El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de descubrir otra veta de corrupción en este país: los centros penitenciarios. En su conferencia de prensa conocida como “la mañanera” dio a conocer datos que dan una idea clara de lo que está ocurriendo: mantener una persona privada de su libertad cuesta tres mil 500 pesos diarios (“lo que yo ganó como presidente”, dijo AMLO), pero hay casos extremos como el del penal femenil de Michapa –aquí en Morelos- donde se pagan seis mil 411 pesos diarios, que es lo que cuesta una noche en un hotel de lujo.

Tradicionalmente los centros penitenciarios han sido y siguen siendo excelentes negocios. No sólo por lo que ya todos sabemos: que dentro de los penales operan mafias que cobran por todo y que tienen que repartir a las autoridades para que se hagan “de la vista gorda”. También es muy lucrativo porque es el área de la administración pública considerada “un mal necesario” que a nadie le interesa fiscalizar.

Siempre que abordo el tema penitenciario parto de una premisa: la sociedad está dividida en dos grandes bloques; los que están convencidos que las personas privadas de su libertad (PPLs) son seres humanos que deben ser reinsertados a la sociedad con trabajo y estudio, y los que consideran que los presidiarios no merecen nada y deberían cubrir sus condenas con trabajos forzados y comiendo tortillas duras. 

Culpables, inocentes, medio culpables y medio inocentes, el hecho es que el Estado tiene la obligación de destinar una parte del presupuesto para mantener a las personas que por una u otra razón están siendo procesadas o ya han sido sentenciadas a compurgar una condena.

Lo que ha denunciado el mandatario nacional es que en el gobierno de Felipe Calderón se entregaron nueve contratos en adjudicación directa a la iniciativa privada, para que levantaran nueve reclusorios, por un costo de 266 mil millones de pesos. Ya una vez concluido el acuerdo, esas empresas se quedarían con las obras, para establecer nuevas condiciones con las autoridades.

Esto es nuevo solamente para el presidente. Desde 2019 se publicó un reportaje en un portal llamado “Cuestione” en el que se decía que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, convocó en 2009 a 10 empresarios sin experiencia en operar cárceles, para que se dividieran “un pastel de 32 mil millones de pesos” y edificar las ocho prisiones federales.

Al final, solo seis se apuntaron. El único requisito de entrada era tener cuatro mil millones de pesos para construir el penal, según la misma publicación.

Las empresas que pasaron, de un día para otro, de la industria de la construcción al del manejo de cárceles, fueron: Prodemex (de Olegario Vázquez Raña), Tradeco (de Federico Martínez, uno de los empresarios consentidos de Calderón y Vicente Fox), GIA (de Hipólito Gerard Rivero), ICA (entonces de Bernardo Quintana) y Homex (de Eustaquio de Nicolás) junto con Arendal (de Adrián García Pons). Ninguna de ellas tenía experiencia en manejo de cárceles.

De la forma como lo plantea el presidente sí suena escandaloso, pero quienes han visitado el reclusorio femenil de Michapa, en Morelos, nos comentan que es como entrar a una cárcel de Estados Unidos. Cero corrupción, ninguna fuga, no hay riñas, servicios de salud que ya quisiéramos acá afuera y, lo último, cero contagios de covid.

Pero eso se va a acabar cuando se ejecuten las órdenes del presidente y, en aras de la “austeridad republicana”, les recorten el presupuesto y cancelen todos los contratos de servicios “outsourcing”. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues un Penal de Atlacholoaya cualquiera.

Por cierto, ya que hablamos de Atlacholoaya, déjenme decirles que ese Centro Estatal de Readaptación Social fue construido en el sexenio de Jorge Carrillo Olea y fue pagado en tres veces más de lo que realmente costó.

Fue una robadera, desde los más altos niveles hasta los albañiles que se robaban el material de construcción. Es un verdadero monumento a la corrupción que tuvimos la suerte de conocer en un tour organizado por el gobierno de Jorge Morales Barud cuando el inmueble estaba deshabitado y se ostentaba como el mejor en Latinoamérica.

No imaginábamos que 20 años después sería ejemplo, pero de lo que no se debe hacer. Ya perdimos la cuenta de los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses y las riñas son cosa de todos los días.

Como ocurre en todos los penales que no están “privatizados”, aquí existe un “mercado negro” de teléfonos celulares, pantallas, computadoras y todo tipo de sustancias psicotrópicas que entran directamente a través de las aduanas, es decir, con la complicidad de los custodios.

Pero el otro negocio está en los “gastos simulados” y los famosos “moches”. Le pongo un ejemplo: mensualmente el Cereso paga miles de pesos en reparaciones mecánicas a un taller que se encuentra en la bajada de Chapultepec, pero no se realizan dichos trabajos. Y así en todo.

Sin embargo, el mayor negocio sigue siendo la construcción de centros penitenciarios. Aquí en Morelos Graco Ramírez pretendía construir uno en el municipio de Yecapixtla para succionar algunos millones de pesos más de los que se llevó en el sexenio.

En 2014, el gobierno de Morelos le pagó 50 millones de pesos al que fuera jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el general Arturo Cardona Marino, por 53.7 hectáreas de tierra en el municipio de Yecapixtla (por las que el militar pagó 125 mil pesos en 1992), en el predio conocido como “El Lidón”.

Luego, le pagó a la empresa “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.”  (por adjudicación directa) 36 millones para que hiciera un estudio de factibilidad de dicha obra, mismo que dictaminó que ésta era totalmente viable.

Pero el Centro de Reinserción Social o cárcel distrital de Yecapixtla, nunca se realizó y el predio –hasta donde sabemos- sigue siendo del gobierno estatal.

Cuando ocurrieron los sangrientos hechos en el Penal de Atlacholoaya,  alguien sugirió que podría tratarse de un plan maquiavélico para justificar la construcción de un nuevo centro penitenciario en el terreno que compró Graco.

En ese momento nos pareció una idea descabellada, pero ahora no la descartamos. Quizás alguien quería un contrato como el que les dieron a los empresarios arriba mencionados, pero el plan fue abortado al saber que el presidente de la República dará marcha atrás a la privatización de los penales y en una de esas hasta decreta que los nuevos centros penitenciarios sean construidos por el Ejército y su manejo quede en manos de la Guardia Nacional.

HASTA EL LUNES.