El dos de julio de 2018, cuando ya se había confirmado el triunfo de Cuauhtémoc Blanco en las votaciones para gobernador, los notarios entraron en pánico y pidieron reunirse con su amigo Graco Ramírez para ver cómo podrían evitar una “venganza” de la nueva administración. Así fue como diseñaron la Ley del Notariado que aprobaron “fast track” los diputados el 30 de agosto y entró en vigor al día siguiente.

Como todo lo que hacía Graco Ramírez, cada ley que promulgaba llevaba escondida alguna disposición para favorecer a sus intereses. La ley en comento, que abrogaba la de 1983, fue presentada por la fracción parlamentaria del PRD y aseguraba en sus considerandos que la finalidad era “contar con una legislación adaptada al momento histórico que se vive, estableciendo mejores prácticas notariales y dotando de mayor autonomía de los Notarios del Estado y procurando una menor injerencia arbitraria del Poder Ejecutivo local en la función notarial y registral”.

Pero la “injerencia arbitraria” ya se había dado en su sexenio, cuando Graco emprendió una persecución contra el notario Raúl González Velázquez, hermano de Luis Manuel, quien en su función de auditor del Congreso le encontró infinidad de irregularidades a Graco.

Escondido entre las supuestas bondades de la nueva Ley, venía el meollo del asunto. En esencia, Graco le quito al gobernador la posibilidad de separar a los notarios de su encargo si es que hubiera una denuncia o queja en su contra por faltas graves (es decir, que no se repitiera lo que él le hizo a Raúl González).

En estos casos –con la ley vigente- se debe agotar un procedimiento ante la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, el cual podrá ser impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa y después en amparo. Por lo menos se llevaría de tres a seis años ese trámite. Solamente que el notario perdiera todas las instancias, podría ser sancionado, no antes.

La sanción la propone el colegio de notarios y el secretario de gobierno solo la impone. También les otorgó a los notarios el goce de licencias por tiempo ilimitado sin necesidad de refrendo. Antes, debía ser refrendada por el secretario de Gobierno cada seis meses.

Para ese momento ya era fiscal general del estado el notario Uriel Carmona Gándara, quien de esa manera puede ser tranquilamente notario y fiscal al mismo tiempo, mientras que su esposa –a la que dejó como encargada- es notaria y juez al mismo tiempo.

En enero de 2017 Graco Ramírez les tomó protesta y entregó patentes a cuatro nuevos notarios públicos: Carlos de la Sierra, Juan José Hernández Peralta, Enrique Hernández Ramírez y Raúl Israel Hernández Cruz, y en la ceremonia se jactó de que son notarios por méritos propios y “no por voluntad del Gobernador”.

“A mí me satisface como Gobernador que eso ocurra, porque de esta manera estamos rompiendo con algunas dinámicas lamentables donde las notarías se convertían en favores políticos. Hoy no son más, sino el reconocimiento de depositar en profesionales este ejercicio pleno de lo que implica la responsabilidad del ejercicio notarial y de la fe pública, de la que ustedes son depositarios”, puntualizó.

Y quizás no mentía, pues todos los mencionados reúnen los requisitos para ocupar el cargo, pero un año después tuvo que tragarse sus palabras cuando designó (con la ayuda del Colegio de Notarios) a Alberto Javier Barona Lavín como notario número catorce.

Y es que Barona Lavín no puede ser más graquista: fue coordinador de la Unidad de Procesos para la. Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, director de Administración y prestanombres de Graco en varias operaciones inmobiliarias.

En esa ocasión no hubo ceremonia ni boletín. El nuevo notario comenzó a operar en un lujoso edificio de la avenida Domingo Diez con base en un “acuerdo del secretario de Gobierno relativo al inicio de actividades del licenciado Alberto Javier Barona Lavín como titular de la Notaría Pública número Catorce de la Primera Demarcación Notarial del Estado”, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 10 de enero de 2018.

Pragmática, la entonces presidenta del Colegio de Notarios de Morelos, Patricia Mariscal Vega, opinó así del conflicto entre el Gobierno de Graco y González Velázquez:

“Mire yo creo que hay un principio fundamental que todos lo sabemos: que con la autoridad no se pelea uno, entonces si una autoridad injustamente me trata pues ¿Qué tengo que ir hacer? acercarme a esa autoridad y decirle mira pasó esto si es necesario pedir perdón ¿qué le quita a uno pedir perdón?”.

En entrevista concedida a la revista Cauce Legal en marzo del 2018, la ex secretaria de la Contraloría rechazó que las notarías sean “pagos de favores” de los gobernadores. “Pues es un pago bien caro ¿eh? Porque como le digo salvo pocas excepciones pues el notario se pasa 10, 15, 20 años trabajando en una Notaría, y sí eso se le considera un favor pues yo no creo que haya muchos profesionistas que duren en una empresa, a ver si le toca, ser notario.

-A eso se refiere la gente cuándo critica que hay gente que trabaja años en una Notaría, y de repente viene un aspirante como Alberto Barona Lavín que en un dos por tres ya es notario- se le cuestiona.

- Pues ahí sí yo no podría qué decir- contesta evasiva.

Terminó el periodo de Mariscal Vega y llegó una nueva directiva con Jesús Toledo Saavedra como presidente, José Antonio Acosta Pérez como vicepresidente, Sandra Denisse Gómez Salgado como secretaria, María Julia Bustillo Acosta como tesorera, Marcelino Fernández Urquiza y Armando Agustín Rivera como vocal.

Este grupo de notarios ha tenido un buen entendimiento con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien organizó una reunión con el Colegio de Notarios y diputados, encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero que al llegarse la fecha no pudo asistir porque se contagió de COVID. Su lugar fue ocupado por Mauricio Robles, coordinador de Asesores y hombre de todas las confianzas de Pablo Ojeda.

Presentes, los notarios Jesús Toledo Saavedra, José Antonio Acosta Pérez, Sandra Denisse Gómez Salgado, María Julia Bustillo Acosta, Armando Agustín Rivera Villarreal, Marcelino Fernández Urquiza, Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, José Eduardo Menéndez Serrano, Gerardo Cortina Mariscal y –no podía faltar- Patricia Mariscal Vega.

Los grandes ausentes (no se sabe si no los invitaron o no quisieron ir), los notarios Alberto Barona, Hugo Salgado, Manuel Carmona y la suplente de su hermano Uriel.

Por los diputados sólo acudieron Erika García Zaragoza, José Luis Galindo Cortez, Andrés Duque Tinoco, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Dalila Morales Sandoval, a pesar de que todos fueron convocados.

El compromiso –así lo difundieron en un boletín oficial-, fue trabajar ambos poderes en dos proyectos de leyes que urgen: la de Voluntad Anticipada y la de Soluciones Alternativas.

Y aunque no se mencionó en el boletín, hay la intención de impulsar –una vez más- la reforma a la Ley del Notariado que promulgó Graco antes de irse para proteger sus intereses.

HASTA EL LUNES.