Marco Lara Klahr es como el “apóstol de la ética periodística” en México y desde hace tiempo recorre el país hablando sobre la necesidad de cambiar la forma de hacer periodismo. Después de escucharlo una hora (como ocurrió el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia), los periodistas casi queremos pedir perdón por lo que hemos hecho durante todos estos años y “colgar la grabadora” para no volver a escribir.

Imagínese que después de aprender a cubrir los acontecimientos noticiosos con lo que escuchamos de nuestros jefes en las diferentes redacciones donde laboramos, alguien llegue y nos diga que todo eso que hicimos estuvo mal, y que hay algo que se llama “deontología profesional” según la cual debemos regirnos por el respeto a los derechos humanos.

Y es que para Marco Lara Klahr no basta con ponerle una raya negra que le cubra los ojos a los detenidos, ni una leyenda de que “ésta persona es inocente mientras no sea declarado culpable por la autoridad competente”. En estricto cumplimiento de la ley, ninguna persona detenida tendría que ser exhibida en los medios bajo ninguna circunstancia, pero entonces ¿cómo van a justificar su trabajo las autoridades encargadas de perseguir el delito?

En los últimos días hemos caído en el absurdo de cambiar el nombre de Hortencia Figueroa Peralta por el de “Hortencia N” y cubrir sus fotografías con una franja negra, lo mismo que a Beatriz Vicera Alatriste, hoy “Beatriz N”. Para botarse de la risa: el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeat fue durante varios meses “Topiltzin N” para la Fiscalía Anticorrupción.

Para Marco y su “Nuevo Periodismo Judicial” también está mal que se diga que Javier Duarte es un delincuente o que Juan Collado es lavador del dinero de Carlos Salinas de Gortari aunque lo estén acusando de ello.

Está mal que se le pongan adjetivos a los sujetos, que se haga mofa de sus defectos físicos y que se haga escarnio de lo que le haya ocurrido. ¿Entonces de qué vamos a escribir los periodistas de opinión?

Después de escucharlo uno llega a la conclusión de que para que haya una nueva forma de hacer periodismo debe haber lectores que comulguen con ese nuevo paradigma, donde ya no se busque la foto más explícita ni la crónica más detallada del acontecimiento. ¿Se imaginan a El Extra o El Gráfico sin fotos?  Simplemente ya no los comprarían.

Es necesario que haya una verdadera conciencia ciudadana sobre el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, y que las empresas de comunicación renuncien a la competencia por vender más, es decir, dejar atrás las cabezas amarillistas en sus primeras planas.

En lo que respecta a la nota roja, definitivamente no le vemos otra salida que su desaparición, o por lo menos, eliminar las fotografías tanto de personas fallecidas como detenidas.

Sin embargo, al mismo tiempo que los medios de comunicación se van mesurando en sus gráficas, las redes sociales (específicamente el Twitter) dejan cada vez menos a la imaginación. ¿Cuál será el resultado? Lo sabremos en los próximos años.

El tema es interesante y se reconoce la intención del Tribunal Superior de Justicia a través de la Escuela Judicial que dirige el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega de fomentar este tipo de debates, pero también el Poder Judicial debe admitir que no está a la altura en lo que se refiere al principio de máxima publicidad que establece el nuevo sistema de justicia penal, como lo hizo notar el colega Carlos Quintero durante su participación en la Mesa de Debate.

Debe haber un compromiso de ambas partes por mejorar en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, La Unión de Morelos fue pionero en la cobertura de juicios orales cumpliendo con la mayoría de especificaciones que establece Lara Klahr en su Manual. Falta que los demás periódicos hagan lo propio.

Y ya que hablamos de periodistas, ayer fue presentada en primera lectura la Ley para el Desarrollo y la Protección de los Periodistas del Estado de Morelos en el Congreso Local.

Entre las cosas novedosas viene la creación del Fideicomiso de los Periodistas de Morelos, donde los beneficiarios o fideicomitentes serán los Periodistas, el Fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, como proveedor de los recursos públicos que integran los fondos a los que se referirá́ la Ley y como Fiduciario, la Institución Financiera que mejores condiciones ofrezca para la constitución y administración de dicho Fideicomiso.

La iniciativa que se presenta propone que el gobierno del Fideicomiso quede a cargo del Comité Técnico, órgano en el cual participará como servidor público el Secretario de Hacienda, como responsable de la asignación y comprobación de los recursos públicos que maneje el Fideicomiso, que tendrá́ el carácter de Secretario del Comité́ Técnico. Las atribuciones y responsabilidades de los miembros de este Comité́ serán determinadas por el Reglamento que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo, en plazo de 90 días a partir de la promulgación de esta Legislación.

“Con esta definición legislativa se busca cancelar cualquier intento presente o futuro, que pudiera condicionar los beneficios o apoyos sociales para los periodistas, a cambio de prebendas o amenazas al libre ejercicio periodístico.

“De igual forma se cumple con el propósito de brindar al gremio periodístico de Morelos, prestaciones sociales que compensen el riesgo en la profesión y aquilaten su compromiso con una sociedad informada de manera veraz y oportuna, y al mismo tiempo subsanen algunos de los rezagos sociales que por años ha padecido el gremio”, dice en sus considerandos la iniciativa que fue presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez seguramente con muchos apuntes de su asesor Javier López Sánchez, ex coordinador de asesores y comunicación política en el gobierno de Marco Adame Castillo.

Sería injusto descalificarla “a priori”. Se requiere un análisis a fondo, sobre todo porque propone que el fideicomiso se integre con el 10 por ciento del presupuesto anual que el gobierno estatal pretenda gastar en publicidad oficial.

HASTA EL LUNES.