El litigante, miembro del equipo jurídico que se estaba encargando de la defensa del rector Alejandro Vera Jiménez, saltó de la cama como impulsado por un resorte. Se puso lo primero que encontró en el closet y salió corriendo para abordar su coche.

Tomó la autopista, pagó la caseta y enfiló hacia el fraccionamiento Country Club, donde Vera Jiménez vivía con su esposa.

Al pasar frente al estacionamiento de Walmart Zapata vio varias patrullas estacionadas, como esperando algo. El operativo era inminente, así que aceleró el paso.

A las cuatro de la mañana un convoy llegó a las puertas del fraccionamiento y exigió que los dejaran pasar. Era impresionante.

Un total de 20 elementos a bordo de ocho unidades de la Fiscalía Anticorrupción, Policía de Investigación Criminal (PIC) y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES). Cualquier persona hubiera pensado que iban por el más peligroso de los delincuentes.

Lo que ocurrió después es del dominio público y se puede encontrar un video en la plataforma de Youtube.

Una voz masculina comienza a narrar lo que está ocurriendo y dice que no era necesario llevar tanta fuerza pública para hacer el cateo.

Al frente iba el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, seguido del vicefiscal Agustín Villalobos. 

En la puerta de la casa ya estaba el abogado César Ricardo García Bravo, quien pidió la orden de cateo para revisarla.

-Disculpa abogado, ¿cómo te enteraste de esta orden (de cateo)?- Preguntó el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, con el rostro desencajado-.

- Porque está todo el operativo aquí afuera –contestó el abogado César Ricardo García-.

- Pero tú llegaste antes, ¿cómo sabías?¿quién te avisó?- insistió, visiblemente contrariado Salazar Núñez.

- Nadie- respondió el litigante, encogiéndose de hombros.

La presencia del abogado César Ricardo García Bravo, era una señal inequívoca de que el operativo encabezado por el titular de la Fiscalía Anticorrupción había sido infructuoso, pues las personas buscadas no estaban en ese domicilio.

Era la madrugada del 11 de noviembre del 2017 en el fraccionamiento Country Club del municipio de Emiliano Zapata y las personas buscadas eran el entonces rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, a quienes les imputaban los delitos de Enriquecimiento Ilícito.

Pero en realidad lo ocurrido esa madrugada sólo era parte de la encarnizada persecución política que el gobernador Graco Ramírez había ordenada en contra de la pareja.

A la “cargada” del gobierno estatal se sumó también el Poder Judicial, cuyo juez  (Eddie Sandoval Lomé) aceptó librar una orden de cateo bajo el argumento de que era imposible localizarlo en horas hábiles para notificarle la orden de aprehensión. El esperado documento fue firmado en una audiencia “ultrasecreta” que se llevó a cabo a la medianoche en el edificio de Morrow.

El intento de llevar a juicio a Alejandro Vera y su esposa será recordado como uno de los casos más sonados en el estado de Morelos, y que llevó a la fama a los abogados César Ricardo García Bravo y Julio César Ceballos Salazar, integrantes del consorcio jurídico “códigoquattro”, ya que pusieron en práctica todos los recursos que un litigante tiene para evitar que su cliente sea detenido.

Y es que apenas el mes de septiembre del 2017 el rector enfrentó un proceso jurídico, luego de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) lo acusó de peculado por mil 433 millones 890 mil pesos ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado y el 1 de octubre un juez de juicio oral ordenó la no vinculación a proceso.

Mientras que ese primer proceso se encontraba en apelación, la Fiscalía Anticorrupción inició uno nuevo, ahora por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía simplemente sumó el costo de los bienes inmuebles y muebles (vehículos) que ha adquirido Alejandro Vera y su esposa, y luego sumaron lo que ha ganado la pareja por salarios para llegar a una absurda conclusión: lo que han recibido de sueldos no les alcanza para adquirir las casas y vehículos que han comprado.

Sin embargo, el argumento de la defensa también fue simple: esos inmuebles no los adquirieron al mismo tiempo, sino que vendieron uno para comprar otro, o pidieron prestado.

Como bien lo explicó ya la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Vera Jiménez no ha sido exonerado y la autoridad tiene todavía recursos de qué echar mano.

Pero el ridículo que hicieron en aquella ocasión cuando recorrieron cada rincón de la casa  en busca de la pareja sin encontrarlos, quedará para la posteridad.

¿Y dónde estaba en ese momento el rector y su esposa?

Nadie lo sabe. Pero sólo hay dos posibilidades: que estuvieran escondidos en la casa de algún vecino, o que hayan alcanzado a salir minutos antes de que llegara el convoy de patrullas… en la cajuela de un vehículo.

HASTA MAÑANA.