Como ya es del dominio público, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió en votación prácticamente unánime, la remoción de la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, “por notoria negligencia” con respecto a un procedimiento sancionador que estuvo 15 meses guardado en un cajón.

En su sesión de ayer, transmitida en vivo por internet, se dio lectura al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción de Consejerías Electorales identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/TEEM/CG/7/2018 y su acumulado UT/SCG/PRCE/EDS/JL/MOR/41/2018, integrados con motivo de la vista ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, respecto del consejo general de Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y la denuncia presentada en contra de la consejera presidenta del citado instituto, respectivamente, por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A la lectura del dictamen siguió un tibio intento de defensa por parte del consejero Uuc-kib Espadas argumentando que el hecho de donde se deriva la propuesta de remoción es parte de un “conflicto largo y continuado entre facciones más o menos cambiantes, polarizadas y confrontadas”, además de que su destitución no contribuye a la solución del problema.

Pero enseguida, Dania Ravel y otro consejero se le fueron encima diciendo que, independientemente del trabajo realizado por la presidenta del organismo, el expediente evidencia la seriedad de los hechos denunciados, “prácticas que obstruyeron la impartición de justicia”, ya que se tuvo guardado completamente inactivo por más de un año además de que hubo “falta de rendición de cuentas a sus pares” y en conclusión, omitió dar cumplimiento a sus obligaciones legales por lo que se tendría que cumplir lo que establece la ley ante tales causales.

Diez contra uno fue el resultado de la votación con la que Ana Isabel León Trueba quedó fuera del órgano público local (OPLE) al que ingresó en 2014 mediante la nueva forma de designación ya sin la participación del Poder Legislativo local como se hacía antes.

Todavía en su defensa, la licenciada en química y maestra en ciencias, ofreció una conferencia de prensa el pasado lunes en la que comenzó recordando que ella ha trabajado intensamente por más de 6 años, para ampliar la vida democrática de nuestro estado y garantizar a la sociedad morelense elecciones imparciales y pacíficas.

Luego recordó que fue con ella que se estableció la paridad horizontal y vertical para en las candidaturas para los ayuntamientos, misma que fue replicada en casi todos los estados de la República y hoy en día está contenida en casi todas las leyes electorales estatales.

“Recientemente impulsé acciones afirmativas para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener representación en la integración de los ayuntamientos y del Congreso del Estado. En la próxima elección serán postulados en al menos 27 municipios personas indígenas, en proporción al porcentaje de población que se autoadscribe como indígena en el municipio correspondiente; y para la integración del Congreso del Estado, los partidos políticos presentarán candidaturas indígenas en cuatro distritos electorales locales; acciones que no solo se quedarán en la postulación, sino que van hasta la asignación de espacios de cargos de elección popular”.

No obstante lo anterior –dijo- el Consejo General del INE trae a cuenta un proceso de remoción contra las y los consejeros del Impepac, aperturado (sic) en abril de 2018, hace más de dos años y medio, en relación con la investigación de hechos que se inició en septiembre de 2016 por instrucción del Consejo Estatal Electoral del Impepac, investigación que guardaba estrecha vinculación con el procedimiento iniciado de oficio por el INE,  el 29 de agosto de ese año, con el expediente INE/P-COF-UTC/2016/MOR. 

El secretario ejecutivo del Impepac concluyó la investigación preliminar y el 7 de diciembre de 2016, lo dio a conocer formalmente a la presidencia. En varias mesas de trabajo de consejeros se analizaron los resultados de la investigación y se determinó que se tuviera una reunión entre el INE y el Impepac para tratar los avances en ambas investigaciones y las acciones conducentes a seguir.

“El 20 de febrero de 2017, en la reunión sostenida entre el C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y por parte del Impepac  la Consejera Presidente, el Consejero Electoral Carlos Uribe en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas y el Secretario Ejecutivo, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo y concluyeron que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver”, aseguró León Trueba.

“Después de un año, cuatro consejeros y consejeras presionaron a esta Presidenta para que el día 8 de marzo, justo un día antes de que iniciara el registro de candidatos a la gubernatura, se realizara una reunión extraordinaria urgente  del CEE durante la cual aprobaron, por mayoría, un acuerdo para iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco, situación que podría interpretarse con posibles intenciones políticas, sin el procedimiento legal adecuado y faltando así a lo acordado con el INE, institución que resolvió su investigación hasta el 28 de mayo de 2018”, agregó.

Aseguró que el acuerdo de inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos que lo consideró improcedente, dando vista al INE al determinar dilación en el procedimiento seguido por el Impepac.

Según ella, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE la responsabiliza de esta dilación sin tomar en cuenta que el secretario ejecutivo del IMPEPAC (en ese tiempo Erick Santiago Romero) es la autoridad responsable de elaborar los dictámenes o resoluciones de las investigaciones que están bajo su responsabilidad y de proponer el orden del día de las sesiones del CEE, además de que “teníamos un acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de esperar a que ellos resolvieran, y lo hicieron hasta el 28 de mayo de 2018, determinando que el procedimiento era infundado”.

Como lo mencionamos recientemente en este mismo espacio, nadie le quitará sus méritos a la señora en materia electoral, pero también lo cierto es que –de acuerdo a testimonios de mucha gente que trataba diariamente con ella- es una persona autoritaria, que no aceptaba opiniones en contra ni se dejaba asesorar. Simplemente se cumplió la máxima: lo que se siembra se cosecha.

Ya habrá tiempo de analizar lo que hubo de trasfondo político en esta determinación, pues resulta innegable que ella era o es simpatizante de Morena. Hay un video de una asamblea para la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional en partido político, donde ella sube al atril a emitir su opinión.

Quizás -y es una mera suposición-, ese video le llegó a los integrantes del INE y vieron la forma de vengarse contra el presidente AMLO que los trae en jaque desde que asumió la presidencia.

HASTA MAÑANA.