Ayer una de las noticias que provocaron mayor impacto en los medios de comunicación fue el anuncio del gobierno de Quintana Roo para imponer en el municipio de Solidaridad, el Mando Único de la Policía Estatal, que encabeza desde finales del año pasado Jesús Alberto Capella Ibarra.

Esa es una historia que los morelenses ya nos sabemos de memoria. Aquí comenzó con Temixco, tomando como pretexto el homicidio de su alcaldesa Gisela Mota, el gobernador Graco Ramírez promulgó un decreto unilateral para hacerse del control de la Policía de todos los municipios, en violación flagrante al artículo 115 constitucional.

La estrategia de Alberto Capella, que puso en práctica en Morelos y seguramente hará lo mismo en Quintana Roo, consiste en pedir el control de todo (Fiscalía General y Sistema Penitenciario) y después emprender una campaña mediática para hacerle creer a la gente que ya lo logró.

La ilegal modalidad del Mando Único se estableció en los 33 municipios por dos vías: la voluntaria y la forzosa. Los alcaldes (en su mayoría perredistas) firmaron un convenio en el que aceptaban que la seguridad pública del municipio quedara bajo la rectoría del Estado, así como el control de los recursos financieros que enviara la Federación para ese rubro, pero administrativamente los elementos siguen dependiendo del gobierno municipal.

Para los que se oponían, el 3 de enero del 2016 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el “Decreto por el que se emite la Declaratoria mediante la cual se asume por el gobernador constitucional del Estado de Morelos, de manera inmediata y temporal, el mando policial municipal de Cuernavaca, Morelos, como un caso de fuerza mayor ante alteraciones graves al orden pública suscitadas a recientes fechas”.

En ese documento se establece que las órdenes que en materia de seguridad pública deberán acatarse por la policía preventiva municipal provendrán “únicamente del Mando Estatal; resultando aplicable esta medida, sin excepción, a todas las instituciones, unidades de agrupamientos municipales, de seguridad pública que se prevean en los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos”.

Y el hecho que sirvió de justificación fue el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, ocurrido apenas 24 horas antes de que fuera publicado el decreto. De hecho, el decreto dice que fue “dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los 03 días del mes de enero del 2016” y publicado ese mismo día, según la fecha de publicación del periódico.

“acto por demás indignante que constituye una afrenta y un desafío de la delincuencia ante el cual no puede cederse, un reto que lanza el crimen organizado en contra del orden constitucional y democrático, que debe combatirse con firmeza y existen otros hechos probablemente delictivos que han sido denunciados por autoridades estatales en materia de seguridad pública ante las instancias competentes, respecto de los cuáles debe procurarse total secrecía a fin de no entorpecer las investigaciones y pesquisas relativas y, por lo tanto, no se detallan y precisan en la presente parte considerativa, pero que sin lugar a dudas sí motivan al presente instrumento y ponen en evidencia la apremiante situación en materia de seguridad pública que se vive en el municipio de Cuernavaca.

Incluso, en aras de justificar esta intervención, el Gobierno admite que “la incidencia delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y más, en lo relativo a delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la población ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona”, cuando en el discurso y las campañas publicitarias los mensajes eran en el sentido de que vivimos en un “Morelos tranquilo”.

Ese mismo decreto (al que sólo le cambiaron el nombre de la localidad, pero el texto es idéntico) sirvió para aplicar la misma medida en otros 14 municipios, casualmente donde sus alcaldes o regidores habían expresado su inconformidad por la creación del Mando Único.

Si bien el acoso del comisionado contra alcaldes no afines al proyecto de Graco Ramírez comenzó desde el primer día del 2016, se recrudeció a partir de que éste le dio “manga ancha” a cambio de que no renunciara a finales de 2016, cuando Capella filtró su carta de renuncia, tras un conflicto con Rodrigo, el hijastro de Graco.

Uno de los alcaldes a los que Capella ordenó “marcaje personal” fue el de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia. El 28 de enero del 2016 fue detenido por la Policía Federal en la caseta de Tlalpan porque su escolta portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 24 de enero del 2017, detienen a dos de sus escoltas mientras él estaba en el interior de la agencia BMW en la calle Río Mayo, y son puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.  “El alcalde de Tlaquiltenango tiene mala fama”, dijo en reiteradas ocasiones el comisionado.

En algunos casos, los presidentes municipales intentaron mantener su policía bajo otra denominación. En el municipio de Yautepec el presidente creó una “Dirección de Proximidad Social”, que según él es una especie de “Ángeles Verdes” que ayudan a la gente que tiene problemas en carretera.

Pero para el comisionado Capella Ibarra esa era una corporación que usurpa las funciones de la Policía de Tránsito, que depende del Mando Único.

Por tal motivo, el 8 de febrero de 2017 la Policía del Mando Único detuvo a Julio César Núñez Hipólito, quien se desempeñaba como director de la policía vial, pero fue destituido tras la llegada de Eduardo Ocampo, designado por Capella. Otro elemento que lo acompañaba, también quedó en calidad de detenido.

Esto provocó la ira del alcalde, el perredista Agustín Alonso Gutiérrez, quien a las tres de la madrugada del jueves 9, acudió hasta los separos donde mantenían presos a sus subordinados y exigió su liberación, amenazando con bloquear la carretera federal a Cuautla si no los dejaban en libertad.

Ya al mediodía de ese mismo jueves, llegó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, hasta donde se encontraba el alcalde con un grupo de manifestantes (en su mayoría empleados del Ayuntamiento) y se metieron a hablar durante más de una hora. A su salida, el alcalde anunció la liberación de sus funcionarios y la destitución de Eduardo Ocampo, lo que provocó una lluvia de aplausos. El secretario de Gobierno avaló ese anuncio.

Sin embargo, al otro día tuvo que ofrecer una conferencia de prensa, con el alcalde a su derecha y el comisionado a su izquierda, para aclarar que el nombramiento que hizo Capella sigue intacto y que es el edil quien tendrá que modificar su “Dirección de Proximidad Social” para que no contravenga ni duplique las labores de la Policía Estatal.

Agustín Alonso no podía ocultar su molestia, y Capella tampoco podía ocultar su satisfacción.

HASTA MAÑANA.