En 2006, con el panista Marco Adame Castillo en el gobierno estatal, se cometió el error de aprobar el nuevo sistema de justicia penal cuando todavía no se tenía la infraestructura ni el personal capacitado; hoy, todo parece indicar que se volverá a cometer el mismo yerro con la reforma en materia laboral, pues las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán en marzo de 2021 para ser sustituidas por tribunales laborales, y los avances no se ven por ningún lado.

Por cuestiones políticas, y para presumir que Morelos sería pionero en materia de juicios orales, en 2006 el médico Marco Adame Castillo en su primer día como gobernador acudió al Congreso local a depositar la iniciativa de reformas constitucionales para que los juicios orales se instauraran en noviembre del 2008.

Y así se hizo, pero como no había dinero las primeras audiencias se realizaron en salas improvisadas pues el edificio de juicios orales fue inaugurado hasta meses después, e incluso se tuvo que conceder una prórroga para que entraran en vigor en el distrito judicial que abarcaba la zona sur. “Aprenderemos de los errores de Morelos para no cometerlos”, dijo el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, cuando vino a supervisar las instalaciones de la calle Morrow.

Efectivamente, en materia de juicios orales se aplicó la máxima de “echando a perder se aprende”, y aquí se improvisó mucho, en perjuicio de los justiciables y todo con cargo al erario estatal, es decir, al dinero de nuestros impuestos.

Ahora, todo parece indicar que pasará exactamente lo mismo –si no es que peor- con la reforma laboral implementada a nivel nacional.

Le explico:

Los recientes cambios legislativos en materia laboral publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1° mayo del año en curso, que ordenó realizar la reforma del apartado “A” del artículo 123 constitucional publicada el 24 de febrero de 2017, responden también a los principios de libertad sindical que México asumió al ratificarse el Convenio 98 de la OIT por el Senado de la República el 20 de septiembre de 2018, así como a los compromisos establecidos en el Anexo 23 del T-MEC.

En este sentido, esta reforma laboral implica entre otras cosas, transitar del corporativismo actual a una democracia sindical efectiva, erradicar los contratos de protección -firmados a espaldas de los trabajadores- e instaurar una negociación colectiva auténtica en la que los contratos colectivos de trabajo y sus revisiones serán aprobados por mayoría, mediante voto personal, libre, directo y secreto.

Así mismo, significa pasar de una justicia laboral lenta y poco eficaz, hacia procedimientos mucho más ágiles que estarán a cargo de tribunales laborales adscritos al poder judicial, dotados de autonomía e independencia en sus decisiones. En pocas palabras, a partir de la reforma laboral del primero de mayo pasado se construyeron los cimientos de un nuevo modelo laboral para nuestro país, o al menos eso es lo que ofrecen sus impulsores.

En términos prácticos significa la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje que dependen todavía del Poder Ejecutivo, y el nacimiento de los juzgados laborales que dependerán del Poder Judicial del estado.

Y eso tendrá que ocurrir legalmente a partir del 20 de marzo del 2021. O sea que estamos a la vuelta de la esquina.  ¿Y qué tenemos físicamente? Nada.

El 28 de agosto pasado se llevó la cuarta sesión ordinaria del Consejo para la implementación de la Reforma Laboral encabezada por la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González. O sea, en un cambio tan importante ni siquiera se tiene una Secretaría del Trabajo como existía antes, sino que se comparte la responsabilidad con otro rubro totalmente diferente.

Lo más destacado de esa sesión (según se informó en un comunicado) fue la designación de Adelaida Trejo Lucero como secretaria Técnica del Consejo. Ella no es abogada laboralista, su mérito es ser gente de confianza de la secretaria de Desarrollo Económico y con experiencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero nada más.

También estuvo presente Carlos Lafuente Hernández (egresado del prestigiado despacho AJI, pero no especialista en derecho laboral), como encargado de la Dirección General de la Unidad Jurídica y de Asuntos Institucionales de la Oficina de la Gubernatura.

También se menciona a Juan Armando Reyes Morales como representante y enlace de la Secretaría de Hacienda pero después de la salida de Alejandro Villarreal no sabemos si él siga ahí porque hubo cambios al por mayor.

Quizás el que más conoce del tema sea el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Pascual Archundia Becerril, quien ya fue responsable de la Junta Federal de Conciliación y ahora encabeza la institución que tradicionalmente ha sido considerada “el patito feo” de toda la administración.

Con todo esto queremos hacer una seria advertencia de que los tiempos se están viniendo encima y todo parece indicar que volveremos a ser el “hazmerreir” de todo el país como en su tiempo lo fue con el nuevo sistema de justicia penal.

En el mencionado consejo también está contemplado el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Del primero ha estado muy al pendiente el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, y con los diputados no hay problema porque ya sabemos que, aunque no trabajen durante semanas, en una noche se avientan todo junto.

Por cuanto al Poder Judicial, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz ha estado personalmente en las sesiones y ya tiene todo diseñado para materializar la reforma laboral, pero mientras no le suelten recursos no puede hacer casi nada.

Si llegado el día nos salen con que sólo le van a cambiar el letrero a las Juntas de Conciliación por otros que digan “Centros de Conciliación”, y los presidentes de las Juntas ahora se van a poner una toga para fungir como jueces, entonces significará que la reforma laboral en Morelos fue un rotundo fracaso.

HASTA MAÑANA.