Uno de los abogados que más ha insistido en que se ponga en marcha la “justicia digital”, es el ex presidente del Consejo de Juristas del estado de Morelos y actual vicepresidente de la zona metropolitana, Carlos Gibrán Haro Álvarez.
“Esta suspensión a causa de la pandemia, es sumamente preocupante, toda vez que no atendieron de manera efectiva las acciones desde un inicio, nos están dejando sin empleo, es preocupante porque no han tenido a bien a implementar la justicia digital, está prácticamente parada, no podemos ingresar las denuncias y demandas y no caen los acuerdos (por esta vía) y mucho menos podemos revisar las carpetas y expedientes”, declaró después de la segunda suspensión por semáforo rojo.
Pero quienes más sufren ante esta parálisis en el TSJ son los justiciables, principalmente aquellos que buscan ingresar demandas, en espera de que recaiga un acuerdo ya sea de prevención, desechamiento o la aceptación de la misma.
“Prácticamente no hay fechas de audiencia; las que se estaban retrasando desde marzo del año pasado, apenas algunas se comenzaron a desahogar en diciembre”, apuntó.
El abogado comentó que el pasado 13 de octubre del 2020, el Consejo de Juristas sostuvo un encuentro con autoridades del TSJ, en donde se le planteó al magistrado presidente esta problemática y preocupación, ante el rebrote de covid-19 que se comenzaba a presentar en todo el mundo. Ahí, Rubén Jasso les aseguró que de volver a semáforo rojo en la entidad, ya no se iban a presentar problemas respecto a la plataforma de justicia digital, situación que finalmente no se solucionó pues sigue la justicia paralizada.
A esa inconformidad se sumó el presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, quien reprochó también la falta de opciones. “Muchos abogados ya están en quiebra, es decir, dejaron la postulancia y se están dedicando a otra cosa”, acotó.
Ante esta serie de reclamos, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz reiteró recientemente que el acceso a la digitalización de la justicia en Morelos, a la cual han hecho mención diversas organizaciones y asociaciones de abogados, no cuenta con fundamento legal, por la falta de reformas a los Códigos Procesal Familiar y Procesal Civil del Estado de Morelos, las cuales están imposibilitadas a nivel local por la reforma federal al Artículo 73 Fracción XXX de la Constitución y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que, desde el pasado 22 de mayo de 2020, durante su participación en la Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), Jasso Díaz propuso ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero la urgente necesidad de hacer esta reforma a nivel federal que permita acceder a la justicia digital en Morelos.
En una segunda reunión sobre este tema, el 18 de agosto de 2020 durante el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana” organizado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el magistrado morelense volvió a insistir en la importancia de que el trámite en línea de los procedimientos jurisdiccionales tenga un respaldo jurídico expreso en las disposiciones vigentes para evitar que sean impugnados.
Es decir, Jasso Díaz no ha estado con los brazos cruzados. En lo que se refiere al ámbito local, el magistrado presidente envió una propuesta al Congreso local en junio de 2020, para reformar los artículos del Código Procesal Familiar y del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, bajo dos premisas prioritarias: salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados, siendo esta última considerada por las autoridades del Sector Salud como una “actividad esencial” en medio de la pandemia del coronavirus (covid-19) que prevalece actualmente y mantiene a Morelos en semáforo rojo.
Sin embargo, todos hemos visto cómo los diputados no han asumido su compromiso con la ciudadanía. Ayer mismo vimos cómo iniciaron el periodo ordinario de sesiones, pero inmediatamente la suspendieron por el “affaire” de Marcos Zapotitla. No han designado magistrados, no han designado consejeros del IMIPE, no han nombrado titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), pero ya andan haciendo campaña para reelegirse.
Ante esta situación, los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos han acordado, por unanimidad de votos, aumentar los siguientes procedimientos que podrán ser desahogados por los justiciables:
Separación de personas como acto prejudicial y se decreten medidas provisionales urgentes en favor de menores de edad e incapaces, o para que entreguen las pensiones alimenticias de los asuntos familiares que se encuentran en proceso.
Asimismo, también se permite que se tramiten procedimientos no contenciosos sobre identidad de persona, consignación de alimentos, autorización de menores para salir del país, divorcio por mutuo consentimiento, declaraciones de concubinato, con previa cita telefónica se reciban las ratificaciones de convenios para dar por terminado cualquier expediente -sin importar la materia- que se encuentre en trámite.
¿Qué habría pasado si no se hubieran tomado estas medidas en el Poder Judicial? Quizás lo mismo que está ocurriendo en estos momentos en la Fiscalía General del Estado, donde en menos de 30 días fallecieron dos agentes del Ministerio Público (Suleyma Guadarrama y Jonathan Santiago, ambos muy jóvenes), y más de 10 servidores públicos ya tuvieron covid o actualmente lo están padeciendo; entre ellos el fiscal regional Oriente, Alejandro Chávez Carmona, y Eduardo Mancera, secretario privado del fiscal general, Uriel Carmona Gándara.
HASTA MAÑANA.
