El 11 de junio de 2015 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) presentó a través de su secretario ejecutivo una denuncia en la Fiscalía General de Morelos por el probable delito de peculado, en el que 2.7 millones de pesos que fueron erogados de enero a diciembre de 2014 no tenían sustento ni comprobantes fiscales.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas solicitó al IMIPE copia de esa denuncia. Le informaron que la misma estaba clasificada como confidencial por contener datos personales “cuya difusión vulneraría el derecho a la intimidad, el honor, el crédito y el prestigio de una persona, así como generar desprestigio de las personas señaladas como indiciadas”.

Después de varios intentos, una copia de la denuncia fue entregada a los solicitantes aunque testándole los datos que ellos consideraban no debían ser públicos. 

Está resolución que permitía al IMIPE clasificar la información, fue impugnada por el organismo solicitante ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 3 de abril, el INAI por mayoría de sus comisionados resolvió que el IMIPE debe modificar su respuesta valorando conforme a la ley qué sí puede clasificar y qué no, además de que deberá proporcionar información sobre el estado de la investigación y denuncia.

“Valoramos que este caso de probable corrupción en 2014 no debe quedar impune, más aun tratándose de una institución que participará en el Sistema Anticorrupción y que es garante de la transparencia”, comentó Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.

Ahora bien, ¿qué dice la denuncia?

Está dirigida a la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y la firma el licenciado Guillermo Arizmendi García en su calidad de apoderado legal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

“Que vengo mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 227 párrafo primero, 228, 229, 231, 232 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, a formular denuncia y/o querella por hechos cometidos en perjuicio de mi representada, y que considero constitutivos del delito de Peculado y/o lo que resulte, en contra de (TESTADO) y/o quien resulte responsable, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en (TESTADO), Cuernavaca Morelos”.

En el documento señala que el IMIPE es un órgano constitucional autónomo, y que con fecha 16 de enero el Pleno del Consejo del IMIPE aprobó el presupuesto de Egresos para ese año.

“En sesión de fecha 4 de febrero de (TESTADO) mediante el acuerdo número 25, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobó por unanimidad de votos la contratación de la ciudadana (TESTADO) como auditora Externa, para realizar una auditoría externa detallada al área administrativa a efecto de determinar el resultado de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado los criterios señalados en el presupuesto aprobado conforme a las disposiciones aplicables, así como justificar el cumplimiento del programa operativo anual y sus objetivos en cada área por lo que respecta al soporte del ejercicio fiscal así como los documentos que contengan las cuentas públicas presentadas derivadas del ejercicio (TESTADO) a la fecha”.

El 16 de abril  (se entiende que de 2015 aunque el IMIPE se empeña en ocultar el año en que ocurrió el hecho), la contadora dio a conocer en sesión de Pleno las irregularidades detectadas en el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de (TESTADO).

“Las irregularidades detectadas en la contabilidad del IMIPE, consisten en la expedición de diversos cheques de la cuenta 65501572567 del Banco Santander, cuyo titular es el IMIPE, así como transferencias bancarias en línea y depósitos realizados por el ciudadano (TESTADO) de la cuenta del IMIPE a su cuenta personal número (TESTADO) de la institución bancaria Santander; disposiciones por un monto total de 2,784,825.83 (dos millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinticinco 83/00) Con motivo de lo anterior, se hicieron constar diversos conceptos en las correspondientes pólizas de egresos, sin contar con la factura o comprobante correspondiente que justifique los pagos y depósitos realizados, es decir, el detrimento patrimonial deriva de diversos conceptos de gastos no comprobados”.

Aunque la denuncia está llena de rayas negras que cubren lo que según ellos no debe ser público, se deduce que es un varón y que ocupaba el cargo de coordinador, y si tenía a su cargo el manejo de los dineros se intuye que era un coordinador de administración o finanzas.

Y su jefe era el doctor Víctor Díaz Vázquez, presidente del IMIPE durante ese periodo. 

Los tres comisionados del IMIPE se lavan las manos al aprobar por unanimidad la propuesta de presentar una denuncia contra el funcionario, pero quedan muy mal parados al resistirse a sacar a la luz pública el nombre del responsable del mal uso de esos casi tres millones de pesos y las circunstancias específicas en que se dio el delito.

¿Cuánto representa 2.7 millones de pesos? Una  bicoca en comparación con el presupuesto del IMIPE o de todo el gobierno estatal.

Pero lo grave es que esto ocurra dentro de un organismo que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad.

Por otra parte, nadie se puede explicar por qué a casi cuatro años de distancia la Fiscalía General no ha judicializado la carpeta, si ya se tiene bien definido que el dinero que salía de la cuenta de la institución gubernamental, era canalizada a la cuenta personal del desleal empleado.

¿Qué más necesita saber o demostrar el fiscal Uriel Carmona para solicitar la orden de presentación correspondiente? ¿Están esperando a que prescriba el delito?

HASTA MAÑANA.