graco Ramírez.

El connotado politólogo Domitilo Evangelista ya adelantó una posible conformación de la Quincuagésima Quinta Legislatura:

Rodrigo Gayosso (PRD); Jaime Álvarez Cisneros (MC); José Manuel Tablas, Julio Espín Navarrete, Enrique Laffite Bretón, Silvia Irra Marín, Anacleto Pedroza Flores (Morelos Progresa). 

A ellos se sumarían (según la teoría de Domitilo Evangelista), Jonathan Márquez (PRI); Tania Valentina Rodríguez (PT), Juan Carlos Beltrán Toto (RSP); Nadia Lara Chávez (Fuerza por México), y Ángel Adame Jiménez (PAN).

“Todos ellos tienen en común cercanía en mayor o menor medida, con el ex gobernador Graco Ramírez, sea porque trabajaron para él, para Rodrigo Gayosso o bien, porque han sido herramientas para el cumplimiento de objetivos políticos del ex mandatario”, apunta el autor de la columna “Sombrerazos”. Coincido en lo general, aunque me resulta inexplicable que ponga en esa lista al empresario restaurantero Ángel Adame Jiménez.

Y por si no fuera suficiente esos personajes “afines a Graco”, ayer trascendió que Ángel Colín López, se registró como candidato a la diputación local XI, Jojutla, Tlaquiltenango, Tepalcingo y Axochiapan, lo cual no tendría nada de extraordinario.

Lo realmente inconcebible es que pretende llegar al Congreso Local a través del Partido Morena, pues es en ese instituto político donde se inscribió como precandidato y hasta publicó su fotografía en redes sociales.

Eso es no tener vergüenza. Ángel Colín López no es colaborador de Graco Ramírez, es su lacayo, su “lamesuelas”. Le operó infinidad de “trabajos sucios” como secretario de Asuntos Electorales del Comité Directivo Estatal del PRD, y los últimos dos años de su administración se encargó de preparar la “elección de Estado” para que llegara su hijastro Rodrigo Gayosso, y tras el fracaso electoral en 2018, se ocupó de “limpiar la casa” y dejar blindados a los funcionarios y notarios que trabajaron a favor de Graco.

El pago por su obediencia servil fue una “pensión dorada” para su esposa, dentro del paquete que autorizó “fast track” el grupo de diputados arriba mencionados. Y aunque la nueva administración y la actual legislatura han intentado echar abajo esas pensiones, (incluso la señora está bajo proceso penal por falsificación de documento) el daño ya está hecho y tendrán que dar cumplimiento a los decretos correspondientes.

Así las cosas, y salvo algunas excepciones, es evidente que Graco Ramírez va a intentar retomar el poder que alguna vez tuvo en el Congreso Local, cuando su hijastro traía a los diputados hasta uniformados.

Y no se necesita mucha sapiencia para darnos cuenta que ese control no sólo es para garantizar impunidad de una vez por todas a su administración 2012-2018 donde hay todavía algunos “cabos sueltos”, sino para perpetrar su venganza en contra de quienes lo derrotaron en forma aplastante en las urnas y que hoy ocupan los principales cargos en el gobierno estatal.

HASTA MAÑANA.

En el proceso comicial que se avecina será interesante ver la reacción del electorado con respecto a la reelección. Los mexicanos hemos escuchado tanto la frase “Sufragio efectivo, No reelección” (en Cuernavaca hasta una calle tenemos con ese nombre) que sólo con mencionarlo sentimos como si estuviéramos cometiendo un sacrilegio.

La reelección es un signo característico de los regímenes dictatoriales, pero el espíritu de la reforma legal para el caso de los presidentes municipales es que la mayoría de las veces no es posible concluir una obra realmente trascendente en tres años, por lo que se decidió darle hasta seis años a un alcalde para que materialice su proyecto de trabajo.

Para el caso de los diputados –y ésta es una apreciación personal- la reelección fue solamente por conveniencia y porque ellos como hacedores de las leyes pueden poner lo que quieran al fin y al cabo son quienes las aprueban. De ahí que los legisladores no solamente se adjudicaron el derecho de permanecer en el cargo otros tres años, sino que incluso le agregaron el beneficio de no tener que pedir licencia.

Habrase visto mayor desfachatez: que una persona sea diputado y candidato al mismo tiempo. Pero como decíamos, ellos son los hacedores de las leyes y pueden hacer con ellas lo que les plazca.

Los alcaldes no tienen esa facilidad. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece la obligación de renunciar o pedir licencia a cualquier cargo público, 90 días antes del día de la elección, si es que se aspira a presidente municipal, síndico o regidor.

Así, el alcalde que pretenda reelegirse, deberá pedir licencia tres meses antes y dejar en su lugar a un encargado, de preferencia que sea de su confianza para que luego no lo vaya a desconocer, como ocurrió hace años en un municipio de la zona sur. 

En las elecciones del 2018, primera vez que se permitía la reelección, sólo lo lograron algunos munícipes: Agustín Alonso, en Yautepec; Fernando Aguilar Palma, en Emiliano Zapata; Francisco Erick Sánchez Zavala, en Yecapixtla y Luz Dary Quevedo, en Tetecala.

Para las votaciones de junio del 2021 el pasado fin de semana ya se inscribieron dos y quizás sean los únicos con posibilidades de volver a ganar en las urnas su derecho a permanecer en el cargo hasta el 2024.

Se trata de Juan Ángel Flores Bustamante, actual alcalde de Jojutla, y Rafael Reyes Reyes, de Jiutepec, ambos por Morena.

Aunque el 19 de septiembre del 2017, cuando ocurrió el peor terremoto en la historia de Jojutla, el presidente municipal era Alfonso de Jesús Sotelo, el mérito de Juan Ángel Flores fue haber respondido primero como jojutlense y después ya como alcalde, en la atención a la tragedia.

Tras una derrota en 2016 que él atribuye a una orden de su ex jefe Graco Ramírez, en las elecciones del 2018 –ya con las siglas de Morena- Flores Bustamante arrasó en las urnas y desde el principio empezó a trabajar para lograr la reconstrucción de su ciudad, la cual está prácticamente terminada.

Luego, con su novedosa forma de vigilar el municipio con el uso de drones, ha logrado reducir la delincuencia, por lo menos la no organizada, que es la que pega a las familias de nivel socioeconómico medio.

Pero consideramos que lo que puede llevar a Juan Ángel a un segundo periodo en el gobierno municipal, es que es un alcalde de 24 horas que siempre está disponible para atender las necesidades de sus gobernados.

En el caso de Rafael Reyes Reyes, recordemos que también ya había intentado ser alcalde bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y perdió ante Manuel Agüero Tovar, quien habiendo sido toda su vida priísta en el 2015 negoció la candidatura del PRD y ganó en las urnas.

La revancha vino en el 2018, cuando a pesar de que Manolo orquestó una “elección de Estado” con la ayuda de su alcalde interino, José Antonio Albarrán, la sociedad jiutepequense no le perdonó sus abusos y el saqueo que estaba haciendo, y prefirió darle el voto a Rafa Reyes, a quien no le ha sido fácil gobernar.

Una deuda cercana a los 700 millones de pesos, una pandemia mundial que mantiene al Ayuntamiento con el 25 por ciento de su personal, y una disputa entre cárteles por el control de la plaza que genera decenas de ejecuciones semanales, le han impedido a Rafa Reyes dar los resultados que todos quisiéramos.

Por eso consideramos que se merece una segunda oportunidad y puede lograrlo, a pesar de que “El Rey del Tik Tok” haya logrado juntar a dos partidos (el PRI y el PRD) para tratar de regresar a seguir saqueando al municipio.

ACLARA QUE NO ES HIJO DE NELSON TORRES MONDRAGON

Acuso recibo de la siguiente carta aclaratoria:

Por medio de la presente, me dirijo a Usted, al igual que a sus respetables lectores, para aclarar lo siguiente:

En su columna “Estrategias”, del 25 de enero de 2021, titulada: “Los cazadores de liderazgos”, dedica un sustancioso comentario hacia los precandidatos del Partido Renovación Política Morelense. En torno a eso, agradecemos el análisis y profundidad con los que concibe el tema político. Empero, haciendo uso de mi derecho de réplica, es necesario precisar:

1. Su servidor, Nelson Torres Salgado, precandidato de RPM a la alcaldía de Zacatepec, no posee ningún vínculo consanguíneo con Nelson Torres Mondragón (otrora alcalde de Jojutla), como lo afirma en su columna.
2. Soy originario de Zacatepec; ingeniero (de profesión); he trabajado arduamente en las filas de RPM. Cabe decir que Renovación Política Morelense es un partido de reciente creación, cuya filosofía y principios se resumen así: “buscamos renovar la forma de hacer política”. Nuestra única alianza es con los ciudadanos del estado. Por tanto, resulta indispensable esclarecer el contexto, solicitando, atentamente, la publicación de esta carta. Atentamente: Nelson Torres Salgado

HASTA MAÑANA

Manolo Agüero Tovar está seguro de que los jiutepequenses son idiotas: saqueó al municipio la primera vez que gobernó bajo las siglas del PRD aunque toda su vida fue del PRI; luego pretendió convencerlos con un video de que no los había endeudado; ahora quiere que voten por él para regresar nuevamente al Palacio Municipal y su campaña se basa en el uso del Tik Tok, una red social de origen chino que fue creada para personas con un IQ inferior a los 100. 

A diez meses de la primera suspensión de labores en los tribunales de Morelos, la falta de circulante en el gremio de los litigantes está provocando una crisis no solamente económica, sino política, ya que algunas organizaciones de abogados han expresado su inconformidad y responsabilizan de ello al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, quien sostiene que mientras los legisladores no hagan las reformas correspondientes, es imposible acceder a la justicia por internet. 

Ayer terminó el periodo de precampañas electorales, aunque (con excepción del PAN) los partidos políticos decidieron no hacer votaciones internas y esperar a la contienda constitucional. Ahora sí, los institutos políticos habrán de echar mano de todas las estrategias que se han venido utilizando desde hace décadas, además de aquellas que ofrecen los nuevos “vendedores de triunfos” con el uso de la tecnología.

Ahora sí, todos harán uso de la máxima maquiavélica que dice: “El fin justifica los medios”, y el objetivo final de todo esto son los cargos de elección popular que están en juego. El poder político y económico.

Algunos políticos chapados a la antigua están muy preocupados porque no saben qué hacer ahora que pretenden participar en el proceso electoral en medio de la peor epidemia de las últimas décadas, y algunos no saben ni cómo usar Facebook.

Son esos mismos que se espantan cuando ven una encuesta en alguna red social y vienen en último lugar, y se sienten triunfadores cuando ganan una de ella. No saben que son totalmente manipulables. 

Marcos Pineda Godoy, politólogo y director de Consulting & Research Estadística Aplicada, considera que la falta de experiencia, diagnóstico de la oportunidad y la conveniencia, hacen que los políticos caigan en diferentes tipos de errores a la hora de decidir las técnicas o los instrumentos de marketing que utilizarán en la promoción, ya bien de sus precampañas o sus campañas, según sea el caso.

En estos días, se han publicado en las redes sociales múltiples quejas, burlas y cuestionamientos sobre las llamadas telefónicas que están recibiendo los teléfonos, cuya residencia se encuentra registrada en la ciudad de Cuernavaca, con un mensaje computarizado de uno de los aspirantes a gobernar la ciudad de la eterna primavera en el siguiente período constitucional.

Del número 777 980 06 12 salen las llamadas, hechas por lo que conocemos como un robot, que reproduce una grabación intentando posicionar en el ánimo del electorado a un precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca.

Consulting & Research hizo un análisis de las quejas en redes sociales, y estos son algunos de los resultados obtenidos: del total de los usuarios de Facebook, que manifiestan algún tipo de molestia por haber recibido la llamada, el 40% cuestiona el por qué hacen uso de su número telefónico sin haber dado ellos autorización para tales efectos, el 30% argumenta contra el aspirante a candidato por considerarlo arribista y/o oportunista.

Sobre el primer cuestionamiento, reflejado en la frase “¿quién le dio mi número?” la respuesta es la siguiente:

La Ley de Protección de Datos personales no prohíbe el uso de bases de datos de empresas telefónicas cuando el uso que se les va a dar es para efectos de “marketing”, y cuando una persona contrata un servicio de telefonía celular tiene que leer su “aviso de privacidad”, si no lo hace es una autorización tácita de usar sus datos personales.

Al respecto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, establece en su artículo 10 que “no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: I. Esté previsto en una Ley; II. Los datos figuren en fuentes de acceso público; III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o VII. Se dicte resolución de autoridad competente.

En general, esta ley que es de reciente creación es muy laxa y deja prácticamente a la voluntad de los particulares su cumplimiento.

Por ejemplo, dice que el responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados.

El artículo 12 señala que el tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular.

“Artículo 13.- El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable”.

Es decir, la mencionada ley es prácticamente de cumplimiento voluntario.

En opinión de Marcos Pineda, la estrategia de las llamadas a teléfonos celulares para obligar al usuario a escuchar un mensaje político, es legal.

“Un verdadero, experimentado y profesional especialista en marketing electoral, sabe que, antes de iniciar una campaña de tales alcances, hay que hacer pruebas piloto para anticipar convenientes e inconvenientes, calcular los riesgos y las oportunidades, y entonces sí decidir, con números en la mano, sobre las probabilidades de que la campaña tenga éxito…”

HASTA MAÑANA.

Ángel Junquera Sepúlveda es licenciado en derecho por la Universidad La Salle, cuenta con maestría en Filosofía por la Universidad Panamericana y tiene un posgrado en Derecho Económico.

Además, Junquera Sepúlveda es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México –entidad que aplica el «estricto control ético de la profesión»— y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía. También es socio director del despacho Junquera y Forcada, e incluso es director general de las revistas El Mundo del Abogado, Voy & Vengo y El Mundo de la Educación.

Pero primordialmente, fue o sigue siendo el defensor legal de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como “Billy”, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, propietaria del equipo de futbol del mismo nombre.

Dentro de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, el vicepresidente del Cruz Azul y exdirector de planeación de la Cooperativa La Cruz Azul, Alfredo Álvarez, señaló a Ángel Junquera Sepúlveda como el responsable de proponer esquemas para desviar los recursos de la Cooperativa.

De acuerdo con el medio Contralínea, la declaración del hermano menor de Guillermo Álvarez apunta a que Víctor Manuel Gárces Rojo “revisaba todos los esquemas que proponía el abogado Ángel Junquera Sepúlveda para sacar dinero de la Cooperativa de manera indebida”.

Además, en el expediente de la FGR se indica a Junquera como el responsable de mover “cantidades millonarias” de la Cooperativa, a través de su despacho o de la sociedad Desarrolladora Táctica de FA S.C., según el columnista Javier Tejado.

Junquera también es el asesor jurídico externo Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet. El abogado fue, de acuerdo con el columnista Mario Maldonado, el responsable del acercamiento entre Alemán Magnani y Carlos Cabal Peniche para dar una inyección de capital de 150 millones de dólares.

Junquera también fungió como asesor jurídico del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cuando este pretendía extender su mandato de dos a cinco años.

El pasado 29 de julio, Junquera Sepúlveda solicitó licencia como su cargo de presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Casi al mismo tiempo, dejó de aparecer como director de la revista El Mundo del Abogado.

Fue en ese medio de comunicación desde donde comenzó a lanzarle mensajes al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus editoriales que firmaba de puño y letra.

“El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido a darle visibilidad al México del 70 por ciento y esto, por sí mismo, es encomiable. Si sólo lograra esto durante su mandato, el presidente pasaría a la historia como un buen gobernante”, decía en noviembre de 2019.

“Hay que celebrar la victoria de Morena, los mensajes contra los corruptos y hasta la caída de algunos abogados que, lejos de honrar la profesión, la estigmatizaban. Pero también hay sombras: por todos lados se advierte una sensación de acoso y persecución a quien se oponga al régimen, ya se trate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de activistas comprometidos o de un despacho fiscalista de abogados que defienda los intereses de sus clientes. Las amenazas, los “le aconsejo que se aparte del caso” y las auditorías están a la orden del día”, se quejaba en otro editorial.

El 5 de diciembre de 2019, cuando ya sentía la presión de la Fiscalía General de la República, publicó: “La popularidad de López Obrador, repito, sigue siendo muy alta. Pero nada es para siempre. Mientras Carlos Slim lo invita a dar señales de confianza a la iniciativa privada y éste dice que lo hará, pero no dice cuándo, México comienza a rezagarse. Otorgar tanto dinero a ninis y a personas de la tercera edad, a costa de programas sociales más eficaces, le brindará una formidable base electoral para 2021 pero, si los vientos arrecian en la economía internacional, de poco le servirá a su partido haber dejado un México frágil, así arrase en 2024”.

Ya sin firma, la revista publicó el siguiente mensaje:

“De aquí que resulte tan importante la labor que tiene ante sí Alejandro Gertz Manero. Como lo hemos dicho en este espacio, él es un hombre íntegro y cabal. El problema que enfrentará, sin embargo, amenaza con politizarse. El fiscal general tendrá presiones por doquier. En los próximos días veremos desfilar a algunos políticos que, responsables de lo que se le acusa o no, incurrirán en contradicciones y en desatinos que provocarán que el votante ordinario quede convencido de que son unos granujas y que nada sería mejor para México que mantener en la Cámara Baja a la coalición Juntos Haremos Historia”.

El 30 de diciembre pasado, ya con una orden de aprehensión en contra, “El Mundo del Abogado” publicó en su editorial:

“Hoy, más que nunca, los abogados estamos obligados a velar por él y a exigir que se respete en todos los ámbitos. Beneficie a los imputados que beneficie y perjudique a los imputados que perjudique, si éste se respeta, saldrán ganando el gobierno y los jueces, los fiscales y los defensores. Pero, sobre todo, saldrá ganando México”. .

Pero ¿qué cree estimado lector? En su edición de enero del 2021, la revista publicó en portada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el temible Santiago Nieto Castillo, quien al parecer desconocía que el propietario de ese medio de comunicación es uno de los prófugos de la justicia del caso Cruz Azul.

Extrañamente la revista sigue apareciendo sin director. Si las autoridades tuvieran la precaución de acudir al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, verían que en la escritura 39 mil 140, con el folio mercantil número 231 mil 548 está constituida la Revista El Abogado, S.A. de C.V. y entre sus propietarios está Ángel Martín Junquera Sepúlveda, lo que demostraría el conflicto de intereses en el que está incurriendo Santiago Nieto Castillo al aparecer en la portada de “El Mundo del Abogado”, edición enero del 2021.

Ya conocemos la justicia en nuestro país. En unos cuantos meses, quizás años, tanto Billy Álvarez como Ángel Junquera estarán libres de cualquier señalamiento, y hasta sus cuentas les van a descongelar.

Pero el prestigio y la buena reputación, esa ya nunca la van a recuperar.

HASTA EL LUNES.

En un escenario pre-electoral en el que los principales partidos políticos ya están “mostrando sus cartas”, hay un partido que llegó a tener mucho poder en Morelos (y no nos referimos al del Sol Azteca, que incluso obtuvo la gubernatura) que mantiene un estratégico silencio sobre el nombre de la persona que se registrará como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca.

Nos referimos al otrora “Convergencia por la Democracia” que captó más simpatizantes cuando se convirtió en Movimiento Ciudadano y adoptó unos “jingles” muy “pegajosos” como el del niño indígena de nombre Yuawi que cantaba “movimiento naranja”.

Ese partido fue creación del ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, en 1999, y él se encarga directamente de su operación política en toda la República. En Morelos su “guía moral” es el abogado Jaime Álvarez Cisneros, quien ya ha sido diputado local dos veces, diputado federal en una ocasión y no descarte que esté presente en la siguiente legislatura.

El éxito de Movimiento Ciudadano radica en que ha sabido ser “partido bisagra”en las decisiones políticas de mayor trascendencia en esta entidad. Pocos saben que los dos votos de Convergencia (el de Jaime y el de Kenia Lugo) fueron determinantes para que permaneciera en el gobierno Sergio Estrada Cajigal, en 2006.

Pero sin duda su mejor trienio fue el 2009-2012, pues el cambio de nombre les favoreció en las urnas y ganaron por voto directo los distritos de Jiutepec con Jaime Tovar y Jesús Alberto Martínez Barrón (profe Nato) en Cuautla, lo que les alcanzó para un plurinominal, que fue Luis Machuca. El presidente del partido, Jaime Álvarez Cisneros, obtuvo la diputación federal plurinominal.

Ya con esa fuerza el senador Graco Ramírez vio la conveniencia de ir en coalición para las elecciones del 2012. Así llegó Jaime Álvarez a la jefatura de la Oficina de la Gubernatura y luego a la Secretaría de Turismo, para regresar al Congreso local en 2015.

¿Y qué ha pasado con el partido? Desde nuestro particular punto de vista Movimiento Ciudadano ha tenido un declive en los últimos años. La ausencia de Jaime Álvarez (quien anda en pleitos legales por un asunto que le dejó Graco Ramírez) repercutió en la dirigencia estatal, que quedó en manos de Luis Machuca y posteriormente Julio César Solís, en ese orden cronológico.

Jessica Ortega de la Cruz, la única mujer que tiene MC con liderazgo, fue aprovechada por el partido para hacerse cargo del sector femenil, pero de todo el país, por lo que llegó un momento que nadie tenía tiempo para dedicárselo al comité directivo estatal.

Por si esto fuera poco, la representación del instituto político al interior de la actual legislatura “les volteó bandera”. A pesar de ser una de las personas más cercanas de Jaime Álvarez, y que se vio directamente beneficiada por las “pensiones doradas” (que negociaron todos los partidos de la anterior legislatura) Ana Cristina Guevara comenzó a tomar decisiones sin consultar al partido, hasta que finalmente anunció su desincorporación y se declaró independiente.

Recuperaron el espacio convenciendo a otra diputada, Maricela Jiménez Armendariz, que estaba en el Partido Encuentro Social (PES). Si no, habrían quedado sin voz ni voto en la LIII Legislatura local.

Recordemos que a nivel estatal MC sólo “gobierna” dos municipios: Tetecala y Zacualpan, pero eso es entre comillas, pues los municipios están tan lejos que en los hechos trabajan “sueltos”.

Así las cosas, ha llegado el momento que el Partido Movimiento Ciudadano haga un alto en el camino y reflexione hacia dónde quiere ir y con qué personas. El 2021 será determinante para medir su nivel de penetración en la sociedad, máxime cuando hay una docena de nuevos partidos que están ávidos de votos para garantizar su permanencia.

Hasta donde sabemos, el movimiento naranja tiene sus esperanzas en dos candidatos a alcaldes que ya están definidos: Pablo Portillo (por segunda vez) en el municipio de Cuautla; y el abogado Wilbert García Orozco en Temixco. En Jiutepec van con César Espinoza y en Puente de Ixtla con Rubén Morales Ozaeta.

Vemos una posibilidad real de triunfo en Temixco. En esta ocasión Wilbert inició con tiempo su campaña y retomó las visitas a las colonias donde tuvo pocos votos la pasada elección cuando fue una víctima más de la llamada “ola morena”. Y es que sus contrincantes son de risa: la alcaldesa Juana Solano, el diputado con pinta de narco Andrés Duque, y otra vez quiere Nereo Bandera por el PRI, lo mismo que Andrés Huicochea, pero ahora por el PRD.

En cuanto a diputaciones, Luz Dary Quevedo y Adrián Cázarez se han ganado el derecho a contender por sus respectivos distritos locales. En Cuernavaca seguramente estarán Jessica Ortega y “Chacho” Mátar.

Por la presidencia municipal de la capital hace tiempo se habló de la posibilidad de que MC fuera en la misma coalición que el PAN y el PSD, lo cual hubiese sido formidable. Pero en ese momento el que encabezaba las preferencias para abanderar al movimiento naranja era el ex sacerdote Antonio Sandoval Tajonar. 

Como suele ocurrir en la política, al final el padre Toño “nomás hizo la travesura”, obstruyó la posibilidad de un triunvirato y después anunció que siempre no va por ningún partido.

Ahora la dirigencia (la de hecho o la de derecho) debe ser muy cuidadosa en elegir a un buen candidato que dé batalla en las votaciones donde ya hay muchos y buenos tiradores, y si no gana la alcaldía por lo menos logre meter un regidor, pues actualmente Movimiento Ciudadano no tiene representación en el Cabildo de Cuernavaca.

El partido naranja se ha ganado su lugar en el escenario político. Ya tiene una gubernatura, la de Jalisco, aunque el polémico Enrique Alfaro quien sabe si termine el sexenio. Difícilmente ganará Nuevo León, pues su candidato Samuel García sí es el más famoso, pero no es garantía de que voten por él.

Luis Donaldo Colosio, hijo del mítico ex candidato del PRI a la presidencia de la República, va a la presidencia municipal de la capital, Monterrey, con amplias posibilidades de ganar.

La candidatura a una diputación local de “Paquita la del Barrio”, que hoy ocupa las primeras planas de los medios informativos de espectáculos y de política, más bien podría considerarse un error que se van a lamentar. Eso deberían dejárselo al Partido Encuentro Solidario que anda agarrando artistas y deportistas, o lo que sea.

Por otro lado, y en la misma tónica de los partidos, Redes Sociales Progresistas sufrió a nivel nacional una fractura con la salida de Moisés Jiménez Sánchez, luego de que éste rompió con la dueña del partido, la famosa maestra Elba Esther Gordillo. En Morelos eso puede significar la salida de Paul Pliego Escobar, fundador de la organización y creador de su actual estructura.

HASTA MAÑANA.

Por si le faltaba algo al proceso electoral 2021 para hacerlo más emocionante, ayer se registró como pre-candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Cuernavaca el conocido y reconocido abogado Cipriano Sotelo Salgado, dejando en el camino a Jorge Arizmendi García y Rafael Cepeda Aguilar. 

La enfermera contó primero por columnas y después una por una. Contó una tercera ocasión y exclamó: “Aquí faltan cuatro vacunas”.

El médico se puso nervioso y la apuró:

“¿Cómo van a faltar vacunas? Ándale apúrate que se nos va a hacer tarde”.

• Lo siento doctor, pero aquí faltan vacunas y yo no voy a ser responsable de esto- contestó la mujer vestida de blanco- voy a avisar a la superioridad.
• Tenemos el tiempo encima, están esperando las vacunas y no podemos perder tiempo haciendo un acta administrativa- insistió el galeno.

Era el mediodía del jueves 14 de enero pasado y la escena se desarrollaba en la llamada “cámara fría” del Hospital “Carlos Calero Elorduy”, que es donde resguardan todas las sustancias que requieren refrigeración, entre ellas, las vacunas contra el COVID de la marca Pfizer, enviadas por el gobierno federal para inmunizar al personal médico que está en la primera línea de la lucha contra el peligroso virus.

Lo primero que hicieron fue tratar de localizar las vacunas cuyo valor normal está entre 14 y 19 dólares, pero que por las circunstancias actuales de la pandemia se podría vender en el “mercado negro” hasta en unos cinco mil pesos cada una.

Cuando vieron que no aparecían por ningún lado, alrededor de las cuatro de la tarde le avisaron a la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Morelos, Verónica Solano Flores, quien pidió que esa información no saliera de ahí pues era algo muy delicado.

Pero era imposible evitar la filtración. Durante la tarde noche de ese día jueves la versión de que “se habían robado vacunas” de las instalaciones del hospital que recientemente había reinaugurado el presidente Andrés Manuel López Obrador, era compartida por trabajadores y personal médico bajo la condición de no divulgarla.

Fue hasta las 21:40 horas que el portal de Carmen Aristegui “soltó la bomba”:

“Morelos: Desaparecen cuatro vacunas contra coronavirus en el hospital que opera Sedena”, decía la nota firmada por la corresponsal Estrella Pedroza.

“Trabajadores del nosocomio, quienes pidieron resguardar su identidad por temor a represalias, denunciaron que fue al mediodía de este jueves que los encargados del manejo de las dosis se percataron de la ausencia de cuatro frascos de la vacuna Pfizer-BioNTech”, agregaba.

La especie no pudo ser confirmada por la autoridad correspondiente puesto que la delegada nunca contestó su teléfono hasta el lunes, cuando admitió “una diferencia en el número de vacunas”, e informó que ya se había iniciado una denuncia ante la Fiscalía General de la República.  

“Alrededor de las cuatro de la tarde (de 14 de enero) me informan que traían extraviado algunas dosis de vacuna para covid19 en la clínica de Medicina Familiar de Cuernavaca deI ISSSTE (situada en Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”) en este momento yo me comunico con el jefe de la unidad jurídica Rafael Cuevas Pinzón le pedí que realizará las acciones legales procedentes los órganos jurisdiccionales competentes para que realizan la indagatoria”, dijo. 

Además, indicó que la FGR ha llamado a declarar a trabajadores de base y de confianza y también ha solicitado sus expedientes laborales e identificación del biológico en general que fue entregaron a la Unidad Familiar para la aplicación de la vacuna. 

“Hasta el momento han sido llamados a declarar por lo menos 15 personas, entre personal de base y de confianza, y se planea llamar a personal de seguridad que pertenece a una empresa privada contratada por el ISSSTE (…) entre ellos figura Antonio Mora García, director de la clínica de Medicina Familiar de Cuernavaca”, agregó.

Por otra parte, trabajadores del ISSSTE, que solicitaron resguardar su identidad, revelaron que los principales sospechosos son funcionarios del cuerpo de Gobierno del ISSSTE quienes tenían acceso directo a  las vacunas, entre ellos figura “Armando Ramírez Saldívar, jefe del departamento de atención médica, debido a tuvo un comportamiento extraño el día previo a que se percataron del faltante”. 

Además, “fue el primero en recibir el reporte de un faltante e intentó evitar que llegara a los superiores presionando al personal que contabilizó las vacunas (para iniciar con la jornada de vacunación) a que se minimizará la situación y continuar con el proceso argumentado que no había tiempo para eso”.  

Los trabajadores, revelaron que en la zona donde está ubicada la cámara fría (donde se resguarda todo tipo vacunas incluidas las de COVID) no hay cámaras de videovigilancia por lo que es prácticamente imposible saber quién tuvo acceso y quién tomó las vacunas.

¿Quién es Armando Ramírez Saldívar? Es un personaje que ha combinado su profesión de médico con la actividad política, siempre en el Partido Revolucionario Institucional y siempre bajo la polémica.

Consejero Político Municipal de Cuernavaca; representante del PRI ante el Consejo Estatal Electoral en 1991, 1993, 2006 y 2012;  secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en 1993 y Secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI; candidato a Diputado Plurinominal 1997 y de Mayoría Relativa por el IV Distrito Local en 2000 Candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI (1998); presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI; secretario particular del Rector de la UAEM en 1985; director de Salud Pública del Municipio de Cuernavaca; director general de Planeación de la Secretaria de Salud del Estado de Morelos, y delegado federal del ISSSTE en el Estado de Morelos, son algunos de los cargos que ha ostentado.

Sería muy lamentable que, al terminar la investigación que ya realiza la gente de Alejandro Gertz Manero, resulte que quien se robó unas vacunas sea un emblemático representante del partido que tanto ha criticado el presidente de la República.

HASTA MAÑANA.

Tan pronto tuvieron el resolutivo del Impepac (Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana) en sus manos, los operadores de los nuevos partidos políticos se internaron en los municipios de Morelos en busca de aquellos líderes que habrán de garantizarles el triunfo, o ya de perdida la permanencia después del 6 de junio próximo.

Entre esos liderazgos están personajes que ya participaron por uno o varios partidos anteriormente y tuvieron una buena acogida por parte del electorado, ex comisariados, ex ayudantes municipales o simplemente aquellos que son muy populares entre los vecinos.

Dos de esos partidos de nueva creación que consideramos están haciendo muy bien su ESTRATEGIA de reclutamiento de precandidatos son Movimiento Alternativa Social (MAS) y Renovación Política Morelense (RPM), que encabezan el abogado Enrique Paredes Sotelo y Leticia Salgado Peña, respectivamente.

Tienen la ventaja de que no arrastran conflictos internos como ocurre con Más Apoyo Social de Diego Gómez, quien está litigando tanto el derecho a usar las siglas MAS como la representación ante el Impepac.

Lo primero que hizo Movimiento Alternativa Social fue definir quién sería su candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, que es “la joya de la Corona”, y se decidió por Matías Nazario Morales, llevando bien guardado el nombre de quien estaría en la regiduría uno. Dice Enrique Paredes que ni él sabe, pero asegura que “yo no voy”.

Hasta ahora, los líderes que ya tienen “apalabrados” en los diferentes municipios son los siguientes: Atlatlahucan, Alberto Franco Tufiño; Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto; Jiutepec, Arturo Flores Solorio; Tlaquiltenango, Jorge Alberto Maldonado; Tlayacapan, Carlos Barragán Ávila; Zacatepec, José Luis Montoya Bandera; Zacualpan, Hipólito González Barreto; Amacuzac, Ana María Garduño; Puente de Ixtla, Georgina Bahena de la Rosa ; Temixco, Luisa Yolanda Carmona Meléndez; Tetela del Volcán, Maricela Martínez Carrizal.

De esa lista sobresalen Alejandro Mancilla Cueto, quien ya será la tercera vez que buscará la alcaldía y que tuvo un buen desempeño como presidente de Bienes Comunales; Arturo Flores Solorio quien ahora irá con la camiseta del MAS después de haber sido diputado por el Partido de la Revolución Democrática y que acostumbra ofrecer su “capital político” al mejor postor.

Ana María Garduño García es hermana del que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Humberto, con los mismos apellidos, y su trayectoria ha sido básicamente en la actividad jurisdiccional. Qué valiente la señora. 

Luisa Carmona ya fue candidata a diputada por el Partido Nueva Alianza, quienes se aventaron la puntada de publicitarla con el mote de “La buena”, pero ni así lograron que ganara. ¿Alguien sabe quién es su marido?

De las demás personas no tenemos mayores referencias pero esperamos que nos lleguen a través de nuestras redes sociales para poder opinar.

La lista no oficial del partido Renovación Política Morelense es la siguiente:

Axochiapan, David Castillo Martínez; Ocuituco, José Adrián Espinoza Fonseca; Emiliano Zapata, Humberto García Domínguez (El Pinguis); Cuautla, Hilario Pérez González; Tlaltizapán, Nadia Belem Delgado Gómez; Jiutepec, Fortino Benítez Sánchez; Yecapixtla, Adriana Méndez Ramírez, Zacualpan de Amilpas, José Gilberto Vidal Santibañez; Jonacatepec, Roberto Carlos Mejía Pastrana; Zacatepec, Nelson Torres Salgado; Temixco, Carlos Tapia Soto; Ayala, Carolina Plascencia Carvajal; Amacuzac, Rodolfo Ayala Jaime; Puente de Ixtla, Darío Ortíz Sánchez; Tepalcingo, Armando Tablas Cardoso; y en Miacatlán, Alma Coria Oropeza.

Nótese que no está Cuernavaca, y es que todavía no encuentran a su abanderado para la capital del estado. Llevaban avanzadas las negociaciones para que el candidato fuera el prestigiado contador público Alfredo Salgado Salgado, pero –me confirman mis fuentes- no fructificaron.

Insistimos: esa lista no es definitiva, es la que hemos recabado preguntando por aquí y por allá, pero todavía puede haber cambios, descartes, o arrepentidos de última hora. La lista oficial será la que publique a su debido tiempo el Impepac.

Nos llama la atención el caso de Alma Coria Oropeza, de Miacatlán, pues seguramente es familiar de Patricia Guadalupe Coria Flores, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y quien renunció al cargo en diciembre pasado precisamente para dedicarse de lleno a su campaña en busca de la presidencia municipal de Miacatlán.

En cambio, Humberto García Domínguez no es pariente de Alfredo Domínguez Mandujano, aunque ambos sean más conocidos por su apodo que por su nombre de pila. Al primero le dicen “El Pinguis” y todo mundo lo conoce en Emiliano Zapata, por lo que seguramente en la boleta tendrá que ir con ese sobrenombre.

Al otro le dicen “El Cuananis”, y ganó la presidencia municipal de Tlaltizapán hasta que le permitieron poner su apodo en la boleta, pero hoy todos los tlaltizapanenses están arrepentidos porque “se la vive en la fiesta”.

Suponemos que Nelson Torres Salgado es hijo de Nelson Torres Mondragón, el polémico ex presidente de Jojutla y tesorero del municipio de Cuernavaca, detenido hace cuatro años por desvío de recursos. Mala elección.

Nos llama la atención también su precandidato a Jiutepec, el arquitecto Fortino Benítez Sánchez, quien según nuestros archivos fue encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, en el gobierno de Manolo Agüero Tovar (hoy bajo proceso penal pero listo para buscar nuevamente la presidencia municipal) y tuvo un efímero paso por el Ayuntamiento de Cuernavaca.

HASTA MAÑANA.

Desafortunadamente la seguridad pública sigue siendo “El Talón de Aquiles” para los tres niveles de gobierno, y no sólo por lo que hacen los delincuentes en agravio de la sociedad, sino por lo que hacen los policías en contra de los ciudadanos, corporaciones policiacas que –en mayor o menor grado- están infiltradas por grupos de la delincuencia organizada.

Aquí tres ejemplos:

1.-Una familia del Estado de México, vivió momentos de terror en el municipio de Yecapixtla, luego de que por error del GPS tomaron, a bordo de un auto, en sentido contrario una calle en el municipio. Esa falta llevó al conductor a ser detenido, incomunicado por más de 48 horas, golpeado hasta resultar con lesiones y un esguince cervical.

El 13 de enero, la familia acudió a esta entidad para realizar unos trámites, pasaron a desayunar al mercado municipal de Yecapixtla y al salir pasadas de las nueve de la mañana subieron a bordo de su auto (Toyota Yaris) y emprendieron su camino.

Debido a que no conocen el municipio pusieron el GPS para guiarse, la aplicación les indicó doblar en una calle y al terminar el trayecto sobre esa vía se encontraron de frente a un policía que le marcó el alto y les dijo que estaban circulando en sentido contrario.

“Le mostré que el GPS marcaba esa calle y le expliqué que no conocemos la zona, de inmediato me pidió mi licencia y otros documentos, se alejó un poco del auto y escuchamos que pidió una grúa y refuerzos. La verdad me espanté y opté por irme”, dijo Horacio Flores Escamilla.

Su huida provocó que fueran perseguidos por dos patrullas y detenidos, para ser llevados a la comandancia.

“A mí me llevaron varias horas en la patrulla, las agresiones continuaron y también las intimidaciones me decían ¿Vas a regresar de nuevo a Yecapixtla? Y me pegaban hasta que les contestaba no, y me preguntaban ¿Nos vas a denunciar? Y otras vez yo les decía que no. Lo que yo quería es que esto parara”.

Consiguieron el contacto de Martin Gutiérrez, secretario municipal de Yecapixtla, y le informaron lo ocurrido pero de manera hostil se negó siquiera a revisar el caso.

Horacio fue puesto a disposición del Ministerio Público a la 1:30 PM, cerca de tres horas lo estuvieron paseando en la patrulla. Una vez que ingresó lo incomunicaron y pudo ver a su familia y a su abogado 48 horas después y salió con varias lesiones, al grado que tuvo que ser atendido en un hospital privado.

2.- Román Martínez García, presidente de la Asociación Civil “Gaseros Unidos por Morelos”, y su empleado Fernando Ogazón Ariza llevaban hasta ayer cinco días desaparecidos (no localizados, estatus que ahora utilizan las autoridades para que se oiga menos feo). Fueron vistos la última vez la tarde del lunes, cuando ambos viajaban a bordo de una camioneta propiedad del empresario sobre el Paseo Tlahuica del municipio de Yautepec. “Alcanzó a enviarnos mensajes donde decía que los iban persiguiendo los policías. Fue el último mensaje”, dijo uno de sus empleados.

Con el apoyo de vecinos pudieron reconstruir lo que ocurrió aquel sábado: Una patrulla de la Policía Estatal (la 00767) se le cerró a la camioneta del gasero e incluso se dio una colisión. Los bajaron, los golpearon y se los llevaron.

El lunes por la tarde-noche, decenas de familiares y amigos de los “no localizados” bloquearon la carretera Yautepec-Cuautla. Sólo así lograron que acudiera el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, quien al principio intentó defender a sus elementos, pero horas después tuvo que admitir que “ya se fueron”.

A casi una semana de los hechos, una fuente me confirmó que finalmente sí fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público los cuatro elementos que realizaron la detención. Sin embargo, siguen sin aparecer las dos personas mencionadas.

Se teme que haya ocurrido lo que ya se ha visto en otros estados: que los policías están al servicio de “la Maña” y uno de esos servicios pactados es que detengan y les entreguen a los que ellos les digan.

3.- Las mesas de la cafetería Starbucks de la avenida Río Mayo estaban llenas de políticos y periodistas. En una de ellas estaba siendo entrevistada la representante nacional de las mujeres del Partido Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz. Repentinamente se escucharon tres balazos juntos y ella continuó hablando, pero inmediatamente se escucharon dos más y entonces tuvieron que cortar la grabación.

Los disparos provenían de un establecimiento ubicado a 30 metros del Starbucks, una cafetería llamada Illy. Cuando se dejaron de escuchar los balazos los reporteros pudieron salir y comenzaron a transmitir en vivo por Facebook, pero en ese momento todo era confusión. Ambulancias, patrullas, motos, y un número cada vez mayor de reporteros que llegaron a reportar la balacera ocurrida a plena luz del mediodía en una de las principales calles de Cuernavaca, hasta que llegaron los policías estatales a ejecutar lo que saben hacer muy bien: acordonar el área.

Ya por la tarde la CES emitió un confuso comunicado en el que se habla de que ingresaron a la cafetería dos masculinos, “quienes con armas de fuego dispararon contra el hoy occiso y se llevaron diversos artículos de quienes se encontraban en el lugar de los hechos, después de lo cual huyeron”.

¿Un asalto en el que llegaron directamente a disparar en lugar de despojar a todos los comensales como ya ha ocurrido en otras ocasiones?

El mencionado boletín dio cuenta del “levantamiento legal del cuerpo sin vida de un masculino identificado como Francisco “N” de 24 años de edad”; un segundo hombre con una herida en el cuello que fue trasladado a un hospital, “lo mismo que un agente investigador de la FGE quien sufrió una lesión en la cabeza”.

¿Qué hacía ahí un agente de la Policía de Investigación Criminal? ¿Iba a detener a alguien o estaba protegiendo a alguien?

También se dio a conocer la detención de un sujeto llamado “Alan” de 22 años, originario de Santa Rosa 30, pero no se dan mayores detalles de su participación en este crimen que en mucho se parece a la ejecución de Jesús García y Roberto Castrejón en pleno zócalo de Cuernavaca el 8 de mayo de 2019.

En aquella ocasión, pese a que el autor material fue detenido (en gran parte porque los camarógrafos nunca dejaron de grabar la persecución), sigue sin saberse quién lo mandó y por qué.

Ayer, aparece en la portada de “El Extra” la imagen del muerto de la cafetería Illy y el nombre del cartel al que presuntamente pertenece, como si esa fuera la prueba que requieren los sicarios para comprobar que ya hicieron el trabajo y cobrarlo.

HASTA EL LUNES.

El sistema de representación proporcional (también llamado principio de representación proporcional o escrutinio proporcional plurinominal) es una categoría de sistemas electorales en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina de manera proporcional el número de escaños que les son asignados en el órgano electo.

En términos coloquiales, son las posiciones que les corresponden a aquellos partidos políticos que, si bien no ganaron la elección, tuvieron los suficientes votos para tener un representante, ya sea en el Congreso local, o en el Cabildo de los Ayuntamientos.

Tradicionalmente esos cargos están reservados para los presidentes de los partidos, dueños, “padrinos”, “patrocinadores” “la mano que mece la cuna”, o como usted les quiera llamar. En los partidos grandes o tradicionales como el PRI, PAN y actualmente Morena, el poder se lo reparten entre varios grupos, y en los pequeños o nuevos una sola persona con poder económico puede darse el lujo de tener su propio instituto político.

De ahí la importancia de saber quiénes son los que mandan actualmente en los partidos políticos que van a participar en las elecciones de junio próximo, pues de ahí van a salir los futuros diputados y regidores. 

Vamos por orden alfabético:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Durante muchos años dominó la llamada “Sagrada Familia” hasta que los derrotó Juan Carlos Martínez Terrazas. En la pasada elección municipal de Cuernavaca quedó registrado para la primera regiduría su hermano Adrián y en esta ocasión también.

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Y “su hermano” Encuentro Solidario. Pertenece a Hugo Erick Flores y Jorge Argüelles, quien se integró hace apenas dos años después de pertenecer mucho tiempo al PRI. Es precisamente éste último quien se registró como precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, sin que se conozca hasta este momento quién va en las primeras regidurías.

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO.- Tiene registro a nivel nacional y su propietario es Pedro Haces Barba, pariente de Leonardo Rodríguez Alcaine. Es secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la cual aglutina a mil 178 sindicatos y como todo líder sindical en este país, es millonario. Su segundo de a bordo es Ricardo Robledo, esposo de la senadora Lucía Meza Guzmán (Morena), y su candidato a presidente municipal de Cuernavaca es Sergio Estrada Cajigal, sin que se conozca hasta el momento quién encabeza la lista de plurinominales.

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS.- La propietaria es la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y mientras ella estuvo en la cárcel el partido fue manejado por su yerno José Fernando González Sánchez y su esposa Maricruz Montelongo Gordillo. En Morelos quien se encarga de “palomear” es la esposa del senador Ángel García Yáñez (¿?). Su precandidato a la alcaldía de Cuernavaca es Carlos Martínez Cué.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El presidente es Jonathan Márquez Godínez, pero tiene mucha influencia Eliasib Polanco, quien fue delegado de la SCT en Campeche cuando Alejandro Moreno Cárdenas era gobernador, y Jorge Meade González.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- La presidenta es Cristina Aragón Balderas, pero quien decide son Matías Quiroz Medina y Adriana Díaz, quien recibe línea directa del dirigente nacional, Jesús Zambrano. Otros aseguran que Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso le siguen diciendo qué hacer.

PARTIDO MORENA.- Se rige por un sistema “semiclerical” basado en un mesías cuyos designios son inescrutables e inapelables. A nivel local el partido está controlado por un grupo que encabeza el actual subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio y sus hermanos. Como dirigente está Gerardo Albarrán Cruz, a quien seguramente veremos en la cámara de diputados de la próxima legislatura.

PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Tradicionalmente ha sido el partido de los maestros, aunque ahora el magisterio se está dividiendo en dos: Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas. A nivel local quien “mece la cuna” es la también dirigente de la Sección XIX del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, a través de su hija Adela Cantú Bañón, su hermano Max Bañón Estrada y la esposa de éste, Zitlally Suárez Durán. Esta última fue quien firmó el polémico acuerdo de coalición con Morena y el PES.

PARTIDO DEL TRABAJO.- A nivel nacional es Alberto Anaya Gutiérrez quien controla el partido que ha sobrevivido gracias a sus alianzas con partidos de mayor envergadura. En Morelos, ha sido hábilmente manejado por Tania Valentina Rodríguez, quien contrató los servicios de Javier López Sánchez (ex coordinador de asesores y comunicación política con el gobernador panista Marco Adame Castillo), para fortalecer el partido y garantizar su permanencia en la diputación plurinominal. 

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL.- Es propiedad de Matías Nazario Morales aunque aparece el abogado Enrique Paredes Sotelo como representante legal ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). Matías llegó a Morelos con Jorge Carrillo Olea y ha sido diputado local y federal por el PRI, del que fue presidente por un breve tiempo. Se registró como precandidato a presidente municipal de Cuernavaca, y se ignora a quién lleva como primer regidor.

PARTIDO MAS APOYO SOCIAL.- Pese a que acaba de nacer, éste partido se ha visto envuelto en todo tipo de litigios. Está peleando el uso de las siglas MAS con el partido de Enrique Paredes, pero también hay una disputa interna por la representación.  Desde hace varias semanas “se destapó” como aspirante a presidente municipal por ese partido Diego Gómez Henríquez (secretario de finanzas del PRI con Manuel Martínez Garrigós), pero el pasado martes un grupo de personas ofreció una conferencia de prensa para anunciar que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había fallado a su favor y que Diego Gómez no es su dirigente, sino un tal Salvador Gregorio Vázquez Galván. El mismo día por la tarde, el aludido mandó un comunicado en el que admite que hubo una resolución de la Sala Regional en su contra, pero que todavía queda el recurso ante la Sala Superior, por lo que no es “cosa juzgada”.

Faltan muchos partidos más por analizar, pero ya se nos acabó el espacio.

HASTA MAÑANA.

Les llamaban “Los Minions” por su parecido a los personajes de dibujos animados de la película “Mi Villano favorito”, una especie de robots de color amarillo que obedecían ciegamente a un hombre calvo llamado Gru.

Eran los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien su dirigente (Rodrigo Gayosso) mandó uniformar con unos chalecos color amarillo y aprobaban al unísono las reformas legales que les indicaba el jefe del Poder Ejecutivo, Graco Ramírez.

Ayer en un programa de radio por internet, el ex perredista José Montes soltó una noticia que ya nos esperábamos pero que no había forma de comprobar todavía: que Rodrigo Gayosso se registró como candidato a diputado plurinominal por el partido que llevó a la gubernatura al esposo de su mamá.

Aunque no es 100 por ciento seguro pues antes tiene que obtener el tres por ciento de la votación total y luego esperar a que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) dictamine cómo va a operar la paridad de género, el hecho es que “el príncipe Rodrigo” tiene toda la intención de regresar a la vida política de Morelos.

Y los que también están “que se les cuecen las habas” por volver, son los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura que conformó el grupo de “los minions”. Las únicas que no regresarían son las ex diputadas (ironías de la vida), que están bajo proceso penal acusadas de malversar fondos públicos.

Los ex diputados Enrique Laffite Bretón, Edwin Brito, Silvia Irra, Anacleto Pedraza, Julio Espín Navarrete, José Manuel Tablas y Carlos Alaniz, fundaron el partido “Morelos Progresa” y bajo esas siglas intentarán ser nuevamente legisladores, o como en el caso del último, que ya se registró como precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca.

Todos ellos tienen una característica: son nuevos ricos. Si bien es cierto que los emolumentos que legalmente devengan los legisladores son altos, su nueva forma de vida “no cuadra” por más que les haya ido bien en los negocios que emprendieron durante y al terminar la legislatura. Es lo que el SAT denomina “discrepancia financiera”.

Recordemos que la pasada legislatura fue corresponsable del endeudamiento que provocó a Morelos el gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu por el orden de los seis mil 592 millones de pesos por casi 20 años. La antepasada, donde estaban Lucía Meza Guzmán, Arturo Flores Solorio, Raúl Tadeo Nava, Teresa Domínguez y Juan Manuel Agüero Tovar, (varios de los cuales ya andan en precampaña para cargos de elección popular) también tuvo parte de esa responsabilidad.

Sin el menor empacho, los antes mencionados andan promocionándose como candidatos a cargos de elección popular como si su paso por la Cámara de Diputados hubiera sido gloriosa, cuando fue todo lo contrario.

Ejemplos: José Manuel Tablas, que después de ser presidente municipal de Ayala por el Partido Acción Nacional se pasó al del Sol Azteca y antes de terminar el trienio impulso la pensión jubilatoria de su joven esposa.

Enrique Lafitte Bretón, que de administrador de un balneario hoy es potentado con propiedades en varios estados, y que fue “el autor” de aquella reforma legal que le concedió a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia hasta 20 años de permanencia en el cargo, misma que fue “hecha trizas” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por absurda y ventajosa. ¿Y todavía lo van a premiar con otros tres años de diputado?

Pero el caso que se lleva el título de “la estafa maestra versión Morelos” es el de Julio Espín Navarrete, porque además está colmado de cinismo y desfachatez.

Le explico:

Hace algunas semanas nos llamó la atención una publicación en Facebook que decía “En el marco de la precampaña por la presidencia municipal de Puente de Ixtla, mi respaldo y confianza es para Josué Espíndola”. Firma Dulce Medina Quintanilla.

Es un chiste que se cuenta solo, y si no le entienden les amplío la información: Julio Espín Navarrete fue presidente municipal de Puente de Ixtla en dos ocasiones; luego intentó que quien lo sucediera en el cargo fuera su secretario y socio Josué Espíndola, pero como tenía que ser mujer entonces pusieron a la esposa de éste, o sea Dulce Medina.

Julio Espín mientras tanto fue electo diputado local y se llevó como secretario a Josué. Crearon un fideicomiso de apoyo a municipios y ¿A qué Ayuntamiento cree usted que canalizaron todo ese dinero? Pues a Puente de Ixtla, pero dichos recursos nunca llegaron al grado de que hoy no tienen ni para pagar sueldos. El Congreso local expidió decenas de pensiones jubilatorias (entre ellas la del propio Josué), ¿y quién cree que firmó las constancias para acreditar que cumplían con los años de servicio? Pues el Ayuntamiento de Puente de Ixtla. Ahora Julio Espín creó su propio partido, ¿y quién cree que va a ser su candidato? Pues Josué Espíndola.

Y todavía con la mayor candidez la señora le manifiesta su apoyo en redes sociales como si fuera la presidenta de su Club de Fans.

Todos ellos están confiados en que la gente olvida lo que leyó en los periódicos (en este caso en las páginas de internet) sobre las raterías de los políticos, y que a cambio de una despensa o un apoyo económico les van a otorgar nuevamente su voto.

Ojalá no sea así, pero en caso de que lleguen, ya sea a través del sufragio directo o gracias a la designación plurinominal, será interesante ver qué hacen ahora sin las ínfulas de poder que mantuvieron durante tres años que los hacía creerse intocables.

Y en el caso de Rodrigo Gayosso (o su esposa si es que el Impepac los obliga a designar una mujer), será muy duro recibir en cada discurso en tribuna el reproche de los demás partidos políticos por las condiciones lamentables en que Graco Ramírez y en general el PRD dejaron al estado de Morelos.

HASTA MAÑANA.

Por azares del destino llegué al restaurante de Harry Nielsen. Ahí platicaba con el abogado Juan Juárez Rivas sobre el inminente fracaso de la reforma laboral en Morelos, cuando se me acercó una señora que cubría su rostro con cubrebocas y careta y –como dice la canción- “su pelo ya pintaba algunas canas”.

“Usted no me conoce, pero yo leo sus columnas. Soy la arquitecta Laura Galván Aranda”, se presentó. Le dije que no tenía el gusto de conocerla pero que me dijera en qué podía ayudarla.

“Quiero ser candidata a presidenta municipal y creo que tengo el conocimiento necesario para hacer un buen papel. Estoy buscando que mi partido Morena respete la paridad de género y mande una candidata mujer ya que el actual alcalde es hombre”, contestó.

Me agradó su franqueza y le ofrecí publicar su semblanza. Le escribí mi número de teléfono celular en una servilleta. “Mándemela por Whatsapp”, le dije mientras le extendía la improvisada “tarjeta”.

“Mejor deme su correo electrónico”, dijo algo apenada por no estar al corriente en las nuevas tecnologías de la información.

Por su currículum supe que vive en Cuernavaca desde 1979, que es licenciada en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que cuenta con una especialidad en Planeación Turística por el Instituto Politécnico Nacional.

Ha elaborado Proyectos urbano-ambientales desde hace más de 30 años entre los que destacan la elaboración de los siguientes Estudios y Proyectos:

El Impacto Urbano para los Centros de Readaptación Social en Guasave, Sin. Papantla, Ver. y Plan Maestro de  Islas Marías, SSPF; Las Políticas  para mejorar los espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de Méx. G. D.F.; Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Edo. de Mor.; Plan Maestro del Desarrollo Playacar, Playa del Carmen, Q.R.;Estudio para el Ordenamiento Territorial   de Cancún-Tulúm; El  Impacto  Ambiental del  Desarrollo Urbano del Valle de México, Programa de Naciones Unidas (PNUMA).

Fue supervisora técnica del Banco Mundial y del Fohapo para la Reconstrucción en la Ciudad de México después del sismo de 1985 y participó en la Reconstrucción de Vivienda en Nicaragua después de la Revolución por parte del Sistema Económico Latinoamericano.(SELA)

Ha sido asesora en materia de desarrollo urbano de grupos sociales en el Estado de Morelos desde hace 20 años de manera gratuita, e integrante del Consejo Consultivo de Desarrollo  Urbano Sustentable del estado de Morelos.

En internet encontré que en 2010 ganó por concurso, la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de “Los Patios de la Estación”, cuyo objetivo fundamental era ordenar la colonia y llegar a regularizarla. Se trabajó durante cuatro años, lo que no se ha logrado, porque “el dictamen de congruencia” que debe ser dictado por las autoridades que han estado con problemas entre sí y este dictamen tiene que ser aceptado por el municipio y enviado al gobierno del estado para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos”. Hoy sabemos que la regularización de los patios de la estación comienza a ser una realidad, pero su autoría se la siguen disputando los tres niveles de gobierno.

Ayer, por intermediación de Isabel Gaytán conocí a Francisco Radilla Corona, un señor que también es fundador de Morena en Morelos. Ha ocupado algunos cargos en el municipio de Xochitepec, pero su principal mérito es formar parte de una organización denominada “Colectivo Cuernavaca”, fundada por el profesor Isaías Cano Morales.

Cuando me dijo el nombre de Isaías Cano Morales no necesité más referencias, pues lo conocí hace 30 años. El profesor fue ejemplo de honestidad, calidad humana y congruencia ideológica. Por eso fue expulsado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando se apoderó de ese instituto político Graco Ramírez y su hijastro.

Francisco Radilla Corona se acaba de registrar como aspirante a candidato a diputado federal por el primer Distrito, cargo que dejará (en un acto de congruencia y honorabilidad, pues todos andan buscando la reelección) Alejandro Mojica Toledo.

“No soy ingenuo, sé perfectamente que muchas de esas posiciones ya están dadas, pero no hay peor lucha que la que no se hace”, me dijo ayer.

Y cómo no, si esa posición es la misma que está buscando Debendranath Salazar Solorio, un personaje que no tiene otro mérito más que llevar los apellidos del ex director del Banco del Bienestar y actual subsecretario de Gobernación, Rabindranath.

Entonces me puse a reflexionar, ¿qué va a pasar con todos esos militantes de Morena que están dando la batalla para defender a su partido pero que no tienen dinero ni “palancas” para lograr una candidatura?

Me acordé de Javier Orihuela García, un hombre que como militante del Partido de la Revolución Democrática fue alcalde, diputado federal, es dueño de gasolineras y todavía viene a formarse nuevamente para ver qué le dan en el partido Morena.

Los fundadores de Morena ven impávidos cómo muchos personajes provenientes del PRI o de otros partidos de pronto renuncian a sus partidos y se afilian al de Regeneración Nacional para irse directamente como precandidatos a diputados locales, federales o alcaldías.

¿Y los morenistas de a pie qué?

Ellos, como la arquitecta Laura Galván, el señor Francisco Radilla y muchos otros más, están condenados a seguir siendo “carne de cañón” por un pequeño grupo de personas que acuerdan directamente con las cúpulas y obtienen beneficios.

Veremos en unos cuantos meses cómo Gerardo Albarrán, los Salazar, los Flores, los Barrera y los nuevos morenistas provenientes de otros institutos políticos estarán en las posiciones plurinominales que por ley le corresponden al partido, en tanto que los militantes “de a pie” seguirán esperando a que la Cuarta Transformación les haga justicia.

HASTA MAÑANA.

Aunque todavía falta que el Partido Acción Nacional elija a su candidato a través del desgastante método del voto directo de los militantes, ya están en el escenario político los principales protagonistas de donde habrá de salir la persona que dirija los destinos de la capital de este estado los próximos tres años.

“Por orden de aparición”, tenemos primero a Matías Nazario, oaxaqueño con residencia desde hace muchos años en Morelos, quien para no andar pidiendo favores en el PRI o en Nueva Alianza, decidió hacer su propio partido con la ayuda del abogado Enrique Paredes y fue el primero en “destaparse” como precandidato único del Partido Movimiento Alternativa Social (MAS).

Diego Gómez Enríquez, cuernavacense joven que militó en el Partido Revolucionario Institucional y fue muy cercano a Manuel Martínez Garrigos. También hizo su propio partido al que le puso Mas Apoyo Social, pero como fue después que el de Paredes, no podrá usar las siglas MAS. Lo está apoyando Jorge Schiaffino, quien a su vez es gente de Joel Ayala Almeida, el líder de los sindicatos de burócratas a nivel nacional, actualmente senador por el PRI.

Carlos Martínez Cué, hermano de Fernando (pero sin las mismas mañas) se registró como precandidato por el partido denominado Redes Sociales Progresistas, que para nadie es un secreto que es el instituto político de la maestra Elba Esther Gordillo y lo maneja su hija Maricruz Montelongo y José Fernando González Sánchez. Por ahí andaba Manuel Gómez Vázquez, representante en Cuernavaca, también ex priísta.

Jorge Argüelles Victorero se registró el pasado sábado ante el comité directivo estatal del Partido Encuentro Social (PES). Aquí ya sabemos la historia: contra la voluntad del comité directivo y el consejo estatal (léase Gerardo Albarrán Cruz y Ariadna Vázquez), el PES suscribió un acuerdo con la dirigencia nacional de Morena para llevar un candidato común. La coalición fue impugnada ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y perdió en primera instancia, de tal manera que quien fuera priísta hasta 2017 pudo sin problemas registrarse como precandidato (se supone) por la Coalición Morena-PES-PNA.

El Partido Nueva Alianza pudo acomodarse bien y sin tanto alboroto en esta fórmula para garantizar el anhelado tres por ciento de la votación que le permita conservar el registro. Por cierto, nadie me ha sabido decir quién es “la mano que mece la cuna” en ese partido que formalmente está representado en Morelos por Zitlally Suárez Durán.

Así llegamos al Partido Acción Nacional, donde los hermanos Terrazas destaparon desde hace aproximadamente un mes al abogado José Luis Urióstegui Salgado, quien buscaría el cargo por tercera ocasión. Sin embargo, la llamada “Sagrada Familia” se inconformó y pidió que hubiera votaciones internas, de tal manera que el viernes se registró como aspirante Urióstegui Salgado y ayer domingo hizo lo propio Juan Pablo Adame Alemán, hijo del ex gobernador Marco Adame Castillo.

También el sábado hizo su aparición el Partido Fuerza por México, que es uno de los nuevos institutos políticos que lograron su registro a nivel nacional. Su propietario es el polémico empresario y “dirigente sindical” Pedro Haces, quien presume que es “el nuevo Fidel Velázquez” del país con la bendición de López Obrador.

Su secretario de organización a nivel nacional es nada menos que Ricardo Robledo, esposo de la senadora Lucía Meza Guzmán. Ambos trabajaron para el ex gobernador Graco Ramírez pero “saltaron del barco” oportunamente y lograron acomodarse en Morena y ahora en este nuevo partido “satélite” de Morena.

Bueno, pues ese partido se aventó la puntada de contratar como su abanderado al ex gobernador por el PAN, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, y éste sugirió llevar como candidato a diputado federal (otra vez) al que fuera su empleado, el ingeniero Javier Bolaños Aguilar, quien llegó de Veracruz a trabajar primero en el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca y después en la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, lo que parece una artimaña con fines meramente mercadológicos que busca garantizar la permanencia del nuevo partido de Pedro Haces.

Y es que se supone que cuando un partido decide que dos o más de sus candidatos compitan entre sí para ver quién gana, los perdedores del proceso interno se deben sumar al ganador para ir juntos a la elección constitucional, pero vemos difícil que esto ocurra después del 31 de enero, que es cuando competirán internamente Urióstegui y Adame.

El Partido Socialdemócrata (PSD) ya registró a Urióstegui y espera unirse al PAN para la votación constitucional. Por cierto, todos los integrantes del PSD deberían vestir una camiseta que diga: “El PSD ya no es de los Yáñez”, porque la gente no deja de relacionarlos.

Así va hasta el momento la lista de aspirantes a presidente municipal de Cuernavaca. Falta que den a conocer sus abanderados el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sigue barajando nombres pero no se decide. El Partido de la Revolución Democrática que esta semana podría anunciar a Julio Yáñez, y Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, que “mantienen sus cartas bajo la manga”.

No debemos de excluir de esta lista a Edgar Vargas Santiago, quien quedó formalmente registrado ante el Impepac como aspirante a presidente municipal de Cuernavaca por la vía independiente junto con la abogada Sara Olivia Parra Téllez. Le falta el requisito de las 12 mil firmas que deberá recabar en poco más de un mes, pero considero que sí lo puede lograr “el candidato del Facebook”.

El Partido del Trabajo se supone que lleva de candidato a Moctezuma Serratos, pero conociendo a Tania Valentina y a Javier López, en cualquier momento nos salen con alguna sorpresa.

¿Y Paco Moreno Merino? Lo último que supimos de él es que estaba en pláticas con el partido nuevo cuyo propietario es el heredero de los fundadores de la empresa “La Moderna”, en el estado de México.

Los demás partidos, los nuevos y los denominados “morralla”, andan buscando todavía personajes que les garanticen los votos necesarios para subsistir.

HASTA MAÑANA.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de descubrir otra veta de corrupción en este país: los centros penitenciarios. En su conferencia de prensa conocida como “la mañanera” dio a conocer datos que dan una idea clara de lo que está ocurriendo: mantener una persona privada de su libertad cuesta tres mil 500 pesos diarios (“lo que yo ganó como presidente”, dijo AMLO), pero hay casos extremos como el del penal femenil de Michapa –aquí en Morelos- donde se pagan seis mil 411 pesos diarios, que es lo que cuesta una noche en un hotel de lujo.

Tradicionalmente los centros penitenciarios han sido y siguen siendo excelentes negocios. No sólo por lo que ya todos sabemos: que dentro de los penales operan mafias que cobran por todo y que tienen que repartir a las autoridades para que se hagan “de la vista gorda”. También es muy lucrativo porque es el área de la administración pública considerada “un mal necesario” que a nadie le interesa fiscalizar.

Siempre que abordo el tema penitenciario parto de una premisa: la sociedad está dividida en dos grandes bloques; los que están convencidos que las personas privadas de su libertad (PPLs) son seres humanos que deben ser reinsertados a la sociedad con trabajo y estudio, y los que consideran que los presidiarios no merecen nada y deberían cubrir sus condenas con trabajos forzados y comiendo tortillas duras. 

Culpables, inocentes, medio culpables y medio inocentes, el hecho es que el Estado tiene la obligación de destinar una parte del presupuesto para mantener a las personas que por una u otra razón están siendo procesadas o ya han sido sentenciadas a compurgar una condena.

Lo que ha denunciado el mandatario nacional es que en el gobierno de Felipe Calderón se entregaron nueve contratos en adjudicación directa a la iniciativa privada, para que levantaran nueve reclusorios, por un costo de 266 mil millones de pesos. Ya una vez concluido el acuerdo, esas empresas se quedarían con las obras, para establecer nuevas condiciones con las autoridades.

Esto es nuevo solamente para el presidente. Desde 2019 se publicó un reportaje en un portal llamado “Cuestione” en el que se decía que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, convocó en 2009 a 10 empresarios sin experiencia en operar cárceles, para que se dividieran “un pastel de 32 mil millones de pesos” y edificar las ocho prisiones federales.

Al final, solo seis se apuntaron. El único requisito de entrada era tener cuatro mil millones de pesos para construir el penal, según la misma publicación.

Las empresas que pasaron, de un día para otro, de la industria de la construcción al del manejo de cárceles, fueron: Prodemex (de Olegario Vázquez Raña), Tradeco (de Federico Martínez, uno de los empresarios consentidos de Calderón y Vicente Fox), GIA (de Hipólito Gerard Rivero), ICA (entonces de Bernardo Quintana) y Homex (de Eustaquio de Nicolás) junto con Arendal (de Adrián García Pons). Ninguna de ellas tenía experiencia en manejo de cárceles.

De la forma como lo plantea el presidente sí suena escandaloso, pero quienes han visitado el reclusorio femenil de Michapa, en Morelos, nos comentan que es como entrar a una cárcel de Estados Unidos. Cero corrupción, ninguna fuga, no hay riñas, servicios de salud que ya quisiéramos acá afuera y, lo último, cero contagios de covid.

Pero eso se va a acabar cuando se ejecuten las órdenes del presidente y, en aras de la “austeridad republicana”, les recorten el presupuesto y cancelen todos los contratos de servicios “outsourcing”. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues un Penal de Atlacholoaya cualquiera.

Por cierto, ya que hablamos de Atlacholoaya, déjenme decirles que ese Centro Estatal de Readaptación Social fue construido en el sexenio de Jorge Carrillo Olea y fue pagado en tres veces más de lo que realmente costó.

Fue una robadera, desde los más altos niveles hasta los albañiles que se robaban el material de construcción. Es un verdadero monumento a la corrupción que tuvimos la suerte de conocer en un tour organizado por el gobierno de Jorge Morales Barud cuando el inmueble estaba deshabitado y se ostentaba como el mejor en Latinoamérica.

No imaginábamos que 20 años después sería ejemplo, pero de lo que no se debe hacer. Ya perdimos la cuenta de los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses y las riñas son cosa de todos los días.

Como ocurre en todos los penales que no están “privatizados”, aquí existe un “mercado negro” de teléfonos celulares, pantallas, computadoras y todo tipo de sustancias psicotrópicas que entran directamente a través de las aduanas, es decir, con la complicidad de los custodios.

Pero el otro negocio está en los “gastos simulados” y los famosos “moches”. Le pongo un ejemplo: mensualmente el Cereso paga miles de pesos en reparaciones mecánicas a un taller que se encuentra en la bajada de Chapultepec, pero no se realizan dichos trabajos. Y así en todo.

Sin embargo, el mayor negocio sigue siendo la construcción de centros penitenciarios. Aquí en Morelos Graco Ramírez pretendía construir uno en el municipio de Yecapixtla para succionar algunos millones de pesos más de los que se llevó en el sexenio.

En 2014, el gobierno de Morelos le pagó 50 millones de pesos al que fuera jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el general Arturo Cardona Marino, por 53.7 hectáreas de tierra en el municipio de Yecapixtla (por las que el militar pagó 125 mil pesos en 1992), en el predio conocido como “El Lidón”.

Luego, le pagó a la empresa “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.”  (por adjudicación directa) 36 millones para que hiciera un estudio de factibilidad de dicha obra, mismo que dictaminó que ésta era totalmente viable.

Pero el Centro de Reinserción Social o cárcel distrital de Yecapixtla, nunca se realizó y el predio –hasta donde sabemos- sigue siendo del gobierno estatal.

Cuando ocurrieron los sangrientos hechos en el Penal de Atlacholoaya,  alguien sugirió que podría tratarse de un plan maquiavélico para justificar la construcción de un nuevo centro penitenciario en el terreno que compró Graco.

En ese momento nos pareció una idea descabellada, pero ahora no la descartamos. Quizás alguien quería un contrato como el que les dieron a los empresarios arriba mencionados, pero el plan fue abortado al saber que el presidente de la República dará marcha atrás a la privatización de los penales y en una de esas hasta decreta que los nuevos centros penitenciarios sean construidos por el Ejército y su manejo quede en manos de la Guardia Nacional.

HASTA EL LUNES.

Ciertamente no debe haber ningún acto de intimidación por parte de ningún servidor público en contra de las instituciones defensoras de derechos humanos, sin embargo, está claro el conflicto de intereses de Raúl Israel Hernández Cruz, siendo al mismo tiempo el titular de la Comisión de Derechos Humanos y el franquiciatario de una de las notarías que entregó el entonces gobernador Graco Ramírez con la anuencia del Colegio de Notarios.

Desde julio del 2019 en este espacio señalamos que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Morelos decepcionó nuevamente al elegir presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya que Raúl Israel Hernández Cruz no tiene ninguna experiencia en la materia, pero fue “palomeado” por el Ejecutivo y el Colegio de Notarios, al que pertenece.

¿Por qué Raúl Israel Hernández Cruz? Es la pregunta que hicimos a algunas personas que tuvieron que ver con el proceso de selección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La conclusión a la que llegamos después de escuchar a varios entrevistados es que “el nuevo ombudsman no tiene experiencia ni preparación académica en materia de derechos humanos, pero es un hombre institucional que no causará problemas a nadie. Por eso tiene la aceptación del Ejecutivo, del Legislativo y del grupo de “los notarios”, que cada vez agarran más fuerza en la entidad”, escribimos en aquella ocasión.

Una de las personas que mejor me habló de él fue Jorge Messeguer Guillén, quien como secretario de Gobierno fue su jefe en la Dirección Jurídica de esa dependencia. Se lo heredó el PAN, pero los notarios hablaron tan bien de él que decidió dejarlo en el mismo cargo y comprobó su eficiencia.

Uno de los trabajos que le encargaron fue documentar las irregularidades del entonces notario público número ocho, Alfredo Gutiérrez Quintanilla (QPD). Fue tan precisa su investigación que hasta los notarios que defendían a Alfredo terminaron por reconocer que éste debía dejar el cargo.

Otro dato importante: trabajó con Mirna Zavala Zúñiga en la Auditoría Superior Gubernamental del Congreso Local. Eso nos da una idea de por qué fue palomeado por el Ejecutivo.

La decisión de los diputados fue contra toda lógica. Si se suponía que estaban por la equidad de género la designación debió ser a favor de cualquiera de las cuatro mujeres que incluso ofrecieron una conferencia de prensa para exigir que si el último ombudsman fue hombre, le correspondía a una mujer ocupar ese cargo. María Ampudia, Clara Soto Castor, Yolanda Gutiérrez Vélez y Kenia Lugo Delgado estuvieron en esa conferencia. Cualquiera de ellas habría hecho un buen papel y habría congruencia de las diputadas.

Ahora que si se trataba de designar al que tuviera mayor nivel académico ahí están los doctores en Derecho Lucio Rubio Antelis y Antonio Sorela Castillo, ambos autores de libros y éste último editor de la Declaración de los Derechos Universales en náhuatl.

Si se deseaba experiencia quedaban “como anillo al dedo” el panista Ascensión Pacheco Godínez o el priísta Oscar Puig Hernández.

Si se hubiera querido privilegiar la trayectoria dentro de la CEDH ahí estaban Joel Reyes y Gerardo Salgado, visitadores de la institución que también se inscribieron.

Ya hecha la designación los diputados tuvieron que defender su voto y rechazaron haber recibido línea y mucho menos algún beneficio económico. “Es muy desgastante y muy triste que te esfuerzas como legislador, que estás en el Congreso, que estás en la calle con la gente, y que salgan con estas… situaciones pues sí daña”, declaró la diputada Keila Figueroa, luego de comentar que un ciudadano le preguntó por redes sociales que cuánto le habían dado por su voto.

Marcos Zapotitla fue uno de los que más lo defendió. Insistió en que es mejor que todos los demás aspirantes y que no se le debe estigmatizar por haber trabajado en “un gobierno lleno de corrupción”. Quien iba a decir que meses después Zapotitla estaría “políticamente muerto”.

Como ya lo hemos mencionado también, hay un “reacomodo” en el grupo de los notarios a partir del relevo de la notaria Patricia Mariscal y la llegada de Jesús Toledo Saavedra. Los que alguna vez fueron “consentidos” hoy más bien son mal vistos por llevar el estigma de haber sido designados en el sexenio de Graco Ramírez,

En esa situación se encuentran las notarías de Alberto Barona Lavín, la de Uriel Carmona Gándara y la de Israel Hernández Cruz. 

Este último interpuso una denuncia penal (ante su compañero el también notario con licencia) para decir que en diciembre pasado “alguien” le mandó decir “que le bajara o comenzarían a rodar cabezas”, sin especificar si es en sentido literal o figurado.

Luego, ofreció una conferencia de prensa el pasado martes para dar a conocer lo anterior y decir el clásico “y si algo me pasa a mí o a mi familia, hago responsable al secretario de Gobierno”.

La respuesta no se hizo esperar. El aludido Pablo Ojeda Cárdenas negó tajantemente que hubiera amenazado al “ombudsperson”, y explicó qué sucede con su notaría, la 13 de Cuernavaca:

“Es del dominio público que en la administración anterior el ex Gobernador Graco Ramírez le otorgó la patente de Notario Público Número Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado a Raúl Israel Hernández Cruz, quien fuera su Director General Jurídico; sin embargo, al haber sido nombrado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo la necesidad de solicitar diversas licencias a efecto de que fuera suplido en su responsabilidad notarial, por la incompatibilidad de funciones entre el hecho de ser notario público y al mismo tiempo ser Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“No obstante lo anterior, a la fecha, y en pleno ejercicio de sus facultades, los Notarios Públicos que fueron sus suplentes, de manera respectiva expresaron su voluntad de renunciar a la suplencia del Notario Público Número Trece, conforme a lo cual la Secretaría de Gobierno le exhortó a proponer un nuevo notario suplente de su misma demarcación, o bien, reincorporarse a su función notarial, en términos de lo dispuesto por la Ley del Notariado del Estado de Morelos y su reglamento, y con el objeto de lograr que la actividad notarial sea pronta, expedita, profesional y eficiente. Lo que en ningún momento y de ninguna forma supone una destitución del cargo público que ostenta ni la privación de su función notarial”, dice el comunicado oficial.

Como ya lo hemos mencionado en este espacio, antes de irse Graco Ramírez “blindó” a los notarios para que la Secretaría de Gobierno no los pudiera sancionar y que ellos tuvieran la opción de ausentarse el tiempo que quieran y seguir ganando como fedatarios. De no ser así, desde hace mucho tiempo Alberto Barona, Uriel Carmona e Israel Hernández habrían seguido la misma suerte que su homólogo Raúl González en tiempos de Graco.

HASTA MAÑANA.

Dice el dicho que lo que mal empieza mal acaba y el “matrimonio” por conveniencia entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apenas duró siete días. Ayer, Jonathan Márquez Godínez anunció el rompimiento del pacto que habían firmado con la dirigente Cristina Balderas Aragón, aunque aclaró que este “divorcio” sólo es por cuanto a la capital del estado.

La versión oficial es que no se pusieron de acuerdo sobre quién será el abanderado de la coalición “Morelos Sí”, más bien ni siquiera llegaron a ese punto, sino que “no nos pudimos poner de acuerdo en el método de selección”, según me confirmó personalmente Jonathan Márquez.

• Y quién punteaba?- le cuestioné.
• Nadie, porque ni siquiera alcanzamos a llegar a eso. No nos medimos- contestó el joven dirigente del tricolor.

Sin embargo, otras fuentes bien enteradas nos refieren que el punto de quiebre fue cuando el partido del Sol Azteca planteó que el candidato en común fuera Julio Yáñez Moreno, quien fue una especie de “revelación” en aquel proceso electoral para elegir gobernador en 2012.

Su principal argumento fue que en ese año obtuvo el cuarto lugar con más de 34 mil votos, que son muchos para un partido “chiquito” como era el Partido Socialdemócrata.

Por el PRI los candidatos eran más y más variados: el empresario Juan Carlos Rivera Palau, el ex sacerdote Antonio Sandoval, el también empresario y ex diputado por el PAN, Gabriel Haddad Giorgi; incluso alguna vez existió la posibilidad de que el abanderado del tricolor fuera nada menos que el ex panista Javier Bolaños Aguilar.

Pragmáticos como siempre, los priístas no veían mal que el candidato fuera un externo (hasta con Cipriano Sotelo hablaron), siempre y cuando las posiciones plurinominales se quedaran en casa.

Los únicos auténticos priístas que pretenden la candidatura son el abogado Rafael Cepeda Aguilar y Maricela Velázquez Sánchez, ambos con una larga trayectoria partidista y ella con la ventaja de ser mujer en caso de que decidan aplicar la paridad de género.

Se maneja también la versión de que hubo una encuesta en la cual Maricela Velázquez superaba por mucho a todos los antes mencionados, lo que ha sido negado por el dirigente Márquez Godínez, quien asegura que no tiene preferencias por nadie.

No obstante, hay priístas que aseguran que Jonathan se está cargando hacia el ex diputado panista Gabriel Haddad y hay una especie de “celo” hacia “Marichica”, alentado por sus asesores Eliasib Polanco y Jorge Meade. 

Y es natural. Si bien es cierto que es innegable la cercanía de Jonathan con el líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, también lo es que Maricela Velázquez tiene contacto con los grandes jerarcas a nivel nacional. Recordemos que Mari ha estado “en las grandes ligas” de la política nacional cuando fue diputada federal, de ahí que algunos vean “moros con tranchete”.

Son esos quienes han hecho circular el rumor de que “los mariselos” quieren todo. La candidatura de Cuernavaca para Marichica, la de Cuautla para Guillermo del Valle, la diputación federal para la mamá y hasta una diputación local (por tercera vez) para su esposo Francisco Santillán.

Cierto o no, el hecho es que los priístas están nuevamente divididos para beneplácito de sus contrincantes. No se ponen de acuerdo ni entre ellos y así quieren hacer alianzas con otros partidos.

Ayer, en cuanto supieron que se habían roto las negociaciones con los perredistas, un grupo de priístas de Cuernavaca ofreció una conferencia de prensa en “La India Bonita” para candidatear a Rafael Cepeda Aguilar.

En su opinión, la alianza con el PRD no va a funcionar porque el Sol Azteca está desacreditado y sin militantes, por eso recomendaron a la dirigencia de su partido que apoye a una figura como Cepeda Aguilar que es originario de la ciudad y sabe de la problemática que se vive.

Estuvieron en la conferencia de prensa (sin cubrebocas, por cierto) Adelaida Morales, Gabriel Flores Navarrete, Juan Barba y Teresa López, líderes de colonias.

A diferencia de los aspirantes aquí mencionados (sobre todo Juan Carlos Rivera y Gabriel Haddad), Rafa Cepeda es gente de barrio. Nació y se crió en la populosa Alta Vista, hijo de un abogado y priísta de toda la vida. 

Se hizo famoso cuando fue director de Gobernación con el entonces alcalde Luis Flores Ruiz. Encabezó aquel operativo para cerrar la discoteque (hoy les llaman antros) llamado “El Mosquito”, en la esquina de Gobernadores y Nueva Italia, donde estaba departiendo la hoy famosísima Thalía.

Aunque para algunos no tenga importancia, es quizás el único de los mencionados que tiene “la bendición” del obispo Ramón Castro y Castro, quien acudió a bendecir las oficinas de la Unidad Revolucionaria que encabeza Cepeda. 

“Considero que la única viabilidad que tiene el PRI es sin duda Rafael Cepeda, es el único que ha salido a las calles a exigir justicia, paz y seguridad. Ha sido compañero de mil batallas y su trabajo no es solo en tiempos electorales sino que ha sido constante con profundo amor a su ciudad y gente”, escribió en su muro de Facebook el activista Cristian Montero.

Así las cosas en el PRI-Morelos, donde no la tiene nada fácil el temixquense Jonathan Márquez, pues varios “viejos lobos” han llegado a tratar de sacar ventaja y exigir canonjías bajo la amenaza de irse “con todo y mis miles de votos”.

Uno de ellos es Amado Orihuela, de quien ya nos referimos en una columna anterior. Después de ser el candidato perdedor en las elecciones del 2012 para la gubernatura, y de ser “lamebotas” de Rodrigo Gayosso, llegó a exigir la candidatura a diputado federal.

Como no le hicieron caso, presentó su renuncia y se fue al partido Morena, no sin antes correr el rumor de que se llevaba a “la mitad de la militancia priísta en el estado de Morelos”. Y si así fuera, nos quedaría la pregunta: ¿eran seres pensantes o “borregos”?

Sea como sea, la calificación para el joven dirigente del tricolor se verá el día que se den a conocer los resultados de las votaciones. Ahí se verá si fue buena o mala su estrategia. Es como en el futbol: no importa cómo hayas jugado, lo que cuenta es el marcador.

HASTA MAÑANA.

La propuesta pareciera descabellada, pero si continuaran los contagios del virus SARSCov-19 a un ritmo incontrolable y los fallecimientos se incrementaran, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) tendría que verse en la necesidad de decretar la cancelación de las votaciones programadas para el próximo 6 de junio del presente año.

Las autoridades y partidos políticos de Morelos se verían en el dilema de sopesar qué derecho es el más importante, si el derecho a votar y ser votado, o el derecho a la salud... y a la vida.

A mediados del año pasado las expectativas del gobierno federal eran alentadoras: “habrá un pico y después la curva bajará. En un escenario catastrófico llegaríamos a 60 mil muertos”, decía el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López Gatell.

Quienes tienen aspiraciones políticas en Morelos hacían sus cálculos: en el peor de los casos la epidemia podría prolongarse hasta noviembre, y en diciembre podrían comenzar sus recorridos en busca del voto.

Pero las cosas cambiaron drásticamente a partir de diciembre. Muertos, muertos y más muertos. Aquellos que hace nueve meses decían que el coronavirus no existe porque no conocían a nadie que estuviera infectado o hubiera fallecido a causa del mismo, hoy confiesan que tienen dos, cuatro y hasta cinco víctimas mortales en su círculo de familiares y amigos.

¿Así cómo van a participar en las precampañas, las campañas y el operativo de votación programado para el primer domingo de junio?

No podía haber hecho más simbólico que el fallecimiento de la titular del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la maestra América Patricia Preciado Bahena, para poner en duda la celebración de los comicios en Morelos.

De acuerdo a medios internacionales, más de 65 países en todo el mundo decidieron posponer elecciones previstas para 2020 por la pandemia de coronavirus. ¿Cuántas más se dejarán de hacer en 2021? Lo sabremos en los próximos meses.

La pandemia ha obligado a los gobiernos de todos los países a buscar nuevas formas de elegir a sus representantes.

El método tradicional de aglomerar a millones de electores, miembros de mesa, representantes partidarios y observadores en centros de votación a lo largo de pocas horas presenta obvios riesgos para la salud pública en medio de una pandemia.

Sin embargo, desde el sufragio anticipado y postal hasta las incipientes modalidades del voto en línea, la adopción de mecanismos especiales de emisión del voto por parte de las legislaciones latinoamericanas marcha muy por detrás del grado de desarrollo de otros aspectos de los procesos electorales en la región. No hay un solo país de América Latina que hoy contemple en su legislación la posibilidad del voto postal para los residentes en el país o de extender por varios días la jornada electoral.

La renuencia para adoptar esos mecanismos tiene relación con la extendida desconfianza que afecta, con pocas excepciones, a la institucionalidad electoral en la región.

La pandemia ha hecho impostergable generar garantías sólidas de que los mecanismos especiales de emisión del voto no pondrán en riesgo la transparencia e integridad de los resultados. Porque lo cierto es que la ausencia de esas modalidades se paga en participación electoral. En la República Dominicana, el abstencionismo en la reciente elección presidencial aumentó 14 puntos con respecto a la anterior. En Corea del Sur, en cambio, la elección de abril resultó en el más alto nivel de participación electoral en casi tres décadas, en parte por la habilitación del voto postal y de jornadas electorales adicionales, durante las que votó más de una cuarta parte del electorado.

Todo esto conduce a un tercer punto: los recursos. La pandemia obliga a adoptar medidas que reduzcan los riesgos de contagio, que van desde la disponibilidad de mascarillas y demás materiales de protección, hasta la apertura de más centros de votación y la extensión de la jornada electoral.

“En particular, prolongar la jornada electoral —que permite controlar el flujo de votantes a las urnas— luce hoy como una opción viable para casi cualquier país de América Latina. Si se quieren elecciones adecuadas hay que estar dispuesto a dar mayores recursos financieros y humanos a las autoridades electorales”, afirma politólogo Kevin Casas.

La evidencia muestra que el momento de la curva de contagios en que se encuentre un país impacta decisivamente la participación electoral. El aumento de esta en Corea del Sur debe mucho al hecho de que la elección se celebró cuando el número de contagios tenía más de un mes de haber sido estabilizado. Por el contrario, elecciones celebradas en medio de brotes crecientes, por ejemplo los comicios parlamentarios de Irán en febrero o las elecciones municipales de Francia en marzo, experimentaron caídas aparatosas en la afluencia de votantes.

De forma inédita, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por primera vez en la historia contemporánea de la democracia mexicana, resolvió la suspensión del desarrollo de los procesos electorales ordinarios locales en Coahuila e Hidalgo, así como la postergación de la fecha de la jornada electoral, la cual estaba prevista para verificarse el domingo 7 de junio del 2020, hasta en tanto se restablezcan las condiciones de seguridad sanitaria.

El consejo electoral de Morelos, representado por todos los partidos políticos (ya perdimos la cuenta de cuántos son) deberán hacer un ejercicio similar en nuestra entidad y llegar a una decisión.

Por un lado están aquellos que pretenden llevar a cabo el proceso electoral que les permitirá allegarse de recursos financieros, pero por otro lado están los que consideran que no hay nada que justifica la pérdida de vidas humanas.

De ganar la primera opción, en seis meses estaremos siendo testigos del proceso electoral más atípico del que se tenga memoria. Se realizarán las elecciones del 6 de junio del 2021… con los que queden.

HASTA MAÑANA.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Morelos, representado por Gerardo Albarrán Cruz, tiene dos caras. Por un lado se opone vigorosamente a la incorporación de miembros del Partido Encuentro Social (PES) como Jorge Argüelles, pero guarda silencio ante la postulación como candidatos a las diputaciones federales de figuras tan desgastadas como Amado Orihuela Trejo y Erick Yair Salgado Fernández. No hay congruencia.

Y no es que defendamos la pretendida coalición Morena-PES, pues consideramos que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a los morenistas, lo que criticamos es que a casos similares se asuma una reacción diametralmente opuesta.

Gerardo Albarrán, quien no representa a todos los morenistas del estado, sino a la fracción o tribu conocida como “los Rabines”, fue muy contundente en su declaración ante los medios luego de concluir la asamblea extraordinaria del Consejo de Morena-Morelos el pasado jueves en un jardín de fiestas de Jiutepec, en la que el punto principal fue la negativa a la coalición con los pesistas.

“También se aprobó por unanimidad la plataforma electoral que se entregará al Instituto Morelense de Procesos Electorales en fecha próxima mediante la cual todos los que aspiren a ser candidatos de Morena tendrán que acreditar principios éticos, valores morales, y acciones que demuestren apoyo a la democracia, lucha contra la corrupción y contra la impunidad”.

Casi se me salen las lágrimas cuando vi el video, y más cuando se despidió con la frase:

“No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre, y en Morelos todavía estamos en esas circunstancias”.

“Ese es un dirigente con pantalones”, pensé. Pero luego la admiración se transformó en desconcierto cuando alguien filtró el documento en el que aparece formalmente registrado como precandidato a una diputación federal Amado Orihuela Trejo.

Entonces vino a mi mente otra declaración que escuché el jueves en el jardín de fiestas “Punta Luna” el pasado jueves:

“El partido Encuentro Social no tiene los principios de avanzada con que cuenta Morena. En 2018 se aceptó la alianza porque fue una coyuntura en la cual apoyamos la coalición con el PES pero 2021 no es ninguna coyuntura y hoy se trata de que Morena pueda RETOMAR sus principios de no mentir y no robar” (eso lo dijo el ex presidente municipal y ex diputado federal por el PRD, Javier Orihuela).

Ahhhh, ya voy entendiendo. Entonces se trata de aplicar las máximas de Andrés Manuel López Obrador pero sólo cuando nos conviene. “Coyunturas” dice Javier.

Entonces a eso se debe el silencio del partido Morena-Morelos después de que Amado Orihuela mandó difundir a través de sus corifeos digitales que “al ser ignorado por Jonathan Márquez, el ilustre priísta renunciaría y se llevaría consigo a la mitad de la militancia” (“Bueno, entonces Jonathan se quedará con los otros diez”, pensé).

El silencio de Albarrán Cruz no fue absoluto. Ayer publicó en su muro de Facebook una gráfica muy bonita con manos de todo tipo y la frase: “Morena es una casa abierta donde todas y todos podemos participar”. Excelente, pero le faltó unas letras chiquitas que dijeran: “Menos el PES”.

Supongo que esa es una respuesta a las manifestaciones de rechazo al registro de personajes de calidad moral distraída que provienen de otros partidos. Quizás dirá que su registro como precandidatos no asegura la candidatura y que finalmente Morena es un partido nuevo por lo que no se les puede pedir militancia de muchos años.

¿Qué Amado Orihuela tiene fama de pederasta y que viste como narco, vive como narco y tiene amigos narcos? ¡Eso qué importa, si Andrés Manuel López Obrador ya dijo que las acusaciones de violación contra el candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, son ataques meramente políticos!

En el caso de Erick Yair Salgado Fernández, quien también se registró como precandidato a diputado federal por Morena, ya publicamos en este mismo espacio (12/04/19) su participación en hechos tipificados como delitos electorales. La denuncia electoral se convirtió en denuncia penal ante la FEPADE y quedó registrada bajo el expediente 954/FEPADE/2011 y posteriormente fue remitida a un Juzgado de Distrito con sede en Veracruz y quedó radicada con el numeral 34/2011.

Lo que sigue es un fragmento de un testimonio que se puede leer en dicho expediente:

“Los que nos metieron en esto fueron Asunción Díaz Flores (chonita) y Erick Salgado (presidente del PRI en Cuernavaca cuando ocurrieron los hechos) ellos nos llevaron con engaños diciéndonos que íbamos a un mitin en Boca del Río, Veracruz. Nos ofrecieron el viaje, un almuerzo y 220 pesos por persona.

“Los que ha íbamos saliendo de los módulos nos quedamos afuera esperando a que vinieran por nosotros, y los demás siguieron formados hasta como a las ocho de la noche. Los taxis y las camionetas llegaron ya oscureciendo y nos regresaron a donde estaba Chonita, quien se encargó de recoger los papelitos que nos dieron en el IFE.

“Algunos le preguntamos que por qué los papelitos decían que teníamos que regresar el 24 de febrero  de 2010 a recoger la credencial  y la señora Asunción decía que ella nos avisaría lo que posteriormente se haría, y observamos que esta misma señora entregó todos los papelitos a un hombre y una mujer que al parecer eran de ese lugar donde nos llevaron. De ahí nos llevaron al Restaurante “La Gaviota” en el mercado del Centro de Veracruz y después nos regresamos a Cuernavaca, llegando como a la medianoche”.

Pero en fin, como dijera Javier Orihuela, “son coyunturas”, y si para entrar a Morena hay que demostrar habilidad para las transas entonces sí, tanto Amado Orihuela como Erick Yair están más que acreditados.

Por cierto, ¿se acuerdan cuando comparamos a Morena-Morelos con el equipo Cruz Azul y su presidente Billy Álvarez que salía beneficiado cada vez que el equipo perdía?

Pues ya se supo cómo estuvo la negociación. Sólo le adelanto que el próximo año uno más de la dinastía Salazar (esos que tienen nombres raros) estará en el Congreso de la Unión.

HASTA MAÑANA.

El escenario político pre electoral se está poniendo interesante y los acontecimientos ocurren tan rápido que una columna diaria no es suficiente para abordar un tema a la vez. Por eso en esta ocasión hablaremos de tres tópicos relacionados todos con la elección del próximo seis de junio.

Sergio Estrada Cajigal.- Nadie le puede quitar el mérito de haber pasado a la historia como el primer morelense en derrocar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) primero en el municipio de Cuernavaca y después a nivel estatal, pero de ahí a que Sergio Estrada Cajigal sea el estadista que Morelos necesita hay mucha diferencia.

Quien conoce en persona a Sergio se puede dar cuenta que su intelecto es muy limitado, y que llegó hasta donde alcanzó porque se juntaron diversas circunstancias, tanto a nivel nacional como estatal.

Recordemos quién es Sergio Estrada y cómo llegó a la presidencia municipal y de ahí al gobierno estatal. Ubiquémonos en la recta final de los noventas, con el hartazgo social por los abusos de Salinas y la torpeza de Zedillo, y en Morelos con un gobernador proveniente de la milicia pero que fue incapaz de controlar la ola de secuestros que asolaba nuestra entidad.

El Partido Acción Nacional recorría los municipios en busca de ciudadanos con cierta fama que le permitieran allegarse de votos para asegurar las posiciones plurinominales. Pensaron en Vicente Estrada Cajigal, nieto del gobernador de Morelos, pero por alguna circunstancia no aceptó la candidatura.

Entonces voltearon sus ojos hacia el hermano menor, Sergio Alberto, un joven que disfrutaba de las ventajas que le daban ser miembro de una familia rica y de abolengo. Estudió ciencias de la comunicación sólo por tener un título universitario, pero a él lo que le gustaba era volar avionetas, y de lo que vivía era de un taller mecánico.

Por su bigote las mujeres lo confundían con el vocalista del grupo “Los Tucanes de Tijuana” que estaban de moda en esos años. Todo se conjuntó y en 1997 el junior se vio convertido en presidente municipal de Cuernavaca sin tener ni idea de la administración municipal. Una reforma hacendaria hizo que el Ayuntamiento capitalino tuviera un presupuesto varias veces mayor que en años anteriores, por lo que esa administración tuvo la oportunidad de robar lo que quiso y todavía quedó para hacer obra.

Con la pavimentación de las calles y un puente (el que comunica Álvaro Obregón con Jesús H. Preciado), Sergio Estrada Cajigal se convirtió en el candidato natural a la gubernatura para el año 2000, que fue coincidentemente cuando a nivel nacional se dio “la ola azul” encabezada por Vicente Fox que sacó al PRI de Los Pinos, así que el joven panista arrasó en Morelos.

Por eso llegó SECR a ser gobernador, y se pasó los primeros cuatro años celebrando, y los otros dos luchando para sostenerse en la gubernatura porque hasta su partido le dio la espalda.

Ese es el verdadero Sergio Estrada que conocimos en Morelos, y no el mítico personaje que Ricardo Robledo le quiere vender a Pedro Haces para su nuevo partido.

Desafían morenistas a su dirigencia nacional.- El Consejo estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la que acordaron, con el voto unánime de los presentes, rechazar formalmente el acuerdo firmado por la dirigencia nacional con los representantes de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza para ir en coalición a las votaciones del próximo seis de junio. 

Los medios de comunicación no tuvieron acceso al evento, pero algunos grupos que llegaron aceptaron dar entrevistas en las que se manifestaron en contra de la coalición dada a conocer el pasado miércoles por los representantes de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, y con la delegada nacional de Morena en representación de los morenistas.

“Las bases de Morena desconocemos a Edi Margarita Soriano, no tiene autoridad para suscribir acuerdo alguno”, afirmó tajante el ex presidente municipal de Temixco y ex diputado federal Javier Orihuela García, quien aseveró que el partido Encuentro Social  no tiene los principios de avanzada con que cuenta Morena.  

“En 2018 se aceptó la alianza porque fue una coyuntura en la cual apoyamos la coalición con el PES pero 2021 no es ninguna coyuntura y hoy se trata de que Morena pueda retomar sus principios de no mentir y no robar”, justificó el ex perredista, que acudió acompañado de la diputada local Alejandra Flores. 

Al concluir la reunión, el dirigente estatal Gerardo Albarrán anunció que se hará llegar el acta de la asamblea a la dirigencia nacional “para que con sensibilidad y voluntad política se acerque al estado y genere diálogo para construir un verdadero proceso electoral útil a toda la militancia”.

Se va Amado Orihuela del PRI.- El “hombre de campo” (pero de Golf), Amado Orihuela Trejo, presentó su renuncia al partido que lo abanderó para que fuera candidato a gobernador cuando el PRI perdió estrepitosamente con el PRD, ayer a las 14 horas. 

A Amado me lo presentó Matías Nazario en el restaurante del Hotel Argento cuando el ganadero de Mazatepec era diputado local. Llegó a la mesa donde desayunábamos Matías y un servidor, y sin importarle que me hubiera presentado ya como periodista, el sujeto no ocultó que iba muriéndose de una cruda.

Sonó su teléfono celular y le mostró a Matías el nombre que se podía leer en el identificador de llamadas: “Gobernador Adame”. Dejó que sonará el aparato y luego se lo guardó en su chamarra. “No le voy a contestar hasta que sienta media ver…  adentro”, dijo.

Lo volví a ver en otra ocasión en el restaurante “México Lindo”, donde convivíamos varios periodistas. De pronto llegó el mesero con una botella de tequila. “Se las manda el señor del sombrero que está allá en la esquina”, dijo. Al fondo estaba Amado Orihuela… y sí, estaba con una muchacha que si no era menor de edad seguramente tenía poco de haber cumplido los 18.

La tercera vez que lo vi fue en un evento –ya siendo candidato a gobernador por el PRI- en el que se celebraba a las reporteras por el Día de las Madres y se rifaron regalos. Una joven compañera fue la ganadora de una pantalla, y cuando se acercó a recogerla comentó apenada: “Pero si yo no soy madre”.

“Falta de confianza mamacita”, le dijo en voz baja el hoy ex priísta que hoy ofrece al mejor postor su “capital político”.

HASTA EL LUNES.

Ayer miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa para informar “oficialmente” la firma de un convenio entre los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social y Nueva Alianza para conformar la coalición “Juntos Haremos Historia en Morelos” con candidatos comunes para algunas presidencias municipales y diputaciones locales.

La cita fue en el restaurante Anticavilla a las 10 horas, y muchos acudieron sólo por el morbo de ver si Gerardo Albarrán se sentaría junto a Jorge Argüelles después de despotricar contra él y su partido.

Pero no, resulta que al llegar vieron al multicitado dirigente del PES junto a dos mujeres, ambas desconocidas para muchos de nosotros. Una de ellas se identificó como Edi Margarita Soriano Barrera “enlace político del CEN de Morena”, la otra como Zitlally Suárez Durán, de Nueva Alianza.

La primera en hacer uso de la palabra fue Soriano Barrera, quien muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador pintó mentalmente un pasado catastrófico en nuestro país que se vio modificado sustancialmente con la llegada de éste a la presidencia de la República.

“Vivíamos bajo la sombra de un poder absoluto que no podía ser cuestionado, vivíamos en un baño de sangre en el que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”, apuntó, para luego recordar que partir del 2018 el pueblo decidió cambiar radicalmente en un cuarto proceso nacional, “dando un vuelco a la forma de gobernar este país”.

Dijo que a pesar de la crisis, “estamos haciendo historia con cambios que han reducido los privilegios de los que más tenían y ahora se privilegia a los grupos más vulnerables del país”.

¿Y se acuerdan que el lunes hablábamos en este mismo espacio de que los representantes partidistas deberían dejar sus “rollos ideológicos” y decir abiertamente que están juntos por simple conveniencia?

Pues fue lo primero que hicieron en esta conferencia de prensa.

“El día de hoy venimos a presentar a la sociedad de Morelos un nuevo logro de carácter político, en donde la suma de esfuerzos por la transformación nacional se enráiza  (sic) en nuestro estado bajo el entendido de que el proyecto de la cuarta transformación del país  y que hemos logrado los acuerdos y consensos que más allá de ver por las simples candidaturas y nombres de personas, estamos llegando a acuerdos sustanciales por cuanto al proyecto de la cuarta en el estado de Morelos”.

Agregó que el objetivo de esta coalición en candidaturas comunes va más allá de llegar al poder por el poder, no está planteada como una simple alianza electoral para alcanzar los escaños que nos lleven a la conquista de los espacios públicos sino que está trazada con la intención de construir la historia nacional y de nuestro estado a través del proyecto de la cuarta transformación.

Con evidentes problemas para dar lectura al discurso, la representante de Morena a nivel nacional apuntó que en el estado de Morelos se busca un proyecto ecologista “y con un proyecto que tiene como fondo una visión educativa, estamos trazando las políticas públicas para la construcción del poder popular en el estado de Morelos y de lo que pronto será una realidad en donde logremos aterrizar esas políticas públicas y sociales para nuestro estado, aterrizando ese proyecto para que nuevamente Morelos Juntos Haremos Historia”, finalizó.

Enseguida tocó el turno a Zitlally Suárez Durán, de Nueva Alianza, quien señaló:

“Somos un partido de causas sociales y estamos convencidos de que con este acuerdo quienes ganan son los ciudadanos y la sociedad, porque juntos somos la mejor alternativa que se necesita para gobernar con y para los ciudadanos, juntos fortaleceremos proyectos y acciones que van a generar bienestar para la población y unidos en un frente común provocaremos una mayor participación social”.

Al hacer uso de la palabra, el presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, Jorge Argüelles Victorero, resaltó que en el acuerdo entre los tres partidos “ponderamos las coincidencias, privilegiamos el diálogo y la solución y por eso, hacemos desde aquí público nuestro agradecimiento a las dirigencias y bases de los tres partidos, a las mujeres y hombres que ayudaron a consolidar este proyecto competitivo y ganador”.

Acotó que esta coalición tiene la fuerza suficiente para competir y ganar en cualquier terreno, luchando contra la corrupción y haciendo lo socialmente correcto por todos.

“Por supuesto, con justicia y decoro, decir que respetamos las expresiones que se dan en todo proceso democrático, la libertad es parte de esta nueva etapa de México y Morelos, y por ello, de corazón, con honestidad y sencillez, invitamos a todos a dialogar, podemos asegurarles que encontraremos muchas cosas en común y eso nos hará más fuertes a todos y a todas”, apuntó.

Los tres representantes partidistas fueron cuestionados por los reporteros por la ausencia de la dirigencia estatal de Morena, y por las manifestaciones de rechazo de algunos grupos de ese partido a la alianza con el PES.

Sin embargo, tanto Argüelles como Soriano contestaron con evasivas y se mantuvieron en la posición de que el acuerdo fue firmado en la ciudad de México con la anuencia de su dirigente Mario Delgado y que buscarán el diálogo con los grupos inconformes.

-¿Cómo van a dialogar con los grupos inconformes para evitar que se repita lo ocurrido en 2018 cuando se quedaron sin candidato titular? -Preguntó la reportera Verónica Bacaz-.

-Ha faltado un poco de diálogo, pero en su momento recorreremos los municipios para hablar con esos compañeros y darles la información necesaria-, contestó la delegada de Morena.

- Pero ellos dicen que las candidaturas ya están negociadas- insistió Luis Roberto Rodríguez.

- No, no hay acuerdos aún, eso descártenlo. No hay candidatos aún en el estado de Morelos- refutó Margarita-.

- El dirigente de Morena-Morelos acaba de emitir un comunicado desconociendo la validez de esta rueda de prensa- apuntó Pedro Tonantzin-.

- El compañero Gerardo Albarrán estuvo presente en este proceso para definir con quien íbamos en coalición. Ya verán que pronto nos verán juntos en una foto- contestó la morenista.

- Dice usted que no hay corrupción en la cuarta transformación, ¿no es un acto de corrupción el hecho de imponer la coalición en Morelos cuando las bases de aquí no quieren? – cuestionó Sharat Sánchez.

“El Consejo Nacional de Morena –ya que no tenemos las condiciones para llevar a cabo un Congreso Nacional- le dimos al dirigente nacional y a la secretaria general las facultades para que ellos vieran el tema de las coaliciones en los estados donde consideraran que había condiciones y Morelos fue uno de ellos”, replicó Margarita la cuautlense.

HASTA MAÑANA.

El año nuevo fue recibido en el Penal de Atlacholoaya con una noticia que corrió “como reguero de pólvora” entre custodios e internos. “Mataron a José Alfredo, el que asesinó a la niña de La Carolina”, era la especie que iba de boca en boca provocando todo tipo de comentarios.

Como si estuvieran jugando al “teléfono descompuesto”, la versión cambiaba de una persona a otra: “Dicen que lo golpearon hasta matarlo”, “Lo dejaron como cedazo de tanto piquete que le dieron”, “Lo ahorcaron”, eran lo que se escuchaba en las áreas comunes del centro penitenciario, para luego emitir una sentencia final: “Eso y más se merecía por lo que hizo”.

La noticia llegó hasta los medios de comunicación a través de las decenas de teléfonos celulares que tienen los PPLs (personas privadas de su libertad), pero nadie daba información certera sobre el motivo del fallecimiento.

Fue hasta pasado el mediodía del 4 de enero que la Comisión de Seguridad Pública que encabeza Antonio Ortíz Guarneros dio una versión oficial de los hechos.

“Según los reportes asentados en bitácoras, se informa que el oficial a cargo del área donde se encontraba el hoy occiso, realizó su pase de lista aproximadamente las 06:20 horas, sin embargo no hubo respuesta, por lo que dio parte al área central para que se llevara a cabo una revisión dentro de su celda. Al llegar al lugar, los custodios encontraron sin vida a la Persona Privada de la Libertad (PPL), por lo que se solicitó el apoyo del área médica, realizando la intervención primaria”, dice el comunicado que confirma la identidad del finado: José Alfredo “N” de 36 años de edad quien ingresó el 14 de agosto del año 2019 y se encontraba cumpliendo una condena (de 26 años de prisión) por el delito de Feminicidio.

Según la CES, el diagnóstico inicial de la causa del deceso es paro cardiorrespiratorio (que su corazón dejó de latir y sus pulmones de respirar), “estableciendo que tenía antecedentes de hipertensión”, pero aclara enseguida que no están tratando de encauzar las investigaciones, pues será la Fiscalía General de Justicia “la encargada de realizar las acciones correspondientes para determinar el motivo de la muerte”.

Jose Alfredo no era cualquier reo. A simple vista parecía inofensivo pero las imputaciones en su contra lo hacían blanco de todo tipo de improperios y maldiciones.

El 10 de agosto del año 2019, el hoy occiso habría ingresado al domicilio en donde se encontraba una niña de 6 años de edad, ubicado en la Colonia Carolina del Municipio de Cuernavaca, abusando sexualmente de ella para posteriormente privarla de la vida utilizando un arma punzo cortante (un cutter).

De hecho, después se supo que él rentaba en la misma vecindad y que su intención original era robarse el tanque de gas de sus vecinos, pero al ver a la niña sola (su abuela vendía tortillas en un local contiguo a la vivienda), aprovechó la oportunidad para saciar sus bajos instintos. Y después se llevó el tanque de gas cargando sobre sus hombros.

El sujeto admitió su culpa y se acogió al derecho del procedimiento abreviado, siendo sentenciado, apenas el 30 de diciembre pasado, a 26 años y ocho meses de prisión, además del pago de dos millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Quienes lo conocieron consideraban que estaba afectado de sus facultades mentales, pues durante el juicio oral, mientras narraban los hechos, parecía esforzarse para que no le ganara la risa.

Cuando se dio su detención en agosto del 2019 mientras deambulaba por la ciudad de Cuautla, su fotografía fue divulgada en los medios de comunicación. “El sujeto que aparece en la foto que están difundiendo es el mismo que hace años mató a un hombre en su taquería”, me escribió por Messenger una persona que dijo ser vecino de aquella localidad.

“No sé si sea el que mató a la niña, pero estoy seguro que sí es el que mató al ingeniero Martín Gutiérrez, lo reconozco perfectamente porque nosotros íbamos con frecuencia a la taquería de su papá de José Alfredo”, agregó.

Con los pocos datos proporcionados, buscamos en nuestros archivos y encontramos una nota de Xavier Omaña publicada en La Unión de Morelos sobre un homicidio ocurrido el 20 de febrero de 2012 en un establecimiento ubicado en la avenida Insurgentes número 528 de la colonia Emiliano Zapata de Cuautla.

Ex servidores públicos de la entonces Subprocuraduría de Justicia de la Región Oriente nos corroboraron que el 20 de febrero de 2012 acudieron a una taquería donde reportaban una persona fallecida.

Lo que vieron ahí los dejó estupefactos: un charco de sangre y en medio un hombre al que le faltaba la cabeza y los órganos genitales.

Todavía no terminaban la diligencia cuando recibieron un segundo reporte sobre el hallazgo de una cabeza humana en la calle Vicente Suárez de la colonia 12 de octubre de Cuautla, por lo que se dirigieron hasta el lugar, y al revisarla se percataron que pertenecía al cuerpo hallado en la taquería.

El levantamiento de cadáver en la taquería se realizó a las 10:25 de la mañana, sin embargo, horas más tarde, en la calle Sifón de la colonia Ferronales de la Heroica se localizó un automóvil Volkswagen Jetta color rojo bloqueando la vialidad.

Sobre este vehículo, la Procuraduría de Justicia detalló que al ser inspeccionado se encontraron diferentes tarjetas de identificación que pertenecían a Martín Gutiérrez Franco, el mismo al que le habían cortado los testículos y el miembro viril, pero que antes le hicieron un corte sobre el muslo provocándole una hemorragia que prácticamente le vació el cuerpo en cuestión de minutos.

Todo eso quedó registrado en la carpeta número CT-UIDD-C/585/2012 de la entonces Subprocuraduría de la Región Oriente.

El crimen consternó a la ciudad de Cuautla, y fue del dominio público que José Alfredo, el hijo de los taqueros, había huido después de asesinar a su amigo, un vecino de la comunidad de Cuautlixco.

No se sabe con seguridad si José Alfredo permaneció prófugo todo este tiempo, o si fue detenido, procesado y liberado. 

Lo único cierto es que si lo hubieran encarcelado por ese atroz crimen en Cuautla, ya no habría cometido el segundo en agravio de la niña de seis años en La Carolina, municipio de Cuernavaca.

HASTA MAÑANA.

La lamentable muerte de nuestro compañero Carlos Félix nos hizo reflexionar sobre el riesgo que corren los reporteros que diariamente tienen que cubrir los actos públicos de las diferentes dependencias, organizaciones y partidos políticos que los convocan para dar a conocer sus pronunciamientos.

En un documento firmado por más de 120 reporteros de todo el estado y publicado solidariamente por LA UNIÓN DE MORELOS, se solicitó a todas las fuentes de información que se aplicaran protocolos anti-covid durante la realización de sus conferencias de prensa in situ, o definitivamente optar por las intervenciones a distancia a través de plataformas electrónicas.

Lo anterior, luego del fallecimiento de seis compañeros de los medios de comunicación y el contagio de un número indeterminado de trabajadores de las diversas áreas de la información.

Afortunadamente el llamado fue bien recibido por las instituciones y organizaciones no gubernamentales.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) (cuya titular América Preciado ayer precisamente dio a conocer que dio positivo a la prueba) recordó que desde el inicio de la pandemia el Impepac ha establecido todos los protocolos sanitarios para reducir significativamente el riesgo de contagio de sus trabajadores y familiares.

Para garantizar la transparencia y el flujo de información pública a la que la ciudadanía tiene derecho, todas las sesiones de consejo y comisiones, han sido transmitidas a través del canal de YouTube del Impepac. Recordemos que un alto funcionario de esa institución ya pasó a engrosar la lista de víctimas mortales del terrible virus.

Y el primero que puso la muestra fue el Partido Verde, al realizar su conferencia de prensa en un lugar bastante amplio y sin despojarse de los cubrebocas ni un momento.

Ahí, el dirigente de este partido, Javier Estrada González, informó que ese instituto político acordó llevar candidatos comunes con el Partido Revolucionario Institucional en cinco municipios y dos distritos como Cuautla y Ayala.  En el resto irán solos con la confianza de que obtendrán buenos resultados, incluyendo la capital del estado.

Al mediodía, los dirigentes del PRI y del PRD, Jonathan Márquez y Cristina Balderas, respectivamente, también respetaron el protocolo sanitario al anunciar oficialmente la coalición "Morelos Si" para competir con candidatos en 6 distritos locales y 15 municipios del estado desde la plaza cívica Francisco Ayala en el municipio de Ayala Morelos.

Para tal fin, eligieron un lugar emblemático: el árbol conocido como “La Parota” en el municipio de Ayala, donde inició la lucha zapatista.

Desde ahí, “partidos que en el pasado habíamos sido rivales, hoy decidimos unirnos porque cuando en verdad se quiere servir a la gente es normal llegar a los diagnósticos y soluciones similares", dijo Márquez Godinez.

"Está es una coalición que vamos acreditar desde la cercanía con la gente, en una campaña permanente de tierra, recorriendo las calles, las colonias, los ejidos y las plazas de todo el estado, cumpliendo los protocolos que nos marque la autoridad electoral cuidando en todo momento la salud de la ciudadanía, y atendiendo el llamado de los representantes de los medios de comunicación en el uso de la tecnología", acotó.

Los municipios donde operará la coalición PRI-PRD serán Tlayacapan, Jiutepec, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Huitzilac, Ayala, Axochiapan, Jantetelco, Yecapixtla, Jonacatepec, Totolapan, Zapata, Cuernavaca, Tlalnepantla, Zacualpan de Amilpas. Y en los distritos locales 1, 2, 3, 6, 8 y 10, según lo acordaron.

Por cierto, en esta conferencia de prensa ocurrió algo muy extraño. Mientras que el equipo de comunicación del PRI transmitió por Zoom la rueda de prensa y luego envió el comunicado y material audiovisual, por parte del Partido de la Revolución Democrática no hubo absolutamente nada. Bueno, ni siquiera el discurso de su presidenta.  ¿Qué raro no?

Mientras tanto, en las oficinas de Morena hay una tensa calma. Gerardo Albarrán y su equipo mantienen un sospechoso silencio después de que advertían que “ardería Troya” si Mario Delgado se atrevía a firmar una alianza con el Partido Encuentro Social (PES).

Ayer se hizo pública la convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de ese instituto político a realizarse el próximo 7 de enero a las 12 horas en un jardín de fiestas de Jiutepec, llevando como uno de los puntos del orden del día “Análisis y en su caso aprobación, referente a la política de alianzas con otros partidos políticos de Morelos, rumbo al proceso electoral 2021, conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional Extraordinario de Morena de fechas 15 al 17 de noviembre de 2020”. Firman Ariadna Barrera Vázquez, presidenta del Consejo Estatal de Morena-Morelos y Gerardo Albarrán Cruz, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Es decir, que piensan desconocer el documento al que hacíamos referencia en la columna de ayer, ese que hablaba de los municipios de “Yecapiztla y Cuatlan del Río”.

Hábil, el presidente del nuevo partido Movimiento Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes Sotelo, de inmediato citó a una conferencia de prensa en la que dijo que las puertas de ese partido están abiertas para los morenistas que se sientan traicionados por sus líderes cupulares. 

Y por su parte, el presidente y propietario del Partido Armonía por Morelos (aquel que inicialmente fue rechazado por el Impepac pero logró el reconocimiento en tribunales), Ricardo Almanza Guerrero, utilizó como ESTRATEGIA publicitaria el Día del Periodista felicitar al gremio con un sentido mensaje y un “collage” de fotos en sus redes sociales.

Así va, hasta el momento, la bitácora electoral que habrá de concluir el seis de junio del 2021, si no es que la pandemia sigue creciendo y obliga a autoridades y partidos políticos a suspender las votaciones.

HASTA MAÑANA.

Este fin de semana quedaron debidamente registradas las alianzas entre los diferentes partidos políticos reconocidos por el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) con miras a las votaciones del 6 de junio del 2021 para presidentes municipales y diputados locales.

No tiene caso opinar sobre si hicieron bien o mal tal o cual partido político, eso lo podremos saber un día después de la elección de acuerdo a los resultados. Los acuerdos ya están hechos y lo único que podemos decir es que fueron firmados por cuestiones estratégicas y no por coincidencias ideológicas, así que sus dirigentes se pueden ahorrar los discursos sobre los motivos de fondo y decir simplemente: lo firmamos por así convenir a nuestros intereses.

Y es que si nos pusiéramos a comparar los institutos políticos con un platillo de esos que cocinan los chefs llegaríamos a la conclusión de que es un revoltijo de ingredientes, donde se mezcló lo dulce con lo amargo y también lo picoso. Un revoltijo de colores y sabores pues. 

Una de las alianzas más esperadas fue la del partido en el gobierno llamado Partido Encuentro Social (PES) y el del gobierno federal que es Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dado que durante las semanas previas “se calentó el ambiente” con declaraciones de ambas dirigencias.

Hasta anuncios espectaculares en la autopista se vieron con la leyenda “No a la alianza con el PES”, pero por parte de la dirigencia pesista no hubo nada de humildad y desde el principio desestimaron la supuesta inconformidad, diciendo que los autores de esas acciones eran “los Rabines”, y que “quienes no los conozcan que los compren”.

Todavía el 31 de diciembre Gerardo Albarrán, presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, encabezó una conferencia de prensa en la que ratificó su rechazo a cualquier acuerdo con Encuentro Social. 

Margarita Cuata Domínguez, ex diputada federal por Morena, quien también participó en la rueda de prensa, declaró que en caso de que la dirigencia nacional les hiciera caso, buscarían que fuera candidata mujer –en cumplimiento a la paridad de género- pero ya en corto descartó que la afortunada pudiera ser la diputada local Alejandra Flores. 

Lo que ocurrió después nos recordó mucho a lo que les aconteció a los seguidores del equipo de futbol Cruz Azul.

Para los que no están empapados con el tema futbolístico les explico: El Cruz Azul es un equipo propiedad de una cooperativa del mismo nombre, presidido durante décadas por un señor llamado Billy Alvarez. Inexplicablemente es uno de los equipos con más aficionados en este país, pero resulta que en varias ocasiones les ha pasado lo mismo: que logran meter varios goles, pero al final el equipo contrario logra remontar y les gana.

Así les ocurrió en una final contra el equipo América y más recientemente con los pumas de la Universidad, al grado que la Real Academia de la Lengua aceptó la palabra “cruzazulear” para definir cuando alguien pierde lo que ya tenía prácticamente ganado.

Sin embargo, hay una versión en el sentido de que esas derrotas no eran casuales, sino ordenadas por el dueño del equipo, quien se beneficiaba económicamente cada vez que el equipo perdía, y lo hacía sin importarle el sufrimiento de los aficionados.

Hecha la explicación viene la comparación. Durante semanas los morenistas se cansaron de decir que no aceptarían bajo ninguna circunstancia un acuerdo con el PES, y su dirigente Gerardo Albarrán aseguraba que no se prestaría a un acuerdo a espaldas de las bases.

Ciertamente Albarrán y sus consejeros no son el partido Morena-Morelos, y suponemos que esa fue una de las justificaciones de Mario Delgado para dar luz verde al documento que el PES se encargó de difundir ya cerca de la medianoche del jueves.

En ese documento, al que el nombre de Morena le falta “a” y dice Yecapiztla en vez de Yecapixtla, se establece que dichos institutos políticos, junto con Nueva Alianza, “acuerdan suscribir el presente convenio con el objeto de postular en candidatura común, a las candidatas y candidatos para para (sic) integrar los Ayuntamientos del estado de Morelos para el proceso electoral constitucional ordinario del 2020-2021”.

Firman: Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena; Minerva Citlalli Hernández Mora, secretaria general del mismo CEN; Zitlalli Suárez Durán, presidenta del “Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en Morelos”, y Jorge Arturo Argüelles Victorero, presidente del CDE de Encuentro Social Morelos.

Es decir, que no tomaron en cuenta a la dirigencia estatal de Morena.

Ya en la repartición de candidaturas, se especifica que el PES nombrará abanderado o abanderada en Cuernavaca y Temixco (Jorge Argüelles y Andrés Duque, respectivamente); a Nueva Alianza le dejan Yautepec (Agustín Alonso Mendoza) y Ayala; y a Morena le toca Tetela del Volcán, Cuátlan (sic) del Río, Tlaltizapán, Yecapiztla (sic) y Tetecala.

Lo más extraño de todo es que después de toda la alharaca que hicieron, tras la aparición del multicitado documento guardaron absoluto silencio, lo que resulta sospechoso.

La pregunta que se comienzan a hacer las bases morenistas es ¿fue Gerardo Albarrán “el Billy Alvarez” de Morena-Morelos, o el arreglo fue en la subsecretaría de Gobernación? Ya se sabrá muy pronto.

Con justa razón, los auténticos “lopezobradoristas” están que trinan contra sus dirigentes y aseguran que no votarán por el candidato de la alianza. Veremos cuánto les dura el berrinche y con qué los contentan.

Así las cosas, es prácticamente un hecho que en la boleta del 6 de junio para la alcaldía de Cuernavaca aparezcan Jorge Argüelles por la coalición ya mencionada; José Luis Urióstegui Salgado por PAN y PSD (ya está firmado); Matías Nazario Morales por Movimiento Alternativa Social (MAS), y los que se acumulen esta semana.

HASTA MAÑANA.

“Este no fue el año de tener todo lo que querías, fue el año de aprender a valorar todo lo que tenías”, dice un mensaje que me envió el maestro y entrañable amigo don Víctor Manuel González Cianci, y creo que tiene toda la razón.

Llegar al año nuevo en esta ocasión sí fue toda una proeza. Llegamos sin dinero, angustiados, encerrados, sin la certeza de qué nos espera para el 2021, pero llegamos. Bueno, habrá que actualizar el dato para cuando usted esté leyendo la presente columna, pues desde marzo del 2020 sabemos que la vida es tan volátil que un día estás como si nada y al otro ya no existes.

No podemos ocultar nuestra consternación porque un amigo abogado, Bernardo Salgado, escribió el 28 de diciembre en su cuenta de twitter: “La última semana del año, ocupémosla para dar, compartir, agradecer y valorar todo lo importante, todo eso que le da el verdadero significado a nuestras vidas”. Al otro día se sintió mal, lo llevaron al hospital del IMSS, lo intubaron y a las 18:30 horas lo declararon muerto.

Desde aquí un abrazo solidario a su esposa e hijos y los deseos de una pronta resignación.

También, la preocupación por el estado de salud de nuestro amigo de hace más de 30 años, Carlos Félix Gaxiola, contagiado de covid por cumplir con su deber. Confiamos en su pronta recuperación.

En el tema político el fin de año no podía ser más incierto, con eso de que el primero de enero vence el plazo para el registro de coaliciones, los diferentes partidos políticos se están reservando hasta el último minuto para dar a conocer sus acuerdos.

Este martes, durante una reunión con integrantes del grupo Bases Morena Morelos realizada en la sede oficial, el presidente del comité ejecutivo estatal en el estado, Gerardo Albarrán Cruz, leyó un pronunciamiento mediante el que expuso que desde el 28 de diciembre pasado, “Morena Morelos busca construir las mejores condiciones políticas hacia el proceso electoral al 2021 con apertura  e inclusión, privilegiando sus principios y sus valores ideológicos fundamentales, lo elemental para Morena es que toda forma de asociación electoral cumpla con estos ideales. Es por ello que el día de ayer (lunes 28 de diciembre) la dirigencia estatal de Morena Morelos se retiró de la mesa de trabajo destinada a decidir una posible alianza con otras fuerzas políticas”. 

Esto ya se había dado a conocer a través de un supuesto comunicado replicado en redes sociales pero que carecía de firma. Al parecer, los autores de dicho documento son los mismos que se han dedicado a contratar anuncios espectaculares para manifestar el supuesto rechazo a la alianza con el Partido Encuentro Social.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que la cuautlense Edi Margarita Soriano, actual delegada de MORENA en Morelos, habría sido quien continuó en la mesa de negociaciones por órdenes de Mario Delgado, quien la habría instruido para que esa alianza se mantuviera a cualquier costo.

Por su parte, en entrevista telefónica el presidente del PES Morelos, Jorge Argüelles Victorero, dijo que la alianza con Morena sigue en pie. El lunes, el también diputado federal expuso que las pláticas con la dirigencia nacional morenista y con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador siguen en marcha. Refirió que se trabaja con el presidente y con la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional y “con los nuevos aliados, el Partido Verde Ecologista y de Nueva Alianza”. 

“No nos ganan las ganas, no nos meten dudas, estamos trabajando en construir un gran acuerdo por Morelos, todavía estamos en tiempo y antes de que venza la vigencia daremos a conocer los detalles del gran acuerdo que estamos construyendo durante al menos cuatro mesas concretas para Morelos… aparte seguimos porque hay varios asuntos que tenemos en el proyecto nacional”, le declaró a nuestra compañera Tlaulli Preciado.

Por cierto, en un conocido programa de radio por internet entrevistaron al polémico diputado Gerardo Fernández Noroña esperando que hablara pestes del Partido Encuentro Social, pero cuál sería su sorpresa cuando el asiduo visitante de tierras tepoztecas defendió la coalición Morena-PES diciendo que fue una estrategia que le funcionó al hoy presidente López Obrador y no tiene por qué cancelarse en el proceso electoral que se avecina.

Al cierre de la presente columna, nos llega un comunicado citando a conferencia de prensa para hoy jueves a las 10 de la mañana en las instalaciones de Morena, en la colonia Amatitlán, lo que nos hace pensar que –como dicen los cronistas deportivos- esto no se acaba hasta que se acaba.

Y es que, “la joya de la corona” es la presidencia municipal de Cuernavaca, a sabiendas de que la alcaldía capitalina es la antesala natural de la gubernatura. Por eso es que todos la quieren.

Hasta este momento (bajo la advertencia de que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro), los únicos que tienen amarrada la candidatura son Matías Nazario y José Luis Urióstegui, el primero por el naciente partido MAS y el segundo por una coalición del PAN y el PSD (más la estructura que José Luis ha logrado conservar desde que fue candidato independiente).

También, todo parece indicar que, tras el anuncio de que el Partido del Trabajo “prefiere ir solo que mal acompañado”, el que iba como candidato a diputado local (Moctezuma Serratos) ahora tendrá que cubrir el espacio de la candidatura a la presidencia municipal, cancelándose así la posibilidad de que el PT abanderara al alcalde Antonio Villalobos para una eventual reelección.

Jonathan Márquez, presidente del PRI en el estado, sigue manifestando que están en pláticas para una posible alianza con el Partido de la Revolución Democrática, pero hasta el momento sólo en Jiutepec se está consolidando en torno al procesado Manolo Agüero Tovar. En Cuernavaca ni el PRD ni el PRI han mencionado el nombre de sus respectivos candidatos, y mucho menos el que iría con las siglas de ambos partidos.

Así de incierto termina el año 2020 y todavía más el 2021.

Les deseamos a todos nuestros lectores que disfruten la cena de fin de año en sus casas, con sus seres más cercanos, valorando su salud por encima de cualquier otra cosa.

Y que el próximo año (si el creador nos lo permite) nos sigan distinguiendo con su preferencia en las páginas de LA UNIÓN DE MORELOS.

HASTA EL PRÓXIMO LUNES.

La escena es escalofriante: los tres mozalbetes se acercan hasta la patrulla aprovechando que ahora lo normal es andar embozados, llegan por ambas ventanillas y le disparan a quemarropa al policía. Se alejan un poco pero deciden retornar a asegurarse de que esté muerto, luego se alejan corriendo y abordan un auto blanco.

Los sicarios no contaban con que una cámara de videovigilancia de una casa los está grabando y capta el homicidio con todos sus detalles, lo mismo que las características de los responsables: jóvenes de no más de 20 años; pantalón de mezclilla, playera y tenis caros. 

Las imágenes corresponden al 27 de diciembre, a las primeras horas de la mañana, y se trata de la patrulla EZ004 de la Policía Vial del municipio de Emiliano Zapata. Los hechos ocurren sobre la calle México, en la colonia Tres de Mayo, famosa por sus artesanías en cerámica… y sus micheladas.

En esa misma colonia, justo enfrente de un conocido bar, seis meses antes se dio una balacera que duró alrededor de cinco minutos y que dejó cuatro muertos en ese lugar y dos más que fallecieron en el hospital.

Las balaceras y homicidios son cosa de todos los días en este municipio donde pareciera que no existe la ley. Tiene un presidente municipal, Fernando Aguilar Palma, pero como si no lo hubiera.

“El Pachuco” (así le apodan al alcalde) está en la recta final de su tercer trienio al frente del Ayuntamiento. Primero fue presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional, luego se esperó dos periodos y buscó nuevamente el cargo, ahora bajo las siglas del Partido Verde. Ganó y después se reeligió, pero renunció a ese partido cuando vio que ya no lo necesitaba.

Ahora buscará una diputación por alguno de los nuevos partidos, porque ya se acostumbró a la buena vida.

¿Quién se hará cargo de ese municipio a partir del 2022? No se puede saber con certeza, máxime cuando las votaciones de junio del próximo año serán totalmente atípicas, pero ya se pueden barajar los nombres de quienes buscarán encabezar el gobierno de este problemático municipio.

Para empezar, Aguilar Palma tratará de que en su lugar quede alguien “que le cubra las espaldas” cuando él ya no esté, y ese es Isidro Uribe Gómez, su oficial mayor, aunque todavía no se sabe por cuál partido. 

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se perfilaba José Mariaca, hijo de Rogelio, un ex alcalde de Emiliano Zapata, pero a últimas fechas se menciona la posibilidad de que Ana Paola Martínez Franco ocupe esa candidatura.

Rogelio Félix Castañeda, quien actualmente es regidor independiente, está siendo impulsado por el Nuevo Grupo Sindical para que busque la presidencia municipal bajo las siglas de algún partido “morralla”.

El Partido Acción Nacional, que ya gobernó Emiliano Zapata pero no se ve para cuando regrese al palacio municipal, parece que ya se decidió por Sergio Alba Esquivel. Este joven tiene la característica de que es sobrino de dos ex alcaldes, Francisco Alba Meraz y Rodolfo Esquivel, ambos panistas.

Por el Partido Socialdemócrata va el profesor Joaquín Vergara y por Nueva Alianza va de candidato el profesor Joaquín Vergara, salvo que alguno de ellos cambie de opinión a última hora. Por Redes Sociales Progresistas (RSP), la buscará Santos Tavarez, quien hizo un buen papel como candidato independiente en las elecciones pasadas al grado de meter dos regidores.

¿Y dónde anda Humberto García “El Pinguis”, aquel que estuvo a punto de ser candidato de Morena pero que al final declinó? Nos dicen que varios partidos lo están buscando para que sea su candidato, sabedores de que tiene liderazgo entre la raza y que es un candidato bastante redituable.  

El único partido que no lo ha buscado es precisamente Morena, pues están convencidos de que la candidatura sólo puede ser para Amado Esquivel, aquel que ya fue secretario general del Ayuntamiento hace algunos años, y si se requiere que sea una mujer por aquello de la paridad de género, la primera en la lista es nada menos que la diputada Elsa Delia González, con todos los riesgos que ello conlleva.

Para las diputaciones locales hay una larga lista de aspirantes de todos los partidos, así que para ello dedicaremos próximamente una columna completa.

En cuanto a las diputaciones federales (cuyo distrito comprende también los municipios de Jiutepec y Temixco), todo parece indicar que volverán a verse las caras Arnulfo Montes Cuen y Ricardo Dorantes Sanmartín, quienes ya perdieron una vez en contra de Javier García Chávez, alias “El Gato”.  Ahora es muy probable que se sume a esa contienda un abogado de nombre Jovan Taylor que por su apellido pudiera pensarse que es extranjero, pero no, es jiutepequense y trabaja con Alejandra Pani Barragán, diputada federal por Morena.

¿Por cuál partido irá ahora el sonorense Montes Cuen? A ciencia cierta no lo sabemos, pues recordemos que él ha buscado ser diputado federal por prácticamente todos los partidos pero siempre le quedan mal. Lo vimos con el perredista Isidro Pedraza Chávez, su mecenas hasta que falleció hace poco; también andaba tratando de tomarse fotos con el candidato Andrés Manuel López Obrador pero últimamente posteó en su muro de Facebook una foto nada menos que con Jonathan Márquez, presidente del PRI, y con Manolo Agüero, virtual candidato a presidente municipal por la alianza PRI-PRD.

Mientras el contador público (ahora doctor) Montes Cuen se decide con cuál camiseta competirá ésta vez, sigue regalando agua y despensas en las colonias más pobres de Jiutepec, y eso es lo importante.

En resumen, a Emiliano Zapata ya lo saquearon (perdón, quise decir gobernaron) priístas, panistas, perredistas y mercenarios de la política. Ya se merece un buen presidente municipal que piense en el bienestar de sus conciudadanos y no en enriquecerse a costa de ellos.

HASTA MAÑANA.

Ayer fue 28 de diciembre, “el día de los santos inocentes”, fecha en que por costumbre, algunos medios de comunicación se conceden el permiso para jugarles una broma a sus lectores, televidentes o radioescuchas y dan informaciones que, siendo falsas, llaman la atención por chuscas o por su alto grado de imaginación, con la condición de que al final se les aclare que se trata de una mentira con la clásica frase: “inocente palomita que te dejaste engañar”.

Ya desde hace algunos años expresábamos en este mismo espacio que cada vez es más difícil encontrar “noticias-broma” porque la realidad muchas veces supera nuestra imaginación, pero en este año, definitivamente, no encontramos hechos que cumplieran con la característica de ser chuscos pero irreales. Todos son reales.

Cheque usted:

“Rifan el Avión Presidencial”. “Indulta presidente de la República a un pavo que le regalaron”. “Roban lo robado al Instituto para devolver al pueblo lo robado”. “Hacen alianza PRI, PAN y PRD”.

Las que se relacionan con el covid: “Llega la Guardia Nacional… a dispersar una fiesta”.  “Cobertura nacional en vivo para transmitir el momento en que ponen una vacuna”. “Cierran gimnasios y bibliotecas… pero los antros siguen abiertos”.

Y hasta en los deportes: “Cruz Azul necesitaba perder 4 a cero…. ¡Y lo logró!”

Hace algunos años, invitamos a nuestros lectores a hacer un ejercicio mental, y trasladarnos al 27 de diciembre del año 1999.

Imaginemos que estamos a cargo de la edición de un periódico que deberá estar en los puestos el Día de los Inocentes, y por lo tanto debemos llenar la primera plana del rotativo con noticias falsas que provoquen la hilaridad de nuestros lectores.

No perdamos de vista que estamos en 1999, con Ernesto Zedillo en la presidencia y Jorge Morales Barud en la gubernatura de Morelos. Usted tiene 21 años menos que hoy.

El que esto escribe pondría como noticias-broma a nivel local las siguientes:

-           Descuartizan un cadáver; reparten sus extremidades en puntos cardinales de la ciudad

-           Amanecen cadáveres colgados en los puentes de Tabachines y Gobernadores

-           Otorgan a Morelos el título de “Paraíso de Narcotraficantes”; los capos más importantes construyen sus casas de descanso.

-           Muere por infarto el procurador José Castillo Pombo; su “brazo derecho”, Jorge Fernández apodado “El Manotas”, acribillado en el DF.

-           Designan a Pedro Luis Benítez Vélez como procurador del Estado (recuérdese que en 1999 apenas había regresado del exilio, perseguido por Jorge Carrillo Olea).

-           Nombran a Manuel Martínez Garrigos presidente de Cuernavaca (sería jurídicamente imposible, porque tendría 21 años y sería un estudiante de Derecho, pero quedamos que se trata de una broma, y ahí todo se vale).

-           Desaparecen de su pedestal las estatuas de Morelos y Emiliano Zapata

-           Francisco Moreno Merino, delegado del IMSS, se destapa como aspirante a gobernador de Morelos.

-           Propietario de conocida botanera de Jiutepec toma protesta como presidente municipal de esa localidad.

¿Qué le parece? No me diga que varias de esas noticias no hubiesen arrancado desde sonrisas incrédulas hasta carcajadas de los lectores de ese tiempo. Y hoy son, o fueron, realidad.

A nivel nacional hay más tela de dónde cortar. Bastaría con anunciar que el ex candidato a presidente de la República, Diego Fernandez de Cevallos, fue secuestrado por un grupo armado, para tener una de las mejores noticias-broma.

O que tal éstas: “Aprueban matrimonios gays en el Distrito Federal; ahora van por la despenalización del aborto”. “Desaparece la Compañía de Luz y Fuerza, asume CFE sus funciones”.

Otra más: “Buscan durante días a bebita pero resultó que estaba muerta en su cama; hasta el FBI intervino”.

 En deportes que le parece: “Lesionan a futbolista del América en un bar del DF”. “Eliminan a Brasil, Alemania y Argentina en el mundial de Futbol”.

Y en la sección internacional, la verdad es que nadie escribiría las siguientes notas porque el 28 de diciembre deben darse noticias poco probables, pero creíbles, y las siguientes nadie las hubiera creído:

“Colapsan en minutos las Torres Gemelas de Nueva York; hay miles de muertos”. “Gana la presidencia de Estados Unidos un candidato de raza negra”. “Estados Unidos, en su peor crisis económica desde 1929”.

Ahora qué le parece si nos ubicamos en 2012. Imagine que le dicen que la jefa de prensa del Congreso Local, Alejandra Flores, será diputada. No se ría, pues también podría ser candidata a presidenta municipal de Cuernavaca.

Bueno, para no ir más lejos, ¿qué decíamos cuando alguien insinuaba que el tabasqueño Graco Ramírez sería gobernador de Morelos? ¿Qué tan posible le parecería a usted escuchar que el futbolista Cuauhtémoc Blanco (en ese momento seleccionado nacional) sería alcalde de Cuernavaca y después mandatario estatal?

Ayer estuve a punto de “tuitear” que Jorge Campos sería candidato a diputado federal por un partido político, pero ya no lo hice porque leí que, efectivamente, el mejor portero que ha tenido este país se registró como aspirante a ese cargo por el Partido Encuentro Solidario.

Así que mejor publiqué el siguiente twit: “Perdón por no publicar noticias-broma, pero todas las que se me ocurrieron ya se hicieron realidad”.

En conclusión, amigo lector, las bromas de hoy pueden ser las realidades de mañana, por increíbles que parezcan, y a veces quisiéramos que todos los días fueran 28 de diciembre, y que las calamidades que leemos diariamente en los periódicos fueran solamente el producto de la imaginación de los redactores.

HASTA MAÑANA.

Entre sus fotos de viajes a varios países y de su lujosa oficina en un edificio de cinco pisos al norte de la ciudad, en la cuenta de Facebook del notario público número 14 de la primera demarcación territorial de Cuernavaca, Alberto Barona Lavín, aparece una foto de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y la frase: “Cuando te dejan salir a la cena de navidad en el hospital psiquiátrico…”.

Quizás sea producto de la embriaguez por la prolongada celebración de la navidad, pues la publicación tiene fecha del 25 de diciembre a las 14 horas, pero sobre todo, es la demostración de alguien que está seguro que “las cosas malas” las hizo lo suficientemente bien como para mantenerse impune y todavía provocar a la figura presidencial.

Barona Lavín fue “el cerebro financiero” de Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso. Su experiencia como “oficial de cumplimiento en instituciones financieras de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (así dice su ficha personal) lo hace experto en manejo de recursos a prueba de auditorías.

Por eso Graco lo puso al frente de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo, organismo creado exprofeso para él en 2012, cuando el tabasqueño llegó a la Gubernatura de Morelos con el apoyo de AMLO, a quien después traicionó.

Además de que supuestamente es sobrino de Elena Cepeda, al entonces mandatario estatal lo impresionó con su currículum:

“Participó en proyectos relacionados con el fondeo de productos financieros a través de operaciones estructuradas, colocación de deuda en mercados de valores nacionales, derecho corporativo y jurídico contencioso, así como, cumplimiento normativo, auditoría y relaciones gubernamentales. Participó en organismos e instituciones relacionadas con el sector financiero e industrial, estando a cargo de comités relacionados con la materia jurídica”, decía su carta de presentación.

Y tras desempeñarse eficientemente al frente de la UPAC, en los últimos años le siguió sirviendo a Graco en la secretaría de Administración.

Por eso, antes de irse Graco le hizo un espléndido regalo: La notaría pública número 14 de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos en Cuernavaca. De acuerdo a la Ley del Notariado, para ocupar ese cargo es necesario tener experiencia en ese rubro y que un notario le extienda una constancia de que realizó prácticas. Es decir, que además de su trabajo como secretario de Administración, todavía le daba tiempo para acudir por la tarde-noche a hacer sus prácticas como aspirante a notario.

Su llegada a la Notaría no podría haberse dado sin la convalidación del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, en aquel tiempo bajo la presidencia de Patricia Mariscal Vega.

De las primeras acciones del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue presentar una denuncia ante la naciente Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y su “operador financiero”, Alberto Barona Lavín.  Sin embargo, tanto la pareja como el notario público se ven bastante despreocupados, paseándose por todos lados.

Incluso, Barona Lavín ha mostrado una actitud cínica, retadora, burlona. Cuando fue descubierto en un evento del entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, con unos lentes negros en claras funciones de espía, al ser cuestionado sobre su presencia sólo contestó con una risita burlona: “Nada, vengo a ver”.

Luego, acompañó a un grupo de diputados a presentar un documento en Palacio de Gobierno y después acudió al Congreso Local en busca de información sobre las reformas a la Ley del Notariado que se pretendían hacer.

Siempre petulante y con el cinismo a flor de piel, como cuando le preguntaron cuánto cobraba la empresa que contrató como secretario de Administración para barrer el zócalo y contestó que 90 mil pesos mensuales, y después se le demostró que eran 120 mil. Sólo se alzó de hombros y continuó su camino.

Así es Barona Lavín. Se burla con desparpajo de las autoridades locales y federales con la seguridad de que nadie le hará nunca nada. Es un secreto a voces que “los moches” durante su estancia en el gobierno de Graco Ramírez eran del 30 por ciento, pero no hay documento ni video que lo demuestre.

Como notario público también goza de impunidad. El dos de julio de 2018, cuando ya se había confirmado el triunfo de Cuauhtémoc Blanco en las votaciones para gobernador, los notarios entraron en pánico y pidieron reunirse con su amigo Graco Ramírez para ver cómo podrían evitar una “venganza” de la nueva administración. Así fue como diseñaron la Ley del Notariado que aprobaron “fast track” los diputados el 30 de agosto y entró en vigor al día siguiente.

Como todo lo que hacía Graco Ramírez, cada ley que promulgaba llevaba escondida alguna disposición para favorecer a sus intereses. Escondido entre las supuestas bondades de la nueva Ley, venía el meollo del asunto. En esencia, Graco le quito al gobernador la posibilidad de separar a los notarios de su encargo si es que hubiera una denuncia o queja en su contra por faltas graves (es decir, que no se repitiera lo que él le hizo al notario Raúl González Velázquez).

En estos casos –con la ley vigente- se debe agotar un procedimiento ante la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, el cual podrá ser impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa y después en amparo. Por lo menos se llevaría 3 a 6 años ese trámite. Solamente que el notario perdiera todas las instancias, podría ser sancionado, no antes.

Por eso es que el notario catorce puede darse el lujo de insultar a la primera dama del país, lo cual puede rebatir diciendo que es su cuenta personal y que tiene libertad de expresión.

Pero independientemente de ello, como persona Alberto Barona Lavín se exhibe como lo que es: un patán.

Y lo que pareciera ser “una travesura de preparatoriano”, pudiera llamar la atención del único funcionario en este país capaz de rastrear las finanzas del irrespetuoso notario: el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Una revisión a sus manejos financieros podría quitarle esa sonrisa burlona que muestra cada vez que le hablan de su denuncia ante la FGR.

HASTA MAÑANA.

Nunca como ahora la frase “feliz navidad y próspero año nuevo” -esa que veníamos repitiendo durante años como un simple cliché- suena tan llena de incertidumbre. La pandemia nos está dejando muchas lecciones, y una de ellas es precisamente que lo que antes considerábamos básico hoy es motivo de felicidad.

Sí, durante años esperábamos que el 24 de diciembre nuestra mesa estuviera llena de las mejores viandas, los vinos más caros, y regalos para toda la familia. Hoy solamente esperamos que haya familia con quien celebrar el nacimiento de Jesucristo.

Esperábamos el  fin de año para gastar el aguinaldo -entre más abultado mejor-, pero hoy tener un trabajo ya es ganancia.

Y ya no queremos prosperidad para el 2021. Nos conformamos con seguir vivos.

Quisiéramos darles a nuestros lectores algo de aliento en esta fecha, tan importante, pero las noticias que nos llegan de Europa no son nada optimistas (y recordemos que lo que está ocurriendo allá, ocurrirá en América en unos meses, así ha quedado demostrado).

Tras este año de incertidumbre y caos de pandemia, todo lo que quería la mayoría de la gente por Navidad era algo de alegría y reuniones. En lugar de eso, a muchos les espera una temporada de aislamiento, duelo por seres queridos, preocupación por su empleo o afrontar el miedo a una variante del virus que podría ser más contagiosa.

Los vecinos de Londres y alrededores no pueden ver a nadie fuera de sus hogares. Y en el resto del mundo: A los peruanos no se les permite conducir sus autos en Navidad y Año Nuevo, para disuadir de visitas incluso a familiares y amigos cercanos. Los sudafricanos no podrán ir a la playa en Nochebuena, Navidad o Año Nuevo.

El mosaico de restricciones que imponen los gobiernos locales y nacionales en todo el mundo varía mucho, pero pocas temporadas festivas se verán normales este año.

Gente de todo el mundo afrontaba decisiones difíciles entre arriesgarse a visitar a familiares mayores que han estado aislados o perderse una de las últimas navidades que podrían quedarles, con la esperanza de pasar las fiestas juntos el año que viene.

Estados Unidos no ha emitido restricciones nacionales a los desplazamientos, dejando esa decisión a los gobiernos estatales, aunque una agencia federal recomendó a la gente que se quedara en casa.

Se han atribuido más de 1.7 millones de muertes al virus en todo el mundo, y muchos siguen de luto o preocupados por seres queridos en hospitales o residencias ante el repunte del SARS-COV-2. Pero algunos de los que sobrevivieron a la enfermedad -y a todo lo demás que 2020 les ha puesto en el camino- quieren celebrar.

La doctora Elisaveta Tomova, anestesióloga en Macedonia del Norte, está exhausta tras meses ayudando a dar a luz a mujeres con el virus. También cuidó de su hijo de 26 años, que se contagió.

“Me enfrenté a un monstruo de nueve cabezas, y mi hijo y yo lo vencimos”, comentó la mujer de 54 años. “Ahora todo lo que necesito es tener a mi familia a mi alrededor, celebrar en silencio y llenar mi corazón de alegría”.

Mucha gente afronta las fiestas en medio de incertidumbre financiera, después de que las cuarentenas para frenar los contagios diezmarán las economías.

En las últimas semanas, muchos países endurecieron sus restricciones con la esperanza de controlar el virus para poder relajar las normas en Navidad. Pero en muchos lugares, eso no ha funcionado.

En Italia, que tiene la mayor tasa de muertos confirmados de Europa y donde muchos se han visto sumidos en la pobreza tras las cuarentenas, el Gobierno ha impuesto aún más restricciones.

Las cuatro naciones de Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- han abandonado sus planes originales de levantar medidas en Navidad para visitas familiares.

Reino Unido fue el primer país en iniciar las vacunaciones con un fármaco que pasó controles rigurosos, y hace apenas unas semanas había esperanzas de que la vacuna pudiera frenar los contagios. Pero ahora, una sombra de inquietud envuelve a las fiestas ante un brusco aumento de infecciones.

Para empeorar las cosas, ha surgido una variante del virus en Londres y sus alrededores.

Docenas de países han respondido prohibiendo los viajes desde territorio británico, aunque Francia volvió a permitir la entrada de camiones desde el otro lado del Canal de la Mancha tras un cierre que provocó temores a desabastecimiento de comida en Navidad en este país.

En nuestro país la situación no es diferente. México sumó 12,511 nuevos contagios por covid-19 y 897 decesos en las últimas 24 horas, acumulando desde el inicio de la pandemia, 1,338,426 casos confirmados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSA).

Y en Morelos, tal como se temía, ayer por la tarde, el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseveró que debido al ritmo de contagios por el covid-19, se tomó la decisión de regresar a semáforo rojo del 24 de diciembre hasta el 10 de enero, esto siempre y cuando los indicadores de salud lo permitan.

Por consiguiente “desde mañana (24 de diciembre) se suspenden en su totalidad las actividades no esenciales, es urgente disminuir la actividad y movilidad social, solamente de esa manera se puede frenar este repunte de Covid-19 en nuestro estado”.

En lo personal, ésta será la primera vez que no nos reuniremos en la casa de mis padres, en Tejalpa. Cada quien celebrará la navidad en una reunión más pequeña, obviamente sin pastorela, sin piñatas, sin intercambio de regalos y sin fogata.

Nosotros sí tendremos una feliz navidad porque no habrá ninguna silla vacía, pero cuántas familias siguen con el dolor de haber perdido a un ser querido en este año. Y lo que es peor, ¿Cuántas personas morirán la noche del 24 de diciembre en algún hospital?

Con todo esto tratemos de ser optimistas. No queda de otra. Este columnista les desea a todos sus lectores que pasen esta noche lo mejor posible en una reunión lo más reducida que se pueda. Tenemos la esperanza de que el próximo año nos podamos reunir cuando el virus haya quedado sólo como una pesadilla.

HASTA EL LUNES.

Delfina Gómez será la primera mujer normalista en llegar a la Secretaría de Educación Pública. Su perfil en el ámbito educativo va de la mano con su carrera política en Texcoco, Estado de México, primero como dirigente sindical, luego como parte del grupo político de Higinio Martínez con el que logró la presidencia municipal, hasta el apoyo de Andrés Manuel López Obrador en la campaña por la gubernatura del Estado de México en 2017.

Su carrera también está marcada por el señalamiento del cobro del diezmo a 417 trabajadores de confianza del municipio de Texcoco, es decir, la retención de 10% de los salarios, cuando ella fue presidenta municipal entre 2013 y 2015, y que sumó 13 millones de pesos, según acusó el PAN.

La retención quedó registrada en recibos de nómina quincenales y pólizas de cheques, y, supuestamente, el dinero recaudado tenía fines electorales, razón por la cual el INE abrió una investigación para determinar posibles ilícitos. Sin embargo, la entonces candidata aseguró que los descuentos eran solicitados por los mismos trabajadores para destinarlos al pago de Fonacot o de cajas de ahorro.

Gómez es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Pedagogía y Administración Pública, docente en Texcoco, Estado de México, y fue secretaria general en la delegación 4 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

Sin embargo, su designación desató críticas entre los detractores del gobierno federal. Por ejemplo, Fernando Belaunzarán escribió: “Delfina no tiene perfil para encabezar la SEP. La presentan como simple maestra para conmover incautos, como si eso subsanara su incapacidad. Ha sido alcalde, diputada, senadora y candidata a gobernadora. Defenderla del clasismo es en realidad culto a la mediocridad”.

En Morelos, el veterano periodista Ignacio Cortés Morales, quien también es director de la Primaria Miguel Hidalgo de Jiutepec, opinó lo siguiente:

La maestra Delfina Gómez Álvarez es la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, lo que fue bien recibido, dado que se trata de una persona que sabe lo que es la escuela, lo que es llegar a una hora determinada, lo que es estar en un salón de clase, ir a los pupitres de los alumnos, revisar lo que hicieron, lo que está bien y corregir lo que no; tener una comisión que desempeñar a la par que atender al alumnado, saber lo que es la carga administrativa, entregar las calificaciones, tener junta con padres de familia, intercambiar puntos de vista con sus compañeros, saber que el niño Juan no desayunó, el otro vive con el miedo de que llegue la noche del viernes: su papá azotará la puerta y golpeará a la madre y todos, como en la hermosa historia de Cristina Pacheco, acabarán debajo de un árbol, El árbol de la noche triste, y al día siguiente así, sin útiles, al plantel.

Igual sabe lo que es luchar contra el sistema; lo que es hacer una campaña con escasos recursos y convencer, ir “requetebién” y encontrarse que no se permitió su triunfo ante la dinastía de los Del Mazo, y seguir en la brega, organizar marchas de la dignidad, y no desmayar, y sentir el respaldo de los votantes convencidos de que las cosas deben ir en otro sentido al que se vive todos los días, y que parece una condena, una cadena que se trae de nacimiento y viene con la sentencia de permanecer con ella, como en la Cueva de Platón de la que no se puede salir porque se cree que no hay nada más allá que nada, y las sombras es lo que se mira, hasta que un Prometeo entrega el fuego que no es más que el de la libertad, el de la vida, el de la rebeldía; lo da y recibe el martirio casi eterno.

Es la maestra Delfina la del hablar de frente y con la verdad, viendo a los ojos, la que sabe qué difícil es que el niño aprenda con el estómago vacío, la necedad de la autoridad de priorizar papeles por encima del proceso educativo, la inflexibilidad de ciertas reglas.

El atropello constante de la autoridad sindical, la que no lleva siempre la tendencia para la fuerza laboral, la que no acompaña los derechos de sus agremiados, la que se queda corta, la que falta a la verdad, la que se cubre de institucionalidad cuando que debería ir por lo que a derecho corresponde; la que, igual, llega a defender, hasta con vehemencia, al que no tiene la razón, en este juego de conveniencias que la maestra Delfina conoce y que, sin duda, alguna vez pudo padecer, y seguir en la ruta de la búsqueda quijotesca de la justicia en el batallar contra los molinos de viento y parecer loco para los demás, pero no hacer caso, convencida de que se va en el sendero correcto por la llanura, donde su voz no es esperanzadora, es actuante; y presta siempre para corregir las tantas injusticias.

Y es maestra, y va a la Secretaría de Educación Pública, y será la mejor de los recientes tiempos para devolver la dignidad a esta secretaría que se la dieron Jaime Torres Bodet el de los libros de texto, Agustín Yáñez, Fernando Solana, Vasconcelos, todos ellos no sólo con nombres destacados, sino con acciones y obras para la posteridad, y ahora la maestra Delfina Gómez para dejar constancia de que emerger del aula y la escuela da la oportunidad de sentir lo que ahí se vive para corregirlo; no es la de grandes títulos, pero es la voz de la experiencia, es la aliada del magisterio, la progresista, la luchadora social y la que acepta el reto, convencida de que estará del lado del profesor, del de banquillo para poner en su justa dimensión el proceso educativo por arriba del papeleo distractor priorizado, tanto que parece a propósito para que el docente no se enfoque en su trabajo.

“Bienvenida, maestra Delfina, deseando que con usted se inicie la transformación real del país, y sólo puede ser si se eleva la calidad del proceso educativo. Si lo logra, colocará los pilares de una patria nueva, distinta, progresista, emancipada y que sea de todos ya”, termina diciendo el profe Nacho, quien nos distingue con su amistad y a quien recurrimos cada vez que vamos a hablar de educación, porque pocos como él conocen el tema magisterial “al derecho y al revés”.

Otra conocedora del tema, Elisa Alanís, considera que en el mejor de los escenarios, Delfina Gómez aportará sus años de vivencia cotidiana para centrarse en los contenidos, la enseñanza y la manera de comenzar a sacar del hoyo profundo a millones de estudiantes. “En el peor, se convertirá en un vehículo más de los intereses que ven a la SEP como un botín político y económico”.

Escéptico por naturaleza, quien esto escribe considera que será muy difícil una transformación como la que espera el profe Cortés Morales y sus colegas, máxime cuando pervive un sindicato nocivo como el SNTE (o más bien dicho, los nocivos son sus dirigentes); y que todos aquellos que vieron perdidas sus canonjías estarán atentas a sus errores para maximizarlos y echárselos en cara al presidente.

Sin embargo, es un buen principio si consideramos que en la forma está el fondo y que finalmente se trata del estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, cuya calificación daremos al término de su sexenio.

HASTA MAÑANA.

El 30 de marzo de este mismo año escribimos una columna titulada “entre la incredulidad y la paranoia”, y hacíamos referencia a la pregunta que mucha gente se hacía en esas fechas: “¿Tú conoces a alguien que esté infectado por el coronavirus? Yo no y mis amigos tampoco”, esa era la frase que alimentaba la versión de que la epidemia fuera una invención del gobierno. Y en cierta forma tenían razón, pues todas las noticias que nos llegaban sobre muertes provenían del continente europeo.

Del otro lado estaban los que cayeron en la paranoia; no quieren ni asomar la cabeza a la calle, y obligan a la servidumbre a bañarse y cambiarse de ropa antes de entrar a sus residencias.

Pero, efectivamente, todavía no conocíamos a nadie que hubiera sido infectado por ese terrible mal. También había otro factor que nos hacía suponer que no nos pasaría nada, y es el hecho de que todos los que estaban resultando con covid eran personas que recientemente habían viajado a otro país.

Como si se tratara de una bitácora del terror, el 21 de abril escribimos:

“El encierro ya está teniendo consecuencias en el comportamiento de la gente y eso es algo preocupante. Ayer pudimos constatarlo personalmente en un par de tiendas de autoservicio, donde pudimos notar que las personas sólo están esperando un momento para explotar y desquitarse con el primero que se les ponga enfrente”.

Hoy, a nueve meses de distancia desde que comenzamos a escribir sobre el virus Sars Cov2-19, estamos al borde de la desesperación. Lo que al principio nos parecía novedoso y hasta divertido (videoconferencias, clases por zoom, venta de productos por internet), hoy ya nos tiene “hasta la coronilla”.

Lo peor es que cuando pensábamos que el fin de la pandemia estaba cerca, y el doctor López Gatell aseguraba que los contagios iban a la baja, vino el “rebrote” y con mayor intensidad, lo que obligó a regresar a semáforo rojo al estado de México y a la capital del país, coincidiendo esto con la entrada del periodo vacacional decembrino.

Esto provocó que muchas familias decidieran pasar la segunda cuarentena en sus casas de Acapulco o de Cuernavaca, y ahí es donde viene lo preocupante, pues en cualquier momento pasará Morelos al semáforo rojo.

El pasado fin de semana fue particularmente caótico. Por cuestiones familiares tuvimos que visitar la ciudad de México y fuimos testigos de que la gente estaba nuevamente en las calles como si nada. El comercio ambulante estaba en las calles como todos los años. “Si no aprovecho estos días, de qué voy a vivir los días que vienen”, escuché a uno de los vendedores que reconoció haber perdido varios familiares por esa enfermedad.

De vuelta a Morelos, pudimos percatarnos de que hubo muchas celebraciones en los jardines de fiestas de Jiutepec, en las que al principio todo mundo con su cubrebocas, pero al paso de las horas y ya con algunos tragos encima, se olvidaron de la sana distancia.

Es entendible: ya son muchos meses de encierro y de estarnos cuidando. 

Pero también es entendible la molestia de los trabajadores de la salud. “Estás cansado de estar encerrado? Yo estoy cansado de ver gente internada, encerrada y muriendo en el hospital; estás cansado de rechazar invitaciones? Yo estoy cansado de rechazar pacientes porque está todo saturado; estás cansado de usar el cubrebocas porque te ahoga? Yo estoy cansado de usarlo por más de 7 horas continuas; estás frustrado por no poder pasar esta navidad como todos los años? Yo estoy frustrado de ver a familiares que no regresarán a reunirse con los suyos”, dice una carta firmada por un médico de nombre Santiago Treviño.

Y no es para menos., del total de pacientes confirmados, mil 310 son personal de salud: médicos, 433, de los cuales 378 se han recuperado y 24 han perdido la vida; enfermería, 580, con 544 que han superado la enfermedad y ocho fallecimientos; otros trabajadores, 297, 264 ya sanos, con 10 decesos.

La portada de esta semana de la revista Proceso es lapidaria; muestra a un médico recargado en una de las columnas del área de urgencias de un hospital, bajo el título de “devastados”. En sus páginas interiores vienen testimonios escalofriantes de lo que ocurre en los centros covid, donde ya están haciendo intubaciones sin ningún sedante.

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 21 mil 691 personas, de las cuales se han confirmado ocho mil 997 con coronavirus covid-19, 393 están activas, descartado 11 mil 118 y están como sospechosas mil 576; se han registrado mil 573 defunciones.

A nivel nacional, en donde el doctor López Gatell había pronosticado que “en un escenario catastrófico habría 60 mil muertos”, hoy seguramente ya llegamos al doble de esa cantidad. En nuestro caso, afortunadamente no hay bajas en la familia, pero sí en el gremio periodístico, donde tuvimos ya la pérdida de tres compañeros.

Por eso es que la Secretaría de Salud insiste en el llamado urgente a las y los morelenses a quedarse en casa, salir exclusivamente si es necesario, evitar organizar o acudir a fiestas, reuniones y/o posadas con familiares y amigos; y en todo momento portar el Escudo de la Salud completo.

“Recuerda a la ciudadanía general que derivado de la emergencia sanitaria que se vive en el país y en la entidad, estas fechas deben conmemorarse de manera diferente, priorizar la comunicación y convivencia por medios digitales; preferir en todo momento las compras en líneas, esto con el firme propósito de que el próximo año todas y todos puedan celebrar unidos y sobre todo saludables”, dice el último comunicado de la Secretaría de Salud del Gobierno estatal.

Nos pasamos los últimos meses pidiendo que ya se acabara el 2020 como si con ello se extinguiera la pesadilla del covid 19, y ahora que estamos a unos días de que termine la anualidad nos damos cuenta que muy probablemente continuaremos el 2021 con el mismo problema… o tal vez peor.

Por lo pronto, hasta hoy estamos vivos y sanos.

HASTA MAÑANA.

El pasado 18 de diciembre fue un día de fiesta en la colonia Puxtla, ampliación de El Mirador, municipio de Cuautla. Oficialmente fue el inicio de los trabajos de perforación del pozo de agua potable en esa comunidad, pero en los hechos, el evento fue el arranque de la campaña para la presidencia municipal de Cuautla del actual secretario técnico de la Comisión Estatal del Agua, el “pesista” y líder cristiano, Moisés Agosto Ulloa.

Natalia Ángel González, presidenta del Comité de Planeación Comunitaria de la colonia, tomó la palabra a nombre de las familias beneficiadas, para reconocer el trabajo de las autoridades al mencionar que “ahora sí nos tomaron en cuenta".

"Ya no tendremos que comprar el agua en pipas, ahora va a llegar directamente a nuestros hogares", expresó la mujer visiblemente emocionada.

En su intervención, Moisés Agosto Ulloa, informó que durante la presente administración se han construido diversas obras de infraestructura hídrica e hidroagrícola, así como de drenaje y saneamiento. "No estamos con las manos cruzadas; este es un gobierno de éxitos y resultados", exclamó.

De la colonia Puxtla, la comitiva oficial se trasladó al balneario ejidal El Almeal, donde rindieron protesta alrededor de 50 grupos del “COPLACOM”.

A nombre de los comités, José Guadalupe García, presidente de Sistema Independiente de Agua Potable de la colonia Benito Juárez, calificó de "histórico" el hecho de que el gobierno estatal esté tomando en cuenta a la población, para realizar obras en materia hídrica.

"Nunca nos habían hecho caso, hoy tenemos mucho gobernador", enfatizó el cuautlense.

Presentes (de acuerdo al boletín oficial), Constantino Maldonado Krinis, secretario de Desarrollo Sustentable; Raúl Anaya Rojas, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos (y brazo derecho de su antecesor, Hugo Erick Flores); José Luis Acosta Rodríguez, director general del Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua y el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, a quien invitaron sólo por compromiso pues es sabido que es incondicional de la senadora Lucy Meza.

Otro boletín, éste emitido por la propia dependencia que encabeza Moisés Agosto, fechado el 8 de noviembre del 2020, informa que la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) continúa con la conformación de los Comités de Planeación Comunitaria para la Gestión de Proyectos y Servicios (COPLACOM), ahora en las colonias Francisco I. Madero, Morelos, Héroes de Nacozari y Torres Burgos del municipio de Cuautla.

“Moisés Agosto Ulloa, secretario ejecutivo de la Ceagua, informó que estos grupos vecinales serán encargados de recibir las solicitudes y proyectos de obra en materia de agua de los habitantes de las colonias, para ingresarlas y gestionarlas ante la Ceagua”, agrega.

“Los COPLACOM son una herramienta para todos los vecinos, a través de la cual podrán gestionar las obras prioritarias para sus colonias, ejerciendo su derecho a mejores obras en materia de agua potable y drenaje”, señaló el funcionario.

Agosto Ulloa indicó que hasta el momento se han conformado 22 comités, de los 54 que se integrarán en el municipio de Cuautla. Finalmente, el titular de la Ceagua precisó que todos los Coplacom serán capacitados y asesorados por personal de la Ceagua para que estos trabajen correctamente.

Actos similares ocurrieron el 6 de octubre en las colonias Lázaro Cárdenas; el 25 de octubre, en El Polvorín, Revolución y Benito Quezada; el 21 de octubre en las colonias 2 de mayo y 12 de diciembre; todos con su respectivo boletín y fotografía. 

Hay dos cuestiones que “brincan” de la simple lectura de los comunicados antes mencionados: Que los mentados “Comités de Planeación Comunitaria” no aparecen en ninguna parte del marco normativo que rige a la Comisión Estatal del Agua (http://ceagua.morelos.gob.mx/marco-juridico).

Y la otra: ¿Por qué comenzar por Cuautla? Habrá “malpensados” que supongan que esos comités que el ingeniero Moisés “se sacó de la manga”, paralelamente conformarán su estructura electoral. Y todavía peor: que muchos de ellos sean miembros de su congregación cristiana que encabeza desde hace muchos años.

Cabe mencionar que de la misma manera que su antecesor en Ceagua, Juan Carlos Valencia Vargas, es propietario de “Consultoría y Desarrollo de Infraestructura Aquator S.A. de C.V.”, pero durante su periodo de servidor público aparecía como dueño su compadre Héctor Javier Ibarrola Reyes y su estilista Maricruz Botello Amaro, el ingeniero Agosto Ulloa aparece en varios documentos oficiales como propietario de FLORAMOR S.A. de C.V. y MOPAT S.A. de C.V., incluso como proveedor del Ayuntamiento de Cuautla.

Recordemos que el ingeniero fue la propuesta del PES en las elecciones del 2018 pero fue superado en una encuesta bastante rara por el ex chofer de Lucía Meza, Jesús Corona Damián, quien finalmente fue el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” y hoy, desde la presidencia le pone piedras en el camino al pesista, al mandar clausurar varios anuncios espectaculares de ese instituto político.

No obstante, Moisés Agosto está seguro de que esta vez nadie le quita la candidatura, para lo cual se está apoyando en el abogado Juan Gerardo Velázquez de la Torre. Su estrategia incluye también la búsqueda de liderazgos para que se integren a su proyecto, y en ese sentido al primero que se jaló para que le operara la estructura electoral fue a Miguel Barranco, ex comisariado ejidal y ex candidato a diputado local por el tricolor.

El pasado 17 de diciembre presentó su renuncia a Jonathan Márquez la que fuera delegada del PRI en el séptimo distrito, Isabel Cristina Orozco Suárez, y se espera que en los próximos días anuncie su incorporación al PES. Por ahí andan también los panistas Adrián Rivera y Osvaldo Castañeda, ofreciendo sus servicios.

Líder de una congregación cristiana (sin nombramiento de ministro de culto desde hace tres años porque eso le impediría automáticamente participar en cualquier proceso electoral), servidor público, miembro del partido en el poder y exitoso empresario. ¿Qué puede impedir que Moisés Agosto Ulloa sea alcalde de Cuautla?

HASTA MAÑANA.

El presidente municipal de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, apodado El Cuananis, quien presenta hoy su segundo informe de labores, está obligado a buscar la reelección en las elecciones del próximo año, pues en caso de llegar cualquier otro munícipe, es muy probable que le inicien procesos penales por ejercicio abusivo de funciones y peculado (por lo menos), dadas las irregularidades en que ha incurrido consuetudinariamente desde que asumió el cargo.

Y es que una máxima de la ley es que “el desconocimiento de la misma no te exime de la responsabilidad”, de ahí que el justificar sus acciones diciendo que por carecer de conocimientos en materia legal y de contabilidad (hasta antes de ser alcalde ejercía el noble oficio de la herrería) no sabía lo que hacía, servirá de muy poco ante la Fiscalía Anticorrupción.

Cuananis –ya lo decíamos en una columna anterior- es muy parecido al personaje de “Juan Vargas” en la película “La Ley de Herodes”, cuando por azares del destino el trabajador de un basurero se ve convertido en presidente municipal de una comunidad muy pobre, y entonces el hombre –de buena fe al principio- comienza a gobernar “como Dios le da a entender”.

Es el caso de Domínguez Mandujano, quien se la ha pasado celebrando su triunfo en las votaciones de 2018 por la alianza PRD-PSD, tras una primera derrota en 2015 yendo bajo las siglas del Partido Encuentro Social. Por lo menos tres días de la semana las comidas del alcalde y de casi todos los regidores terminan en borracheras en los mejores restaurantes de la región.

Eso, sin contar sus viajes a diversas ciudades de Estados Unidos y las playas del estado de Guerrero, a donde va regularmente. Esto no lo podría hacer si no fuera por la complicidad de casi todos los regidores del Cabildo, que le aprueban todo lo que propone y dispone sin verificar la legalidad de sus acciones.

Pero su principal cómplice era Germán Rodríguez Sánchez, quien se desempeñaba como tesorero municipal, pero cometió el error de darle una golpiza a su esposa, y no obstante que el Cabildo ya había aprobado que permaneciera en el cargo por tratarse de un asunto personal, el alcalde terminó por despedirlo ante las presiones de las organizaciones feministas.

Aunque sólo estuvo poco más de un año al frente de la Tesorería, Germán Rodríguez Sánchez cambió radicalmente su forma de vida, pues de ser un modesto contador, pasó a ser un exitoso empresario del transporte “por aplicación” e inversionista inmobiliario.

Para el alcalde de Tlaltizapán no existe normatividad que valga ni autoridad que lo haga entender. El personaje de “La ley de Herodes” acostumbraba agregarle palabras a la Constitución utilizando una pluma. El Cuananis simplemente hace como si no existieran las Leyes, al menos no en su pueblo de Tlaltizapán.

Por eso no cumple con la Ley de Información Pública que lo obliga a transparentar todos los gastos; ni con la Ley Orgánica Municipal que establece los perfiles de los funcionarios así como la forma de ser designados; mucho menos la Ley de Adquisiciones que pide someter a licitación las obras públicas.

¿Y cómo va a justificar los gastos que está realizando cuando tenga que entregar cuentas al Congreso?

No lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy posible que recurra al viejo truco de que lo robaron (como alguna vez lo hicieron en el Congreso Local, cuando justificaron la desaparición de 500 mil pesos diciendo que los habían dejado en el cajón de un escritorio y que al otro día ya no estaban).

Y vea usted si no:

El 3 de agosto pasado, el multicitado tesorero acudió ante el Ministerio Público de Jojutla, para denunciar que un día antes, estaba comiendo con el presidente municipal Alfredo Domínguez y diversos miembros del Ayuntamiento, en el restaurante “El Barbaxiote” cuando fueron avisados por un escolta de nombre Sergio Urióstegui Sánchez, que al salir a revisar la camioneta del alcalde se percató de que el vehículo del tesorero mostraba un vidrio roto.

Y dice el tesorero, que en ese vehículo (un Peugeot placas PWX307-C) había una computadora Lap Top de la marca HP que contenía “toda la información financiera del Ayuntamiento”. Pero no sólo eso, sino que también se llevaron los dispositivos electrónicos (Token) con los que controlan las transferencias de las cuentas bancarias del municipio.

El Cuananis supone que ya con eso la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso, le va a perdonar cualquier faltante en su cuenta pública; lo que no sabe es que la declaración ministerial del tesorero carece de validez porque no es el representante legal del Ayuntamiento.

Además de la denuncia antes descrita, que quedó radicada con el número JO/UEDP/2009/2020 en la Fiscalía Regional Sur-Poniente, hay otra, la JO/UEDP/102/2020, que inició un trabajador del Ayuntamiento de nombre Pedro Roldán Pérez, quien afirmó que el tesorero lo mandó a retirar 28 mil pesos del Banco, y que en la colonia Nicolás Bravo de Tlaltizapán, fue asaltado, pero no solamente le quitaron los 28 mil pesos que acababa de retirar, sino también otros 50 mil pesos que llevaba en una bolsa, dinero propiedad del Ayuntamiento.

¿Ahora entienden por qué decimos que la única forma de escapar de la cárcel es la reelección?

Cualquiera que llegue que no sea él mismo, bastará con rascarle sólo un poquito a las finanzas públicas, para descubrir que les salió caro a los tlaltizapanenses elegir como su alcalde a un herrero bonachón.

¿Sabrán eso los dirigentes del Partido Encuentro Social que lo invitaron a pasarse a ese partido? En caso de que se dé la alianza con el partido de Andrés Manuel López Obrador, ¿se arriesgará Morena a sufrir un descrédito de ese tamaño cuando se descubran los malos manejos de El Cuananis?

Eso lo sabremos en pocos días, por lo pronto, seguramente hoy la fiesta por el segundo informe de labores de Alfredo Domínguez Mandujano va a estar buena… y corre por cuenta de los tlaltizapenses que pagan oportunamente sus impuestos.

HASTA EL LUNES.

La historia parece repetirse: cuando el entonces procurador de Justicia Carlos Peredo Merlo se sentía más seguro en el puesto, tras haber sorteado diversos obstáculos, vino la línea desde muy arriba y terminó en el Penal estatal de Almoloya con un auto de formal prisión.

Era el gobierno de Jorge Carrillo Olea, quien traía un pleito casado con Ernesto Zedillo Ponce, desde que ambos trabajaban para Carlos Salinas de Gortari. El general no le veía futuro político al enclenque economista y aprovechaba cualquier ocasión para dejarlo en ridículo frente a los presidenciables, sin contar con que Zedillo entraría de relevo a la candidatura del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ganaría las elecciones.

Ya como presidente, Zedillo Ponce de León le encargó su venganza a su secretario particular Liébano Sanz, quien llamó para ejecutar esa misión a quien consideraba la persona idónea: el mercenario político Graco Ramírez Garrido, conocido por su habilidad para hacer trabajos sucios a cambio de dinero.

El pretexto fue la muerte de un presunto delincuente, Jorge Nava Avilés, apodado “El Moles”, quien se murió en el interior de los separos del viejo edificio de la avenida Zapata, a principios de 1997. Años después el propio Peredo Merlo comentó a sus amigos que consideró una mejor opción deshacerse del cadáver que echar a perder esa “segunda luna de miel” con una noticia tan negativa.

Hasta la fecha, sigue siendo una incógnita cómo se enteraron los policías federales de caminos que en esa camioneta llevaban un cadáver, y otra cosa extrañísima: las patrullas de la PFC llevaban un fotógrafo de prensa a bordo.

En cuestión de horas, la fotografía del comandante Armando Martínez Salgado con un sombrero cubriendo su cabeza calva y con la cara desencajada, ya estaba en todos los medios nacionales presagiando el encarcelamiento del procurador, un subprocurador, el director de la Policía Judicial y varios elementos. 

Para quien esto escribe (disfrazado de ayudante del abogado de Jesús Miyazawa) fue impactante ver al otrora poderosísimo Carlos Peredo Merlo, esposado y sentado en la silla de los acusados de un Juzgado de Distrito. Todos -menos Armando Martínez y su gente- salieron libres en los meses subsecuentes, como una muestra más de que la bronca no era con ellos, sino con su jefe el gobernador, quien presentaría su licencia en mayo de 1998.

Una historia similar ocurriría en abril de 2004, cuando el subprocurador Alejandro Hernández Arjona, el entonces jefe de la Policía Ministerial, Agustín Montiel López, y un comandante apodado “El Mico”, acudieron a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el Distrito Federal, en lo que creían sería una comparecencia “de trámite”.

Javier Jaramillo Frikas lo describió así en una de sus columnas:

“Había tensión y no comenzaba la diligencia, como que al comandante Agustín comenzaba a no gustarle la cosa, y menos cuando personal de la SIEDO se acercó a cada uno de ellos y les dijo que pasaran a otro lugar: les iban a practicar un examen toxicológico.

“¿Cómo? Si ese tipo de exámenes son cuando el ministerio público los va a entregar al reclusorio. Eso lo sabe el policía menos ducho y los tres que iban de Morelos o eran o se sentían, como es el caso de Hernández Arjona. Precisamente es éste el que, aparentemente, se resiste y comienza a gritar: “¡De qué se trata! ¡Yo ya me voy! Abran la puerta!”, y se acercó a uno de los accesos desde donde como por arte de magia aparecieron agentes de la Agencia Federal de Investigaciones adscritos a esa subprocuraduría.

“No hubo mayores explicaciones, le enseñaron la orden de aprehensión a Montiel, éste casi se desvanece, sus todavía homólogos federales no fueron amables y lo sacaron de ahí, para llevarlo a un convoy que los esperaba de donde se trasladaron a Almoloya”.

Hoy sabemos que a Montiel lo acusaron de proteger al narcotráfico. Salió de la cárcel sólo para morir en su casa, víctima de la terrible diabetes que lo aquejaba desde años atrás. Arjona tuvo que esconderse hasta probar plenamente su inocencia. El entonces procurador, Guillermo Tenorio Ávila, anduvo nervioso mucho tiempo, porque sentía que en cualquier momento llegaban por él.

Sirvan las dos anteriores anécdotas como preámbulo para el tema principal de esta columna: el expediente FGR/SEIDO/UEITA/TU/2092/2020 en el que involucran al actual fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.

Nada se sabía de este asunto hasta que, la noche del martes, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier Velazco, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy recibimos la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos. Turnaremos el expediente del caso a la sección instructora para que proceda conforme a derecho”.

No hubo más información al respecto.

Ayer, pasado el mediodía, alguno de los diputados federales filtró el oficio fechado el 14 de diciembre del 2020 y con sello de recibido el 15 de diciembre en la Secretaría General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que a la letra dice:

“Lic. Monserrat Marilú Reyes González, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, comparezco ante esa H. Representación Popular con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo tercero y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en función a investigaciones realizadas a partir de denuncias presentadas, a solicitar declaratoria de procedencia en relación a Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, para así estar en posibilidad de poder proceder penalmente en su contra”.

¿Qué delitos le imputan? No lo sabemos, pero si es la SIEDO tiene que ser delincuencia organizada. Llama la atención de que justamente cuando aparece esta información, sale el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a hablar de “las últimas administraciones”, cuando varios gobernadores (pero especialmente Javier Duarte y Graco Ramírez), antes de irse dejaron designados a los fiscales generales y anticorrupción, “blindados” para durar en el cargo casi una década y con autonomía constitucional.

Prácticamente describió al fiscal morelense, de ahí que se piense que el asunto en cuestión puede ser legal, pero con mucho aderezo de política.

HASTA MAÑANA.

A menos que las fuerzas vivas del panismo morelense se vuelquen en torno a Juan Pablo Adame y lo designen por aclamación como su candidato, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) para la presidencia municipal de Cuernavaca en junio del 2021 será el abogado José Luis Urióstegui Salgado, pudiendo darse la posibilidad de que se sumen otros partidos como Movimiento Ciudadano y el Partido Socialdemócrata que ya no es de los hermanos Yáñez.

La reunión que sostuvo ayer Urióstegui Salgado con el presidente del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Juan Carlos Martínez Terrazas, en céntrico restaurante, fue la señal de arranque para el proyecto que pretende regresar a los panistas al gobierno de la capital morelense, de donde fueron sacados por Manuel Martínez Garrigos en 2009.

Oficialmente la reunión fue solamente para desayunar e intercambiar puntos de vista, pero cada vez son más voces las que confirman que los Martínez Terrazas han consultado a sus dirigentes nacionales y tienen el visto bueno para lanzar como candidato a un ciudadano que no esté afiliado al PAN.

Lo anterior, luego de descartar una alianza con el PRI y el PRD como lo han hecho en algunos estados donde el único fin es sacar del poder a Morena.

Ahora solamente les falta convencer a sus correligionarios de que el candidato no necesariamente tiene que ser panista, sino aquel que resulte más rentable. Habría que recordarles que el ciudadano que los llevó por primera vez al gobierno capitalino y después a la gubernatura del estado no fue un militante panista, sino un empresario joven llamado Sergio Estrada que incluso tenía antepasados priístas.

Pero es entendible que –como en todas las decisiones de partidos- haya inconformidad de aquellos que se creían con derecho a esas candidaturas. Uno de ellos es Juan Pablo Adame.

“El PAN Morelos está generando trajes a la medida para sus candidatos, sacarán una convocatoria bajo sus reglas y atropellando al resto de los militantes, tienen secuestrado al partido y exijo que se garantice piso parejo para todos los que aspiremos a competir en el 2021”, declaró el lunes.

Ayer, después de la reunión en La Universal, publicamos en nuestro muro de Facebook una fotografía de ese encuentro, y pedimos la opinión del público con el único requisito de que no fueran cuentas anónimas como las que han surgido a raudales a medida que se acerca el proceso electoral.

Fue interesante leer las opiniones y darle a cada una su debida dimensión. Por ejemplo, hay un usuario que se identifica como Javier Castro que dice conocer “la trayectoria de José Luis Urióstegui y del borrachín de Carlos de la Rosa, de hecho me tocó contar los votos instantáneos en Cuernavaca antes de que llegarán al conteo rápido del proceso electoral en el 2012, en donde el Lic. participó como candidato a la presidencia. Y dejame decirte que el Lic Urióstegui ganó en todas las casillas. Algo parecido a la ola de este actual Morena. Pero que crees! se vendió y hablan de una cantidad de 2 a 4 millones de pesos para dejársela a Barud”, pero su comentario pierde todo valor porque ni se llama como dice ni es el de la foto de su perfil. Así cualquiera.

En cambio, el abogado Jorge Villagrán opina lo siguiente: “Error garrafal del Lic. Urióstegui, tanto manoseo o pasarela con dirigentes de partidos ajenos a su ideología política que muchos años predicó, respetuosamente creó que el lic se extravió, perdió la brújula y a pesar de llevar años de precandidato, se mal asesoró, busco la candidatura independiente tarde y se está aliando con partidos no bien vistos por la ciudadanía, sus "asesores" lo llevarán a la derrota, si no al tiempo...”

José Luis Merino: “José Luis Urióstegui es el candidato ciudadano que cualquier partido quisiera, y en Cuernavaca la mayoría de la población han sido de influencia panista o han simpatizado con el panismo....seguramente con esa fórmula ganarán de calle”.

Enedina Ortíz Trujillo (panista, de acuerdo a su perfil): “Acción Nacional tiene hombres y mujeres preparados como para buscar candidatos independientes, y no estoy hablando del círculo terrazas, estoy hablando de personas profesionales con principios de servicio no de servirse los militantes tienen voz y voto, que paso para que anden buscando cartuchos quemados como es José Luis Uriostegui”.

“Buen candidato sería Licenciado José Luis Urióstegui a quien tengo el gusto de conocerlo muy bien”, opina por su parte el abogado Agustín Aragón Sosa, al igual que otros abogados como Vicenzo Dimaggio. “El fin justifica los medios”, opina el litigante Saíd Basave.

“Pues ya pasó por el PRI, PRD, regresó al PRI, después Candidato Ciudadano, y ahora PAN”, escribió Daniel Vázquez Hernández, funcionario de la Secretaría de Bienestar. 

Es falso que haya estado en tantos partidos, pero en parte tiene razón Daniel. Urióstegui tendrá que poner en la balanza los puntos que habrá de perder por haberse postulado primero por el PRD (aunque luego haya terminado peleado con Graco), luego como candidato independiente, y después otra vez por uno o varios partidos. 

Pero a cambio de esa posible pérdida de votos, los que ganará al haber sido postulado por un partido que –con todo y sus errores- ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones y que tradicionalmente ha tenido su bastión en la capital del estado.

El ex procurador y litigante deberá estar consciente de que es su última oportunidad para ser presidente municipal de Cuernavaca, y también que hay un viejo refrán que dice que “del plato a la boca se cae la sopa”, de ahí que no debe dar por hecho que es candidato del PAN hasta que tenga su registro en la mano.

HASTA MAÑANA.

Intenso, ajetreado y multicolor. Así fue este lunes 14 de diciembre en materia de política pre-electoral en el que los medios de comunicación no nos dimos abasto en dar cobertura a todos los eventos programados, mayormente que fueron preparados casi a la misma hora, por lo que la presente columna será –prácticamente- una bitácora electoral. 

9:00 hrs.- El Partido Encuentro Social (PES) y su hermano Encuentro Solidario, realizan el ya tradicional desayuno de los lunes para “fijar agenda”-dicen ellos- y en esta ocasión lo hicieron en una fonda del mercado Lomas de La Selva para que se vea que no tienen preferencias por los grandes restaurantes y que buscan apoyar también a los micro-negocios.

El PES está utilizando una ESTRATEGIA interesante: que antes de la conferencia Ulises Bravo y Jorge Argüelles desayunen con algún personaje de la política. El primer día lo hicieron con Javier Bolaños y Juan Pablo Adame, y ayer estuvieron con Moisés Agosto y Víctor Saucedo Perdomo.

No encuentro todavía la relación entre los comensales, ya que uno encabeza las encuestas para ser presidente municipal de Cuautla y el otro fue cuarto o quinto lugar en la pasada elección para la alcaldía de Cuernavaca. Pero esa es su ESTRATEGIA y allá ellos.

Ulises Bravo, puntilloso, acusó al ex diputado Julio Espín Navarrete de ser el causante de la quiebra financiera del municipio de Puente de Ixtla. "A pesar de provocar la crisis económica va a volver a pedir el voto; ¡No tiene vergüenza!", dijo en entrevista con algunos medios.

9:00 Partido Acción Nacional.- Conferencia de prensa en la sede del PAN encabezada por su presidente, Juan Carlos Martínez Terrazas. Dijo que “en Acción Nacional estamos abiertos a todas y todos los ciudadanos que busquen desde el PAN mejorar las condiciones de la gente, su progreso, su estabilidad económica y su seguridad”. No descartó una alianza con el Partido Socialdemócrata (PSD) ni con Movimiento Ciudadano pero no quiso “soltar prenda” cuando lo cuestionaron sobre el nombre de quien podría ser su candidato a la alcaldía de Cuernavaca.

10:00 hrs.- Conferencia de Prensa del Partido Más Ayuda Social (no confundir con Movimiento Alternativa Social, de Enrique Paredes). Resultó sorpresivo para muchos ver a Jorge Schaffino jr., priísta de hueso colorado, como coordinador general del partido MAS, y al más puro estilo tricolor destapando a Diego Gómez Enríquez como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca.

En esta conferencia de prensa ofrecida en el restaurante La India Bonita, el ex secretario de Finanzas del PRI hizo una invitación abierta a todos los ciudadanos que quieran participar en el proyecto, y que el requisito que piden es que la persona tenga sensibilidad, porque de esa manera estarán seguros que sabe que es lo que realmente siente y piensa la ciudadanía y tendrán una mejor respuesta y solución a los problemas que tenemos en el estado.

Diego está haciendo uso de una ESTRATEGIA muy interesante: recurrir a las bardas.  Sí, mientras los demás partidos ocupan los espectaculares, Diego no ha dejado de hacerse publicidad en un medio muy barato y popular. Ahora mismo está convocando a “los 321 líderes más fuertes de Cuernavaca”. ¿Por qué precisamente esa cantidad? Pronto lo sabremos.

10:00 Juan Pablo Adame en La Universal.- El hijo del ex gobernador de Morelos y actual diputado federal plurinominal por el PAN, se lanzó duro contra la dirigencia del PAN.  Pensaba que cuando lo vieran desayunando con los dirigentes del PES el panismo morelense se estremecería y le rogarían que no se fuera a otro partido, pero no fue así.

En esta ocasión ya fue más directo. Pasó de aquella frase “es más fácil reunirnos con los dirigentes de otros partidos que con el nuestro”, a un desesperado grito: “Los Terrazas tienen secuestrado al Partido”.

Denunció "malas prácticas" de Juan Carlos Martínez Terrazas , presidente estatal del PAN Morelos, “quien no ha escuchado a los militantes y ha hecho que el PAN deje de ser un partido de puertas abiertas”. Sí, así como lo leyó.

El panista lanzó las siguientes acusaciones:

“El PAN Morelos está generando trajes a la medida para sus candidatos, sacarán una convocatoria bajo sus reglas y atropellando al resto, tienen secuestrado al partido.

“Denuncié que el presidente Juan Carlos Martínez Terrazas busca imponer a su hermano Daniel Martínez Terrazas como Dip. Federal plurinominal y a Adrian Martínez Terrazas como regidor nuevamente. Juegan a perder para ganar ellos.

“¡Es incongruente una alianza PAN-PSD! Parece que no aprendimos de la lección que dejó 2018. Solo les interesa el poder por el poder”, dijo Juan Pablo.

¿Esos fueron todos los actos políticos que tuvimos ayer lunes? Pensábamos que eran todos, pero luego descubrimos que la marcha de jubilados que exigen el pago de su aguinaldo también fue un hecho con tintes electorales.

Y lo supimos cuando vimos que Felipe Castro Valdovinos, el eterno aspirante a la dirigencia estatal del Sindicato de Maestros, y mercenario de la política, publicó en su muro de Facebook varias fotos abrazando maestras y maestros durante el recorrido de protesta.

“Con mi delegación de jubilados estatales, en pie de lucha, exigiendo la justa demanda a nuestro pago!! Ni un paso a atrás!”, decía el post del maestro millonario que seguramente aparecerá en las boletas electorales en junio del próximo año.

Ya por la tarde nos llegó un comunicado de otro partido de reciente creación, Renovación Política Morelense, cuya dirigente estatal, Leticia Salgado Peña, declaró que “se han perdido las convicciones y los ideales, porque han pesado más los intereses personales y los de grupo”, pero ofreció que en esta nueva propuesta (la suya) no existen las imposiciones, pues se respeta el ejercicio democrático en los procesos de elección que habrán de tener verificativo en los siguientes días.

Hoy martes la jornada política también estará muy movida, y comenzará con dos conferencias de prensa: una del Partido del Trabajo que encabeza la diputada Tania Valentina, y otra a la que está convocando el priísta Rafa Cepeda, que marcará la reaparición en público de Manuel Martínez Garrigós.

HASTA MAÑANA.

Con el informe vía internet de Juanita Guerra Mena, ayer por la tarde, culmina la serie de eventos de los diputados federales por Morelos para cumplir con ese ritual que además de no estar contemplado como una obligación legal, se ha hecho una costumbre que algunos aprovechan para hacerse publicidad a cargo del erario con miras a futuras aspiraciones políticas.

Recordemos que Morelos tiene nueve representantes en la Cámara de Diputados federal, cinco que llegaron al cargo por voto directo y cuatro por la vía plurinominal. De los primeros todos son de la Coalición Morena, PT y PES, y de los que no hicieron campaña dos escaños fueron para el PAN (Marco Adame y Daniel Martínez Terrazas), y los otros dos para la alianza ya mencionada.

Fuimos invitados por la diputada Alejandra Pani Barragán y por el diputado Alejandro Mojica Toledo a sus respectivos informes, realizados en forma presencial pero con muy pocos invitados y haciendo uso de las redes sociales, en tanto que los otros los pudimos seguir vía internet al no haber sido tomados en cuenta.

Por eso es que pudimos llegar a la conclusión de que todos informaron prácticamente lo mismo: “aprobamos las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y es que dice Alejandro Mojica Toledo que muy al principio de la legislatura el presidente de la República tuvo una reunión con los diputados emanados de la Coalición Juntos Haremos Historia y ahí les pidió encarecidamente que le ayudaran a transformar el marco jurídico de este país y les advirtió que se acabarían muchas canonjías que habían tenido los integrantes del Congreso de la Unión.

De ahí que lo único que han estado haciendo Alejandra Pani, Juanita Guerra, Brenda Espinoza, Alejandro Mojica, Jorge Argüelles, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, y Samuel Calderón Medina es oprimir el botón electrónico para decir: “a favor de la propuesta”.

Coincidíamos con el diputado Mojica en que la imagen del diputado está muy desprestigiada, y esto tiene que ver con el desconocimiento de la gente sobre las obligaciones de un diputado. Su principal trabajo es precisamente legislar, y el monto de su salario no se valora en función de lo que hace, sino de la responsabilidad que tiene y a la población que representa.

Desde nuestro particular punto de vista, está bien que los diputados aprueben las reformas que proponga el Ejecutivo. Finalmente es su proyecto y si hay un fracaso pues será un fracaso de Andrés Manuel López Obrador. Peor sería tener una cámara de diputados como la local de Morelos, que como nunca se ponen de acuerdo ahí están, ni para atrás ni para adelante.

Obviamente habrá un costo político para todos esos que hoy ejercen el difícil trabajo de oprimir el botón para que su voto aparezca en el tablero electrónico (antes era más cansado porque tenían que votar alzando la mano). Basta con ver los comentarios en redes sociales para saber qué piensa la gente de ellos.

Ese desgaste natural lo van a ver cuando busquen permanecer en el cargo por un periodo más, sobre todo cuando ya su líder nacional, Mario Delgado, dio luz verde para que todos los diputados de Morena busquen la reelección en el 2021, en agradecimiento por el apoyo que recibió de muchos de ellos para quedarse con la presidencia del partido.

Por eso algunos (ahorita el único que lo ha externado es Mojica Toledo pero debe haber más) no aceptarán la oferta de su líder nacional y no piensan quedarse más allá del 31 de agosto del 2021 que es cuando termina la LXVI Legislatura.

Así pues, en el entendido que los informes de los ya mencionados fueron prácticamente lo mismo, resulta interesante analizar la forma como los presentaron, cada quien a su estilo.

Alejandra Pani lo hizo en un pequeño auditorio en la Universidad Interamericana donde su esposo José Alberto Pérez Apaez trabaja de rector, y tras un discurso de no más de 15 minutos transmitido por Facebook Live ofreció tacos acorazados para los pocos periodistas que acudimos. Previamente, decenas de microbuses del transporte público portaban su fotografía en el medallón anunciando el evento, al igual que algunos anuncios espectaculares.

Alejandro Mojica presentó su informe en un salón del hotel Holliday Inn casi al aire libre y con mucha sana distancia entre los pocos invitados. Un desayuno decente donde se repartió un folleto con los datos más importantes de su segundo año de labores.

Ahí nos enteramos de que Alejandro Mojica sí donó algunas despensas a determinados gremios de la capital morelense, pero –fiel a su estilo- lo hizo de manera discreta y sin la clásica foto para el face. Tampoco contrató espectaculares ni publicidad móvil.

Juanita Guerra Mena sí le invirtió a su informe 100% virtual. Desde días antes un cartel en redes sociales anunciaba que el domingo a las 13 horas rendiría su informe. Causó hilaridad que sus diseñadores gráficos la pusieron casi güera cuando ella es morena. Se pensaba que la transmisión sería en vivo pero no, a la hora indicada se proyectó un video que a leguas se notaba que había sido editado varias veces.

Previamente pasaron videos en los que muchos de sus compañeros diputados enviaban saludos y parabienes a la cuautlense.

Durante más de 30 minutos, y con la ayuda de un telepromter, la ex priísta leyó un discurso en el que resaltó las mismas reformas legales que sus colegas que la han antecedido, con la diferencia de que ella es presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, primera mujer en encabezar tan importante representación.

En la transmisión a cuatro cámaras, Juanita Guerra destacó que acaba de enviar una propuesta para sancionar a los individuos que toman las casetas de peaje, y que se trabaja en muchas otras reformas que habrán de cambiar el escenario político de este país, “bajo el liderazgo de nuestro señor presidente”.

En su alocución, la legisladora no fue clara sobre el papel que ha desempeñado en el conflicto que se desarrolla en su distrito por la defensa del agua del río Cuautla. Y es que hay mucha gente que se opone a la termoeléctrica, pero “su señor presidente” ya dijo que va porque va.

También, le debe haber resultado muy difícil criticar a “los gobiernos anteriores” cuando ella perteneció al PRI hasta hace muy poco, incluso, ocupó la sindicatura de Cuautla hasta el 2012, siendo su último cargo delegada estatal de la Organización de Mujeres Priístas (OMPRI) en 2015, según su curriculum oficial.

Sería interesante conocer su opinión sobre el general Cienfuegos, acusado por la DEA de proteger a narcotraficantes, pero dejado en libertad por una decisión política del gobierno de Donald Trump. Y es que el general Cienfuegos es su padrino de bautizo.

HASTA MAÑANA.

Desde que existe el hombre en la Tierra los animales están para servirle, ya sea como alimento, para transportarse, para ayudarlo a trabajar y hasta para divertirlo. Así ha sido siempre, pero en estos tiempos en que pareciera que el mundo se está volteando al revés, pudiera darse el caso de que resultará más severamente castigado lesionar a un integrante de la fauna, que a un ser humano.

El pasado miércoles, en la sesión del Congreso local, los diputados locales Alejandra Flores Espinoza, Javier García Chávez y Xochiquétzal Sánchez Ayala promovieron la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal y la Ley de Fauna del Estado, que plantea tipificar como delito el maltrato y crueldad animal.

La legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza presentó ante tribuna la propuesta respaldada por las organizaciones civiles Animal Héroes, Justicia para Negrita, Conciencia Animal, Deja Huella, Adoptamos, 4 Patitas, Vida A.C, Rescatando en Cuerna, Amigos de los Perros A. C y Huellitas Toti Alpuyeca.

La diputada expuso que actualmente la legislación local establece sanciones administrativas y un tipo penal "limitativo" para sancionar las conductas que atenten contra la integridad y dignidad de los animales domésticos.

"Lamentablemente existe gente carente de sensibilidad que disfruta el lastimar y torturar animales; hemos sido testigos de esto en redes sociales donde ya resulta común el encontrar videos donde prenden fuego, pintan, llenan de pegamento, golpean o mutilan animales por diversión, además de las múltiples denuncias de violencia contra los animales o los casos de envenenamiento de los mismos", manifestó Flores Espinoza.

Por ello, expuso, la iniciativa planteada establece sanciones más severas para castigar los actos de maltrato y crueldad cometidos en contra de cualquier especie de animal en el estado.

"La iniciativa busca realizar reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos y a la Ley Estatal de Fauna, a fin de establecer sanciones que van de los dos a los cuatro años de prisión y multas de mil quinientas a tres mil unidades de medida y actualización.

Mientras la diputada hablaba en tribuna de la necesidad de “tipificar como delito el maltrato animal”, la Fiscalía General del Estado daba cuenta de que un juez penal emitió una sentencia condenatoria en contra de un hombre, imponiendo una pena privativa de libertad de seis meses y fijando la cantidad de cinco mil pesos como reparación del daño, por los delitos de allanamiento de morada y maltrato animal.

En realidad, la licenciada en ciencias de la comunicación estaba tratando de “vender la nota”, pues suena más impactante hablar de que se va a tipificar como delito a decir que ya es, pero se pretende endurecer las penas.

Y es que, efectivamente, desde el 17 de marzo del 2016 existen los “delitos contra la integridad y dignidad de los animales domésticos”, que sanciona con seis meses a un año de semilibertad, al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie de animal doméstico provocándole la muerte.

Dice el código penal vigente que en caso de reincidencia o que concurra alguna de las circunstancias siguientes, se le impondrán de seis meses a un año de prisión, al sujeto activo: I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal doméstico, y II. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o videograba para hacerlos públicos por cualquier medio.

“Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal doméstico, ya sea por las lesiones que provoca o el detrimento de su salud. No procederá la denuncia, en caso de que se trate de espectáculos donde se empleen animales domésticos y que la autoridad correspondiente haya otorgado permiso de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Estatal de Fauna”.

La propuesta de los morenistas dice que para entender el maltrato animal, se deben contemplar los siguientes supuestos: suministrar drogas al animal sin perseguir fines médicos o terapéuticos; Practicar la vivisección sin contar con un Bioterio debidamente establecido conforme a las leyes mexicanas; mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de salud, marcación e higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad; intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia; abandonar a cualquier animal de modo tal que quede desamparado o expuesto a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras personas.

De igual forma, los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo y que tengan como consecuencia la muerte del animal; los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo y que sean susceptibles de causar a un animal dolores o sufrimientos considerables o que afecten gravemente la salud; realizar actos públicos o privados de riñas de animales y cualquier acción o espectáculo en que se mate, hiera u hostilice a los animales, salvo el caso de los espectáculos debidamente autorizados de conformidad a la Ley Estatal de Fauna; ocasionar la muerte por cualquier medio a un animal, sin respetar las disposiciones normativas aplicables en los casos de rastros y lugares destinados al sacrificio de animales por cuestiones alimentarias, sanitarias o de otro tipo que se encuentre debidamente regulada en las Leyes Estatales; tener cópula o acto sexual con animales, de cualquier especie o sexo; entre otros.

De aprobarse dicha propuesta, adiós a las corridas de toros, peleas de gallos, caballitos en la feria, jaripeos, y todo lo que tenga que ver con animales. Sólo les recuerdo que hace años se publicitó mucho la prohibición de animales en los circos y hoy esos animales se están muriendo porque el Estado no previó quién les daría de comer cuando cerraran los circos.

¿Estrategia para ganar votos? ¿Desesperación por sobresalir? ¿Nuevo orden mundial? Quizás un poco de todo.

HASTA EL LUNES. 

Lo que ocurrió ayer durante la mañana y en el transcurso del día merece ser transcrito y guardado para su análisis en las universidades que imparten la carrera de Derecho, como una muestra de “la aplicación de la ley en el periodo de la llamada Cuarta Transformación”.

Como ya es del dominio público, el pasado uno de diciembre el juez Eddie Sandoval Lome dictó auto de vinculación a proceso en contra de los ciudadanos Antonio Villalobos Adán y Gonzalo Barquín por el delito de Cohecho, quedando el segundo privado de su libertad como medida cautelar en tanto que el primero quedó a disposición del Juzgado Séptimo de Distrito, mismo que le otorgó una suspensión provisional para no ser detenido ni separado del cargo.

Hasta ahí la información es objetiva e indubitable, lo que viene a continuación es la apreciación de las partes involucradas, por lo que se reproduce textual.

Antes de entrar de lleno al asunto que nos ocupa, me permito transcribir un fragmento de una columna escrita por el periodista Carlos Marín, intitulada “periodismo infame”:

“Por más que los “periodistas digitales” con derecho de apartado que tanto consiente la oficina de comunicación de la Presidencia de la República jueguen el sucio papel de alcahuetes en las conferencias mañaneras, su encomienda no se limita al planteamiento de preguntas a modo y a obstaculizar el trabajo de reporteros genuinos: se prolonga durante el día para que desde sus cibermadrigueras sirvan de propagandistas de lo que entiendan por cuarta transformación. En sus “noticiarios alternativos”, estos “informadores” glosan, interpretan, exageran, tergiversan y reinventan lo que sea que se parezca o suene afín al discurso presidencial”.

Bueno, pues uno de esos “periodistas digitales” de nombre Ramón Flores, representante del medio “Contrapeso Digital”, ayer pidió el uso de la palabra durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no para preguntar, sino para afirmar lo siguiente:

“Hay un empresario que se llama Cristian Isaías Contreras Luna que se autodenomina líder anticorrupción del municipio y que tiene más de 16 denuncias, una por violencia familiar y otras por amenazas a distintas personas y que ha intentado abrir su giro negro en plena pandemia y como los protocolos sanitarios no lo autorizan ahora la emprendió en contra de la administración municipal de presidente municipal y sus funcionarios por presuntas corruptelas, que hasta el momento no se han podido comprobar. Hay una víctima preso hoy en el Penal de Atlacholoaya que es el subdirector de Protección Civil del municipio de Morelos (SIC) ya que ese empresario primero lo acuso de amenazas aduciendo que lo había amenazado su escolta del subsecretario cosa que no se ha podido comprobar, pero luego lo acusa de extorsión de que le pedía de a cinco mil hasta 200 mil pesos, también no lo pudieron comprobar, y entonces son confusas las acusaciones, pero el fiscal anticorrupción de Morelos, en conjunto con el juez Eddie Sandoval Lome le fincaron prisión preventiva oficiosa, sin tener claro cuáles son las acusaciones”.

Enseguida, le preguntó al presidente si se podría pedir informes sobre la situación del “funcionario en funciones preso”, Gonzalo Barquín, a lo que el mandatario contestó que “Sí, vamos a revisar. Ofrecemos que la Secretaría de Gobernación lo va a atender”.

Más rápido que cualquier otro asunto, la Fiscalía Anticorrupción emitió su comunicado en los siguientes términos:

Juan Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción ha dado la instrucción al personal de esta institución de preparar un informe detallado del caso, en el que se demuestra que el proceso y los actos de investigación estuvieron apegados a los principios de legalidad, seguridad jurídica, así como al pleno respeto de los derechos humanos de las personas involucradas.

“Habida cuenta que la resolución de vinculación a proceso emitida por el Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Distrito Judicial Único con residencia en Atlacholoaya, Morelos, fue emitida en estricto cumplimento a nuestra Carta Magna, dado que existen en la carpeta de investigación datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo hayan cometido”.

Pregunta: ¿qué no se supone que el contenido de una carpeta de investigación no debe ser compartido ni siquiera a la Secretaría de Gobernación?

Ahora damos cuenta de lo que dijo el Ayuntamiento de Cuernavaca en su respectivo boletín:

“El Gobierno Municipal de Cuernavaca manifiesta su total disposición para allegarle al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Alejandro Encinas Rodríguez, toda la información que este requiera para estar en posibilidades de atender la instrucción presidencial.

“Toda vez que en su alocución, el periodista citó una expresión contenida en el Segundo Informe de Gobierno del Presidente López Obrador, donde sostiene que en México no se violan los derechos humanos y no hay cabida para las injusticas.

“Este preguntó si puede un empresario estar por encima de la ley y tratar de someter a las autoridades municipales, si se puede revisar el caso de Barquín Granados y se informe de las causas por las que el Subsecretario no puede llevar su proceso en libertad, el Primer Mandatario respondió que sí, que se revisará el caso y ofreció que la Secretaría de Gobernación lo atenderá a través del Subsecretario Alejandro Encinas, y que este recibiría las pruebas documentales y en video de esta situación.  

“Saludamos y agradecemos el interés del Jefe del Ejecutivo Federal para con este caso y todos aquellos que pudiesen representar un riesgo que vulnere el imperio de la ley”.

Ya nada más falta que el juez Eddie Sandoval Lomé también diga que le va a mandar al subsecretario de Gobernación todo el expediente para que le diga si actuó bien o no.

¿Se imaginan si después de todo esto el juez modifica su resolución y deja libre a Barquín? Entonces los abogados ya se sabrán el camino: No promuevas el amparo, mejor pídele a un youtuber que exponga tu caso en La Mañanera y espera a que llegue la resolución presidencial.

Por cierto, el Juez Leovigildo Martínez concedió la suspensión definitiva al alcalde Antonio Villalobos, por lo que sigue firme en el cargo.

HASTA MAÑANA.

“Los jueces somos quienes ejecutamos los designios de Dios en la Tierra”, dijo el Juez Daniel Rodríguez Apac aquel 24 de febrero del 2015 al inaugurar la Sala de Juicios Orales del Centro Universitario Montes de Oca, acompañado de la magistrada María Idalia Franco en representación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. 

Lo que no sabía el ponente que en aquella ocasión habló sobre la ética y la responsabilidad de los jueces, es que casi dos años después, la vida le jugaría una broma macabra, al verse involucrado en la muerte de una persona, hecho que provocaría un conflicto al interior del Poder Judicial y en su relación con los otros dos poderes del Estado.

Maykeller Vizcán López, viuda de la víctima, recordó que la mañana del 16 de diciembre del 2017 su esposo fue a trabajar en su motocicleta y fue atropellado por Daniel Rodríguez Apac, quien conducía su automóvil aparentemente en estado de ebriedad, en la carretera La Pera-Cuautla y trató de huir, pero fue aprehendido por elementos de la Policía Municipal.

Por este hecho se inició la carpeta de investigación AHTD/249/2017 y el juez fue presentado ante Ministerio Público, pero obtuvo la libertad dos días después, sin pagar un solo peso, y tan sólo acreditando “arraigo laboral”. Desde entonces ha sido beneficiario de la “justicia y gracia” a la que parecen tener derecho los miembros del Poder Judicial, y mientras el proceso penal en su contra avanzaba “a paso de tortuga”, el servidor público continuó impartiendo justicia y –por lo tanto- cobrando sus emolumentos.

El abogado de la viuda, Emilio Márquez, denunció que Rodríguez Apac -quien también es presidente de la Asociación de Jueces Orales- ha abusado de su cargo y ha traficado influencias para evadir la justicia. “No le han quitado la investidura y le dicen: ‘Adelante, su señoría’, ‘adelante, compañero, tiene el uso de la palabra’. No hay un trato igualitario”, reprochó.

Incluso, denunció a la agente del Ministerio Público que no ejerció acción penal en contra del juez, ante la Fiscalía Anticorrupción. Aunque en un principio un juez negó la vinculación a proceso, en la apelación, por unanimidad, los magistrados de la Primera Sala, dictaron auto de vinculación a proceso contra Martina “N”.

“Los magistrados (Rocío Bahena, Elda Flores y Rubén Jasso) adujeron que este tipo de conductas coarta el derecho de la víctima para acceder a que se le procure e imparta justicia. Consideraron que la Fiscalía Anticorrupción presentó los datos de prueba necesarios para que Martina “N” fuera vinculada, por lo que dictaron auto de vinculación a proceso por Delito Cometido por Servidor Público, ilícito previsto y sancionado en el artículo 297 fracción IX del Código de Morelos”, expuso la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado fechado el 20 de octubre pasado.

Tras casi tres años del fallecimiento de Pedro Portilla, el pasado uno de diciembre se llevó a cabo la insólita audiencia en la que un juez compareció ante otro juez pero en calidad de imputado. Quedó vinculado a proceso, pero en libertad y trabajando.

El asunto llegó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el pasado lunes, cuando el magistrado Jorge Gamboa Olea (quien también fue juez), dio cuenta de que el pasado 4 de diciembre en el marco de la Mesa para la Construcción de la Paz, “los integrantes de la misma tomaron como acuerdo hacer una solicitud formal a este representante del Poder Judicial para que a su vez hiciera extensiva la solicitud a este cuerpo colegiado y a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina consistente en hacer la formal solicitud de separación del cargo del juez Daniel Rodríguez Apac y el inicio de la investigación correspondiente con motivo del auto de vinculación a proceso que le fue dictado al referido juez ante un evidente conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones”.

Según Gamboa, un juez no puede estar resolviendo asuntos que le remite la Fiscalía General de Justicia, cuando esa institución es la que le está instruyendo una causa penal en su contra, por lo que se le debe suspender del cargo.

Tras un breve debate en el que no se ponían de acuerdo sobre si ese asunto debía ser ventilado en la sesión pública del Pleno, o directamente ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, los magistrados aprobaron con 12 votos a favor y dos en contra, darse por enterados del acuerdo emitido por los integrantes en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, por conducto del Comisionado de Seguridad, Magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, el cual deberá ser debidamente formalizado.

Cabe mencionar que el Magistrado Norberto Calderón Ocampo, integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder judicial del Estado de Morelos, mencionó que desde el momento en que el Magistrado Presidente, Rubén Jasso Díaz se enteró de la de la comisión de un delito culposo de diverso funcionario del Poder Judicial, se han iniciado las investigaciones pertinentes, situación que se solicitó al Magistrado Gamboa Olea fuera informada a los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Como podrá observarse, el caso del Juez Rodríguez Apac está provocando una controversia al interior del Pleno (en el que parece ser que Gamboa Olea tiene mucho interés en que se le destituya) y al mismo tiempo es usado por el Poder Ejecutivo para exigir que “el buen juez empiece por su casa”.

El tema es polémico porque finalmente no se está respetando el derecho a la presunción de inocencia. El Juez Rodríguez Apac ya ha sido condenado mediáticamente y nunca se podrá comprobar si efectivamente venía en estado de ebriedad y si invadió el carril contrario.

Por si esto no fuera suficiente, el caso lo tiene la polémica jueza Nancy Tovar y el abogado defensor es el también controversial abogado Miguel Ángel Rosete Flores.

Ciertamente tendrá que resolverse en lo jurídico, pero también tendrá algunos ingredientes políticos y de revanchas entre juzgadores.

HASTA MAÑANA.

Ya en una ocasión habíamos comparado el periodo pre-electoral con ese evento futbolístico llamado “Draft” o “Mercado de Piernas”, en el que dueños de equipos de futbol, directores técnicos, agentes y jugadores se encierran durante días en un hotel para la compra y venta de los jugadores que habrán de participar en la siguiente temporada regular de futbol soccer.

Explicábamos que tanto en términos futbolísticos como electorales, una buena adquisición es aquel elemento en el que se gasta lo menos posible y la ganancia es muy superior. Un jovencito “canterano” que casi paga para jugar en primera división y que se conforma con verse en las primeras planas de los periódicos, pero que resulta el campeón de goleo, es una verdadera joya para los que se dedican al negocio del futbol.

En cambio, si contratas a un jugador con mucho renombre, pero resulta que por la edad ya no da el ancho, o que incluso a media temporada se lesiona, es una pésima adquisición.

Eso es lo que andan haciendo ahorita los presidentes de los partidos políticos. Algunos como Jonathan Márquez y Tania Valentina andan haciendo “visoría” en los municipios, platicando con la gente para saber qué nuevos valores están surgiendo que pudieran proveerles de regidurías y diputaciones plurinominales. Perdón, quise decir, que hagan una buena campaña y pongan toda su capacidad en beneficio de la sociedad morelense.

Si usted, estimado lector, es de los que acostumbra desayunar en restaurantes, haga un ejercicio de observación política: un día desayune en Los Vikingos, otro día en Las Quintas, en El Faisán, en Los Arcos, y así por el estilo.

Observe quién está desayunando con quién. Verá que ahí están los presidentes de partidos o sus “operadores” tratando de convencer a aquellas personas que pudieran ser “candidatos de alta rentabilidad”. 

Si se acerca un poco, escuchará frases como “el partido va muy bien, la gente ya está cansada de los mismos de siempre”, pero también se puede dar cuenta de cómo el aspirante a candidato “se da su taco” y menciona que ya lo han buscado “varios partidos” y está analizando cuál le conviene.

Ni una cosa ni la otra. Ambos están haciendo su juego. En realidad, la gente está harta de los partidos políticos y difícilmente hay personajes que representen una garantía de triunfo. 

Les puedo poner como ejemplo que la semana pasada vimos desayunando en el restaurante Tamuz a Gilberto Alcalá con César Cruz Ortíz -que no sabemos para quién esté operando-, y ya nos habían dicho que el ex árbitro se ha sentado por lo menos con tres representantes de diferentes partidos para “escuchar ofertas”.

Por las mismas anda el ex presidente de Canacintra, Chacho Matar, quien creó una asociación civil y entró como conductor emergente a un programa de televisión local para hacerse más conocido, hasta en tanto decide por cuál partido va.

Otro que también anda “escuchando ofertas” es el ex sacerdote Antonio Sandoval, quien había fijado sus esperanzas en que “México Libre” del matrimonio Calderón Zavala recibiera el registro como partido político, y como no fue así está buscando por cuál organización política buscar un cargo de elección popular.

Pero si esto era común en las pasadas elecciones, ahora con la proliferación de las redes sociales esto es una locura, sobre todo porque cualquier ciudadano puede abrir una “fanpage” de Facebook con un nombre que parezca medio de comunicación y desde ahí soltar rumores o barbaridades.

La recomendación, estimado lector, es que no crea totalmente lo que se dice en estos medios a menos que conozca a la persona que está atrás de ellos, porque puede ser que ocurra uno de estos casos:

1. Que un partido político “destape” a alguien para ver cómo reacciona la gente.
2. Que quien lo “destape” sea otro partido político que se sintió desplazado por el primero.
3. Que sea un “autodestape” para presionar al partido que le está ofreciendo la candidatura para que no se vaya a echar para atrás.
4. Que sea un bromista que sólo quiere ver cómo reacciona la gente facebookera.

Ayer comenzó a correr el rumor de que algunos aspirantes a candidaturas independientes habrían quedado fuera de la contienda. Lo que pudimos confirmar es que, efectivamente, por cuestiones de la pandemia, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no les pudo proporcionar oportunamente su alta en el Registro Federal de Causantes (RFC) por lo que habrían quedado imposibilitados para participar en la contienda electoral.

¿Pedirán una prórroga al Impepac? ¿Los partidos políticos aprovecharán la circunstancia para hacerles una oferta? ¿cuántos de los que entregaron sus cartas de intención al Impepac serán “fichados” (en términos futbolísticos)?

No lo sabemos pero en esta misma semana tendrán que quedar contestadas esas interrogantes.

Por cuanto a las famosas “alianzas” que representan la esperanza de la llamada “chiquillada” de seguir contando con un registro como partido político, ayer los representantes de los partidos “hermanos” Encuentro Social y Encuentro Solidario, insistieron en que el pacto con Morena está más que firme a pesar de las voces inconformes.

El Presidente Nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores, sostuvo que el PES es y ha sido un aliado estratégico del presidente de la república, apoyando su proyecto de gobierno y de transformación nacional.

“Este proyecto tiene un líder que se llama Andrés Manuel López Obrador y a ese líder, todos los miembros del Encuentro Social y ahora de Encuentro Solidario, nos debemos. Que no le quede duda a nadie, la coalición se va a llevar a cabo”, afirmó el ex delegado de Bienestar Social.

• Usted estaría dispuesto a ofrecer una disculpa a la ciudadanía por el mal desempeño que tuvo al frente de la Secretaría de Bienestar Social?- preguntó el veterano reportero Nacho Cortés-.
• Al contrario, usted y otros más tendrían que ofrecerme disculpas por esas opiniones que ustedes hacen porque tengo resultados qué demostrar más que palabras- contestó Hugo Erick Flores, visiblemente molesto.

HASTA MAÑANA.

El repentino fallecimiento del empresario y político morelense Raúl Iragorri Montoya nos deja dos lecciones: la primera es que cualquier persona, por muy humilde que sea su cuna, con esfuerzo y dedicación puede llegar a ser millonario. La segunda es que nadie, por mucho dinero que tenga, se salva del virus que amenaza con paralizar otra vez las actividades económicas en este estado.

De lo primero, haga usted la comparación: después de haber nacido en una vecindad (la del Pájaro, para mayor precisión), al morir era dueño de cuatro distribuidoras de autos Nissan en territorio morelense, además de sus otros negocios.

Él mismo reconoció en varias pláticas que el único deseo que le faltó por cumplir era desempeñar el cargo de presidente municipal de la ciudad que lo vio nacer, su querida Cuernavaca.

Atendiendo a los datos que publicó su casi biógrafo personal y entrañable amigo, Don Eusebio Gimeno, el personaje que hoy nos ocupa nació el 5 de enero de 1935, es decir, que el próximo mes estaría cumpliendo 86 años, aunque no se le notaban.

Todavía hace algunos días lo vimos en una interesante entrevista que le realizó el colega y amigo Andrés Lagunas, en la que se manifestaba en contra de que Morena se aliara con otros partidos “que lo único que buscan es no perder el registro”, decía.

Comentó también que recientemente se había entrevistado con el líder nacional, Mario Delgado, quien le prometió “mandar a alguien para meter orden en este estado donde un pequeño grupo encabezado por Gerardo Albarrán se ha apoderado del partido”.

Aunque no se había pronunciado por ningún cargo, era un hecho que don Raúl estaría en un puesto de elección popular en las próximas elecciones, dada su excelente relación con el presidente de la República. Según lo comentó a personas allegadas, él tuvo que ceder en sus pretensiones de ser senador, para que subiera Lucy Meza y como premio de consolación le dieron una candidatura a diputado local que se la dejó a su colaborador Marcos Zapotitla Becerro, quien lo traicionó.

En esta entrevista nos enteramos de un dato que nos confirma también Eusebio Gimeno y que para nosotros resulta sorprendente: la estrecha amistad que había entre Raúl Iragorri y el actual titular de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien –a decir de Gimeno- lo cuidó personalmente hasta que los médicos ya no se lo permitieron.

“Si le vuelven a dar a Manuel Sanz el lugar que antes tenía, creo que las condiciones para el estado pueden ser mejores”, dijo textualmente en esa entrevista fechada el 25 de noviembre en Punto por Punto.

Continuando con su semblanza, diremos que Don Raúl realizó sus estudios de primaria en la escuela Enrique Pestalozzi, en el Colegio Morelos y en el Colegio Cristóbal Colón, institución en donde cursó además la secundaria. Finaliza su educación media superior en la Preparatoria Federal del Estado dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Previo al ingreso a la universidad viaja a Estados Unidos y Canadá; países en donde aparte de estudiar inglés se instruye también durante dos años en ciencias políticas y económicas. A su regreso a México, estudia la licenciatura en Derecho en la UAEM, aunque no se titula. Es además locutor en la máxima categoría «A» certificado por el Departamento de Estudios Audiovisuales de la Secretaría de Educación Pública, siendo su examinante el reconocido locutor Álvaro Gálvez y Fuentes.

Desde muy joven Raúl Iragorri sintió pasión por la actuación que llevaba en la sangre, por ser sobrino de aquella gran actriz de teatro María Teresa Montoya, y quizás debido a esa inclinación dejó los estudios, ya que en su vida actoral se desempeñó como “extra” en más de treinta películas mexicanas, en muchas obras de teatro y más de 40 fotonovelas.

Dice Eusebio Gimeno que Iragorri fue muy amigo de grandes luminarias del cine de Hollywood, como el chihuahuense naturalizado norteamericano Anthony Queen, quien venía a Cuernavaca y jugaban al tenis. También llevó amistad con Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, con quien colocó a su yerno Pepe Deguer, como secretario particular durante algún tiempo.

Pocos saben que escribió dos libro,; uno de poemas, “Noche de Estrellas”, que le prologó, el ilustre Ricardo Garibay y otro que fue una especie de autobiografía titulado “Habla Raúl Iragorri” una larga entrevista hecha por Julián Vences Camacho.

Se casó con la entonces jovencita Nidiyare Rivero Silva, una dama de sociedad, con la que procreó cuatro hijos: Nidiyare, Gabriela, Raúl y Bibiana y a lo largo de los años se rompería esta unión marital que tenía su domicilio en la calle de Amacuzac en la colonia Vista Hermosa.

 Y años después formaría pareja marital con Dolores Gómez Acosta, con la que llevaba 40 años viviendo como pareja en el fraccionamiento El Mascareño en Vista Hermosa.

Pocos saben que el hoy difunto Raúl Iragorri Montoya fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y presidente de la CNOP, y que se salió del partido después del fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y que formó parte de los simpatizantes de la Corriente Democrática del tricolor que encabezó su amigo Porfirio Muñoz Ledo, y que entabló amistad con quien luego sería el temible jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Antonio Zorrilla Pérez.

En 1995 renuncia al PRI. En este mismo año el Partido de la Revolución Democrática lo lanza como candidato a diputado federal por el I Distrito Federal Electoral.  En 1997 se afilia como militante del PRD. En 1999 resulta elegido como candidato para gobernador del estado de Morelos de este partido para contender durante las elecciones del 2000.

En el 2002 se lanza como precandidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca, y aunque obtiene la mayoría en las encuestas internas, decide no postularse. Ese mismo año renuncia al partido. En el 2003 el Partido Verde Ecologista de México lo postula como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, y aunque no gana, obtiene la diputación plurinominal a la XLIX Legislatura del estado de Morelos durante el período 2003-2006.

En el 2014 se incorpora al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, partido político y movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Para el 2015 se postula como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por este partido, sin lograrlo.

Genio y figura hasta la sepultura. Dejó dicho que en su tumba se escribiera lo siguiente: “Aquí reposan los restos de Raúl Iragorri Montoya, ciudadano universal, libre pensador, agnóstico y ateo”.

HASTA MAÑANA.

Cuando el doctor Lauro Ortega Martínez ordenó que el aguinaldo para los funcionarios y trabajadores del gobierno del estado fuera de tres meses de sueldo, se ganó el mote de “el mejor gobernador que ha tenido Morelos”, pero condenó a las instituciones gubernamentales a un desequilibrio financiero de por vida porque en ningún otro estado del país se da esa prestación.

Y es que, con todo el respeto que me merece el ex gobernador y su distinguida familia, el señor Ortega Martínez no realizó tal decreto en su primer año de gobierno, sino en el último, sin prever de dónde saldría ese dinero.

Desde entonces, el aguinaldo de tres meses se convirtió en una especie de “botín” del que todos hemos disfrutado (y quien esto escribe se incluye por sus efímeras incursiones a la administración pública), junto con una ley de pensiones que permite a una persona con 18 años de trabajo obtener una jubilación millonaria si en las últimas anualidades desempeña un cargo bien remunerado.

Aquí debemos hacer una diferenciación: los tres meses de aguinaldo para un trabajador que gana mil 500 pesos a la quincena son una verdadera bendición porque le permite “echarle la loza” a su vivienda, pero es un robo en despoblado cuando un diputado, un secretario de gabinete o un magistrado se lleva casi medio millón de pesos en un diciembre.

Lo peor es que todos esos funcionarios de alto rango, no se atreven a bajarle ni un peso a ese aguinaldo escudándose en “la no afectación a la base trabajadora”. Por eso decimos que es un “botín” del que todos participamos, pues cuando se está fuera del presupuesto se critica, pero cuando se recibe se siente bien bonito y piensa uno: “Quién soy yo para oponerme a los designios del mejor gobernador que ha tenido Morelos”.

El último intento se dio hace unos días. Se filtró un documento según el cual el Partido Morena pretendía propondría la reducción del aguinaldo a la mitad. Bastó una publicación en redes sociales para que los dirigentes de todos los sindicatos acudieran a reclamar al Congreso, donde una diputada salió con su boletín diciendo “yo no fui, pero mis compañeros quien sabe”.

El miércoles, la diputada Keyla Figueroa ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que sí había una propuesta, pero que por todo el escándalo que generó mejor la retiraba, además de quejarse amargamente del “fuego amigo” del que fue víctima.

La diputada aclaró que dicha iniciativa “de ninguna manera pretendía afectar los salarios de la base trabajadora ya que en ningún momento toca o modifica los 90 días asignados a esta prestación, sino únicamente poner un tope a la remuneración recibida por parte de la burocracia dorada”, asimismo, tampoco se buscaba “golpear” los intereses o ir en contra de los miembros de ninguno de los diferentes sindicatos al servicio de los poderes de la entidad, ya que esta iniciativa solo aplicaría para funcionarios que sean nombrados después de que la propuesta hubiese terminado su proceso legislativo, el cual no ha ni iniciado.

Finalmente hizo un llamado a la base trabajadora del estado y a la ciudadanía en general a no dejarse engañar por la información que circula a través de medios no verificados que utilizan las redes sociales para perjudicar políticamente en estos tiempos electorales y “garantizó que su iniciativa sólo será procesada si recibe el respaldo de las organizaciones gremiales de Morelos”, o sea nunca, porque una propuesta de esa envergadura es “políticamente incorrecta”.

Luego entonces, los diputados, secretarios de gabinete y magistrados, recibirán este fin de año su jugoso aguinaldo porque “son derechos adquiridos”. Es como decirle a los trabajadores: “Defiendo tu derecho a que recibas 30 mil pesos de aguinaldo, y de paso me ayudo yo a seguir recibiendo mis 300 mil pesos”.

Y ya que hablamos de sindicatos, nos da mucho gusto saber que el pasado 30 de noviembre la Planilla Naranja obtuvo el triunfo para convertirse en la nueva mesa directiva del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos del estado de Morelos para el periodo 2021-2024.

Con 751 votos, resultó ganadora la planilla conformada por las siguientes personas:

Santiago Muñoz, secretario general; Sergio Pineda Barrera, secretario de Trabajo y Conflictos; Eduardo Ávila Pérez, secretario de Organización; Xiomara Rodríguez Ríos, secretaria de Actas y Acuerdos; Miguel Ángel González Bahena, secretario de Finanzas; Javier Peralta Villalba, secretario de Relaciones Exteriores; Laura Angélica Castillo Ramírez, secretaria de Acción Social.

En la Comisión de Hacienda, Verónica Wendy Mejía Tirado, Alma Graciela Jaime Galván e Isidro Rivera Velázquez; en la Comisión de Honor y Justicia Adrián Valle Flores, Yuri Patricia Hidalgo Ramírez y Adrián Valle Flores; Vocales, Leticia Poblano Castrejón y David Banda Rodríguez.

Como secretario de Prensa y Propaganda, Eduardo Sanvicente Bustamante; secretaria de Acción Femenil y Capacitación, Lisbeth Quintero González; secretario de Deporte y Cultura, José Saturnino Sotelo Román. Finalmente, Graciela Fuentes Clemente, Daniel Zavaleta García y Rosa María Anzaldo González, como enlaces regionales.

Su lema fue “por el progreso, transparencia y unidad sindical”, de ahí que tengan la difícil responsabilidad de transparentar el uso de los recursos del gremio, pues sus antecesores no lo hicieron.

Entre sus principales promesas de campaña está el negociar en tiempo y forma las condiciones generales y el anexo económico en igualdad de circunstancias para el Poder Ejecutivo, las entidades paraestatales y los órganos constitucionales autónomos que integran el sindicato, así como ampliar el alcance de las becas a familiares directos o dependientes económicos.

Por cierto, no sabemos dónde esté la falla pero el hecho es que nadie en el gobierno estatal se ha tomado la molestia de felicitarlos. Bueno, ni siquiera un tuit de la secretaria de Administración, Mirna Zavala, quien parece que está muy ocupada en otros menesteres en lugar de cuidar la relación con el sindicato de burócratas.

HASTA EL LUNES.

Como ya es del dominio público, el pasado martes el Juez de Control, juicio oral y ejecución de sanciones del primer Distrito Judicial, Isidoro Eddie Sandoval Lome, dictó auto de vinculación a proceso contra los servidores públicos Francisco Antonio Villalobos y Gonzalo Barquín, lo cual ya se esperaba.

Sin embargo, lo que realmente importaba era qué medida cautelar impondría el juez, pues de ahí dependía si continuaba Villalobos en el cargo de presidente municipal o no.

Consideramos importante exponer a nuestros lectores las razones legales por las que Francisco Antonio Villalobos Adán sigue siendo el presidente municipal de Cuernavaca, con todas sus atribuciones.

La razón es muy simple: un Juez de Distrito (es decir, con mayor jerarquía que el que le dictó la vinculación a proceso), le concedió al alcalde una SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Esto se encuentra asentado en el juicio de amparo 1118/2020 que se ventila en el Juzgado Séptimo federal que encabeza José Leovigildo Martínez Hidalgo.

Y es que, a través de su abogado Jesús García, el alcalde solicitó la protección de la justicia federal contra la medida cautelar impuesta por la autoridad responsable dentro de la causa penal JC/874/2020, en audiencia de fecha 27 de noviembre de 2020, consistente en no acercarse a las oficinas que ocupa la presidencia municipal de Cuernavaca.

Me comentan que el error del juez Sandoval Lome fue haber adelantado en la audiencia del 27 de noviembre que en ese momento procesal no podía ordenar la separación del cargo del servidor público, pero que lo haría al decretarse la vinculación a proceso.

Fue por eso que los abogados del alcalde interpusieron inmediatamente una solicitud de amparo, y el juez le concedió la suspensión provisional al considerar que “el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local”.

Y los argumentos del corporativo GABA no solamente convencieron al juez, sino que éste “le echó de su cosecha”, y considero que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política. “En el caso específico la apariencia del buen derecho que le asiste al quejoso Francisco Antonio Villalobos Adán, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se origina al contrastar las medidas cautelares de que se trata, con los casos extraordinarios que otorga la legislación local para la suspensión del plazo que conlleva el ejercicio del cargo de Presidente Municipal, y más aún, dicha apariencia del buen derecho se mira desde la perspectiva de la naturaleza de la autoridad que emite sendos actos reclamados, que tienen como consecuencia, la interrupción y suspensión del cargo público de presidente Municipal”.

El juez federal sustenta su resolución en la siguiente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).-Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que protege este precepto es la independencia del Municipio como ente integrante de la Federación y, por ello, para que el Estado pueda intervenir, debe existir una afectación severa a la estructura del Municipio o a su funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se refiere a intereses de alguno de los miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si no se acredita que se hubieran actualizado las causas graves en que la legislatura funda su resolución para revocar el mandato de un presidente municipal, dicha actuación transgrede el artículo 115 constitucional y, por lo mismo, procede declarar la invalidez del decreto relativo." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 283).”.

En las relatadas condiciones, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, hasta en tanto se notifique a las autoridades lo que se tenga a bien resolver en la suspensión definitiva (cuya audiencia está programada para el 7 de diciembre a las 10:25 horas).

Llama la atención la siguiente argumentación del juez Leovigildo Martínez:

“…y para el efecto de que la medida cautelar impuesta por la responsable dentro de la causa penal JC/874/2020, en audiencia de fecha 27 de noviembre de 2020, consistente en no permitir al quejoso que se acerque a las oficinas que ocupa la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, como Presidente Municipal de dicha ciudad, y la diversa por decretarse (que este juzgador considera de realización futura e inminente, con los cuales sí tiene cabida la medida suspensional) esto es, la que pretende imponerle el Juez Oral responsable, el día uno  de diciembre del año que corre, prevista en el artículo 155 fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en su separación del cargo de Presidente Municipal, esta última luego de que se revise la medida cautelar de que se trata NO SE MATERIALICEN Y NO SE LLEVEN A CABO”. 

Las mayúsculas son del juez federal, lo que se entiende como una orden tajante al juez Sandoval Lome: No te atrevas a ordenar la separación del cargo.

En Derecho no hay nada definitivo, y los abogados de ambas partes, así como de la Fiscalía Anticorrupción seguirán interponiendo recursos para hacer valer sus argumentos. Es una batalla jurídica, un juego de ajedrez en el que ambos jugadores ponen toda su capacidad para obtener el triunfo.

El asunto es más político que jurídico, pero vale la pena saber cuáles fueron los argumentos legales que van definiendo el sentido de la resolución final.

HASTA MAÑANA.

A seis meses prácticamente de que se lleven a cabo las elecciones intermedias, en todos los municipios ya empiezan a circular las famosas “listas de los que suenan para la Alcaldía”. Uno de los Ayuntamientos más importantes es el de Cuautla, mismo que en los últimos años ha tenido tan malos especímenes, que uno se pregunta qué pecado habrán cometido los cuautlenses, que cuando crees que ya no puede haber alguno peor, llega alguien que supera a sus antecesores en el saqueo al erario y el endeudamiento.

Preguntando aquí y allá hemos podido hacer nuestra propia lista de personajes que seguramente serán candidatos a la presidencia municipal, sobre todo porque ahora habrá tantos partidos políticos con registro del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que si no los postula uno los abandera otro, además de la posibilidad de la vía independiente, por lo que prácticamente todos tienen la posibilidad de aparecer en la boleta.

Recordemos que Cuautla ha sido gobernada por priístas, panistas, perredistas y actualmente está el morenista Jesús Corona Damián, pero de todos no hay uno solo que haya dejado buenas cuentas, así que por partido tampoco hay uno que podamos decir que lleva la ventaja. Por eso ni mencionar el partido por el que irían, pues todos sabemos que al cuarto para las 12 “cambian de caballo”.

En esta búsqueda de candidatos nos hemos encontrado con una “fan page” (página de Facebook) que nos llamó la atención por el profesionalismo con el que hace su análisis y la calidad de las fotografías, además de que tiene muchos comentarios tanto a favor como en contra, lo que permite tener el pulso de lo que siente la ciudadanía cuautlense.

La página se llama El Rincón Del Dictador, y contempla a los siguientes candidatos, con sus respectivas semblanzas:

Guillermo del Valle Reyes. Político de amplia trayectoria y vasta experiencia; su gestión como Director del ISSSTE lo acercó con la base trabajadora por sus excelentes resultados al frente de ese instituto; en esta campaña atípica por la pandemia podrá generar mayor interacción con el electorado ya que sus números en la elección pasada tuvo muy buena aceptación en Cuautla, por lo cual pudiera refrendar la confianza del electorado.

Pablo Adrián Portillo Galicia. Ha hecho de su capacidad de gestión su mejor instrumento para generar adeptos a su proyecto, se le ha visto apoyando a la sociedad con diversos productos como cubrebocas o productos alimenticios, así como la habilitación de calles y caminos de terracería con su programa “A toda máquina”.

Carlos Benítez Sánchez "Bildmart". Desde la elección pasada no ha bajado su intensidad de trabajo en busca de consolidar su proyecto a la presidencia municipal, desarrollando una red ciudadana y posicionándose en redes sociales, herramienta que será clave en esta elección atípica a causa de la pandemia; el tiempo en el que logre recabar las firmar para lograr su registro será el indicador para saber si la ciudadanía comulga con su proyecto.

Moisés Agosto Ulloa. Consolidó una red ciudadana en todo el municipio mediante su programa de comités de planeación comunitaria, en donde dichos comités serán los encargados de recabar la información de las necesidades de obras en las diversas localidades del municipio. La comunidad cristiana (mucho ojo en esto) de la Heroica es su principal bastión, el ser postulado por el partido que gobierna en el Estado y administra los programas federales lo puede fortalecer en su estrategia electoral.

Ricardo Arizmendi Reynoso. Llega a esta elección con mayor madurez, aunque esta ocasión participará por la vía independiente, aún sigue manteniendo su fortaleza en la parte norte del municipio y con los comerciantes de la Plaza 22 de octubre. Cuenta con una estructura política sólida que le permitirá conseguir el registro sin ningún problema.

Efrén Ortiz Morales. Emanado de una organización de la Sociedad Civil, en donde año con año se le ve realizando gestiones ante empresas como TV Azteca mediante el juguetón, logrando llevar juguetes a los niños y niñas de las localidades del municipio de Cuautla, además de donaciones de aparatos auditivos, sillas de ruedas y despensas a personas en situaciones vulnerables. Su trabajo no solo se limita a eso, también ha realizado foros como el ciclo de ideas, un formato en donde realiza conferencias con ponente de renombre en diversos temas de interés, por su activismo sería de los casos en donde la ciudadanía vería positivo su participación como candidato a la alcaldía, ya que desde su trinchera ha contribuido a diversas causas en pro de los ciudadanos.

Enrique Javier Laffitte Bretón. Se le ha visto más activo en las colonias del municipio; el papel que realizó como director de Agua Hedionda lo catapultó para ser Diputado Local, en donde a través de ese cargo impulsó programas de desarrollo urbano mediante la homologación de fachadas en diversas colonias, asímismo como la pavimentación de calles y avenidas con su programa Hombro con Hombro, sin duda será un buen candidato, pero tendrá el reto de contender por un partido nuevo.

María Paola Cruz Torres. Aunque aún la podemos considerar un cuadro político joven cuenta con una vasta experiencia en la administración pública, donde ha integrado el cabildo municipal en dos ocasiones; su activismo social en temas de empoderamiento de la mujer y su inclusión en la política la ha puesto en los reflectores estatales, ha sido galardonada con la presea "Xochiquetzalli" en reconocimiento a su trayectoria política, el tema de la paridad de género en las candidaturas le puede favorecer para que aparezca en las boletas electorales las próximas elecciones.

Jesús Alberto Martinez Barron "Profe Nato". De larga trayectoria en la política estatal, fue diputado local por Cuautla en el 2006, así mismo también fue candidato a la presidencia municipal en el 2009 por el PAN, tras alejarse de la actividad electoral regresa encabezando un proyecto que aglutina a diversos grupos sociales de la Ciudad de Cuautla.

Hay varios candidatos más pero consideramos que los aquí mencionados son los que tienen mayores posibilidades, sin descartar que el actual presidente, Jesús Corona, tenga la osadía de buscar la reelección, ya sea por Morena o por cualquier otro partido despistado.

Y ojalá con alguno de ellos ya se termine la maldición cuautlense, de que todo el que llega sólo busca enriquecerse y la ciudanía se queda en las mismas condiciones”.

HASTA MAÑANA.

Érase una vez un buen hombre que quedó viudo y con una hija; se volvió a casar con una mujer que a su vez tenía un hijo, y por si fuera poco decidieron tener otro descendiente, de tal manera que ya tenían “la tuya, el mío y el nuestro”. Por si fuera poco decidieron adoptar al hijo de la trabajadora doméstica y hasta un sobrino se integró a la familia que llegó a vivir a la calle 4 de la colonia Transformación.

De recién llegados todo era felicidad. Estaban muy contentos de llegar a una casa tan bonita como la que siempre soñaron, y por lo que el jefe de familia trabajó tantos años para poder comprarla con un crédito del Banco Inbursa.

Y es que el paterfamilia era extremadamente paciente con sus hijos, tanto biológicos como entenados, y siempre que se peleaban decía: “es normal, siempre va a haber disputas entre hermanos”, y en lugar de ponerles una tunda los exhortaba a comportarse bien.

Sin embargo, a los dos años de estar viviendo juntos y sobrellevándose (porque en la nueva casa había suficiente comida y juguetes para que todos se mantuvieran entretenidos y comiendo sin limitaciones) se llegó la hora de repartir los regalos que había mandado un pariente que vive en Estados Unidos, que se caracteriza por enviar lo mejor de aquel país.

Entonces comenzaron los problemas. La hija, producto de su primer matrimonio, consideró que ella por ser la primera tenía derecho a escoger los regalos. La nueva esposa intervino a favor de su hijo, diciendo que los dos tenían el mismo derecho porque ambos eran hijos del jefe de la casa. 

El hijastro recordó que en el momento que el señor se casó con su mamá aceptó hacerse cargo de la manutención de él, así que también tenía el mismo derecho a los regalos, bajo aquella premisa de “si compras la vaca también los becerros son tuyos”.

El adoptado también exigió su regalo, pues jurídicamente era tan hijo como los demás. El primo lejano, que sólo llegaba de visita cuando sabía que estaban a punto de llegar los regalos, cínicamente dijo que él se conformaba aunque fuera con un juguete, y que cuando se lo dieran ya no daría más problemas. 

Esa es la “gran familia de la 4T”, una familia disfuncional, y los regalos de los que hablamos, son las candidaturas a diputaciones y presidencias municipales que serán repartidas el próximo año. Es evidente que el padre bueno y paciente es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tras 18 años de andarle taloneando pudo hacerse de esa casa, pero que si no la cuida bien, el banco se la va a quitar.

La hija de su primer matrimonio es Morena, que se cree con el derecho de disponer de las mejores posiciones políticas porque son fundadores del partido que presidió durante años el propio López Obrador. Pero, el presidente hizo alianzas con otros partidos, a los que ahora tendrá que cumplirles aunque los morenistas hagan berrinche.

Ya usted, estimado lector, podrá llegar a la conclusión de qué partido interpreta el papel del hijo entenado, el adoptado y hasta el primo oportunista que siempre llega cuando hay algo que repartir y no regresa todo el año.

Son esos morenistas inconformes los que mandaron poner espectaculares en puntos estratégicos de la autopista con la leyenda “No queremos la alianza Morena-PES”, y que tuvo como consecuencia una airada reacción por parte del Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario, ayer en la conferencia semanal.

“Que quienes no los conozcan que los compren”, fue la respuesta del diputado federal y presidente del PES en Morelos, Jorge Argüelles, al ser cuestionado sobre esos anuncios que tienen toda la huella de “los Rabines” y su representante en el Congreso Local, Alejandra Flores.

Y para exhibirse más, ayer se dio un debate en el Facebook luego de que un empleado de Alejandra Flores posteó fotos de los mencionados anuncios espectaculares. 

“Yo creo que si queremos mayoría calificada en San Lázaro para apoyar la 4T y al compañero presidente... Hay que sumar e ir en las mayores coaliciones que se pueda. Si lo que queremos es mayor posibilidad de obtener una chamba, pues sí, los morenos hay que irnos solos”, comentó Daniel Vázquez Hernández, acérrimo defensor de López Obrador… y empleado de la Secretaría de Bienestar.

“Las malas decisiones se pagan y en Morelos en 2018 se tomó una mala decisión y no queremos repetirla”, reviró el titular del muro de Facebook.

“Por cierto ¿quién paga los espectaculares? ¿La militancia organizada o un par de líderes morenos que sienten que con alianza quedan fuera?”, cuestionó el ex ayudante municipal de Tlaltenango.

En ese momento intervino el papá de la diputada Flores, don Luciano, quien interpeló: “qué lástima mi Dany que pienses de esa manera, sabiendo lo que dice y hace ese partido o ya te prometieron algo esos cabrones”.

“No me han prometido nada. Pero me causa curiosidad que los espectaculares no vengan firmados, o digan el remitente. Cabe mencionar que un espectacular no cuesta tres pesos. Sobre las alianzas, hay que ver que la coalición legislativa en San Lázaro ha funcionado bien, han votado a favor de las propuestas del presidente. Yo creo que se tiene que lograr la mayoría calificada. Varios diputados del Verde, del PES y del PT se pasaron a la bancada de Morena para permitirle a Mario Delgado y a Morena poder tener mayoría y con ello el control de San Lázaro, o sea han sido grandes aliados en esta 4T. No hay que perdernos en pequeñeces estatales ni municipales, paso a pasito, es imperante que AMLO tenga un congreso fuerte en el segundo trienio. Sumar sumar sumar, jamás restar”, insistió Vázquez Hernández.

Y de ese tipo son los debates en las redes sociales a unas semanas de que se repartan las candidaturas.

Deberían recordar que en Morelos el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvo el control del Congreso a principios de los noventas pero lo perdieron porque se terminaron peleando entre ellos.

Los panistas hasta lograron la gubernatura dos sexenios seguidos y también se empacharon de poder.

Vamos a ver en qué termina esta “familia disfuncional” que es la alianza orquestada desde la cúpula.

Por cierto, el diputado Argüelles afirmó que no le preocupa lo que digan los morenistas, petistas ni independientes como Pepe Casas porque él tiene “una comunicación directa y permanente con López Obrador y Mario Delgado”.

HASTA MAÑANA.

La semana pasada le pusimos a esta columna el título ¿Quién es Víctor Jesús Gómez Sandoval? A una semana de distancia, y gracias a “las benditas redes”, hoy ya sabemos toda su vida (hasta detalles intrascendentes como el tatuaje que se mandó a hacer como pacto de amor con su nueva pareja) así que esa pregunta ya ha perdido vigencia. Lo que hoy nos preguntamos, al igual que cientos de personas que fueron defraudadas con diversas cantidades de dinero para obtener recursos de programas estatales y federales, es ¿dónde está Víctor Jesús Gómez Sandoval?

Por el testimonio de varias mujeres y hombres que convivieron con él podemos hacer la siguiente semblanza.

Víctor Jesús Gómez Sandoval nació en Cuernavaca y desde adolescente se involucró en los grupos juveniles de la Iglesia Católica como la Obra Misional San Felipe de Jesús y Testimonio y Esperanza, por ello entró fácilmente al Partido Acción Nacional, que tuvo su auge en el año 2000.

Para ese año Víctor Gómez ya era coordinador distrital del partido blanquiazul, y en 2005 fue coordinador general de promoción ciudadana. Fue –según su currículum oficial- coordinador general de estructura electoral de la campaña presidencial de Felipe Calderón, hasta llegar a ser funcionario de la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Social con Osvaldo Castañeda.

En ese mismo documento se jacta de haber trabajado -al mismo tiempo- en la Sedesol, en el Congreso local y en el Ayuntamiento capitalino, éste último donde se desempeñaba como “asesor del secretario de servicios públicos de Cuernavaca del 2006 al 2009”.

En 2011 vuelve a la actividad electoral y, tras participar en la campaña, trabaja durante un año con el diputado federal Luis Miguel Ramírez, en el 2012.

En el 2013, fecha en que entregó ese currículum al Partido Encuentro Social (PES),  puso que “manejo asociaciones civiles en el estado de Morelos gestionando recursos federales y estatales”.

Y efectivamente, a eso se ha venido dedicando. Lo que no dice, es que cobraba por cada gestión que hiciera, y les pedía “mochada” hasta a sus mejores amigos.

Uno de ellos se llama David, vive en Amacuzac y hasta hace un año trabajaba en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatmor), plantel Puente de Ixtla. “Después de muchos años de no verlo (desde que evangelizaban juntos en la Obra Misional San Felipe de Jesús) en enero de 2019 llegó a Icatmor-Puente de Ixtla a solicitar informes sobre cursos, decía que tenía una asociación civil. Llegó con un grupo como de 10 personas, entre ellas Marisol Rovira”, recuerda David.

En febrero de 2019 David es despedido de Icatmor y le pide a Víctor que le consiga trabajo. Le dice que lo puede meter a la Sedesol que ahora se llama Secretaría del Bienestar, pero que necesita una “mochada” de tres mil pesos. Le deposita el dinero solicitado y se incorpora de inmediato a las actividades aunque comienza a cobrar hasta el mes de mayo.

Ahí, en la Secretaría de Bienestar, se encuentra a muchos “panistas” que llevó Víctor y se entera que a algunos no solamente les cobró como a él para entrar, sino que mensualmente les exigía una “cuota” por trabajar.

Aquí vamos a dejar un momento el caso de David para dar paso a otra queja que nos llegó por correo electrónico de una persona que nos proporciona todos sus datos pero pide el anonimato:

“Conozco a Víctor desde que estudiábamos la secundaria en el colegio Cristóbal Colón. Continuamos la amistad por todos estos años (ahora yo tengo 48 años). Coincidimos en varias otras cosas, trabajó en el PAN, en SEDESOL, amigo íntimo de Oswaldo Castañeda en donde fue Coordinador del programa de Jornaleros Agrícolas. Con ese antecedente y con esa confianza de amistad de años y al saber yo que estaba trabajando con el PES y con Nadia, la esposa de Hugo Erick Flores Cervantes le pregunté si podía conseguir obra en alguna dependencia de Gobierno, me dijo que sí, que había posibilidad en CEAGUA y en SEDATU... Que tenía un grupo de amigos contratistas, que había que poner 50 mil pesos para que él operara programas sociales… pero a cambio nos daría obra pronto. Cosa que sí ocurrió a los pocos meses, obra de muy bajo monto en la CEAGUA pero al fin obra (de la que todos los constructores habíamos carecido en 2019 y 2020) siguió pidiendo dinero con ese antecedente, pero ya no hubo más obra. 

“Nos usó también para visitar domicilios con la promesa de vivienda en zonas de escasos recursos, en mi caso en la colonia Cerritos de Cuernavaca. Nunca supimos que le pidió a cada beneficiario 2 mil a 3 mil pesos. A nosotros nos dijo que construiríamos las viviendas. Calculamos que debe haber unas 200 personas defraudadas aparte de las de impulso productivo.

“Hace apenas una semana varios contratistas (20 empresas) y yo nos dimos cuenta que nos había pedido en promedio 100 mil pesos a cada uno a cambio de obra que nunca llegó, entre estas una arquitecta amiga cercana de la hermana de Víctor (que lo conocía desde niño). Desde el pasado 10 de noviembre se desapareció”.

David, el de Amacuzac, asegura que Víctor Gómez los hizo formar grupos para acceder a todo tipo de programas sociales, tanto federales que manejan varias dependencias, y uno que maneja el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Sobre éste último, refiere que el programa se llama “Impulso Productivo” y ofrece créditos de 30 mil y 40 mil pesos para micronegocios, pero la condición era pagar cuatro mil 500 pesos en parcialidades.

“Ya hasta habíamos contratado una camioneta Urvan para venir todos a firmar el contrato a la SEDESO de Plan de Ayala el 10 de noviembre del 2020. Pero desde ese día dejó de contestar el teléfono”, narró David, coincidiendo con otros defraudados de Cuernavaca y su zona conurbada.

Lo más extraño de todo es que, de acuerdo a testimonios, Víctor Jesús Gómez Sandoval entraba “como Pedro por su casa” en la Secretaría de Bienestar y otros sitios que usa para operar.

Al menos eso fue lo que nos dijeron los respectivos jefes de prensa de esos lugares: “Víctor Jesús Gómez Sandoval no se ha desempeñado en esta dependencia desde que inició la administración del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que no contamos con ningún expediente que así lo indique”, me contestó la Secretaría de Bienestar, entre otras respuestas en el mismo sentido.

HASTA MAÑANA.

Ayer fue presentada una iniciativa de mucha trascendencia en materia de derecho a la información pública: la difusión de las sentencias que emiten los jueces del Poder Judicial cuidando la protección de los datos personales. 

A invitación de la diputada Ariadna Barrera Vázquez, quien presidió hasta hace un par de semanas la Comisión de Transparencia del Congreso Local, concurrieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz; el fiscal general Uriel Carmona Gándara; el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez; la presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández, y hasta el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Roque González Cerezo.

Se trata de la reforma de la fracción XXXIV, del artículo 51; el primer párrafo y la fracción I del artículo 54, todo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:

Artículo 51. Los Sujetos Obligados pondrán a disposición del público en la Plataforma Electrónica las obligaciones de transparencia, debiendo difundir y actualizar en los respectivos medios electrónicos, además de la que de manera específica se señala en este Capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información:

1. a XXXIII. …

XXXIV. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXXV. a XLV. …

…

Artículo 54. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y todos aquellos Órganos Constitucionales Autónomos o Administrativos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

1. Las versiones públicas de todos los laudos o sentencias emitidas;

Esto significa, en términos coloquiales, que los ciudadanos comunes y corrientes podremos tener acceso a las resoluciones finales de las autoridades jurisdiccionales de la entidad, obviamente guardando aquellos datos que sean considerados personales.

Recordemos que el derecho a la información inició a nivel nacional hace 20 años y poco a poco ha ido ganando terreno: primero obligando a las instituciones del Poder Ejecutivo a transparentar sus gastos, después a los tres poderes, últimamente a los partidos políticos y sindicatos, pero las sentencias del Poder Judicial siempre habían estado vedadas.

Y es que en el ámbito de la impartición de justicia, la transparencia y el acceso a la información se traduce en que la sociedad posea mayor comprensión del sistema de justicia y de los procedimientos que pone el Estado a su disposición para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. Favorece también la contrastación y, en su caso, la creación de criterios interpretativos protectores de éstos. Y fortalece la actividad de litigantes y juzgadores, quienes, en última instancia, mantienen actualizado el sistema jurídico a través de la aplicación, interpretación e integración de las normas.

Ayer, tanto el presidente del TSJ como el fiscal general coincidieron en que hacer públicas las sentencias, permitirá conocer la tendencia seguida por los Tribunales en la aplicación e interpretación de las normas.

Además, nos permite entender el derecho de manera dinámica, ver cómo se va definiendo el contenido de las normas de derechos humanos en las vidas de las personas y cómo estos contenidos mínimos se van expandiendo y evolucionando.

Cuando los procesos judiciales se abren a la ciudadanía se abre un panorama de posibilidades para hacer realidad la justicia. Es posible romper con las prácticas tradicionales y discriminatorias de hacer “justicia”, es posible compartir diversidad de criterios, argumentos y estrategias de litigio que orienten la labor de las litigantes, es posible cuestionar el pensamiento jurídico tradicional y rígido para transformarlo.

Publicar las sentencias judiciales, cómo ejercicio de transparencia, es una forma de frenar la corrupción. Quién firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público y que esta podrá servir como elemento en su contra cuando se aparte de la legalidad, la ética y la justa administración de justicia. Además, de que acercar esta información a la población será una gran herramienta para la toma de decisiones.

Pero además, con esto se ajusta al decreto publicado el pasado 13 de agosto del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la cual se impone como obligación de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas el poner a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Asimismo, se estipuló en el artículo Tercero transitorio, la obligación de las legislaturas de los estados para realizar las adecuaciones normativas que atiendan al mandato legal de hacer públicas las sentencias.

Muy bonito el evento de ayer en la explanada del Congreso local, muy buenos discursos y excelente convocatoria de la presidenta de la Junta Política del Congreso, pero ahora falta ponerse en práctica.

Para empezar, que los diputados la aprueben cuanto antes para que entre en vigor y podamos conocer los criterios de los jueces al aplicar la ley.

Y después, que el Poder Judicial suba a una plataforma todas –y cuando decimos todas es todas- las resoluciones que han causado ejecutoria.

Una buena señal del Poder Judicial de que realmente está a favor de la máxima publicidad que establecen las leyes tanto de transparencia como de procedimientos penales en el nuevo sistema de justicia penal, es que permitan el acceso a la prensa a la audiencia oral programada para este viernes a las 12 horas en una de las salas de la ciudad judicial de Atlacholoaya.

HASTA EL LUNES.

En 2006, con el panista Marco Adame Castillo en el gobierno estatal, se cometió el error de aprobar el nuevo sistema de justicia penal cuando todavía no se tenía la infraestructura ni el personal capacitado; hoy, todo parece indicar que se volverá a cometer el mismo yerro con la reforma en materia laboral, pues las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán en marzo de 2021 para ser sustituidas por tribunales laborales, y los avances no se ven por ningún lado.

Por cuestiones políticas, y para presumir que Morelos sería pionero en materia de juicios orales, en 2006 el médico Marco Adame Castillo en su primer día como gobernador acudió al Congreso local a depositar la iniciativa de reformas constitucionales para que los juicios orales se instauraran en noviembre del 2008.

Y así se hizo, pero como no había dinero las primeras audiencias se realizaron en salas improvisadas pues el edificio de juicios orales fue inaugurado hasta meses después, e incluso se tuvo que conceder una prórroga para que entraran en vigor en el distrito judicial que abarcaba la zona sur. “Aprenderemos de los errores de Morelos para no cometerlos”, dijo el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, cuando vino a supervisar las instalaciones de la calle Morrow.

Efectivamente, en materia de juicios orales se aplicó la máxima de “echando a perder se aprende”, y aquí se improvisó mucho, en perjuicio de los justiciables y todo con cargo al erario estatal, es decir, al dinero de nuestros impuestos.

Ahora, todo parece indicar que pasará exactamente lo mismo –si no es que peor- con la reforma laboral implementada a nivel nacional.

Le explico:

Los recientes cambios legislativos en materia laboral publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1° mayo del año en curso, que ordenó realizar la reforma del apartado “A” del artículo 123 constitucional publicada el 24 de febrero de 2017, responden también a los principios de libertad sindical que México asumió al ratificarse el Convenio 98 de la OIT por el Senado de la República el 20 de septiembre de 2018, así como a los compromisos establecidos en el Anexo 23 del T-MEC.

En este sentido, esta reforma laboral implica entre otras cosas, transitar del corporativismo actual a una democracia sindical efectiva, erradicar los contratos de protección -firmados a espaldas de los trabajadores- e instaurar una negociación colectiva auténtica en la que los contratos colectivos de trabajo y sus revisiones serán aprobados por mayoría, mediante voto personal, libre, directo y secreto.

Así mismo, significa pasar de una justicia laboral lenta y poco eficaz, hacia procedimientos mucho más ágiles que estarán a cargo de tribunales laborales adscritos al poder judicial, dotados de autonomía e independencia en sus decisiones. En pocas palabras, a partir de la reforma laboral del primero de mayo pasado se construyeron los cimientos de un nuevo modelo laboral para nuestro país, o al menos eso es lo que ofrecen sus impulsores.

En términos prácticos significa la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje que dependen todavía del Poder Ejecutivo, y el nacimiento de los juzgados laborales que dependerán del Poder Judicial del estado.

Y eso tendrá que ocurrir legalmente a partir del 20 de marzo del 2021. O sea que estamos a la vuelta de la esquina.  ¿Y qué tenemos físicamente? Nada.

El 28 de agosto pasado se llevó la cuarta sesión ordinaria del Consejo para la implementación de la Reforma Laboral encabezada por la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González. O sea, en un cambio tan importante ni siquiera se tiene una Secretaría del Trabajo como existía antes, sino que se comparte la responsabilidad con otro rubro totalmente diferente.

Lo más destacado de esa sesión (según se informó en un comunicado) fue la designación de Adelaida Trejo Lucero como secretaria Técnica del Consejo. Ella no es abogada laboralista, su mérito es ser gente de confianza de la secretaria de Desarrollo Económico y con experiencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero nada más.

También estuvo presente Carlos Lafuente Hernández (egresado del prestigiado despacho AJI, pero no especialista en derecho laboral), como encargado de la Dirección General de la Unidad Jurídica y de Asuntos Institucionales de la Oficina de la Gubernatura.

También se menciona a Juan Armando Reyes Morales como representante y enlace de la Secretaría de Hacienda pero después de la salida de Alejandro Villarreal no sabemos si él siga ahí porque hubo cambios al por mayor.

Quizás el que más conoce del tema sea el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Pascual Archundia Becerril, quien ya fue responsable de la Junta Federal de Conciliación y ahora encabeza la institución que tradicionalmente ha sido considerada “el patito feo” de toda la administración.

Con todo esto queremos hacer una seria advertencia de que los tiempos se están viniendo encima y todo parece indicar que volveremos a ser el “hazmerreir” de todo el país como en su tiempo lo fue con el nuevo sistema de justicia penal.

En el mencionado consejo también está contemplado el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Del primero ha estado muy al pendiente el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, y con los diputados no hay problema porque ya sabemos que, aunque no trabajen durante semanas, en una noche se avientan todo junto.

Por cuanto al Poder Judicial, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz ha estado personalmente en las sesiones y ya tiene todo diseñado para materializar la reforma laboral, pero mientras no le suelten recursos no puede hacer casi nada.

Si llegado el día nos salen con que sólo le van a cambiar el letrero a las Juntas de Conciliación por otros que digan “Centros de Conciliación”, y los presidentes de las Juntas ahora se van a poner una toga para fungir como jueces, entonces significará que la reforma laboral en Morelos fue un rotundo fracaso.

HASTA MAÑANA.

El pasado lunes en la madrugada elementos de la Guardia Nacional retiraron a los últimos campesinos que hacían guardia en el campamento de la resistencia al gasoducto de Huexca, en el municipio de Yecapixtla. Con ese operativo se da por terminado un movimiento que costó la vida de un activista –Samir Flores- y del que mucha gente, tanto de esa región como de fuera, sacó provecho económico. 

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador vino al oriente de Morelos y sentenció que esa obra se pondría en marcha porque costó mucho dinero y no se iba a desperdiciar, supimos que sería cuestión de tiempo para que se ponga en marcha el proyecto que (por increíble que parezca) fue iniciado por un panista, lo continuó un priísta y lo vendrá a poner en marcha un morenista.

A nivel local, fue el perredista Graco Ramírez quien lo impulsó fuertemente, y aunque no logró dejarla funcionando, sí aprovechó los recursos financieros que tanto la CFE como el gobierno de Peña Nieto mandaron para tratar de convencer a los opositores. Nunca sabremos cuánto dinero se gastó en la compra de voluntades para que desistieran de su movimiento.

Y no se equivocó Jorge Velázquez, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, quien hace meses declaró lo siguiente:

“Con esto podemos decir que (el presidente) tiene el garrote por el mango en dos caras. Uno, “la mañanera” con los medios para mentir porque dice cosas que no son verdad, y (dos), las fuerzas represivas. Regresemos al 10 de febrero de 2019 cuando López Obrador dijo que aunque hubiera gritos y sombrerazos el proyecto iba, y antes del 23 de febrero (día que se realizaba la consulta ciudadana), el 20 de febrero Samir fue asesinado. Entonces con esto sabemos que antes del mes de diciembre habrá una represión”,

Y no hubo represión porque no ofrecieron resistencia.  Según Luis Bravo Navarro, gerente de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad, sólo había 10 personas en el campamento de San Pedro Apatlaco, y de esto dieron fe tres notarios públicos.

Insistió en que no se tomará el vital líquido del río Cuautla, sino aguas tratadas, para satisfacer la demanda de energía eléctrica en 80 por ciento del estado lo que permitirá mantener precios de la misma sin aumentos y otorgar las tarifas más bajas a los habitantes de la zona.

“De no realizarse la reactivación de la obra; la inversión, los 25 mil millones de pesos, que es dinero del pueblo mexicano, se convertiría en chatarra y la central de ciclo combinado será únicamente operada por la CFE, y en total armonía con el medio ambiente”, explicó el funcionario de la paraestatal.

Por su parte, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas aseguró no hay ninguna suspensión que esté vigente proveniente de los juzgados de Distrito, por lo que la construcción puede continuar “sin violar ninguna disposición de carácter judicial, estaremos evidentemente siempre agotando el diálogo, estaremos trabajando con todos los grupos opositores, hemos trabajado intensamente durante más de un año y medios con los ejidos de Asurco, hemos logrado llegar a acuerdos con 26 de los 32, y con el restante seguiremos trabajando para que conozcan los beneficios de este proyectos”, dijo.

Y como era de esperarse, ya entrada la mañana el líder del Partido Encuentro Social, Hugo Erick Flores, se pronunció abiertamente a favor del proyecto en su acostumbrada conferencia de prensa semanal.

¿Entonces cuál es el problema? Bueno, pues que una parte de la población sigue pensando que AMLO, Morena y todos los que apoyan la termoeléctrica, están traicionando al pueblo que votó por ellos.

En un comunicado, los opositores de la comunidad de Amilcingo expresaron su rechazo a lo declarado por los ejecutivos de CFE y el secretario de Gobierno.

“¿Qué podemos esperar de un gobierno que viola las leyes y los procesos del poder judicial? Como lo estamos viendo lo único que podemos esperar es traición, violencia y uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos que no beneficiarán al pueblo?”, cuestionaron.

Aseguraron que en México hay una sobre producción de energía del 40%, aún así se insiste en generar más energía a costa del daño ambiental y social que representa este proyecto. El fin último de este proyecto no es la generación de energía, es el uso del gas natural para impulsar la creación de diferentes corredores industriales a lo largo del trayecto del gasoducto y el desarrollo de diversos ramales. “El fin último es transformar nuestros territorios que históricamente han sido agrícolas a territorios sometidos a una industrialización salvaje que traerá más despojo de agua y de tierras en nuestros pueblos”, sostuvieron.

Con mentiras, compra de conciencias de las autoridades civiles y ejidales, creación de grupos de choque, la custodia de la policía, ejército y ahora la guardia nacional, la violencia y asesinato de nuestro compañero Samir Flores ha sido como han logrado construir este proyecto, solo a través de la violencia, la corrupción y la ilegalidad.

“Señor Obrador ¿no que primero los pobres? ¿no que combatiría la corrupción? Sus palabras son sólo eso, en los hechos no está tomando en cuenta la decisión de las asambleas de los pueblos, de esos pobres que tanto usa en sus discursos populistas. La lucha contra la corrupción que tanto pregona en realidad no existe, al contrario, se ha fomentado al comprar a las autoridades ejidales de ASURCO encabezados por Rogelio Plasencia Barreto”.

Nuestra opinión es que tanto López Obrador como el gobierno de Morelos y el PES tienen sus razones para apoyar este proyecto y todo parece indicar que nada va a impedir que funcione la termoeléctrica.

 Pero habrá un costo político por ello y eso lo veremos en las elecciones del 2021 y después en las del 2024.

El mejor ejemplo de lo que puede suceder lo tuvimos en el ex gobernador Graco Ramírez, quien se olvidó de todas las promesas que hizo en campaña y –utilizando la bandera de la izquierda y al lado de AMLO- llegó a la gubernatura para comportarse como un gobierno de derecha.

En el 2018 recibió la respuesta de los ciudadanos a su política en favor de los que más tienen, con un rotundo rechazo a la continuidad de su proyecto reflejado en la candidatura de su hijastro Rodrigo Gayosso.

HASTA MAÑANA.

El asunto supera cualquier guion de esas series como “CSI-Miami”o “Criminal Minds” que estuvieron de moda hace unos años y que atiborraron las escuelas particulares de aspirantes a criminólogos y criminalistas.

Valeria (nombre ficticio para proteger su identidad) vio en el Facebook lo que parecía ser la salvación a sus problemas económicos. “Se buscan jóvenes para trabajo fácil”, decía el mensaje y daban el nombre de un usuario de esa red social. 

La buena: ya se tiene pericialmente identificada la pistola que terminó con la existencia del encargado de la Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López. La mala: ya solamente falta comprobar quién la accionó y quién dio la orden de ejecutarlo. 

Sin desestimar la importancia de otros crímenes, se puede afirmar que el homicidio de Juan David es el que tuvo mayor impacto social en los últimos dos años, de ahí que su esclarecimiento total y castigo a los responsables es una deuda que tienen las autoridades con la ciudadanía morelense.

“Su exitosa trayectoria nunca cambió su forma de ser, siempre sencillo y servicial, como tampoco modificó su estilo de vida. Al día de su muerte, ocupaba uno de los departamentos de la Unidad Habitacional Teopanzolco, en la colonia del mismo nombre. Todo eso nos lleva a la conclusión de que a Juan David no lo mataron por tener nexos con alguno de los grupos de la delincuencia organizada que desde hace meses pelea palmo a palmo la plaza de Morelos. Al contrario, su rectitud y honradez representaba un riesgo para la mafia que está a punto de apoderarse de nuestra entidad”, escribimos en este mismo espacio el 9 de diciembre del año pasado.

Ayer, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, encabezó una conferencia de prensa en el C5 en la que prácticamente nos dijo que ya saben quién lo mató y por órdenes de quién. Sin embargo, no lo van a hacer público hasta tener detenidos a todos los involucrados.

Según la versión oficial, la detención del presunto responsable se derivó de una denuncia de secuestro presentada ante la Fiscalía Especializada el pasado cinco de noviembre, en donde se refería que a la presunta víctima la mantenían en cautiverio en la Privada Virgo de la colonia Zodiaco de la capital del estado, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

En despliegue táctico realizado por el Grupo Fusión-UECS, conformado por agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se logró el aseguramiento de Emmanuel “N” de 36 años y Rafael Quintín “N” de 32 años de edad, quienes habían amagado a los agentes a su llegada con un arma de fuego calibre .357 y otra calibre 9 milímetros, respectivamente; por lo que fueron asegurados en el lugar, localizando al interior del vehículo en donde viajaban 28 envoltorios con marihuana, así como diversos cartuchos balísticos calibre .357 Magnum y .38 especial.

Al hacer la revisión protocolaria de las armas, encontraron que el arma de fuego calibre 9 milímetros asegurada a Rafael Quintín “N” es la misma que terminó con la vida de Juan David.

Recordemos que la “huella dactilar” de un arma es la marca que deja la aguja sobre el casquillo al activar el disparo, así como el rayado que queda en el proyectil que se aloja en el cuerpo de la víctima mortal.

Lo anterior no da una seguridad al cien por ciento de que Emmanuel o Rafael Quintín accionaron el arma homicida, pero las demás pruebas como son las testimoniales, videos, llamadas telefónicas, pueden dar como resultado la identificación del responsable material del homicidio.  Y lo que es más importante: saber quién lo mandó matar y por qué. El paso final que demostraría que hay justicia en Morelos es que fuera detenido el autor intelectual.

De acuerdo a la información proporcionada ayer por el secretario de Gobierno y por el fiscal Uriel Carmona, el arma mencionada aparece –además del caso de Juan David- en otras seis carpetas de investigación:

La tentativa de homicidio cometida en la colonia Mártires del Río Blanco en Cuernavaca en el mes de noviembre; los homicidios registrados en la colonia Real del Puente de Xochitepec en el mes de agosto; en calle Tabachín de la colonia Bellavista de Cuernavaca en el mes de julio; el homicidio cometido en la Calle Guerrero de la colonia Centro de Cuernavaca el 10 de septiembre; en la colonia Plan de Ayala de Cuernavaca en el mes de agosto y en el mes de noviembre en la colonia Teopanzolco de Cuernavaca, todos los casos registrados en el año 2019.

En este último caso, se comprobó que mataron a Gabriel (un honrado trabajador del Tribunal Superior de Justicia) al confundirlo con Juan David, y que un mes después cumplieron su cometido. Por ese homicidio ya están sujetos a proceso y en prisión preventiva.

El 23 de enero del 2020 publicamos en nuestra columna que en la primera hora del miércoles 18 de diciembre del 2019 fue detenido Juan Manuel Peña Barrios, apodado “El Barrios”. Según la versión oficial, una patrulla del Mando Coordinado realizaba patrullajes de rutina en el primer cuadro de Cuernavaca cuando detectaron una camioneta Acura que circulaba a exceso de velocidad.

El conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró y la patrulla le cerró el paso. El sujeto detuvo la marcha pero comenzó a realizar llamadas telefónicas y a gritar amenazas contra los agentes.

Al revisar la camioneta –aparentemente blindada- la policía encontró una pistola, varias dosis de cristal, un radio de comunicación con frecuencias policiales y celulares, además de que el vehículo tenía reporte de robo.

Un elemento de la Policía Morelos tomó el teléfono celular de “El Barrios”, lo revisó por unos minutos y lo guardó en su chaleco. Es decir, no lo puso a disposición del Ministerio Público.

Seguramente por una buena cantidad de dinero, ese aparato móvil llegó a manos del jefe del grupo rival. Durante días lo estuvo analizando, hasta que decidió entregarlo a las autoridades.

Y lo hizo de una manera muy “sui géneris”: lo ató a una de las orillas de una lona que mandó colocar en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia recientemente inauguradas en Temixco. Otras dos fueron puestas –a plena luz del día- en el edificio del Ayuntamiento de Cuernavaca y en las instalaciones de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional.

“… a la gente ya le quedó claro que la policía Morelos es una basura por Raúl Gómez Cruz, que está involucrado en homicidios, secuestros, así como todos sus mandos de Veracruz y el Grupo de Operaciones Especiales que los tienen como sicarios, ya les mandé evidencias a FGE, FGR, Gob Federal, Municipal y Estatal…” decía la lona impresa en letras negras y rojas.

Al parecer, la información contenida en ese teléfono ya fue enviada también a medios nacionales. Un noticiario que sólo se transmite en la Ciudad de México por canal 6 de televisión abierta y 235 de Sky, se refirió a la detención de “El Barrios” y refirió que en su teléfono celular tenía fotos y videos de sus víctimas.

En ese noticiario aparece un video donde se escucha una voz masculina que dice “hermanito, hermanito, aquí estamos poniendo campana a este perro”, y se observa la avenida Teopanzolco. Luego otro video donde se nota que ya es de noche, y se escucha otra voz que dice “estoy aquí, ya dimos varias vueltas pero no llega el vato carnal”.

La voz en Off del reportero señala: “Así informaban los sicarios a su jefe, Abel Maya, que esperaban a otra de sus víctimas, Juan David Juárez, el ex secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, ejecutado el 5 de diciembre al llegar a su casa en la zona habitacional de Tepocazalco (sic)”.

Los morelenses merecemos saber quién y por qué mataron a Juan David Juárez López.

HASTA EL LUNES.

Como ya es del dominio público, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió en votación prácticamente unánime, la remoción de la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, “por notoria negligencia” con respecto a un procedimiento sancionador que estuvo 15 meses guardado en un cajón.

En su sesión de ayer, transmitida en vivo por internet, se dio lectura al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción de Consejerías Electorales identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/TEEM/CG/7/2018 y su acumulado UT/SCG/PRCE/EDS/JL/MOR/41/2018, integrados con motivo de la vista ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, respecto del consejo general de Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y la denuncia presentada en contra de la consejera presidenta del citado instituto, respectivamente, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A la lectura del dictamen siguió un tibio intento de defensa por parte del consejero Uuc-kib Espadas argumentando que el hecho de donde se deriva la propuesta de remoción es parte de un “conflicto largo y continuado entre facciones más o menos cambiantes, polarizadas y confrontadas”, además de que su destitución no contribuye a la solución del problema.

Pero enseguida, Dania Ravel y otro consejero se le fueron encima diciendo que, independientemente del trabajo realizado por la presidenta del organismo, el expediente evidencia la seriedad de los hechos denunciados, “prácticas que obstruyeron la impartición de justicia”, ya que se tuvo guardado completamente inactivo por más de un año además de que hubo “falta de rendición de cuentas a sus pares” y en conclusión, omitió dar cumplimiento a sus obligaciones legales por lo que se tendría que cumplir lo que establece la ley ante tales causales.

Diez contra uno fue el resultado de la votación con la que Ana Isabel León Trueba quedó fuera del órgano público local (OPLE) al que ingresó en 2014 mediante la nueva forma de designación ya sin la participación del Poder Legislativo local como se hacía antes.

Todavía en su defensa, la licenciada en química y maestra en ciencias, ofreció una conferencia de prensa el pasado lunes en la que comenzó recordando que ella ha trabajado intensamente por más de 6 años, para ampliar la vida democrática de nuestro estado y garantizar a la sociedad morelense elecciones imparciales y pacíficas.

Luego recordó que fue con ella que se estableció la paridad horizontal y vertical para en las candidaturas para los ayuntamientos, misma que fue replicada en casi todos los estados de la República y hoy en día está contenida en casi todas las leyes electorales estatales.

“Recientemente impulsé acciones afirmativas para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener representación en la integración de los ayuntamientos y del Congreso del Estado. En la próxima elección serán postulados en al menos 27 municipios personas indígenas, en proporción al porcentaje de población que se autoadscribe como indígena en el municipio correspondiente; y para la integración del Congreso del Estado, los partidos políticos presentarán candidaturas indígenas en cuatro distritos electorales locales; acciones que no solo se quedarán en la postulación, sino que van hasta la asignación de espacios de cargos de elección popular”.

No obstante lo anterior –dijo- el Consejo General del INE trae a cuenta un proceso de remoción contra las y los consejeros del Impepac, aperturado (sic) en abril de 2018, hace más de dos años y medio, en relación con la investigación de hechos que se inició en septiembre de 2016 por instrucción del Consejo Estatal Electoral del Impepac, investigación que guardaba estrecha vinculación con el procedimiento iniciado de oficio por el INE,  el 29 de agosto de ese año, con el expediente INE/P-COF-UTC/2016/MOR. 

El secretario ejecutivo del Impepac concluyó la investigación preliminar y el 7 de diciembre de 2016, lo dio a conocer formalmente a la presidencia. En varias mesas de trabajo de consejeros se analizaron los resultados de la investigación y se determinó que se tuviera una reunión entre el INE y el Impepac para tratar los avances en ambas investigaciones y las acciones conducentes a seguir.

“El 20 de febrero de 2017, en la reunión sostenida entre el C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y por parte del Impepac  la Consejera Presidente, el Consejero Electoral Carlos Uribe en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas y el Secretario Ejecutivo, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo y concluyeron que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver”, aseguró León Trueba.

“Después de un año, cuatro consejeros y consejeras presionaron a esta Presidenta para que el día 8 de marzo, justo un día antes de que iniciara el registro de candidatos a la gubernatura, se realizara una reunión extraordinaria urgente  del CEE durante la cual aprobaron, por mayoría, un acuerdo para iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco, situación que podría interpretarse con posibles intenciones políticas, sin el procedimiento legal adecuado y faltando así a lo acordado con el INE, institución que resolvió su investigación hasta el 28 de mayo de 2018”, agregó.

Aseguró que el acuerdo de inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos que lo consideró improcedente, dando vista al INE al determinar dilación en el procedimiento seguido por el Impepac.

Según ella, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE la responsabiliza de esta dilación sin tomar en cuenta que el secretario ejecutivo del IMPEPAC (en ese tiempo Erick Santiago Romero) es la autoridad responsable de elaborar los dictámenes o resoluciones de las investigaciones que están bajo su responsabilidad y de proponer el orden del día de las sesiones del CEE, además de que “teníamos un acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de esperar a que ellos resolvieran, y lo hicieron hasta el 28 de mayo de 2018, determinando que el procedimiento era infundado”.

Como lo mencionamos recientemente en este mismo espacio, nadie le quitará sus méritos a la señora en materia electoral, pero también lo cierto es que –de acuerdo a testimonios de mucha gente que trataba diariamente con ella- es una persona autoritaria, que no aceptaba opiniones en contra ni se dejaba asesorar. Simplemente se cumplió la máxima: lo que se siembra se cosecha.

Ya habrá tiempo de analizar lo que hubo de trasfondo político en esta determinación, pues resulta innegable que ella era o es simpatizante de Morena. Hay un video de una asamblea para la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional en partido político, donde ella sube al atril a emitir su opinión.

Quizás -y es una mera suposición-, ese video le llegó a los integrantes del INE y vieron la forma de vengarse contra el presidente AMLO que los trae en jaque desde que asumió la presidencia.

HASTA MAÑANA.

Mientras que en la mayoría de los municipios de la entidad los alcaldes se truenan los dedos para completar el aguinaldo y apenas pavimentan unas cuantas calles, el presidente municipal de Yautepec “con la mano en la cintura” encarpeta carreteras completas, construye una universidad municipal e inicia los trabajos para un parque infantil en 30 mil metros cuadrados.

El secreto de Agustín Alonso Gutiérrez está en la continuidad. Su padre siendo alcalde adquirió un terreno de más de 15 mil metros para construir la universidad municipal (en realidad un campus de la UAEM). Su hijo, al recibir el gobierno municipal construyó la sede de la casa de estudios y compró otros 18 mil metros cuadrados para iniciar la construcción de un parque infantil que –seguramente- lo terminará o lo administrará su padre cuando le entregue la estafeta nuevamente.

Y es que, actualmente en Yautepec no hay nadie que le haga sombra –políticamente hablando- a los agustines.

“El viernes pasado se les pagó a todos los trabajadores sus 45 días de aguinaldo y el 22 de diciembre se les paga la segunda parte y estamos por iniciar otras tres obras grandes: una de 10 millones, otra de ocho millones y una más de cinco (millones), todos son recursos propios”, presumía ayer el alcalde después de recorrer la Universidad Municipal y el terreno donde se construirá el parque, acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El terreno (que asegura no fue adquirido a ningún familiar ni compadre), costó seis millones de pesos. El parque contará con tirolesa, islas de juegos, foro al aire libre, pista de patinaje, lago artificial y mucho más, explicó Agustín durante el evento en el que hicieron una kermesse para niños y varios ciudadanos hicieron uso de la palabra.

María de Jesús Salcedo, vecina de la colonia Buena Vista, donde estará ubicado el parque, ensalzó el trabajo realizado por el edil e hizo votos porque “algún día tengamos un gobernador nacido en Yautepec”. El comentario no cayó nada bien entre los visitantes, lo mismo que las porras de “Agustín, Agustín, ra ra ra”, aunque al final también le echaron una al mandatario estatal.

 “Reconozco el esfuerzo y suma de voluntades para crear espacios que fomenten el desarrollo de las nuevas generaciones. Este espacio será importante para niños y jóvenes, para que valoren los tiempos que estamos viviendo”, dijo Cuauhtémoc al hacer uso del micrófono.

Al evento asistieron como invitados especiales el presidente de Ayala Isaac Pimentel Mejía, el diputado federal Alejandro Mojica y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien tenía rato de no aparecer en actos públicos. No llegó, a pesar de estar invitada, la secretaria de Obras Públicas.

“Vienen momentos difíciles para quienes aspiramos a un cargo público”, dijo Agustín Alonso al final de su discurso. Y lo repitió mirando a su invitado especial: “Gobernador, vienen tiempos difíciles. Nos van a denostar, nos van a calumniar, nos harán parecer que somos lo peor que le ha pasado a nuestros pueblos, pero los resultados hablan más que las palabras”.

Después de que se retiró el gobernador, Agustín Alonso se quedó a repartir, como lo hace desde hace un buen tiempo, vales de gasolina a taxistas de la localidad, lo que ocasionó una fila de vehículos que parecía interminable y que colapsó el tránsito en el pequeño municipio.

Los taxis traen una leyenda en su medallón: “los taxistas con Agustín Alonso”.  Y no se sabe si se refieren al actual alcalde Agustín Alonso Gutiérrez o al inminente candidato a sucederlo, Agustín Alonso Mendoza. 

Tampoco se sabe por cuál partido. Recordemos que ellos llegaron a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática, ahorita andan “coqueteando” con Morena -con René Bejarano, para ser más específicos- pero si no los toman en cuenta pueden irse por cualquier otro partido. Por eso los taxis portan publicidad a favor de Agustín Alonso en color blanco, rojo y hasta verde.

A pesar de la pandemia, Agustín Alonso no ha cesado de inaugurar obras y de recorrer colonias. El parque infantil tendrá un costo de 13 millones de pesos que salen de los impuestos que pagan los yautepequenses y que dará empleo directo a unos 200 trabajadores.

Lo que ocurre en Yautepec queda para el análisis. Agustín padre le entregó la alcaldía a su hijo (con finanzas sanas, asegura), y ahora –tras una reelección- Agustín hijo le devolverá la estafeta a su padre para que él asuma –por tercera ocasión- la presidencia municipal.

¿Se puede considerar que hay un cacicazgo en Yautepec? ¿Hay cacicazgos favorables o positivos? Eso lo sabremos el 6 de junio del próximo año, cuando los yautepequenses acudan a las urnas a elegir a su presidente municipal y es casi seguro que en la boleta venga Agustín Alonso Mendoza con la promesa de continuar con las obras aquí mencionadas.

Y muy probablemente el nombre de Agustín Alonso Gutiérrez, aquel hombre que contendió por primera ocasión en las elecciones de su pueblo natal San Carlos para ayudante municipal, estará en esta ocasión como candidato a una diputación local o incluso federal. Y de ahí para lo que le alcance.

HASTA MAÑANA.

Desde 2010 a 2019 fueron encontradas 40 fosas clandestinas en el estado, principalmente en los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Amacuzac y Jiutepec, según una investigación independiente realizada por los periodistas Carlos Quintero y Wendy Selene Pérez (ésta última ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2019).

Las fosas clandestinas comenzaron a proliferar tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, en Cuernavaca, y en medio de la pugna por el territorio entre sus colaboradores Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, detenidos en 2010.

La mayoría de las fosas fueron halladas en los años 2010, 2011 y 2014, entre ellas las de Puente de Ixtla. Tan sólo en 2010 fueron desenterrados 36 cuerpos de tumbas clandestinas y los cadáveres exhumados fueron repartidos en los tres Semefo de la Fiscalía de Morelos. Estos, junto con las tres mil 445 víctimas de homicidios, saturaron las tres morgues del estado. Ninguna se dio abasto.

Para tratar de solucionar la saturación, el 28 de marzo de 2014, la directora general de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, Ana Lilia Guerrero Moreira, ordenó que todos los cadáveres no identificados que permanecían en las morgues de la entidad fueran enterrados.

Un total de 119 cuerpos fueron enviados a fosas comunes, incluidos siete que sí habían sido identificados por sus familiares, pero que también fueron desalojados porque -argumentó Guerrero- las cámaras frigoríficas “debían estar limpias”.

Entre los cuerpos iba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven de 31 años que el 3 de junio de 2013 fue hallado muerto y después fue identificado por su familia. Sin embargo, la autoridad ministerial optó por mantenerlo en la morgue hasta obtener una orden de aprehensión contra los responsables. En la espera fue desalojado con el resto y enterrado en un terreno baldío en la comunidad de Tetelcingo. “Fosa clandestina”, acusaron ONGs y el padre Solalinde; “fosa oficial sobre un panteón irregular”, declaró en aquel momento el gobierno.

María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver, obligaron a las autoridades a abrir las fosas para sacar el cuerpo de su familiar, y grabaron aquella polémica escena donde se veía un altero de cuerpos enterrados. Su video –además de provocar un escándalo que llegó hasta las cadenas de televisión norteamericanas- movilizó a familiares de personas desaparecidas de Morelos y de otros estados del país que presionaron hasta que se abrieran esas fosas ilegales.

En agosto de 2016, tras 12 días de exhumaciones en el que integrantes de colectivos de víctimas supervisaban los hallazgos, se descubrió que el Estado –gobernado entonces por Graco Ramírez- había enterrado 119 cadáveres fuera de cementerios: 34 sin investigación penal de su homicidio y 13 sin necropsia. Tres eran cuerpos de niñas.

Pronto se supo que las irregularidades no sólo ocurrieron en Tetelcingo, también en Jojutla. En marzo de 2016 en dos fosas de Jojutla fueron enterrados 84 cuerpos en las mismas condiciones. Los trabajos de exhumación nunca se completaron. Sólo dos exfuncionarios han sido vinculados a proceso, ninguno de sus superiores ha sido procesado.

En 2016, pese a las protestas de las familias de víctimas, seguían las prácticas deficientes y los errores. Ese año la agente del Ministerio Público Monserrat Castañeda encabezó un equipo especial - integrado por peritos en identificación humana, medicina, antropología, odontología forense, criminalística, química y fotografía de la Fiscalía Regional Oriente, y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)- para hacer un inventario de cuerpos.

Al revisar la morgue de Cuautla, el grupo especial encontró cuatro cadáveres desconocidos que no tenían registro oficial, entre ellos un esqueleto anónimo dentro de una bolsa naranja y la leyenda “PGR SIEDO”. Descubrieron que en cada plancha metálica, con cupo para un cuerpo, habían sido acomodados cuatro de costado para aprovechar el espacio. Otros cadáveres estaban apilados en el piso de la misma cámara de nueve metros cuadrados.

Durante seis años el cadáver de la bolsa color naranja había permanecido en “el limbo”, abandonado en la cámara frigorífica de Cuautla, hasta que el 17 de febrero de 2016, la agente del MP Monserrat Castañeda Delgado lo descubrió y comenzó a hacer las investigaciones para saber cómo había llegado hasta ahí.

Fue así como arribaron a la conclusión de que ese cuerpo era uno de los que se habían encontrado en una fosa clandestina en un campo de cultivo denominado ‘Paraje Alto’, ubicado a cinco kilómetros al norte de la carretera federal Puente de Ixtla-Amacuzac, el 8 de septiembre de 2010.

En aquella ocasión, todo el operativo lo organizó la extinta Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tras la exhumación de los cadáveres éstos fueron repartidos en diferentes anfiteatros, y uno de éstos simplemente “se les perdió”.

El “cadáver olvidado por la PGR”, resultó ser Julio N, un veinteañero con dos hijos que trabajaba en el área de Servicios Generales del Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román”.

Julio salió ese día (16 de noviembre de 2009) a las cuatro de la tarde, dijo a su esposa que al rato regresaba pero ya nunca volvió. La madre confirmó que Julio llegó a su casa, “de entrada por salida”, después abordó su vehículo. Pronto ella se preocupó, y en su denuncia diría: “Le marcaba a su celular, sonaba y me mandaba al buzón, esto fue durante dos días”.

Una semana después, el 23 de noviembre de 2009, presentó la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía de la Región Sur Poniente.

Un agente del Ministerio Público integró el expediente de desaparición con la declaración de la esposa y la madre de Julio. En ocho años, ninguna autoridad, estatal o federal, realizó a la familia una prueba para tener su perfil genético. La madre y la nuera emprendieron la búsqueda sin obtener respuesta de la Fiscalía.

En los años de espera doña Martha –nombre ficticio- buscó a su hijo Julio hasta que enfermó de diabetes y perdió la vista. En un último esfuerzo, el 9 de junio de 2018, acudió a la fiscalía de Jojutla tras enterarse de la exhumación de 84 cadáveres de las fosas del gobierno. Tenía la esperanza de hallarlo entre los cuerpos.

Presentó una segunda denuncia ante un agente del Ministerio Público y éste ordenó que le tomaran una muestra biológica para confrontarla con los datos de cuerpos no identificados desenterrados de Tetelcingo y Jojutla, y los ingresados en el inventario de 2016.

El 4 de diciembre de 2018 la fiscalía confirmó mediante confrontas de ADN que aquel cadáver olvidado del que ninguna fiscalía quiso hacerse cargo, era Julio, el hombre desaparecido una década atrás y que su esposa y su madre habían buscado en todas las instituciones de procuración de justicia.

Cinco meses después de hallar los restos de Julio, la madre de 60 años falleció víctima de covid-19 sin conocer la justicia, ni por el asesinato de su hijo, ni tampoco por la negligencia de las autoridades que tenían la obligación de buscarlo.

 Ningún servidor público estatal o federal ha sido investigado pese a que por las irregularidades en la custodia del cuerpo de su hijo se abrió la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1773/2016.

Lo anterior es un resumen del reportaje de investigación realizado por Carlos Quintero y publicado en diversos medios nacionales bajo el título de “De fosa en fosa, de anfiteatro en anfiteatro, las fiscalías se desentienden de sus cadáveres”.

La historia de Marcos Zapotitla Becerro debe ser tomada como ejemplo de lo que le puede suceder a una persona que viene desde abajo, que escala posiciones a base de traiciones, que cambia su forma de vida de un extremo a otro, y que su propia soberbia lo hace perderlo todo.

El todavía diputado debe ser tomado como ejemplo de superación personal, pero también debe quedar como muestra de lo que no deben hacer todos esos nuevos políticos que están llegando a legislatura y alcaldías como consecuencia de la llamada“ola morena”. “El que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver”, es el refrán popular que aplica perfectamente para Marcos y muchos otros.

Originario del poblado indígena de Tetelcingo y con raíces autóctonas de padre y madre (de hecho, hubiera tenido su lugar apartado en las próximas elecciones gracias a las modificaciones legales impulsadas por doña Isabel León Trueba en favor de los derechos indígenas) Marcos Zapotitla se abrió paso en una sociedad clasista y logró ser técnico en contabilidad.

En su currículum que aparece en la lista de funcionarios de Morena en 2017 dice estar “cursando licenciatura”. En otra ficha personal, también de Morena, asegura haber sido “promotor de las actividades de Resistencia Civil Pacífica, en la Convención Nacional Democrática, el Gobierno Legítimo, la Consulta sobre la Reforma Energética y en las coaliciones electorales Por el Bien de Todos y Movimiento Progresista, mismas que postularon a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial”. Todo un activista de izquierda pues.

Es el diputado cuautlense Francisco Rodríguez Montero el que lo invita a trabajar como su auxiliar en el Congreso local y ahí conoce al también diputado Raúl Iragorri Montoya, quien habría de ser su mecenas en los siguientes años.

El oriundo de Tetelcinco se convirtió en el “brazo derecho” del empresario automotriz y ambos vivieron muy de cerca el proceso de nacimiento del partido Morena. Fue gracias a los oficios de don Raúl que es designado secretario de organización de ese instituto político en 2015.

De hecho, la candidatura de Zapotitla a la diputación local por el séptimo distrito electoral fue considerada una posición de don Raúl Iragorri, donde él tuvo que ceder a sus pretensiones de ser candidato a senador.

Lo que no se imaginaba Iragorri Montoya es que, llegando a la diputación, el indígena (dicho con todo respeto), lo desconocería no sólo a él, sino al partido que lo llevó al triunfo, pasándose al Partido Encuentro Social (PES) a las primeras de cambio.

Ahí quedó toda la ideología de izquierda que había defendido Zapotitla a lo largo de su trayectoria política. La justificación que encontró lo salvó: “el PES es un partido de cristianos y yo profeso la religión cristiana, y además ambos partidos postularon a López Obrador. 

Pero más allá del cambio de partido, lo que fue más notorio fue su transformación física del oriundo de Tetelcingo. Los que lo conocieron de huaraches cuando ayudaba al diputado Rodríguez, ahora lo vieron llegar con zapatos de cuatro mil pesos.

Y los que lo vieron trasladarse en un Tsuru que le prestaba Don Raúl, no lo reconocían cuando lo vieron llegar en un Kia nuevecito y después a bordo de una camioneta Suburban. Cadenas de oro, esclavas, anillos, relojes de las mejores marcas y lentes de prestigiadas firmas se incorporaron a su atuendo rutinario. 

Aquel hombre sencillo que conocieron en el vetusto edificio de Matamoros, sonriendo servicial mientras cargaba un portafolio descarapelado, hoy estaba convertido en un auténtico “dandy”, con trajes sastre aunque sin corbata porque nunca se acostumbró a usarla.

Lo que hemos dicho muchas veces en este espacio: no se critica para nada el que una persona venga desde los más bajos estratos sociales y alcance posiciones muy altas en cualquier ámbito, lo que se critica es su cambio de personalidad, el trato hacia sus subordinados como si nunca hubieran sido pobres.

En el caso de Zapotitla, después de ser él mismo un eficaz auxiliar administrativo que escribía a máquina, tomaba recados y manejaba su vehículo, ahora resulta que requería una persona que le realizara cada una de esas actividades.

“Hermano, ¿no tienes una persona que me ayude a manejar mi vehículo? Es que no puedo manejar y contestar el Whatsapp al mismo tiempo”, le dijo al pastor de su iglesia cristiana, Jonás Trujillo.

“Sí hermano, casualmente tengo una sobrina que te puede ayudar en todo eso”, le contestó el líder religioso que aparece en un video defendiendo al diputado.

No se imaginaba Marcos Zapotitla que estaba tomando una de las peores decisiones de su vida. La otra fue haber acudido a aquella reunión con los integrantes de la Legislatura en un restaurante de la colonia Acapantzingo aquel 6 de julio del 2020 del que salió a altas horas de la noche.

Fue hasta dos semanas después que se enteró que había una denuncia en su contra por el delito de violación. Entrar en detalles sobre el modo en que ocurrieron los hechos podría ser considerado un acto de “revictimización” en agravio de la denunciante.

Sin embargo, el diputado Zapotitla ha sido objeto de un linchamiento no solamente en los medios de comunicación, sino al interior de la legislatura de la que es integrante. Al grito de “no es legal, es moral”, las legisladoras lo obligaron a abandonar el recinto cuando participaba en la última sesión, y bajo esa amenaza tampoco participó en las subsecuentes. 

Habría que aprendernos muy bien esa frase acuñada por las diputadas. Quizás la podamos aplicar próximamente con cualesquiera de los 20 miembros de la actual legislatura, que jurídicamente pueden ser inocentes, pero en el terreno de lo moral podrían salir muy mal parados.

Desde nuestro particular punto de vista la acusación contra Zapotitla es endeble lo mismo que el proceso de desafuero que contempla muchas “lagunas” que pueden ser aprovechadas por el diputado para mantenerse en el cargo por lo que resta de la legislatura.

Sin embargo, políticamente está acabado. Traicionó al PRD, traicionó a don Raúl Iragorri, traicionó a Morena y hoy no tiene quien lo respalde. Al principio lo intentaron apoyar desde el PES-Gobierno, incluso le pusieron a los mejores asesores legales, pero el diputado indígena salió soberbio y hoy está solo.

El único camino que le queda es esperar a que termine la legislatura justificando sus ausencias y salir por la puerta de atrás para regresar a su pueblo, si es que lo admiten.

HASTA EL LUNES.

Bien dice el dicho que “cuando las comadres se pelean salen las verdades”. Aplica perfectamente entre los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de Morelos porque sus peores enemigos son ellos mismos.

Y decimos esto porque recientemente el ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, Jorge Meade Ocaranza, publicó un artículo en el portal “Avance de Morelos” de nuestro amigo José Luis García Tapia, en el que hace importantes revelaciones sobre sus mismos compañeros de partido.

Algo que para quien esto escribe resultó una novedad, es conocer cómo llegó Jorge Morales Barud a la gubernatura del estado a la salida de Jorge Carrillo Olea, es decir, quién lo recomendó.

“Siendo dirigente del PRI en Morelos y Luis Donaldo Colosio, presidente del Comité Nacional del Partido, durante una reunión, el sonorense pidió que buscáramos a Jorge Morales Barud, estudiante entonces del Tecnológico de Monterrey al que Colosio le guardaba consideración, dando inicio la carrera partidista de quien llegara a ser Gobernador de Morelos, designado por el Congreso del Estado debido a la separación del cargo del Gobernador Jorge Carrillo Olea”, escribió.

Recordemos que Jorge Morales pasó de ser presidente del Comité Municipal del partido en su natal Puente de Ixtla, hasta la presidencia del PRI en Morelos y de ahí a la gubernatura. Esto, en una etapa de una gran apertura a los jóvenes por parte del gobernador Antonio Riva Palacio.

Agrega Jorge Meade que del año 1998 al 2000, Morales Barud encabezó el gobierno de la reconciliación; un Estado con una población molesta, muy joven asumió el cargo, “demasiado joven” dirían, Jorge Arturo García Rubí lo acompañó como Secretario de Gobierno, y el propio articulista fue secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Posteriormente, en el 2012 participa como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, ganando la elección Morales Barud y perdiendo Amado Orihuela la gubernatura. Cuernavaca la ganó el PRI.

Afirma el ex presidente de la Federación de Estudiantes que en la región sur del Estado han surgido mujeres de lealtad y compromiso partidista como Emma Victoria Campos, de Tlaquiltenango, y Laura Ocampo, ambas ex-legisladoras, mujeres de lucha y de mayor trayectoria.

En el 2018, Amado Orihuela y Rosalina Mazari buscan la candidatura a la gubernatura; Amado Orihuela -con su permanente reclamo que lo negociaron-, Matias Nazario incluso otro aspirante corrió la versión que ya era el candidato y su buena relación con los medios lo permitía.

“De no ser candidato a Gobernador, Amado insistía en ser Diputado Plurinominal al igual que Rosalina Mazari; el primero (quien era Amado), no llegó pero negoció toda clase de concesiones fuera y dentro del PRI; luego se suma al PRD en una parte y negocia con el PES y MORENA sus espacios en su región: todos pierden menos él”, suelta Jorge.

Asegura que Amado Orihuela le pone a Jorge Argüelles a su disposición su estructura para ser Diputado Federal por Jojutla, sin conocer el municipio y una de las regiones más devastadas por el sismo del 19 de septiembre.

Luego, Rosalina Mazari es candidata a diputada plurinominal local “y como candidato a Gobernador tuve que ver con la decisión, dejando por mi intervención en el camino a Maricela Velázquez y a Rocío Carrillo”, afirma.

Producto de las maniobras de Amado Orihuela en el municipio de Puente de Ixtla, (que dejó al PRI sin candidato), se acepta que el hermano de Rosalina sea candidato a presidente municipal.

Era Jorge Morales Barud en ese momento, el único actor político que les competía por presencia y liderazgo en la región dentro del PRI a Amado y Rosalina, quienes se han convertido en caciques de la zona; no se quieren pero los unió el ánimo de que Jorge Morales no ganara.

“Ganó Amado Orihuela con todas las posiciones que le dio el PRI y sumado a estas las del PES, que hizo a Jorge Arguelles diputado; negoció con Cuauhtémoc Blanco y recibió recursos económicos de todos”, aseguró Jorge Meade en su artículo.

Rosalina Mazari ganó y se convierte en diputada, su hermano pierde Puente de Ixtla, pero la primera negociación de la Diputada Mazari, es hacer a su hermano rector de la Universidad Politécnica (UPEMOR).

“Jorge Morales Barud perdió y lo ayudaron priistas de su región a perder; ni Amado ni Rosalina desearon contrapesos en su región”, reitera.

Agrega que hace unos días, Amado fue al PRI para ver su espacio y unos días antes estuvo en un evento de otro partido donde le levantaron la mano como su candidato.

Por otro lado, la diputada Mazari es líder de las mujeres priistas y es la fecha en que no se tiene registro de su participación para exigir un alto a los feminicidios, o se cumpla con la Constitución de los espacios a las mujeres en el gabinete.

“En este sentido, ella preside la Comisión de Hacienda del Congreso y si hay algo de lo que nos podemos dar cuenta, es que es ruda con los presidentes municipales y benévola en las cuentas públicas del Gobernador”, acota.  En el PRI, ambos gritan y exigen democracia, espacios pero ante el gobierno son los mejores colaboradores, todo lo que tienen se lo deben al PRI y poco aportan.

Hasta ahí lo escrito por Jorge Meade en “Avance de Morelos”, en donde hace pedazos a sus compañeros de partido.

Pero habría que preguntarle a César Cruz Ortíz qué es lo que piensa de Jorge Meade Ocaranza. El ex presidente municipal de Temixco se ha convertido en el principal crítico del actual delegado del PRI en Veracruz y siempre que puede le reclama que durante su campaña a la gubernatura hubo dos asaltos en condiciones muy extrañas.

Así son los del PRI. Son como aquellos cangrejos que no requieren que tapen la cubeta donde están guardados porque ellos mismos se encargan de jalarse unos a otros para que no sobresalga nadie.

¿Así como quieren salir del cuarto lugar que quedaron en las elecciones del 2018?

HASTA MAÑANA.

Cuando a mediados del mes de marzo el semáforo rojo nos obligó a resguardarnos por órdenes de la Secretaría de Salud, muchos de los aspirantes a cargos de elección popular lo vieron como una ventaja. “Así menos gasto, me guardo unos meses y a finales del año, cuando la pandemia haya pasado, salgo con todo en busca del voto”, pensaron.

Sin embargo, a siete meses y 26 días de que se llegue la hora de votar (el 6 de junio del 2021), no se ve para cuándo venga la esperada “curva de descenso” prometida por el doctor López Gatell, más bien se teme que haya rebrotes en todo el país.

Según el último comunicado de la Secretaría de Salud en Morelos, siete mil 184 personas han sido confirmados con coronavirus COVID-19, 144 están activas, descartado ocho mil 870 y están como sospechosas 969; se han registrado mil 348 defunciones, nueve de ellas en las últimas 24 horas.

Los suspirantes están preocupados. Ciertamente se pueden tomar infinidad de medidas para evitar los contagios en los eventos proselitistas, pero eso no garantiza que no pueda ocurrir un brote del multicitado virus.

Imagínense una persona fallecida por haber acudido a un mitin en favor de tal o cual candidato. Sería terrible para sus aspiraciones políticas.

Recordemos que la política electoral (al menos desde el punto de vista del Marketing Político) se basa en la química que pueda generarse entre el candidato y su posible votante, pero ¿cómo se va a conseguir eso si el o la aspirante va a llegar con la cara cubierta y sin estrechar la mano de la gente?

En días pasados recibimos la lamentable noticia de que un funcionario del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), falleció a causa del covid 19. ¿Dónde se contagió? ¿A cuántos más pudo haber afectado? ¿Cuántos más pueden fallecer de aquí al día de la elección? Son algunas preguntas que surgen. 

El proceso electoral para renovar el comité directivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo puede ser un referente de los diferentes escenarios que podríamos tener en las elecciones intermedias en junio del próximo año. La actual lideresa, Denia Torres Rivera declaró: “la situación está complicada en cuanto al tema del covid, hay rebrotes y yo no voy a ser responsable de que el gremio se contagie y poner en riesgo la vida de los trabajadores y de sus familias”, al tiempo de acusar de irresponsables a los aspirantes que ya quieren comenzar el proselitismo con miras a la elección del 30 de noviembre.

Recientemente leí un artículo del abogado Marco Antonio Mastache Espinosa en el que se cuestiona precisamente qué derecho vale más, el derecho a elegir o el derecho a la salud.

“En tiempos complejos, como los que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, es necesario tomar decisiones difíciles. Una de esas decisiones es qué hacer con el proceso democrático. Según el Índice de Democracia de The Economist, 76 países en el mundo son democracias, ya sean plenas (full) o imperfectas (flawed). Por lo tanto, esta cuestión está surgiendo fuertemente en al menos 76 gobiernos, que tienen que decidir si posponer o celebrar elecciones en circunstancias extraordinarias”, dice el artículo.

Una extensa publicación del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) titulada «COVID-19 y la democracia», analiza las decisiones e implicaciones de la celebración de elecciones durante la pandemia. En ella se destacan 18 países y territorios que «han decidido celebrar elecciones nacionales o internas como se había previsto originalmente», y 50 que «decidieron posponerlas» (IDEA, 2020).

Entre los que celebraron elecciones en marzo o abril de 2020, según los expertos de IDEA mencionan países como Francia, Alemania, Suiza, Australia o Israel. Algunos de ellos, como el caso de Francia, comenzaron con una primera vuelta estándar de elecciones locales el 15 de marzo para terminar posponiendo la segunda vuelta indefinidamente hasta que el futuro se clarifique. Otros, como el caso de Alemania o Suiza, convirtieron sus elecciones de la segunda vuelta en voto postal únicamente. De esta manera, aseguraron que no se trasladara ningún riesgo de transmisión a los votantes, como podría haber ocurrido en los colegios electorales.

Este comportamiento fue tendencia en meses anteriores, ya que, Malí (elecciones parlamentarias, segunda vuelta), Polonia (elecciones presidenciales que se celebraron únicamente por correo postal), Tasmania, Australia (elecciones al consejo legislativo), Islandia (elecciones presidenciales), Mongolia (elecciones parlamentarias), Nueva Zelanda (elecciones generales y referendos), Lituania (elecciones parlamentarias) están manteniendo las fechas originalmente previstas a pesar de las preocupaciones relacionadas con el covid-19. En Estados Unidos (E.E.U.U.), se celebraron varias elecciones primarias en abril y mayo mediante voto postal únicamente, antes de las votaciones del pasado 3 de noviembre con los resultados ya por todos conocidos.

Diferentes expertos se han manifestado sobre el hecho de que tanto «seguir adelante con una elección [como] retrasar una elección conlleva riesgos, no sólo para la salud pública, sino también para la democracia» (Hollingsworth y Seo, 2020).

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el proceso electoral 2021 será atípico totalmente. Ya no veremos los jaripeos ni las funciones de lucha libre gratuitas (aunque algunos irresponsables sí son capaces de organizarlas con tal de ganar adeptos) y muy probablemente tendremos un porcentaje de participación todavía más bajo que en años anteriores, pues ahora pesará también el temor a resultar contagiado el día de las votaciones.

Pero esa no es una desventaja para todos los políticos. Mientras se alcance el número necesario para que se declare válida la votación, entre menos salgan a emitir su sufragio mejor para aquellos que están acostumbrados a pagar por él y acarrear votantes el día de la elección.

También, desde nuestro punto de vista, las votaciones en tiempos de pandemia beneficiarán a aquellos que hayan participado en procesos anteriores en una campaña bien hecha casa por casa, ya que en esta ocasión solamente requerirán fortalecer su estrategia a través de las herramientas de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Quienes piensen que sólo por tener varias cuentas en Facebook y muchos “likes” cada vez que “postean” algo tienen asegurado el triunfo, se llevarán un chasco.

HASTA MAÑANA.

Aunque el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) ha establecido los plazos legales que habrán de regir el proceso electoral 2021, en los hechos ayer hubo cuatro acontecimientos que marcan el inicio de la carrera por la presidencia municipal de Cuernavaca.

El primero de ellos fue la conferencia de prensa ofrecida por las dirigencias de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario (erróneamente en el mismo restaurante que Rodrigo Gayosso usaba como centro de operaciones) con la presencia del diputado federal Jorge Argüelles Victorero y –por primera vez en público- Ulises Bravo, así como el ex delegado de bienestar social y ahora ya con camiseta partidista, Hugo Erick Flores.

En este evento, Hugo Erick Flores fijó la posición del partido gobernante con respecto a los tres poderes y “no dejó títere con cabeza”. Prácticamente dijo que tenemos la peor legislatura del país y de la historia, con diputados con los que no se puede trabajar porque cada quien quiere “llevar agua para su propio molino”.

Por lo que respecta al Poder Judicial, no sabemos cuáles sean sus fuentes o sus parámetros, pero también dijo que hay un “poder judicial debilitado y sin compromiso social”. Al fiscal Uriel Carmona lo tachó de estar haciendo política en lugar de procurar justicia y a los morenistas los acusó de andar poniéndole piedras en el camino al gobernador.

“Encuentro Social Morelos tiene como objetivo convertirse en la fuerza social con mayor representación política en el estado bajo una sola agenda: poner el bienestar de las personas por encima de todos los intereses, y en mi calidad de presidente no dudaré un segundo en mantener siempre vigente este criterio”, argumentó por su parte el diputado federal y presidente del PES en Morelos, Jorge Argüelles Victorero.

El otro hecho que marca el inicio de la carrera electoral por la alcaldía de Cuernavaca fue la reunión que sostuvieron antes de ese evento ahí mismo en Anticavilla, los tres ya mencionados con el ex candidato a presidente municipal por el PAN, Javier Bolaños Aguilar y con el ex diputado federal por ese mismo partido, Juan Pablo Adame Alemán.

No sabemos si lo hicieron premeditadamente, pero a final de cuentas el mensaje fue entendido por propios y extraños: Bolaños podría ser el candidato a alcalde de Cuernavaca por el PES. Entrevistados por separado, tanto el veracruzano como los dirigentes del PES no lo afirmaron, pero tampoco lo descartaron.

Y los panistas fueron claridosos: “En este estado es más fácil reunirse con los dirigentes de otros partidos que con los nuestros”, en obvia referencia a los hermanos Terrazas que tienen “secuestrado” el instituto político blanquiazul y este mismo fin de semana estuvieron en la colonia Antonio Barona inaugurando la pavimentación de una calle. Es decir, que siguen empecinados en que Terrazas (recordemos que sus nombres de pila y primer apellido no aparecen en sus promocionales por estrategia de marketing) sea el candidato del PAN.

Casi al mismo tiempo, el fundador y representante legal del Partido Movimiento Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes Sotelo, daba la noticia de que, “después de mucho rogarle, Matías Nazario aceptó afiliarse al MAS”, y que muy probablemente también acepte ir de abanderado por ese partido para buscar la presidencia capitalina.

Por otro lado, el pasado sábado en Las Quintas se llevó a cabo la asamblea mensual de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, y su presidente, José Luis Urióstegui Salgado, fue entrevistado por algunos medios de comunicación sobre su participación en las elecciones de junio del año próximo, sobre todo cuando había trascendido que varios partidos políticos le habían ofrecido sus siglas para buscar por tercera vez la presidencia de Cuernavaca.

 “No podría regresar a ser candidato de partido, cuando hemos iniciado un trayecto en la candidatura independiente, por considerarla más legítima y cercana a la población”, contestó a los reporteros que lo cuestionaron.

Recordó que en la elección pasada su asociación civil rechazó los recursos públicos que por ley le correspondían, “porque estimamos que los recursos que se canalizan a los partidos dejan de utilizarse para resolver problemas sociales. La creatividad de cada uno de los contendientes será vital para poder llegar a la población. La mejor forma de acercarse a la gente no es a través de spots, sino con un contacto directo, esta obligación va a generar una mayor cercanía y conocimiento de la problemática”, acotó el abogado.

Así las cosas, a medida que se acerca la jornada electoral, se va definiendo quienes son los que habrán de buscar el lugar que hoy ocupa (con muchas dificultades), Antonio Villalobos Adán, quien suponemos habrá de buscar la reelección bajo las siglas del Partido del Trabajo.

En días pasados, el popular Rafael Cepeda Aguilar le organizó una comida al ex diputado federal y local priísta, Paco Moreno Merino, quien prácticamente “se destapó” como firme aspirante a la candidatura con una frase que nos llamó la atención: “Soy un perro ya muy pateado”.

 En las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) todavía no se ponen de acuerdo y suponemos que lo consultarán con su máximo Mesías, quien habrá de enviarles una señal como en los viejos tiempos del priísmo. Una pista: todos los días hay reuniones en el restaurante “Casa Manzano” de la avenida Teopanzolco.

Y por si no fuera suficiente con esos candidatos, surge al que yo llamaría “el candidato del Facebook”, Edgar Vargas Santiago, un personaje que ha hecho de esa red social su principal instrumento de proselitismo, y que en estos tiempos de pandemia, podría ser determinante para definir la elección del 2021. Hasta este momento es independiente, pero hay tantos partidos políticos buscando candidatos, que en una de esas acepta la oferta de algunos.

Otros que suenan: Antonio Sandoval, Juan Pablo Rivera, Gilberto Alcalá, Jorge Arizmendi, Maricela Velázquez, Francisco Santillán, Raúl Iragorri… y los que se acumulen esta semana.

De todos modos no se preocupen: en esta ocasión hay partidos políticos hasta para aventar para arriba.

HASTA MAÑANA.

Denia Torres Rivera, secretaría general del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales (STPEEPyOC), está recurriendo a todo tipo de “marrullerías” para mantenerse en el cargo a pesar de que el 31 de enero próximo deberá entregarle la estafeta a su sucesor o sucesora. Su justificación sigue siendo la pandemia del covid, por lo que está dispuesta a “sacrificarse” y quedarse en el puesto hasta que ya no haya peligro de contagio.

En marzo pasado publicamos en este mismo espacio que la actual mesa directiva pretendía llevar a cabo una asamblea que tenía como punto central la reforma de sus estatutos, misma que estaba programada para el tres de abril, pero no se llevó a cabo porque entró la prohibición de realizar actos masivos.

Nos filtraron el documento que pretendía presentar la dirigente como propuesta de reformas, y que en su artículo 13 contemplaba que  “los integrantes del Comité Ejecutivo podrán participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa, para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo entrante”, y en artículo 14 lo recalca al señalar que “el secretario general que haya desempeñado, cumplido o concluido el cargo encomendado, podrá participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo”.

Sin embargo, esa reforma de los estatutos no se pudo llevar a cabo por la contingencia sanitaria, cuando entramos al semáforo rojo y fue suspendida toda actividad. Aun así, la lideresa insistía en no convocar a elecciones (algo parecido a lo que hizo Christian Velasco en la Barra de Abogados) argumentando que no había condiciones.

Pero los trabajadores del gobierno insistieron en que sí se llevara a cabo la elección el 30 de noviembre, como lo marcan los estatutos. Pusieron como ejemplo el proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde el pasado 10 de julio reeligieron a Martín Esparza para otro periodo que concluye el 2025.

Contra su voluntad, Denia Torres lanzó la convocatoria y se inscribieron cuatro planillas, pero sólo dos cumplieron con todos los requisitos. Se demostró que Jorge Iván Sánchez González, quien encabeza la planilla Plata, era empleado de confianza en 2016 y no trabajador de base como lo establecen los estatutos.

Ahora el problema es que Denia Torres se niega a hacer los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración para que se inicie el periodo de proselitismo. El pasado 5 de noviembre, delegados del sindicato le entregaron un oficio en el que le exigen convocar a una asamblea extraordinaria a fin de que se señalen las fechas de inicio y término del periodo de proselitismo, “en virtud de que a la fecha no hay pronunciamiento de su parte”.

Su respuesta fue a través de un audio de Whatsapp en el que reiteró que “la situación está complicada en cuanto al tema del covid, hay rebrotes y yo no voy a ser responsable de que el gremio se contagie y poner en riesgo la vida de los trabajadores y de sus familias”.

Agregó que las planillas participantes tienen la libertad absoluta de hacer proselitismo desde el día siguiente en que fue anunciado su registro sin necesidad de que la dirigencia se los autorice ya que los estatutos no establecen que el comité directivo les tenga que dar permiso para irse a campaña.

“Ante las autoridades pueden pedir su permiso y pueden irse desde el día de mañana a campaña (…) pero yo no voy a ser copartícipe de una situación cuando estamos a un punto de volver a un semáforo naranja y si la responsabilidad la asumen ustedes hagan su proselitismo”, se escucha en el audio.

Lo que dicen los trabajadores es que, efectivamente los estatutos no marcan que la dirigente tenga que emitir un documento marcando el periodo de proselitismo, pero tradicionalmente es el comité directivo el que le comunica a la parte patronal (secretaría de Administración) a fin de que se otorguen los permisos respectivos para ausentarse de sus centros de trabajo, pues tres faltas consecutivas son causa de baja.

De acuerdo a un sondeo realizado entre trabajadores de las instituciones que abarca este sindicato, quien tiene mayores posibilidades de levantarse con el triunfo es la Planilla Naranja que encabeza Santiago Muñoz y que ya en una ocasión estuvo muy cerca de convertirse en el dirigente de los burócratas en el 2014.

Quizás a ello se deba que tanto el Comité Directivo, como las planillas descalificadas, han comenzado una “guerra sucia” en su contra. Santiago Muñoz Nava se ha convertido en el candidato a vencer en la elección del próximo 30 de noviembre porque hoy encabeza las preferencias al interior de los centros de trabajo.

Pero también representa (tanto él como su equipo de trabajo) un peligro para sus antecesores, Daniel Hernán López Rodríguez (2012-2015) y Denia Torres Rivera.

En el caso del primero, tiene una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la carpeta de investigación FECC/031/2019-3 que en cualquier momento puede ser judicializada.

Y por cuanto a Denia Torres, ella llegó al cargo todavía con la bendición del anterior secretario de Administración, Alberto Barona Lavín (hoy flamante notario), con la encomienda de garantizar que entrara alguien que no le provocara problemas en la recta final del sexenio de Graco Ramírez.

A la todavía secretaria general le preocupa que llegue alguien que no sea de su grupo a revisar sus cajones, por eso esgrime el argumento de la pandemia para no soltar “el hueso” y acusa a los delegados que piden su relevo de ser unos irresponsables.

Recordemos que la opacidad ha sido su sello característico del actual comité directivo del Sindicato, pues es el único sujeto obligado que en alrededor de 30 ocasiones ha contestado al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) con una declaratoria de inexistencia de información.

Esperemos que la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, emita un pronunciamiento con el que dé tranquilidad a las planillas que buscan hacer proselitismo con miras a las elecciones del próximo 30 de noviembre, pero temen que sea una trampa de la todavía dirigente sindical para permanecer en el cargo.

HASTA MAÑANA.

Después de varios meses, anteayer volvimos a la “Ciudad Judicial” de Atlacholoaya y estuvimos en varias audiencias del nuevo sistema de justicia penal en calidad de espectadores. La jornada estuvo variadita y nos permitió arribar a diversas reflexiones sobre la impartición de justicia en Morelos.

Nuestra primera percepción es que ha cambiado positivamente el trato en los tribunales orales. No sabemos si es por el regreso de Rubén Basurto como administrador del complejo judicial o el relevo en la presidencia del Poder Judicial, pero se respira un ambiente diferente.

Por la pandemia no se permite la entrada del público a las salas de audiencia, pero sí a la prensa. Ya no hay restricciones para el desempeño de nuestro trabajo (salvo un encargado de sala que al parecer es nuevo y que nos advirtió: “no pueden anotar nada eh”).

Lástima que nunca funcionó el sistema que pretendía publicitar en una pantalla instalada en la sala de espera, los nombres de los imputados y de los jueces, así como los delitos a juzgar por horario y número de sala, lo que habría sido “la cereza del pastel” en materia de transparencia.

10:30 am. Sala 3. Preside el Juez Martín Domínguez Casarrubias. La audiencia tiene como finalidad calificar la detención de una persona acusada de asaltar una tienda de conveniencia en la avenida Palmira. Es un cargador del mercado de aspecto humilde que dice tener una hija a la que le pasa mil pesos mensuales de pensión.

El informe policiaco refiere que al ir circulando por Humboldt recibieron el reporte de que acababan de asaltar el Oxxo de Palmira, por lo que llegaron inmediatamente, subieron a la patrulla al empleado de la tienda y se fueron a buscar a los dos asaltantes. Ubicaron a un sujeto con las características descritas pero sin el arma ni el dinero.

El juez consideró que no hubo flagrancia en la detención, por lo que decreta la libertad del detenido que al parecer ya ha tenido otros ingresos al Penal. El tema es polémico y se presta para un análisis posterior sobre la llamada “puerta giratoria”.

11:00 am Sala 5. Preside el Juez Daniel Rodríguez Apac. Es una audiencia para formular imputación por el delito de uso de documento falso. Los nombres son muy conocidos pero no los vamos a poner aquí porque uno de los involucrados tiene una extraña compulsión de demandar por daño moral a todo aquel que se atreva a publicar su nombre. La audiencia no se lleva a cabo porque los imputados (hermanos gemelos) le dicen a los empleados del hotel de su propiedad que cuando llegue cualquier notificador les digan que no los conocen, por lo tanto no pudieron ser emplazados.

No obstante, el intento de audiencia nos permite comparar cómo se juzga a una persona pobre (el cargador del mercado) y cómo se pelean los millonarios en tribunales. El ofendido o víctima llega con dos abogados impecablemente vestidos que seguramente cobran por hora, y los imputados estarán gastando miles de pesos también para “chicanear” el asunto, un asunto que, lamentable y tristemente, es entre un padre y sus dos hijos.

11:30 am. Sala 1. Preside la jueza María Luisa Rodríguez Cadena. Los datos publicados en la relación de audiencias nos llama la atención de inmediato: JC/196/2020, Ejercicio indebido del Servicio Público, Formulación de Imputación en contra de Blanca Estela Almazo Rogel, Fátima Dayana López Castañeda, Lucero Campos Mercado y Patricia Izquierdo Medina. 

La única que llega acompañada de su abogado es Lucero Campos Mercado. Las demás no se presentan pero no es necesario, pues la fiscal anuncia que va a retirar la imputación “por así convenir a sus intereses”. 

Preguntamos por aquí y por allá y obtenemos la información: se trata del caso de unas viviendas que debían ser construidas con recursos federales, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Blanca Almazo Rogel, con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que dirigía Patricia Izquierdo, mismas que serían destinadas a personas de escasos recursos afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Las investigaciones fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción pero de última hora decidieron retirar la imputación porque quieren “amarrar bien” el asunto para que no se les caiga. Pero sí, la licenciada Blanca Almazo, ex titular de Sedeso, se suma a la lista de ex funcionarios de Graco Ramírez que están a un paso de la cárcel.

12:00 am. Sala 4. Preside la jueza Lorena Becerra Arroyo. Ejercicio indebido del servicio público. Imputados: América Elizabeth Díaz Mendoza, Daniela Albarrán Domínguez, Janet de la Luz Cortéz, María Cristina Rodríguez Montes, Ruperto Ángel Dirzo Muñoz y Salvador Solano Díaz.

Este asunto lo publicamos en La Unión de Morelos el 9 de diciembre del año pasado bajo el título “Regidor de Temixco hace de su oficina un ‘aeropuerto‘”.

En dicho trabajo, exhibimos que el regidor del Ayuntamiento de Temixco, Salvador Solano Díaz, tenía contratados como empleados de su oficina a la madre de su hijo, a la novia de éste y a tres personas más que aparentemente son “aviadores” pues aparecen en nómina pero nunca se encuentran en sus lugares de trabajo.

Ayer por la mañana la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que Salvador “N” y Ruperto “N” fueron señalados como coautores de la conducta delictiva de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, en tanto, las cinco empleadas fueron imputadas como autoras materiales del delito doloso.

“A solicitud de la agente del Ministerio Público, la jueza impuso como medida cautelar a los imputados, la firma periódica bimestral ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en tanto, otorgó a la defensa 144 horas para la próxima audiencia”, dice el comunicado.

Y así terminó nuestra cobertura de audiencias orales en la mal llamada “Ciudad Judicial”, que no es más que una enorme nave construida con los materiales de la peor calidad, que fue entregada prácticamente en obra negra, pero que la entonces presidenta del TSJ, Carmen (Verónica) Cuevas López, le agradeció infinitamente a su amigo el gobernador Graco Ramírez Garrido.

Irónicamente, la responsable de Obras Públicas de la administración anterior, Patricia Izquierdo Medina, ha tenido que acudir con frecuencia a estas instalaciones horribles pero carísimas, a comparecer en calidad de imputada por las constantes denuncias en su contra.

HASTA EL LUNES.

Primero fue Billy Alvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, con quien Graco Ramírez tenía un proyecto millonario para la disposición final de la basura y que hoy tiene orden de aprehensión; ahora fue Armando Prida Noriega, el empresario poblano al que el gobernador de Morelos benefició ampliamente durante su sexenio, el que ha sido detenido. 

De acuerdo a la información publicada en La Jornada nacional, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Armando Prida Noriega, quien de acuerdo con versiones gubernamentales “se dedica a extorsionar a funcionarios de alto nivel del gobierno federal para allegarse de recursos de manera ilícita”.

Fuentes gubernamentales señalaron que “el área en la que actúa comprende las siguientes entidades: Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Se sabe que forma parte de un grupo de la delincuencia organizada, cuyo propósito es el de ocasionar fraude y generar daño al erario del país”, ya que además opera como empresario y ha obtenido diversos contratos, uno de ellos en el ramo de salud a través de la compañía AP Medical Solutions, S.A. de C.V.

La información obtenida señala que uno de los integrantes de esta red de extorsionadores es Alejandro Hesiquio Aguilar Rule, quien se desempeñó en 2018 como representante del gobierno de Quintana Roo, y en 2018 ya había sido señalado de participar en actividades ilícitas.

La información gubernamental refiere que para evitar que los recursos ilícitos fueran rastreados por las autoridades, Prida Noriega utilizaba mecanismos financieros para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y así ocultar el origen del dinero.

Los primeros datos respecto a esta detención refieren que Prida Noriega forma parte de una familia que tiene intereses económicos en el estado de Puebla, donde se han vinculado empresarialmente con el Teleférico, en la Feria de Puebla y en algunos medios de información.

Las investigaciones señalan que su modo de operar consistía en ostentarse como funcionario de alto nivel del gobierno federal para tratar de obtener contratos millonarios.

Después de su detención y como parte de las investigaciones realizadas, les fueron congeladas sus cuentas bancarias a Prida Noriega y a Aguilar Rule, por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Prida Noriega tuvo amplias inversiones en Morelos durante el sexenio de Graco Ramírez, del 2012 al 2018. 

En su reportaje “Los secretos del Coruco” (http://enlacesport.com/archives/112109) el periodista Iván Navarro (hoy jefe de prensa de la Secretaría de Educación) revela que, sin licitación de por medio, la construcción del estadio de Futbol de Zacatepec, fue asignada a la empresa AyPP Constructores, de Puebla.

 “Armando Prida Huerta, dueño del diario Síntesis desde l992, supo sacar tajada de su apoyo incondicional a Moreno Valle cuando era candidato a la gubernatura”, publicó el influyente diario electrónico “Reporte Índigo”.

Refiere que antes de llegar a la gubernatura, Moreno Valle le autorizó, en 2010, una partida publicitaria para su periódico por 10 millones de pesos, y le otorgó múltiples contratos para la construcción de obra pública en la entidad, algunos sin necesidad de licitarlos.

Prida Huerta logró también colocar a su yerno Marcelo García Almaguer como director de Comunicación del gobierno, y también como operador del candidato a la alcaldía por la capital del estado, Antonio Gali Fayad.

El propietario de Síntesis creó hace tres años la empresa AyPP Constructores y, con poca antigüedad en el ramo, el gobierno de Moreno Valle le ha otorgado, hasta el momento, 24 obras.

Una vez que tomó posesión Moreno Valle, Prida Huerta obtuvo la concesión para la colocación y adquisición del juego mecánico la Rueda de la Fortuna, con un costo de 400 millones de pesos.

“Las sumas totales de toda las obras que en los últimos tres años Moreno Valle le otorgó a Prida Huerta, rebasan los mil millones de pesos, según los documentos que obtuvo Reporte Indigo del portal de Transparencia del Gobierno de Puebla”, sostiene “Reporte Índigo”.

Y resulta que, a pesar de haber llegado al poder a través de partidos con ideología diametralmente opuesta, Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez Garrido Abreu compartían un interés común: el enriquecimiento a contrarreloj.

Eso los llevó a compartir proyectos como la construcción de un gasoducto financiado por empresas extranjeras a pesar de la oposición de diversas comunidades en ambas entidades.

Pero también compartían empresas proveedoras con un factor común: la no licitación.

Por otra parte, Armando Prida Noriega, hijo de Armando Prida Huerta, contrató a la empresa MVP Asociates Business Estrategy para operar en Morelos el periódico digital “Morelos Habla” que salió a la luz pública en febrero del 2015, en sociedad con Rodrigo Gayosso.

De eso sabe muy bien el actual diputado local por Morena, Javier García “El Gato”, ya que él comenzó a aparecer en espectaculares con el logotipo de “Morelos Habla”. Después, ya de manera abierta, fue impulsado por Graco como precandidato a diputado federal por el PRD.

Las instalaciones del periódico de los Prida de Puebla estuvieron ubicadas en la calle Tabachín de la colonia Bellavista. Sus reporteros ganaban ocho mil pesos mensuales, más que cualquier otro diario en la entidad morelense.

Sus costos de operación superaban el millón de pesos mensuales, pero su expectativa era lograr a muy corto plazo, un convenio de publicidad con el Gobierno de Morelos de 12 millones anuales como lo tenía Síntesis en Puebla, pero lo más que lograron fueron facturas por 500 mil pesos mensuales.

Tras la derrota de Rodrigo Gayosso en las elecciones del 2018, “Morelos Habla” dejó de publicarse y hoy, uno de los socios fundadores está en la cárcel.

HASTA MAÑANA.

Un Juzgado de Distrito resolvió recientemente el recurso de amparo interpuesto por Uriel González Sotelo, quien se quedó de encargado de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso Local a la salida de Vicente Loredo Méndez. La resolución federal es desfavorable para el quejoso, pero muy favorable para la actual responsable de la institución, América López Rodríguez.

Como se recordará, el 31 de octubre del año pasado, Uriel González Sotelo solicitó amparo por estimar transgredidos los derechos fundamentales reconocidos en diversos artículos de la carta magna, por parte de 12 de los 20 diputados que integran la LIV Legislatura Local.

Les reclamaba “la designación de una persona encargada de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal, así como una persona encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, lo que trajo en automático mi indebida e ilegal remoción de mi cargo como auditor Especial (…) sin que se haya observado las formalidades esenciales en el procedimiento, en principio porque el suscrito, en términos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, debí de haber sido evaluado para poder determinar si podría tener un periodo más en dicho cargo”.

Los términos de la resolución emitida por la juez cuarto de distrito del Estado de Morelos, Erika Nayeli Torres Santiago, al resolver el sobreseimiento del juicio de amparo que promovió Uriel González Sotelo para combatir su remoción del cargo de Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal con funciones de encargado de despacho de la Auditoría General, despeja de manera directa cualquier cuestionamiento respecto a la legal permanencia de López Rodríguez como actual encargada de despacho de la ESAF.

Se espera que con esta resolución los miembros de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción terminen con su campaña de persecución en contra de la ESAF, pues sus investigaciones están basadas en que el nombramiento que sostiene en el cargo a América López es ilegal.

 “…es evidente que tanto la propuesta y el diverso acuerdo emitido por la Junta Política y de Gobierno del Congreso, constituyen actos de carácter soberano y discrecional, aun cuando no se disponga expresamente así en la Constitución local, ni en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos”, señala tajantemente la resolución que tuvimos a la vista.

 “En el caso se considera actualizada dicha causal de improcedencia (del juicio de amparo) porque conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, se otorgan facultades soberanas y discrecionales a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, para designar y remover al personal integrante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a propuesta de la Comisión de Hacienda (como fue el caso)”, se lee en la resolución.

Incluso, en el expediente del juicio se advierte que la “propuesta de nombramiento de los encargados de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, atendió a que el 14 de septiembre de 2019 habían concluido en su encargo los Auditores Especiales, incluyendo al quejoso como Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal, que les fue conferido por un periodo de cuatro años.

Líneas más adelante la juez cuarto de distrito expone: “derivado de lo anterior, el mismo 10 de octubre de 2019, la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, emitió diverso acuerdo mediante el cual nombró entre otros a América López Rodríguez como encargada de despacho de la Auditoría General…”, reafirmando con ello la legalidad en el nombramiento que hoy tiene la encargada de despacho de la ESAF.

Por tanto –agrega-, al presente asunto resulta aplicable la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impone sobreseer dicho juicio. “El presente sobreseimiento alcanza los actos de propuesta del quejoso  en el cargo de auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, así como de las funciones que desempeñaba como encargado del despacho del Ente de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, ante la ausencia del auditor general, así como la propuesta de nombramiento hecha a favor de los terceros interesados, América López Rodríguez y Samuel Álvarez Miranda, como encargados de despacho del auditor general y del auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, respectivamente, y también respecto de las consecuencias materiales de la remoción de nombramiento, pues si la improcedencia se actualiza contra la remoción y la elección de otra persona en lugar del quejoso, que son los únicos actos que, en todo caso, podrían irrogar perjuicio a éste, en su contra, menos procede la acción constitucional del amparo contra aquellos actos previos atribuidos a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y a los posteriores, así como aquellas violaciones que se hacen valer en el sentido de que dicha Comisión no estuvo debidamente integrada al momento que emitió el acuerdo de 10 de octubre del 2019, ya que en todo caso, esa acción complete hacerla valer en la vía y forma que en derecho corresponda, a los diputados que no estuvieron presente, pero no al quejoso”, especifica.

Se espera que en los próximos días la Cámara de diputados proceda a la designación del titular de la Auditoría General de la ESAF, una vez que la semana pasada concluyó con la etapa de entrevistas a los aspirantes, pasarela que no tiene ningún efecto práctico pues a la hora de la elección ningún diputado se basa en la exposición de los aspirantes para emitir su voto.

En esta misma columna ya advertimos que si los diputados hacen una designación a conciencia, basada en el interés general y no en cuestiones políticas, el próximo titular de la ESAF deberá salir de una terna de hombres conformada por Roberto Coranguez, Alfredo Salgado y José Alberto Pérez Apaez, o la actual responsable de la institución que ha desempeñado un papel muy aceptable y es la primera mujer después de cuatro varones que han ocupado el cargo. 

Otros nombres reconocidos en la lista de aspirantes son Edgar Ibarra Martínez, quien desde hace cinco años trabaja en la Auditoría Superior de la Federación realizando auditorías a los estados y municipios del país, además de que también estuvo en la Secretaría de la Contraloría y en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

El contador público Benjamín Romero Rogel, quien fuera director administrativo del Tribunal Superior de Justicia, también pudiera tener posibilidades, sin olvidar al contador Miguel Ángel Flores Mendoza, ex auditor de la UAEM.

HASTA MAÑANA.

El título de la presente columna solo tiene como objetivo llamar la atención de los lectores y lectoras, parafraseando al abogado Diego Fernández de Cevallos que siendo candidato a la presidencia de la República así se refirió al género femenino, que es el tema principal de nuestra entrega de hoy.

Aclarado el punto, comencemos a barajar los nombres de aquellas mujeres que están siendo mencionadas con frecuencia como posibles candidatas a cargos de elección popular, en algunos casos propiciado por ellas mismas, pero también en muchos otros como resultado del “Vox Populi” que hemos captado a través de algunos sondeos entre la gente.

Comenzaremos por la capital del estado, Cuernavaca, donde se da por hecho que la todavía magistrada Nadia Lara Chávez tendrá un lugar en la Legislatura Local LV gracias a su excelente publirrelacionista Jorge Arturo Olivares Brito. Ya solamente falta saber por cuál partido, pues de los 19 que hay la ex presidenta del TSJ tendrá de dónde escoger.

Otra ex titular del Poder Judicial, Carmen (Verónica) Cuevas López, anda buscando algo a través de la organización denominada “Pacto por Cuernavaca” donde están Juan Pablo Rivera Palau, Julio Mitre y Antonio Sandoval, entre muchos otros.

Pero el nombre que se ha venido escuchando con insistencia, despertando el nerviosismo de muchos y muchas, es el de Meggie Salgado Ponce, la empresaria de la industria restaurantera y presidenta de la asociación civil Mi Ciudad. En esta columna nos parece que los parentescos no deberían influir, pero es imposible no tomar en cuenta que es hija de Juan Salgado Brito, reconocido político morelense y actual funcionario del gobierno federal.

Una cualidad que tiene Meggie Salgado es su facilidad para reunir a personas en torno a una causa común. En su lista de amistades encontramos las personalidades más disímbolas y de todos los estratos sociales, lo que podría ser muy valioso en caso de que llegara al cargo al que aspira: la presidencia municipal.

Seguramente en el camino habrá de encontrarse con otras mujeres que llevan más camino recorrido en las lides de la política, como es Maricela Velázquez, hoy enfocada más a su papel de mamá y con la característica de que su esposo, Francisco Santillán, también anda suspirando por una candidatura a la alcaldía.

En Temixco, Yuriana Lázaro Landa, quien ya fue síndica del Ayuntamiento por el PRI, hoy anda muy activa promoviendo su partido recién registrado: “Podemos” (homónimo del partido español), y seguramente contenderá por la presidencia municipal donde muy probablemente Juana Jazmin Solano López habrá de buscar la reelección.

En el lejano municipio de Miacatlán, nos resultó una sorpresa saber que la actual directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Morelos (ICATMOR), Patricia Guadalupe Coria Flores, es muy conocida entre los diferentes sectores de la población pues ahí se desempeñó como supervisora escolar y desde entonces dejó muchas amistades. Seguramente estará en la mira de varios partidos políticos que andan buscando candidatos, pero sobre todo candidatas (con eso de la paridad de género) que les asegure un buen número de votos en las próximas elecciones de junio del 2021.

En Tlaltizapán detectamos  a Zugeily Cabrera Flores, presidenta de la Fundación Mujeres Educando en Familia, desde donde está haciendo una labor muy valiosa en favor de las mujeres. Tlaltizapán es uno de los municipios donde se encuentra más arraigado el machismo y las mujeres son tratadas como objetos, fomentado esto desde la propia autoridad municipal.

Para muestra sólo dos ejemplos plenamente documentados:

El primero.- El tesorero municipal Germán Rodríguez Sánchez golpeó a su esposa y ésta lo metió a la cárcel, y el Cabildo (con excepción del regidor Francisco Navarrete) votó a favor de que continuara en el cargo hasta que termine su proceso penal.

El segundo.- El regidor Félix Bahena Ríos fue denunciado por acoso sexual por la que era directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, querella que hasta la fecha sigue su curso en la Fiscalía Regional.

Y todavía el presidente municipal, Alfredo Domínguez Mandujano, sueña con la reelección, para lo cual agasaja constantemente a regidores y ayudantes municipales con viajes a las playas de Guerrero.

En el municipio de Emiliano Zapata anda “desatada” Catalina Ríos en sus actos de proselitismo para buscar la candidatura a la presidencia municipal que ya perdió en una ocasión bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sus detractores dicen que -de llegar a la alcaldía- sería prácticamente su segundo mandato, pues el primero fue cuando su esposo, Alberto Figueroa, ocupó el cargo pero quien tomaba la mayor parte de las decisiones era ella.

Tras el desempeño gris e improductivo del alcalde Fernando Aguilar Palma, hasta ella haría mejor papel.

En Jiutepec, Patricia Martínez ha estado muy activa como representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y no ha pasado desapercibida como otros regidores, pero definitivamente que quien se ha visto mucho más es la diputada Ariadna Barrera Vázquez, del Partido Morena.

Quizás sea porque, bajo la justificación de su segundo informe de labores, mandó poner una buena cantidad de espectaculares y anuncios en los medallones de los microbuses con su fotografía, obviamente con cargo al erario del Congreso.

No sería de sorprenderse si ambas mujeres aparecen en la boleta electoral para la presidencia municipal de Jiutepec; la primera por el PRD y la segunda por Morena.

Ahí está el primer bloque de mujeres que “están sonando” para ocupar cargos de elección popular en diversos puntos del estado. Nos faltan muchos nombres de otros municipios o de estos mismos que ya mencionamos, pero también queda mucho tiempo todavía para ir analizando sus pros y contras, que al fin y al cabo el que tiene la última palabra es el elector.

HASTA MAÑANA.

El dos de julio de 2018, cuando ya se había confirmado el triunfo de Cuauhtémoc Blanco en las votaciones para gobernador, los notarios entraron en pánico y pidieron reunirse con su amigo Graco Ramírez para ver cómo podrían evitar una “venganza” de la nueva administración. Así fue como diseñaron la Ley del Notariado que aprobaron “fast track” los diputados el 30 de agosto y entró en vigor al día siguiente.

Como todo lo que hacía Graco Ramírez, cada ley que promulgaba llevaba escondida alguna disposición para favorecer a sus intereses. La ley en comento, que abrogaba la de 1983, fue presentada por la fracción parlamentaria del PRD y aseguraba en sus considerandos que la finalidad era “contar con una legislación adaptada al momento histórico que se vive, estableciendo mejores prácticas notariales y dotando de mayor autonomía de los Notarios del Estado y procurando una menor injerencia arbitraria del Poder Ejecutivo local en la función notarial y registral”.

Pero la “injerencia arbitraria” ya se había dado en su sexenio, cuando Graco emprendió una persecución contra el notario Raúl González Velázquez, hermano de Luis Manuel, quien en su función de auditor del Congreso le encontró infinidad de irregularidades a Graco.

Escondido entre las supuestas bondades de la nueva Ley, venía el meollo del asunto. En esencia, Graco le quito al gobernador la posibilidad de separar a los notarios de su encargo si es que hubiera una denuncia o queja en su contra por faltas graves (es decir, que no se repitiera lo que él le hizo a Raúl González).

En estos casos –con la ley vigente- se debe agotar un procedimiento ante la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, el cual podrá ser impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa y después en amparo. Por lo menos se llevaría de tres a seis años ese trámite. Solamente que el notario perdiera todas las instancias, podría ser sancionado, no antes.

La sanción la propone el colegio de notarios y el secretario de gobierno solo la impone. También les otorgó a los notarios el goce de licencias por tiempo ilimitado sin necesidad de refrendo. Antes, debía ser refrendada por el secretario de Gobierno cada seis meses.

Para ese momento ya era fiscal general del estado el notario Uriel Carmona Gándara, quien de esa manera puede ser tranquilamente notario y fiscal al mismo tiempo, mientras que su esposa –a la que dejó como encargada- es notaria y juez al mismo tiempo.

En enero de 2017 Graco Ramírez les tomó protesta y entregó patentes a cuatro nuevos notarios públicos: Carlos de la Sierra, Juan José Hernández Peralta, Enrique Hernández Ramírez y Raúl Israel Hernández Cruz, y en la ceremonia se jactó de que son notarios por méritos propios y “no por voluntad del Gobernador”.

“A mí me satisface como Gobernador que eso ocurra, porque de esta manera estamos rompiendo con algunas dinámicas lamentables donde las notarías se convertían en favores políticos. Hoy no son más, sino el reconocimiento de depositar en profesionales este ejercicio pleno de lo que implica la responsabilidad del ejercicio notarial y de la fe pública, de la que ustedes son depositarios”, puntualizó.

Y quizás no mentía, pues todos los mencionados reúnen los requisitos para ocupar el cargo, pero un año después tuvo que tragarse sus palabras cuando designó (con la ayuda del Colegio de Notarios) a Alberto Javier Barona Lavín como notario número catorce.

Y es que Barona Lavín no puede ser más graquista: fue coordinador de la Unidad de Procesos para la. Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, director de Administración y prestanombres de Graco en varias operaciones inmobiliarias.

En esa ocasión no hubo ceremonia ni boletín. El nuevo notario comenzó a operar en un lujoso edificio de la avenida Domingo Diez con base en un “acuerdo del secretario de Gobierno relativo al inicio de actividades del licenciado Alberto Javier Barona Lavín como titular de la Notaría Pública número Catorce de la Primera Demarcación Notarial del Estado”, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 10 de enero de 2018.

Pragmática, la entonces presidenta del Colegio de Notarios de Morelos, Patricia Mariscal Vega, opinó así del conflicto entre el Gobierno de Graco y González Velázquez:

“Mire yo creo que hay un principio fundamental que todos lo sabemos: que con la autoridad no se pelea uno, entonces si una autoridad injustamente me trata pues ¿Qué tengo que ir hacer? acercarme a esa autoridad y decirle mira pasó esto si es necesario pedir perdón ¿qué le quita a uno pedir perdón?”.

En entrevista concedida a la revista Cauce Legal en marzo del 2018, la ex secretaria de la Contraloría rechazó que las notarías sean “pagos de favores” de los gobernadores. “Pues es un pago bien caro ¿eh? Porque como le digo salvo pocas excepciones pues el notario se pasa 10, 15, 20 años trabajando en una Notaría, y sí eso se le considera un favor pues yo no creo que haya muchos profesionistas que duren en una empresa, a ver si le toca, ser notario.

-A eso se refiere la gente cuándo critica que hay gente que trabaja años en una Notaría, y de repente viene un aspirante como Alberto Barona Lavín que en un dos por tres ya es notario- se le cuestiona.

- Pues ahí sí yo no podría qué decir- contesta evasiva.

Terminó el periodo de Mariscal Vega y llegó una nueva directiva con Jesús Toledo Saavedra como presidente, José Antonio Acosta Pérez como vicepresidente, Sandra Denisse Gómez Salgado como secretaria, María Julia Bustillo Acosta como tesorera, Marcelino Fernández Urquiza y Armando Agustín Rivera como vocal.

Este grupo de notarios ha tenido un buen entendimiento con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien organizó una reunión con el Colegio de Notarios y diputados, encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero que al llegarse la fecha no pudo asistir porque se contagió de COVID. Su lugar fue ocupado por Mauricio Robles, coordinador de Asesores y hombre de todas las confianzas de Pablo Ojeda.

Presentes, los notarios Jesús Toledo Saavedra, José Antonio Acosta Pérez, Sandra Denisse Gómez Salgado, María Julia Bustillo Acosta, Armando Agustín Rivera Villarreal, Marcelino Fernández Urquiza, Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, José Eduardo Menéndez Serrano, Gerardo Cortina Mariscal y –no podía faltar- Patricia Mariscal Vega.

Los grandes ausentes (no se sabe si no los invitaron o no quisieron ir), los notarios Alberto Barona, Hugo Salgado, Manuel Carmona y la suplente de su hermano Uriel.

Por los diputados sólo acudieron Erika García Zaragoza, José Luis Galindo Cortez, Andrés Duque Tinoco, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Dalila Morales Sandoval, a pesar de que todos fueron convocados.

El compromiso –así lo difundieron en un boletín oficial-, fue trabajar ambos poderes en dos proyectos de leyes que urgen: la de Voluntad Anticipada y la de Soluciones Alternativas.

Y aunque no se mencionó en el boletín, hay la intención de impulsar –una vez más- la reforma a la Ley del Notariado que promulgó Graco antes de irse para proteger sus intereses.

HASTA EL LUNES.

El 16 de marzo del año 2017 en el periódico oficial “Tierra y Libertad" número 5482, se publicó la reforma que modificó diversas leyes en materia ambiental y de obra pública, que permitió al Gobierno del estado de Morelos que encabezó Graco Ramírez Garrido Abreu, un atropello más al orden jurídico y un vil ataque a la biodiversidad, al eliminar de la legislación la obligatoriedad de obtener los manifiestos de impacto ambiental (MIA) en la construcción de obras públicas ejecutadas por el Gobierno del estado y los municipios de Morelos.

Para lograr su propósito, en contubernio con los integrantes de la LIII Legislatura, hizo uso de la facultad constitucional denominada iniciativa preferente, de forma que, en un periodo perentorio, sin consulta ciudadana y con ausencia de la opinión de los colegios de ingenieros y arquitectos de Morelos, se concretó una serie de disposiciones que además son contrarias al orden jurídico nacional.

Además, en el colmo del desaseo jurídico, perpetraron lo que en el argot judicial se conoce como “chicanada”, en este caso legislativa, al proponer una iniciativa para un asunto determinado y de ahí concluir reformas muy diferentes al propósito de la iniciativa original.

En efecto, mediante iniciativa presentada por el Gobernador Graco Ramírez al Congreso de Morelos el día 1 de febrero de 2017, anunció la iniciativa para “REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LIBRE CONCURRENCIA”, con base en la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) donde se solicita no imponer barreras legales para la libre competencia en la instalación de centros de abasto de gasolina o diésel (gasolineras), lo que quedó cumplido con la modificación a la redacción del artículo 63 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue:

Artículo 63 BIS. Tratándose de la reglamentación relativa a permisos para la construcción de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, las autoridades municipales deberán garantizar que, en los procedimientos establecidos en la misma, se observen como mínimo los siguientes parámetros:

I a III.- …

1. No se impongan distancias mínimas entre estaciones de servicio;
2. No se contengan restricciones relativas a la superficie y características que debe tener el predio donde se construyan, y
3. No se establezcan requisitos inconsistentes con la regulación federal en materia energética. Asimismo, deberán establecerse expresamente los tiempos de respuesta a las solicitudes que en esta materia les sean presentadas, procurando que los procedimientos sean expeditos”.

Con dicha reforma se daba cabal cumplimiento a la opinión y recomendación de la COFECE, pero en realidad esta reforma fue el pretexto para modificar en el mismo proceso legislativo, diversos artículos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos; Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, para eliminar la obligación que tenían los municipios y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas correspondiente, para solicitar y obtener aprobado el manifiesto de impacto ambiental antes de iniciar las obras respectivas, derivadas de sus planes sectoriales y del Plan Estatal de Desarrollo.

Fiel a su costumbre, Graco Ramírez y sus diputados incondicionales (los mismos que ya empezaron a pedir otra vez el voto en supuestos “partidos nuevos”) presentaron una iniciativa que supuestamente tenía como fin impulsar la libre competencia económica entre empresarios que desean instalar gasolineras (la que se resolvió agregando un artículo 63 bis a la Ley Orgánica Municipal ya citado) pero escondida llevaba la disposición de eliminar la obligación que ya tenían Municipios y el Gobierno del Estado, para contar con Manifiestos de Impacto Ambiental, antes de iniciar obras públicas dentro de sus competencias y jurisdicciones.

Ayer, el presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables Delegación Morelos A.C., Carlos Mújica Avilés, insistió en la necesidad de abrogar esa disposición realizada por Graco Ramírez y sus diputados cómplices, y que sea obligatoria la presentación de dichos manifiestos de impacto ambiental.

Lo anterior, en el marco de la presentación de la Planilla “Unidos por un Colegio más fortalecido” que buscará la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos para el periodo 2021-2022, misma que está encabezada por Evelio Hernández Trujillo y en el que Mújica Avilés llevaría una de las vicepresidencias.

En su plan de trabajo, el ingeniero Hernández Trujillo plantea cuatro líneas de acción principales, y una de ellas es precisamente armonizar y actualizar el marco jurídico vigente en la entidad, así como los instrumentos de planeación estatal y municipal en materia de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano.

Otro de vital importancia es el reconocimiento de los directores responsables de obra (los famosos DROs) tanto en el gobierno estatal como en los municipios, para que sean ellos los que revisen y autoricen todos los proyectos, llámese particulares o del gobierno del Estado, “para que en lo sucesivo evitemos las consecuencias de una mala construcción que generen desastres como los ocurridos en los sismos próximos pasados”.

Al interior de la organización gremial ofrecen reforzar la participación e inclusión de todos los miembros del colegio para impulsar el crecimiento del mismo. La unificación y participación del CICEM, así como mantener la competencia profesional mediante la capacidad de superación, innovación y desarrollo.

Asimismo, proponer comisiones por especialidad, y así tener una participación de excelencia en todas las comisiones del gobierno, dando a conocer al colegio como dignos representantes. Premiar a miembros con trayectoria profesional de calidad, así como aquellos que sean ejemplo de calidad humana que ofrezcan de manera desinteresada apoyo a la sociedad en casos fortuitos, dice su plan de trabajo presentado ayer con la presencia de la diputada panista Dalila Morales.

Además de los ya mencionados, integran la planilla los ingenieros Serafín Adame Pérez, Pablo Delgadillo Reynoso, Jesús Octavio Domínguez Mier, Roberto Díaz Villanueva, Ciro Brito Miranda, Juan Villalobos Salgado y Silvia Gómez Chávez.

HASTA MAÑANA.

El pasado lunes la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (integrada por ella y otra legisladora) y que al mismo tiempo es dirigente del PT en el estado, citó a conferencia de prensa para dar a conocer una propuesta muy interesante: instituir la figura del “diputado migrante”, que pugnaría por el bienestar de nuestros conciudadanos radicados en el vecino país del norte.

La legisladora (supuesta sobreviviente del covid) anunció la presentación de la iniciativa de ley que reforma nuestra Constitución local y el Código Electoral para introducir la figura del Diputado Migrante en el Congreso de Morelos.

En la conferencia de prensa “reapareció” el ex presidente de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, autoapodado “El Rulas”, a quien anteriormente hemos visto con la camiseta del Partido de la Revolución Democrática y después en algunos eventos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para finalmente quedarse en el único donde tuvo cabida: el Partido del Trabajo.

La legisladora emanada de las filas del Partido del Trabajo precisó que, si los compañeros y compañeras migrantes aportan la cantidad de 176 millones de dólares, suma que equivale a más de cuatro mil millones de pesos a la vida económica de Morelos, es claro que tienen derecho también a participar de las decisiones sobre el destino de la entidad y ser incluidos en uno de los tres poderes de Morelos.

Destacó que desde 2006 que se reconoció el voto de los mexicanos en el extranjero, la participación política de todos los mexicanos ha sido creciente. En 2006, sufragaron 32 mil 621 personas. En 2012, lo hicieron 40 mil 714 votantes, y En 2018, votaron 98,470 mexicanos para elegir a su presidente de la república. “Esta creciente participación y que se incrementará en la próxima elección, cuando haya diputados migrantes en muchos Congresos locales, nos da la confianza para presentar esta iniciativa, cuyo texto, consensaremos con las organizaciones de paisanos en los Estados Unidos, como Fuerza Migrantes”.

Durante la conferencia de prensa donde participaron los integrantes de Fuerza Migrante en línea, la diputada Tania Valentina, Comisionada Política  Nacional del PT en Morelos, hizo entrega del nombramiento a Raúl Tadeo Nava, como coordinador de la Comisión de Asuntos Migratorios del PT en Morelos.

“El Rulas” agradeció la apertura  de la diputada del PT Tania Valentina Rodríguez Ruíz, “por permitir construir está alianza para lograr la participación de nuestros connacionales en la vida política de nuestro Estado de Morelos, así como lograr que esta iniciativa de ley se replique en otros Estado de la República Mexicana con el apoyo de las y los diputados petistas  para que las y los migrantes puedan tener representación en los Congresos locales y la Cámara federal de nuestros país, con la figura del Diputado Migrante”.

Finalmente la legisladora Tania Valentina agradeció la participación de Avelino Meza, secretario Binacional de Fuerza Migrante;  Aurora Morales, presidenta del Club de Migrantes “Chinelos” de Morelos en Nueva York y miembro del Consejo Binacional de Fuerza Migrante;  Oscar Hernández Santibáñez, presidente del Club de Migrantes “Cuautla Los Hijos Ausentes” y miembro del Consejo Binacional de Fuerza Migrante, así como al  Dr. Daniel Tacher,  coordinador de Observatorio Binacional y miembro del Consejo Binacional de Fuerza Migrante; Miguel Ángel Sánchez,  coordinador nacional de vinculación social de Fuerza Migrante; y  Fernando Rocha, coordinador nacional de vinculación política de Fuerza Migrante.

Nunca hemos dudado de la inteligencia de Tania Valentina (quien a partir de ahora se identificará como TV, por recomendación de su publicista), quien se ha vuelto experta en encontrar las mejores fuentes de financiamiento.

Recordemos que a través de una asociación civil dedicada supuestamente a construir centros de desarrollo infantil tenía partidas de 10 millones de pesos anuales.

¿Quién tiene dinero en tiempos de pandemia? ¡Pues los morelenses que trabajan en Estados Unidos!

No sabemos si fue idea de Tania Valentina que Tadeo Nava se encargara de este proyecto, o fue “El Rulas” el que se ofreció, dado que durante su desastroso trienio en el Ayuntamiento de Cuautla (2016-2018) fue un asiduo visitante de Norteamérica.

Una nota periodística fechada el 24 de octubre del 2018 da cuenta de un viaje a la ciudad estadounidense de California para recibir la donación de una motobomba y equipo de cómputo por parte del gobierno local de Riverside como parte del 50 aniversario del hermanamiento entre ciudades.

El entonces alcalde no proporcionó información oficial sobre la agenda de actividades en la ciudad norteamericana como lo establece la Ley de Información Pública ni tampoco contestó a las solicitudes de información pública que este reportero interpuso para conocer el monto de los gastos generados por ese viaje.

Sin embargo, tanto él como Paola Cruz Torres, Viridiana del Valle y Carlos Andrés López publicaron en sus redes sociales fotografías del viaje a Riverside y otros lugares de la Unión Americana.

¿Y la motobomba donada? Habría que preguntarle al actual alcalde Jesús Corona, quien no inició ninguna investigación en torno a los manejos de su antecesor. 

Por otra parte, circula en redes sociales fotografías de Raúl Tadeo Nava y una supuesta novia paseando en Canadá, pero suponemos que ello fue con recursos propios y sus asuntos personales no nos competen, por lo que solamente queda en el anecdotario.

En conclusión: la idea del diputado migrante es buena, pero la decisión de dejarle ese encargo a Raúl Tadeo Nava es muy mala.

Hay tres decisiones que consideramos han sido acertadas por parte de Tania Valentina Rodríguez Ruiz y que se verán reflejadas en las elecciones de junio del 2021:

La primera fue haber contratado los servicios de Javier López Sánchez como su brazo derecho y operador político.

La segunda fue haber incluido en la lista de aspirantes a diputada federal a María Ampudia.

La tercera fue haber convencido de ser su candidato a diputado local a Moctezuma Serratos, campeón de futbol con América y Pumas de la UNAM.

HASTA MAÑANA.

Aunque criticada por muchos y odiada por otros tantos, a la actual presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, no se le puede negar que ya se ganó su lugar en la historia de la democracia en Morelos.

Este fin de semana trascendió que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los acuerdos emitidos por Impepac que regulan las acciones afirmativas para la postulación de personas indígenas a cargos de Ayuntamientos y Diputaciones en el proceso electoral 2020-2021.

Recordemos que el 29 de agosto del 2020 el Consejo Estatal Electoral del Impepac aprobó los acuerdos IMPEPAC/CEE/117/2020 e IMPEPAC/CEE/118/2020 mediante los cuales se establecen las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el próximo Cabildo de Cuernavaca, deberá haber tres personas consideradas como indígenas.

Tras una serie de impugnaciones la sala resolvió el juicio de revisión constitucional electoral SCM-JRC-4/2020 y acumulados en la sesión pública realizada este 22 de octubre, en la que determinó que las acciones afirmativas en materia indígena no restringen los derechos político-electorales en perjuicio de quienes no cuentan con la calidad de personas indígenas y no violan el principio de autodeterminación de los partidos políticos como en su momento reclamaron los partidos Humanista y del Trabajo.

Asimismo, el órgano jurisdiccional consideró que fueron correctas las fuentes consultadas para la determinación del porcentaje de población indígena, lo cual tuvo como resultado que el Municipio de Ayala fuera contemplado dentro de las acciones afirmativas que el CEE del Impepac implementará en el proceso electoral en curso.

Por otra parte, se definió como correcta la exigencia de acreditar la adscripción calificada indígena para poder acceder a una postulación, pues con ello se busca evitar fraudes a la ley y potencializar la efectividad de la medida en favor de quienes realmente poseen dicha calidad.

Consecuencia de lo anterior, quedan firmes las acciones afirmativas para que las comunidades indígenas participen en el proceso electoral a través de las planillas que presenten los partidos políticos en los 33 ayuntamientos no indígenas y también en las candidaturas a las diputaciones locales.

Esto significa que para las diputaciones en los Distritos Electorales III, IV, V y X, los cuales cuentan con un porcentaje de población indígena mayor al 30% respecto de su población total, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán postular a personas indígenas como candidatas y candidatos debiendo acreditar la auto adscripción calificada.

Para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional los partidos políticos y coaliciones deberán incluir en las candidaturas de representación proporcional, adicionalmente a la candidatura indígena que señala el artículo I fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, una candidatura indígena más, de tal forma que en dicha lista queden incluidas dos candidaturas indígenas de géneros diferentes.

Mientras que en los 33 ayuntamientos que no son reconocidos como indígenas las acciones afirmativas señalan que los partidos políticos deberán registrar en sus planillas candidaturas indígenas a regidurías en un porcentaje equivalente al porcentaje de su población indígena.

En aquellos municipios que tengan un porcentaje de población indígena mayor al 50% pero menor al 90%, los partidos políticos deberán registrar en sus planillas candidaturas indígenas en un porcentaje equivalente al porcentaje de su población indígena, debiendo ser una de esas candidaturas a la presidencia municipal o sindicatura y el resto a regidurías.

Cabe apuntar que en Morelos hay un porcentaje de población indígena (por el criterio de auto adscripción) del 30.18 por ciento con respecto al total de la población del Estado; el municipio que menos población indígena tiene es Cuernavaca con alrededor del 23 por ciento y hay municipios como Tepalcingo y Temoac que tienen casi el 100 por ciento de población indígena.

Es decir, que quieran o no, los indígenas tendrán que ser incluidos en las candidaturas para el 2021 y eso se lo deben a doña Isabel León Trueba, lo mismo que la obligación de contemplar a mujeres, lo que ya tuvo como consecuencia que hoy nuestro Congreso Local esté conformado por 14 mujeres y seis hombres.

Y es que desde su toma de protesta en octubre de 2014, la maestra León Trueba junto con los integrantes del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Impepac, trabajaron intensamente por garantizar los derechos políticos electorales de la mujeres.

En enero de 2015, por unanimidad, el CEE del Impepac aprobó el acuerdo IMPEPAC/005/2015 sentando un precedente nacional, que al ser confirmado por las resoluciones de los tribunales electorales, estableció la paridad horizontal y vertical para la integración de los ayuntamientos, ésta fue replicada en casi todos los estados de la República y hoy en día está contenida en casi todas las leyes electorales estatales.

En el proceso electoral 2017-2018, el CEE del Impepac aprobó acciones afirmativas para garantizar la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres y la integración paritaria del Congreso del Estado de Morelos.

El resultado fue que, por primera vez en la historia del Estado de Morelos su Congreso está integrado por mayoría de mujeres, el 70%, siendo este porcentaje el más alto en comparación con los congresos de todos los estados de la República Mexicana.

Por eso es que insistimos en que la señora Ana Isabel (licenciada en química y maestra en ciencias), será recordada como la servidora pública que hizo posible que mujeres e indígenas tuvieran acceso a los cargos de elección popular en Morelos.

¿Redundará este cambio paradigmático en mejores políticas públicas y en el bienestar de la ciudadanía? Eso no lo sabemos, pero su lugar en la historia ya nadie se lo quita.

HASTA MAÑANA.

Este día comenzará la “pasarela” de candidatos a ocupar la titularidad de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) dependiente del Congreso Local,

De acuerdo a la nota de nuestra compañera Ana Lilia Mata, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, indicó que el pasado sábado 17 de octubre concluyó el período de registro de los aspirantes al cargo.

Posterior a ello, explicó, esta misma semana la Comisión Calificadora tendrá que revisar cada uno de los perfiles, lo que de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado tendría que darse en un plazo máximo de cinco días naturales.

Concluido este tiempo, la misma Comisión Calificadora tendrá que entrevistar por separado a cada uno de los aspirantes, para conocer sus propuestas de cómo desempeñar su trabajo en la ESAF, proceso que tendrá que darse en cinco días naturales también.

Finalmente, la citada ley señala que tres días naturales después la misma comisión, que está integrada por los coordinadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Encuentro Social (PES), deberá emitir una terna y presentarla ante el Pleno del Congreso del estado para su votación y la designación del nuevo titular de la ESAF.

Con base en lo anterior, se prevé que a finales de octubre o durante la primera semana de noviembre se haya concretado el nombramiento.

“La diputada Ariadna Barrera Vázquez afirmó que no existe preferencia por ninguno de los candidatos y se revisará a cada uno de los perfiles para designar al más capaz en el órgano auditor”, termina diciendo la nota informativa publicada el pasado martes.

De cumplirse cabalmente con esto último, el próximo titular de la ESAF tendría que salir de entre las siguientes personas: Roberto Coranguez Esquivel, José Alberto Pérez Apaez, Alfredo Salgado Salgado y América López Rodríguez, y aquí les decimos por qué.

La dama primero:

América López Rodríguez, licenciada en Derecho, con especialidad en Administración Pública Municipal y Maestría en Administración Pública. Sus principales ventajas es que es mujer (y que muy posiblemente quieran aplicar la equidad de género en una institución que lleva cuatro hombres al hilo) pero principalmente que entró a trabajar al Congreso hace diez años y lleva cinco en la ESAF en cargos de alta responsabilidad.

Es decir, no hay nadie más que conozca la ESAF como ella. Su único problema es que los diputados que la designaron, al no ponerse de acuerdo sobre quién sería el titular, le dieron un nombramiento de “encargada”, el cual ciertamente no está contemplado en la Ley, y con ese argumento la Fiscalía Anticorrupción ha emprendido una campaña de hostigamiento en su contra, argumento que se quedaría sin materia en cuanto ella sea designada por 14 diputados o más.

Roberto Coranguez Esquivel tiene una larga trayectoria tanto en la administración pública, en la iniciativa privada y en la docencia universitaria. Es contador público y abogado, cuenta con varias maestrías y especialidades. Ha sido candidato a rector de la UAEM y ocupó la presidencia del naciente Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

José Alberto Pérez Apaez es contador público por la UAEM, con Especialidad en Impuestos y Maestría en Dirección de Empresas por el prestigiado Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Master of Global Management por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Rector de la Universidad Interamericana y socio fundador del Despacho Pérez Pani y Cía.

Sí. Es esposo de la diputada federal por Morena, Alejandra Pani Barragán. La misma que le pidió a Porfirio Muñoz Ledo que se retirara de la contienda (“¿Cómo va a dirigir al partido? ¿A control remoto? porque ya no puede viajar”, declaró), en un abierto espaldarazo a Mario Delgado.

¿Es ventaja ser esposo de la diputada federal morenista?, depende desde qué punto de vista se le vea. Quizás pueda generar la simpatía de algunos, pero también el rechazo a priori de otros. En caso de que se le rechace por su filiación marital, sería una total injusticia, pues nos consta que Alejandra Pani y José Alberto Pérez han llevado una trayectoria paralela, exitosos ambos pero cada uno en su ámbito y por sus propias capacidades.

Alfredo Salgado Salgado es contador público con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Fue presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FECAP) y obtuvo el Reconocimiento como el contador del año por el Congreso del Estado en 2017. En la iniciativa privada es propietario de ASA Contadores y actualmente se desempeña como auditor interno de la UAEM.

Los tres contadores mencionados cuentan con la certificación del Colegio Nacional de Contadores Públicos, que no es como los doctorados Honoris Causa que presumen muchos. De hecho, de la lista de candidatos registrados sólo cuatro cuentan con esa distinción que es muy prestigiada en su gremio y que los convierte en los más calificados despachos de contabilidad en el estado: Coranguez y Asociados; Pérez Pani y Cía; ASA Contadores y Fiscalización Corporativa.

El titular de este último despacho también se encuentra inscrito en la lista de aspirantes a dirigir la ESAF, y se llama Miguel Ángel Flores Mendoza, pero tiene un defecto: fue titular del órgano de Control Interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el rector Alejandro Vera Jiménez, hoy a un paso de la cárcel por desvío de recursos.

Lo que es la vida: lo que pudiera ser un mérito (como lo es para Alfredo Salgado, hoy bajo la rectoría de Gustavo Urquiza con finanzas cada vez más sanas), para el contador Flores Mendoza es un estigma negativo, pues se supone que era quien se encargaba de vigilar el correcto manejo de los recursos financieros de la máxima casa de estudios.

En las próximas semanas los diputados tendrán que ponerse de acuerdo sobre el nombre de la mujer o el hombre que tendrá la responsabilidad del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos en Morelos.

Sólo un dato para los 28 aspirantes a ocupar la titularidad de este órgano fiscalizador: todos los que han llegado a ese codiciado puesto han estado cerca de caer en la cárcel.

 HASTA MAÑANA.